Preguntitas para el Frente de Todos: ¿de quienes son los presos políticos, algunos de los cuales se aprestan a pasar su séptima navidad privado de libertad?.

Si de tradiciones navideñas argentinas se trata, hay una que es de muy larga data.  La mayoría de los gobiernos, civiles o militares, han tenido para las fiestas de fin de año a personas privadas de su libertad por razones políticas.  Por ello, desde hace mucho pero mucho tiempo que el movimiento popular construyó una consigna contundente: Navidad sin presos políticos.

La Navidad de 2016 contó con la tradicional Campaña por una Navidad sin presos Políticos, desde enero estaba presa Milagro Sala, luego se irían sumando más y más hasta llegar a una cifra estable de unos treinta presos políticos permanentes bajo el gobierno de Macri.

Por entonces no había muchas dudas en el tradicional movimiento de derechos humanos argentino y en las grandes organizaciones sindicales y populares: hay presos políticos y los presos son de Macri.  Todas y todos, incluidos los apresados por Morales y “su” grotesco Poder Judicial add hoc.

De una manera contundente, como es su estilo aunque muchas veces no coincidamos con lo que propone, Horacio Verbitsky le explicaba a Macri porque los presos eran de él: El Grupo de Trabajo es uno de los órganos de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que la Argentina es signatario. A fines de octubre el Grupo de Trabajo declaró que la detención de Milagro Sala era arbitraria porque violaba el derecho a ser juzgada por un tribunal independiente y solicitó al Estado argentino su libertad inmediata. Luego de un intento inicial de presentar este documento taxativo como una mera opinión cuyo cumplimiento no es obligatorio y diferir la cuestión al gobierno provincial del contador Gerardo Morales (quien pretendió que la decisión fue de la justicia, que es un poder independiente), el gobierno nacional se vio obligado a tomar conciencia de la realidad. Como dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, quienes los firman son los jefes de estado o de gobierno y no las jurisdicciones subnacionales, sus gobernadores provinciales ni sus jueces. Además el propio Grupo sentenció que esos jueces y fiscales “fueron seleccionados [por el gobierno jujeño] e iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia o que pudieran haber esperado a que concluyera la feria judicial”. También dice que la responsabilidad internacional sólo corresponde al Poder Ejecutivo Nacional como representante del Estado argentino ante la comunidad de las Naciones. Esa Convención, que desde 1994 tiene además rango constitucional, es decir superior a las leyes y códigos nacionales o provinciales, también dice que los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe los compromisos que han asumido, que no pueden “invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, que es obligatorio en “la totalidad de su territorio”.  (diario Pagina 12, febrero 2017, ”, https://www.pagina12.com.ar/3758-navidad-sin-presos-politicos”

¿Hace falta decir que este mismo razonamiento es el que pone en manos del gobierno nacional la responsabilidad de la continuidad del Lawfare y de la persistencia de los presos políticos? ¿Hace falta?  Entonces recordemos el artículo dos del Pacto de San José de Costa Rica, considerado el nucleo del sistema internacional de derechos humanos del continente americano: Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes, se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Para fines del gobierno de Cristina el movimiento de derechos humanos, al menos en una parte importante, hizo un gran esfuerzo de unidad y creo la Mesa de Unidad que apoyó la constitución del Comité por la Libertad de Milagro, de cuyo seno, luego surgió el Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos, con un ánimo abarcativo de defender a todas y todos.  Sobresalieron en esa labor la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos  que organizaron un sistema de visita semanal a los presos políticos administrado por las mismas organizaciones.  Luego se comprobó que esas visitas eran sometidas al control ilegal de los espías del grupo conocido como Súper Mario Bross.  La consigna de Libertad a los Presos Políticos y Navidad sin Presos Políticos no tuvo reparos durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Es más era una de los reclamos populares más contundentes: basta de presos políticos, basta de mafia judicial y de espías, basta ce cloacas de la democracia.  El reclamo se llevó hasta la primera reunión del nuevo Presidente Fernández con la mesa de unidad de los organismos de derechos humanos donde el presidente pretendió negar la existencia de presos políticos aduciendo que solo son presos políticos cuando no tienen causa judicial.  Error garrafal o provocación cínica, solo él lo sabe.   En esa  ocasión sostuve que no es cierto que no haya parámetros internacionales sobre qué cosa es un preso político, cité que en la Asamblea Legislativa de la Unión Europea de 2009, resolución 3000 se establece que una persona privada de su libertad es un preso político si se da alguna, varias o todas estas condiciones:

1-La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.

2-La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.

3- Por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.

4-Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas.

5-La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.

O dicho de un modo coloquial y sencillo, todo preso es un preso político cuando su condición de perseguido político origina o modifica el procedimiento judicial o la misma norma jurídica. Digamos para entendernos, violar la presunción de inocencia y encerrarlos aunque no tengan sentencia firme en los días que corren o ser perseguidos por una montaña de instrumentos jurídicos construidos en épocas “democráticas”  y dictatoriales.  Del mismo modo, al momento de proponer tipificar el Lawfare ante el Parlasur utilizamos la noción de “control de convencionalidad” que nos lleva al incumplimiento de los Pactos y Convenciones en un proceso judicial como causante de nulidad del procedimiento judicial.

Se sabe que con la Conquista Militar Colonial Europea que destruyó, sofocó y subordinó los pueblos originarios que poblaban estos territorios llegó la Inquisición que comenzó persiguiendo judíos conversos, heréticos de diverso signo para luego arremeter contra los “afrancesados” que difundían las ideas del liberalismo naciente con la Revolución Francesa. La sede regional de la Inquisición estaba en Lima y fue nuestro gran José de San Martín quien la destruyó y dio por finalizadas sus funciones.  Antes, aunque sin resultados sólidos, la Asamblea del año 1813 había ordenado el fin de la esclavitud (ley de vientres) y de la tortura (destrucción en plaza pública de todo instrumento de tortura).

Fueron esos los primeros presos políticos junto con los hermanos que se levantaron con Túpac Amaru y fueron encerrados por años en las mazmorras del Imperio Español, eso sí, con sentencia judicial en forma. ¿Y cómo considerar a los mapuche encerrados por Roca en la Isla Martín García luego de la Campaña del Desierto, a las niñas y los niños esclavizados por la oligarquía porteña como sirvientes familiares u obreros de los nuevos obrajes, talleres o frigoríficos?   El viejo orden colonial fue finalmente destruido pero para principios del siglo XX, la Republica articulada por la Constitución de 1853 que había proclamado la igualdad formal de los varones blancos propietarios (ni mujeres, ni indios, ni inmigrantes pobres eran sujetos de ciudadanía) se ve sorprendida por el comienzo de protestas y luchas sociales de aquellos que habían traído para suplir a los pobladores originarios asesinados y exterminados en el sur y el noreste del país.

La noción moderna del preso político podría considerarse iniciada con la sanción de ley 4144 de 1902, aquella invención de Miguel Cané que constituye la base del edificio jurídico represivo del siglo XX.   A partir de ahí, la existencia de presos políticos se convirtió en situación reiterada en distintas coyunturas. En 1910, en ocasión del Centenario de la Revolución de Mayo se sancionó la emergencia de seguridad y se suspendieron las garantías constitucionales. En 1930 se creó la Sección Especial de lucha contra el comunismo  que, con distintos nombres, sobrevivirá hasta hoy como una agencia especializada en combatir a los militantes anticapitalistas sin importar el nombre que se les asignen o que auto asuman. Los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 todos sumaron miles y miles de presos políticos aunque la figura de “detenido a disposición del Poder Ejecutivo” se masificó recién con los gobiernos de Isabel Perón y el ciclo dictatorial encabezado por Videla.

La ley símbolo de la dictadura de Onganía fue la 17401(sancionada en 1967) de persecución de las actividades comunistas, que instauró por vez primera el delito de pensar ya que bastaba con la caracterización de los Servicios de Inteligencia para perder el trabajo o ser encerrado, claro que con causa judicial y fallo judicial.  De aquella época es el Camarón, una Cámara Federal única y especial para fallar en casos de persecución política. La ley característica de la última dictadura militar no es patrimonio de Videla y los genocidas, sino por el contrario, fue sancionada por el democráticamente electo Congreso de la Nación, con hegemonía del peronismo y el Radicalismo. La puesta en marcha de la ley 20840 contra las “actividades subversivas” sancionada en noviembre de 1974 (Juan Domingo Perón había muerto en junio y la derecha peronista viraba hacia la ultra derecha fascista de la Triple A) se abrieron infinitos causas judiciales, tantas que la sola constatación de que un ciudadano había sido objeto de esa persecución judicial servía como prueba para que el Estado argentino considerara cumplidos los requisitos para la adjudicación de la reparación económica para los presos políticos de la dictadura.

Terminada la última dictadura se instauró un ciclo que ya lleva casi cuarenta años sin golpes militares.

Sin embargo, el ejercicio del voto popular no evitó la existencia de presos político en la Argentina. En los primeros años de democracia quedaron detenidos un conjunto de presos políticos que el gobierno de Alfonsín seguía considerando subversivos y a los que se les iniciaron causas judiciales conforme el decreto presidencial 157. Hubo que luchar mucho, incluidas huelgas de hambre de los compañeros, para liberarlos.  Claro, la memoria de la lucha democrática la tienen los que luchamos por todas y todos los presos políticos, siempre, aunque algunos ni se dieran por enterados. 

Presos políticos hubieron con Alfonsín, con Menem y también con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.  Seis campesinos paraguayos fueron atrapados en Buenos Aires, a pesar de las promesas de garantías a refugiados políticos prometidas por el Embajador Argentino en Asunción, el señor Roma, entregados a la Justicia fascista de Paraguay y condenados a treinta y cinco años de condena bajo absurdas acusaciones nunca probadas y un discurso antiterrorista básico: amigos de Raúl Reyes, extensión de las Farc en Paraguay, etc.  Están presos desde 2006 y tienen nombre, se llaman Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón. Fueron extraditados en noviembre de 2008 bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

Los presos del macrismo, el lawfare como nuevo modelo de dominación colonial

La memoria es para todos. O al menos para todos los que se preocupan por aprender de la historia de las luchas sociales. Y la lucha por la libertad de los presos políticos en Argentina y América no ha sido una tradición menor en la región. El Imperialismo y sus agencias estudiaron muy rigurosamente los modos de construcción de la memoria y los modos en que se resistió al olvido. Tomaron nota de que Fidel Castro, salido de la Cárcel de la Isla de Pinos, se convirtió en el máximo líder de la nación cubana, para siempre. Tomaron nota que unos tres mil ex presos políticos argentinos testimoniaron en los juicios contra los genocidas, y que por una acordada de la Corte Suprema, su palabra sobre los hechos, cometidos de modo clandestino por un Estado Terrorista, adquirieron carácter de verdad (claro que bajo ciertas circunstancias) y que, en general, en la América Latina post dictatorial, el sello de ex preso político se asemejaba al de “luchador por la democracia y la igualdad” “ciudadano digno de respeto” y otros similares. 

El Lawfare no es solo la subordinación total del aparato judicial a un plan de dominación imperial pensado, articulado y ejecutado por las agencias especiales de los EE.UU. para la región. Es también, y por sobre todo, un plan de contrainsurgencia por el camino de invalidar a los dirigentes populares en su condición de militantes de una causa popular de mejoría de las condiciones de vida de la población, de mejora de las capacidades del Estado Nacional  para encarar algunos problemas sociales, culturales o políticos, de integración de los países en una lógica que se aparte de los mandatos brutales de alineación automática de Trump y la Cía.  Así Lula no eras quien intentó dar un plato de comida a cada brasilero, es el ladrón de un departamento. Así Glass no era el vice de Correa en el mejor esfuerzo, frustrado cierto, de tener un gobierno del pueblo en Ecuador. Y Milagro no era una dirigente social que construyó un espacio social para los más pobres de Jujuy, Amado no era el que recuperó las jubilaciones de las AFJP, Julio no es gestor de un plan de obras, ni Luis es quien tempranamente organizó a los desocupados y busco su dignidad.  Todas y todos son ladrones, corruptos y en algunos casos, corruptos y violentos.

Negar el carácter político de estos presos es convalidar el sentido profundo y estratégico del Plan de Copamiento del Poder judicial por parte del macrismo, como lo calificamos en la denuncia hecha en mayo de 2019 en Lima ante el Dr. García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas para la autonomía de abogados y magistrados, denuncia que este remitiera a Macri para fines de su mandato, Avruj pretendiera negar y el nuevo secretario de derechos humanos, compañero Horacio Pietragalla, pidiera que se investigue y se dé curso.   Como dijera el propio Fontevechia en su diario Perfil: “Si hubo lawfare hay presos políticos”[5] , porque si no hay presos políticos, ¿qué es lo que hubo?: ¿excesos de un Poder Judicial siempre dispuesto a complacer el gobierno de turno?, ¿o simple aprovechamiento político de delitos verdaderos de delincuentes verdaderos? 

Es usted el que debe responder Presidente Fernández, pues es su gobierno el que no da respuestas a aquella pregunta que nos hicimos cuando se constituyó el Frente de Todos con personajes tan siniestros como Massa o Sola, viejos colaboradores de la Embajada de los EE.UU.: ¿se echó a Macri para salvar algún modo de neoliberalismo atenuado con políticas sociales focalizadas o vamos a derrotar el macrismo en camino a la liberación verdadera, nacional, social, popular y democrática?   En aquella ocasión en que pudimos decirle de frente lo que pensamos, terminé mi alocución con las siguientes palabras: “los presos políticos son un problema, no se pueden ocultar bajo la alfombra”. 

Han transcurrido casi tres años, los presos políticos existen, son un sujeto político y detrás de ellos se agrupa lo mejor de la democracia argentina. A veces parece que somos pocos y a veces parece que nos condenamos al ostracismo pero como dijo el compañero Daddy Brieva en el acto de Avellaneda por los presos políticos: alguno debe decir que las vacas no vuelan, porque si no Clarín, TN, Macri y hasta algún despistado político dirán que las vacas vuelan o sea que  no hay presos políticos y ¿saben qué?  las vacas no vuelan, los presos son políticos.

Y con presos  políticos no hay democracia.  Entonces, Navidad sin presos políticos, hasta que la dignidad se haga costumbre