El ocho de noviembre pasado, Alfredo Astiz, acaso el genocida más paradigmático de la Esma y de la Dictadura Cívico Militar Colonial, cumplió setenta y un años.

La Fiesta de cumpleaños fue preciosa.

En el salón principal del sector asignado a los presos “de lesa” (como dicen en la cárcel) se reunió un enorme grupo de internos, familiares y amigos llegados para la ocasión.  Abundaron los celulares, las fotitos y las clásicas selfies.

Para visitar a los  presos políticos, que están en la misma unidad 31 (antiguamente exclusiva de mujeres), hay que recorrer varios mostradores y pasillos.   Finalmente, hay un caminito que te lleva al salón principal.   El caminito tiene columnas y las columnas todavía, ya van casi cuatro meses, están forradas con papel metálico con dibujitos.   Una preciosura.   Dicen que el asesino en persona puso los papelitos aunque no se sabe quién puso los globos de papel de colores en el salón principal de la unidad 31 (un poco más chicos que esos que hay en los restaurantes chinos de Buenos Aires).

Lastima que no los pudimos fotografiar porque a nosotros no nos dejaron entrar los celulares, contrariando abiertamente la ley 26827 que afirma que “todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación de personas privadas de libertad tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención…” y en el artículo 41 de la citada ley ordena “La reglamentación vigente preverá la posibilidad de registrar la visita por medios audiovisuales, la discrecionalidad para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar, así como la realización de entrevistas privadas”

El 18 de agosto de 2021, la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura emitió la Resolución CNPT 33/2021 por la cual dictó “aprobar la inscripción al Registro de Organizaciones que realicen visitas de Monitoreo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos para luego, tras pasar por talleres de formación dictados por la Comisión inscribir a un conjunto de compañeros como autorizados para el Monitoreo.  Entre tantos otros Ángel Panduro y yo, José Schulman.

Formando una pareja de trabajo, monitoreamos el traslado de Facundo Molares (llegó a Ezeiza desde Esquel en muy malas condiciones en enero de 2022) y registramos las denuncias de Ricardo Jaime el ocho de junio de 2022.  En ambos monitoreos el registro fue echo con nuestros celulares y entregado el material a la Comisión para la Prevención de la Tortura cumpliendo sus protocolos.

Sin embargo, en el día de la fecha (tres de marzo), al presentarnos en la unidad 31 del Penal de Ezeiza a las 9.50hs de la mañana fuimos retenidos por el personal de Guardia que luego de una larga espera nos hizo pasar al salón de recepción de las visitas, paquetes y delegaciones.   Para nuestra sorpresa, la oficial a cargo del Penal, anunció que no podíamos ingresar con los celulares dando inicio a una larga discusión donde una y otra vez le leímos el artículo 41 de la Ley ya que la funcionaria, auto titulada jefa judicial del Penal, declaró sin vergüenza que desconocía totalmente la existencia de la Ley y de la Comisión. 

A eso de las 12 hs nos propusieron firmar una declaración jurada con los datos de nuestros celulares  y el compromiso de uso responsable.  Lo hicimos con gusto, creíamos que había triunfado el respeto a la ley, pero nos equivocamos.  A los dos minutos volvió la auto titulada jefa Judicial y anunció que no podíamos ingresar con los celulares y que la declaración sería anulada. 

Dado que algunos presos nos esperaban desde las nueve de la mañana, decidimos ingresar sin los celulares lo que impidió registrar los rastros de la “fiestita” de Astiz y el testimonio directo de las personas privadas de su libertad, cuyos nombres preservamos para su seguridad.

Algunas notas al pie.

Les dejamos el celular al Servicio Penitenciario Federal, el mismo que, en el mismo, lugar, nos había clonado los chips de los celulares para espiar tal como quedó demostrado en la denuncia de la Liga en la causa por espionaje en la cárcel de
Ezeiza.  ¿La causa?, en el cajón de Comodoro Py.

¿Qué sentido tiene monitorear si nos detienen dos horas en la puerta del Penal e impiden registrar los rastros o testimonios de la tortura?  ¿Es que con nuestro testimonio se tomarán medidas contra el Servicio Penitenciario Federal?

El Estado Argentino firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 1985 pero recién en el año 2013 fue creada la Comisión para la Prevención de la Tortura que solo comenzó a funcionar en el 2013, hace solo diez años.  Hace doscientos diez años, la Asamblea del año 13 aprobó eliminar los instrumentos de tortura.  Pero se sabe, en Argentina, hecha la ley, hecha la trampa. 

Es el estado el que hace la Ley, es el Estado el que hace la trampa