Otro paso para saber cuáles fueron las empresas que pagaron el genocidio
Frente a los datos que describen secuestros, fusilamientos, desapariciones y unas 300 detenciones ilegales en Villa Constitución, el magistrado abrió una causa particular que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa.
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En una decisión que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa Acindar en cientos de crímenes, desapariciones y secuestros ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar, el juez federal Norberto Oyarbide determinó el pasado 23 de octubre que la participación del grupo fue clave en el gigantesco operativo represivo montado el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución contra trabajadores metalúrgicos, hecho recordado popularmente como «El Villazo». Y que por lo tanto, la investigación de aquella avanzada militar en tiempos de Isabel Martínez y José López Rega, con sus consecuencias posteriores al golpe de Estado, merece ser tomada como causa en particular, y vinculada con delitos de lesa humanidad.
El tema venía siendo analizado dentro del expediente 1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero dentro de una causa más general, la 1075, que abarca cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. La razón por la cual Villa Constitución fue tomado como un anexo de las acciones de la Triple A, en un principio, era que algunos de los mercenarios reclutados por el ex ministro de Bienestar Social habían secuestrado y reprimido a los obreros en esas preliminares del golpe de Estado. Fue el mismo Oyarbide el que determinó eso. Sin embargo, los avances logrados desde 2010, cuando la Liga inició la querella, convencieron al juez de que El Villazo merece un tratamiento aparte.
Tiempo Argentino accedió a la resolución que fundamenta la medida, y a las cédulas de notificación firmadas por Oyarbide, donde el magistrado pide de manera urgente distintas informaciones a organismos públicos y fuerzas de seguridad. Además, llama a declaración testimonial a varios testigos a partir del 4 de noviembre, y avanza sobre Acindar, exigiendo a la Inspección General de Justicia datos acerca del pasado y presente de la empresa.
Pedro Dinani, abogado de la Liga, dijo a Tiempo que «celebramos el paso dado por Oyarbide desde todo punto de vista, porque se ajusta a lo que siempre afirmamos: que lo ocurrido en Villa Constitución excede la investigación abierta de la Triple A». Y agregó: «Esto recién empieza. Van a ir apareciendo nuevos imputados, gente que hoy está tranquila en su casa y que nunca imaginó que la encontraríamos.»
Lo determinado por el magistrado es una muy mala noticia para el grupo, que esperaba licuar su responsabilidad dentro de una megacausa que podría ser eterna. Pero establece otro aporte clave en la lupa puesta sobre el poder económico como principal sostén del genocidio. ACINDAR, a partir de ahora, se sumará a otros ejemplos de empresas que pagaron para matar, como Mercedes-Benz, Ford o Ledesma.
Ciudad tomada. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafesina, la Guardia Rural «Los Pumas» –fuerza de choque similar a «Los Cardenales» creada por la empresa inglesa La Forestal en los años ’20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de seguridad ocupaban «una columna de un kilómetro y medio» de largo. «Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.»
La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol.
El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre el grupo Los Pumas; y varias bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que la empresa desocupara el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
El Huevo de la Serpiente. La querella presentada por la Liga en 2010, contra Alfredo Martínez de Hoz, Isabel Martínez y los integrantes del Directorio de Acindar, incluye párrafos de un dictamen del Dr. Eduardo Taiano, entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 3, donde sostiene que el grupo «una y otra vez reclamaba a las autoridades ‘orden’ y represión de los conflictos sociales. En el caso que nos ocupa, se patentiza aún más con la información que certifica que el directivo de la empresa Acindar –José Alfredo Martínez de Hoz– se reunió con altos funcionarios del gobierno nacional en los días previos al operativo ‘Serpiente Roja del Paraná’ que hace objeto de la presente denuncia.»
Una vez iniciada la huelga de los trabajadores de la UOM, el Boletín Oficial tardó dos días en dar «su» versión, vía libre para reprimir: «La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional.»
Oyarbide toma como parte de su investigación un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que «los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el Grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a ‘marcar’ y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar.»
La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: «En el año 1977 ingresé a la jefatura de la Policía de Villa Constitución en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas.»
La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como «Don Chicho», entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Área IV de Seguridad Federal en el noroeste.
Según Peregrino Fernández, cuyo testimonio completo intenta conseguir hoy el juez Oyarbide (ver recuadro), «las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del Directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa… Acindar pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra de dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los efectivos, tarea que estaba a cargo del jefe de personal de dicha empresa, de apellido Asnares, así como del jefe de Relaciones Laborales, Pellegrini.»
Los fusilamientos. Uno de los puntos clave por los que Oyarbide decidió que la investigación de Villa Constitución fuera analizada en particular responde al período que abarca la causa Triple A. Mientras el expediente 1075/06 comprende delitos de lesa humanidad registrados entre el 21 de noviembre de 1973 –atentado al ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, carta de presentación oficial de las AAA–, y el 11 de julio de 1975 –cuando López Rega se las ingenió para escapar a España–, Serpiente Roja del Paraná no se quedó en aquellos dos meses de ocupación fabril.
Sus brazos se extendieron más allá del golpe de Estado de 1976, con más persecuciones, secuestros, asesinatos y desapariciones.
El 10 de abril de 1975, Miguel Ángel Lobotti fue fusilado en una cancha de fútbol de Villa Gobernador Gálvez. Trabajaba como operario de la empresa. En mayo de ese año estalló una bomba en el edificio de Ferrocarriles. El mismo día, un grupo interceptó el auto donde viajaba el delegado gremial de Metcon e integrante de la Lista Marrón, Rodolfo Mancini, que fue masacrado. Su cuerpo apareció días después en Sarandí. En octubre secuestraron a los delegados Carlos Ruescas y Julio Palacios, y a una abogada de apellido De Grandis. Los cuerpos aparecieron mutilados en la localidad de Albarellos, a pocos kilómetros de Villa Constitución.
El 13 de diciembre del ’75 asesinaron en un supuesto enfrentamiento a Juan Carlos Salinas, operario de un taller contratista que había apoyado la huelga de Acindar. Lo mismo le pasó a su primo Domingo Salinas, operario de Marathon. En la madrugada del 8 de enero del ’76, los obreros y vecinos de la Villa, Antonio Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tomson, participantes del intento de recuperación del sindicato, también fueron secuestrados. La semana siguiente, sus cuerpos aparecieron acribillados en un terreno.
Los fundamentos de Oyarbide. En su resolución de hace pocos días, a la que accedió Tiempo Argentino, el magistrado sostiene que «si bien existe conexidad entre ambas actuaciones (la causa Triple A y la querella presentada por la Liga sobre Villa Constitución), ello no supone subordinación de una causa a la otra, y dado que no se ha dispuesto la acumulación, no hay obstáculo alguno que justifique que tramiten bajo régimen procesal distinto».
E insiste en que «aquí (en referencia a la represión en la Villa) se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución».
«Por otra parte –agrega Oyarbide–, y como ya se señaló, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar.»
El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como el de Nadia Doria, delegada de Acindar y ex compañera de Piccinini. Fue detenida por primera vez aquel 20 de marzo de 1975, y nuevamente el 26 de marzo de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente. Para Oyarbide, es «absolutamente claro que estamos ante una nueva etapa en la investigación respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de las presentaciones de la querella de fs. 16/31 y 173/74 y documentación reservada se vislumbra que estos hechos tienen imputados distintos a la causa 1075/06, que por otra parte se encuentra próxima al cierre del sumario en lo que respecta a la investigación de la asociación ilícita enquistada en el Ministerio de Bienestar Social». «
“Queremos saber quiénes financiaron el genocidio”
–¿Qué es lo más importante de lo que decidió Oyarbide?
–Sin duda, tomar la gigantesca represión de Villa Constitución como análisis en sí mismo. El Villazo fue el primer gran ensayo donde se plasmó la connivencia entre el poder político y el poder económico, y a partir de ahora aparecerán nuevos imputados. Hay empresarios que estuvieron muy tranquilos en estos últimos años, en su casa y con su familia. Los mismos que financiaron la represión y las desapariciones, desde antes del golpe de Estado, y también después. Si no se analizan estas cosas, bajamos el debate y resumimos la dictadura a la obra macabra de unos locos sueltos, violentos y genocidas. Además, la causa que ahora toma nuevo impulso tiene características distintivas como, por ejemplo, poder investigar quiénes fueron los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en el Albergue de Solteros, un edificio ubicado dentro de Acindar. Llegó la hora de saber quiénes financiaron el genocidio que hubo en este país.
lo que exigió el juez para esta semana
El magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia los «antecedentes que obren en dicha dependencia respecto de la conformación de la empresa ACINDAR». Y a la AFIP, el domicilio legal y fiscal de la firma. Por otro lado, pidió al Boletín Oficial y a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación copia certificada del «comunicado oficial mediante el cual se dio a conocer la represión del supuesto complot que se gestaba en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, y que tuvo lugar el 20 de marzo de 1975».
Requirió «los datos del personal policial que según resulta de la causa 5912 ‘Piccinini, Alberto y otros s/inf. art. 189 bis y 210 CP y ley 20840’, intervinieron en la detención y represión de los dirigentes de la UOM», y el «legajo personal correspondiente a cada uno de los individualizados».
Otro de los documentos que le interesan a Oyarbide es el testimonio completo del ex inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) el 8 de marzo de 1983. Fernández reveló detalles pormenorizados del operativo de 1975, pero hace varios años, misteriosamente desapareció la hoja número siete de aquella declaración. El juez intentará obtener una versión digital completa de esas palabras, que podrían conservarse en el Archivo Nacional de la Memoria.
Además, el magistrado pidió a la policía la «nómina de personal afectado a la Delegación Rosario de la PFA en marzo de 1975», y sus legajos. A los Juzgados Federales con asiento en la ciudad rosarina, la «nómina de causas que por infracción a la Ley 20.840 se iniciaron el 20 de marzo de 1975, señalando los imputados y la resolución recaída en dichas actuaciones». Y a la Secretaría Legal y Técnica, la copia certificada de los Decretos PEN 798/75, 768/75 y 944/75.
Solicitó a la querella remitir los datos filiatorios de los testigos Roberto Martínez, Oscar Forles, Luis Tomasevich y Carlos Del Frade.
Por último, citó para que dieran su declaración testimonial, a partir del 4 de noviembre, a Jorge Víctor Marín y Analía Marín, que se sumarán a las efectuadas el 30 y 31 de octubre por Jaime Fuchs y José Schulman.
Crónicas del nuevo siglo 