El largo exilio de Perón del gobierno (1955/1973) tuvo una abundante literatura centrada en los 18 años de proscripciones, censuras,  prohibiciones, persecuciones; sin embargo el periodo sin gobierno peronista entre 1976 (Videla) y 1989 (Menem) a pesar de que es de trece años tiene menos glamour en la memoria popular, y se entiende.

El último periodo del gobierno de Isabel Perón rompe con las normas constitucionales, encierra opositores “a disposición del Poder Ejecutivo”, impulsa, habilita o al menos consiente el accionar criminal de al Triple A y abre paso al golpe de Estado. 

El peronismo como fuerza política una vez más se vio dividido en reprimidos y represores. 

No tengo dudas de que la identidad de la mayoría de las víctimas tanto de la Alianza Anticomunista Argentina (desde ahora Triple A) como los de la dictadura de Videla, eran peronistas; aunque tampoco se puede ignorar que ciento sesenta y nueve dirigentes peronistas ocuparon el cargo de “intendente/interventor” con designación add hoc de la dictadura militar.  Claro que no fueron los únicos.   En cifras la colaboración con los militares fue la siguiente: Unión Cívica Radical, 310 intendentes; el Partido Justicialista,169 intendentes; demo progresistas, 109 intendentes; el Movimiento Integración  y Desarrollo (Frondizi) 94 intendentes; Fuerza Federalista Popular, 78 intendentes; el Movimiento Popular Neuquino (fuerza neuquina), 23 intendentes; demócratas cristianos, 16 intendentes y Partido Intransigente, 4 intendentes.  Como se puede verificar, ninguno de la izquierda comunista en sus diversas fracciones y mucho menos de la nueva izquierda insurreccional.

La derrota de Lúder frente a Alfonsín fue un mazazo que obligó/posibilitó/impulsó  un amplio proceso de debates y autocríticas desde el espacio de los sobrevivientes y la diáspora montonera hasta los sectores más tradicionales del Pejota de la Provincia de Buenos Aires, que todos juntos lanzaron la «Renovación Peronista» como modo de “contener” por izquierda y “modernizar” por derecha.   Pero contra todo calculo, la jugada fracasó.

Menem, que había sido gobernador en La Rioja (asumió bajo los carteles de la JP acompañado del Jefe de la Juventud Peronista Regional III y terminó su mandato consintiendo la persecución a los laicos y religiosos que se inspiraban en el Obispo Angelelli); logró su candidatura venciendo al otro pre candidato, nada menos que Antonio Cafiero, embanderado como el líder de la «Renovación Peronista» que pretendía dejar atrás a los “mariscales de la derrota” de 1983.  Ante Antonio Cafiero, Carlos Menem se presentó como un peronista “ortodoxo” proclamando consignas tales como “salariazo” y “revolución productiva”,  pero en sus dos periodos de gobierno  hizo todo lo contrario.  Años después diría algo así como “si les decía lo que iba a hacer, no me votaban”.

Sin pretensión de relatar los dos periodos de gobierno de Menem, nada menos que la década del 90, intentaré una breve síntesis sobre el carácter y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos por parte del Peronismo en su retorno post dictatorial al gobierno de la Nación.

Más allá de que la lucha por los derechos humanos tiene una historia más que larga en la Argentina (en mi humilde opinión se debería celebrar como acto fundacional la huelga general de las y los trabajadores realizada en noviembre de 1902 en resistencia a la sanción de la ley 4144 conocida como Ley de Residencia que funcionó como un recurso de expulsión de inmigrantes que luchaban contra el sistema); más allá de que a comienzos del siglo XX, tanto comunistas como anarquistas y otros grupos sindicalistas construyeron sociedades de ayuda mutua y de solidaridad para los trabajadores en huelga, desocupados o presos por el Estado;  más allá de que desde 1937 existe la Liga Argentina por los Derechos Humanos (antes su nombre era “del hombre”); para fines de la dictadura y principio del gobierno de Alfonsín,  se fue equiparando “derechos humanos” con lucha por la aparición con vida de los desaparecidos, libertad a los presos políticos que aún seguían tras las rejas y sobre todo la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia. 

Qué digan dónde están.   Con vida los llevaron, con vida los queremos. 

Cómo ahora se puso tan en evidencia (con la exitosa película Argentina 1985), hubo un primer capítulo de la lucha que culminó en el juicio a la junta militar (culminó en el juicio, no comenzó pidiendo el juicio pero así es la lucha de clases, el resultado siempre es fruto de la lucha, nunca de su formal exposición)

Primero: Memoria, verdad y justicia. El objetivo de Menem fue lograr la impunidad por el camino de la “reconciliación nacional” y para ello su política fue bastante audaz y cínica.   Leyes de reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado (el universo de afectados se fue ampliando hasta abarcar también a los del periodo de Isabel y la Triple A) que habían realizado un reclamo legítimo y masivo desde el fin de la dictadura misma refrendado hasta por la CIDH que así se lo exigió al estado argentino a comienzos de los 90¨ pero también  tuvo propuesta de demolición de la ESMA (febrero 1998) y abrazo con los enemigos mayores del peronismo como tal: el Almirante Rojas (1996),  acaso el más odiado de los Gorilas, según muchos, mucho más que el propio Aramburu, ejecutado por Montoneros en 1970.  

Con sus decretos de indulto (fueron 20 decretos entre finales de 1989 y diciembre de 1990), Menem consolidó la impunidad de los genocidas y trató en todo lo posible de fortalecer  la teoría de los «dos demonios» consagrada en el prólogo de Ernesto Sábato al Nunca Más[i] inspirado en los decretos de Alfonsín contra genocidas y luchadores insurreccionales en la misma bolsa.  Consagrada la impunidad “dura”, el movimiento de derechos humanos promovió diversas iniciativas.  Las causas llamadas  “juicios por la verdad” porque se hacían renunciando a la capacidad punitiva, la investigación de los robos de niño y crímenes de la Operación Cóndor puesto que habían sido excluidos de los decretos de impunidad fueron acaso las principales formas de resistencia aunque no las únicas: en aquella época nacieron los escraches a los genocidas impunes. 

Es de destacar la resistencia popular a la demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada y la conquista de las leyes de expropiación del sitio y la creación del primer Instituto Espacio para la Memoria en la ex Esma.  Las leyes emanadas de la Legislatura Porteña establecían que el edificio y sitio se recuperarían cuando el último marino desalojara el predio, cuestión que se prolongó hasta bien entrado el siglo XXI de la mano de Néstor Kirchner en  uno de los actos de ruptura con el pasado continuista que forjaron el nuevo tiempo político por venir: el kirchenerismo.

Segundo: Derechos de los pueblos a la soberanía económica social también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales reconocidos formalmente por la ONU en 1966 con entrada en vigor en el paradójico 1976 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

Si Perón amplió la noción de ciudadanía (previamente ampliada para sectores populares en 1912 aunque solo para la parte masculina de la sociedad, con el sufragio “universal”) llevándola a lo económico, social y cultural con sus políticas de nacionalizaciones, legislación y derechos laborales;  Menem hizo todo lo contrario, el proceso más regresivo en setenta años: privatizaciones, desregulaciones, flexibilización, negociados descomunales

En lo económico social, Menem fue el verdadero ejecutor del Plan Martínez de Hoz que por razones de la lucha antisubversiva y la estructura misma del poder militar,  no ejecutaron a fondo en «los años del lobo».  

Cuando a Roberto Alemann le preguntaron ¿por qué era Menem el privatizador y no habían sido ellos?,  Alemann contestó que ellos habían liquidado la subversión y el sindicalismo, luego cualquiera podía privatizar. 

Y era cierto; no habría Menemismo sin la previa dictadura militar o dicho en una perspectiva histórica larga, Menem fue quien remachó el genocidio fundando el país soñado por Videla, Masera, Martínez de Hoz y la Embajada de los EE.UU. verdadero poder real de la Argentina durante todo aquel periodo. 

En «El Capital», Carlos Marx demostró cómo se generan las ganancias para los empresarios capitalistas. El secreto radica en la producción, en el hecho que el trabajador crea en un breve tiempo de trabajo un valor equivalente a su salario pero que al seguir trabajando por más horas genera más valor y ese plusvalor, plusvalía no pagada es la fuente de la riqueza burguesa. 

La ganancia que se origina en la  producción se REALIZA en el mercado luego de la distribución de las mercancías y de un tiempo de espera para venderlo.   Lo importante es entender que hay un tiempo de producción de la plusvalía, en la esfera productiva, y hay un momento de realización de la misma en el mercado. De igual modo la «realización» del genocidio no coincidió con el momento de la ejecución.

Así se puede pensar que Carlos Menen “realiza”, ejecuta, materializa el plan económico de Videla y Martínez de Hoz; en ese sentido funciona como un momento clave del Genocidio. que es el de su realización material (las privatizaciones) y simbólica (el abrazo con Rojas y el perdón a los genocidas)

Resulta bastante conocido el hecho de que durante la década de 1990, las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Carlos S. Menem provocaron un vertiginoso crecimiento de la pobreza y del desempleo en la Argentina. En ese marco, se produjo la emergencia de un fenómeno organizativo novedoso: el del movimiento piquetero, conformado esencialmente por trabajadores desocupados. Desde 1996, la palabra piquetero comenzó a utilizarse por los medios de comunicación para referirse a quienes practicaban el corte de ruta como método de lucha. Los primeros grandes cortes de ruta estuvieron organizados por distintos sectores sociales y se produjeron ese año en Cutral-Co y Plaza Huincul, provincia de Neuquén, para repetirse al año siguiente en esas localidades y en Tartagal y General Mosconi, provincia de Salta y luego extenderse a todo el país. Volviendo al criterio de distinguir entre producción y distribución para llegar al mercado, los trabajadores activos pueden presionar con la huelga sobre la producción pero al desaparecer la fabrica a los trabajadores desocupados les asiste el derecho de interrumpir la circulación y así impedir la realización de la plusvalía en el mercado.

Carlos Menem fue el que tuvo que enfrentar la nueva forma de lucha de los trabajadores de las empresas privatizadas y lo hizo llevando la Gendarmería a las rutas y calles dejando atrás la idea que era una fuerza de frontera y como tal no debiera apartarse más de sesenta kilómetros de los límites nacionales.  Desde entonces la importancia y jerarquía de esta fuerza no dejó de crecer, su rol en el asesinato de Santiago Maldonado clarifica sin dudas el objetivo menemista de llevarlos a las rutas y contraría el mito de la fuerza blanca al que adhirieron tantos progre del kirchnerismo.[ii]

No puede dejar de mencionarse, como central en la política represiva y de control social, la amenaza brutal de Menem contra los huelguistas ferroviarios de 1991: “ramal que para, ramal que cierra” con la que consiguió derrotar el acto rebelde obrero de acaso mayor importancia en aquel periodo.  Derrotada la huelga ferroviaria, los siguientes desafíos fueron superados del mismo modo y cada vez con más eficacia de control estatal.

A modo de síntesis, publicamos fragmentos del prólogo al informe PRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DEL TERCER INFORME PERIÓDICO DE ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 40 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Este documento ha sido elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las organizaciones afiliadas a la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) realizado al final del periodo menemista. 

1. En primer lugar, lamentablemente debemos informar al Ilustre Comité que en términos generales Argentina ha incumplido las recomendaciones efectuadas por este organismo en su Observaciones Finales del 5 de abril de 1995 (CCPR/C/79 Add. 46).
2. Así, en este informe, nos referiremos, por ejemplo, a la falta de cumplimiento de la recomendación de remover de sus puestos a los funcionarios de las fuerzas de seguridad que participaron de la represión de la última dictadura militar, de adoptar medidas para impedir casos de uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas armadas o la policía, de prestar especial protección a los periodistas y de revisar los criterios de la prisión preventiva, entre otras recomendaciones.”.
3. Por otro lado, a pesar de lo que informa el Estado en los párrafos 9 y 10, existen aún muchas normas internas que contradicen derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A modo de ejemplo, en el apartado correspondiente, en este informe mencionaremos la normativa sobre inmigrantes, derechos de las mujeres, derechos de las personas privadas de libertad, libertad sindical, etc.
4. Pasando ahora a los problemas fundamentales en materia de derechos humanos en Argentina, tal como se describirá en este informe, siguió creciendo la actualidad del legado de la dictadura militar. Porque el Estado no garantiza ni el derecho a la justicia ni el derecho a la verdad de las víctimas y los familiares del terrorismo de Estado que ocupó el poder entre 1976 y 1983.
5. Si bien no pueden dejar de destacarse como un importante avance las nuevas detenciones y algunas importantes resoluciones judiciales en los procesos que se siguen por la apropiación de menores y plan sistemático, lo cierto es que en términos generales a poco de cumplirse 25 años del último Golpe de Estado, todavía quedan muchas deudas en este campo. Con relación a la posibilidad de juzgar a los responsables, si bien las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas el 24 de marzo de 1998, la derogación tiene efectos sólo a futuro, y por ello no ha significado avance alguno en la lucha contra la impunidad.
6. Con respecto a los juicios por la verdad éstos continúan abiertos, a pesar de la inexistencia de normas que reconozcan este deber imprescriptible por parte del Estado —lo que facilitó, por ejemplo, que en 1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le negara el derecho a una madre de una desaparecida (Carmen Lapacó) a conocer la verdad de lo ocurrido— y que impongan que el impulso principal debe recaer en el Estado y no en los familiares.
7. A la falta de justicia para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar se sume el hecho de que el Gobierno no colabora en los juicios que se tramitan en el exterior en base a la jurisdicción universal. Por otro lado, también es preocupante que muchos de ellos continúan ocupando funciones dentro de las Fuerzas Armadas —lo cual significa además un claro incumplimiento de una recomendación del Comité en sus Observaciones Finales de 1995—. Es más, a pesar de claros antecedentes, varios de los oficiales han sido ascendidos.
8. En el apartado correspondiente a este tema, también nos referiremos a la política reparatoria del Estado. Destacamos que el Estado argentino ha demostrado su voluntad de lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar, reconociendo su obligación al dictar la ley 24.411, entre otras. Sin embargo, debemos mencionar por lo menos tres factores que diluyen esta obligación reparatoria: una serie de trabas burocráticas con las que se chocan los damnificados en el intento de peticionar su indemnización, un decreto en el año 1997 por parte del Poder Ejecutivo que provoca una especie de sagio en el monto a cobrar; y finalmente la poca difusión que se ha generado respecto de la existencia de la acción prevista por la ley 24.411, circunstancias que hacen del reclamo un derecho programático.
9. Otra cuestión central que persiste en materia de graves violaciones a los derechos humanos en Argentina es la violencia institucional, especialmente en relación con las fuerzas policiales. Tal como se describirá en este informe, estos años fueron sumamente negativos en cuanto a la brutalidad policial: han aumentado las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas de seguridad y las torturas en centros de detención. Al respecto, es preciso recordar que ya en 1995, el Ilustre Comité había instado al Gobierno argentino a que se tomaran todas las medidas necesarias para impedir casos de uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas armadas o la policía. Lamentablemente, ésta es otra de las recomendaciones incumplidas por el Estado. Tal como lo demuestran las estadísticas que se presentan, hubo un aumento sin precedentes en estos últimos años en el número de muertes y torturas provocadas por el accionar de agentes policiales. Esta situación preocupante se debe al sensible retroceso que sufrieron muchos de los procesos de reformas policiales que se habían iniciado —siendo sin duda el más importante el de la Policía de la Provincia de Buenos Aires—. Pero, además, es consecuencia, sin duda, de una política de seguridad más represiva que preventiva. La crisis de la seguridad, provocada fundamentalmente por la ineficacia de los aparatos estatales para disuadir e investigar los delitos y por la falta de estrategias sociales de prevención, encontró como única respuesta política la solución de la mano dura.
10. Esta situación de violencia institucional debe completarse con las violaciones graves a los derechos de las personas privadas de su libertad. La situación carcelaria es realmente preocupante: las cárceles en Argentina siguen sobrepobladas y los derechos de las personas privadas de su libertad son violados diariamente. Sobre este tema, es preciso llamar la atención sobre las estadísticas que muestran que han aumentado la cantidad de muertes en centros carcelarios, y datos que reflejan por ejemplo que más del 60% de las personas privadas de la libertad son procesados sin condena. Ante esta realidad, los mecanismos de control no funcionan adecuadamente, y esta ineficacia tanto del control administrativo, como político y judicial es una de las principales razones que coadyuvan a la brutalidad policial. A grandes rasgos diremos que durante estos años no se ha revertido la regla sobre el control judicial prácticamente inexistente o inadecuado ante casos de brutalidad policial, que en algunos casos resultan, por lo menos, condescendientes.
11. Por otro lado, resulta adecuado remarcar que en los últimos años se ha hecho más visible la problemática de ciertos grupos vulnerables. Nos referimos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a los inmigrantes y refugiados y a las minorías religiosas .
12. Con respecto a los pueblos indígenas, al margen del reconocimiento que la reforma constitucional de 1994 ha hecho de ciertos derechos, en la realidad los indígenas siguen sufriendo la expropiación de sus tierras, graves condiciones de exclusión social y privación de derechos culturales que hacen a su identidad. En este sentido, sus territorios ancestrales están hoy devastados por el uso irracional de los ambientes nativos y muchos de los conflictos sobre sus tierras no fueron resueltos. Además, es llamativo que la distribución de la población indígena coincida con las áreas del país con mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Además, los lugares en los cuales hoy se encuentran tienen los índices más altos de infecciones agudas.
13. Otra de las graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina actual es la discriminación a los inmigrantes y refugiados. En primer lugar, porque la propia normativa migratoria argentina —contraria a estándares internacionales en la materia— es la que priva a los inmigrantes del efectivo goce de derechos, tales como el derecho a la educación y a la salud. Además, la ley es violatoria del Pacto en cuanto a la falta del debido proceso en los trámites de expulsión (los cuales adquirieron dimensiones de una escala industrial, Nota del autor)
14. En segundo lugar porque en los últimos años ha evolucionado un discurso público fuertemente xenófobo, y en muchos casos fueron las autoridades del Estado las que generaron las conductas discriminatorias. Finalmente, durante el año pasado se han hecho públicos serios ataques contra inmigrantes bolivianos que habrían comenzado cierto tiempo atrás que evidencian un ensañamiento de características discriminatorias.
15. Por supuesto, otra de las situaciones preocupantes es la referida a la libertad de expresión y el derecho a la protección y respeto de este derecho fundamental, y están abordadas en este informe: por un lado, los continuos ataques y agresiones a los periodistas, siendo el del reportero gráfico José Luis Cabezas, el más paradigmático. En segundo lugar, la situación existente respecto de la persecución judicial por el ejercicio de la libertad de expresión —en particular contra los periodistas—, que desalienta a los periodistas a informar sobre problemas de interés público. En tercer lugar, es lamentable la falta de vigencia del derecho de acceso a la información; así, por ejemplo, al cierre de este informe aún no fue aprobada la ley que regula el habeas data.
16. A lo largo de estos años paralelamente se fueron profundizando gravísimos problemas sociales, muchos de ellos directamente vinculados con los derechos humanos. La mayoría de estas cuestiones no fueron nuevas, pero sí puede afirmarse que se profundizaron o, al menos, que tuvieron un nivel de demanda social inédito en comparación con años anteriores. En sentido contrario, no hubo propuestas de soluciones “fuertes” frente al aumento de la pobreza.
17. Durante todo el año se acumularon los estudios que ratificaron el sostenido incremento del número de personas con necesidades básicas insatisfechas. La pobreza, en este sentido, tiene importantes efectos sobre ciertos derechos civiles como el derecho a la vida, en tanto son preocupantes las estadísticas sobre mortalidad infantil por causas evitables, y sobre enfermedades epidémicas que atacan, en ciertos casos, a las personas con menores recursos. En este sentido, el proceso económico de ajuste estructural dio lugar a distintas expresiones de la protesta social. Frente a esta situación de reclamo social, la respuesta estatal fue la represión física y la criminalización o persecución penal de los manifestantes
18.  En el informe haremos mención a esta grave situación que vulnera derechos esenciales —tales como la libertad de reunión, expresión, integridad física, derecho a la vida, etc.— y nos referiremos a ciertos casos ocurridos durante estos últimos años. Al mismo tiempo, explicaremos que más allá de la norma del Pacto y del art. 14 bis de la Constitución Nacional —ambas con la misma jerarquía—, el Estado no garantiza el ejercicio de la libertad sindical ya que los derechos que de ella emanan no quedan “garantizados a todos los gremios”

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Desde los finales del 2022, a más de veinte años del  informe llama la atención la continuidad sin grandes cambios de los ítems: pueblos originarios, personas privadas de libertad, violencia institucional, carácter cada vez más delegativo de la democracia así como se puede apreciar mejor los cambios positivos en la temática Memoria Verdad y Justicia o la nueva ley de migraciones que impulsó el kirchnerismo, temas todos que examinaremos en nuestro próximo artículo sobre el balance del kirchnerismo y los derechos humanos 

[i] https://cronicasdelnuevosiglo.com/2006/07/12/la-escritura-y-reescritura-del-prologo-al-nunca-mas-disputas-por-la-hegemonia-cultural/

[ii] https://www.revistaanfibia.com/manda-a-la-gendarmeria/