La construcción jurídica de la impunidad a los genocidas y de la represión «democrática»

Lejos de la pretensión liberal de que la ausencia de militares en el gobierno (la llamada «democracia representativa» que alguna vez Galeano bautizara «democradura») garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, los últimos 24 años sin dictadura nos han costado más de cincuenta compañeros asesinados por fuerzas estatales en ocasión de luchas sociales (resaltamos la treintena del 30 de diciembre de 2001 y el par de víctimas de junio de 2002, Kostecky y Santillán), los casi dos mil víctimas del «gatillo fácil»[2] que no cesan, los más de cinco mil compañeros procesados por participar en luchas sociales a quienes se les aplican los artículos 212 («intimidación pública») y/o 149 («coacción agravada») del Código Penal, para no insistir en la falta de cumplimiento de los derechos económicos sociales o culturales de la mayoría de la población que sufre carencias de empleo digno, vivienda, salud, educación, etc.  Pero no se trata de una acción represiva por inercia, algo así como un residuo represivo que se irá terminando con el paso del tiempo, sino de una construcción deliberada que el Estado lleva adelante, en los marcos de una estrategia internacional comandada por el imperialismo yankee so pretexto del Setiembre de 2001.  Nuestra experiencia histórica de más de cien años de sufrir represión estatal (que siempre contiene segmentos clandestinos o para estatales como la Liga Patriótica de 1918 o la Triple A de 1975) nos afirma en el cuidado que debemos tener ante la continuidad de estas formas represivas que podríamos englobar bajo la denominación común de la «criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social» y aún más ante la reaparición de formas represivas que se creían superadas como la desaparición forzada de personas (y estamos nombrando, por supuesto, a Julio Jorge López) o la práctica de amenazas y ataques directos a militantes populares que no cesan y adquieren nuevas y nuevas formas como el juicio[3] por «calumnias» que el camarista federal Montesanti ha logrado en Bahía Blanca contra el testigo del crimen del Watu Cilleruelo a manos de la pata universitaria de la Triple A .

En el marco del treinta y un aniversario del Golpe de Estado Genocida, el Presidente Kirchner ha cargado duramente contra la Cámara de Casación Federal a cuyos miembros ha acusado de entorpecer los juicios contra los represores y así garantizar la impunidad de los encausados y procesados. Y está en lo cierto. Dicha Cámara es una pieza maestra en el cerrojo jurídico que impide juzgar a los represores que siguen gozando de una impunidad que fuera acorralada varias veces, pero que todavía se mantiene enhiesta.  Y si no, repasemos las cifras. A pesar de que en la Causa 13 (juicio a la Junta Militar) se identificaron a cerca de mil quinientos represores, y que en estos años la labor de reconstrucción de datos sobre la cadena de mandos desde la Jefatura de Areas hasta el mismo Centro Clandestino ha sido enorme, existen actualmente solo 700 represores acusados, de los cuales 243 están procesados, 99 de ellos ya fallecieron (igual que Pinochet, sin condena), 48 siguen «prófugos» (sí, no es un chiste, 48 terroristas de Estado están prófugos de la Justicia), 44 fueron desprocesados por «falta de méritos» y sólo dos han sido condenados: el Turco Julián y Echecolatz  Es aquí, exactamente donde se sitúa la contienda entre Kirchner y Casación: entre los representantes jurídicos del sector más troglodita del bloque de poder (que sueña con la impunidad absoluta y aún el monumento de homenaje a los Héroes de la lucha antisubversiva y que también reclama el alineamiento automático a los EE.UU. y el mantenimiento sin variantes del modelo neoliberal, como si ello fuera posible después del estallido de 2001) y una corriente política que ha hecho del territorio de los derechos humanos el espacio principal para construir su propia hegemonía política, golpeando a la derecha clásica y pretendiendo subsumir al movimiento popular y la izquierda. La estrategia jurídica de la política de derechos humanos de Kirchner se basa en impulsar algunos juicios, contra algunos pocos represores, por algunos pocos compañeros, sin cambiar el sentido común jurídico que sigue tratando los crímenes como delitos individuales y de cuando en cuando vuelve a colar la teoría de los dos demonios, como ocurrió en el fallo contra el Turco Julián.

Una vez más, como ocurrió cuando la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el ingreso a la ESMA, el retiro de los retratos militares, la modificación de la Corte Suprema y tantos otros gestos similares, la izquierda está desafiada a un doble posicionamiento: uno táctico, que permita aprovechar los pasos presidenciales para  reclamar soluciones verdaderas y otro estratégico, para no perder de vista la articulación de tales movimientos con una estrategia de creación de consenso para un proyecto de relanzamiento del capitalismo nacional, que posee –inexorablemente- el condimento represivo interno y la articulación con las grandes líneas de ofensiva imperial.  O para decirlo más sencillo, claro que asumimos la ofensiva contra Casación como propia (batalla que nosotros mismos empezamos hace años, pero que el Presidente puede completar como hizo con las leyes de impunidad), pero al hacerlo, no dejamos de señalar que no alcanza con cambiar o tumbar Casación, que hace falta un nuevo paradigma jurídico para juzgar el terrorismo de Estado, cómo señaló el Juez Rosanzky en su fallo histórico de Genocidio.  Un nuevo paradigma jurídico que impida la consumación de la estrategia jurídica de impunidad que el mismo Kirchner ha denunciado: que pase el tiempo  y todos, represores y testigos, se vayan muriendo.  Y no exageramos: si en tres años se juzgaron a dos represores, ¿cuántos años harían falta sólo  para juzgar a estos 243 represores?,¿ qué ocurrirá con los testigos y los represores en el 2040 o 2050 qué es cuando el Juez Rafecas piensa que llegarán a Juicio Oral la mayoría de los casos del Primer Cuerpo?.  ¿Y los de Campo de Mayo que todavía ni se empezaron a investigar, como respondió el Juez Suarez Araujo a nuestro reclamo de que no se juzgue sólo a los asesinos del Negrito Avellaneda sino a todos los criminales del Centro donde mataron al mismo Roby Santucho? Así  no hay justicia, ni la habrá, ni siquiera cambiando la Cámara de Casación porque seguiría en pie el mismo enfoque que fragmenta las investigaciones y exige probar una y otra vez lo que ya fue probado: que hubo un Plan de Exterminio, que se lo preparó antes del 24 de marzo, que la Triple A fue la antesala del Genocidio y que tanto esfuerzo no se hizo por hacer sino para beneficio del Imperio y un bloque social que  aún domina.  Algo de todo esto está en el fallo por Genocidio y en el reclamo del cambio de paradigma, y por eso el silencio que lo asfixia desde el mismo día que secuestraron a López, cómo si también hubieran secuestrado la doctrina innovadora que daría fundamento sólido a la unificación de causas por Centro Clandestino o por Area Militar dando por probado lo probado y por testimoniado lo testimoniado.   Por cierto, Kirchner no ha nombrado una vez sola dicho fallo a pesar de presentarse una y  otra vez como «amigo de Tito», en referencia al compañero López. Tampoco ha hecho nunca mención a una serie de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Comité de Derechos Humanos o la misma Asamblea General de la ONU citadas en el fallo que expresamente han pedido: a) que se depure de represores a las fuerzas represivas (1995), b) que se garantice el testimonio de los testigos contra el genocidio (de 1985 y suman más de 4500 los testigos presentados en todo el país) o c) que se investigue con «seriedad» y no formalmente los crímenes de lesa humanidad(1988).  Para cumplir estos mandatos o para anular los Indultos a los genocidas, el Señor Presidente tiene todas los atributos constitucionales para hacerlo mañana mismo  Solo es cuestión de voluntad política, o dicho de otro modo: de que haya correspondencia entre tanto gesto y discurso y las conductas. Una cuestión de coherencia que se dice..

Sin embargo, lejos de estos pasos, o de apoyar la propuesta de modificación del Código Penal que elaboró la comisión de expertos donde participaron personalidades democráticas como Baigun y otros[4], se pretende modificarlo en un sentido regresivo para adaptarlo al espíritu y la letra de los Pactos, Convenios y Leyes promovidas por el gobierno republicano yankee de Bush.  Y si no, veamos: con fecha  20 de diciembre de 2006, el presidente Kirchner envío al Senado de la Nación un proyecto de Ley en el que asume con orgullo los pasos dados en esa dirección: 1) aprobación mediante el Decreto 1235 del 5/10/2001 de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU del 28/09/2001; aprobación por Ley Nº 26024 del Convenio Internacional para la represión del Financiamiento del Terrorismo adoptada por la Asamblea Gral. de la ONU del 9/12/1999; ingreso en el año 2000 como miembro pleno  del Grupo de acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero así como la aprobación pública de dicha estrategia que él mismo realizara en ocasión de la Cumbre de Mar del Plata y  la Asamblea de la ONU donde destacó la necesaria «cooperación internacional y la asistencia jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de las normas contra el terrorismo».  Conviene recordar la opinión de la inmensa mayoría de los luchadores por los derechos humanos de EE.UU. y todo el mundo sobre el efecto destructivo que esta normativa viene trayendo para las garantías constitucionales internas de los EE.UU.  y sobre los pactos internacionales de defensa de los derechos humanos, cuestión que felizmente viene provocando una verdadera rebelión de los sectores democráticos consecuentes de los EE.UU., con quienes nos solidarizamos de modo explícito en general y particularmente con el reclamo de libertad inmediata a los Cinco Patriotas Cubanos..

Puntualmente, el presidente Kirchner propone modificar el Código Penal para incorporar una figura cuater al art. 210 que castiga la asociación ilícita creando la figura de asociación ilícita terrorista a la que se vincula, muy peligrosamente, nada menos que conceptos como «lesiones graves u homicidios con el objeto de intimidar la población u obligar al gobierno a realizar un acto o abstenerse» o el de la difusión del «odio político».  El gesto presidencial busca acomodarse a la estrategia de los EE.UU., tanto como el envío de las tropas a Haití o los persistentes gestos de provocación hacia Cuba en el tema de derechos humanos, en una maniobra que algunos pueden entender como compensación por los gestos de autonomía que tien en la relación con Chavez y el proceso de unidad latinoamericana, pero más allá de interpretaciones los pasos sientan precedentes que podrían ser aprovechados para la represión de los luchadores por el cambio social en la Argentina cuando el nivel de las luchas sobrepase los dispositivos represivos y las armas jurídicas puestas en acción hasta el presente.

No se trata, creo, sólo de denunciar el doble discurso de Kirchner como distancia entre lo prometido y lo realizado, sino de enfrentar con decisión las distintas circunstancias.  Actuar con iniciativa propia en procura de instalar el debate por un nuevo paradigma jurídico que rompa la impunidad de los genocidas y para eso aprovechar los espacios que la ofensiva presidencial contra la Cámara habilita pero también enfrentar la variante reaccionaria del discurso, que por oportunismo electoral reserva para espacios cerrados como el Senado o los seminarios internacionales convocados por las fundaciones y centros de estudios funcionales al Imperio, donde se propicia la construcción de un edificio jurídico que de base a la actual represión  (de hecho, la figura propuesta asume las figuras utilizadas hoy contra los compañeros, los art 149 y 212 del actual Código Penal) y anticipe la de mañana. Hace 160 años, al definir el rol de los comunistas Carlos Marx decía que era defender el futuro del movimiento en el presente del mismo, para quienes actuamos en el espacio de lucha por los derechos humanos, tal imperativo se identifica con la defensa de una autonomía que no sea cerrazón ni ceguera, sino la consecuencia misma de la defensa inclaudicable de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

Como si faltaran pruebas, el grupo de tareas que secuestró a Julio Jorge López, se dio el lujo de colocar las llaves de Julio, esas que –se sabe- él sabía tirar dentro de su casa al salir a caminar y no aparecieron el fatídico día de su desaparición forzada, en el mismo jardín familiar.

Cómo antes habían hecho en la casa de la otra testigo del juicio, la compañera Nilda Eloy, donde entraron a pesar de la “custodia” policial y a modo de mensaje se comieron las empanadas que había en la cocina.

Mensajes de impunidad sin duda, pero mensajes que no son escuchados por el gobierno ni por una parte de la sociedad que siguen impertérritos aferrados a la hipótesis del extravío de Julio (ayer mismo escuché por radio un mensaje del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que instaba a “buscar” a López que se “extravío” el 19 de setiembre).

Lo que parecían gestos y palabras casuales, fruto del impacto emocional causado por la desaparición de López, se configuran ahora como una estrategia oficial persistente: negar, cueste lo que cueste, el secuestro de López, invirtiendo la máxima gobbeliana de mentir, mentir que algo quedará por el símil: niega, niega, niega hasta lo evidente que en algo se instalará la duda.

Ahora, aparece más claro por que Aníbal Fernández decía que “estaba tomando té en lo de la tía”, Hebe Bonafini insinuaba que se había ocultado para afectar al gobierno y en el Clarín del domingo 19/11 el Dr. Eduardo Duhalde, secretario de DD.HH. de la Nación, justificaba que la causa siguiera en manos de una jueza provincial, que investiga su extravío y no su secuestro como sí hace el Juez Federal Corazza, diciendo: “no es una arbitrariedad de la Justicia, ya que faltan elementos para afirmar que se trata de un secuestro”.

Parece una cuestión menor, casi semántica, para algunos “hay que buscar a López” y para otros, digo para Memoria Verdad y Justicia donde participan la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista, hay que exigirle al gobierno que investigue el secuestro de López, desmantele el aparato represivo y se comprometa en la prosecución de los juicios cumpliendo con la parte que le toca: aportar medios a la Justicia, ordenar a los fiscales que impulsen las investigaciones bajo la doctrina Rosanzky (los delitos se cometieron en el marco de un genocidio) y ordenar a las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia que entreguen la información que obviamente poseen.

Será  por eso que el Ministro Fernández se negó a recibir a una delegación de organismos de derechos humanos que pretendían dialogar sobre las llaves de la impunidad y el Dr. Mattarollo, de la misma secretaría de derechos humanos que Duhalde, se negó a brindar protección al compañero Mario Navarro, pretextando que en Santa Cruz hay garantías para todos y que son “ellos” los afectados por las amenazas y no los militantes populares como le planteó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al encuadrar la persecusión judicial a Navarro dentro del clima de amenazas y persecuciones que sufre el movimiento popular..

No importa que la llave aparecida sea tan convincente que hasta Estela Carlotto habla ahora de secuestro (Página 12 del 26/11) y que en Las Heras actúan impunemente las patotas que se han cobrado varias vidas en estos años: nada ocurre dirán los funcionarios, niega, niega que alguna duda se sembrará.

Pero no todos dudan, en una entrevista de Memoria, Verdad y Justicia con Hugo Yasky y Victorio Paulón, de la nueva dirección nacional de la C.T.A. se informó que se había convocado a un plenario nacional de la Central para el cinco de diciembre para discutir un plan de lucha por Julio López y se programa una jornada nacional de lucha para el 18 de diciembre, sumándose a las que el espacio Memoria, Verdad y Justicia viene programando.

Es una gran oportunidad para que los comunistas que actúan en la C.T.A. a todo nivel, impulsen el máximo nivel de movilización , unidad y organización contra la impunidad, comenzando por el ejemplo de nuestro propio compromiso militante.

De batallas culturales son estos tiempos, pero no ancladas en las nubes de Ubeda, sino en debates más terrenales: extravío o secuestro,  lo “buscamos” o atacamos la impunidad, permitimos que la desaparición forzada de personas se instale como una herramienta represiva disponible para el Poder cuando la necesite o defendemos el Nunca Más desde la perspectiva de que la derrota de la impunidad sería un paso práctico en la batalla cultural por darle significado al tiempo latinoamericano que nos abraza solidario.

Es en las calles y la lucha que está el único camino para encontrarnos con los hermanos venezolanos, bolivianos, cubanos y ecuatorianos; por eso nos quieren sacar de allí con el secuestro de López y las amenazas.

Allí  está hoy el desafío que nos toca afrontar.

Hay algo en los cristianos verdaderos que los acercan al Che, a los revolucionarios que anticipan esa historia verdadera que la humanidad conocerá cuando, al fin, se termine con las sociedades basadas en la explotación y la dominación de unos hombres por otro.

El Pepe De Luca, el Pastor de la Iglesia Metodista, el luchador por los derechos humanos, el constructor incansable de unidad de los revolucionarios con la vista puesta en la alternativa verdadera es uno de esos “hombres nuevos” que caminan entre nosotros y que solo se percibe su grandeza cuando nos dejan sólitos. Solos frente a los desafíos que el Poder nos escupe casi a diario.

Se sabe que no hay nadie imprescindible en la lucha popular y también se sabe que al partir los verdaderos revolucionarios no solo dejan su huella, también marcan una ausencia, y vaya que sentiremos la suya en este final de 2006, un año en que su firmeza, coherencia e inteligencia  fueron de verdad imprescindibles para todos los que resistimos la impunidad y las arremetidas de los viejos y nuevos dinosaurios reivindicadores del genocidio.

Fue en este año en que Pepe jugó al menos cuatro batallas decisivas para el futuro del movimiento de derechos humanos: 1) la defensa del carácter autónomo del Encuentro Treinta años: Memoria, Verdad y Justicia sometido al ataque oficialista más feroz de los últimos años para expropiarnos el repudio a la dictadura videlista y domesticar los 24 de marzo para que adornen el calendario electoral, 2) la decidida opción por la unidad política del movimiento popular en el Encuentro por la Soberanía Nacional reclamandole que no fuera sólo papel y promesa sino construcción trascendente de poder popular para superar  la distancia entre lo social y lo político; 3) la reivindicación de la lucha popular contra los masacradores de Cromañon contra todos los “progresistas” que tienen el SI fácil para perdonar a Ibarra y sus secuaces pero esquivan con la misma contundencia el compromiso con quienes luchan por el juicio y castigo de todos los culpables de la muerte de los chicos y  4) la lucha por la aparición con vida de Julio López contra las perversas maniobras del gobierno y sus adlateres que insistían en que Julio estaba perdido o peor aún que era “un provocador auto secuestrado para perturbar el proceso liberador que lidera Kirchner”.

Pepe De Luca tenía perfectamente claro que no eran estos temas menores o diferencias de matices, comprendía, enseñaba y predicaba que en cada una de estas batallas se jugaban años y años de lucha.  Para él, como para todos los verdaderos revolucionarios, marxistas y/o cristianos, la política solo puede tener una firme base ética y sin ella nada es importante. Ni los supuestos triunfos, ni los supuestos fracasos. Alguna vez, uno de sus maestros, el Obispo Emérito Pagura dijo de un comunista que su vida mostraba “que al menos había en esta tierra un hombre nuevo, de esos que soñaban el Che y el Obispo Angelelli, y que si había uno, ¿por qué no soñar que algún día todos los hombres serían como él” y hoy nos toca decirlo de él.

¿Y si después de tantas búsquedas y extravíos comprendiéramos que el socialismo no es otra cosa que un mundo de hombres nuevos?   Entonces, José De Luca transformado en programa de los revolucionarios ganaría la eternidad; entonces no deberíamos “cargar” con él y los otros muertos queridos en nuestra marcha sino que los llevaríamos muy alto, como la divisa más atractiva y convocante: ¡ Vengan, vengan, luchemos juntos por cambiar todo que todos podemos cambiar y ser como el Che, como Pepe De Luca, como  todos los revolucionarios que anticipan con su vida el socialismo que vendrá en el siglo XXI!.

Hay muchas fotos de Julio Jorge López dando vueltas por Internet, la que más me gusta es aquella en la que está declarando en el Juicio contra Echekolatz. Ha esperado treinta años para hacerlo, ha pasado por todas las etapas que llevan del terror al testimonio, del lugar de “víctima del terrorismo de Estado” al de querellante en una parábola difícil de recorrer, cada uno de los que lo ha logrado sabe cuán difícil, que va de la dignidad del compromiso militante de los ´70 a la dignidad del compromiso de la memoria combatiente. La foto de Julio nos interpela a todos, a los sobrevivientes del terrorismo de Estado y los militantes de los derechos humanos (y cuántas cosas distintas hay hoy bajo esa máscara, ¿no?), a los compañeros del movimiento popular y las fuerzas de izquierda, pero también deberían sentirse convocados, es decir desafiados, todos los hombres y mujeres que no avalan el Genocidio y que aspiran a vivir en una sociedad “al menos seria” como gustan decir los progresistas argentinos.

Han pasado dos semanas y Julio no aparece.  Los órganos estatales encargados de la búsqueda se declaran desconcertados por la casi absoluta falta de datos, sin saber por donde investigar.  Es que les faltan fotos en el expediente, si sólo miran los ojos de López no lo encontrarán, para dirigir correctamente la investigación proponemos que se consideren otras fotos, entre ellas: la foto de Bush celebrando la aprobación de la legislación antiterrorista que legitima la tortura en el país central del capitalismo; la foto del Papa nazi recuperando un discurso religioso fundamentalista que sepulta en un minuto veinte cinco años de esfuerzos ecunemicos; la foto del jefe del GOE de la ciudad de Santa Fe Juan Pablo Garro en su despacho presidido por símbolos nazis; la foto de Néstor Kirchner tocando la campanita de Wall Street; la foto de Cristina Kirchner con la boca cerrada por más de una semana; la foto de Carlos Rosanzky dictando la primera sentencia en el mundo donde se afirma que hubo un genocidio en el país donde se dicta la sentencia por parte de un juzgado nacional ordinario y la foto de Nilda Eloy leyendo la declaración del encuentro Treinta Años Memoria Verdad y Justicia en Plaza de Mayo ante unos 30000 militantes, hay otras fotos de la Plaza: la foto de los que la escuchan y la foto de los que no están. (¿hay fotos de los que no están?, claro que si!, hay ausencias que son notorias como hay silencios que son potentes), miremos sino las fotos.

la foto de Bush: la sanción de la Ley Antiterrorista es un gesto grave que evidencia algo más profundo. Durante un  largo ciclo, digamos desde el año 1789 al fatídico 1989, el capitalismo fingía sostener un discurso liberal que proclamaba la necesidad de una “democracia formal”, cierto que de derechos proclamados y no efectivizados “detalle” que dio razón de ser al movimiento obrero y socialista del siglo XX, pero con una promesa de “derechos humanos” para todos que hoy abandonan en procura de algo así como una dictadura terrorista mundial que pretende ocupar militarmente Afganistán, Palestina, Irak y avanzar hacia otras regiones como la latinoamericana; pero la foto de Bush no es la de un triunfador sino todo lo contrario, es la de un mediocre líder fracasado, empantanado en todos lados y desafiado por la resistencia palestina e irakí y las Revoluciones Cubana, Venezolana y el proceso Boliviano.  No nos olvidamos de la profecía de Fidel en Córdoba, estos signos de Barbarie no son muestra de fortaleza sino del comienzo de una decadencia que no pueden parar con guerras, más bien la aceleran.  Pero si alguien quiere buscar a Julio debería tener en cuenta que el Gobierno de los EE.UU. ha legitimado los métodos de tortura por los que fue condenado Echekolataz y que el Papa lo bendice.

la foto de Néstor Kirchner: su presencia en Wall Street no es un chiste ni una pose, es la confirmación de que el pago de la Deuda Externa y el mantenimiento del patrón de apropiación monopolista de la riqueza no es un detalle secundario, sino lo fundamental de un gobierno que habla y habla de los derechos humanos pero mantiene y despliega al capitalismo neoliberal que fue fundado por los genocidas como Echekolatz, represores que cultivaron relaciones cercanas con los grupos de Poder que nunca abandonaron su adhesión entusiasta por Videla y que soportan los gestos kirchneristas por puro interés de clase; es cierto que ninguna hipótesis contempla la responsabilidad directa del Gobierno pero si la complacencia con un orden continuista que recrea la ideología descalificadora de la “izquierda siniestra” (Aníbal Fernández dixit) para nombrar a quienes luchan contra el capitalismo real, mafioso, hegemonizado por los mismos grupos económicos que decidieron el Genocidio y que hoy lucran con la administración Kirchner/Miceli.  ¿No debería investigarse a quienes se beneficiaron con el Genocidio, no serían ellos gente dispuesta a “ayudar” al personal ejecutor de la Barbarie?.  Claro que sí, y no solo por viejas lealtades y pactos mafiosos,  también por identidad ideológica y necesidad de contar con una fuerza segura para el mañana

la foto de Cristina Kirchner: con la boca cerrada ante la ausencia, misma pose que en diciembre de 2004 cuando la masacre de Cromañon, símbolo de la falta de voluntad de ir a fondo contra los represores por parte de un gobierno que ha modificado como ninguno el Código Penal para castigar a los pobres que se acumulan como mercancía descartable en las cárceles estatales y que no ha dejado de perseguir a quienes persisten en luchar por los derechos  populares; al lado de la foto de la boca cerrada de Cristina vuelvo a ver la de Tomás Borge cuando era Ministro de Interior del Gobierno Sandinista de Nicaragua y afirmaba algo así como quién quiera democracia que luche por la liberación lo que es lo mismo que decir que el capitalismo (más aún el periférico y dependiente como el de América Latina) es incompatible con la democracia, siquiera “formal”.

la foto de Juan Pablo Garro: el fascista policía santafesino nos genera una pregunta fundamental para la investigación del paradero de Julio: ¿ qué fue de los miles de militares, policías y agentes civiles de los servicios que ejecutaron el plan de exterminio con disciplina, algunos, y mucho entusiasmo otros? la respuesta es conocida: caminan entre nosotros, siguen en la estructura estatal o al servicio de las agencias de seguridad (40000 efectivos bajo mando, legalmente obligatorio, de ex policías o ex militares retirados, con alta probabilidad de encontrar discípulos de Echekolatz entre ellos) que son parte del sistema operativo del capitalismo real. mafioso y subordinado a los grupos económicos más concentrados.  Todos estos años hemos planteado que la impunidad de ayer no sólo era éticamente inaceptable y políticamente funcional al continuismo de un modelo económico que destruyó la economía popular, también sería el caldo de cultivo de nuevos crímenes como el que ahora tenemos, crímenes que sólo pueden hacerse en los pliegues del aparato represivo estatal, utilizando algunas de sus estructuras y contando con la mirada complaciente de otras. Horacio Verbitsky denuncia¹ que la formación de los oficiales de la Bonaerense está en manos de un grupo clerical fascista, “Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional que colaboró con altos jefes del gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy apoya a los grupos que resisten el avance de los juicios por los crímenes de entonces”, no es demasiado obvio que los así formados será personal dispuesto a colaborar con quienes secuestraron a Julio López?  Y por qué razón, un gobierno que pretende ser reconocido como tributario de los derechos humanos, no depura las fuerzas armadas y policiales? ¿No es evidente que por razones de clase, de preservar las condiciones de reproducción ampliada del capitalismo argentino, y ello supone mantener una fuerza dispuesta a reprimir como hicieron en Las Heras, contra los trabajadores del Subte, contra los usuarios del tren en Haedo, contra los manifestantes que protestaban contra la sanción del Código Contravencional de la progresista ciudad de Buenos Aires?.

la foto de Nilda Eloy en la plaza de Mayo: Antes de mirar la foto de Nilda hablando en la Plaza de Mayo permitanme recordar  dos citas de Marx necesarias para el expediente. la historia es la historia de la lucha de clases (párrafo uno del capitulo uno del Manifiesto Comunista, el abc del abc de las ciencias sociales contemporáneas) y una menos conocida “ellos hacen, pero no lo saben” en el prologo del Capital.  Lo que quiero decir es que. no hay fenómeno social que sea sólo obra del enemigo o nuestro y el protagonismo popular no requiere obligatoriamente de plena conciencia del sentido de las acciones emprendidas.   Los pasos que hemos dado contra la impunidad,  el fallo es un hito, son resultado de la lucha de clases, del protagonismo popular desplegado por casi treinta años, desde el instante mismo en que un abogado presentaba un Habeas Corpus en el ’76 y un detenido defendía su identidad en la mesa de torturas.  Lo dijo el propio Juez Rosanzky, “el juicio fue la suma de la historia”, es decir –decimos nosotros- de la lucha de clases en los últimos treinta años. Por eso la foto de Nilda Eloy en la Plaza tiene una larga hilera de fotos previas, de los diez años de Memoria Verdad y Justicia marchando cada 24 de marzo exigiendo Justicia y Castigo a los culpables, la foto de las marchas contra el indulto de Menem y contra las leyes de impunidad de Alfonsín y en esa foto casi no se ven rostros particulares, es el pueblo. Porque una de las fotos de la ausencia, de los que no estuvieron en la Plaza, de quién se atrevió a reproducir el discurso descalificatorio de las víctimas y los sobrevivientes del Terrorismo de Estado, nos debería ayudar a comprender que nunca es bueno personalizar las luchas, que se trata de construir referencias políticas colectivas, definidas por proyecto y no por personalidades y eso también muestra la foto de Nilda en la Plaza, la foto de una nueva referencia en el campo de los derechos humanos que se viene construyendo laboriosamente desde Memoria Verdad y Justicia.

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la foto del Juez Rosanzky leyendo el fallo: donde se afirma que los delitos cometidos fueron ejecutados en el marco del Genocidio sufrido en la Argentina. y aquí si que deberían prestar atención los investigadores del secuestro de López, puesto que el fallo no solo es ejemplar también abre perspectivas para romper el “empantanamiento” a que nos llevaba la estrategia K de pocos juicios para algunos represores y solo por algunos casos. Tal como se explica en el fragmento del fallo que publicamos aparte, hay un cambio de paradigma y un esfuerzo por relanzar la lucha jurídica con otra perspectiva, acotar el sufrimiento de las víctimas al testimoniar el horror y unificar las causas de modo tal que en pocos juicios podamos juzgar a todos los represores por los crímenes cometidos contra todos los compañeros.  Y este logro jurídico, a diferencia del Juicio a la Junta (que se hizo como “mal menor” del Poder ante el peligro de que haya juicios contra todos los represores), es una iniciativa político jurídica de los de este lado que apunta a desplegar la ofensiva del campo popular y no a una maniobra gattopardista del Poder.

Y es esta perspectiva de golpear la impunidad la que busca frenar el secuestro de López; por eso no es con mensajitos de texto a los celulares que se avanzará en la investigación sino en el establecimiento de firmes hipótesis de las motivaciones y  de los posibles responsables del hecho: frenar los juicios a los represores por parte de grupos de tareas incrustados, soportados sin molestía por lo que parece, en las fuerzas represivas y de inteligencia estatales.  ¿Cuántos represores y efectivos de “seguridad” han sido interrogados? Es aquí donde adquiere toda la miseria humana y la perversidad política el discurso de Hebe llamando a investigar a Julio y no a los genocidas, hay otros que no lo dicen pero de hecho actúan de ese modo: acosando las fuerzas que luchan por la aparición de Julio y tratando con mano de seda a los potenciales culpables.

Pero no somos tan ingenuos para pedirle eso a la Bonaerense ni a los administradores del Estado; el mapa de hipótesis que pretendemos armar no es para ellos sino para nosotros; para fortalecer la convicción de que ésta es una causa justa, indispensable y trascendente. Que estamos ante una crisis profunda del Estado, de su sistema de seguridad y hasta de su discurso fundante de la era Kirchner, ese de que son “derechos y humanos”; pero la oportunidad no se abre paso por sí misma sino  por la acción de aquellas fuerzas políticas y sociales que tengan la grandeza de construir una propuesta que vaya más allá de los clásicos sectarismos de la izquierda y la centro izquierda argentina y que se proponga asestar un golpe demoledor a la impunidad en la Argentina, uno de los pilares del capitalismo real. Acaso entonces tengamos la foto más anhelada por todos nosotros, la de Julio Jorge López reencontrándose con los compañeros y celebrando el castigo al genocida Echekolatz y la prisión de sus propios captores.  Pero esa foto depende de nosotros, de nuestro coraje e inteligencia, de nuestra capacidad de construir alternativas reales a los desafíos reales.

Buenos Aires, 2 de octubre de 2006

Fragmento de los fundamentos del fallo contra Echekolatz (sobre el sentido práctico de definir los delitos cometidos como de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido en la Argentina) del voto de Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condeno a Miguel Etchecolatz

“Este es el primer juicio realizado con motivo de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Se encuentran en trámite cientos de expedientes con miles de víctimas y de numerosos imputados. Se vió en la sala de audiencias cuales son algunas de las consecuencias de juzgar hechos sucedidos hace treinta años. Una de ellas, tal vez la que representa una de las injusticias más importantes derivadas de la impunidad, es la múltiple victimización a que son sometidos los testigos convocados. Revivir el dolor de los padecimientos sufridos, tanto en las víctimas directas de estos hechos en juzgamiento como de aquellas que lo son por resultar parientes o seres queridos de aquellas o bien, por haber compartido cautiverio con las víctimas de autos, no puede pasar inadvertido para el Tribunal y el Estado debe elaborar alguna respuesta adecuada. Uno de los mayores aliados de la impunidad es el paso del tiempo. Testigos que mueren, testigos que no están en condiciones de volver a relatar el horror, testigos que no se sienten con la seguridad de poder hacerlo. A todos ellos, nuestro sistema legal les brinda una serie de garantías que adecuadamente estudiadas obligan a rever conceptos procedimentales dogmáticos elaborados para hipótesis delictivas tradicionales, pero no para delitos de lesa humanidad y genocidio. Una breve recorrida por la normativa aplicable permite agregar argumentos a la necesidad de tomar inmediatas medidas respecto de la cuestión a fin de evitar nuevos sufrimientos obligatoriamente evitables.  Se trata de un verdadero cambio de paradigmas que obliga a repensar métodos, prácticas y fundamentalmente razonamientos no sólo respecto del verdadero contexto en el que se produjeron los hechos aquí juzgados, sino además respecto de aquellas personas que el sistema judicial cita  mecánicamente y muchas veces sin tener en cuenta en su justa dimensión el grado de sufrimiento que su comparecencia les puede ocasionar. ….. Las citas efectuadas de  los conocidos fallos de la Corte Interamericana de  derechos Humanos, de aplicación obligatoria en nuestros tribunales, avalan la afirmación efectuada en cuanto a la necesidad de tomar medidas que eviten nuevos sufrimientos a las víctimas. Eso a su vez, va a significar una notable mejora en las propias investigaciones y en última instancia en el resultado final de las causas.  Parte de la protección debida por el Estado a los testigos, incluye evitar las interminables citaciones judiciales a los debates que sin duda se sucederán de no tomarse las medidas adecuadas. Por otra parte la atomización de las causas por violaciones a los Derechos Humanos derivadas de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, atenta a su vez con la obligación  señalada por los fallos aludidos.  Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velazquez Rodriguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad. Todo ello es parte también de la reconstrucción de la memoria colectiva, y permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas matanzas. Como se señaló precedentemente, todos esos hechos configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983.”

Y donde está Julio López?

Un nuevo lamento/reproche recorre las filas del “progresismo” vernáculo: ¿por qué no podemos ser como Europa “que se une contra el terrorismo sin banderías políticas”? sin comprender siquiera su propia responsabilidad en la cuestión.

Repasemos la historia, luego de la muerte de Franco se firmó en España un Pacto de la Moncloa que dejaba atrás (sin verdad, sin juicio y sin castigo)la sedición del ’36 y los innúmerables crimenes de la dictadura española, “todos juntos” por la democracia era el lema y el modelo se extendió a muchos países (Pacto del Club Naval en Uruguay por ejemplo)y se renueva cada vez que las sociedades civilizadas se sienten amenazadas.

Así ocurrió en ocasión del atentado a la estación ferroviaria de Atocha en Madrid y eso es lo que reclaman los escribas locales sin advertir que la movilización popular y masiva en España comenzó justamente contra la falsificación de los hechos (pretendían atribuirselo a la ETA).

Desde hace un mes, el estado nacional y provincial (y quienes lo acompañan en las labores de construcción de hegemonía cultural desde la máscara del progresismo o los derechos humanos) obstaculizan la movilización social sembrando la duda sobre lo ocurrido (“se fue a tomar té a lo de la tía”, “hay que investigar a López porque es una conspiración contra Kirchner”, “se perdió porque está demente”, etc.) pretendiendo eludir la responsabilidad (no la culpa) sobre la formalidad extrema de una democracia que sigue anteponiendo “la gobernabilidad de la Bonaerense” a la investigación certera, tal como denunció Nilda Eloy el viernes en nuestro local partidario.

El progresismo argentino ingresó a la étapa de decadencia cuando el Frente Grande y el “arrepentimiento” de Chacho de no haber votado la “convertibilidad”; en su fase kirchnerista está renunciando al último de los atributos que lo diferenciarían de una fuerza tradicional de derecha: la defensa del más primario de los derechos del hombre, el derecho a la libertad, la integridad y la vida. El secuestro de López marca un desafío para las izquierdas, construir un vasto movimiento que vaya contra la impunidad, para el cual habrá que superar los límites que desde diciembre de 2001 nos impiden transformarnos en alternativa verdadera, pero para el progresismo kirchnerista el desafío es mayor: deberán dar cuenta de que privilegian si la “razón de estado” (oh!, no eran estos los superadores del stalinismo) o la aparición con vida del compañero López