A un año del treinta aniversario del Golpe del ’76, la Argentina parece balancearse entre la voluntad de justicia, memoria, verdad y corrección del agravio sufrido por toda la sociedad  y la perpetuación de la impunidad para los terroristas de Estado, el continuismo del capitalismo asesino (que cambia de modos de eficacia burguesa pero no de esencia inhumana) y aún el retorno de prácticas represivas aberrantes como la desaparición forzada de personas, de cuya dolorsa presencia la ausencia del compañero López es testimonio ilevantable.

A la hora del balance no es superfluo asignar a cada quien el mérito de los logros y la responsabilidad de los peligros.  En este año destacan, en la lucha contra la impunidad histórica, la condena ejemplar a Echecolatz (con la mención por vez primera en un fallo judicial nacional del marco en que se perpetraron los crímenes, el de un GENOCIDIO preparado con anticipación y destinado a modificar de raíz las condiciones de funcionamiento del capitalismo en el país) y la reapertura de la Causa contra los responsables de los crímenes de la Triple A (al menos unas mil quinientas ejecuciones sumarias, novecientas desapariciones forzadas, tres mil detenciones prolongadas y miles de atentados terroristas con explosivos contra locales del movimiento popular y  hogares de militantes) resultado de la perseverancia de los sobrevivientes al genocidio,  organismos de derechos humanos y fuerzas políticas de izquierda.  Nada nos ha sido regalado y cada paso de avance contra la impunidad, así fuera milimetrico, condensa años de esfuerzos jurídico/políticos, de movilizaciones callejeras y pronunciamientos colectivos.

Contra estos esfuerzos ha conspirado un Poder Judicial presto a facilitar la estrategia de impunidad de los represores: «chicanear», postergar, diluir las cuestiones en debate por el sendero de tratar todo como «delitos individuales», al margen de un plan sistemático de destrucción de personas, despegado del proceso de reestructuración neoliberal capitalista que condujo al país de dos pisos que hoy sufrimos: en el de arriba los que gozan de la venta en dólares de la soja, los hidrocarburos y algunos otros productos producidos a bajo costo (por los bajos salarios y la paridad cambiaria subsidiaria de las exportaciones) y que ha llegado a un nivel de concentración y desnacionalización de la riqueza que se expresa en la cifra, seguro que inédita en la historia nacional, de que el 97% de las utilidades producidas por las empresas queda en la bolsa de las empresas extranjeras[1] y en el de abajo la mayoría de la población privada de empleo digno y excluida de casi todo empezando por ingresos mínimos para sostener una canasta familiar digna (algo así como $2.500, tan lejana del promedio salarial menor a los $700 de los que tienen algún empleo).

Conviene reafirmar que la impunidad sigue siendo la regla y la condena la excepción; y que las condenas conquistadas lo han sido por la lucha de años y no por dádiva del gobierno de Kirchner.   Puntualmente, en la causa Echecolatz no fue el gobierno (que cuenta con el servicio de la Procuración General de la Nación, que dirige a los fiscales federales que actuán como parte acusadora en los juicios) quien promovió la figura de genocidio sino la querella de los organismos de derechos humanos que representaban, entre otros al compañero Julio López.  Si el gobierno poco hizo y hace por el avance de los juicios (a tres años de la caída de las leyes de la impunidad, sólo dos condenas se han dictado y se calcula que el 97% de los represores identificados siguen en libertad) , su responsabilidad se hace mayúscula en el caso del secuestro del compañero López: no tomó ninguna medida para evitar la agresión de los represores amenazados, tal como mandan los Pactos Internacionales de resguardo a los luchadores por los derechos humanos que tanto gustan publicitar su adhesión; y sobre todo, por más de cinco meses ha evitado tomar las medidas que conducirían al esclarecimiento de la desaparición forzada: depurar las fuerzas represivas de figuras comprometidas con la represión, investigar los círculos concéntricos que salen de la Cárcel Marcos Paz donde Echecolatz y otros cincuenta represores conspiran abiertamente.  En esta hora de balance vale la pena recordar que el Dr. Righi, Procurador General de la Nación -que reporta a Kirchner-, opinó por escrito en diciembre, ante la Corte Suprema de Justicia, que la investigación por López debería continuar en el juzgado provincial que realiza una «averiguación de paradero» ya que no habría datos que hagan presumir su desaparición forzada.  Cómo se sabe, tal posición cambió radicalmente ante el secuestro del militante kirchnerista Gerez, ocasión en que el Presidente Kirchner dirigió un mensaje a la Nación donde admitió la permanencia de elementos afines al terrorismo de Estado en el aparato represivo estatal, pero obvió tomar medida alguna que repare el continuismo.  Para colmo, pasan los días y tampoco se esclarece el caso del secuestro a Gerez, a pesar de que el Ministro Fernandez aseguró el 30 de diciembre que «los secuestradores estaban cercados y por eso lo habían liberado» ningún dato hay sobre los secuestradores.  La pesada impunidad parece inmutable y la sociedad parece acostumbrarse a la idea que la desaparición forzada de personas es un recurso más del Estado a contramano de tanto discurso progre y promesas de Nunca Más.

Tampoco tiene mucho que ver el gobierno en la reapertura de la Causa Triple A.

La misma fue el resultado de la labor de denuncia realizada por una organización, Argentinos en el Exilio, que encontró a Almirón, lo denunció en España y provocó un escándalo que no podía ser ignorado por nadie.  La reapertura de la Causa Triple A, más allá de los clásicos aprovechamiento políticos de la hora, pondrá en incomodidad a los dos relatos hegemónicos sobre el Golpe de Estado: el relato liberal que considera el Terrorismo de Estado como una anomalía propia de militares desvariados, que ahora tienen que explicar la perpetración del mismo bajo un gobierno constitucional así como la impunidad que la «democracia neoliberal» iniciada en 1983 le garantizó todos estos año; y el relato revisionista que ha pretendido contar la historia de un modo simple y binario: unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, etc. y ahora tropieza con  un peronismo víctima, el de Troxler y otros cientos de militantes, pero también con un peronismo victimario, el de Isabel, López Rega y Lorenzo Miguel, cuyos herederos están en el partido oficialista y aún en sectores del  gobierno nacional.

A pesar de todo esto, del rumbo económico que garantiza la continuidad del modelo fundado por Videla y Martínez de Hoz y de que su compromiso con la lucha contra la impunidad ha quedado al desnudo dramáticamente con el secuestro impune de López, el presidente Kirchner y la Senadora se las han arreglado para seducir a un sector del movimiento de derechos humanos y provocar todo tipo de divisiones al interior del movimiento popular pretendiendo establecer una división entre los «serios» que reconocen los supuestos logros del gobierno en el terreno y los «delirantes» que persisten en denunciar la violación cotidiana de los derechos  humanos y la responsabilidad del gobierno en el tema.

El gobierno nacional, que gusta fungir de «defensor de los derechos humanos» no respeta uno de los derechos básicos de la ciudadanía cual es el de la libre organización popular, con autonomía del Poder y los gobiernos de turno y dedica ingentes recursos a interferir en las acciones de éste provocando una falsa línea divisoria entre sus partidarios y sus «enemigos», división  que dificulta la constitución de un verdadero frente de lucha contra el continuismo neoliberal y las estrategias de dominación latinoamericana, tal como se logró constituir en ocasión del repudio a la «visita» de Bush a Mar del Plata y el intento de constituir formalmente el ALCA cómo ámbito de dominación colonial norteamericana.

Cómo ocurrió en diciembre de 2001, como ocurrió ante las elecciones de 2003 y de 2005, como ocurrió en ocasión de la conmemoración del treinta aniversario del golpe y el propio secuestro de López, la izquierda y los sectores populares oscilan entre la tentación de la coptación por el Poder que genera la ilusión de un reconocimiento social y al menos un instante de victoria y  la  tentación del sectarismo que cultiva la ilusión del principismo y la promesa de vanguardizar una revolución que, así, nunca llega.

Queremos insistir en que en este nuevo aniversario del Golpe, estamos desafíados a superar ambas tentaciones y construir un verdadero frente contra la impunidad histórica, el continuismo del capitalismo neoliberal y la estrategia yankee para nuestra región convulsionada por la vitalidad revolucionaria de Cuba y Venezuela y los nuevos procesos de ruptura con el neoliberalismo en Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

En estos días es visible que la carencia de una alternativa popular de gobierno y de Poder no es sólo ni principalmente un problema electoral, es una carencia política básica que dificulta la lucha cotidiana y acompleja puntualmente la preparación del treinta aniversario más uno del golpe de Estado.  El desafío es superar las dos trampas: la de la coptación y la del sectarismo, políticas que aunque figuran opuestas son funcionales al objetivo reaccionario de impedir constituir al movimiento popular en un sujeto autónomo, capaz de convocar las grandes mayorías a la lucha contra todas las impunidades, por todos los derechos para todas y para todos.

Este nuevo aniversario del Golpe tiene otro ingrediente específico y es que se conmemorará en medio de la mayor transformación política, económica, cultural y social de América Latina desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, revolución que tanto incidió en la construcción subjetiva de la Generación del Córdobazo, victimizada por el Terrorismo de Estado.  El paso decidido del proceso venezolano hacia un Socialismo del Siglo XXI, el relanzamiento de la Revolución Cubana y la constitución del ALBA, ámbito de integración estatal por fuera de la lógica del imperialismo y las leyes neoliberales del mercado al que ahora se integran Bolivia, Venezuela y Ecuador -donde han triunfado gobiernos que de un modo u otro emprenden  transformaciones anti neoliberales con pronunciamientos antimperialistas y medidas coherentes con el discurso-, no  pueden obviarse al momento de recordar el Golpe de Estado del ´76.

Consecuentemente guevaristas reivindicamos que el triunfo de estos procesos revolucionarios es también el triunfo de nuestra causa, la recuperación de nuestros treinta mil compañeros y la reinstalación de un horizonte revolucionario que mucho nos ayudará a construir la fuerza que en la Argentina concrete los pasos que nos pongan en la hora americana, como reclamaba los jóvenes universitarios de Córdoba al realizar su Reforma Universitaria de 1918 que inspiró, en su momento, a toda una generación americana que retorna ahora de la mano de Fidel, Chavez, Evo y los pueblos americanos.

No enfrentamos este nuevo aniversario con la cabeza gacha ni el animo vencido, todo lo contrario.  Valoramos muy positivamente los pasos que el movimiento popular ha dado en el terreno de la lucha contra la impunidad histórica,  nos preparamos para grandes batallas en  un nuevo marco latinoamericano que nos llena de entusiasmo y procuraremos transitar en nuestra Patria el sendero que ha llevado a la victoria en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, el de la unidad amplia con definiciones programáticas adecuadas descartando vanguardismos y actitudes de subordinación a los gobiernos de turno, sean cuales sean.  Porque es hora ya de conmemorar el aniversario del Golpe cumpliendo las tareas inconclusas de aquella generación, la construcción de una alternativa popular que corte todos los continuismos, aplaste las impunidades y haga realidad los sueños libertarios de tantos y tantas.