• Navidad del 76 en La Guardia de Infanteria Reforzada de Santa Fe

    Al Negro Oscar lo habían agarrado en su casa de Laguna Paiva y lo habían traído a la Side, donde antes estaba la comisaría Primera, en pleno centro de Santa Fe, San Martín y Obispo Gelabert. Le habían dado bastante, pero cuando llegó a la Guardia ya estaba recuperado.

    Enseguida nos organizamos en una célula del Partido, y como para las fiestas admitieron unas visitas, recuperamos contacto con la dirección regional.

    Un día pasaron preguntando quién quería trabajar en la cocina, dado que la gente ya era tanta, que el equipo de cocineros que tenían estaba superado por el número. Yo salté de la cucheta y tuve suerte de que me anotaran entre los primeros.

    Nos bajaban con las esposas puestas. Al principio los tipos nos verdugueaban de lo lindo, pero poco a poco fueron aflojando, preguntaban quién era, por qué estaba allí y empezaron a enseñarme a cocinar. Eso, después de advertirme de que no abriera la boca sobre lo que veía ahí dentro, porque me iban a hacer cagar.

    Los tipos se robaban todo y lo reemplazaban burdamente. Se robaban la pulpa que venía para milanesas, y la suplantaban con aguja; se robaban la carne de puchero, y para que la sopa pareciera que tenía carne, sumergían unas tiras de grasa de pella con unos alambres en la olla hirviendo; se robaban el aceite y cocinaban con grasa de pella.

    Y eso que la comida era también para el personal que custodiaba a los presos, y esos sí que se quejaban de la mierda que daban de comer.

    En la Guardia había libros; algunos insólitos como aquel de La orquesta roja, un relato sobre la red de espionaje comunista en la Francia ocupada por los nazis, que yo me tragué en un solo día. Aunque en aquel entonces creía que era una infamia aquello de que a los militantes antifascistas que se salvaron de los nazis los iba a encerrar Stalin «porque por algo se salvaron».

    Todavía no sabía que, si había sufrido el «por algo habrá sido» con que los vecinos nos «premiaron» cuando nos pusieron la bomba en diciembre de 1975, más tarde debería sufrir la sospecha infamante de los que insinuaban que, si habíamos sobrevivido era porque «por algo habrá sido», sin entender que una de las características principales del sistema del terrorismo de Estado era su imprevisibilidad, su aparente irracionalidad, su carácter aleatorio en los temas de vida y de muerte.

    Pero más luego, volveré sobre el tema.

    También había algunas novelitas rosas y hasta un clásico de la novelística comprometida: La Madre de Máximo Gorki. Tomando mate y leyendo el libro en ronda, siempre había algún memorioso que recordaba bloopers represivos, tales como aquel allanamiento en una casa de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química que se había llevado el libro de La cuba electrolítica por su carácter subversivo, y había dejado La Sagrada Familia de Carlos Marx –Federico Engels por suponerlo un libro piadoso.

    Había mucha gente del norte, la mayoría sin militancia alguna; se preguntaban todo el día por qué carajo los habían metido allí siendo inocentes. Me hablaban de pueblos sobrevivientes a La Forestal que yo ni conocía: Tostado, Pozo Borrado, La Margarita, y otros; de uno de esos pueblos habían traído como cuarenta en un colectivo. El único que tenía una «teoría» para explicar su detención era un maquinista de ferrocarril que sabía escuchar Radio Moscú de noche; él creía que los milicos se habían enterado, y que por eso lo habían detenido. Los demás ni siquiera ese «delito» habían cometido.

    Yo trataba de explicar que la represión generalizada no era un error sino un estilo premeditado que buscaba atemorizar al conjunto de la sociedad. Como cuando mataban compañeros, les cortaban los testículos y se los ponían en la boca; o como cuando dinamitaban siete u ocho compañeros vivos. Pero algunos compañeros no querían aceptar razones y trataban de hacer buena letra para salir rápido.

    Las contradicciones estallaron para Nochebuena.

    Los guardias aceptaron un soborno, dejaron pasar la comida que nos traían –impuesto de aduana mediante – y se armó una fiesta dentro del pabellón para la noche del veinticuatro de diciembre de 1976. Todo iba bien, se había compartido la comida que cada uno había recibido, se hizo una especie de clericó dejando madurar la fruta y metiéndole una botella de alcohol comprada a precio de oro a los guardias, y todos estaban contentos hasta que empezaron los brindis.

    Empezaron con la historia de la paz entre los hombres, con deseos de que los inocentes salieran pronto, y yo también pedí hacer un brindis, como de compromiso.

    Pero cuando levanté mi vaso, miré en el vino: allí vi a Alberto Cafaratti que me miraba, y entonces empecé a hablar de la historia de las luchas en la Argentina, de Espartaco que fue vencido pero su ejemplo es inmortal, de Cancha Rayada y el Ejército de los Andes; y yo brindé por la lucha de nuestro pueblo, por todas las organizaciones populares a las que cada uno pertenecía, y por la Revolución Socialista.

    Se terminó la fiesta. Hubo de todo: gritos, enojos, recriminaciones varias.

    Algunos se pusieron a llorar, creyendo que los iban a matar enseguida, y cuando al rato no pasó nada, se fueron a la cama. Cuando se apagó la luz, se me acercó el Mono, se agachó al lado mío y muy cerquita de mi oreja me dijo que estaba de acuerdo. Que no éramos avestruces para esconder la cabeza bajo la tierra.

    Navidad del 76 está tomado del capitulo 17 de Los Laberintos de la Memoria, del autor, colgado en el blog  y de acceso libre.

    Se puede citar, copiar o utilizar para polemizar con la única condición de citar el texto y el autor


  • El rastro de la represión en Acindar

    Secuestraron libros y actas referidos al período entre 1975 y 1983. La querella pidió la indagatoria de algunos ex directivos, entre ellos Alcides López Aufranc, su presidente desde mayo de 1976.

    Por Alejandra Dandan

    El juzgado de Norberto Oyarbide comenzó a allanar, a partir del martes pasado, tres sedes de la siderúrgica Acindar en busca de libros de actas del período 1975/1983 y legajos de empleados administrativos y de obreros que se desempeñaron en la empresa que presidió José Alfredo Martínez de Hoz antes de convertirse en ministro de Economía de la dictadura. Los allanamientos se hicieron en la emblemática planta de Villa Constitución, en la sede de Capital Federal y en otra del Gran Buenos Aires. El juzgado se llevó material que va a empezar a evaluar hoy, pero anticipan que el dato más importante es que identificó la existencia de un enorme volumen de documentación. Llamativamente, los nuevos propietarios advirtieron que son “tres camiones de documentos” y los pusieron a disposición. El juzgado les dio 20 días de plazo para organizarlo.

    “Esto nos genera un grado de conmoción muy grande”, dice José Schulman, querellante de la causa por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Es muy importante en este momento que avance la causa, también es interesante que la empresa (ahora en manos de AcelorMittal) cambió de actitud. Es una buena noticia saber que se preserva la documentación que es la historia de Acindar y los expedientes laborales de los operarios detenidos, desaparecidos y expulsados por la empresa.”

    “Esto es muy importante”, coincide Victorio Pauleón, que fue miembro del comité de lucha que llevó adelante la huelga de 1975 en Acindar por las detenciones masivas de los obreros. Pauleón fue detenido, estuvo preso hasta 1981, se exilió y ahora es querellante en otra causa abierta en Rosario. Pauleón explica que el proceso que aparece detrás de la represión que se ejerció contra los trabajadores nucleados en la UOM de Villa Constitución en marzo de 1975 no sólo da cuenta de complicidad empresaria. “Más que de complicidad, tal como los casos de Acindar y Techint lo demuestran de manera ostensible, debemos hablar de planificación y protagonismo empresario en el terrorismo de Estado.”

    Existen dos causas sobre Acindar, una en Buenos Aires y otra en Rosario. Ambas investigan la responsabilidad del directorio en el operativo del 20 de marzo de 1975 de Villa Constitución, donde una columna de 150 vehículos y camiones, policías y hombres de la derecha sindical invadió esa localidad del sur santafesino. Se calculan unas 150 detenciones en ese momento que se duplicaron después del golpe de 1976. 15 asesinatos en marzo de 1975, que también se duplicaron luego de marzo de 1976. Y más de mil despedidos ocurridos en los meses posteriores, luego de la huelga de resistencia impulsada por los trabajadores. Los encarcelados y asesinados eran obreros afiliados a la UOM de Villa Constitución combativa y enfrentada a la conducción nacional en manos de Lorenzo Miguel.

    La causa de Rosario se abrió el año pasado, impulsada por un grupo de sobrevivientes, y allí se analizan los hechos en espejo al Operativo Independencia, con la lógica de un espacio que se usó como prueba piloto del terrorismo de Estado y donde intervino el Segundo Cuerpo. Unos doce testigos ya declararon.

    En tanto, la causa de Buenos Aires es donde se produjeron las últimas novedades. El expediente está en el juzgado de Oyarbide: se abrió en 2010, lo impulsó la Liga y quedó como parte de la causa madre en la que se investigaba la Triple A. En septiembre, Oyarbide tomó una primera decisión importante: separó los dos expedientes y Acindar quedó como causa autónoma. En la resolución planteó dos puntos que para la querella resultan centrales. Por un lado, señaló que hubo una “continuidad” entre los hechos del 20 de marzo de 1975 y los posteriores al 24 de marzo de ’76, dado que todo el período tiene como objeto “la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes”. Y, segundo: que prima facie la represión aparece instigada por el directorio en procura de garantizar intereses económicos, que pensados bajo la incidencia de la figura de Martínez de Hoz se conectan con el escenario nacional. “Nosotros no sólo denunciamos las torturas –dice Schulman–, sino que se hacían para un beneficio económico.”

    En ese contexto, la Liga presentará hoy un pedido de imputación para cuatro referentes de la empresa. No son los más representativos porque Martínez de Hoz y Aníbal Gordon están muertos, por ejemplo. Pero son algunos de los que siguen con vida luego de años de impunidad y parálisis en las causas y cuyos nombres son simbólicamente representativos.

    Las indagatorias

    Uno es Alcides López Aufranc, presidente de Acindar desde mayo de 1976 e invicto hasta ahora en causas de lesa humanidad. López Aufranc reemplazó a Martínez de Hoz en el directorio. Entre sus antecedentes, el escrito recuerda que fue formado por orden del Ejército en la escuela contrarrevolucionaria francesa, estuvo en Argelia y luego fue instructor de la doctrina francesa entre los oficiales de la Escuela de Guerra, doctrina que iba a ser corazón de las técnicas represivas luego de marzo de 1976. El borrador de la querella incorpora parte del informe elaborado por el área de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores. Y recuerda algunas de sus declaraciones sobre Acindar, trabajadores y el modelo represivo. A comienzos de 1976, escribió: “El país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos (…) el desorden y la indisciplina laboral estaban generalizados. A partir del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad”. López Aufranc estuvo al frente de Acindar hasta 1992.

    Los otros pedidos de indagatorias alcanzan a Pedro Aznares, ex subgerente de Relaciones Industriales, a quien la denuncia menciona como “a cargo de las negociaciones con los sindicatos, y por tanto, quien tenía la información de los nombres de los dirigentes que luego fueron secuestrados y presos”. También piden la indagatoria de Roberto Pellegrini, jefe de personal, y de Raúl Ranure, señalado como oficial de inteligencia y “uno de los principales represores de la ciudad, que participaba de los operativos nocturnos tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente, que le había otorgado Acindar”.

  • Coraje: Julio Viaggio, un abogado inolvidable

    Para Iris Avellaneda

    madre coraje sin par

    Cómo se cuenta la historia de un militante de toda la vida que vivió más de ocho décadas?

    Un compañero que eligió ser abogado pero no para defender los corruptos o las bandas mafiosas sino a los humildes, los trabajadores que se organizan y luchan y a los que sufren represión por defender sus derechos humanos?

    Julio fue dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, del Colegio de Abogados de San Isidro, abogado de la Federacíón de Trabajadores de Comercio de la zona  norte y antes que nada, militante y dirigente comunista.

    Acaso en aquellos primeros meses del golpe de estado de 1976, cuando todos fuimos puestos a prueba en nuestras convicciones y valores, Julio restalló con una luz más intensa que nunca.

    Fue entonces que puso decenas de habeas corpus por los desaparecidos de la zona norte, por entonces la más poblada fabrilmente y por ello una de las más castigadas por la represión.

    En abril de 1976, enterado del secuestro de Iris y Floreal Avellaneda, presentó su recurso de habeas corpus y comenzó a actuar temerariamente hasta lograr que Interpol y la Policía Ciéntifica de Montevideo identifique el cuerpo martirizado del Negrito. Aunque la dictadura uruguaya se robó el cuerpo, aquel certificado de defunción fue clave para condenar a dos generales y algunos militares y polícias en el año 2009.

    En aquellos meses del 76, un día recibió una cita del General Santiago Omar Riveros, General de Ingeniería, Jefe de Institutos Militares y amo de Campo de Mayo y por ende de la zona Cuatro que iba de la General Paz hasta Campana.

    Qué hacer, se preguntó Julio?

    Qué hacer, preguntó Julio a sus compañeros de partido, de la Liga, del Colegio de Abogados, a su compañera y sus hermanos.

    Qué hacer?  Ir para que me metan preso; no ir, pasar a la clandestinidad y cerrar la única ventanita por donde los familiares podían reclamar por sus desaparecidos?

    Y decidió ir. Pero no de cualquier modo.

    Aviso a un grupo de compañeros y amigos para que lo acompañen y lo esperen en la Puerta Cuatro.

    Y se puso un sobretodo a pesar de que era primavera y ya hacía bastante calor.

    Caminando, haciendo chistes llegaron hasta donde hicieron quedar a los acompañantes y siguió su camino junto a la tía del Negrito, Arsinoe, tan valiente y disparatada como él.

    Les hicieron esperar un rato largo, de ablande, le dijo Julio a Arsinoe, hasta que le hicieron pasar a un despacho amplio y luminoso. Por la ventana entraba el sol y se veían plantas, un paisaje casi bucólico.

    Cuándo el General los recibió, no pudo ocultar su sorpresa ante el abrigo y le preguntó por qué lo llevaba puesto.

    Y ahí Julio sacó su as de espadas, el que había traído en la manga: General, soy un abogado defensor de los derechos humanos y nada malo he hecho más que defender a los que no se pueden defender; pero si ud. decidiera encerrarme y mandarme a una cárcel al Sur, he traido mi sobretodo para no pasar frío. Cómo verá he venido a pedir por Floreal Avellaneda, pero no desconozco que en esta acción, Arsinoe y yo, podemos terminar como ellos.

    Esa vez salió y siguió luchando.

    De hecho, mantuvo la causa Floreal Avellaneda por decadas y solo la puta impunidad impidió que fuera él quien estuviera sentado el día mágico aquel en que el Tribunal Oral sentenció Perpetua para los Generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen.

    Su vida podría entenderse uniendo las dos fotos de esta historia: un sobretodo, un tribunal sentenciando y en el medio un general.

    No hace falta mucho más para entender de quien hablamos.

    Julio Viaggio.

    Un abogado con coraje.


  • BANNER ladhEl General Milani, que participó en acciones del Terrorismo de Estado, debe ser pasado a retiro y sometido rápidamente a un Juicio Oral que determine sus responsabilidades penales por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo y la detención ilegal de Oscar Plutarco Schaller según surge de los testimonios de sobrevivientes y familiares, testimonios que constituyen la prueba que la sociedad argentina tiene para juzgar el Genocidio.

    A contramano de todo lo acumulado en diez años de juzgamiento a los crímenes cometidos en el marco del Terrorismo de Estado (cuyo inicio podría situarse en diciembre de 1973 con el secuestro de Solari Irigoyen y el comienzo de las actividades de la Triple A, para continuar con el Operativo Independencia en Tucumán, el Serpiente Roja en Villa Constitución y el control militar de todo el territorio nacional para setiembre de 1975), el oficialismo insiste en la presunción de inocencia del General Milani apoyándose en el hecho de que no tiene condena firme ni ha sido imputado penalmente por los hechos denunciados.

    Una vez más, el Estado Nacional, que perpetró los crímenes terroristas entre 1973 y 1982, que garantizó su impunidad entre 1982 y 2004 (exceptuando el Juicio a la Junta Militar de 1984 y algunos pocos logrados para finales del siglo XX) pretende transformar su responsabilidad criminal ante la historia en un beneficio para los represores.

    Es inadmisible.

    La presunción de inocencia es un pilar de nuestra escala de valores y del sistema de garantías constitucionales, pero nada tiene que ver con la situación de los represores que fueron acusados por las víctimas y familiares de cometer crímenes horrendos como la desaparición forzada de personas y la privación ilegal de la libertad seguida de tormentos y torturas (de eso se lo acusa al General Milani para saber de que estamos hablando) y que fueron protegidos por el Estado que sancionó leyes (del Olvido y del Punto Final), decretos (de amnistía para los condenados en el Juicio a la Junta) y falsificó expedientes y documentos oficiales (¿por qué nunca se supo antes del  rol del General Milani en el Operativo Independencia?, porque el Ejercito falseó los expedientes).

    Ya en la discusión sobre el caso Patti en el 2006, el propio oficialismo siguió la “doctrina Wainfield”: “La doble anomalía generada por un régimen autoritario y por normas inconstitucionales de un gobierno legítimo genera una situación de irregularidad que debe ser aquilatada al concluir qué es sospecha suficiente.   En ese marco legal cobran especial valor las denuncias y las actuaciones judiciales realizadas en otros tiempos, es decir no al calor de la actual situación, más allá del resultado final que produjeron. Si alguien, en el marco del Estado genocida, se atrevió a denunciar con testimonios verosímiles es un indicio importante. Si un funcionario judicial activó los trámites, es otro. Sólo una mente conspirativa o perversa (que las hay las hay) puede suponer que alguien (a riesgo de su vida o de su seguridad) se dedicara con 20 años de antelación a preconstituir prueba para entorpecer la carrera política del ex intendente de Escobar.”[1]

    La primer pregunta que debería contestar el oficialismo y sus aliados es por qué en el caso Patti no se aplicó la presunción de inocencia que se alega para el General Milani?}

    La segunda pregunta es cómo compatibilizarán de ahora en adelante su apoyo y participación en los juicios contra los represores (más allá de los casos particulares, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene una importante participación en los juicios bajo la doctrina de que el Estado Democrático acusa al Estado Terrorista) con la descalificación como prueba suficiente de los testimonios contra el General Milani, cuando justamente, todos los juicios por delitos de lesa humanidad (amparados en la doctrina que surge del fallo contra la Junta de Comandantes en la llamada Causa 13) se apoyan en el “carácter necesario” de los testimonios de los sobrevivientes y familiares dado el carácter clandestino del obrar del Estado en aquellas circunstancias.

    Luego de diez años de juzgamiento a los represores algunas cosas ya tenemos claras de cómo funcionaba el Plan de Exterminio.

    Por ejemplo, sabemos con probada certeza que en todos los casos donde se desaparecían soldados conscriptos (y hay un batallón perdido al decir del inolvidable militar democrático y antifascista José Luis DAndrea Mohr) se ocultaba la acción terrorista con un acta falso donde se hacía constar que el soldado había desertado. Exactamente la que confeccionó el actual General Milani quien debe afrontar las consecuencias penales de su accionar criminal.

    No creo que haga falta recordar que un militar está obligado a conocer las leyes y reglamentos vigentes y que hace años que se ha mostrado falsa la teoría de la “obediencia debida” que pretendía una especie de “obligación inevitable de accionar de tal modo” so pena de graves consecuencias para la persona, lo que –supuestamente- lo liberaría de responsabilidades penales. La propia conducta de  DAndrea Mohr y del resto de militares que posteriormente constituyeron el Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) demuele ese argumento que ha sido desestimado por los tribunales y la misma Corte Suprema de Justicia.

    Asombra que los mismos que halagan los juicios, pretendan ahora hundirnos en el pantano de la “obediencia debida” y la teoría de los dos demonios.

    Cosas veredes, Sancho.

  • Repudiamos la ola de aprietes y provocaciones policiales

    Repudiamos la ola de aprietes policiales.

    La Liga Argentina por los Derechos del Hombre exhorta a los gobiernos provinciales y el gobierno nacional a no ceder ante las presiones policiales y emprender el camino de la verdadera democratización de estas fuerzas quebrando de una vez por todas la continuidad de una cultura represora que sostiene esta “cruzada” y alimenta la violación sistemática de los derechos humanos por parte de los mismos que hoy pretenden asumirse como custodios de una reivindicación popular.

    Deben hacerse cargo de estas provocaciones policiales, claramente dirigidas a debilitar el poder político nacional y los gobiernos provinciales a fin de ampliar la influencia de las redes mafiosas que dominan el negocio delictivo y la Policía (casos Santa Fe y Córdoba de ejemplo) aquellos políticos que han vuelto a poner en circulación los nefastos discursos de “mano dura” y críticas al “garantismo”, mensaje de derechas que ha fortalecido a la derecha policial siempre dispuesta a fortalecer su espacio en la sociedad y golpear a las fuerzas democráticas

    A treinta años del fin de la dictadura sigue pendiente la tarea de quebrar la cultura represora que se alimentó durante todo el siglo XX, que se potenció con el Terrorismo de Estado y que los gobiernos constitucionales han tolerado con sus discursos de mano dura, guerra al garantismo, propuestas de encerrar más y más personas por más tiempo y en peores condiciones.

    El único camino posible es imponer una firme conducción política a estas fuerzas, depurarlas de sus elementos contaminados por la herencia del genocidio, las huellas de la corrupción, las marcas de las prácticas violatorias de los derechos humanos como la tortura o el gatillo fácil, y la penetración profunda de las mafias delictivas que manejan el comercio de las drogas, la prostitución, las zonas liberadas para delinquir, el robo de autos y la venta de auto partes.


  • La primera reflexión que ameritan los treinta años posdictatoriales es que si en la lucha contra la dictadura era posible hablar del movimiento de derechos humanos, que con matices o diferencias, actuaba como un sujeto único, aglutinante y muchas veces representante del conjunto social enfrentado a las políticas de dominación social, explotación de clase y expoliación nacional; en estos treinta años el conjunto de fuerzas que se reconocen como luchadores por los derechos humanos se ha agrupado, reagrupado y diferenciado constantemente.

    Una y otra vez, la cuestión de la relación de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia de los crímenes dictatoriales con la vida cotidiana de los argentinos ha sido y sigue siendo el punto de debates y divergencias.

    En la Argentina se ha avanzado notablemente en la cuestión de la Memoria y los Juicios, y no seremos nosotros, protagonistas de esa lucha plural y multitudinaria, los que subestimemos la creación de los sitios de Memoria y el Castigo para una parte notable de los jefes militares del exterminio.

    No hay dudas que los juicios son históricos, de relevancia regional y simbolismo mundial. La apertura en el país de la causa contra los crímenes del Franquismo es un muestra más de este relieve.

    Pero los juicios no son mágicos.

    No resuelven las contradicciones económico sociales que están en el fondo de la persistencia de una cultura represora que ha sobrevivido todas las “campañas educativas” y todas las “reformas” policiales.

    En las seccionales de policía y en las Cárceles se sigue torturando y matando.

    La Gendarmería ocupa vastos espacios territoriales como brazo armado de un Estado que sigue protegiendo las inversiones extranjeras y las empresas que ayer se enriquecían con Martínez de Hoz y hoy invierten en la soja, la mega minería, la especulación financiera y otras acciones predadoras.

    La democracia requiere ser democratizada de una manera profunda y radical.

    Cómo se exigía en las calles de aquel Diciembre de 2001 que casi todos creen haber “asimilado” con las sucesivas elecciones realizadas y la ampliación de derechos conquistados en esta década.

    Y no es así.

    La democracia verdadera sigue siendo el objetivo a conquistar; una democracia donde el pueblo sea el sujeto de su historia y dueño de las riquezas que aquí se generan. (1)

    La Segunda y Definitiva Independencia, la gran tarea de los pueblos para el siglo XXI es inseparable de la conquista de una Democracia Verdadera

    E ahí la solución al intríngulis de la relación entre los llamados derechos económicos sociales y los individuales.

    La convicción que la violación de derechos más grave es la que se comete delante de nuestros ojos debe alimentar una nueva doctrina de los derechos humanos que se sienta integrante y sostén de esta gesta que ya han comenzado a transitar los pueblos americanos herederos de los sueños de Bolivar y San Martín, de Sandino, Allende y el Che Guevara.

     

    (1)  https://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2011/02/13/democratizar-la-democracia-para-derrotar-la-impunidad-y-derrotar-las-derechas/276632_241541272562753_154469236_n

  • La dignidad se aloja en el sótano del Penal paraguayo de Tacumbú

    El lunes once y el martes doce de noviembre, en representación del Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y como parte de una Misión de Observación internacional de la situación internacional de los derechos humanos en Paraguay, recorrí unos mil doscientos kilómetros de las regiones más  estigmatizadas del país, las que han sido “militarizadas” por el Presidente Cartes y donde se violan de manera masiva, sistemática y continua una larga lista de derechos humanos: el derecho a la vida, a la dignidad, a no ser torturado, a contar con las garantías mínimas al debido proceso y de la presunción de la inocencia.

    El informe completo estará a disposición en pocos días y a él me remito.

    Luego de esas 48 hs maratónicas por Curuguaty, donde se perpetró la masacre que desencadenó la operación golpista que terminó con el gobierno constitucional de Lugo; por Icataty, donde –so pretexto del secuestro primero y del asesinato después de un ganadero- una orgía persecutoria se ha desatado sobre las comunidades campesinas, por Orqueta y muchas otras localidades donde recibimos denuncias y testimonios volvimos a Asunción donde se mantuvieron entrevistas con diversos representantes del Estado Paraguayo que respondieron con evasivas o directas provocaciones.

    Con la secretaria de Derechos Humanos del Paraguay mantuve un intenso debate donde yo le plantee que hay tres condiciones para que un país se considere del siglo XXI: que respete la tradición occidental y cristiana del Código Romano y el Código Napoleónico que consagran la presunción de inocencia y ciertas normas que hacen al debido proceso; y que todo indica que en Paraguay nada de ello se respeta; al momento de voltear a Lugo, en el “juicio político” se dijo que “como los hechos son de público conocimiento, no necesitan ser probados”, teoría básica del fascismo stronerista que vuelve de la mano de Cartes, segundo; que debían saber que hace doscientos años que nos declaramos independientes y que debe cesar el carácter colonial de la dominación brasilera y yankee sobre el territorio paraguayo y tercero: que para la región del ex Virreinato del Río de la Plata, la tortura y la esclavitud estaban prohibidas desde 1813 y que debían cesar los brutales ataques a la población, a los militantes y sobre todo (eso lo dije en voz muy alta: sobre todo) a los niños a los que se tortura, discrimina y hasta denigra al transformarlos en “luchadores contra el terrorismo” a los ocho años.

    Pero de ese debate me ocuparé luego; prefiero ahora contarles que si por tres días (los dos de la gira por el Chaco y otras regiones y el de encuentros en el Congreso Nacional) había visto la indignidad y la miseria moral de la elite paraguaya; el jueves tuve la dicha de encontrarme con una de las expresiones más altas de la dignidad paraguaya.

    Tacumbú es la cárcel paraguaya. Según su director, hay cuatro mil personas donde solo debería haber mil quinientas. Y las condiciones son catastróficas, casi inimaginables aún para alguien que conoció (así sea mínimamente) las cárceles de Videla.

    Tacumbú es una máquina de destruir humanidad.

    Una refinada y feroz maquinaria anti humana.

    Y allí, en el centro de esa maquinaria feroz, que resume la indignidad, la miseria y el clima de terror de todo un país sometido a los sojeros, los narcos y los políticos serviles, resiste la dignidad paraguaya.

    En el sótano de la Cárcel, en el periodo stronista, se torturaba y asesinaba. Luego el sótano quedó abandonado y en estos días, presionado por las circunstancias, fue recuperado y reacondicionado. Es uno de los pocos lugares seguros de la Cárcel, aunque no menos temible.

    Allí nos encontramos con los seis campesinos que buscaron refugio en la Argentina y fueron traicionados, encerrados en Marcos Paz y luego entregados para una ejecución judicial que ya se cometió: 35 años de condena de promedio para ellos.

    Y con los nuevos. Con los cinco de Curuguaty que esperan su juicio (que todo indica será otra ejecución judicial que marcará records de arbitrariedad judicial casi grotesca) para el año que viene.

    Pero ninguno allí se quejó o arrepintió.

    Ninguno dijo que eran inocentes puesto que ellos asumen la cárcel como parte de la larga lucha por la tierra que libra el campesino paraguayo.

    Y ninguno negó su identidad política.

    Rubén Villalba, el líder de Curuguaty, con el puño en alto se proclamó comunista y varios de los seis se asumieron como militantes de Patria Libre, el partido paraguayo devastado por la represión, sobre el cual ahora cargan todas las culpas del mundo.

    Todos dijimos las palabras de rigor pero yo lloraba y reía por dentro.

     

    Yo lloraba por estos hermanos, algunos de los cuales conozco desde hace ocho años cuando fueron encerrado en Marcos Paz como generosamente ellos lo recordaron al decir que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre los había acompañado siempre; y yo lloraba porque imaginaba el calvario que les espera en estos años.

    Y lloraba por dentro porque como ocurre muchas veces, antes estos casos límites es que se ponen de manifiesto los límites penosos de los gobiernos y fuerzas populares de la región.

    Lloraba por los políticos progresistas que los entregaron y por los que se niegan a visitarlos en Tacumbú.

    Lloraba por tantas y tantos militantes por los derechos humanos que no tienen problema en reivindicar luchadores populares de antaño, que eligieron el camino de la lucha armada; pero que hoy tratan como sarnosos a los compañeros acusados de ejercer la violencia popular.

    Pero también reía.

    Reía y me abrazaba a Rubén y a Agustín, a quienes los se mis hermanos entrañables, confiables para cualquier lucha y para cualquier emprendimiento popular.

    Reía porque el enemigo cree que los está matando y ellos están más vivos que nunca.

    Porque ellos creen que los quiebran y están más firmes y seguros del horizonte socialista que nunca.

    Reía porque ellos creen que estigmatizándolos, los aíslan del pueblo y cada vez más, más dirigentes populares van a ese sótano de Tacumbú a visitar la dignidad y el futuro del Paraguay.

    Porque ni Cartes ni los sojeros, ni los narcos  ni los yankee son el futuro del Paraguay.

    Ellos y los que los continúen y mejoren, son el futuro.

    Y por eso salí de ese sótano, de ese Penal, con las imágenes que más quiero dándome vuelta en las retinas. Porque  yo lo vi al Negrito correr por los asentamientos campesinos y lo vi a Anananias Maidana sentarse bajo un árbol a tomar tereré mientras volvía a explicar una y otra vez que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos.

    Les juro, que en el sótano de Tacumbú  yo vi el horizonte paraguayo; y en ese cielo no hay lugar para Stroessner, sino para todas y todos los que han luchado y lucharán para que el sueño independentista se haga realidad de una vez por todas

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  • 04.11.2013 | Tiempo Argentino accedió a la resolución del juez Oyarbide que ordena investigar cómo Acindar financió la represión a obreros metalúrgicos en 1975

    Otro paso para saber cuáles fueron las empresas que pagaron el genocidio

     Frente a los datos que describen secuestros, fusilamientos, desapariciones y unas 300 detenciones ilegales en Villa Constitución, el magistrado abrió una causa particular que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa.

     En una decisión que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa Acindar en cientos de crímenes, desapariciones y secuestros ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar, el juez federal Norberto Oyarbide determinó el pasado 23 de octubre que la participación del grupo fue clave en el gigantesco operativo represivo montado el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución contra trabajadores metalúrgicos, hecho recordado popularmente como «El Villazo». Y que por lo tanto, la investigación de aquella avanzada militar en tiempos de Isabel Martínez y José López Rega, con sus consecuencias posteriores al golpe de Estado, merece ser tomada como causa en particular, y vinculada con delitos de lesa humanidad.

    El tema venía siendo analizado dentro del expediente 1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero dentro de una causa más general, la 1075, que abarca cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. La razón por la cual Villa Constitución fue tomado como un anexo de las acciones de la Triple A, en un principio, era que algunos de los mercenarios reclutados por el ex ministro de Bienestar Social habían secuestrado y reprimido a los obreros en esas preliminares del golpe de Estado. Fue el mismo Oyarbide el que determinó eso. Sin embargo, los avances logrados desde 2010, cuando la Liga inició la querella, convencieron al juez de que El Villazo merece un tratamiento aparte.
    Tiempo Argentino accedió a la resolución que fundamenta la medida, y a las cédulas de notificación firmadas por Oyarbide, donde el magistrado pide de manera urgente distintas informaciones a organismos públicos y fuerzas de seguridad. Además, llama a declaración testimonial a varios testigos a partir del 4 de noviembre, y avanza sobre Acindar, exigiendo a la Inspección General de Justicia datos acerca del pasado y presente de la empresa.
    Pedro Dinani, abogado de la Liga, dijo a Tiempo que «celebramos el paso dado por Oyarbide desde todo punto de vista, porque se ajusta a lo que siempre afirmamos: que lo ocurrido en Villa Constitución excede la investigación abierta de la Triple A». Y agregó: «Esto recién empieza. Van a ir apareciendo nuevos imputados, gente que hoy está tranquila en su casa y que nunca imaginó que la encontraríamos.»
    Lo determinado por el magistrado es una muy mala noticia  para el grupo, que esperaba licuar su responsabilidad dentro de una megacausa que podría ser eterna. Pero establece otro aporte clave en la lupa puesta sobre el poder económico como principal sostén del genocidio. ACINDAR, a partir de ahora, se sumará a otros ejemplos de empresas que pagaron para matar, como Mercedes-Benz, Ford o Ledesma.
    Ciudad tomada. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafesina, la Guardia Rural «Los Pumas» –fuerza de choque similar a «Los Cardenales» creada por la empresa inglesa La Forestal en los años ’20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
    Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de seguridad ocupaban «una columna de un kilómetro y medio» de largo. «Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.»
    La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol.
    El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre el grupo Los Pumas; y varias bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
    Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que la empresa desocupara el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
    El Huevo de la Serpiente. La querella presentada por la Liga en 2010, contra Alfredo Martínez de Hoz, Isabel Martínez y los integrantes del Directorio de Acindar, incluye párrafos de un dictamen del Dr. Eduardo Taiano, entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 3, donde sostiene que el grupo «una y otra vez reclamaba a las autoridades ‘orden’ y represión de los conflictos sociales. En el caso que nos ocupa, se patentiza aún más con la información que certifica que el directivo de la empresa Acindar –José Alfredo Martínez de Hoz– se reunió con altos funcionarios del gobierno nacional en los días previos al operativo ‘Serpiente Roja del Paraná’ que hace objeto de la presente denuncia.»
    Una vez iniciada la huelga de los trabajadores de la UOM, el Boletín Oficial tardó dos días en dar «su» versión, vía libre para reprimir: «La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional.»
    Oyarbide toma como parte de su investigación un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que «los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el Grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a ‘marcar’ y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar.»
    La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: «En el año 1977 ingresé a la jefatura de la Policía de Villa Constitución  en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas.»
    La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como «Don Chicho», entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Área IV de Seguridad Federal en el noroeste.
    Según Peregrino Fernández, cuyo testimonio completo intenta conseguir hoy el juez Oyarbide (ver recuadro), «las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del Directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa… Acindar pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra de dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los efectivos, tarea que estaba a cargo del jefe de personal de dicha empresa, de apellido Asnares, así como del jefe de Relaciones Laborales, Pellegrini.»
    Los fusilamientos. Uno de los puntos clave por los que Oyarbide decidió que la investigación de Villa Constitución fuera analizada en particular responde al período que abarca la causa Triple A. Mientras el expediente 1075/06 comprende delitos de lesa humanidad registrados entre el 21 de noviembre de 1973 –atentado al ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, carta de presentación oficial de las AAA–, y el 11 de julio de 1975 –cuando López Rega se las ingenió para escapar a España–, Serpiente Roja del Paraná no se quedó en aquellos dos meses de ocupación fabril.
    Sus brazos se extendieron más allá del golpe de Estado de 1976, con más persecuciones, secuestros, asesinatos y desapariciones.
    El 10 de abril de 1975, Miguel Ángel Lobotti fue fusilado en una cancha de fútbol de Villa Gobernador Gálvez. Trabajaba como operario de la empresa. En mayo de ese año estalló una bomba en el edificio de Ferrocarriles. El mismo día, un grupo interceptó el auto donde viajaba el delegado gremial de Metcon e integrante de la Lista Marrón, Rodolfo Mancini, que fue masacrado. Su cuerpo apareció días después en Sarandí. En octubre secuestraron a los delegados Carlos Ruescas y Julio Palacios, y a una abogada de apellido De Grandis. Los cuerpos aparecieron mutilados en la localidad de Albarellos, a pocos kilómetros de Villa Constitución.
    El 13 de diciembre del ’75 asesinaron en un supuesto enfrentamiento a Juan Carlos Salinas, operario de un taller contratista que había apoyado la huelga de Acindar. Lo mismo le pasó a su primo Domingo Salinas, operario de Marathon. En la madrugada del 8 de enero del ’76, los obreros y vecinos de la Villa, Antonio Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tomson, participantes del intento de recuperación del sindicato, también fueron secuestrados. La semana siguiente, sus cuerpos aparecieron acribillados en un terreno.
    Los fundamentos de Oyarbide. En su resolución de hace pocos días, a la que accedió Tiempo Argentino, el magistrado sostiene que «si bien existe conexidad entre ambas actuaciones (la causa Triple A y la querella presentada por la Liga sobre Villa Constitución), ello no supone subordinación de una causa a la otra, y dado que no se ha dispuesto la acumulación, no hay obstáculo alguno que justifique que tramiten bajo régimen procesal distinto».
    E insiste en que «aquí (en referencia a la represión en la Villa) se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución».
    «Por otra parte –agrega Oyarbide–, y como ya se señaló, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar.»
    El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como el de Nadia Doria, delegada de Acindar y ex compañera de Piccinini. Fue detenida por primera vez aquel 20 de marzo de 1975, y nuevamente el 26 de marzo de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente. Para Oyarbide, es «absolutamente claro que estamos ante una nueva etapa en la investigación respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de las presentaciones de la querella de fs. 16/31 y 173/74 y documentación reservada se vislumbra que estos hechos tienen imputados distintos a la causa 1075/06, que por otra parte se encuentra próxima al cierre del sumario en lo que respecta a la investigación de la asociación ilícita enquistada en el Ministerio de Bienestar Social». «
    “Queremos saber quiénes financiaron el genocidio”
    –¿Qué es lo más importante de lo que decidió Oyarbide?
    –Sin duda, tomar la gigantesca represión de Villa Constitución como análisis en sí mismo. El Villazo fue el primer gran ensayo donde se plasmó la connivencia entre el poder político y el poder económico, y a partir de ahora aparecerán nuevos imputados. Hay empresarios que estuvieron muy tranquilos en estos últimos años, en su casa y con su familia. Los mismos que financiaron la represión y las desapariciones, desde antes del golpe de Estado, y también después. Si no se analizan estas cosas, bajamos el debate y resumimos la dictadura a la obra macabra de unos locos sueltos, violentos y genocidas. Además, la causa que ahora toma nuevo impulso tiene características distintivas como, por ejemplo, poder investigar quiénes fueron los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en el Albergue de Solteros, un edificio ubicado dentro de Acindar. Llegó la hora de saber quiénes financiaron el genocidio que hubo en este país.
    lo que exigió el juez para esta semana
    El magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia los «antecedentes que obren en dicha dependencia respecto de la conformación de la empresa ACINDAR». Y a la AFIP, el domicilio legal y fiscal de la firma. Por otro lado, pidió al Boletín Oficial y a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación copia certificada del «comunicado oficial mediante el cual se dio a conocer la represión del supuesto complot que se gestaba en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, y que tuvo lugar el 20 de marzo de 1975».
    Requirió «los datos del personal policial que según resulta de la causa 5912 ‘Piccinini, Alberto y otros s/inf. art. 189 bis y 210 CP y ley 20840’, intervinieron en la detención y represión de los dirigentes de la UOM», y el «legajo personal correspondiente a cada uno de los individualizados».
    Otro de los documentos que le interesan a Oyarbide es el testimonio completo del ex inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) el 8 de marzo de 1983. Fernández reveló detalles pormenorizados del operativo de 1975, pero hace varios años, misteriosamente desapareció la hoja número siete de aquella declaración. El juez intentará obtener una versión digital completa de esas palabras, que podrían conservarse en el Archivo Nacional de la Memoria.
    Además, el magistrado pidió a la policía la «nómina de personal afectado a la Delegación Rosario de la PFA en marzo de 1975», y sus legajos. A los Juzgados Federales con asiento en la ciudad rosarina, la «nómina de causas que por infracción a la Ley 20.840 se iniciaron el 20 de marzo de 1975, señalando los imputados y la resolución recaída en dichas actuaciones». Y a la Secretaría Legal y Técnica, la copia certificada de los Decretos PEN 798/75, 768/75 y 944/75.
    Solicitó a la querella remitir los datos filiatorios de los testigos Roberto Martínez, Oscar Forles, Luis Tomasevich y Carlos Del Frade.
    Por último, citó para que dieran su declaración testimonial, a partir del 4 de noviembre, a Jorge Víctor Marín y Analía Marín, que se sumarán a las efectuadas el 30 y 31 de octubre por Jaime Fuchs y José Schulman.
  • Tres  ferroviarios de Villa Constitución y la causa de Acindar.

    Plenario Sindical antiburocrático de abril de 1974 en Villa Constitución.
    Plenario Sindical antiburocrático de abril de 1974 en Villa Constitución.

     

    A María Graf

    que soportaba el horror

    con la dulzura más demoledora

     

    La causa está caratulada “Alfredo Martínez de Hoz s/ allanamiento ilegal” y fue abierta por la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y un grupo de notables sobrevivientes, protagonistas mejor dicho, del Villazo (16 de marzo del 74, la gran movilización popular que arrancó la democratización de la UOM de Villa al Loro Miguel) y del Operativo Serpiente Roja (20 de marzo de 1975, inició del Golpe de Estado en Villa y el sur santafecino).  Fue por diciembre de 2010 luego de todo un año de instalar el tema en los debates que la Liga, con el auspicio, apoyo y aguante del Instituto Espacio para la Memoria, realizó en el salón Mabel Gutiérrez en el edificio Cuatro Columnas de lo que alguna vez fuera la ESMA.

    Mi compromiso con la causa de Villa Constitución es de antaño.

    Para finales de 1982, la dirección del Partido Comunista de la Provincia de Santa Fe, Hugo Ojeda, Jaskel Shapira, Raúl Massini y Manuel Díaz, me citaron en una casa de seguridad (todavía persistían los tics represivos de una dictadura que agonizaba pero no perdía los hábitos) y me propusieron sumarme a los que estaban recuperando el gremio metalúrgico y derrotando la cría del proceso en esa ciudad santafecina.

    Unos días antes, el viejo Tito Martín lo había convencido al Pichi (Alberto Piccinini) de que había que intervenir ante la traición de la intervención del gremio metalúrgico (instaurada en aquel marzo del 75 a punta de pistola y descargas eléctricas en los cuerpos de los delegados y militantes de la Marrón) que una vez más no acataban el llamado a un paro nacional.

    Y allí fueron el Pichi con el Carlos y con el Loro.  Como un Quijote contra los Molinos de Viento de la empresa más poderosa de aquellos días, el Pichi se paró en la ruta, paró los colectivos de los trabajadores que de a poco se fueron amontonando en la ruta hasta constituirse en una asamblea insurrecta que luego marchó sobre la UOM y arrancó (igual que en aquel marzo del 74) una nueva convocatoria a elecciones sindicales que volvería a ganar la Marrón, varias veces.

    En aquella casa conocí a  dos sobrevivientes de la represión en Villa: al ferroviario Rodolfo y su compañera María. Se me ocurre que la única manera de describirlos es recurrir a Julius Fucik cuando retrata la pareja de compañeros que lo alojan clandestinamente hasta su detención: de una bondad tan grande que se confundía con ingenuidad.

    Rodolfo era de la estirpe ferroviaria de los comunistas de Villa Constitución. De la misma estatura que Tito Martín y Carlos Sosa, dirigentes sindicales y políticos de una calidad superior a la media de aquella época. Y de una dimensión ética descomunal.

    Angel Porcu, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, integrante de la Comisión Interna de Acindar en aquellos días tormentosos, en 1994 me resumió el valor de Tito en pocas palabras: “nunca habló mal de un compañero”.

    Como casi todos saben Villa fue ocupada por una “fuerza de tareas” diversa y perversa: la Federal, la Policía Provincial, el destacamento Los Pumas de Vera, las patotas de la UOM y diversos oficiales de Inteligencia que operaban como Triple A (el más conocido acaso fue Anibal Gordon, de larga trayectoria durante la dictadura y responsabilidades en la Operación Cóndor) y entre el 27 de marzo del 75 y el 16 de diciembre del 78 desaparecieron o fueron asesinados cincuenta y ocho compañeras y compañeros. Los obreros respondieron al Operativo del 20 de marzo con una gran huelga, sostenida por las poblaciones del sur santafecino y el movimiento popular de Rosario que llegó a sostener una marcha multitudinaria el 22 de abril del 75 pero el 24 se levantó la huelga y la ciudad pasó a ser territorio ocupado militarmente hasta el fin de la dictadura.

    En esas condiciones, Rodolfo propone juntar la gente del Partido Comunista el 25 de enero de 1976 en un asado para festerjar el aniversario del Partido. Y ofrece su casa para hacerlo porque no hay club ni institución que acepte el riesgo de albergar un asado comunista. Pero María y Rodolfo no son de temer represalias, las han sufrido toda la vida. El día anterior hicieron las compras y toda la noche un grupo de ferroviarios y pescadores asaron lentamente un novillo conseguido por el gordo Panciarella en Arroyo Seco,  pero a la madrugada  una bomba estalló en su casa y destruyó todo. La casa y todo lo que habían comprado para el asado. Un vecino le alertó que la bomba la puso la Federal y que estaba sentenciado. Que no se podía quedar más tiempo porque los matarían a todos. Rodolfo y María se fueron para Rosario, Tito siguió un tiempo más en la Cárcel y Carlos se salvó de un secuestro en San Nicolás.  Pero de uno u otro modo siguieron los tres en la pelea.

    Yo no sabía casi nada del acero y muy poco del Villazo.   En la cárcel de Coronda había convivido con un sobrino  de Rodolfo, un joven maquinista del ferrocarril de un humor invencible. En un tiempo estaba en una celda cuya ventana daba al patio donde una hora por día nos sacaban a caminar pero sin hablar entre nosotros. El conocía todos los chismes de la Cárcel y todos los cuentos. De él y de un bicicletero metalúrgico encarcelado recibí las primeras noticias de Villa.

    Para finales del 86 me volví a Rosario pero en el 93 Tito me mandó a llamar y me pidió que lo ayudara a escribir sus memorias.  Empezamos y me di cuenta que su vida era inseparable de las luchas populares, del Villazo y del Operativo Serpiente Roja, y de la recuperación de la UOM en el 83.  Y cuando quise escribir la historia del Villazo me di cuenta que no lo podía hacer si no contaba la historia de Acindar así que nos pusimos a estudiar. Todos. O sea, el Tito, el Carlos y el Tato que era el único que había trabajado en Acindar y sabía de siderurgia y de procesos económicos más que nadie que yo conociera.

    Fue por esos días que Félix Luna escribió un libro sobre los cincuenta años de la historia de Acindar. Uno de los textos más miserables que jamás se hayan escrito entre nosotros. Justificaba todo. La super explotación y los asesinatos. La deuda externa que Acindar le transfirió al Estado  y con la que construyó la Planta Integrada con la que comenzó a matar a Somisa y la Ley Savio del 48. En respuesta a tanta perversión me propuse escribir la contra historia de Acindar y así nació “Tito Martín, el Villazo y la verdadera historia de Acindar”[1] y para presentarlo, los tres ferroviarios: Carlos, Tito y Rodolfo, consiguieron un novillo “regalado” vaya a saber cómo y pidieron el Club Riveras y allí juntaron una multitud para presentar el libro sobre Tito, el Villazo y Acindar. Vino Porcu el compañero del PRT y vino el secretario nacional del Pece, Patricio Echegaray. Todos hablamos, comimos y cantamos.

    De ese libro hablé en el Juzgado de Oyarbide.

    De ese libro y de otros trabajos, más recientes y más rigurosos.

    Hace unos años, no me acuerdo bien pero debe hacer como siete años por lo menos, una compañera que buscaba doctorarse en Antropología Social, vino a charlar conmigo sobre Acindar y le di dos regalos: uno es aquel libro de Félix Luna sobre Acindar, el otro eran los teléfonos de Carlos y de Tato, que ya Rodolfo y Tito nos habían dejado. La tesis doctoral de Nuria se llama “Así se templo el acero” en homenaje a la cultura comunista universal y en referencia al oficio metal siderúrgico. La tesis demuestra con rigor cientifico lo que nosotros intuíamos en 1994: que Acindar impulsó el Operativo del 20 de Marzo, y lo apoyó logísticamente, etc. etc. y mucho más,  en procura de dos objetivos centrales para ellos: doblegar la resistencia obrera que les cuestionaba la cuota de ganancia y demoler el monopolio estatal de producción de acero a partir del mineral de hierro que ostentaba Somisa.

    Cincuenta y ocho desaparecidos. Cientos y cientos de cesantes, acaso unos ochocientos.Unos trescientos presos políticos. Esas son sus cuentas.

    Las mías son más sencillas: tres ferroviarios más un metalúrgico me hicieron descubrir el corazón de una clase a la que desde niño aspiraba conocer. La causa que impulsamos es por ellos y para establecer la verdad. La más rigurosa verdad como me exigía Tito en toda ocasión.  Porque solo la verdad es revolucionaria, decía que decía el viejo Lenin.

    Y en eso estamos. Tratando de estar a la altura de aquellos tres ferroviarios extraordinarios: el Carlos, el Rodolfo y el viejo Tito.