La “presunción de inocencia” para el Gral. Milani: una claudicación que puede costar muy caro a la democracia


BANNER ladhEl General Milani, que participó en acciones del Terrorismo de Estado, debe ser pasado a retiro y sometido rápidamente a un Juicio Oral que determine sus responsabilidades penales por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo y la detención ilegal de Oscar Plutarco Schaller según surge de los testimonios de sobrevivientes y familiares, testimonios que constituyen la prueba que la sociedad argentina tiene para juzgar el Genocidio.

A contramano de todo lo acumulado en diez años de juzgamiento a los crímenes cometidos en el marco del Terrorismo de Estado (cuyo inicio podría situarse en diciembre de 1973 con el secuestro de Solari Irigoyen y el comienzo de las actividades de la Triple A, para continuar con el Operativo Independencia en Tucumán, el Serpiente Roja en Villa Constitución y el control militar de todo el territorio nacional para setiembre de 1975), el oficialismo insiste en la presunción de inocencia del General Milani apoyándose en el hecho de que no tiene condena firme ni ha sido imputado penalmente por los hechos denunciados.

Una vez más, el Estado Nacional, que perpetró los crímenes terroristas entre 1973 y 1982, que garantizó su impunidad entre 1982 y 2004 (exceptuando el Juicio a la Junta Militar de 1984 y algunos pocos logrados para finales del siglo XX) pretende transformar su responsabilidad criminal ante la historia en un beneficio para los represores.

Es inadmisible.

La presunción de inocencia es un pilar de nuestra escala de valores y del sistema de garantías constitucionales, pero nada tiene que ver con la situación de los represores que fueron acusados por las víctimas y familiares de cometer crímenes horrendos como la desaparición forzada de personas y la privación ilegal de la libertad seguida de tormentos y torturas (de eso se lo acusa al General Milani para saber de que estamos hablando) y que fueron protegidos por el Estado que sancionó leyes (del Olvido y del Punto Final), decretos (de amnistía para los condenados en el Juicio a la Junta) y falsificó expedientes y documentos oficiales (¿por qué nunca se supo antes del  rol del General Milani en el Operativo Independencia?, porque el Ejercito falseó los expedientes).

Ya en la discusión sobre el caso Patti en el 2006, el propio oficialismo siguió la “doctrina Wainfield”: “La doble anomalía generada por un régimen autoritario y por normas inconstitucionales de un gobierno legítimo genera una situación de irregularidad que debe ser aquilatada al concluir qué es sospecha suficiente.   En ese marco legal cobran especial valor las denuncias y las actuaciones judiciales realizadas en otros tiempos, es decir no al calor de la actual situación, más allá del resultado final que produjeron. Si alguien, en el marco del Estado genocida, se atrevió a denunciar con testimonios verosímiles es un indicio importante. Si un funcionario judicial activó los trámites, es otro. Sólo una mente conspirativa o perversa (que las hay las hay) puede suponer que alguien (a riesgo de su vida o de su seguridad) se dedicara con 20 años de antelación a preconstituir prueba para entorpecer la carrera política del ex intendente de Escobar.”[1]

La primer pregunta que debería contestar el oficialismo y sus aliados es por qué en el caso Patti no se aplicó la presunción de inocencia que se alega para el General Milani?}

La segunda pregunta es cómo compatibilizarán de ahora en adelante su apoyo y participación en los juicios contra los represores (más allá de los casos particulares, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene una importante participación en los juicios bajo la doctrina de que el Estado Democrático acusa al Estado Terrorista) con la descalificación como prueba suficiente de los testimonios contra el General Milani, cuando justamente, todos los juicios por delitos de lesa humanidad (amparados en la doctrina que surge del fallo contra la Junta de Comandantes en la llamada Causa 13) se apoyan en el “carácter necesario” de los testimonios de los sobrevivientes y familiares dado el carácter clandestino del obrar del Estado en aquellas circunstancias.

Luego de diez años de juzgamiento a los represores algunas cosas ya tenemos claras de cómo funcionaba el Plan de Exterminio.

Por ejemplo, sabemos con probada certeza que en todos los casos donde se desaparecían soldados conscriptos (y hay un batallón perdido al decir del inolvidable militar democrático y antifascista José Luis DAndrea Mohr) se ocultaba la acción terrorista con un acta falso donde se hacía constar que el soldado había desertado. Exactamente la que confeccionó el actual General Milani quien debe afrontar las consecuencias penales de su accionar criminal.

No creo que haga falta recordar que un militar está obligado a conocer las leyes y reglamentos vigentes y que hace años que se ha mostrado falsa la teoría de la “obediencia debida” que pretendía una especie de “obligación inevitable de accionar de tal modo” so pena de graves consecuencias para la persona, lo que –supuestamente- lo liberaría de responsabilidades penales. La propia conducta de  DAndrea Mohr y del resto de militares que posteriormente constituyeron el Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA) demuele ese argumento que ha sido desestimado por los tribunales y la misma Corte Suprema de Justicia.

Asombra que los mismos que halagan los juicios, pretendan ahora hundirnos en el pantano de la “obediencia debida” y la teoría de los dos demonios.

Cosas veredes, Sancho.

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