Segunda nota de la serie Mitos sobre el peronismo y el estado. 

En memoria de Juan Ingalinella desaparecido en 1955

que alguna vez dio una charla clandestina en mi casa

en Santa Fe, la misma que la Triple A demolió

con una bomba bajo otro gobierno peronista en 1975.

Encerrado en una cárcel fascista, Antonio Gramsci se pregunta una y otra vez sobre las razones de la derrota de la revolución en su país y se contesta: “Nosotros no conocemos Italia. Peor todavía, no tenemos los instrumentos adecuados para conocer Italia tal como es realmente, y entonces nos encontramos en la casi imposibilidad de formular previsiones, de orientarnos, de establecer líneas de acción con una cierta probabilidad de acierto. No existe una historia de la clase obrera italiana. No existe una historia de la clase campesina” (http://www.gramsci.org.ar/1922-26/09-que-hacer.htm)

Las reiteradas frustraciones argentinas (no pudimos superar los límites del Kirchnerismo y vino Macri; no pudimos capitalizar la rebelión de diciembre de 2001 como tampoco habíamos podido coronar la ofensiva popular que transcurrió desde el mayo de 1969 (Cordobazo) hasta la Masacre de Ezeiza en mayo de 1973; y así podríamos llegar al agotamiento de las batallas independentistas de San Martín, Belgrano, Moreno y Monteagudo, nos demandan superar las respuestas fáciles, lineales, superficiales que impiden comprender de verdad quienes somos los argentinos y los pobladores antiguos de estos territorios nuevamente colonizados, ahora por los EE.UU. y sus cipayos locales.

Aclaro que la solución no estriba en estudiar Italia como algún dogmático indomable contestó a la misma pregunta, sino de entender nuestra historia nacional y en esa historia sin lugar a dudas que tiene centralidad el peronismo y a una mirada sobre sobre sus orígenes, desde la perspectiva del accionar del Estado argentino, dedicamos esta nota.

En muy pocas líneas digamos que Juan Domingo Perón se une al Grupo de Oficiales Unidos que en junio de 1943 da un golpe de estado y se hace del gobierno.  En ese gobierno, primero actúa como Secretario de Trabajo y Previsión (inaugurando un espacio estatal de nuevo tipo) para luego ser nombrado Vicepresidente y Ministro de Guerra lo que precipita una reacción militar, lo encierran, y una contra acción obrera y popular que lo libera y lo pone en disposición de ganar las elecciones en los siguientes meses al 17 de octubre.

Primer matiz: pocas veces cuando se hace la secuencia de los golpes de estado en la Argentina: 1930, 1943. 1955, 1962, 1966 y 1976 se menciona al de 1943.  Incomoda al apologista  y desconcierta a muchos por su carácter contradictorio, tanto como el propio Perón; lo cual no debería desconcertar porque la contradicción es el modo en que se despliega la vida social y la historia.

Cierto es que el GOU era un grupo político de militares inclinados hacia el Eje fascista de Alemania, Japón e Italia.  Es cierto que Perón participaba en él y participó en el gobierno surgido del golpe (también había apoyado al de 1930 y residido en la Italia de Mussolini como agregado de la embajada argentina) y que se apoyó en el aparato estatal para desplegar su propio proyecto político que al entrar en contacto con los trabajadores y sectores nacionalistas se perfila de una manera novedosa para el país y la región dejando atrás (pero arrastrando jirones del nacionalismo católico de derecha, fascistoide del cual provenía). Surgido de un golpe de estado para ser derrotado luego por otro golpe aún más de derecha y cipayo, el de 1955, pretender que Perón y el Peronismo nacieron de una vez y para siempre, iguales a si mismo en el transcurrir del tiempo es uno de los grandes errores posibles; el otro es solo prestar atención a las policías bravas y la picana de modo tal de perder de vista a las masas trabajadoras que se tomarán de sus promesas y una y otra vez irán por más, tal como ocurrirá en estos meses con el gobierno peronista de los Fernandez.

Sigamos al historiador César Tcach, investigador del Conicet que publicó El parto de un desencuentro: el duelo peronismo-comunismo en Argentina (1943-1955) sobre el carácter represivo del golpe militar de 1943 y sobre los límites del primer gobierno de Perón (1946/55)  https://journals.openedition.org/nuevomundo/82039       

“Tras el golpe militar de junio de 1943 tuvo lugar un proceso progresivo de concentración funcional de la autoridad en Perón, que lo condujo a desempeñar primero el poder en el Departamento Nacional del Trabajo y luego, de modo simultáneo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el Ministerio de Guerra y en la Vicepresidencia de la nación hasta octubre de 1945. El segundo día después del golpe, el diario del PC La Hora fue saqueado y clausurado por los agentes policiales de la Sección Especial contra el Comunismo[i], y detenidos sus principales redactores. 

El 1 de julio de 1943, el Ministro del Interior, general Alberto Gilbert advirtió que “los comunistas podían actuar de modo indirecto y disimulado a través de asociaciones colaterales”[ii] que había que combatir, ilegalizar y de las que había que clausurar sus locales. Dos semanas más tarde completó sus advertencias: el uso de la palabra “democrático” podía ser una máscara de las actividades comunistas: se declaró fuera de la ley a la CGT N° 2, centros educativos y culturales como el Colegio Libre de Cultura Popular y asociaciones antifascistas como Acción Argentina y Junta de la Victoria. 

La eliminación de la presencia de comunistas en la administración pública nacional, provincial y municipal constituyó un objetivo constante del gobierno nacional. En 1943, se impartieron instrucciones a los comisionados municipales de diversas provincias a efectos de vigilar la infiltración comunista y denunciarla a la policía.

Asimismo, en junio de 1945, una resolución del Ministro de Guerra, coronel Perón, instruyó al general de brigada y Director General del Personal del Ejército, Pedro Abadie Acuña, para que solicitara información al interventor federal en Córdoba sobre empleados de la Cárcel de Encausados imputados de “actividades comunistas”. 

La represión anticomunista se extendió a los más recónditos lugares de la geografía argentina. En el departamento Roque Sáenz Peña (territorio nacional de Chaco) fueron detenidas 24 personas, algunas de ellas en sus lugares de trabajo. En la gobernación militar de Comodoro Rivadavia – jurisdicción política administrativa creada en 1944 –, la represión a los militantes comunistas que desarrollaban su actividad en los campamentos petroleros de Caleta Olivia y Cañadón Seco no tardaron en hacerse sentir.

De acuerdo con el historiador Gabriel Carrizo[iii], pervivieron durante largos años en la memoria colectiva de los ex-militantes comunistas – entre los cuales circulaba asiduamente el semanario Orientación – los vuelos que se realizaban desde la ciudad de Comodoro Rivadavia a cárceles de Buenos Aires “a través del denominado avión fantasma”. En esa ciudad petrolera, militares, sacerdotes salesianos y la Asociación Patriótica Argentina Peronista conjugaron sus esfuerzos para liquidar el sindicalismo comunista.   

Entre 1943 y 1945, la organización del aparato represivo del Estado en relación a las actividades comunistas tenía dos andariveles: militar y policial. En relación al control social ejercido directamente por los militares, tenían injerencia directa en el proceso de toma de decisiones el Ministerio de Guerra y la Gendarmería Nacional…

El dispositivo policial de represión tenía su centro de coordinación en la policía de la Capital (Buenos Aires), reconvertida en Policía federal a partir del 24 de diciembre de 1943; las policías locales de las diversas provincias debían compartir con ella informes y fichas de personas identificadas como comunistas. Los organismos de espionaje político tendieron a institucionalizarse a través de la reglamentación de las divisiones de investigaciones, y en especial de sus respectivas secciones de Orden Social y Político. La planilla prontuarial empleada por la policía se organizaba en cuatro ítems: datos, señas particulares, antecedentes penales y antecedentes políticos y morales. 

En virtud del Estado de Sitio, numerosos comunistas fueron detenidos sin juicio, quedando a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), apelando a un prolífico uso del al artículo 23 de la constitución nacional. Muchos de ellos fueron enviados a penales del sur del país.   

Las normas institucionales que regulaban la represión anticomunista fueron los Edictos de Seguridad y Reuniones Públicas de noviembre de 1943, y especialmente el decreto 536/45 del 15 de en7ero de 1945, de Represión de Delitos contra la Seguridad del Estado. Los edictos – de órbita provincial – sancionaban con penas de prisión de hasta 25 días la distribución de panfletos y la posesión y/o pegatina de carteles; el decreto castigaba con penas de hasta cinco años de prisión preconizar doctrinas comunistas y hasta tres años de prisión para quienes inciten a huelgas en “reparticiones nacionales, provinciales o municipales, o en empresas semioficiales o particulares que tengan a su cargo servicios públicos”. 

La prohibición de la prensa comunista se complementó con la censura de prensa contra aquellos periódicos que reprodujesen sus declaraciones. En el mundo del trabajo – como ha señalado con acierto Juan Carlos Torre –, la firmeza de los cuadros obreros comunistas en mantenerse fieles a la línea del partido sin dejarse seducir ni cooptar por el gobierno, tuvo como consecuencia la represión más implacable.

La legalización del Partido Comunista de cara a las elecciones de febrero de 1946 y la decisión de Perón de mantenerlo en la legalidad durante los años posteriores generó el descontento de la Iglesia Católica. Desde su mirada, legalizar al PC y permitirle participar de las consultas electorales era “un crimen de lesa patria”. La decisión de Perón tuvo como contrapartida la prédica antigolpista del Partido Comunista y la adopción de una línea política predispuesta – a partir del XI congreso partidario – a reconocer los aspectos positivos de la gestión gubernamental.

La VI Asamblea Nacional del PC, realizada a fines de 1946, valoró satisfactoriamente el primer plan quinquenal propuesto por Perón en sus aspectos económicos, pero advirtió acerca de la tendencia del presidente a concentrar demasiado poder y restringir las libertades democráticas. La idea del Perón nazi o resabio del fascismo europeo cedió paso, así, a una mirada más sofisticada del peronismo que lo concebía como un fenómeno heterogéneo que incluía en su interior vetas progresistas y reaccionarias. Por ello el PC participó de todas las consultas electorales del período, incluso de aquellas en que el resto de la oposición planteó la abstención, como por ejemplo, las elecciones realizadas en la nueva provincia Presidente Perón (Chaco), en 1953. 

Sin embargo, el PC no tenía cabida en la “comunidad organizada” que imaginaba Perón. En 1948 se prohibieron sus actos y reuniones, se allanó su sede en Córdoba y se detuvo a 50 militantes. El 12 de agosto de ese año marcó un punto de inflexión: la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en el lapso de unos pocos minutos, sin despacho de comisión ni debate previo, la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, que legitimaba e institucionalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Ante la interpretación de un “peligro inminente”, el presidente podía asumir funciones judiciales y someter a los civiles a la justicia militar. Esta ley fue aplicada por primera vez a los obreros ferroviarios en la huelga de 1951, cuya responsabilidad fue adjudicada por el gobierno a elementos comunistas.     

En abril de 1949, la policía federal allanó en Buenos Aires la sede que el PC tenía en la calle Acevedo 2265 y detuvo a 26 militantes que participaban de una escuela de formación de cuadros. El motivo aducido fue la violación del edicto policial sobre reuniones públicas, pero el comunicado de la Policía Federal reflejaba un rabioso anticomunismo: aludía al “virus venenoso de su nefasta ideología”.  La idea de “infiltración” estaba plenamente instalada en el universo cultural peronista.

No en vano el gobernador de Córdoba, brigadier Ignacio San Martín, señalaba en un discurso de octubre de 1949: “El enemigo no descansa y no descuida oportunidad para infiltrarse y producir desorden. Ese Partido Comunista o ese Partido Socialista marxista, tienen en este momento la misión principal de infiltrarse”; y convocaba a la participación civil en la represión: “Contra esos cabecillas, agitadores profesionales pagados por el extranjero, tienen que reaccionar ustedes, la masa misma”.  

El hecho más grave ocurrió en Tucumán. En noviembre de ese año, 10 sindicalistas de la capital de la provincia fueron detenidos por planear un paro general de solidaridad con la huelga de obreros de los ingenios azucareros. Uno de ellos, Carlos Antonio Aguirre, dirigente del sindicato de mozos y, a la sazón, integrante del comité provincial del PC de Tucumán, fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía; al parecer, en el subsuelo de la Casa de Gobierno. A posteriori se hizo desaparecer el cuerpo, mientras fuentes policiales y gubernamentales – y desde la propia CGT oficialista – promovían la hipótesis del auto-secuestro y se responsabilizaba a sus camaradas, circunstancia que generó nuevos allanamientos en casas de militantes comunistas. Empero, la investigación judicial permitió hallar su cuerpo dos semanas después en la provincia de Santiago del Estero.

A contragusto de la CGT, el 20 de diciembre de 1949 hubo una huelga general en la ciudad de Tucumán de repudio al asesinato, que se extendió a los ingenios azucareros de Santa Lucia y La Florida. Los policías que tuvieron una responsabilidad directa contaron con penas de prisión en suspenso y quedaron en libertad.   En febrero de 1950, por resolución del presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para la investigación de actividades antiargentinas, José Visca, se clausuraron numerosas sedes del PC. Por violación del Edicto policial de seguridad pública fueron detenidos centenares de militantes comunistas en diversas partes del país.

En mayo de 1950, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, institución promovida por el PC, incluía en su boletín publicado en Buenos Aires un artículo titulado “El ‘desacato’, arma de represión antipopular”. Sostenía que el pueblo contemplaba con “indignación” como las cárceles se poblaban de militantes políticos y gremiales acusados de desacato. Al respecto, recordaba que, en 1949, durante las últimas sesiones del Congreso Nacional, se amplió discrecionalmente el alcance del delito de desacato mediante la reforma del Código Penal, en su artículo 244.

Entre los detenidos por desacato mencionaba al Dr. Ángel Abraccio, dirigente en la ciudad de Roque Sáenz Peña (Chaco) de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, al obrero José Paz – a la sazón, diputado electo –, secretario del PC de la provincia de Santiago del Estero, y a los periodistas y directores de La Hora, Paulino González Alberdi, Salvador Dell´ Aquilla y Alfredo Varela. En el caso del dirigente obrero santiagueño José Paz, se aclaraba que estaba detenido desde hacía seis meses y procesado por supuesto delito contra la seguridad del Estado, por repartir volantes reclamando la investigación del crimen de Aguirre en Tucumán.

A modo de contraste, denunciaba que, mientras tanto, los torturadores de la Sección Especial denunciados por las mujeres obreras telefónicas continuaban disfrutando de impunidad.Las denuncias incluían 8 detenidos por el decreto de seguridad del Estado y 6 secuestros entre marzo y abril de 1950, y 157 detenciones arbitrarias en los primeros cuatro meses del año.

Otras 14 personas de origen eslavo y, al parecer, de simpatías comunistas, estaban detenidas por aplicación de la Ley de Residencia 4144. Asimismo, informaba quese presentaron 30 recursos de habeas corpus desde el inicio del año. La publicación incluía en su pedido de libertades al peronista Vicente Leónidas Saadi y a los presos de la UCR, Ricardo Balbín, Moisés Lebenshon y Mario Bernasconi.

La defensa de los derechos humanos promovida por la LADH no excluía un tono antinorteamericano que involucraba al propio presidente Perón. Ante la celebración gubernamental del 1 de mayo de 1950, se preguntaba:“¿Puede ser un día de fiesta cuando los emisarios del imperialismo yanqui, organizadores y propagadores de la guerra, van y vienen en nuestro país libremente, mientras en este 1 de mayo, todas las fuerzas obreras y populares que no coinciden con el punto de vista gubernamental se ven imposibilitadas de manifestar por las calles sus anhelos de paz, libertad, de solidaridad y de justicia social?  

Sus denuncias no hicieron mella: en mayo de 1951 fue secuestrado y torturado  Ernesto Mario Bravo, militante estudiantil comunista de la Universidad de Buenos Aires quien años después se refugió en Cuba donde trabajó como médico en la salud pública. La FUBA –presidida por David Viñas- dispuso una huelga de 48 horas.  En los años que siguieron, el riesgo de allanamientos de domicilios particulares, sedes partidarias y detenciones continuaron formando parte de la vida cotidiana de los militantes comunistas. Pero éstos ya no acusaban a Perón de nazi – como en 1945, al compás del fin de la segunda mundial – sino de tibieza ante el imperialismo norteamericano.

El hecho más grave ocurrió en Rosario el 17 de junio de 1955: Juan Ingalinella, médico y apoderado del PC en esa ciudad, fue secuestrado por integrantes de la Sección Especial de la policía, torturado y asesinado; su cuerpo no apareció nunca. Sin embargo, la línea antigolpista del PC se mantuvo incólume. Una declaración dada a conocer el 16 de julio, sostenía que el episodio se produjo “… al amparo de ciertas autoridades gubernamentales, por elementos policiales al servicio del golpe de Estado reaccionario tramado por el imperialismo yanqui”.  Es decir, la responsabilidad no fue adjudicada al presidente de la nación sino a elementos incluidos en su gobierno.

Hasta aquí el relato del historiador César Tcach; transcribo ahora una reseña de la legislación represiva de aquellos años sugerida por el compañero Carlos Zamorano, abogado, historiador, militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y ex preso político bajo el gobierno de Isabel Perón y de Videla.

1. ESTADO DE SITIO: .  Fue instaurado en 1941 y no se levantó hasta agosto del 1945. Repuesto en 1951 duró hasta el fin del primer peronismo (1955)  y se extendió en realidad hasta 1963 (salvo insignificantes períodos). Implica la  «suspensión de las garantías constitucionales»,

• DECRETO 536/45 Y EDICTOS POLICIALES: en Enero del 45 se dictó el Decreto 536 (que duró hasta 1955) para prohibir dos cosas distintas: las huelgas (con hasta 3 años de cárcel) y la «doctrina comunista» (con hasta 5 años). 

• ESTADO DE CONMOCIÓN Y ALARMA: cuando se reformó la Constitución en 1949 no solo se mantuvo el «estado de sitio» como estaba  sino que se añadió (ver su art. 34) para casos de «alteración del orden público» (aunque no haya la clásica «conmoción interna del Estado» que fijaba la Constitución de 1853), el denominado «estado de conmoción y alarma» por el cual el Presidente podía arrestar a cualquier ciudadano por 30 días.

• LEY DE RESIDENCIA: creada en 1902, casi no fue aplicada por los radicales (1916 /1930), sí por los fascistas que vinieron después, pero también durante el peronismo. En el libro  sobre la ley de residencia “4144: para la expulsión de los extranjeros rebeldes» (2011), incluyo un Cap. XIº para deshacer los esfuerzos de amnesia de los historiadores sobre el lapso peronista en relación a la aplicación de esta ley antiproletaria.

• ESTADO DE GUERRA INTERNO: intentó vanamente el Gral. Menéndez dar un golpe de Estado en 1951 y fue vencido en pocas horas. Desde este momento se aplicó un curioso «estado de guerra interno» que duró hasta 1955 (4 años). En marzo de 1955 el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical MUCS denunció que «estaban en la cárcel 700 personas en aplicación del estado de guerra interno». 

• LA DOCTRINA CONINTES: en Agosto de 1948 se dictó la importantísima ley 13.234; se trató ésta en breves minutos, vale decir sin tratamiento previo en alguna Comisión de las Cámaras, para que el Presidente pudiera poner a los civiles en huelga a disposición de los tribunales militares (preparación de la Nación en tiempos de paz para tiempos de guerra). Se la recuerda bien por su terminante aplicación durante la célebre huelga ferroviaria de 1951 y esta «requisación de servicios» de los trabajadores del riel duró dos (2) años. Se aplicó después a diversísimos gremios, con expresa mención de las facultades que esta ley confería al Gobierno durante una década (1951/1961). Representaba una «movilización militar» de los obreros en huelga, para colocarlos bajo la jurisdicción castrense, debiéndose aplicar a los «desobedientes» el art. 622 del Código de Justicia Militar (que pena a los «traidores a la Patria» que prestan auxilio a un enemigo bélico). En «Fuerzas Armadas y conflictos sociales. La doctrina CONINTES» (1990) del Dr. Carlos Zamorano  se analiza pormenorizadamente todos y cada uno de los decretos de «requisación (militar) de servicios» en la dura década 51/61, invariablemente sustentada invocando la ley 13.234. 
• GENOCIDIO: en Octubre de 1947 el Gobierno de Formosa (era «Territorio Nacional»), pidió a Gendarmería Nacional que expulse a los indios pilagás y wichís que estaban asentados precariamente (y provisionalmente) en «Rincón Bomba», porque «les tenían miedo». Inmediatamente, con ametralladoras, dejaron 500 muertos y 200 desaparecidos. Eran las víctimas formoseños que se habían trasladado desde Marzo los 100 km. a pie para ir a trabajar en el Ing. San Martín de Tabacal (Salta) porque el latifundista Robustiano Patrón Costas les había prometido un salario de $6 por día. Cuando les quiso pagar $2,50 los indios le solicitaron una audiencia, a la que no accedió. Por ello retornaron los 100 km. igualmente a pie, y antes de entrar al pueblo Las Lomitas  (donde tantísimos años después estuvo confinado Menem, por la Junta Militar del 76), se quedaron a descansar en «Rincón Bomba», y aquí los aniquilaron. La demanda por el genocidio recién se hizo en 2005 (58 años después de los hechos), y recientemente tuvo sentencia .

• DELITO DE DESACATO: si bien en la actualidad no existe más esta figura en el Cgo. Penal, en la época que estamos refiriendo no solamente estaba insertada en él como art. 244, sino que en 1949 fue aumentada la escala punitiva al grado de tornarlo inexcarcelable, por lo cual quienes fueron condenados por agraviar con sus críticas al Presidente (o a los Ministros, a los jueces o legisladores) llegaron a colmar las cárceles. Ricardo Balbín, por ej., que era el jefe del bloque de la UCR (44 diputados nacionales), pasó un año y medio de cautiverio desde 1951. En el importante libro de Irene Cutillo «Historias gorilas. Represión durante los años 1943/1955» (2018), se desarrolla todo un arco de figuras penales para reprimir las ideas y el accionar democrático.

• LA ARGENTINA ES PERONISTA:  la ley 14.184  (año 1953) así lo consagra. Dice que el objetivo del  2º Plan Quinquenal es educar a la población en base a «la doctrina peronista», que el magisterio debe capacitarse y estar consustanciado con esta doctrina, que la cultura debe fundarse en los postulados de este pensamiento, y que los empleados estatales deben someterse a previo examen «sobre sus conocimientos de la doctrina peronista» (inspirada en nuestro «líder el Gral. Perón»), etc.

• ELIMINACIÓN DE COMUNISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: era toda una preocupación. La consigna que se bajaba a las Provincias y Municipios fue que, ante la hipótesis de que hubiera comunistas en tal o cual lugar, «llamar a la PolicíaEra una guerra contra este sector de la opinión.

Hemos preferido volcar datos y datos sobre las violaciones a los derechos humanos durante el ascenso y primer gobierno de Perón, siendo estos datos tan contundentes, vale la pena preguntarse sobre las razones en que muchos sectores peronistas, incluidos defensores de derechos humanos, ignoran o ocultan aquella realidad.

Veamos un ejemplo. En medio de una polémica con Andrés Rivera sobre el peronismo, el historiador Norberto Galasso ha afirmado textualmente lo siguiente: «Y la libertad?, me dirá usted. ¿Y los derechos humanos? (Quiero creer que se refiere a la libertad y los derechos humanos para las mayorías populares, ¿no es cierto?). De cualquier modo, conozco el argumento: Ingalinella, la Sección Especial y también el obrero Aguirre, ¿se acuerda?, en Tucumán. Pero quien alguna vez leyó marxismo -aunque sea solamente el Manifiesto- sabe que cuando la lucha de clases se agudiza aparece indefectiblemente la violencia. Lo lamentamos, pero es así. Ambos bandos en lucha la ejercen. Y por un Ingalinella que cae, en un lado, caen 27 fusilados en junio del 56, por el otro. Y por las torturas al estudiante Bravo -ya ve que no me hago el tonto y lo ayudo en sus recuerdos- están los 380 muertos del 16 de junio del 1955…» y aún más: «…De ahí que los trabajadores tengan sus propios mártires -entre los que no figura Ingalinella, aunque nadie pueda justificar su asesinato, y aunque fuera el mejor intencionado y más idealista de todos los hombres- sino Di Pascuale, Vallese, Mussi, Retamar, Alberte, Santillán, Hilda Guerrero, Pessano y tantos otros. »   https://cronicasdelnuevosiglo.com/2006/03/14/en-defensa-de-juan-ingalinella/

Galasso ignora hasta las disculpas del propio General Perón al inmenso músico y personalidad cultural que fue Osvaldo Pugliese, detenido infinidad de veces por el hecho de ser comunista bajo casi todos los gobiernos incluido el primero de Perón. En 1973, en una recepción en la Casa Rosada, y luego de un efusivo abrazo, Perón le dijo a Pugliese: «gracias por saber perdonar».

Construye Galasso un silogismo: a): el pueblo es peronista, b): el peronismo es popular y antioligárquico, c): las víctimas del terrorismo de estado sólo son los peronistas y por ende, d): los que no son peronistas no solo son víctimas del terrorismo de estado (Ingalinella no es un mártir de los trabajadores, afirma Galasso), sino que sus victimarios, por el solo hecho de torturar o asesinar a un no peronista se convierten en militantes populares.

Razonamiento absurdo, que extendido al genocidio de los 70, transformaría a los grupos de tareas que operaban contra la izquierda no peronista (digamos, para ser claros, los militantes del PRT/ERP, del PC y de las decenas de organizaciones que entonces se reivindicaban marxistas del más variado modo, todas ellas respetables), casi en milicias populares.

En aras de la justificación de lo injustificable arriba Galasso y sus innumerables seguidores intelectuales que pueblan los espacios estatales y académicos terminan del otro lado de la trinchera.

Hace unos diez años, respondiendo a la provocación de Galasso, cerraba el texto con estas palabras que sostengo:

Y, por último, si de lecturas marxistas se trata, le recomiendo que vuelva a leer las primeras líneas del Manifiesto, esas que dicen que la historia es la historia de la lucha de clases (insisto, de la lucha de clases) y si usted optara por la clase de los proletarios, es decir, de los desposeídos, de los cabecitas negras, de los piqueteros, de las mujeres golpeadas, de los pueblos originarios ninguneados, de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas, de los peronistas, podrá sentirlos a todos ellos como hermanos caídos en la misma lucha y entonces se dejará de discriminar entre los militantes populares que lucharon hasta el fin, como pudieron, como supieron, en el tiempo en que les tocó morir.

Como ocurrió con los treinta mil, con todos ellos, Galasso, que no recuerdo que pidieran el carné partidario en la mesa de torturas. Mártires populares como Tito Messiez, Alberto Cafaratti, Inés Olleros, Teresa Israel y los más de cien comunistas que continúan desaparecidos físicamente sí, pero a los que defenderemos de sus intentos de volver a hacerlos desaparecer negándoles el derecho de formar filas con todos los compañeros desaparecidos.  ¿Y sabe por qué Galasso?   Porque con los jirones de sus recuerdos estamos construyendo una bandera para que vaya al frente de todos nosotros cuando nos decidamos a terminar con la impunidad de sus desaparecedores con la lucha popular.

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[i] Creada en 1930 al interior de la Policía de la Ciudad que luego mutaría a Policía Federal para darle jurisdicción especial en todo el país.

[ii] La Liga Argentina por los Derechos del Hombre había sido creada en 1937 y para los Servicios de Inteligencia era considerada una colateral del Pece y así consta en la documentación que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, nos entregara oportunamente

[iii] Gabriel Carrizo es investigador del Conicet y sus investigaciones versan sobre Comodoro Rivadavia y la Patagonia argentina desde la perspectiva de los trabajadores y sus luchas