La responsabilidad política del asesinato de Maximiliano Kostecky y Darío Santillán debe ser juzgada y castigada.


“Ningún crimen de estado se comete sin ensayar un discurso justificante”

Dr. Raúl Zaffaroni. 2013
KOSTEKI.2

El 26 de junio de 2002, en medio de un operativo represivo diseñado, organizado y ejecutado por fuerzas estatales, fueron asesinados Maximiliano Kostecky y Darío Santillán; heridos de gravedad decenas de compañeros y agredidos de diversos modos cientos de ellos. Que los muertos solo fueran dos no fue “efecto de la crisis” (como pretendía Clarín con su titular de tapa) sino un resultado casual ayudado por un infinito número de acciones solidarias de los más diversos sectores, empezando por los propios militantes que -como Darío intentó con Maximiliano- se ayudaron unos a otros en tan difícil situación.
Desde el inicio, se presentaron demandas penales contra los autores materiales (dos de ellos serían finalmente los únicos condenados) y contra los autores intelectuales de la masacre. Lo que hoy algunos “progresistas” pretenden presentar como un “montaje mediático desestabilizador”, en aquellos días casi nadie lo ponían en duda: el hecho más que evidente de que había sido el gobierno del Senador Nacional Eduardo Duhalde (en funciones presidenciales como resultado de la crisis de gobernabilidad desatada en diciembre de 2001 a la que pretendían poner fin “a lo guapo”) el primer responsable de las acciones que llevaron a la escena de la Estación Ferroviaria de la localidad de Avellaneda (hoy Estación Maxi y Darío, ya que allí fueron asesinados de un modo cruel) y al Operativo Represivo que bien pudo haber matado muchos más.
No quiero cansar con citas pero cualquier lector inquieto que acceda a Internet puede recorrer los diarios de junio de aquel año para confirmar lo que digo (particularmente Pagina 12 que todavía jugaba al “periodismo independiente”, crítico de la impunidad y el neoliberalismo.
La masacre del Puente Pueyrredón es un Crimen de Estado y como tal la responsabilidad de las máximas autoridades del momento es indiscutible.
En un texto indispensable, “El crimen de estado como objeto de la criminología”, editado por Infojus y disponible en Internet1, dice el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni: “El crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de la criminalidad organizada por excelencia” y más adelante afirma que “Ningún crimen de estado se comete sin ensayar un discurso justificante” .
¿Cuál sería la opción alternativa a que el crimen de Maxi y Darío fue un crimen de Estado?
Pues, nada menos que pensar que Franchiotti organizó por su cuenta un operativo represivo que fue preparado con suficiente anticipación como para que desalojaran un hospital (el Fiorito) para recibir los heridos; que el mismo Franchiotti pusiera en marcha un operativo conjunto de fuerzas federales (la Federal, la Gendarmería y la Prefectura) y provinciales y que él mismo, a lo máximo ayudado por algún amigo o camarada de armas espiara a los militantes del movimiento piquetero en la Asamblea de Guernica y luego montara una leyenda para justificar el Operativo, la represión y hasta el asesinato de alguno por “exceso “ o “daño colateral”: los piqueteros escalarían la violencia hacia un “golpe de estado” que volteara el gobierno nacional.
Franchiotti además debía tener la capacidad de ordenar al gobierno nacional que presente una denuncia penal contra los piqueteros equiparando la lucha popular con una acción golpista desesestabilizadora de un gobierno democrático como el surgido de las ruinas de la Alianza (les suena?, el viejo truco de la desestabilización usado para un lavado y para un fregado por quienes ayer acusaron y hoy son acusados de lo mismo)
El mismo Zaffaroni en el articulo teórico dice algo muy pertinente: “La idea ingenua y simplista del crimen de Estado como producto psicopatico no pasa de ser un vano intento de calmar la alarma ante la revelación de que alguien análogo a uno mismo pueda cometer semejante atrocidades”.
Hasta ahora el Poder Judicial (el Juez Lijo y los sucesivos fiscales que tuvieron a cargo la investigación por delegación del juez) y la “opinión publica” han preferido simular creer este conjunto de falacias groseras y evidentes para cualquier observador de los hechos del 2002, han negado en los hechos que lo que ocurrió fue un Crimen de Estado y han preferido creer que Franchiotti actuó por su cuenta y al margen de todo plan operativo que tenía entre sus objetivos la muerte de algunos de los militantes o estaba concebida de modo tal que era esperable ese resultado fatal.
Es interesante el modo en que el Tribunal Oral Número Uno de San Martín reflexionó al momento de condenar al General Santiago Omar Riveros por el asesinato de Floreal Avellaneda (Floreal murió en 1976 y Riveros fue condenado en 2009); dijo algo más o menos así: puede ser que el General no supiera que Floreal Avellaneda iba a morir en la sesión de torturas a la que fue sometido pero no podía ignorar que al poner en marcha un operativo masivo y sistemático de secuestro y torturas de militantes populares una proporción importante de estos moriría en ese proceso.
De igual modo podemos afirmar que quienes pusieron en marcha el Operativo Represivo, y lo justificaron ideologicamente de modo tal de estigmatizar las víctimas y naturalizar la violación de los derechos humanos, podrían no saber que morirían Maxi y Darío pero no podían ignorar la alta probabilidad de que en esa jornada del 26 de junio de 2002 murieran compañeros dado el tipo de Operativo puesto en marcha y las ordenes emitidas por una cadena no formal de mando: de Duhalde a Rodríguez y de este a Franchiotti apoyándose en la doble condición de ocupar posiciones claves en el Estado: presidente, segundo jefe de la SIDE y jefe policial por un lado y de pertenecer todos a una misma corriente política que se definía por el anticomunismo y la virulencia en la lucha contra todo aquel que se rebelara contra el orden capitalista.
Eran, de algún modo, los continuadores del Plan de Exterminio que comenzó Isabel Perón y López Rega con la Triple A, continuó Videla con las Fuerzas Armadas en Operaciones y pretendían reactivar estos oscuros caudillos del sur bonaerense, con fuertes vínculos con la mafia, el narcotráfico y la Bonaerense desde mucho tiempo atrás.
Que Duhalde, Rodríguez y Franchiotti fueron parte de la Operación del 26 de junio no quedan muchas dudas.
Lo mismo vale para Juanjo Alvarez, Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Luis Genoud, Ministro de Seguridad y Justicia de la Pcia. De Buenos Aires con mando sobre la Bonaerense, Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete de Nación e impulsor de la campaña contra los piqueteros o Jorge Matzkin y Jorge Vanossi, dos radicales que habían llegado al gobierno de Duhalde y fueron los redactores de la denuncia penal contra los piqueteros que el gobierno anuncia con euforia en los momentos en que todavía no se había revelado que Franchiotti había sido el asesino y los medios hablaban de enfrentamientos entre los compañeros
Y hemos dejado para el final a dos personajes que hoy compiten por el cargo de gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no porque creamos que tengan especiales responsabilidades sino porque permiten visualizar lo que la impunidad causa a la democracia: que dos políticos imputados de un crimen de Estado puedan postularse y ganar las elecciones.
Y el voto no es bill de inmunidad, mucho menos de inocencia.
También Patti, antes de ser juzgado por sus delitos de lesa humanidad, ganaba elecciones.
La impunidad es lo contrario a la presunción de inocencia puesto que la inhibe y descarga toda el peso de la sospecha sobre quien no fue investigado ni juzgado, como Felipe Solá y Anibal Fernández, dos candidatos en carrera de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Felipe Solá era al momento del crimen nada menos que Gobernador de la provincia de Buenos Aires (el mismo cargo que ostentaba al momento de la desaparición forzada de Julio López en 2006) y como tal cabeza de la cadena de mandos a la que respondían los condenados como autores materiales del crimen. Pero era más, en el 2002 era parte del grupo reducido de funcionarios que rodeaban a Duhalde y tomaban las decisiones trascendentes.
Anibal Fernández era al momento del crimen, Secretario General de la Presidencia ejercida por Eduardo Duhalde y como tal partícipe del diseño de las políticas de estigmatización, descalificación y represión del movimiento piquetero que no dejaba de movilizarse y luchar por acceder a condiciones mínimas de supervivencia en medio de la más cruda crisis de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, en general una crisis de todas las variables de la vida social.
Claro que no encuentran actas del Gobierno u ordenes escritas del Presidente al Servicio de Inteligencia y de estos a las fuerzas de “seguridad”, Policía Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y la Federal que participaron en el Operativo.
Así no suceden los crímenes de Estado y ofenden la inteligencia quienes “pìden” tales pruebas.
Fue la investigadora norteamericana norteamericana Patrice Mc Sherry en su libro “Los estados depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina”, 2009, LOM Ediciones, la que demostró que los Estados que desplegaron acciones de terrorismo (terrorismo de Estado), generaron a su interior espacios estatales clandestinos que no respetaban ni las propias leyes estatales, no aferrándose a las normas que emanaban del propio poder y generando un estilo de accionar particular que construía sus propios sistemas de legitimación y de transmisión de ordenes y directivas. Y fue de ese modo que se organizó y perpetró el crimen de Avellaneda.
Utilizando canales clandestinos que en principio unen a Duhalde con el segundo de la Side, Oscar Rodríguez, con Luis Genoud, hombre fuerte de la derecha peronista del sur bonaerense y con Franchiotti, el policía que les respondía desde hacía mucho tiempo.
Pero nada sabemos con exactitud porque el Estado nunca investigó, y la impunidad tiene efectos, vela la verdad, la pone en dudas y nada es seguro aunque todo sea más que posible..
Es la impunidad que el Estado en todas sus formas de administración (el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ha garantizado, el que impide que sepamos con precisión el modo en que se encubrió y ejecutó la Operación del 26 de junio de 2002, pero que Felipe Solá y Anibal Fernández estaban allí es lo indiscutible.
Como es indiscutible el rol de Anibal Fernández de emisor del discurso de justificación del Operativo: los piqueteros son golpistas y hay que preservar la democracia sea como sea, era el mensaje de sus intervenciones antes y después de la Masacre, tanto que Pagina 12 del 29 de junio le llama la atención de que después de la aparición del material gráfico que revelaba el asesinato a sangre fría de Maximiliano y Darío, el resto del gobierno ya había cambiado el discurso, como siempre Anibal sobreactuaba su papel.
Decía Pagina 12 a siete días de la Masacre: “Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, quizás no tuvo tiempo para procesar el cambio de discurso oficial que produjo la evidencia periodística, gracias a la cual pudo desentrañarse que la policía fue la culpable de las muertes, tal como Página/12 viene sosteniendo desde el día en que se produjeron los asesinatos” y luego lo cita textualmente. “No hubo provocación; hubo una vocación formal de que sucediera lo que sucedió, así se planteó. Yo lo sé hace 20 días y hace 20 días (los piqueteros) vienen diciendo ‘vamos por un 19 y 20 de diciembre”. Repetía, sabiendo que mentía, los inventos de la SIDE y los agentes provocadores como el inefable Hadad, el periodista todo terreno para justificar crímenes de Estado y violaciones de derechos humanos.
Casi nadie cambia, y las conductas de Hadad y Fernández ante la represión en la Panamericana a los trabajadores de la línea 60 lo confirman.
Faltaría terminar con una reflexión de Daniel Feierstein sobre los Genocidios que es aplicable a este caso: el genocidio se realiza simbólicamente en las acciones de falseamiento y ocultamiento de los hechos de modo tal que todo parezca que no ocurrió o que ocurrió casualmente o por obra de un grupo de locos o malvados individuales. La poderosa voluntad de silenciar las responsabilidades políticas del crimen de Maximiliano y Darío por parte de las dos fracciones de la burguesía y el Imperio que domina estos lares, por ocultar el hecho y salvar a Anibal Fernández y a Felipe Solá es un modo más de confirmar el carácter estratégico de aquel crimen de Estado, y por ende, la importancia trascendente de esclarecerlo hasta las últimas instancias, tal como el ex presidente Néstor Kirchner le prometió a Alberto Santillán en los primeros días de su mandato. Pero como tantas otras promesas, las palabras fueron por un lado y los hechos por otro.
Por todo ello, nosotros seguiremos sosteniendo la causa judicial radicada ante el Juez Lijo y promoveremos un amplio movimiento de esclarecimiento de los hechos. No es solo un deber ético, es una cuestión de defender la democracia de la repetición de hechos como aquellos que hoy asoman en el crecimiento de la tortura, el gatillo fácil, la destrucción de las humanidades en las cárceles estatales y en el creciente accionar represivo contra los que luchan, accionar que, oh casualidad, es justificado con pasión por el mismo Anibal Fernández2, aunque ahora Felipe Solá considere que toda represión es poca y reclame más y más mano dura. Aunque parezcan que pelean solo están dirimiendo el rol que cada uno jugará en un drama que ya lleva muchos años de acción. Es tiempo de terminar con la impunidad de los crímenes de Estado. De todos ellos

Una escuela santafecina llevará su nombre. La derrota de los desaparecedores de Alicia López o la reparación más esperada.


Un día de noviembre o diciembre del 76 (¿tal vez finales de octubre?), dejamos de ver a Alicia López. Había llegado a la Cuarta el 21 de octubre y ya venía golpeada, violada, humillada en las formas más perversas que hoy cuesta imaginar y estuvo con nosotros en ese centro clandestino de detención, torturas y exterminio que se disimulaba entre las paredes y los patios de una “inocente” seccional de la Policía Provincial, en la esquina de Bv. Zavalla y Tucumán, o sea justo enfrente de la escuela pública Nº 5 López y Planes que es la escuela adonde yo había hecho la primaria y a la vuelta del viejo Mercado de Abasto, frente del cual había vivido por veinticuatro años, hasta la noche que un grupo de tareas del Ejercito Argentino asaltó la casa de mi vieja, la misma que habían dinamitado parcialmente en diciembre del 75 y comencé a irme de Santa Fe, lo que realmente sucedería a finales de 1977, después de dos secuestros y sucesivas “estadías” en la Cuarta.
La primavera vez en la celda grande que daba al patio y que lindaba con la celda más chica, tumba le decíamos, en que metieron a patadas a Alicia aquella noche de octubre en que nos conocimos. En la Cuarta estaba prohibido todo. Como diría tiempo después el jefe del penal de Coronda: aquí está prohibido cantar, hacer gimnasia, comunicarse con el lenguaje de las manos, etc. y todo lo que no esté explícitamente permitido está prohibido. Y sin embargo, de una u otra manera, de modos que no termino de recordar, rompíamos ese mandato: hablábamos por las paredes cuando los guardias se alejaban de la zona de los calabozos, nos pasábamos algo de la comida que nos daban o conseguíamos y sobre todo, nos sosteníamos en el aire de un modo que la física no podría explicar.

Alicia venía del noreste, allí había ido con su marido a sumarse a las Ligas Agrarias y desde una revistita apostaba al conocimiento como instrumento de liberación, enseñaba a venerar los libros, amaba a su compañero y criaba a sus tres hijos. Descendía del tronco familiar del mismísimo Brigadier Estanislao López y se me ocurre que no le perdonaron nunca ese “acto de traición” de alfabetizar indiecitos descalzos, de pensar el compromiso con los pobres como el mejor modo de seguir a Jesús y de apostar a un proyecto colectivo de transformación de la realidad. Esa invencible sonrisa que recuperaba por ratos, entre desmayos por debilidad y las golpizas que recibía antes de ser violada de nuevo, y que todavía me pregunta, desde el piso de ese breve espacio que hay entre mi celda y el baño, José ¿ ya es hora de volver?.

Y yo creo que sí, que ya puede volver…
Ya derrotamos el discurso de Videla de que los desaparecidos están de joda en Copacabana o en Varadero o en ningún lado, como decía el General. Ya todos saben que Alicia estaba allí, en esa sucia tumba del fondo de la Cuarta donde el Jefe Facino, el mismo que luego fue jefe de Comando Radioeléctrico y luego Jefe de la Comuna propuesto por el Partido Justicialista y votado por la ciudadanía que prefería los tours de compra a Porto Alegre que saber quien es Alicia.
Ya derrotamos el discurso de Alfonsín de que represores y reprimidos eran Dos Demonios que habían asolado la pacífica República Democrática, que nunca mató indios en la Campaña del Desierto ni obreros en la Patagonia Rebelde ni expulsó inmigrantes con la 4144 ni prohibió pensar distinto con la Ley Anticomunista ni creó en el Norte Santafecino, a pedido de La Forestal, ese grupo de tareas que primero se llamó Los Cardenales y luego Los Pumas.
Nadie hoy se anima a decir que Mario Facino y Alicia López son dos caras de la misma moneda como decía el primer prologo del Nunca Más, casi todos saben que la Cuarta era parte de un plan sistemático, largamente pensado y organizado con la ayuda del Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que formó a casi todos los oficiales represores incluido al jefe de inteligencia del área Santa Fe que se llamaba Marcellini y solo porque el juicio tardó tanto, se murió antes de llegar al banquillo de los Facino.
Atrás quedó la década de la vergüenza del menemismo que pretendía olvidar todo para que olvidemos lo principal: las causas que llevaron a Alicia y a los compañeros a la lucha y las causas que llevaron a Facino y a Videla a cometer un genocidio que no es otra que los privilegios que lograron los grandes grupos económicos que hoy se paran al lado de la Iglesia y La Nación para pedir que se paren los juicios y que vuelvan a Alicia al sitio de lo invisible que es el único que no les molesta.
Alicia puede volver porque fracasaron todas las maniobras jurídicas que demoraron su juicio y que la apartaron de los compañeros que compartimos la Cuarta en aquella primavera del 76. Y hay que decirlo: en el 2009 sacaron a Alicia del Juicio a Brusa para no cargarle al Señor Juez Torturador la molestia de explicar la muerte de una maestra.
Pero en el 2010 si que vino el Juicio y los compañeros volvieron a poner el cuerpo, sin importarle que todavía no se sepa bien quién mató a Silvia Suppo o que el Tribunal Oral sea el mismo que se negó a juzgar a Brusa por pudor judicial, que sus señorías son muy pudorosas y no queda bien juzgar a un par, o sea a un ex Juez que fue torturador, o sea que les duele el juicio a los torturadores más que las torturas, o no?
Pero hay un tiempo nuevo en la Argentina y hasta la señora Jueza que indagaba por la “femenina” cuando preguntaba por Alicia, terminó diciendo lo que habíamos dicho por treinta años: que Alicia estaba en la Cuarta y que allí la mataron y desaparecieron hasta hoy que quiere volver y nos pregunta si ya es hora.
Y yo que le digo: Que sí, que ya es hora de volver.

Pero, si va a volver, ¿adonde debería volver?
Alicia ya está con sus hijos y sus sobrinas, con su compañero y sus nietos, con sus compañeros de lucha y de prisión, con los que luchan contra la impunidad y con los que quieren patrialibreyamericana; entonces, ¿no sería bueno que vuelva con sus chicos del norte, con los que todavía necesitan una estufa en su escuela y un plato de comida para que las ideas no sean flaquitas como era la maestra cuando llegó a la Cuarta?
Digo, ahora que volvió, ¿no es hora de que haya escuelas Alicia López, jardines de infante Alicia López , merenderos Alicia López, peloteros Alicia López, plazas, barcos, barriletes, salas de computación y laboratorios de física Alicia López, estudios musicales y un sol Alicia López de esos que se ponen los niños en la sonrisa.

Eso, que vuelva y sea sonrisa de un niño, eso sí que sería justicia.dibujo alicia lopez carboncillo

Guatemala, el retorno de los mayas. Reflexiones sobre el largo camino de recuperación de un pueblo sometido a Genocidio


IMG_2686 (Copy) (2)Es extraño como los olores pueden ordenar la memoria y los afectos.
En el centro clandestino La Cuarta, un compañero se salvó de otra paliza por el mal olor de sus zapatillas.
Resulta que como no lo dejaron ir al baño por varios días terminó defecando en una de sus zapatillas pensando en limpiarla la primera vez que accediera al agua; pero lo llamaron al rato para “interrogarlo” y por más que quisieran, los torturadores no soportaron el olor a mierda que él despedía y lo despacharon en mucho menos tiempo de lo que habían pensado. Y con ello se salvó de algunos cientos de kilovatios, patadas y otras delicias de la Inteligencia en acción.
Fue cuando el Mono me contó eso que caí en la cuenta que el olor es una categoría política. Hay olor a pobre, hay olor a indio, y también olor a viejo.
Hace unos años tuve un encuentro con estudiantes de un colegio secundario de la zona de Liniers, muy cerca de la cancha de Vélez Sarsfield. El tema era la diversidad cultural y yo les conté la historia de la dominación americana por parte de los españoles, los ingleses y los yankees, y de la construcción de la discriminación contra los que se busca doblegar, dominar. Costó bastante pero al final logré establecer un dialogo bastante sincero con los muchachos y muchachas. Reconocieron que les molestaban los migrantes de los países vecinos, particularmente los bolivianos. Y de los jóvenes bolivianos les molestaba el olor a ser humano. Es decir, el olor de las personas que no usan desodorante ni perfumes como la mayoría de los argentinos, sean pobres o ricos.
Por eso en nuestra memoria los olores ordenan imágenes y recuerdos, placeres y dolores y es que los olores no son neutrales. Como casi todo en la vida.

Hoy al salir de casa, en la verdulería del boliviano Andrés había un cajón de papayas maduras. Y para mi, desde hace unas semanas, el olor de la papaya me lleva a Guatemala. A su mercado frente a la catedral y a la mesa de Rosa en el desayuno. La papaya me hace pensar en esas mujeres vestidas con sus ropas, las que ellas mismas hilan y cosen, multicolores y hermosas. En la selva y la cultura maya. En la gloria de aquella civilización que en el siglo VII creó una ciudad de 80 mil habitantes, Tilkal, donde hoy solo hay selva y construyó un calendario más preciso que cualquier otro de la antigüedad.
Pero la papaya, dulce y cremosa, también me remite a la tragedia guatemalteca, esa que casi no conocemos por esa manía argentina de ser los mejores y los más grandes del mundo. En el futbol, en el teatro y hasta en el sufrimiento por el terrorismo de Estado. El justo orgullo por las conquistas en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia a veces se transforman en un nacionalismo de pacotilla que puede llegar a ignorar los otros genocidios y que de tanto mirar al pasado no puede ver el presente.
Digo, no ven a los más de 9500 presos políticos colombianos ni a los perseguidos/estigmatizados/asesinados de Paraguay, Honduras o Guatemala.
Los procesos genocidas que se perpetraron con la complacencia imperial todavía gozan de impunidad y se continúan en el asesinato selectivo y constante de los dirigentes populares que pretenden cuestionar el dominio omnímodo de un bloque social que contiene a los viejos oligarcas y las más modernas empresas transnacionales junto a los militares e intelectuales que sostuvieron aquellos años del lobo.

En Guatemala perpetraron un Genocidio.
Destruyeron varios grupos de modo tal que la sociedad toda perdió su identidad en formación. Esa que se intentó democrática y plural en el corto periodo que va desde la destitución del Dictador Ubico y el comienzo de la Revolución en Octubre de 1944 hasta el Golpe de Estado organizado y protagonizado por la CIA y los grupos fascistas en 1954 contra Jacobo Arbenz quien había intentado la Reforma Agraria, la legalización de los partidos políticos (incluido el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo), el fin de la servidumbre y el trabajo obligatorio de los indios en las plantaciones de café, tabaco y banana, la autonomía de la Universidad San Carlos y algunas otras pocas reformas democráticas y anticolonialistas desde una mirada lejana y desde el siglo XXI.
Pero en los cincuenta, la combinación del racismo brutal heredado de la Inquisición Española y el predominio del pensamiento anticomunista en la versión patológica y paranoica que generó el Macartismo en los EE.UU. de los años del comienzo de la Guerra Fría, generó una mirada sobre Arbenz y sus pocos amigos comunistas desproporcionada y que disparó la preparación del segundo golpe en forma que preparó la CIA (el 1º fue en Irán en 1953 para voltear el Primer Ministro Mohamed Mossadeq) articulando todo tipo de medidas: económicas, diplomáticas, militares y de acción psicológica que contó con radios clandestinas (como la que luego montarían contra la Cuba revolucionaria) y una invasión armada de mercenarios sostenidos por la CIA en un formato que se consolidaría en un “clásico” para la CIA.
El primero en asumir el gobierno dictatorial fue el fascista Coronel Carlos Castillo Armas que volteó todas las reformas democráticas y lanzó la persecución contra comunistas y partidarios de Arbenz, gobernó desde julio de 1954 a julio de 1957 fecha en que fue asesinado para que el Coronel Luis Arturo González López asumiera el gobierno hasta octubre del mismo año en que asumió el Coronel Guillermo Flores Avendaño hasta marzo del siguiente año en que asumió un General, José Miguel Ramón Ydigoras Fuentes que duró hasta marzo de 1963 en que otro golpe lo desplazó por Alfredo Enrique Peralta Azurdia que solo gobernó hasta que en julio otro Golpe llamó a “elecciones” para que un civil Julio Cesar Méndez Montenegro, luego de firmar un Pacto Secreto de subordinación al Ejercito, asumiera hasta 1970 en que lo reemplazó otro General, Carlos Arana Osorio hasta 1974 para dejar paso al General Kjell Eugenio Laugerud García que duró hasta 1978 en que otro General, Fernando Romeo Lucas García lo hace hasta que en 1982 asume el más brutal de los genocidas, acaso el más conocido por sus masacres, el General Efraín Ríos Montt que aunque solo gobierna 16 meses ejecuta las más extendidas y masivas masacres contra la insurgencia y los pueblos mayas (20 mil asesinatos o desapariciones forzadas, 324 masacres, 600 comunidades de pueblos originarios destruidas y unos 90 mil refugiados internos que se suman al millón de desplazados.
Ríos Montt fue desplazado por otro golpe de estado que puso a Oscar Humberto Mejía Victores quien sancionó una nueva Constitución y llamó a elecciones para que ganara un democristiano, Virginio Cerezo en 1986 y diera comienzo a la “transición” hacia el convenio de paz que se firmaría en 1997.
Si pensamos que los españoles aplastaron la cultura maya y que la Independencia de 1821 agravaría las condiciones de vida de los pueblos originarios al abolir algunas “capitulaciones reales” que daban un mínimo pero real espacio de autonomía en los pueblos de indios; y si desde 1871 en adelante solo habrá gobiernos autoritarios, racistas hasta el paroxismo comprenderemos la extrema importancia que tienen esos diez años que los guatemaltecos llaman la Revolución: entre 1944 y 1954; y si pensamos que lo primero que hace Castillo Armas, el hombre de la CIA para el golpe es anular la Reforma Agraria que había afectado la United Fruit Company (cuyo presidente era hermano del vicepresidente de los EE.UU.), la autonomía de la Universidad San Carlos y anular el derecho al voto a los analfabetos que eran al menos dos tercios de los pueblos originarios, nos estaríamos acercándonos al meollo de la cuestión.

En Guatemala hubo un Genocidio.
Doscientos mil muertos. Cuarenta y cinco mil desaparecidos.
Se exterminó la insurgencia en varias oleadas represivas cada vez más brutales y masivas. La primera oleada aplastó la sublevación armada de las Fuerzas Armadas Rebelde conformada por militares partidarios de la Revolución del 44 con apoyo comunista; luego se aplastó el movimiento social a finales de los 70 y la nueva ofensiva guerrillera de 1981/1982 del Ejercito Guerrillero de los Pobres y de la Organización Revolucionaria del Pueblo. También se aplastó casi hasta la desaparición del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunistas), de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORPA) y del Ejercito Guerrillero de los Pobres quienes en 1982, en el momento de cénit de la lucha guerrillera se habían agrupado en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Se aniquiló el movimiento sindical, estudiantil y campesino de modo tal que algunas organizaciones actuales como la Asociación de Estudiantes Universitario (AEU) portan el nombre de lo que fueran organizaciones de combate, cuyos dirigentes fueron asesinados como el caso más notorio de Oliverio Castañeda de León (1978), pero no tienen relación alguna con aquella lucha.
El método de de enfrentar el desafío revolucionario fue el del exterminio total.
En 1965, solo dos años después del comienzo de las acciones de resistencia armada impulsadas por las Fuerzas Armadas Rebeldes creadas en 1963 por oficiales partidarios de Arbenz en acuerdo con los comunistas, el Ejercito secuestró el Comité Central completo del PGT y lo asesinó: 28 compañeros. Ese fue el estilo hasta el final. Secuestro del Comité Central Confederal de la Central de los Trabajadores y todos asesinados. Ocho de los diez primeros organizadores de Famdegua (organismo similar a Madres o a Familiares de Argentina) asesinados de manera salvaje, todos torturados incluidos niños de tres años que aparecían con los dedos mutilados. La dimensión del exterminio de la izquierda no se puede separar de la subordinación económica, política y cultural de las elites guatemaltecas a los EE.UU. y de la visión anticomunista paranoica que prima allí en los cincuenta.
El Genocidio es incomprensible sin pensar el impacto del triunfo de la Revolución Cubana y el fracaso de la invasión de Playa Girón en los sesenta.
Y para nada es casualidad que Ríos Montt aparezca en 1982 ,solo tres años después del triunfo de la Revolución Sandinista en la cercana Nicaragua. Solo desde la dimensión continental de la Operación de Contrainsurgencia se puede entender el Genocidio en toda América Latina y también en Guatemala. Un genocidio que posiblemente comenzó justamente con el golpe contra Arbenz en 1954 y prosiguió hasta el fin del conflicto armado en la misma Guatemala en 1997 cuando los yankees se creen que la victoria en la Guerra Fría ha eliminado el comunismo, las ideologías y hasta el campo de las reformas socialdemócratas. Igual que el Paraguay de Stroessner, el máximo orgullo de los militares y las elites chapinas era proclamarse campeones del anticomunismo.
Valga pues, una mirada de reconocimiento y valoración hacia todos los que sostuvieron el ideal revolucionario en Guatemala en condiciones tan extremas pero valga un reconocimiento especial a esos pocos cientos de militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo que mantuvieron la bandera del comunismo en alto a pesar de la histeria anticomunista. Recordemos por ahora al fundador del Partido del Trabajo Guatemalteco, José Manuel Fortuny y el nombrado Oliverio Castañeda de León, militante de la Juventud Patriótica Guatemalteca.

En Guatemala hubo un genocidio. Doscientos mil muertos y cuarenta y cinco mil desaparecidos. Pero de ellos, tres de cada cuatro pertenecían a los pueblos originarios.
En Guatemala hubo dos genocidios si se quiere decir de esta manera: uno, el mismo que se extendió hasta la Patagonia chilena y argentina en el sur del continente, contra todos aquellos que proponían superar el capitalismo y constituían un escollo serio al nuevo modelo de desarrollo capitalista que se buscaba imponer desde Washington y las oligarquías locales; y otro un Genocidio étnico, una limpieza racial que buscaba completar lo que el Español no terminó en el siglo XV: liquidar los pueblos mayas, borrarlos del mapa social y geográfico.
Porque molestaban para el despliegue de algunos emprendimientos mineros, energéticos o agrarios (molestia que persiste y explica el nivel de represión hacia los pueblos originarios de estos días), pero sobre todo por racismo, por la intolerancia hacia el llevada a la locura de asesinar miles y miles de mujeres, de partir las cabezas de los niños para que corra la sangre como agua hacia el mar, de esclavizar mujeres como esclavas sexuales por años o niños como sirvientes. Sin ese componente racista no se puede entender la decisión de exterminar toda comunidad que hubiera entrado o que ellos pensaran que había entrado en relación con la insurgencia.

En un texto clásico, Federico Engels dice que lo más terrible de las derrotas es que los pueblos olvidan las causas por las que lucharon. Lo hace en referencia a la Comuna de París de 1871 pero hoy sabemos que esa reacción no es “natural” sino una de las consecuencias buscadas y planificadas de un genocidio. Es la continuación del genocidio por otros medios y el modo de asegurar que la reorganización radical del país que la eliminación del grupo nacional ha consumado, se estabilice y mantenga en el tiempo.
Y si en algún lugar parecía que el objetivo se había conseguido era en Guatemala.
El modo en que terminó el conflicto armado, con un Acuerdo de Paz que era lo más parecido a una rendición incondicional y el asesinato del Obispo Gerardi a cielo abierto, como una clara represalia y advertencia de impunidad ante la publicación del informe de la verdad (casi el único acuerdo positivo del acuerdo de paz que se cumplió, y con ese costo terrible), condicionaron un largo periodo de supuesto pos conflicto que eternizó el conflicto profundo y más real que todos, ese que motivó la revolución del 44 e inspiró la acción democrática de Arbenz: el conflicto que genera el monopolio de la propiedad de la tierra, la discriminación racial y de clase contra la mayoría maya que siguió sin tierra y sin derechos, obligada a refugiarse lejos de la modernidad para poder conservar algo de su cultura y su identidad.
Como dijimos antes, el genocidio prácticamente exterminó la izquierda urbana y las poblaciones mayas no subordinadas a su mandato asesino.
Pero no del todo.
¿Cómo se conservó la pequeña brasa que sobreviviría tantos años casi apagada y que en estas últimas semanas volvió a arder en las movilizaciones populares contra la corrupción gubernamental que ya forzaron a dimitir a la vice presidenta de Guatemala, Roxana Baldetti y una larga lista de funcionarios, movilizaciones que según algunos historiadores casi no tiene antecedentes en la historia de Guatemala más que en dos o tres ocasiones, una previa a la Revolución del 44 y otras en los 80/90 pero de carácter estrictamente estudiantil?
Este movimiento, que ya se mantuvo por más de dos meses de movilizaciones -sobre todo en las plazas centrales de las principales ciudades del país-, como sabemos aparece a raíz del destape de casos de corrupción. Primero por el destape de defraudación aduanera que condujo a la renuncia de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y su secretario privado, hoy prófugo de la justicia. Posteriormente el contrato anómalo con la empresa farmacéutica mexicana Pisa en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para la realización fraudulenta de diálisis que llevó a la muerte a 12 personas, incriminando al ex director de esa institución Juan de Dios Rodríguez, ex militar acusado de violación a los derechos humanos y cercano al presidente Otto Pérez Molina.
Las denuncias y la crisis política que provocó obligó a la renuncia importantes figuras del gabinete como el ex ministro de gobernación Mauricio Bonilla y el ex general José Anzueto a cargo de la Secretaria de Inteligencia del Estado, ex militares cercanos a OPM y el nombramiento de ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado, viejo político al servicio de las clases dominantes, como vicepresidente.
Todo esto ha generado indignación en algunos sectores de la población, sobre todo capas medias urbanas pero que se amarra con otras indignaciones más estructurales de capas obreras, campesinas e indígenas. Esto puede dar al traste el régimen político post dictaduras o al menos debilitarlo haciéndole perder legitimidad al sistema de dominación. Pero las movilizaciones están en la encrucijada por el cauce institucional que los poderes fácticos le pretenden dar y a la ausencia de una alternativa de gobierno y/o de poder.
Las diversas crónicas periodísticas dan cuenta de que desde el 25 de abril hasta el 13 de junio hubo movilizaciones todos los sábados, siendo la primera el 25 de abril, que juntó a más de 30 mil personas; la del 16 mayo fue el pináculo con más de 60 mil personas concentradas en la plaza central y las diversas plazas de las principales ciudades; y la del sábado 13 con un poco más de 20 mil personas. Estas movilizaciones contaron con un fuerte componente de personas procedentes de capas medias y pequeña burguesía, que llegaron a título individual; fueron los contingentes, sobre todo con posterioridad al 25 de abril, de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos y representación de los pueblos mayas, los que le dieron un toque más clasista. Pero no se recompone la subjetividad política transformadora ni se crean fuerzas capaces de derrotar las sombras del genocidio en un día; pero se ha roto el largo periodo de quietud y silencio del pueblo. Eso preocupa a los genocidas y poderosos, y reclama mayor análisis de parte nuestra

Sin pretensión de analizar los hechos políticos que están en pleno desarrollo en este momento, me animo a proponer dos o tres ideas de interpretación.
Un modo de sobrevivencia de la subjetividad popular, democrática, antiimperialista y revolucionaria ha sido de la mano de los constructores de la memoria del genocidio. Los que no aceptaron la grosera impunidad decretada por el Poder y consentida a nivel internacional.
Porque la memoria no es lo “natural” y el olvido una partecita de ella sino que la memoria y el olvido son categorías relacionales, se construyen al mismo tiempo por acciones humanas, premeditadas cuando se trata de la memoria de las luchas sociales.
El olvido se construye con el horror transformado en terror e incorporado en los cuerpos humanos por la tortura y en el cuerpo social por el miedo. Y vaya si en Guatemala se torturó y se inculcó el miedo.
Pero hubo quienes buscaron sus familiares victimizados, los cuerpos de los desaparecidos, los rastros de la lucha de los revolucionarios, de los sindicalistas, de los dirigentes estudiantiles. La formación de HIJOS Guatemala podría ser el símbolo más potente de esa acción de memoria que tuvo en la recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional Guatemalteca un punto de referencia y un estimulo importante.
Otro fue el movimiento resultante de la movilización de supervivencia indígena conocida como Comunidades de Población en Resistencia que comenzó como un intento de escapar del exterminio militar y resultó en un proceso de organización autónoma de miles de mayas que prolongaron la experiencia luego de finalizado el conflicto armado y aseguraron un territorio de fidelidades al pasado maya y algunas de las tradiciones democráticas que buscó eliminar el genocidio.
Y por último, de un modo sobresaliente, así como el golpe de 1954 y las sucesivas oleadas genocidas son inseparables de la operación continental de contrainsurgencia que impulsó la CIA y el Comando Sur del Ejercito de los EE.UU., el resurgir del movimiento popular en Guatemala es una de las consecuencias esperadas del retorno al gobierno del Sandinismo en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí en El Salvador, hermanas de Guatemala que mantienen miles de invisibles lazos por los cuales ayer huían los revolucionarios perseguidos por el ejercito guatemalteco y hoy penetran nuevas ideas y ánimos renovados. O sea un nuevo olor, fresco como la papaya.

Digo, no puedo entender el genocidio guatemalteco sin pensar en el olor.
Eso que molesta a los estudiantes del colegio de Liniers de los compañeros bolivianos. Si en un barrio limítrofe de la Capital Federal, un grupo de estudiantes se molesta por el olor de los hermanos bolivianos, qué les pasaría a los ladinos guatemaltecos al ver las mujeres mayas con sus polleras de colores oliendo a maíz, a tierra mojada, a papaya fresca?
El genocidio sembró un olor fétido, a muerte mal enterrada en cementerios secretos y montañas peladas pero un nuevo viento cruza del Pacífico al Atlántico. Decían los antiguos que el tiempo es circular y que todo vuelve a empezar. Allí están de nuevo, los estudiantes en las calles y ahora, más que antes, las polleras coloridas de las mayas a su lado. Todavía está por verse quien escribe la última pagina de esta historia que en alguna pequeña medida la historia de mis hermanos de lucha, algunos de los cuales conocí hace cuarenta años. A uno de ellos, asesinado en 1984, le dediqué un poema de despedida que quiere ser mi canto de amor al pueblo chapino

En memoria de Pedrito.
Dicen que debajo de
esa roja bandera
dentro de ese pequeño cajón,
están los huesos de Pedro.

Dicen
que su hija menor,
que creció sin conocer la historia
tomó la bandera de su padre
y la puso sobre la caja de madera
donde reposan
los huesos de Pedro.

Dicen
que cuando lo atraparon
manoteo su 38 y opuso resistencia
cumpliendo con aquella promesa
de una tarde de nieve
cerca de la Plaza Roja
doce años antes de aquel instantes
Entonces,
gritó seremos como el Che
o al menos,
corregí yo, como el Che
quería que fuéramos

Dicen
que lo mataron
a los veinticuatro días:
o sea, el 29 de marzo
de 1984

Así escribieron los militares
guatemaltecos
tan prolijos como todo
militar latinoamericano
en eso de asesinar
militantes

Dicen y dicen
porque yo no lo vi más
desde aquella tarde de nieve

No lo vi
cuando cruzaba fronteras
con nombre falso
y bigote recortado

No lo vi
cuando entró a su
Guatemala
y se puso a pelear
justo cuando aquí
caían dictadores y volaban
Allendes por el cielo

No lo vi
cuando volvió a cambiar de nombre
tantas veces que ni él se acordaba quien era

Pero ahora recuerdo
que aquel 29 de marzo de 1984
me tomé un par de vinos
con el Tito, el Carlos y el Tato
que eran buenos
en eso de ponerle al pueblo
uniforme de pueblo,
y salir a pasear con las banderas
en alto.

Banderas como esas
que la niña de Guatemala
criada en el país de los gringos
dobló con amor
para poner sobre la caja
de los huesos de su padre

Mi amigo guatemalteco
perdido en la noche,
que recuerda la culpa de estar vivo
y no ser, como él,
un puñado de huesos
dentro de una caja
bajo una bandera
Buenos Aires, mayo del 2015.

Inundaciones y derechos humanos


Las inundaciones son el resultado, previsible, denunciado y anunciado mil veces, de un modelo de desarrollo capitalista basado en la “extracción industrial” de ingentes ganancias a los suelos por medio del cultivo de soja transgénica para exportaciones.
Si se pudo evitar, no es “natural”, sino un proceso social típico del modelo vigente.
Agravia la vida de las personas por imperio del Capital protegido por el Estado:es una clara violación a los derechos humanos que debe ser revertida con la lucha colectiva y un nuevo modelo de desarrollo, sustentable social y ecologicamente

Una vez más las imágenes catástrofes sobre calles inundadas, autos flotando y personas arriba de los techos o chapaleando en el barro se combinan en los medios con notas oportunistas que se lamentan por la mala suerte o critican políticas puntuales (sub utilización de los fondos para obras hidricas por corrupción o necesidad electoralista) que se cuidan muy bien de ocultar lo verdadero y profundo: las inundaciones en curso son el resultado de un combo de políticas económicas y ambientales de larga data que liquidaron el sistema de alertas y obviaron cualquier Plan de Emergencia ante Catástrofes y lo fundamental: el cambio del sistema hidrico de las llanuras de la pampa húmeda por efecto del cultivo intensivo y extendido de la soja transgénica de manera creciente desde el inicio del siglo (lo que significa que cubre todo el periodo de los gobiernos kirchneristas)1

Como se sabe, la irrupción para principios de la decada pasada de grandes potencias emergentes como China e India en el mercado de la soja y otros granos modificó las condiciones del gran negocio agrícola y colocó a la producción de soja transgénica en un lugar de privilegio para especuladores e inversionistas nacionales y extranjeros. Hace falta decir que el Estado estuvo totalmente ausente al momento de regular la producción, extensión de las áreas cultivadas, cuidado del equilibrio ambiental incluido el régimen de aguas?..Allí siguió el neo-liberalismo a pleno, o sea que el Estado ausente dio lugar a la dictadura del Capital que se enseñoreo de los suelos.

El cultivo extendido de la soja hasta proporciones monstruosas no solo liquidó producciones familiares y de alimentos tradicionales sino que desertificó buena parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba rompiendo un equilibro de siglos, además los pools de siembra construyeron canales clandestinos para rápidamente evacuar las aguas de lluvia hacia los cursos principales aprovechándose del “Estado ausente”. Por eso el agua de lluvia de la cuenca alta no queda retenida, llegando más rápido a la cuenca media donde se emplazan varios centros urbanos. Por otro lado en la cuenca media y baja, las llanuras de inundación y los humedales fueron progresivamente ocupados por los countries, generando el estrangulamiento y taponamiento de los cauces principales de modo tal que las tierras que en el pasado actuaban como retenes o reservorios naturales, hoy se encuentran sembradas con soja y atravesadas por canales artificiales clandestinos ejecutados sin ningún tipo de control por parte de los organismos provinciales y nacionales competentes.

Hay soluciones técnicas (se amontonan los alertas y propuestas surgidas del pensamiento crítico) pero se necesita una decisión política que ni siquiera se ha discutido en el proceso electoral en curso: hay que abandonar el proyecto extrativista de basar la economía nacional en el cultivo de la soja o la producción minera extensiva y a suelo abierto (que aporta lo suyo en otras regiones del país). Aquí también derechos humanos y capitalismo son incompatibles. Todo lo demás es ilusión que se derrite como arena con el agua, como los intentos de tapar el desastre social con imágenes de catástrofe.

  1.  De una producción de 31,5 millones de toneladas en 2003/2004 y 14,5 millones de hectáreas, este año tendrá entre 53 y 55 millones de toneladas y más de 20 millones de hectáreas. En 2014 representó un negocio de más de US$ 28.000 millones En 1970 se producían menos de 140 mil toneladas en 0, 95 mill de Has y en el 2001 unos 25, millones de toneladas en 10, 3 millones de hectareas. Fuente La Nación del 28/4/2014 y la web redagraria.com

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La violación de los derechos humanos en la Pcia. de Buenos Aires en dos informes recientes. Un verdadero colapso humanitario provocado por las políticas de Scioli. Las palabras y los hechos. O será que el futuro es esto?


Se acaban de publicar dos informes sobre la situación de los derechos humanos, uno de mirada nacional, el del Cels, pero con foco en la provincia de Buenos Aires, y el otro, el de la Comisión Provincial de la Memoria, centrado en la provincia pero con referencias nacionales. Es llamativo que con miradas ideológicas distintas se llegue a las mismas conclusiones que intentaré resumir en una primera nota (el problema es tan vasto que requerirá de una serie de artículos) con las conclusiones más generales.
Veamos algunas afirmaciones de la Comisión Provincial de la Memoria estampadas como apertura del Prologo y a modo de anticipo general: “La política criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha desencadenado una situación de colapso que se traduce en la mayor tasa de encarcelamiento registrada, la profundización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y la vulneración masiva y sistemática de los derechos de amplios segmentos de la población, fundamentalmente los sectores populares. Esta situación se agravó durante la gestión del gobernador Scioli, cuya política de seguridad se focalizó en la persecución del delito desorganizado y/o de aquellas personas que integran los eslabones más débiles de las cadenas delictivas. Se intensificó también el histórico sesgo clasista del sistema penal, colmando las cárceles y acentuando la estigmatización y la violencia policial hacia los jóvenes de los sectores populares. Todo esto ha provocado que en la última década las políticas de seguridad se hayan constituido como un freno a las distintas políticas de inclusión a través del trato discriminatorio y la vulneración de derechos. Más aún, la intervención selectiva de las instituciones policiales, penitenciarias y judiciales en la vida de los pobres genera específicas y nuevas marcas de vulnerabilidad y sufrimiento que condicionan las trayectorias familiares. Al mismo tiempo, este tipo de políticas anacrónicas y violatorias de derechos humanos han sido incapaces de intervenir con eficacia frente al delito complejo y la diversificación de los mercados ilegales”
Más adelante agrega: “ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de torturas y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos”
Ratifica lo denunciado tantas veces “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, es la regla. Las condenas por las torturas infligidas por la policía a Luciano Arruga y por el homicidio en manos de penitenciarios bonaerenses de Patricio Barros Cisneros son una excepción que la confirma.”
Puntualiza que “no albergamos ninguna duda que la declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales al tiempo que minó el financiamiento de las ya deficitarias políticas de promoción y protección porque reorientó el gasto a la política represiva. La ecuación no puede ser peor.”
Tentado de seguir citando, me limitaré a consignar las muertes por encierro: “durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otros 18 en comisarías de la Policía Provincial.” Otras “111 personas “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.” y también en los neurosiquiatricos mueren ciudadanos, solo en el Korn “murieron 133 personas entre febrero de 2012 y 2014. Estas 548 muertes, que además son un sub registro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado”.
En el apartado “Democratización de las estructuras de seguridad como condición para la gobernabilidad y la inclusión social”, Capitulo V del Informe 2015 del Cels (Págs. 203 en adelante ) se sigue la misma línea de reflexión y se llega a similares conclusiones, ampliando la mirada a lo nacional, sin dejar de destacar lo grave de las políticas de Scioli en la Provincia: “En los últimos años las iniciativas políticas no avanzaron en afectar de manera estructural los intereses corporativos de la fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios. Que este objetivo no haya estado entre las prioridades del gobierno nacional tuvo y tiene consecuencias graves para la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad del sistema democrático”
“Junto con la justicia penal, las policías y los servicios penitenciarios conforman los dispositivos centrales de la administración del castigo. Hoy son estructuras con amplios márgenes de autogobierno, atravesadas por un legado autoritario compartido que las organiza en forma militarizada y vertical y orientadas a combatir a un “enemigo” antes que a resolver conflictos y reducir la violencia. Se trata de fuerzas violentas y con gran capacidad de daño que concentran violaciones a los derechos humanos.”
“Durante 2013 y 2014, las decisiones de políticas de seguridad y penitenciarias implementadas en la nación y la provincia de Buenos Aires confirmaron, por acción u omisión, amplios márgenes de autonomía de las estructuras de seguridad. Las policías fueron dotadas de mayores recursos, aumentó su presencia en las calles y, en la provincia de Buenos Aires, las autoridades políticas cedieron mayores cuotas de poder a las cúpulas policiales. En los servicios penitenciarios, se advirtieron graves situaciones de desgobierno político y delegación del manejo de las unidades penitenciarias en estructuras militarizadas y violentas.”
“La falta de democratización de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción insertas en las estructuras policiales y penitenciarias”
“En segundo lugar, implica la amenaza cíclica a la estabilidad política, en la reiteración de episodios en los que estas estructuras procuran extorsionar al sistema político para obtener ventajas corporativas o sumarse al juego desestabilizador de unos sectores contra otros. “
“Hay una tercera consecuencia crucial: las policías y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social. Los jóvenes que pueblan los barrios pobres y las cárceles, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de un proyecto político-social que procura el crecimiento con inclusión, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria, que afectan a las políticas inclusivas que se pretenden desarrollar. De esta manera, la faz punitiva del Estado es una barrera que erosiona los esfuerzos inclusivos que se despliegan desde sus otros sectores. “
Creo, con toda honestidad, que la simple lectura de los textos elaborados por el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria son de una contundencia tal que casi me eximen de comentarios, y eso que ex profeso deje de lado los documentos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o de otras organizaciones y fuerzas como las que actúan en las causas del Puente Pueyrredón, la muerte de Luciano Arruga o las que luchan contra los desalojos, la minería a cielo abierto o las voces de los Qom de Formosa dado que muchos de nosotros hemos sido estigmatizados y descalificados por los nuevos “dueños” de los derechos humanos, algunos de los cuales ni habían nacido físicamente cuando la Liga ya luchaba contra la tortura de las dictaduras de 1930 o de 1943 o de 1955 o de 1966, solo para nombrar algo de nuestra historia.
Está claro que Scioli sí tiene una política hacia los derechos humanos, que no es otra que la que aquí se califica como responsable de un colapso humanitario.
A diferencia del gobierno nacional, Scioli casi ni tiene políticas de memoria o de apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad a pesar de contar con una Secretaría de Derechos Humanos de la que mucho no se sabe lo que hace, si hace algo.
Scioli asumió como propio el discurso de la derecha de considerar como la más grave violación a los derechos humanos el cúmulo de delitos menores que ellos llaman “inseguridad”. La derecha clásica estuvo inhibida de defender la impunidad y el capitalismo neoliberal puro por la grave crisis de legitimidad que le generó la resistencia al neoliberalismo de los 90 y el estallido de la crisis del 2001. Pero encontró un camino sinuoso para reinstalar su discurso represor: fue Blumberg el primero en proclamar que la inseguridad era eso que él definía y que era “saturando” de policías las calles el modo de combatirlo. Fue Grondona el que perfeccionó el discurso atribuyendo al “garantismo” judicial, impuesto por los mismos que buscábamos “venganza” contra los represores de los 70 la “debilidad” de la Policía para combatir el delito. Que la propia presidenta llegara a hablar de la “puertas circulares” para los delincuentes da cuenta del recorrido que ha tenido ese discurso y del éxito cultural que han tenido al punto que algunos referentes de la lucha histórica por Verdad, Memoria y Justicia terminen avalando estas políticas abrazados a Generales con graves responsabilidades por el Genocidio.
Scioli fue liquidando paso a paso los pequeños pasos dados en la dirección contraria y asumiendo una política que proclama orgulloso como principal apuesta electoral. Que lo sepan los que llaman a votarlo en aras de un supuesto proyecto latinoamericano de liberación.
Su política, desarrollada a pleno desde el 2014 con la dupla Granados Casal y el apoyo total de Berni y la propia Presidenta de la Nación, se podría resumir en darle autonomía a las fuerzas policiales y penitenciarias (y a este gobierno de los territorios y de los lugares de encierro, la Comisión Provincial de la Memoria denomina “el sistema de la crueldad”) para “saturar” con personas armadas por el Estado de modo tal de controlar de todos los modos posibles la población estigmatizada como culpable de la inseguridad: los jóvenes pobres, los migrantes y las mujeres. Un Poder Judicial mayoritariamente corrupto y articulado con la Bonaerense y los punteros políticos en una asociación múltiple para delinquir que suma a los mafiosos de la droga, el trafico de mujeres, niños y niñas para el comercio sexual y la venta de autos, garantiza impunidad y articula todo el sistema de la crueldad.
El resultado de tales políticas se podría resumir en tres consecuencias directas y fácilmente comprobables: a) la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de cientos de miles de habitantes del cono urbano especialmente; b) la mayor capacidad de presión política que logran estas fuerzas que arrancan concesiones y producen alteraciones de la gobernabilidad (como fue la asonada policial de diciembre de 2013) y c) estas políticas de violencia institucional terminan afectando, neutralizando o esterilizando las políticas de inclusión social que el propio gobierna muestra como su mayor logro político de la década.
Los informes traen toneladas de datos y ejemplos de cada una de las afirmaciones aquí sostenidas. A ellos me remito en primer instancia, y a nuestra experiencia viva de acompañar las luchas cotidianamente desde hace décadas.
Este es Scioli y casi nadie, en el campo de los que luchan por los derechos humanos, se atrevería a discutirlo. Si dos polos de referencia ideológica tan distintos como el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria lo afirman, no queda mucho espacio para relativizar la denuncia.
Pero ha surgido en estos días un argumento algo novedoso.
La alianza de Cristina con Scioli promete, según algunos compañeros, un sistema de acompañamiento que garantiza la vigencia de las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.
En primer lugar, y eso será motivo de otra nota, los informes confirman un cambio radical, casi un viraje en las políticas de respeto a los derechos humanos que no sean de Memoria y estimulo a los juicios. La palabra y el accionar de Berni dan cuenta de ello.
Pero hay un episodio reciente que me resulta particularmente sugestivo y es el debate sobre las policías locales. Voy a citar el informe del Cels:
“A poco de asumir, Granados anunció la necesidad de aumentar la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense de los 55 mil actuales a 100 mil. Las políticas de saturación policial del Conurbano planteadas desde la provincia, convergentes con los operativos del gobierno nacional, se intensificaron a partir de la declaración del estado de “emergencia en seguridad” en la provincia, el 5 de abril de 2014. “
“Esto dio lugar a una serie de medidas de neto corte punitivista y a la concentración de más recursos en manos de la Bonaerense, en un contexto de ausencia o debilidad de los mecanismos de control sobre la fuerza. El otro sesgo de la gestión de Granados fue la creciente visibilidad de los intendentes en las discusiones sobre políticas de seguridad, sin que ello se traduzca necesariamente en una descentralización efectiva del poder de la fuerza provincial. La implementación de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) y los debates por las policías locales y su posterior creación a través de un decreto muestran estas tendencias.”
“El debate sobre la creación de cuerpos de policías municipales en los partidos del Gran Buenos Aires se reactivó durante la campaña electoral de 2013. De inmediato se hizo evidente una puja entre propuestas muy diversas: algunas buscaron aprovechar la coyuntura para crear policías con una orientación democrática, mientras que otros proyectos, entre ellos el promovido por el ministro de Seguridad Alejandro Ganados, plantearon la creación de otra fuerza policial que se sumaría a las ya actuantes (Bonaerense y Gendarmería) en el esquema de saturación policial del Conurbano. Distintos sectores del oficialismo provincial llegaron a un proyecto de consenso que fue presentado el 9 de abril de 2014 y que propiciaba la creación de policías locales en distritos con más de 70 mil habitantes. Se trataba de policías de prevención, que dependerían orgánica y funcionalmente del intendente. El proyecto además disponía que los cuerpos de la Policía Bonaerense que actuaran en los distritos donde se crearan las policías locales también dependieran operativamente del intendente. A partir de críticas de La Cámpora y Nuevo Encuentro se incorporaron a la propuesta particularidades interesantes”
“El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y también, en general, por el Senado provincial el 5 de junio de 2014, pero de inmediato comenzaron las disputas, centradas, por un lado, en los mecanismos de financiamiento y de transferencia de fondos desde la provincia hacia los municipios, y por otro, en el modelo de policía que se pretendía crear.”
“El Frente Renovador se opuso a los artículos que preveían límites para el ejercicio del uso de la fuerza, a través de la prohibición de la portación de armas fuera de servicio, y a las facultades discrecionales, a través de la prohibición de realizar detenciones por averiguación de identidad.. Las declaraciones de otros referentes políticos mostraron que los alineamientos en torno a este tema no coincidían con las fronteras partidarias y que los sectores que respondían al gobernador Scioli compartían con el Frente Renovador su disconformidad con las limitaciones que la ley imponía a la arbitrariedad policial. “
“La discusión en particular del articulado de la ley quedó en punto muerto en el Senado. Finalmente, el gobierno provincial hizo caso omiso al debate parlamentario y creó el 2 de julio de 2014 las Unidades de Policía de Prevención Local a través del Decreto 373/14 del Poder Ejecutivo provincial y de la Resolución 835 del Ministerio de Seguridad.”
“De esta manera, ocurrió lo que ya había sucedido con la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. La creación de las policías locales en la provincia de Buenos Aires significó otra oportunidad perdida para instrumentar fuerzas con nuevos estándares, más democráticos y adecuados a un trabajo local de cercanía. En lugar de ello, se creó otra fuerza cuyo marco normativo es el mismo que el de la Policía Bonaerense, y nada indica que vaya a poder sustraerse de la influencia de una fuerza policial que maneja los territorios y regula negocios legales e ilegales.”
A pesar de lo largo de la cita creo que ilustra mi pregunta: ¿Si Scioli aplicó estas políticas de violación a los derechos humanos siendo solo Gobernador y teniendo un Poder Ejecutivo por encima de él y supuestamente sosteniendo otras políticas, por qué razón cambiará de políticas si llegará a Presidente?
¿No habrá que buscar en este cambio de paradigma en el uso de las fuerzas policiales y en la búsqueda de relegitimación de las Fuerzas Armadas la razón del acuerdo que coloca a Scioli en la carrera presidencial bendecido por una fuerza que se jacta de su compromiso con los derechos humanos?
La Comisión Provincial afirma que “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”
O dicho de otro modo, se puede mantener la tensión entre la coexistencia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia para el pasado con un ataque masivo y sistemático a los derechos humanos de los ciudadanos pobres del presente. Pero no por mucho tiempo. O al menos, no por todo el tiempo.
El avance de Scioli hacia la Casa Rosada pondrá este dilema teórico en el terreno donde se resuelven los enigmas de este tipo que no es otro que el de la lucha de clases y allí cada quien dirá de que lado está de la cuestión: si de los torturadores o de los torturados. Todo lo demás serán palabras sin importancia.03_29b_calonso_gr

En defensa del derecho de vivienda. Una acción jurídica concreta para aportar a la lucha contra el desalojo de Anabella Martínez y su hija en La Matanza


Conocimos a Anabella en la lucha contra la imp unidad del crimen de Luciano  Arruga.  Ella integra la Asociación de Amigos y Familiares de Luciano Arruga  y está amenazada de ser desalojada a pesar de que hace casi 20 años paga los impuestos de la vivienda que mora y hoy pretende ser subastada como si no hubiera historia y todo fuera mercancía.   Para Anabella y para nosotros, no todo se vende y no todo se compra.

Por ella presentamos este Amicus Curiae que fundamenta el derecho a la vivienda de todas y todos.

SE PRESENTA COMO AMICUS CURIAE.

Señor Juez:

JOSÉ ERNESTO SCHULMAN, Secretario General de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, asociación civil defensora de las DD.HH., creada el 20 de diciembre de 1937, con domicilio legal en la Avenida Corrientes 1785, piso 2ª, oficina C, CABA, en la causa caratulada “GENNONI EDUARDO HECTOR C/ LUJAN ROSA ESTER S/ EJECUCION DE HONORARIOS” Exp. 1853, a V.S. muy respetuosamente digo que:

Vengo a presentarme como Amicus Curiae en defensa del derecho a la vivienda digna de Martínez Anabella Luz Celeste y su grupo familiar compuesto por su hija Luz Quimey Acosta Martínez y su madre Rosa Córdoba Liliana, en virtud de los fundamentos de derecho que pasaré a señalar.

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
a) EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A LA VIVIENDA:
La normativa constitucional e internacional sobre el derecho a una vivienda digna, combinada con el derecho a la defensa en juicio de los derechos, hacen necesario atender a la situación de las personas demandadas a fin de garantizar plenamente que sean oídas en sus reclamos.
El Estado argentino tiene obligaciones precisas y concretas con respecto al derecho a una vivienda digna, previstas en el ordenamiento jurídico interno tanto como en el internacional.
En este sentido, la Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, reconoce expresamente este derecho, según expresa Bidart Campos, “el derecho de los individuos a una vivienda digna va más allá en su carácter programático, porque obliga al estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él” (Bidart Campos, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1989, Pág. 437).
El Estado argentino, al ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otorgarle jerarquía constitucional, se comprometió a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales mencionados en este instrumento. El párrafo 1 del artículo 11 del citado Pacto, en relación con el derecho a la vivienda, establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua en las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada también a nuestra Constitución Nacional según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, expresa en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias de su voluntad”.
Análogamente, reconocen el derecho a una vivienda digna la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, todos ellos incorporados asimismo a la Constitución Nacional.
Todos los tratados de derechos humanos universales y regionales, generales y particulares, tienen modalidades de control. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales posee un sistema de informes periódicos que encuentra sustento en la obligación de los Estados Partes de garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Este sistema permite la revisión de la legislación en vigor para adecuarla a los compromisos asumidos en los tratados y facilita el conocimiento de la práctica toda vez que el informe no consiste únicamente en la narración de la situación legal vigente sino que debe manifestar una relación y coherencia entre ésta y la realidad (Pinto, Mónica, “Temas de derechos humanos”, Editores del Puerto SRL, 1997, págs. 126 y 127).
El confronte de estas informaciones permite una evaluación por el órgano de aplicación del Pacto, el Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.
De este modo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados es criticado por el Comité a través del mencionado mecanismo de control.
En relación con el derecho a una vivienda adecuada, el Comité, en sus observaciones sobre los informes de algunos Estado partes, ha señalado que los Estados en cuestión “violaban el derecho a una vivienda adecuada porque recurrían a la práctica de los desalojos forzados” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nro. 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, adoptada el 12 de diciembre de 1991).
Corresponde destacar que las opciones del Comité constituyen una interpretación de las normas de derechos humanos que los Estados no pueden ignorar sin consecuencias, ya que ellas son, por lo menos, una interpretación de un órgano internacional que tiene como función controlar la conducta de los Estados respecto del cumplimiento de las normas emanadas del tratado que lo establece (Medina Quiroga, Cecilia, “Sistema Jurídico y Derechos Humanos, El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos”, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, publicación Nº 6, pág. 34).
Por otra parte, la jurisprudencia establecida por el Comité es vinculante para los tribunales internos. Con relación a este punto, en nuestro país la Corte Suprema de Justicia de la nación ha sostenido “que la ya recordada jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (art. 75 , inc. 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana” (considerando 11, “Ekmedjian, Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros”, 7 de julio de 1992).
Las normas del derecho internacional de los derechos humanos están formuladas de tal manera que permiten su progreso constante y su adaptación a las circunstancias históricas de tiempo y espacio en que se apliquen (Molina Quiroga, Cecilia, op. cit., pág. 27). En consecuencia, los pactos internacionales deben ser interpretados por los tribunales internos teniendo en cuenta su aplicación por órganos internacionales.
En la Observación General Nº 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, el Comité determina los aspectos del derecho a una vivienda digna y dispone que este derecho “no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza (…) debe considerarse más bien como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones, en primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, la dignidad inherente a la persona humana, de la que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho de vivienda se debe garantizar a todas las personas, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en el sentido de vivienda a secas sino de vivienda adecuada. Como ha reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000: El concepto de “vivienda adecuada” (…) significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.”
Más allá de exponer y desarrollar el concepto de vivienda “adecuada”, el Comité hizo hincapié además en la seguridad jurídica de la tenencia, como un aspecto que debe considerarse en forma independiente de los factores sociales, económicos, culturales y de otra índole que determinan el contexto. De esta manera, estableció que “Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad en la tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y los grupos afectados.”
b) RECURSOS PARA DEFENDER EL DERECHO A LA VIVIENDA:
En referencia a los recursos jurídicos que dentro de la jurisdicción interna deben garantizar la protección del derecho a la vivienda, el mencionado Comité establece que las personas afectadas tendrán derecho a apelaciones jurídicas destinadas a evitar lanzamientos planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales; a reclamar contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públicos o privados) en relación a los niveles de alquiler, mantenimiento en la vivienda; y a denunciar cualquier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda.
Una mención especial merece el Informe de la Secretaría General de la ONU en el 49º Período de Sesiones (E/CN4/Sub.2) 1997/7 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico Social del mismo organismo. En relación con los recursos jurídicos, su Anexo V incluye una fórmula más amplia y extensiva de la tutela y garantía del derecho a la vivienda.
Así establece expresamente el derecho a ser oído, base esencial del derecho de defensa, y precisa la posibilidad que tienen los afectados de expresar las circunstancias de interés necesarias para evitar la vulneración de sus derechos.
c) RESPONSABILIDAD ESTATAL FRENTE A LOS TRATADOS
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados prescribe en su artículo 31.1 que “todo tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya que atribuirle a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, mientras que el mismo artículo, en el inciso 2, punto c, establece además que “Para los efectos de la interpretación de un tratado” se tendrá en cuenta “toda norma pertinente de derecho internacional”. Por lo tanto, las reglas de un tratado o convención deben interpretarse en relación con otras disposiciones del derecho internacional que versen sobre la misma materia.
En este sentido, para analizar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos, se debe tener en consideración lo dispuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 4, ya que aclara el alcance de la obligación fundamental consagrada en los correspondientes instrumentos internacionales.
Asimismo, a la luz del principio “pro homine”, cuando se trata de determinar el alcance de los derechos protegidos debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva. Este principio fue expuesto en la Opinión Consultiva OC 8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, existe una complementariedad entre todos los instrumentos internacionales a los efectos de ser entendidos como una unidad y se debe seleccionar de ese plexo normativo la norma más favorable a la persona o los grupos afectados.
Dado que el Estado argentino está compuesto por los tres poderes y por cada uno de los Estados locales, es indudable que el Poder Judicial de la Nación, en caso de incurrir en una violación de esta normativa internacional, haría responsable internacionalmente al Estado argentino por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
d) EMERGENCIA HABITACIONAL, DERECHOS DEL NIÑO Y NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Este caso se encuentra enmarcado en una situación social grave y delicada, pues, como es público y notorio, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense existe un gravísimo déficit habitacional, que obliga a las personas carentes de propiedades inmuebles a vivir situaciones de gran vulnerabilidad social.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre defiende el derecho a acceder a una vivienda digna, reconocido por el art. 14 bis de la Constitución de la Nación, reconocido asimismo por tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75, inciso 22, de la C.N.
Dadas las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y el principio indiscutible de que el derecho a la vivienda está incluido dentro de los Derechos Humanos, la ejecución de un desalojo forzoso implicaría una grave violación de los Derechos Humanos de las personas desplazadas, impropia de un régimen republicano y democrático.
Esa grave violación se profundiza por la presencia de una niña de tres años en el inmueble a desalojar, lo cual torna aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente los arts. 4 y 27 puntos 1 y 3.
No puedo dejar de señalar que la jerarquía superior de los derechos constitucionales y de los instrumentos internacionales que regulan los DD.HH. ha sido expresamente señalada en el art. 1 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que recuerda la obligación de interpretar las normas legales de acuerdo con las de jerarquía supralegal.

PETITORIO
Por lo expuesto, a V.S. muy respetuosamente solicito que:
A fin de evitar al Estado argentino responsabilidad internacional, tome las medidas necesarias para garantizar (antes de su lanzamiento) una vivienda digna a las personas que serán desalojadas.
Tener presente y proveer de conformidad que
SERÁ JUSTICIA

Las palabras y los hechos. El acuerdo firmado con Israel de asistencia militar fortalece al sector más duro de la ultraderecha sionista que ocupa Palestina y agravia todos los derechos humanos en Gaza y Cisjordania


“La única verdad es la realidad”
Juan Domingo Perón

Según informa la Pagina oficial de la Presidencia de la Argentina (http://prensa.argentina.ar/2015/06/26/59083-rossi-firmo-convenio-con-israel-para-modernizar-74-tanques-del-ejercito-argentino.php) el 26 de junio pasado el Ministro Rossi firmó una acuerdo de colaboración militar con Israel.
En palabras del Ministro, candidato a diputado al Parlasur en las listas del Frente Para la Victoria: “Es un fuerte impulso para la industria de la defensa argentina y significa una inversión de 111 millones de dólares”, afirmó Rossi tras la rúbrica en el salón Belgrano del Edificio Libertador. Asimismo, destacó el acuerdo mediante “el mecanismo de compensación industrial denominado offset que permite concretar proyectos productivos con transferencia de tecnología” al tiempo que “implica abrir mercados para la industria de la defensa”. Además, el titular de la cartera explicó que “hoy concluimos una tarea de seis años que se inició en la gestión de la ministra (Nilda) Garré. Fue un trabajo técnico intenso entre la cartera de Defensa, con la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, el Ejército Argentino y nuestros pares israelíes”.
En la misma pagina se consignan las declaraciones de Mishel Ben Baruch “Es un paso sumamente importante, no sólo por el proyecto sino por las excelentes relaciones entre ambos países”, indicó, y completó: “Es el comienzo de una excelente amistad entre ambos Ministerios y deseo que todo se desarrolle de la forma más exitosa posible”.
Baruch es nada menos que Director del Departamento de Asistencia Exterior y Exportaciones del Ministerio de Defensa del Estado de Israel que como casi todos saben recibe la principal ayuda militar de los EE.UU. en la región conocida en Occidente como Medio Oriente y posee una de las industrias militares más complejas, integradas y desarrolladas del mundo con destacado desarrollo en todo lo que sea tecnología de espionaje y sabotaje con la que han asistido a todas las dictaduras militares del Cono Sur en los 70 / 80 y hoy juegan un rol fundamental en sostener la guerra contra el pueblo de Colombia.
Hasta aquí la información casi pura.
Formulemos algunas preguntas para el Señor Ministro que gusta posar de “progresista” y hasta reparte, como si fueran objetos de adorno, volúmenes de las actas de la Junta Militar “encontradas” cuarenta años después en un sótano de dependencias militares aunque cuando la Justicia le pidió información sobre el hijo de Nora Cortiñas, adujo no tener información alguna sobre los desaparecidos.
• Descartada la doctrina de seguridad nacional, ¿en que marco doctrinario se inserta la estrategia de colaboración con la Industria Militar de un país ocupante de territorios palestinos desde hace décadas, de un modo tan brutal que no son pocos los ámbitos internacionales que han condenado dicha ocupación como un nuevo Apartheid (al tipo de Sudáfrica) e incluso un Genocidio silencioso en tiempo presente?
• ¿Por qué razón nunca se retomaron los debates sobre una nueva doctrina de seguridad nacional para la región que había comenzado la administración Garré y luego sepultara Puriccelli?
• ¿Ignora el Señor Ministro que en todo el mundo se desarrolla una campaña por el Boicot Comercial a Israel, con importante éxito en Europa, tal como en su momento se realizó contra el gobierno del Apartheid Sudafricano y la militancia exiliada de la Argentina en los 70 propiciaba contra Videla? (más información sobre la Campaña y sobre los acuerdos fallidos de Scioli con Mekorot en la web http://stopthewall.org/es)49495
• ¿El acuerdo de colaboración suscripto, incluye el intercambio de información y provisión de materiales estratégicos para el arma de Inteligencia, tan valorizada durante la gestión Milani al cual el Ministro defendió a capa y espada con el discurso de la derecha argentina de que los familiares de los desaparecidos mienten y es la “Justicia” (la misma que el Señor Ministro descalifica cada vez que sus fallos afectan al gobierno nacional o a alguno de sus integrantes) quien debe decidir si Milani participó o no en el secuestro de Agapito Ledo?
• ¿Cómo es que durante seis años se desarrollaron conversaciones con el Ministerio de Defensa de Israel sin que haya habido oportunidad para el movimiento popular de opinar sobre el tema y que se haya concretado la firma del acuerdo justo cuando en apariencias el gobierno de Argentina y el de Israel estaban enfrentados por las repercusiones del caso Nisman? Los acuerdos estratégicos con la derecha israelí son más fuertes que cualquier diferencia coyuntural de menor importancia o Business are Business si me permite tres palabras en ingles que no se hebreo (algo de idish aprendí de niño pero casi lo olvide)
• ¿O es que el acuerdo con el Ministerio de Defensa de Israel actúa como compensación al fallido acuerdo de Scioli con la Mekorot Tahal Group en el 2012 (la empresa israelí estatal de aguas que usurpa el agua de los palestinos y los condena a la sed y la sequía de sus plantaciones), acuerdo frustrado por la movilización popular contra la penetración del capital sionista (que sostiene y se beneficia de la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina) en la provincia de Buenos Aires?

Esperamos respuestas.

El asesinato de Darío y Maxi : la fundación del capitalismo sojero


José Ernesto Schulman:

A pocos días de un nuevo aniversario del asesinato de Maxi y Darío releí y actualicé un texto en su homenaje de hace unos diez años pero vigente, en mi opinión

Originalmente publicado en Crónicas del Nuevo Siglo:

En junio del 2002, el gobierno justicialista encabezado por Duhalde tomaba una apuesta fuerte: se decidía a producir una masacre que cortara el ciclo de luchas que había implosionado en diciembre 2001 y que no podía poner en caja con clientelismo político y represión acotada.   Haciendo memoria de su historia de dominación, pensaba que una buena paliza, que doliera de verás, quebraría el frente social simbolizado en el “piquetes/cacerolas, la luchaes una sola” y reduciría el activismo nucleado en asambleas populares y movimientos piqueteros.

Esa apuesta, como se sabe, fracasó rotundamente.  La represión no quebró la voluntad de lucha de la militancia y despertó resabios de aquello que alguna vez se llamó “reservas democráticas” en las capas medias o compromiso con el Nunca Más de la sociedad; pero a contrapelo de la euforia izquierdista de entonces (¿se acuerdan de la “situación revolucionaria” del P.O., el “poder asambleario” de…

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El tiro de la largada…crónica ficcionada de un testimonio sobre la ESMA


Adriana entró al Club junto con el grupo de chicas que viajaron juntas. En el camino, mirando por la ventanilla todo el tiempo, algo menos que un recuerdo se le cruzó una y otra vez pero no lo pudo atrapar.
Solo el final, de lo que podría ser una película, se le pegaba a los ojos por dentro: ella iba con su mamá y su papá hasta que tres hombres comenzaban a correr y la escena se quedaba sin luz. Se apagaban los focos y ella no podía ver lo que pasaba.
Romina le agarró del brazo para sacarla de su cielo y riendo le dijo que ya habían llegado, que había que despertar para correr como nunca y ganarles a esas copetudas del Regatas Santa Fe.

En el vestuario se puso la malla, lamentó haberle dicho que no a la abuela, que había pedido viajar con ellas. y junto con las otras chicas se fueron para la zona de piletas. Era muy lindo todo porque, aunque bajo techo y con una pared de por medio, el Paraná se sentía cerca con sus pájaros y sonidos tan distintos a los de su ciudad. La carrera de ella era la tercera y cuando le tocó el turno se acomodó en el punto de partida marcado con un dos y se concentró en la largada. Ya llevaba como tres años de aprendizajes y preparación física así que sabía perfectamente que el momento de la largada definía la carrera. En su nivel casi inicial, dos o tres milésimas de segundo de más o de menos podían marcar la diferencia, de un modo irreversible. Prestó mucha atención al grito de a sus marcas, escuchó el silencio de la breve pausa con todos los músculos en tensión y puso sus manos en la dirección correcta dejándose caer unos segundos antes que desde la cabina se dispare el tiro de largada.

Y voló.
Pero no aterrizó en el agua de la pileta sino en el banco del vestuario.
Eduardo, el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mar del Plata, que le había enseñado cada movimiento de sus brazos y piernas para poder deslizarse por el agua como si fuera un delfín, la tenía en su regazo y la miraba con temor cuando ella abrió los ojos.
Le contaron entre todas que no había corrido, que no había nadado por que cuando sonó el tiro de la largada se quedó congelada en el punto de partida mientras todas las otras chicas quebraban el agua con sus manos y comenzaban a bracear tan rápido que pocos repararon en que ella se había quedado como una estatua humana de esas que le gustaba ver cuando recorrían San Telmo con la abuela.

La semana siguiente fue en Córdoba y la otra en Caseros, y en todas las largadas pasaba lo mismo. Fue en Necochea que a Eduardo se le ocurrió pedir un pequeño cambio en la rutina, que se dejen los disparos por un rato y se use la vieja banderita roja y verde, y como si nada hubiera ocurrido antes, ella se subió al borde, estiró los brazos, aguzó la vista y cuando vio subir y bajar la roja y verde se zambulló como todas y como todas estiró los dedos tratando de agarrar el agua una y otra vez hasta que contó las cuatro vueltas que duraba la carrera. Tercera salió, pero todas festejaron más que un campeonato nacional.
Había vuelto a nadar y competir, pero nadie le pudo explicar por qué el tiro del arranque la paralizaba como si fuera una veterana de guerra.

¿Pero de què guerra?, le preguntó Susana, la psicóloga que la atendía desde hacía dos años. Y ella no supo que contestar. Volvió a visitar a su abuela y a preguntarle donde estaban su papá y su mamá, que no le conformaba esa vaga explicación que le habían dado cuando niña, que quería toda la historia y toda la historia le dieron.
La abuela se puso el abrigo, le agarró del brazo y se fueron juntas para Buenos Aires. En Retiro se subieron al tren y bajaron por la Avda. Libertador muy cerca de la General Paz, donde la ciudad cambia de nombre y la abuela comenzó a contarle la historia.

Mirá, le dijo señalando al otro lado de la General Paz; cuando tus padres vivían allí (y con el dedo fue dibujando los rostros y las casitas que ya no se veían) trabajaban miles y miles de hombres y mujeres que llevaban siglos de trabajar como esclavos y vivir como animales. Por allí había textiles y fábricas metalúrgicas, y escuelas, y villas miserias que por más de veinte años venían luchando para que vuelva el General y para que se vayan los generales.
Y tu papá y tu mamá se pusieron esa camiseta. Pudieron elegir y eligieron. Eligieron ser parte de ese pueblo que sufría y que luchaba. No lo olvides nunca, aunque casi todos ellos lo olvidaron, tu debes saber que tus padres eligieron ser pueblo y no de los que mandan.
Y mirá para ese otro lado, dijo virando el cuerpo hacia la derecha y señalando un largo murallón gris que protegía un grupo de edificios de tejas rojas y blancas paredes. Allí, estudiaban los que habían elegido ser parte de los que mandan y los que viven del pueblo. Le dicen Escuela de Mecánica de la Armada pero es mentira, allí se enseña a cagar la gente. A golpearla si lucha y a hacerle mucho más daño si son valientes y eligen bien como tu papá y tu mamá y diciendo esto sacó una bolsa de tela de la vieja mochila de lana, ese que le había dicho que su mamá le había tejido para ella.

Del bolso sacó un papel casi amarillo, escrito a maquina, y con correcciones hechas a mano con una birome roja. Por esto lo mataron a tu papá y la secuestraron a mi hija. Es la renuncia de tu papá al Congreso de la Nación, o sea, que quiso decir que seguía amando al pueblo y no se vendía como todos los otros. Toma, léelo vos misma, ya estás grande para entender por qué lo hizo.
Y Adriana empezó a leer lo que su papá decía de los niños sin escuela y de los obreros sin trabajo y de los que perseguían a los que defendían todo lo que ella había aprendido que era bueno con su abuela: la solidaridad, la amistad, la generosidad con los que no tienen nada o casi nada. Pero tropezó en una baldosa rota y el papel se le voló de las manos y en el momento en que sus ojos seguían las olas que el papel dibujaba en el aire, empezó a ver a su mamá y su papá que llevaban una nena del brazo y que tres hombres, los mismos de la película que tenía detrás de los ojos, se acercaban corriendo pero la luz no se apagaba y su papá caía sangrando y los hombres armados con rifles con el cañon recortado la embolsaban a su mamá como si fuera un kilo de papas y se la llevaban.

La abuela, la tomó de la mano, mientras que con la otra atrapaba la renuncia al Congreso del Diputado compañero del pueblo, solo para que ella le dijera que ya se acordaba todo; que podía escuchar el tiro de la largada como en la pileta y que hasta podía escuchar a la nena de la película, ahora iluminada, correr a los brazos de la abuela para decir llorando que su papá estaba morido morido por los muchos tiros que le salían de la camiseta y el saco.

Morido morido no, dijo la abuela que ya vas a ver cuando mostremos la carta cuantos de los de aquel lado se cruzan la avenida para ocupar su lugar.
Eso, dijo Adriana, solo hace falta que vean la carta y que sepan que nos mataron por ellos, o sea, para seguir viviendo por siempre.esma_6

A los sesenta y tres


 

doscompañerasdeverdadpara Mariana,

Javier y Ernesto

A los sesenta y tres ,
escribí siete libros y tengo tres hijos
pero no planté árbol alguno
y mi Paco gato se comió
a ultima albahaca que sembré en la ventana.

A los sesenta y tres,
dos veces me secuestraron
y tres me gatillaron en la sien
pero otros murieron por mi,
sin mi permiso
y daría lo que soy
por saber sus nombres.

 

A los sesenta y tres
casi no sueño, aunque de vez en vez,
Alicia cae
por los pasillos de la Cuarta
para que no olvide
que casi siempre duermo solo.

 

A los sesenta y tres ,
he amado mas mujeres que las que me amaron.
pero bien me amaron las que si.

A los sesenta y tres ,
tengo los pies muertos por una cirugía.
pero así como me ven,
he pisado las calles de Sevilla y Bogotá
y subido las pirámides de Teotihuacán.

 

A los sesenta y tres,
ya no creo en los vientos de la historia
pero si en la voluntad humana
y sigo pensando que solo el comunismo
redimirá las penas del hombre

 

A los sesenta y tres,
prometo solemnemente
que jamás volveré a respetar ninguna ortodoxia
en la política o el amor.

 

A los sesenta y tres,
no tengo otra bandera que aquella roja
que flameaba orgullosa en las calles santafecinas
cuando tire mi primera piedra
y me plante en lo que soy y sigo siendo

 a los sesenta y tres.

Borges sobre Luciano Arruga. Los 20 pesos que la Bonaerense le robó a Luciano y la dignidad que los dominadores jamás conocerán. Breve crónica sobre el testimonio de Vanesa Orieta y una hipótesis sobre la tortura.


Nuestro Borges, “nuestro” más allá de sus cegueras políticas que sus poemas valen más que eso, escribió en uno de sus poemas de reflexión/fantasía histórica textualmente: “Yo sé (todos saben) que la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece, pero también se imaginar que ese juego…descubrirá algún día el arte divino de destejer el tiempo o, como dijo Pietro Damiano, de modificar el pasado” (1)
Y yo elijo partir de esa doble reflexión poética para pensar la lección de dignidad que Vanesa Orieta nos dio a todas y todos los que luchamos por la humanidad de los seres, que sería un buen modo de renombrar la lucha por los derechos humanos para limpiarla de tantas incrustaciones oportunistas que ha sufrido en estos años.
Porque Vanesa habló de la dignidad de los naides, de cómo la familia de Luciano lo sostiene en su decisión de no aceptar el “empleo” que la Bonaerense le propone (pasar a robar para ellos en “territorios liberados”) a pesar de la pobreza extrema que sufre en aquellos años (entre el 2005 y el 2008, supuestos años de oro de la “década”) al llegar al nuevo barrio y alojarse en una casita de tres por uno donde solo entraban dos cuchetas para toda la familia. Vanesa nos habló con tanta ternura y admiración de su hermano que uno lo puede imaginar con sus dientes grandes y sus ojos enormes, arrastrando el carrito cartonero o trabajando en la fundición donde ella le consigue un trabajo al que él acude disciplinadamente. De por qué su hermano creció rápido al tener que asumir el rol del “varón” familiar al borrarse el padre biológico y dejar a todos en la más rigurosa intemperie. E igual que su mamá Mónica, mostró su dolor y su culpa por haber puesto en duda el relato de Luciano duda que le dolió a él casi más que las patadas y golpes que los policías le aplicaban donde quiera le encontraban por el barrio que no eran ellos gente de aceptar una negativa como la que Luciano les había dado. Y de los veinte pesos.
En la noche del día que estuvo preso y sometido a las torturas que ya se han descripto más de una vez, Vanesa convence a su hermano de ir al hospital a revisarse y conseguir un certificado para una futura denuncia (que nunca concretarían espantados de las consecuencias que eso traería para toda la familia ante la vista del carácter institucional del accionar de Torales). El caso es que luego de conseguir que lo revisen, se preguntan el uno al otro si tienen para el colectivo y Luciano le cuenta que los últimos veinte pesos que tenía se los robaron en la comisaría y los dos se largan a reír como los niños que casi son. Lo habían detenido por ladrón, por ladrón le habían pegado y maltratado durante unas nueve horas en la cocina de un destacamento donde había entrado esposado para luego sufrir toda clase de humillaciones hasta la de tener que comerse un sándwiches que previamente habían escupido los policías, valientes como Astiz en Malvinas. Por ladrón, le dijo Torales a Vanesa cuando ella le preguntó por qué estaba preso su hermano. Y resultaba que los únicos ladrones, y no de manera paradójica sino literal, eran los policías Torales y sus secuaces.
Los “vencedores” en la dura lucha por la supervivencia de los pobres; los que habían optado por subirse al carro de los vencedores, conchabarse en el aparato del Estado que es el lugar del PODER real, el de los que vienen venciendo desde que los españoles llegaron a estas tierras y asesinaron a los primeros perdedores, nuestros originarios.
Para Torales claro que el Negrito Luciano Arruga era un perdedor. Dieciséis años tenía Luciano y ya trabajaba en los empleos peor renumerados y ni ducha tenía en su casa que tenía que ir a lo de su hermana para pegarse una ducha antes de salir con sus amigos. Por eso lo de Borges “la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”.
La de Luciano es la dignidad del Negrito Avellaneda escupiendo a sus torturadores cuando le preguntan donde encontrar a su papá Floreal fugado de la represión (que tenían la misma edad, niños florecidos por la tortura)
Y me gusta imaginar que los mismos sueños. Mónica nos había contado de sus sueños de estudiar y tener un trabajo bien pago, de viajar y de cuida a la abuela.
Yo se que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, digo que la generación victimizada por Videla había vivido una experiencia colectiva que la había llevado a la militancia política directa, pero no tengo ahora dudas que el sueño del buen vivir es el mismo y que la pared se levanta frente a ese sueño eterno de ser libres y felices, tiene distintos nombres y rostros pero es siempre el mismo, ese que Vanesa ha denunciado en tantos encuentros, y no es otro que el capitalismo.
He escrito decenas de artículos proponiendo la tesis de que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos y que por deducción lógica directa, es el pos capitalismo, que a mi me gusta seguir convocando con el viejo y noble nombre de Socialismo el modo más rápido y sencillo de conquistarlos.   El analisis más sencillo del caso Arruga, las declaraciones de Mónica y Vanesa, pero también el accionar injurioso de los defensores del Policía y la evidente incomprensión del mundo de Luciano de los jueces confirman sin lugar a dudas que la hipótesis es certera. Por lo que me animo a avanzar con otra más sencilla: el que quiera terminar con la tortura y el gatillo fácil tendrá que luchar por el socialismo.  Llevamos más de treinta años sufriendo la continuidad de la lógica y la cultura represora en las fuerzas del Estado que portan armas, es hora de despertar de la ingenua ilusión de que no habrá más Torales si hacemos bien los deberes democráticos de darles “charlas” y “cursos de derechos humanos”. Torales es tan indispensable al capitalismo argentino como el Ingeniero Blaquier del Ingenio Ledesma, y para terminar con ellos definitivamente hay que terminar con el sistema que los genera hora a hora. Por su naturaleza injusta, explotadora, discriminadora y asesina.

(1) Jorge Luis Borges na21fo01, del libro La Cifra de 1981.

Comenzó el juicio por las torturas sufridas por Luciano Arruga: la confirmación del Terrorismo de Estado por otros medios


luciano

Por la mañana, en la sede de la Unión Industrial del Partido de La Matanza, en la localidad de San Justo, a unas treinta cuadras del lugar donde Luciano fue torturado en setiembre del 2008, comenzó el juicio oral contra uno solo de los Policías que pretendieron “conchabarlo” como “ladrón con permiso” y que ante la firme negativa de Luciano, lo capturaron y torturaron salvajemente primero y luego, unos meses después –ahora sabemos- lo volvieron a secuestrar y lo asesinaron “desapareciendo” su cadáver hasta el pasado 17 de octubre de 2014.

Para su familia y los organismos de derecho humanos que acompañaron su reclamo, nunca hubo dudas que “a Luciano lo mató la Policía” en un episodio inscripto en una secuencia más larga y más amplia que algunos llaman “violencia institucional”, otros “gatillo fácil” y que constituye una práctica terrorista desplegada desde el Estado como tal, es decir como el conjunto de organizaciones, instituciones, creencias y hegemonías que perpetúan la dominación en la Argentina.

Lastima que los que no comparten esta mirada no se dieron la chance de escuchar la audiencia oral de hoy donde podrían haber obtenido información incontrastable sobre esta verdad de Perogrullo. Veamos rápidamente.

La defensa pública del Policía (debería decir de la Policía, institución, o sea la Bonaerense) presentó su hipótesis de defensa alegando que el Oficial Torturador (no pienso dar nombre a esa rata porque escondería a los miles que hacen lo mismo, ahora mismo) es un preso político, víctima de un complot entre los organismos de derechos humanos y los gobiernos nacional y provincial que han presionado a la Justicia para hacer de un caso vacío de pruebas un juicio oral. Igualito que los defensores públicos de los genocidas. El Estado Democrático de nuestros días acusando al Estado Democrático de inventar crímenes de Estado del mismo Estado que nació torturando guaranies y criollos para no dejar de asesinar, si era necesario, para salvar la base económica y social del Estado verdadero, que de democrático, el nombre.

En el testimonio de la mamá de Luciano, verdadera Madre Coraje que soportó todos estos años la angustia de no saber nada de él y que hoy enfrentó por vez primera un Tribunal Oral que la ninguneó todo el tiempo y que ni siquiera entendía que su profesión es ser artesana, se demostraron todo los elementos del Plan de Exterminio y los sueños de la niñez masacrada en estos años.

Dijo Mónica que todo comenzó cuando Luciano rechazó la oferta de trabajo que le había hecho la Policía, o sea pasar a robar para ellos; digo, que Luciano renuncie a su empleo en una fundición para pasar a ser un desocupado ocupado en robar para la Gorra. Y mostró luego la impunidad asquerosa de quienes lo detenían para pegarle y le armaban causas falsas, como la de setiembre del 2008 (un MP4 y un celular habría sido el botín del robo supuesto, que nunca mostraron ni apareció en las pruebas) y que llegaron al colmo de amenazarlo delante de ella cuando finalmente, luego de nueve horas de una detención ilegal de un menor, incomunicado y sometido a todo tipo de torturas físicas y psíquicas. Mónica, razonablemente, trató de que Luciano no señalara a sus torturadores en el momento de entregarlo a su madre, lo que produjo un gran enojo en Luciano (“no me crees a mi, le crees a la Policía” le grita asombrado y dolido), enojo que todavía le produce a Mónica una culpa inconmensurable, irreparable que se agranda por la incomprensión del último pedido de Luciano.

Contó Mónica que tiempo después de aquel nefasto día de torturas, Luciano le dijo que si se iba, le pusiera su camiseta de River. Adonde vas a ir, le preguntó Mónica sin comprender. Luciano volvió a enojarse, “las madres nunca entienden nada”; te digo que me voy a ir antes que vos y que quiero que la cuides a la Vane que es mi vida y que te cuides para cuidar a mis hermanitos, le respondió Luciano para dar a la última reflexión de su mamá en el juicio.
Ya no tenía sueños. Atrás había quedado su sueño de viajar a las Cataratas de Iguazú, conseguir un empleo seguro y bien pago, estudiar y formar su familia.

Por ese sueño lo mataron; porque si a la generación del Cordobazo la victimizaron por su sueño de Patria y Socialismo, a Luciano y sus pares, los matan porque el capitalismo argentino no tiene lugar para niños pobres que no quieran ser “soldaditos” de la Bonaerense o de los Narcos, que vendría a ser más o menos lo mismo, para no decir igual.

Porque para que ese sueño fructificará tiene que desaparecer la Bonaerense y la tortura, y a “tanto” no está dispuesto ninguna fracción de la burguesía argentina. Ni la más derechista, machista, elitista y brutal, digamos Macri, Massa o Scioli; ni la más progresista que nos ha gobernado estos años y que no tiene grandes dudas en enjuiciar a los asesinos de la Esma pero que hoy faltó a la cita en el Juicio por los crímenes de la Bonaerense. Una lastima, seguro que se podría aprender mucho más de la Argentina real de estos años escuchando a Mónica, a Vanesa y al propio torturador de la Policía que en tantos y tantos actos de nostalgia que no logra contactar con los miles de Lucianos y Vanesas que han crecido entre nosotros y que encarnan, sin lugar a dudas, a los treintamil y la heroica lucha por Verdad, Memoria y Justicia. Toda la verdad, toda la memoria y toda la Justicia. También la de Luciano, carajo

Murió impune Alcídes López Aufranc.


Murió impune Alcides López Aufranc, el General que reprimió el Cordobazo, introdujo la “Escuela Francesa” de Guerra Antisubversiva probada en Argelia y que sucedió a Martínez de Hoz en la presidencia de Acindar. Concentraba en su trayectoria personal todas las perversiones de los represores genocidas y todo el cinismo de los empresarios enriquecidos con la tortura. A pesar de ello nunca fue judicializado ni siquiera amonestado por su publica y orgullosa defensa del Terrorismo de Estado. Falleció el 26 de abril del 2015, día de la euforia derechista en Buenos Aires y su impunidad tiene nombres y apellidos: Oyarbide en Buenos Aires y Bailaque en Rosario.

Así como hay fechas que contienen los más diversos acontecimientos históricos (por ejemplo el 22 de agosto donde viven el recuerdo del renunciamiento de Evita (1953), con el secuestro de Tito Messiez en Rosario (1977) y los fusilamientos de Trelew (1972) junto a la ejecución de Sacco y Vanzetti (1927)), hay personajes que condensan en sí mismos casi toda la pluralidad del sujeto social que ostenta el Poder Real en nuestro país, desde la Conquista Imperial Española pasando por la Republica Conservadora, el Peronismo en todas sus versiones, las dictaduras militares y los gobiernos civiles.

Un conglomerado de militares, empresarios, curas, intelectuales, jueces y otros sujetos que componen el bloque de poder que a veces gobierna sin mediaciones (los gobiernos de Videla o Menem, por ejemplo) y a veces mantiene el Poder a pesar de que en el gobierno haya sectores que buscan distanciarse en uno o más aspectos (Cámpora, Illia, Néstor Kirchner).

Y hay hombres que ostentan en su biografía casi todos los matices y casi todas las funciones de los que ejercen el PODER (así, con mayúsculas para que se perciba que es el real y no el imaginario).

Nacido en 1921, se graduó como Oficial y adhirió al bando de los “azules” en los debates internos posteriores al golpe gorila del 55; las diferencias entre “azules” y “colorados” no eran más que de forma: cuál era el mejor modo de derrotar la subversión comunista que cobraba fuerza en Nuestra América luego del triunfo de la Revolución Cubana. Los “azules” apostaban a un acuerdo con la burocracia sindical y el propio Perón para derrotar el comunismo y la izquierda peronista; los colorados querían hacer tabla rasa con todo. En 1962/63 hubo enfrentamientos hasta armados y en ellos nuestro General adquirió fama de valiente y osado, tanto que se ganó el nombre del Zorro del desierto de Magdalena, aunque nunca disparó un solo tiro de su batallón de tanques. Ganaron los azules y pocos años después los “institucionalistas” del 63 produjeron el golpe de Estado de 1966 que llevo a Onganía al gobierno militar y aceleró los preparativos del Genocidio.

Un poco antes, durante los dos años que arrancan en 1957 había estudiado en París en la Ecole de Guerre todos los secretos de la estrategia francesa de guerra antisubversiva desplegada en Argelia; de allí surgieron las prácticas de ampliar la tortura y dar centralidad a los Servicios de Inteligencia. “En la práctica”, dijo Marie Monique Robin a Página/12 en el 2004, “la llegada de los franceses a la Argentina conllevó a una ampliación masiva de los servicios de inteligencia y de la utilización de la tortura como el arma principal de guerra contra la subversión en el concepto de la guerra moderna”. Los “decretos de aniquilación” firmados por Isabel Perón fueron inspirados en textos en lengua francesa. Durante la guerra de independencia de Argelia, las fuerzas policiales fueron puestas bajo la autoridad del Ejército, y en particular de los paracaidistas, quienes generalizaron las sesiones de interrogatorio, la utilización sistemática de la tortura y las desapariciones.

A pesar de que nunca negó su pasado y aún más lo reivindicó con orgullo en una antológica entrevista grabada en video, nunca fue convocado por Tribunal alguno.

Es que el General Alcides López Aufranc no solo fue militar; en 1976 cuando Alfredo Martínez de Hoz tuvo que dejar el directorio de Acindar para ocuparse de los negocios de toda la clase desde el Ministerio de Economía, lo reemplazo al frente de la empresa que simbolizó como pocas la fusión de Poder Económico y Dictadura. Bajo su presidencia se obtuvieron los créditos para construir la Planta Integrada y liquidar el monopolio de producción de acero a partir de mineral de hierro que tenía Somisa; se absorbieron otras siderurgias como Gurmendi, Santa Rosa y Genaro Grasso, se impuso una disciplina militar al interior de las plantas que liquidó el Convenio Metalúrgico y elevó la productividad por trabajador de manera que en mi libro “Tito Martín, el villazo y la verdadera historia de Acindar” intenté describir del siguiente modo:
“El balance empresarial de 1992 informa a los accionistas la reducción de 2.000 operarios en Villa Constitución (de 3.600 a 2.300) con mantenimiento de los niveles de producción anteriores al conflicto del 91’ y una reducción general de gastos del orden del 10%.  Y aún más, la flexibilización impuesta terminó con el convenio colectivo e impuso la polifuncionalidad de los trabajadores quedando estos a disposición discrecional de la empresa para la tarea, el modo y tiempo de efectuarla que ésta desee abriendo paso a nuevos niveles de superexplotación generando reubicaciones y despidos masivos. Lo que en su momento se disciplinó a fuerza de tanquetas, falcón verde y la gendarmería, ahora se impondría por medio del chantaje más brutal: “aceptación o despido”. Una vez más se adelantaba a su tiempo. Recién en 1995, Menem conseguiría aprobar por el Parlamento la ley de flexibilización laboral para hacer en todos lados lo que Acindar hacía desde el 1991 en sus plantas industriales. Todos estos años, y aún ahora, Acindar ha clamado contra el “costo argentino” al que identifican con el alto costo de su mano de obra. En un trabajo elaborado en 1985  habíamos logrado establecer que en una hora de trabajo, el “obrero promedio” de Acindar producía un valor equivalente a su salario mensual. En 1989 el economista Julián Lemoine publicó en el desaparecido diario Sur un extenso estudio donde logra establecer que al 19 de mayo de 1989 el costo de la mano de obra por tonelada de acero producida es de 16.7 dólares con un salario por hora (incluidas primas, insalubridad, peligrosidad, etc.) de 48 centavos de dólar por hora. Esto significaba que la productividad de ese momento era superior un 7 % a la coreana, un 42 % a la brasileña, un 59 % a la japonesa y un 85 % a la norteamericana y que la estructura de costos de la empresa era la siguiente: Incidencia proporcional de cada rubro en el costo final del producto

Laborales 23, 339 %
Materias Primas Nacionales 21, 089 %
Materias Primas Importadas 15, 455 %
Servicios Públicos 12, 968 %53a61bba007ff_200x125
Costos de producción 3, 682 %
Costos de comercialización 1, 098 %
Amortizaciones 9. 173 %
Financiero 13. 000 %
TOTAL      100. 000 %

En 1988 recibe el premio Konex al mérito en el rubro “ejecutivos de la industria”; y vaya si lo tenía merecido: había logrado incrementar ferozmente los beneficios de la empresa bajo la dictadura y continuarlos con la ayuda del gobierno de Alfonsín.
En el año 2010, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre inició una demanda penal contra el directorio de Acindar por las acciones represivas directas (el Operativo del 20 de marzo de 1975 pactado con Isabel y López Rega y sus consecuencias (ocupación militar de la zona y la empresa casi hasta el final de la dictadura) y por las acciones económicas que hemos descripto brevemente más arriba. Para finales del 2013 conseguimos declarar en la causa y que permitan declarar a un grupo grande de sobrevivientes y estudiosos del accionar de Acindar. En el 2014 pedimos la indagatoria del General Alcides López Aufranc, Arturo Acevedo y otros ejecutivos de la empresa. Parecía que al fin derrotábamos la impunidad de los empresarios pero en el último minuto un juez rosarino de apellido Bailaque abrió una causa a pedido del fiscal rosarino Gonzalo Stara.
Tiempo Argentino lo reflejaba así en su edición del 22/06/2014: Justo cuando el juez federal porteño Norberto Oyarbide se disponía a indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de la empresa Acindar, por el operativo represivo desatado en Villa Constitución en marzo de 1975, su par de Rosario, Marcelo Bailaque, solicitó que la investigación pasara al fuero en Santa Fe. Bailaque planteó la inhibición de Oyarbide para investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra trabajadores metalúrgicos en aquel momento, por entender que esos hechos se produjeron en terreno santafecino, y solo él puede analizarlos. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante, el sorpresivo interés demostrado ahora por el magistrado intenta congelar la causa. Y acaso archivarla para siempre. El pedido de Bailaque, además de inconsistente, es absolutamente extemporáneo, y llega 40 años más tarde. Nunca antes la justicia santafecina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar aquellos reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa. Y es singular que lo haga ahora, antes de que por primera vez varios de sus antiguos directivos sean detenidos.
La maniobra de Bailaque, además, tira un salvavidas al ex general Alcides López Aufranc, sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la Dirección de Acindar cuando el ex ministro de Economía tuvo que dejar el puesto para hacerse cargo de la caja recaudadora de la dictadura. Increíblemente, el genocida Aufranc esquivó distintas denuncias en su contra a lo largo de estas cuatro décadas, gracias a la cintura de sus abogados. Hay otros que también estaban a punto de ser detenidos, y ahora, gracias al juez rosarino, deben estar respirando aliviados. Como Arturo Acevedo, integrante del grupo familiar fundador, y los directivos Pedro Aznárez y Roberto Pellegrini.

En esa nota se mencionaba una carta del General al directorio de Acindar que resultaba prueba contundente de su compromiso con el Plan de Exterminio y de Reconversión capitalista. Juzguen Uds. mismos: “A comienzos de 1976 –arranca el texto–, el país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos político y económico, e inmerso en una violencia que inicialmente fue fomentada y luego se hizo ingobernable.” “A partir del 24 de marzo de 1976 –agrega–, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva.”
Para el genocida, “pese a los inconvenientes señalados”, “es evidente que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente.”      López Aufranc finaliza: “No deseo terminar esta carta a los accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida, y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra querida patria.” «

Declaración de la Liga en el día internacional del preso político


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La lucha por los derechos humanos nació en la Argentina como lucha por la libertad de los presos políticos y contra las normas legales que amparaban dichas violaciones.
Acaso la más conocida es la Ley 4144, redactada por Miguel Cané y bautizada como “ley de residencia” cuya aprobación en 1902 marca lo antiguo de la cuestión. La norma autorizaba a expulsar del país a la persona, generalmente varón mayor y padre de familia, que por su doble condición de inmigrante y resistente al orden capitalista era considerado indeseable. El tramite no necesitaba de juicio y tenía la perversión adicional de dejar su familia abandonada en un país todavía extraño y sin recurso alguno para su mantenimiento.
Su vigencia hasta 1958 marca un récord de extensión en el tiempo, aunque nunca fue única. Ella misma “resucitó” luego del Cordobazo en 1969 como Ley 18.235 con idénticos fines. En 1910 se estableció el Estado de Sitio por los festejos del Centenario y se sancionó otra Ley de “Seguridad Nacional”, la 7.029, y desde entonces, bajo gobiernos constitucionales o dictatoriales (hubo golpe de estado en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) el aparato jurídico represivo fue engordando hasta alcanzar las alturas de la Ley Anticomunista, la 17.401, que directamente penaba el pensar y que por un simple informe de la SIDE los catalogados como comunistas podían sufrir condena de prisión o perder el empleo público. Los trabajadores de empresas privadas que así fueran catalogados por la SIDE no tenían privilegios, eran expulsados por las empresas a pedido de los servicios y con la complacencia de los dirigentes sindicales pro patronales y corruptos. A ese maridaje de tres se lo llamó la “Santísima Trinidad”: gobierno, empresarios y burócratas sindicales unidos en la lucha contra “la subversión comunista”.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre nació de esos combates por la libertad de los presos políticos en 1937, resultado directo de las Comisiones por la Libertad de los presos de la Dictadura instaurada el 6 de setiembre de 1930 y como heredera del Socorro Rojo Internacional que había funcionado en los años 20 del siglo pasado.
Si desde 1902 a 1955 los presos políticos venían de la cultura roja, anarquistas, socialistas y comunistas por sobre todo; desde el Golpe Gorila se suma al colectivo de perseguidos y encarcelados los militantes peronistas de la Resistencia y de los diversos proyectos del Luche y Vuelve que confrontaban con el status quo.
Digamos que hasta 1983 no había grandes discusiones sobre la actitud del movimiento de derechos humano y las fuerzas democráticas hacia los presos políticos. Se defendía a todos, sin importar la camiseta política o el medio de lucha empleado.
En los primeros años de Alfonsín, la herencia de un grupo de presos políticos alargó la coincidencia dado que casi todos nos movilizamos por la libertad de aquellos que habiendo sido capturados por el gobierno de Isabel o la Dictadura, seguían en prisión aún finalizada la dictadura por la supuesta “legalidad” de los tribunales del Terrorismo de Estado.
Aunque hubo otros presos políticos en democracia, la primer discusión grande fue cuando los compañeros del Movimiento Todos por la Patria tomaron un Cuartel, La Tablada en enero de 1989, creyendo de ese modo abortar un golpe de ultra derecha contra el gobierno de Alfonsín. Habían caído en una trampa de los Servicios de Inteligencia y fueron traicionados por el radicalismo en el gobierno que consintió la operación de exterminio que el Ejercito llevó a cabo contra compañeros que ya se habían rendido.
De allí para acá, el movimiento de derechos humanos de la Argentina se divide entre quienes consideran políticos algunos presos y luchamos por su libertad y quienes creen que bajo un gobierno constitucional, todo debe ser discernido por la Justicia y si hay condena, no hay preso político.

Para nosotros no es así. Siempre hemos distinguido entre lo legal y lo legitimo, que no siempre coinciden; y entre las personas apresadas por cometer un ilícito en procura de una mejora personal y los que en el proceso del reclamo contra el Poder en defensa de algún derecho o en protesta contra un atropello a la dignidad humana, son apresados, acusados y hasta condenados.
Ese es el caso del Boli Lescano, militante de tantas causas que estuvo largos años preso bajo la dictadura militar y que ahora cumple condena acusado de haber atacado la sede del movimiento político de quien siendo Gobernador autorizó el asesinato del maestro Fuentealba en Neuquén. Los responsables políticos del asesinato del maestro siguen impunes, pero el Boli cumple arresto domiciliario luego de haber sufrido un ACV en la Cárcel de Marcos Paz.
Y es el caso de un grupo de compañeros de Corral de Bustos que en el año 2006 fueron parte de una pueblada contra el Poder Judicial en protesta por la pasividad de los jueces ante un hombre que luego de amenazar infinidad de veces a su mujer e hija, terminó matándolas. Salieron y volvieron a la cárcel pero finalmente un grupo de ellos fue condenado y están privados de su libertad.
Solo el año pasado fueron liberados el compañero Esteche, dirigente de la organización política Quebracho, condenado por la misma razón que el Boli Lescano y liberado por la aplicación de beneficios por estudios cursados en la Cárcel, y dos compañeros peruanos cuya extradición había sido pedida por el Estado Peruano bajo la acusación de guerrilleros, nada menos.
Los Seis Campesinos Paraguayos que la Argentina detuvo en mayo del 2006 y extraditó en diciembre de 2008, fueron condenados en Asunción del Paraguay en una parodia de juicio a una pena exorbitante de 35 años, encerrados en la tenebrosa Cárcel de Tacumbú y su pesar sigue acusando a quienes cumplieron el rol de extensión del poder mafioso paraguayo que los acusó y condenó sin prueba alguna.
El caso de los Seis Campesinos Paraguayos demostró que quienes habían aflojado la defensa de los presos políticos argentinos en aras de la “legalidad democrática” terminaron cediendo en cuestiones básicas de principio para cualquier luchador por la democracia en Nuestra América cual es la cuestión de la solidaridad con los que luchan por sus derechos y contra el dominio imperial en cualquier rincón de Nuestra América. Hemos dicho mas de una vez que la solidaridad con los presos políticos es el umbral de la conciencia democrática y humanística de todas y todos y hoy lo queremos reafirmar con toda convicción y fuerza.
La jornada continental del 17 de abril de lucha por la libertad de los presos políticos es una gran oportunidad para articular esfuerzos en el camino de construir la Patria Grande que tantas y tantos soñamos.


LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE AL REPRODUCIR ESTE INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS PRESOS PALESTINOS EN LAS CARCELES DE LA OCUPACION ISRAELI SE PROPONE LLAMAR LA ATENCION SOBRE EL CARACTER PERMANENTE DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL ESTADO DE ISRAEL CONTRA LA POBLACION PALESTINA SOMETIDA A LA OCUPACION MILITAR DE SUS TERRITORIOS, PRIVADOS DE SUS DERECHOS, SOMETIDOS A UN PROCESO DE DETRUCCION DE SU IDENTIDAD Y ENCARCELADO UNA Y OTRA VEZ EN CASTIGO POR SU REBELDIA O COMO PROCEDIMIENTO DE CONTROL SOCIAL Y DISCIPLINAMIENTO.

HEMOS DICHO MAS DE UNA VEZ QUE LA SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS ES EL UMBRAL DE LA CONCIENCIA DEMOCRATICA Y HUMANISTICA DE TODAS Y TODOS

LOS CONVOCAMOS A PRONUNCIARNOS CONTRA ESTE VERDADERO EJERCICIO DE GENOCIDIOI COTIDIANO Y CONTEMPORANEO DE MODO TAL QUE IMPIDAMOS LA NATURALIZACION DE ESTAS PRACTICAS FASCISTAS QUE NO SE PUEDEN TAPAR CON EXCUSAS DE CARACTER HISTORICA O CUESTIONANDO UNO U OTRO METODO DE LUCHA DE LA RESISTENCIA DE UN PUEBLO OCUPADO Y POR LO TANTO CON TODO DERECHO A EJERCER TODOS LOS MODOS DE LUCHA CONTRA UN OCUPANTE TAN PERVERSO Y CRUEL

EN LA SEMANA DE LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS

DESDE 1937, CONTRA TODAS LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOSCBNWH19UcAA9JbP

 

 

Desde el comienzo de la ocupación israelí del Territorio Palestino en 1967, más de 850.000 ciudadanos palestinos han sido detenidos. Entre ellos, 15.000 mujeres y decenas de miles de niños.

Desde el año 2000 hasta este día, más de 85.000 casos de detenciones han sido registrados. Entre ellos más de 10.000 son niños (menores de 18 años) y aproximadamente 1.200 son mujeres, más de 65 ministros o miembros del Consejo Legislativo Palestino y más de 24.000 bajo detenciones administrativas[1] que pueden renovarse varias veces.

La detención de los palestinos no está restringida a una categoría o estrato específico. Incluye a todos los estratos y categorías de la sociedad palestina (niños, jóvenes, ancianos, mujeres, madres, esposas, enfermos, discapacitados, trabajadores, académicos, miembros del Consejo Legislativo, Ministros, dirigentes políticos, sindicales, estudiantes universitarios y secundarios, escritores y artistas).

Las detenciones son acompañadas y seguidas de numerosas violaciones al derecho internacional, como ser los métodos, lugar y condiciones de la detención, torturas y métodos utilizados para extraer confesiones. Conforme a los hechos y los testimonios de detenidos, 100% de aquellos que tuvieron la experiencia de ser detenidos o arrestados aseguraron que sufrieron algún tipo de tortura física o psicológica, abuso e insultos ante otras personas o miembros de su familia, y la mayoría sufrió varias de ellas.

Durante los últimos cuatro años, ha comenzado a quedar claro que los niños palestinos son objetivos de detenciones. Se registraron más de 3.755 casos de detenciones a niños, de los cuales 1.266 ocurrieron durante 2014. Durante el primer trimestre del año en curso, más de 200 casos de detenciones a niños han sido registrados sin consideración a su edad o debilidad física y sin atender a sus necesidades básicas. Han sido tratados duramente, torturados, sus derechos humanitarios básicos negados, sentenciados y condenados a prisión, multados y confinados en sus hogares. Más de 95% de los niños liberados de las cárceles aseguran que han sufrido torturas y maltrato durante el interrogatorio y la detención. Estas acciones suponen una amenaza real a la niñez palestina y su futuro.

Detenidos en números

Más de 6.500 presos políticos palestinos se encuentran aún en las cárceles de la ocupación israelí. Entre ellos:

478  Condenados a cadena perpetua una o varias veces

21   Mujeres (2 menores de edad)

200  Niños menores de 18 años

480   Detención administrativa

16   Diputados y dos ex ministros

1500   Enfermos sufriendo diferentes tipos de enfermedades (80 en grave estado)

30      Detenidos previos a los Acuerdos de Oslo (con más de 20 años en las cárceles de la ocupación israelíes)

16      Presos veteranos, pasaron más de 25 años en la cárcel, tal como Karim Younis y Maher Younis que pasaron 33 años continuos allí.

85      Liberados por el Acuerdo Shaleet y detenidos nuevamente. 65 de ellos están todavía en prisión a pesar de haber cumplido condenas de 20 años.

Los presos políticos palestinos están distribuidos en 22 cárceles y centros de detención israelíes, las más destacadas son Nafha, Remon, Asqalan, Beir Sabee, Hadareem, Jalbou, Shata, Ramlah, Damoun , Hasharoon, Hadarim, Naqab, Ofar y Majedo.

Presas

Durante el proceso de detención, las presas palestinas son expuestas a golpes, insultos, humillaciones y desconsideración. No son informadas de su destino durante su traslado a la prisión. Durante el interrogatorio y la investigación, son expuestas a amenazas, intimidaciones, maltratos y golpizas.

El sufrimiento continúa a través del aislamiento, la negación de las visitas familiares, confiscación de productos adquiridos en la cantina del establecimiento, inspecciones provocativas, negación a tratamientos y educación. A siete detenidas se les niega encontrarse, visitar o comunicarse con sus esposos o hermanos presos en otras cárceles.

Detenidos enfermos

Más de 1.500 presos políticos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí sufren diferentes enfermedades por las duras condiciones de vida, desnutrición, la contaminación, el trato cruel, la mala atención médica y la negligencia médica. Dieciséis de ellos se encuentran casi de forma permanentemente en el llamado hospital de la prisión “Al-Ramlah” en duras condiciones, sufriendo enfermedades graves (lisiados, con necesidad de intervenciones quirúrgicas, y al mismo tiempo se les prohíbe a médicos de afuera visitar a los enfermos y presentar el debido tratamiento). Asimismo, hay más de 80 casos que padecen de enfermedades crónicas, y 25 de los presos enfermos sufren cáncer y hay docenas de discapacitados mentales y físicos.

Muchos de los presos sufren enfermedades tanto físicas como psicológicas por las condiciones de vida insalubres, propagación de insectos, desnutrición, falta de higiene, poca ventilación, humedad, poca iluminación, hacinamiento, heridas durante la detención y golpes en las heridas para forzar confesiones. Las enfermedades más extendidas en las prisiones son las enfermedades de la piel, infecciones respiratorias, úlceras, tumores cancerígenos, insuficiencia renal, hernias de disco y de médula espinal, reumatología, presión arterial, diabetes, discapacidad visual, problemas dentales y enfermedades psicológicas. Los cuerpos de los presos enfermos se han convertido en campos de prueba para la práctica de médicos israelíes y compañías farmacéuticas.

Detención Administrativa

La detención administrativa es el enemigo desconocido de los presos palestinos. Es castigo sin cargos. Ella implica la detención sin juicio, sin el derecho a la defensa por parte de un abogado o la auto-defensa por falta de evidencia incriminatoria, y está basada en la llamado “archivo secreto” provisto por la agencia de inteligencia de la ocupación israelí.

El tiempo de detención administrativa va desde uno a seis meses. Es emitida por jefes militares en el territorio ocupado palestino, basadas arbitrariamente en órdenes militares. En muchos casos, la detención administrativa puede ser renovada varias veces y muchas de ellas llegan a diez. En ese caso, las víctimas (hombres o mujeres, jóvenes o viejos) pueden llegar a pasar más de cinco años en prisión sin cargos y juicio basado en el “archivo secreto”. La mayoría de los palestinos objetivo de detenciones administrativas son médicos, ingenieros, profesores universitarios, periodistas, diputados del Consejo Legislativo.

Mártires detenidos

Muchos de los presos palestinos murieron en las cárceles de la ocupación israelíes como resultado de las duras y crueles condiciones en las que vivieron, como torturas, negligencia médica, aislamiento, disparos y las agresiones nocturnas a las habitaciones con gases. De acuerdo a los casos documentados en el registro de la Comisión de Presos y ex – Presos, 206 de los presos fueron asesinados luego de su arresto desde 1967. El último caso registrado es el del mártir Raed Aljabari de Hebrón. La causa de muerte de los mártires es como sigue: 71 por torturas, 54 como resultado de negligencia médica, 74 asesinados deliberadamente luego de la detención, 7 por disparos directos de soldados dentro de la celda. Además de decenas de presos que fueron martirizados heredados de las cárceles, tal como: Hayel Abu Zeid, Murad Abu Sakut, Fayez Zaidat, Ashraf Abu Tharea, Zakariya Issa entre otros.

El poder judicial israelí

El poder judicial israelí implementa las leyes militares israelíes en violación al derecho internacional. Ello afecta la imparcialidad del procedimiento legal. La legislación israelí no incluye leyes condenatorias de los crímenes de guerra o de lesa humanidad.

El poder judicial discrimina a los ciudadanos palestinos al dictar las sentencias en relación a los ciudadanos israelíes. La Suprema Corte de Justicia desechó miles de quejas presentadas por presos y abogados en representación de detenidos que sufrieron torturas y malos tratos durante la detención. El poder judicial israelí no ha condenado a ningún oficial israelí de la agencia de inteligencia que haya cometido crímenes de lesa humanidad o asesinado a palestinos durante una detención.

Durante el año 2014, el gobierno israelí se concentró en emitir y aprobar nuevas leyes en el parlamento; medidas legislativas arbitrarias contra los prisioneros como las siguientes:

· Ley de alimentación por la fuerza a los prisioneros en huelga de hambre

· Ley de evitar la amnistía para prisioneros

· Ley del combatiente ilegal

· Aumento de las penas para niños a 20 años de prisión

· La privación de la educación secundaria y terciaria para los prisioneros

· Detención de niños menores de 18 años

· El uso de la tortura bajo el pretexto de riesgos de seguridad

· Imposición de fianzas y compensaciones financieras a los prisioneros

Derecho internacional

La ocupación israelí no reconoce la implementación de la tercera y cuarta convenciones de Ginebra sobre los presos. Trata a los prisioneros políticos palestinos como terroristas y criminales y les implementa sus leyes militares internas. Estas leyes privaron a los presos de sus derechos básicos y quitaron la legitimidad de su lucha contra la ocupación aprobada por resoluciones de las Naciones Unidas.

Contrariamente a la Cuarta Convención de Ginebra, Israel aún mantiene a prisioneros palestinos en prisiones dentro de Israel a los que priva de las visitas familiares, de ropa de abrigo durante el invierno, el acceso a libros, imposición de castigos individuales y colectivos como la compra de objetos necesarios para cubrir las necesidades básicas.

Por último, Palestina, como Estado reconocido por las Naciones Unidas, se ha incorporado a numerosas convenciones y tratados internacionales. En particular, las cuatro Convenciones de Ginebra y la Corte Penal Internacional. Por ello, se ha hecho necesario llamar a las Altas Partes Contratantes a la Convención de Ginebra a reunirse y obligar a Israel a implementar estos acuerdos en el territorio palestino ocupado y a los presos. Es importante tomar las medidas legales necesarias y activar las herramientas del derecho internacional para procesar a los israelíes en relación a las violaciones cometidas contra prisioneros.

Israel no puede permanecer como un Estado por encima de la ley, violando los derechos de los prisioneros y las convenciones humanitarias internacionales. El tema de los prisioneros es una cuestión humanitaria de justicia. Hay responsabilidad internacional de exigir a Israel que respete el derecho humanitario internacional en el trato a los prisioneros.

A nivel político, el tema de los prisioneros ocupa un lugar importante en la sociedad palestina relacionado con los derechos y la lucha legítima por la libertad, dignidad y auto-determinación. Cualquier paz normal y genuina en la región debe incluir la liberación de los prisioneros como parte de una solución o acuerdo político y estabilidad en la región.

El gobierno de Israel debe hacerse responsable de detener las negociaciones políticas a fines de 2013 luego de negar la liberación de la tercera grupo de prisioneros detenidos antes de los Acuerdos de Oslo, y de esta manera no adherir a los acuerdos en ese punto, además de continuar construyendo asentamientos en Cisjordania y Jerusalén.

[1] La detención administrativa implica la detención sin juicio, sin el derecho a la defensa por parte de un abogado o la auto-defensa por falta de evidencia incriminatoria, y está basada en la llamado “archivo secreto” provisto por la agencia de inteligencia de la ocupación israelí.

Nuestro homenaje al Watu Cilleruelo en el cuarenta aniversario de su asesinato….Basta de impunidad para la Triple A!


Buenos Aires, 1 de abril de 2015

A los organizadores del Acto
de homenaje a David Watu Cilleruelo
en Bahía Blanca

queridos compañeros

En nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre queremos abrazarlos a todas y todos en este día tan especial en que se conmemoran los cuarenta años desde que un grupo de tareas de la organización para militar Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, asesinó al dirigente comunista de los estudiantes de la Universidad del Sur en los pasillos de la misma.

Duele volver a decir, como lo hemos hecho en todos estos años en ocasión de cada acto de homenaje al Watu en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires que la impunidad para los asesinos del Watu no solo es un agravio hacia sus familiares y amigos, hacia sus compañeros de militancia de ayer y de hoy sino que es la continuación del compromiso del Estado Argentino con los grupos de ultra derecha que se sumaron a las fuerzas represivas desde la misma Semana Trágica de 1918, con el nombre de Liga Patriótica, que continuaron como Alianza Libertadora Nacionalista para finales de los 30 del siglo pasado para luego ser Tacuara y luego Concentración Nacional Universitaria, Juventud Sindical Peronista y otros grupos que se articularon como una cruel federación en la Triple A bajo la coordinación del Ministro López Rega y con la logística de la Policía Federal. Duele comprobar la extraña paradoja de que  los crímenes cometidos tras el golpe de estado del 24 de marzo han sido visibilizados, judicializados y muchos de ellos sometidos a Juicio Oral en donde más de quinientos cincuenta represores han sido condenados. Pero ninguno por los crímenes de la thTriple A.

La causa iniciada en 1975 fue ninguneada por la dictadura militar, reabierta con la extradición de López Rega, vuelta a archivar con su muerte; vuelta a abrir en el 2006 con la captura de algunos policías en España y vuelto a cajonear por el Juez Oyarbide con la más variada y grotesca serie de argumentos leguleyos que solo buscaban ocultar que el Terrorismo de Estado comenzó bastante antes del 24 de marzo y que así como una buena parte de las víctimas de la Triple A eran militantes del peronismo revolucionario, popular, de izquierdas también es cierto que en el Ministerio de Bienestar Social y la Policía Federal, así como en los Sub Oficiales en retiro que formaron parte de los grupos de tareas junto a los matones de la Burocracia Sindical y de la Concentración Nacional Universitaria había funcionarios y militantes peronistas. Gorilas son los que actúan para impedir que se haga justicia con los peronistas víctimas de la Triple A; gorilas y anticomunistas los que actúan para impedir el juicio y castigo para los asesinos del Watu y los cientos de comunistas y militantes de la izquierda marxista que fueron masacrados por la Triple A en Bahía Blanca y toda la Argentina

Con el compromiso de no abandonar ninguna de las luchas por el castigo a los asesinos del Watu y de continuar su lucha por una patria libre de torturadores y desaparecedores, de explotadores y depredadores, de cipayos y elitistas, los saludamos con todo nuestro afecto

El triunfo de Netanyahu y la larga marcha del fascismo en Israel


La maniobra electoral de Netanyahu se mostró eficaz.
Al mostrarse como el más agresivo de los dirigentes que construyen el Estado de Israel como un Estado racista y ocupante de los territorios de los pueblos árabe y palestino, como el más provocador de los ultra conservadores defensores de la supuesta “excepcionalidad” israelí, esta vez osando desafiar al propio Obama en su casa, logró subir un poco el apoyo popular y obtener un nuevo ciclo de gobierno, lo que lo encamina a ser el gobernante de mayor duración temporal en Israel.
En un artículo publicado en la Agencia de Noticias Enlace Judío México, Irving Gatell desgrana sin tapujos el pensamiento dominante en la fuerza política que se agrupa tras Netanyahu y que muestra un apoyo popular indudable. Veamos algunas de sus reflexiones:
“¿Realmente Netanyahu ha llevado a Israel a un punto de conflicto con los Estados Unidos? No. Eso es falso. Apenas a inicios de este mes, quedó demostrado en un controvertido discurso pronunciado frente al Congreso, donde fue ovacionado como pocas personas lo han sido en ese espacio. Entonces, seamos precisos: Netanyahu ha llevado a un punto crítico las relaciones de Israel con Barak Obama y su administración, pero no con los Estados Unidos. Por el contrario: lo que evidenció ese discurso fue que más bien es Barak Obama el que además está en conflicto con un amplio espectro de gente en su propio país -políticos y ciudadanos-….En resumen, apelar a que Israel se ha aislado diplomáticamente de Estados Unidos y de Europa es falaz. En el caso de Estados Unidos, el aislamiento sólo afecta la relación con la administración Obama, no con el resto de la estructura política norteamericana. Y hay que señalar que, en realidad, es Obama quien se ha aislado de la geopolítica en Medio Oriente. Y en el caso de Europa, no es un fenómeno reciente ni achacable a Netanyahu. Europa siempre ha mantenido una línea abiertamente anti-israelí (y da lo mismo que esté Likud o el Laborismo en el gobierno), que va de la mano con una complacencia literalmente suicida hacia los árabes. Los últimos atentados en Europa demostraron quién se ha venido equivocando.”
“¿Qué hay respecto a que Netanyahu ha dicho que no habrá un Estado Palestino? Seamos honestos: eso no es ser cruel y malvado. Es, simplemente, ser realista. Los palestinos no están en condiciones de tener un Estado. Si en este momento se declarase un Estado Palestino independiente, lo primero que habría sería una guerra civil entre Al Fatah y Hamas por el control y el poder. Y las guerras civiles palestinas no son, precisamente, amables. Ya se tuvo una probada de ello cuando Israel se retiró unilateralmente de Gaza, y el resultado inmediato fue que Hamas se dedicó a masacrar a los militantes de Al Fatah.”
¿Se entendió?: “los palestinos no están en condiciones de tener un Estado”, para ellos pues, el destierro y la muerte.
Para Aluf Ben, editor responsable de Haaretz, “Netanyahu triunfó en las elecciones porque dejó de disfrazarse de un líder centrista y comenzó a exponer sus verdaderas concepciones. El conductor del Likud convenció a sus votantes de derecha que es nacionalista no menos que Benet y racista no menos que Liberman. Y ellos le creyeron”. En un ataque netamente racista y falto de veracidad, Netanyahu deslegitimó al 20% de la población de Israel por el solo motivo de ser árabes con intención de votar en contra del Likud o su coalición. “El poder de la derecha está en peligro” declaró, para luego agregar “los votantes árabes marchan como muchedumbre a las urnas”.
Y Guideon Levy, también desde Israel afirma con contundencia: “La primera conclusión a la que se llegó sólo minutos después del anuncio de los sondeos de boca de urna fue particularmente desalentadora. Hay que reemplazar la nación. No se precisa otra elección para la dirigencia del país, sino elecciones generales para escoger un nuevo pueblo israelí –de inmediato–. El país lo necesita urgentemente. No podrá resistir otro período de Benjamin Netanyahu, quien emergió como el hombre que formará el próximo gobierno. Si después de seis años de nada, después de seis años sembrando miedo y ansiedad, odio y desesperación, esta es la elección de la nación, entonces está verdaderamente muy enferma. Si después de todo esto, el fénix israelí logró levantarse de las cenizas y ser reelegido, si después de todo esto el pueblo israelí lo prefirió para dirigir durante otros cuatro años, algo está verdaderamente roto, tal vez irreparablemente.
Netanyahu merece al pueblo israelí y éste se lo merece.”
Volvamos a leer: “. No se precisa otra elección para la dirigencia del país, sino elecciones generales para escoger un nuevo pueblo israelí –de inmediato–.”
En los años duros del Terrorismo de Estado, se extendió por América Latina un debate en forma sobre a qué llamar fascismo. En un libro indispensable, “Estado, Capitalismo y democracia en América Latina”, Atilio Borón pasaba revista a los debates históricos y los de aquella época; conservan toda su vigencia. Por un lado Borón llamaba a no bastardear el concepto asumiendo el discurso liberal de vincular el fascismo con cualquier forma de autoritarismo, incluso llegando a las cuestiones personales (el “enano fascista”, tal organización es fascista porque no es suficientemente democrática, o esa acción violenta –incluso si es de un grupo de izquierda- la denominamos fascista) sino pensarlo “como una forma históricamente determinada a partir de la cual una burguesía –acorralada por sus antagonistas domésticos y sus rivales externos – reorganiza su hegemonía sobre las demás clases de la sociedad e impone sus nuevas condiciones de dominación a sus aliados y a sus adversarios”
Y quisiera, finalmente prestar atención al párrafo que dice “reorganiza su hegemonía sobre las demás clases de la sociedad”; porque Borón dice “hegemonía” y no “dominación”; es decir que utiliza la categoría gramsciana que da cuenta de una operación político cultural por la cual una fracción de la clase dominante no solo ocupa posiciones de conducción, sino que logra que una parte sustancial de las clases dirigentes y de las clases subalternas piensen como ella y la acompañen en su estrategia de ocupación militar, súper explotación, persecución y tortura de un pueblo hasta lograr su destrucción como grupo nacional tal como advertía el articulo dos del Convenio de Prevención y Castigo del Genocidio sancionado por la ONU en 1948, casi en paralelo con la creación del Estado de Israel.
De nada de eso hablan las organizaciones comunitarias de la Argentina subsumidas hace décadas en la estrategia estatal de Israel y solo un ingenuo separaría la crisis de la impunidad sobre los atentados de Amia y la Embajada de la larga marcha del Estado y el pueblo de Israel hacia el fascismo al que ha llegado, parece que para quedarse.
Cómo se llegó hasta aquí desde aquellos judíos polacos o rusos que conspiraban contra el Zar y resistían los progroms es un largo debate que no puede resolverse en dos carillas, pero el único servicio que podemos hacer al pueblo de Israel es denunciar el fascismo que hoy domina, aislar el Estado diplomática y económicamente y exigir a las Naciones Unidas que hagan cumplir las resoluciones mil veces tomadas y nunca cumplidas que permitan la existencia real de un Estado Palestino libre y autosustentable. Y que cada argentino de origen judío ser rebele contra el fascismo israelí que intenta hacer pie en nuestra tierra de la mano de la Embajada, la Amia y sus colaterales.
La contradicción entre la sumisión a las estrategias del estado de Israel y los principios democráticos que forjamos en los años de lucha contra el Terrorismo de Estado y la Impunidad, casi cuarenta años de lucha, han llegado a un punto inconciliable.
Cada cual elegirá, como siempre, el punto de la ética donde se pare. Sobre el mío no tengo duda alguna. Es el mismo que asumió mi abuelo cuando decidió unirse al Ejercito Rojo para enfrentar el Ejercito Alemán en los bosques de Bielo Rusia para negarse a emigrar a Israel después o el de mi viejo, que rompió con el sionismo a los quince años cuando comprendió, en su aldea rusa en 1920, que los ricos dominaban el sionismo y que por ello no les podía creer su discurso “socialista”.
Hay muchos modos de ser argentino de origen judío, yo elijo el que se para en el antifascismo que hoy domina Israel.CBNWH19UcAA9JbP

Otro 24 de marzo: ¿ya vencimos la derrota?. El mito de Jano para entender la situación de los DD.HH. en la Argentina


floreal-jose.jpg“cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota”
Mario Benedetti

En la noche trágica de aquel 24 de marzo, intentando escapar de la persecución represora, una pregunta me atormentaba la conciencia: ¿Cómo saldríamos del pozo donde nos veníamos hundiendo desde hacía meses gracias a la Triple A y la grosera impunidad habilitante? ¿Y cómo habíamos caído en el cuando parecía que avanzábamos hacia la Patria Socialista?

Muchos años después, bastante más de lo deseado, pudimos entender algunas cosas de aquel momento con lo que quisiera comenzar la reflexión. En pocas palabras, el Golpe del 24 de marzo era parte de una Operación Continental de Contrainsurgencia, en el marco de la Guerra Fría pero en la región que los EE.UU. consideran desde Monroe a Obama su patio trasero lo que aumenta su tradicional brutalidad asesina; en segundo lugar, en la Argentina, el Golpe tuvo un carácter preventivo, digamos una Contra/revolución preventiva dado que el proceso de acumulación de fuerzas desplegado entre el golpe gorila del 55 y el comienzo del Terrorismo de Estado a finales del 74 (aproximadamente claro, desde diciembre de 1973 ya actuaba la Triple A) era suficiente para desafiar al Poder, asustarlo, “enojarlo” mucho, pero todavía no tenía capacidades suficientes para confrontarlo en regla y derrotarlo, se adelantaron a la construcción de la alternativa política unitaria capaz de lograr esas capacidades; y lo hicieron en procura de rescatar el capitalismo argentino de su crisis, la crisis que las luchas le habían puesto al modelo distributivo, de Estado Benefactor o como quieran llamarlo pero que había llegado a entregar el 50% de la renta nacional a los que cobraban salarios y jubilaciones; ese modelo no funcionaba, estaba en crisis y “su” solución fue la modificación abrupta de todas las variables económicas empezando por los salarios, las leyes laborales, las empresas estatales y las regulaciones de cualquier tipo.

Fue un genocidio en regla: la destrucción de un “grupo nacional” para reorganizar radicalmente la sociedad. Y lo lograron. Por su fuerza histórica como Estado Nacional nacido como Estado Represor, por el apoyo estratégico de los EE.UU., por la complicidad de un amplio campo de fuerzas sociales y políticas que prefirieron entregarse a los militares al riesgo del triunfo revolucionario. Era el fin del supuesto carácter progresista de la burguesía nacional, en vez de aliarse a los trabajadores se sumaban al discurso de la “guerrilla fabril” del demócrata Balbín. Y todo facilitado por la ausencia de una fuerza política que represente los sueños de libertad y socialismo.

En estos 39 años cada uno de estos ítems ha sido objeto de manipulaciones desde la fracción que está en el gobierno. “Gesta patriótica” para los genocidas, “desvío irracional” para los radicales de Alfonsín que se amarraron al Nunca Más como el horizonte conquistado, reedición de la vieja historia de unitarios contra federales,” gorilas contra peronistas” para la corriente conocida como nac & pop. En estos últimos años se fue pasando de caracterizar el gobierno surgido del 24 de marzo de “dictadura militar” a “dictadura cívico militar” y ahora se abre paso una ampliación del foco hacia el poder empresarial.

Pero la idea que el golpe fue contra “la democracia” y por eso debe ser una “fiesta cívica”, con feriado nacional turístico incluido revela la intención de ocultar la razón profunda de la derrota y la falta de voluntad de construir fuerza política suficiente para llevar las banderas de los treintamil a la victoria La derrota y la victoria son algo más relativas de lo que parece. El papelón histórico que acaba de protagonizar el hijo de Raúl Sendic, que se atrevió a dudar de la veracidad de las denuncias de Maduro contra el golpismo imperial yanqui, recién llegado al gobierno uruguayo gracias a la portación de apellido, grafica eso de que se puede salir de estar encerrado años en un pozo (como le ocurrió a Raúl) con la cabeza en alto, victorioso, o se puede llegar a la Casa de Gobierno, dispuesto a satisfacer cualquier pedido del imperio, el mismo que encerró y torturó a su padre. Quiero decir que no todo se puede medir con cifras y fotos.

En la Argentina hemos conquistado un proceso histórico, ejemplar regionalmente y de valor universal, de enjuiciamiento a una parte de los represores que rompió la impunidad dura, aquella que aseguró la tranquilidad de los militares y policías que asesinaron y torturaron desde la Guerra de la Triple Alianza en 1870 hasta el fin de la ultima dictadura militar. Son 554 condenados en 21 juicios orales finalizados donde se absolvió a 59 de ellos. En total son 1064 los “privados de la libertad” por condena o detención preventiva, pero de ellos, el 40.5% están en su casa por decisión judicial y solo el 16% de las sentencias está confirmada por la Corte Suprema. En este universo casi no hay empresarios, curas, intelectuales, funcionarios; el foco de la Justicia se cerró en la escena de la tortura, solo ven a las victimas y los torturadores y nada del contexto. Del Plan de Exterminio reconocido desde el Juicio a la Junta y de la Operación Continental de Contrainsurgencia que se viene probando en el Juicio por el Plan Cóndor. De uno u otro modo, hay causas judiciales donde se trata lo ocurrido por algo más de 11 mil compañeros (entre sobrevivientes, asesinados y desaparecidos), lo cual es una cifra importante, proporcionalmente mucho mayor que los apenas mil represores investigados, ni siquiera dos por centro clandestino (habría unos 570, ya reconocidos judicialmente).

Las reiteradas promesas de Lorenzetti de garantizar la continuidad de los juicios (así como se procesan, con sus obvios límites y fortalezas) expresan el grado de instalación social de la necesidad de castigar aquellos crímenes, pero vistos como algo del pasado. No es la misma fuerza social la que reclama la Cárcel para Milani o para los responsables de los centenares de crímenes cotidianos como el que sufrió Luciano Arruga.

Como Jano , la situación de los derechos humanos en la Argentina, tiene dos caras muy definidas: la que mira al pasado, es fuerte y digna; la que mira el presente y el futuro, está cargada de las marcas del genocidio y sufre de las mismas carencias populares que resonaron en aquel 24 de marzo, y sigue restallando: la ausencia de una fuerza popular democrática antiimperialista y revolucionaria capaz de derrotar la continuidad del país fundado por la picana y abrir paso a los cambios que ya soñaban los treintamil y siguen esperando.

Ya hemos dicho de la cara que mira al pasado (podríamos sumarle la conquista de un proceso de memoria que excede largamente lo institucional y que se extiende por todo el país, vindicando a cientos de militantes dignos de ser legado y bandera de las nuevas generaciones y que ha llegado a una parte de los niños y adolescentes en un proceso casi inédito en el país y la región, no lo subestimamos para nada, nuestro Negrito Avellaneda y la Teresa Israel son parte de esa mitología popular en formación, como tantos otras y otros) pero digamos algo de la otra cara, esa que se podría graficar con la foto de Milani al frente del Ejercito, Berni en la secretaría de seguridad o Granados en el Ministerio de la Pcia de Buenos Aires avalando la tortura y el armado de causas por las fuerzas estatales que portan armas (no solo las Policías, también la Gendarmería, la Prefectura y el Servicio Penitenciario) que son las nuevas Fuerzas Armadas en reemplazo del viejo Ejercito Nacional, achicado por Menem para “profesionarlo” y ponerlo en las misiones de la ONU. Son ellos los que torturan en sede policial y penitenciaria, los que arman causas y realizan ejecuciones extrajudiciales (“gatillo fácil”); los que espían y controlan al movimiento popular y crecientemente arman provocaciones y directamente reprimen en las calles como desde hace tiempo se practica en Formosa o las localidades de Malvinas o San Miguel en el Gran Buenos Aires de donde emergió la estrella sciolista de la seguridad, el Ministro Granados.
No hace mucho Capitanich explicó que son 400 mil hombres armados y bien preparados para la lucha de calles y agregamos que si superponemos el mapa de la pobreza y el mapa de los recursos naturales estratégicos con el mapa de la dispersión geográfica de los hombres del estado con armas encontraremos una superposición más que evidente.

Si el exterminio planificado de los militantes de los 70 se fundaba en la ideología de la seguridad nacional y el combate al comunismo internacional, ¿cuál es la razón para esta matanza silenciosa y cotidiana contra jóvenes pobres habitantes de barriadas populares con poco o ningún grado de organización previa?. La razón está en la continuidad del capitalismo y su necesidad extrema de control social, de imponer respeto y miedo a los pobres y los que se animan a resistir las dinámicas de enriquecimiento. Y por que saben que alguna vez pueden volver a necesitar un Videla. Por eso ninguno de los gobiernos electos por el voto popular desde el 83 en adelante disolvió los Servicios de Inteligencia o la Policía Federal sabiendo como saben que son imposibles de reformar. Miles de charlas de derechos humanos. Cursos y seminarios. Palabras y medallas no han servido para cambiar la cultura represora que se renueva y fortalece con la impunidad que el Poder Judicial (casi en bloque, salvo honrosas y dignas excepciones) les garantiza a los asesinos de Fuentealba o los secuestradores de Julio López. Esa cultura represora es, sin lugar a dudas, el mayor de los peligros que amenaza la vigencia de los derechos humanos dado que es la lucha popular el camino para hacerlos visibles, deseables, reconocidos y aceptados en la ley, así como es la lucha la que puede lograr su acceso pleno y universal. Y de eso se trata, que de leyes y Convenios Internacionales que no se cumplen estamos llenos y hartos. Los derechos humanos son aquellos que se ejercen sin limitaciones, y por todas y todos.

A pocos meses de finalizar el ciclo kirchnerista en el gobierno, el balance no es fácil y no queremos pecar de unilaterales (solo ver la cara que mira la memoria o solo ver la cara que acepta la tortura cotidiana) ni de componedores: un poco bien y un poco mal….

Es más complejo, la fracción en el gobierno trató y trata de que la Memoria tape la violación cotidiana y a futuro de los derechos humanos pero no le fue ni le será fácil; nosotros, y hablo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los organismos que no renunciamos ni a la autonomía ni al antimperialismo ni al compromiso con la liberación verdadera, nos hemos esforzado para que la Memoria ilumine el presente de modo tal que la comprensión del pasado reciente refuerce la voluntad de luchar contra toda forma de represión y violencia institucional, contra toda limitación de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestro pueblo. Y en parte, aunque sea pequeña, lo hemos logrado.

Por ello tenemos una mirada optimista para el futuro, no porque creamos que la Justicia trajo el Nunca Más; sino porque aprendimos que “el Derecho genera verdad” y hay una porción mayor que antes de la sociedad que sabe lo que pasó, y por qué paso. Con ellos nos disponemos a construir los movimientos y acuerdos que consigan la fuerza necesaria para terminar con la represión y la violencia institucional contra los pobres. Porque es hora de construir lo que nunca tuvimos, la fuerza popular capaz de derrotar la derrota y avanzar hacia la patria libre, hermanada con todos los pueblos que quieren dignidad y libertad.
Y tenemos derechos a soñar: no nos ganó la noche del 24 de marzo del 76 ni tantos años de frustraciones y traiciones. Solo se trata de aprender de cada derrota y construir algo más grande que nosotros mismos.

Por los Seis Campesinos Paraguayos, presentación de la Liga ante la Cancillería Argentina en reclamo por el cumplimiento de los tratados internacionales de extradición violados por Paraguay y Argentina


SOLICITA URGENTE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DIPLOMÁTICAS CORRESPONDIENTES ANTE FLAGRANTE
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Sra. Presidenta de la Nación:
Dra. Cristina Fernández
C/C

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Emb. Héctor Marcos Timerman

I.- INTRODUCCIÓN
La República Argentina, el 12 de diciembre de 2008, extraditó a la
República del Paraguay a los campesinos Arístides VERA SILGUERO, Agustín
ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS, Basiliano CARDOZO
GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque RODRÍGUEZ TORALES,
mediante Sentencia dictada el 14-12-06 en causa 6850/06 del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, a cargo del Dr. Ariel
Lijo. Sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
Expte. A-2112/06 (XLII ROR) el 21-10-2008. También se les denegó el refugio político
que habían solicitado en nuestro país, ofrecido por el Embajador Argentino en la
hermana república del Paraguay en su momento, ofrecimiento que los decidió a ingresar
a nuestro paìs.
Estos seis campesinos permanecieron detenidos en la República
Argentina desde el 2 de mayo de 2006, fecha de su detención ordenada por el Juez Lijo,
hasta la efectivización de su extradición, es decir el 12-12-08. A partir de entonces,
pasaron a estar bajo prisión preventiva en la República del Paraguay.
Tres años y medio más tarde, el 11 de julio de 2012, el Tribunal de
primera instancia, luego de la realización de un juicio oral y público, dictó la Sentencia
Definitiva de condena N° 58, que no fue debidamente notificada según lo establecido
por el artículo 399 del CPP.
El 17 de agosto de 2012 se interpuso Recurso de Apelación Especial
contra la sentencia de condena de primera instancia ante el Tribunal de Apelación de la
Ciudad de San Lorenzo. Después de otros dos años, el 11 de julio de 2014, el Tribunal
Colegiado de Apelación en lo Penal de San Lorenzo dictó su Acuerdo y Sentencia N°
85, notificado el 18 de agosto ppdo., recurrido por Recurso Extraordinario de Casación
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no se halla firme
ninguna condena y el estado de inocencia de los seis campesinos sigue todavía intacto,
por imperio del articulo 127 del CPP paraguayo, acorde con los artículos XXVI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Consideramos que el Estado argentino, al haber entregado a los seis
campesinos para ser sometidos a un juicio que se vislumbraba como arbitrario e injusto
(características nefastas que se vieron tristemente corroboradas en las sucesivas
sentencias no firmes dictadas en la causa) y sobre cuyas consecuencias esta organización
igual que muchas otras personalidades y fuerzas sociales y políticas lo advirtió repetidas
veces y de múltiples modos, ha incurrido en responsabilidad internacional, violando los
derechos de los seis peticionantes de refugio político a quienes se juzgó sin garantías,
como anunciaba la defensa de los extraditables.
Sin perjuicio de esta consideración general, dadas las dificultades
prácticas para que la República Argentina se expidiera ahora sobre las múltiples
violaciones de las garantías de Vera Silguero, Acosta González, Bordón Salinas,
Cardozo Giménez, Lezcano Espínola y Rodríguez Torales por parte del Poder Judicial
de la República del Paraguay, hemos decidido concentrar esta presentación en una
cuestión de fácil comprobación, que constituye una flagrante violación de las
obligaciones internacionales asumidas por la República del Paraguay con relación a la
República Argentina y a la vez perjudica gravemente los derechos de estos seis
campesinos.

II. – OMISIÓN DE CONSIDERAR EL PERÍODO DE PRISIÓN SUFRIDO EN ARGENTINA
Al momento de imponer las penas privativas de libertad a estos seis
acusados, el tribunal omitió considerar el período de más de 2 años y 7 meses que ellos
estuvieron privados de libertad en la República Argentina.
La mayoría del Tribunal de Apelaciones del Paraguay sostuvo que: “(…)
este tribunal ya tiene el criterio conocido por todas las partes en esta causa, sobre el
cómputo del tiempo que los hoy condenados se hallan privados de su libertad, es decir, a
partir del 12 de diciembre de 2008, fecha en que, por resolución judicial, se había
declarado el cese de rebeldía de los procesados. Es por ello que el cómputo realizado por
el Tribunal de Mérito para la determinación del tiempo de compurgamiento de la
condena impuesta, es absolutamente correcto, consecuentemente la argumentación
ensayada por el recurrente en ese aspecto no puede prosperar, sobre todo si
consideramos el argumento del A-quo que nos señala que no existen constancias en
autos, que corrobore la situación procesal de los prófugos de la justicia paraguaya,
en su estadía en Argentina.”
En realidad, se encuentra debidamente acreditado en autos el período de
detención en Argentina, atento que una de las condiciones para que prospere la
extradición es la establecida en la ley de cooperación internacional en materia penal nro.
24.767 que rigió en el proceso y juicio oral junto con el tratado de extradición entre
Argentina y Paraguay, que en el art. 11 establece: La extradición no será concedida: a)
“. Continuó señalando la referida sentencia del Tribunal de Apelaciones:
“Por lo demás, nuestra Constitución Nacional está por encima de los Tratados, según el
art. 137, por ello la redacción del artículo 19 de la misma, en cuanto a la
excepcionalidad, no debe leerse solo en cuanto a una limitación de la prisión preventiva;
sino también como una posibilidad de extensión de la misma en casos excepcionales. No
cabe duda que éste que nos ocupó en esta oportunidad, es un caso excepcional, por las
características propias del hecho punible perpetrado, por la gravedad, el contexto social,
y sobre todo por el motivo del crimen”.
Esta interpretación que la mayoría del Tribunal pretende hacer de la C.N.
del Paraguay es una muestra de la manifiesta arbitrariedad que es su materia
constitutiva. El carácter excepcional de una medida de restricción de los DD.HH. jamás
puede ser interpretado como excusa para aplicarlo a casos en los cuales no sea
estrictamente necesaria su aplicación. Mucho más cuando el propio art. 19 C.N. veda esa
interpretación.
Asimismo, esta mayoría relativizó el alcance de la normativa
internacional en materia de extradición, al sostener que: “El acuerdo sobre la
extradición, en principio, son reglas para provocar la repatriación de un procesado, por
ello son reglas que se estudian ex ante a que se produzca la extradición. Una vez
dispuesta y efectivizada la misma, ya queda a criterio del país requiriente
cumplirlas en cuanto sean pertinentes jurídicamente. En este caso, prima la
Constitución Nacional antes que esta regla. Por otro lado, el cómputo del plazo de
alguna restricción de libertad dispuesta y/o cumplida en el extranjero, debe realizarse
toda vez que la Corte Suprema de Justicia de aquél país haya certificado el
cumplimiento de la restricción de libertad en aquél país, verificando también el tiempo y
el grado de la misma (por ejemplo el arresto domiciliario); lugar donde se efectuó la
privación de libertad y el juzgado o autoridad que la dictó. Entonces, si la cuestión es
relativa al tiempo de privación de libertad cumplida en Argentina debe ser computado a
la pena impuesta en Paraguay, debe cumplir con las siguientes reglas de aplicabilidad: 1)
Que no lesione el principio de excepcionalidad de la extensión de privación de libertad
(según el caso), en virtud al artículo 19 de la Constitución Nacional, 2) y siempre y
cuando dicho término haya sido certificado (verificado) por la Corte Suprema de Justicia
del país desde donde fue extraditado.”
Resulta evidente la relativización por la mayoría del Tribunal del valor
de los tratados internacionales, a través de una interpretación de mala fe, que atenta
contra los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos.
El Tribunal de Apelaciones se aparta notoriamente de las reglas de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada el 23 de mayo de
1969, a la que Paraguay adhirió (Ley 289/1971).
El art. 26 de ese instrumento internacional establece expresamente que
todos los tratados que se encuentran en vigor obligan a las partes a su cumplimiento y
deben ser cumplidos de buena fe; en idéntico sentido, el art. 27 señala que: “Una parte
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 46”, que se refiere a los vicios en el consentimiento de los Estados con
relación a la competencia para celebrar tratados.
La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en sus arts.
31 y 32, establece las reglas que rigen la interpretación de todo tratado, de la que no
puede apartarse el Tribunal de Alzada, mucho menos en virtud de una interpretación
inconstitucional del art. 19 C.N.
Ni el Tratado de Extradición firmado entre la República del Paraguay y la
República Argentina el 25 de octubre de 1996 (Ley 1061/97), ni tampoco el Acuerdo
sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR ( Ley N° 2753/05), firmado
el 10 de diciembre de 1998 contienen manifiestas violaciones al derecho interno
paraguayo; mucho menos a su C.N.
El art. 17 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del
MERCOSUR (al igual que el art. 11 de la ley argentina 24.767) establece con relación al
cómputo de la pena que: “El período de detención cumplido por la persona extraditada
en el Estado Parte requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la
pena a ser cumplida en el Estado Parte requirente.” Resulta manifiesta la sucesiva
violación (por parte del tribunal de juicio y de la Alzada) de las reglas de interpretación
de tratados (cuestión sobre la cual me explayaré a continuación) y, asimismo, del
principio pro homine, específicamente enunciado en el art. 30 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas (Ley 5/92) y en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley 1/89).
El acápite 2) del inciso 1 del art. 2 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados establece que: “Se entiende por “tratado” un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional,
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea denominación particular”. En consecuencia, el Acuerdo sobre Extradición entre
los Estados Partes del MERCOSUR es un tratado; por ende, las partes están obligadas a
cumplirlo de buena fe (art. 26 de la misma Convención sobre el Derecho de los Tratados)
La obligación de interpretar los tratados conforme a la buena fe impide
interpretar el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva en contra de su
objetivo protectorio. Pero además, se contrapone a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo art. 30 ordena que: “Nada en esta Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.”
En similar sentido pueden citarse el art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (“1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido
de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades
o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No
podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los
reconoce o los reconoce en menor grado.”) y el art. 29 del Pacto de San José de Costa
Rica, relativo a las “Normas de Interpretación” (“Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados
Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b)
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías
que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática
representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales
de la misma naturaleza.”)

A mayor abundamiento, el art. 11 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos prescribe que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su
defensa.” Entre estas garantías procesales se encuentra indudablemente el principio de
excepcionalidad de la prisión preventiva, que afecta el derecho a la libertad consagrado
en el artículo 3 de esa Declaración.
En el mismo sentido, el Pacto de San José de Costa Rica en el art. 7
establece que: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o
por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios. (…) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada,
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de
libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el
arresto o la detención fueran ilegales. (…)”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce
en su art. 9 que: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta. (…) 3. Toda persona detenida o presa a causa de una
infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio,
o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del
fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre
la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.(…).”
Este pacto también reconoce expresamente el principio de legalidad en su
art. 15: “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si
con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más
leve, el delincuente se beneficiará de ello. (…)”.
De este plexo normativo internacional, de carácter obligatorio para la
República del Paraguay, surge el derecho de toda persona a no ser sometidos a prisión
arbitraria, la excepcionalidad de la imposición de la prisión preventiva, la prohibición de
imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito y
el derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales para que se expidan sobre la
legalidad de la prisión preventiva.
Por ende, se debieron haber analizado los argumentos vertidos por la
defensa tanto durante el juicio como en el recurso de apelación especial. El Tribunal de
Alzada omitió analizar debidamente el cómputo realizado por el Tribunal de Sentencia,
cuestión que trató con evidente desprecio por la normativa internacional en materia de
DD.HH., de los tratados de extradición e incluso de las reglas sobre interpretación de los
tratados internacionales, circunstancias que podrían generar responsabilidad
internacional del Estado paraguayo, a pesar del claro mandato del art. 9 del Código de
Organización Judicial (Ley 879/81), que obliga a los magistrados a aplicar “la
Constitución, los Tratados Internacionales, los Códigos y otras leyes, los decretos,
ordenanzas municipales y reglamentos en el orden de prelación enunciado”.
En definitiva, resulta evidente la violación de la normativa internacional
por parte de la República del Paraguay (a través de su Poder Judicial, que está obligado
a aplicarla conforme los principios de buena fe), que pretende negar a los seis
campesinos extraditados desde la Argentina el cómputo del largo tiempo de prisión
cumplido en este país.

III.- PETICIÓN
Este grave y notorio incumplimiento por parte del Estado paraguayo
pone en cabeza del Estado nacional la obligación de reclamar que se hagan
efectivos los derechos internacionalmente garantizados a Arístides VERA
SILGUERO, Agustín ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS,
Basiliano CARDOZO GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque
RODRÍGUEZ TORALES.
En caso contrario, la República Argentina, que entregó a estos seis
campesinos a pesar de la ausencia de adecuadas garantías, sería responsable por permitir
la impune violación de sus derechos.
La Sentencia dictada por el Juez Lijo estableció, ante el pedido de los
defensores de los hoy extraditados que sin perjuicio de disponer la extradición se
debe poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Argentina las posibles irregularidades en el marco de la causa penal de origen
denunciadas por los requeridos así como por los testigos del juicio (Estela Calloni,
Carlos Aznarez y Teresita Asilvera) y por los defensores de los requeridos.
Consideró que el Estado Argentino deberá garantizar que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –o el organismo internacional de derechos
humanos que corresponda- tome intervención en el trámite de dichas actuaciones a
fin de verificar el resguardo de las garantías judiciales mínimas de los imputados
así como su integridad física (arts. 5 y 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos).
También el entonces Procurador General de la Nación adjunto, Dr.
LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE estableció el 4 de mayo de 2007
“Sin perjuicio de ello, si V.E. lo considera pertinente, puede disponer por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación, la entrega en condiciones que preserven la seguridad personal
del extraditado (Fallos 322:507).” Se aclara que el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación mencionado al comienzo de esta presentación dice en su artículo
3°) Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones desarrollados
en el acápite II del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos se remite en
razón de brevedad.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), creada el 20 de
diciembre de 1937 y más tarde constituida como asociación civil sin fines de lucro, es el
más antiguo de los organismos de DD.HH. de América del Sur y uno de los más
antiguos a nivel mundial. Sus miembros bregan por la defensa de los derechos humanos
dentro y fuera del ámbito de la República Argentina.. Es miembro fundador de la
Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos (FIDH), con estatus
consultivo ante la ONU. Nuestra organización ha realizado, desde el momento de la
detención en la República Argentina de estos seis campesinos paraguayos solicitantes de
refugio político, investigaciones independientes, seguimiento, asesoramientos e
intervenciones jurídicas concretas con relación a su situación jurídica. La Liga
Argentina por los Derechos del Hombre siempre se ha manifestado a favor de la
vigencia plena de los derechos humanos, incluyendo entre muchos otros el derecho a la
vida, a la dignidad, a la prohibición de ser sometido a torturas y/o tratos crueles
inhumanos o degradantes, a un juicio justo realizado dentro de un plazo razonable y el
derecho de los campesinos a la tierra que trabajan. Por ello, hoy estamos fuertemente
interesados en que cese la vulneración de derechos de estos seis campesinos que fueron
extraditados desde la República Argentina.
Solicitamos, por lo expuesto, ser informados de las medidas diplomáticas que se
hayan tomado en estos años o que se tomen en estos días en procura del cumplimiento
de las obligaciones internacionales de la Argentina tomen, dado que influirían en la
formulación de las eventuales denuncias ante los órganos internacionales de garantía de
los DD.HH., que estamos analizando a fin de lograr el debido respeto por los derechos
de estos seis prisioneros políticos paraguayos.
Saludamos con nuestra consideración más distinguida tacu

Pensar los Derechos Humanos a cien años del genocidio armenio……curso de la Liga en el Prof. A. Palacios de Barracas


 

Curso cuatrimestral del Profesorado de Historia Alfredo Palacios organizado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
con el apoyo de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos W. Said de la Facultad de Filosofía de la UBA y de Unión Cultural Armenia para alumnos del Profesorado, activistas de derechos humanos y militantes populares en general

El propósito de esta propuesta es comenzar un camino que nos permita ampliar el horizonte y las posibilidades para la lucha constante por los derechos humanos.
Pretendemos con esta iniciativa aportar a la formación de nuevas generaciones de hombres y mujeres que mantengan los principios de memoria, verdad y justicia que han inspirado el accionar de las organizaciones de derechos humanos y de sus militantes y no solo eso; que los proyecten hacia las luchas independentistas que en el siglo XXI libran y librarán los pueblos de Nuestra América hasta lograr la Segunda y Definitiva Independencia por la que ya han muerto millones de nuestras hermanas y hermanos .

Aspiramos también a que el Curso contribuya a la sistematización de experiencias que paulatinamente deberían constituirse en el cuerpo de una doctrina popular para el trabajo de los organismos de lucha por la vigencia de los derechos humanos en nuestra Argentina y la Patria Grande.
Queremos como homenaje a los luchadores populares por los derechos humanos, revivir sus experiencias y estudiar a fondo las doctrinas para transformar la sociedad que seguro todos y todas han anhelado como proyecto de nuestra América.

A partir de estas consideraciones generales los objetivos del Curso son:

1) ampliar la noción de Derechos Humanos actualmente difundida, sometiendo a una crítica fundada la tradición liberal y la perspectiva de abordar la temática solo desde la posición de víctimas, en tanto nos llevan a perder la imprescindible autonomía que hay que construir frente al Estado y los organismos internacionales; asumir las experiencias de lucha como aprendizajes imprescindibles sobre los saberes populares y los modos de dominación que se han practicado entre nosotros.

2) aportar a construir una nueva praxis en los Derechos Humanos que vincule de un modo virtuoso la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia con el compromiso militante con todas las luchas por la vigencia plena y el acceso universal de todos los derechos para todas y todos convencidos que la lucha por los derechos humanos solo es si es colectiva y parte de una gesta social;

3) fortalecer el desarrollo de atributos éticos, políticos y organizativos de una nueva generación de intelectuales y militantes por los derechos humanos que buscan profundizar la construcción de conocimiento y consolidar la formación de colectivos militantes, dado que en este terreno como en cualquier otro, no hay héroe individual sino construcciones colectivas, basadas en proyectos políticos que asuman y continúen las luchas bicentenarias de nuestros pueblos.

Para el cumplimiento de dichos objetivos proponemos la implementación de un Curso de 12 clases agrupados en cuatro bloques temáticos a desarrollarse a lo largo del primer cuatrimestre del año 2015, a cargo de importantes referentes en la lucha por los Derechos Humanos e intelectuales de probado pensamiento crítico. Aspiramos a un proceso colectivo de conocimientos donde los profesores aporten experiencias y saberes que deberán ser sometidos a la crítica y el cotejo por parte de los estudiantes con otras posiciones y experiencias que podrán sumarse a los debates que el curso promoverá en cada clase y de manera especial. La dirección del Curso aportará una bibliografía general de lectura recomendada y materiales específicos para cada tema que serán de lectura obligatoria y optativa de modo tal que al finalizar el curso cada cual tenga en su poder una pequeña biblioteca de los derechos humanos.

Los contenidos a trabajar en las clases serían:

Bloque uno: El concepto de los derechos como territorio en disputa y elementos de la historia del movimiento de lucha en la Argentina.  Bloque dos: El genocidio argentino y la quiebra de la impunidad histórica  Bloque tres. El genocidio como práctica de dominación social universal   Bloque cuatro .   La violencia institucional como mecanismo de control social en el siglo XXI

Compañeros convocados a dictar clases y coordinar los talleres: Atilio Borón, José Schulman, Jaime Fuchs, Graciela Rosenblum, Gerardo Etcheverry, Nuria Giniger, Sabrina Dentone, Tilda Rabi, Gabriel Sivanian, Marcelo Freyre, Malena Silveyra, Carlos Zamorano, Oliver Reboursin, Jorge Beinstein, Liliana Mazea y protagonistas de la lucha contra la violencia institucional de estos días