Con el activo protagonismo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a través de sus abogados y dirigentes, recibió un fuerte impulso esta semana, la causa Nº 1625/10 en la que se investiga la responsabilidad penal de directivos de la empresa ACINDAR y ex funcionarios del gobierno de Isabel Perón y de la última dictadura cívico-militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del “Operativo Serpiente Roja del Paraná” que comenzara en marzo de 1975. En el proceso en trámite por ante el Juzgado Federal Nro. 5 a cargo de Norberto Oyarbide, se investigan los hechos represivos ordenados por Isabel y su gabinete en pleno y reclamados por el entonces presidente de Acindar y luego principal impulsor del plan económico de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En el día de ayer, el Secretario Nacional de la Liga, José Schulman, declaró ante la secretaria del Tribunal Dra. Patricia Palmisano y aportó importantes datos sobre el histórico vínculo de la empresa siderúrgica con disitintos gobiernos en la Argentina y su participación activa en el terrorismo de Estado y el Genocidio.
La causa iniciada por la Liga y dirigentes del movimiento sindical de Villa Constitución víctimas del operativo que sirvió de antecedente y “laboratorio” del plan de exterminio y Estado Terrorista consolidado con el golpe del 24 de Marzo de 1976, desarrolló un fuerte impulso en los últimos meses con la resolución del tribunal de instrucción dictado con fecha 16 de septiembre en el que se estableció que “la represión y persecución que se inició el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución tenía por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad, con la detención de todos sus integrantes y la intervención de la seccional gremial, con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendía implementar no fueran obstaculizadas” y que la causa “involucra la responsabilidad del directorio de Acindar, cuyo presidente al momento de los hechos era Martínez de Hoz quien luego del golpe del 24 de Marzo pasó a ser el Ministro de Economía del gobierno militar” señalando además que “los intereses económicos de ACINDAR, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución”.
En ese plan, el Juzgado dispuso el mes pasado la apertura de la investigación respectiva citando a investigadores, especialistas, testigos y víctimas directas del operativo represivo y la militarización de la zona en los tiempos previos al golpe.
En su exposición del día de ayer, Schulman señaló el histórico vínculo de Acindar con el Estado argentino y diversos gobiernos dictatoriales y de signo constitucional y su poder en la economía argentina y su impunidad, que graficó con el hecho del robo a las dependencias de la CONADEP en Rosario ocurrido en 1984 donde se “desapareció” toda la documentación que evidenciaba la participación directa de la empresa fundada por Acevedo y luego presidida por Martínez de Hoz y el Gral. Alcídes Lopez Aufranc sucesivamente, en el impulso y desarrollo del Terrorismo de Estado en el cordón industrial del Paraná. El Secretario de la Liga aportó datos que profundizan la línea de investigación encarada por Oyarbide en relación a la determinación del Operativo “Serpiente Roja del Paraná” como una directa acción del poder económico, social y cultural para atacar y atemorizar a los sectores más dinámicos y avanzados de la lucha en el marco de la crisis del capitalismo, -las comisiones sindicales y direcciones obreras clasistas y combativas-; agregando también que las acciones y dichos de la empresa y sus directivos en ese marco tuvieron una clara intención de afectar y disminuir toda intervención del Estado y el accionar pública en materia de producción siderúrgica como modo de garantizarse el monopolio privado de la explotación en el rubro.
Textualmente Schulman afirmó: “Alfredo Martínez de Hoz que pasa de una familia partriarcal de la Argentina, en la casa de su abuelo se fundó la Sociedad Rural a dirigir una empresa símbolo como Acindar y de allí al Ministerio de Economía, va a ser reemplazado por un Gral. de la Nación, Alcides López Aufranc que había sido Jefe del Tercer Cuerpo del Ejercito en 1969 y había entrado a la ciudad de Córdoba a sofocar el Cordobazo el 29 de mayo…..un hombre del núcleo económico del Poder pasa al estado y un hombre del nucleo del Estado pasa a Acindar; creo que en este doble pase se simboliza el triunfo de un proyecto que es el que luego se va a desplegar por la dictadura. Qué es lo que le molestaba a Acindar de la situación previa del 20 de marzo de 1975?: primero, la regulación por Somisa de la industria metalúrgica y segundo la resistencia obrera adentro de sus fabricas. Con el Operativo del 20 de marzo de 1975 se comienza a disciplinar el personal y con el decreto firmado por Isabel Martínez de Peron, facultando la constitución de una planta integrada de producción de acero a partir del mineral de hierro, planta que fue construida con créditos pedidos por Acindar pero avalados por el Banco Nacional de Desarrollo, créditos que Acindar nunca pagó y que pasaron a ingresar la deuda pública externa, con esta Planta, Acindar comenzó a destruir el rol de Somisa en la industria siderúrgica”
Para las próximas semanas, se esperan las declaraciones de varias víctimas-testigos de la represión en Villa Constitución quienes padecieran la acción de represores de las Fuerzas Armadas y civiles vinculados al terrorismo estatal y parapolicial de la Triple A en las propias instalaciones de la empresa acerera.
Estos avances, deben hacernos redoblar los esfuerzos al movimiento de Derechos Humanos y el movimiento popular todo para seguir impulsando causas y juicios en que sean llevados al banquillo de los acusados los representantes y responsables del poder económico, bloque que impulsó el terrorismo de Estado y el Genocidio en la Argentina siguiendo los intereses del poder económico mundial y el imperialismo en la región latinoamericana.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre celebra la declaración de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley de medios, ley que propició junto a miles de organizaciones populares que vienen luchando por la democratización de la comunicación desde años y que esperamos se concrete en breve plazo para darle la palabra a los que no la tienen hoy y su voz es silenciada por los medios comerciales de comunicación.
Hace falta que nazca un sector social de la comunicación para empoderar al pueblo y fortalecer sus luchas por todos los derechos para todos.
Una vez más se demostró que las victorias populares se basan en la persistencia en la lucha, en la claridad de objetivos y en la capacidad de construir amplias alianzas sociales y políticas que permitan expresar las inmensas reservas democráticas y transformadoras que hay en nuestro pueblo, plural en sus tradiciones, diverso en sus convicciones ideológicas y mereceredores todos del respeto irrestricto de sus identidades.
De eso se trata la Ley de Medios y para concretarla no solo harán falta decisiones de la autoridad a cargo de la ejecución de la ley, sino del movimiento popular todo.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre reitera su disposición a sumar su historia y su fuerza a esta gran batalla por la democratización de una democracia que debe aspirar a ser el modo de conquistar todos los derechos para todos
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Liga Argentina por los Derechos del Hombre
CORRIENTES 1785- 2ºC (1042) Buenos Aires República Argentina
Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937.
Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y acreditado ante el Consejo de Europa.
Derrotamos la impunidad de Aneto, Harcich y Fragni que habían sido absueltos en el 2009 por el asesinato de Floreal Avellaneda
Hoy, en una audiencia convocada por la Sala II de Casación, el Tribunal Oral Federal de San Martín los condenó a todos por los cargos de “participación necesaria en el homicidio” y envío a los militares Harcich y Fragni, que gozaban de prisión domiciliaria, al Penal de Marcos Paz
El Negrito vive en la lucha popular y su mirada sostiene nuestros sueños!
En una decisión sin precedentes, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación revirtió la absolución dictada en el año 2009 por el Tribunal Oral que había juzgado la causa 2005 por los crímenes cometidos contra Iris y su hijo Floreal Avellaneda.
En aquella oportunidad se había considerado que solo eran responsables de la muerte de Floreal los generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetzen, absolviendo de estos cargos a los ya nombrados. Las querellas de la familia, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, del Partido Comunista y de la querella unificada bajo el nombre de Justicia Ya! apelamos tal absolución y en el día, luego de interminables demoras y chicanas jurídicas se consumó la audiencia destinada a revisar la condena con el resultado ya anunciado de la reversión de la absolución en el crimen de Floreal para Aneto, Harchic y Fragni.
Una vez más, la representante de la Defensoría Pública, la Dra. Grasso, la misma que había saboteado la audiencia del 11 de setiembre construyó un discurso de descalificación de todo lo hecho en el plano jurídico contra los genocidas: “este juicio es inconstitucional” aseveró; denostó a Iris Avellaneda y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre “las víctimas no tienen capacidad de omnicomprensión de la situación y solo piensan en más condenas” insinuando que nuestra histórica lucha por Verdad, Memoria y Justicia se basa en el instinto de venganza y hasta se atrevió a darnos cátedra de derechos humanos al asegurar que los montos punitorios para los condenados por delitos de lesa humanidad eran excesivos.
Los abogados de la Liga, la familia y el Partido Comunista, compañeros Jorge Brioso de Armas y Pedro Dinani así como el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Ciro Anniacchiriaco, supieron dar solida respuesta jurídica y política a los desplantes de la Defensora Pública que a pesar de todos sus esfuerzos por salvar los genocidas de la condena por homicidio, deberá computar un fracaso más en su batalla por sostener la impunidad en la Argentina. Exigimos desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que el Ministerio Público de Defensa abandone la identificación política que sus representantes hacen en las audiencias orales ya que es vergonzoso el modo que amplifican el discurso de los represores sobre la inconstitucionalidad de los juicios, lo desmedido de las condenas y el animo de venganza que animaría a las querellas que representan a las víctimas, sus familiares y las fuerzas sociales y políticas que asumen la representación de los compañeros
Por el objetivo logrado: quebrar la impunidad de Aneto, Fragni y Harchic en cuanto al homicidio de Floreal; y por la dimensión de la resistencia que el Poder Judicial puso a reconocer la verdad histórica sostenida por la Familia Avellaneda por más de treinta y cinco años es que consideramos este logro como una conquista democrática que aporta a todas y todos los que luchamos contra todas las impunidades y por la democratización de la democracia en la Argentina, que exige, la urgente reforma judicial para terminar con los que con “cara progresista” y “discurso modernoso” defienden con pasión la impunidad del Genocidio.
Contra todos ellos, el ejemplo luminoso del Negrito Floreal y de su padre el Viejo Floreal Avellaneda, nos marcan un camino que nada ni nadie nos hará abandonar.
Dirección Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
En una recuperación de atributos subjetivos que hacen a su condición de clase, los trabajadores petroleros brasileros realizan acciones de resistencia contra la privatización de una de las zonas petroleras más prometedoras de su país: Campo de Libra (frente a las Bahía de Santos) del que se calcula una producción de 1,4 millones de barriles diarios, equivalente a la mitad del total de la producción actual.
Como en los famosos y tan denostados noventa, estamos ante una acción clásica del neoliberalismo: entregar los recursos naturales con el pretexto de falta de capitales para explotarlos (Brasil, el gigante que aspira a ser potencia mundial dice no tener capitales para explotar sus recursos naturales; resulta difícil de creer) y la promesa de destinar una parte de lo obtenido para mejorar el estado de la educación y la salud pública, objeto de las críticas más duras por parte de las imponentes movilizaciones populares inmediatamente previas a la “milagrosa[1]” visita del Papa Francisco.
Ante la resistencia obrera en curso –como diría el “amigo” Moyano: resuelta por los “cuerpos orgánicos” de las instituciones sindicales brasileras -que no se distinguen por su irreverencia o excesivo celo en la defensa de los intereses obreros y populares- el gobierno de Dilma Rousseff ha ordenado la intervención de una tropa de elite, la Fuerza Nacional, creada para combatir al narcotráfico rompiendo una tradición política comenzada en el 2003 por Lula de no utilizar las Fuerzas Armadas tradicionales en el conflicto social (las Policías en Brasil, tienen de por sí destacamentos altamente preparados para el combate callejero y con una capacidad de fuego superior a la media de los ejércitos latinoamericanos).
La decisión de proteger la inversión del Capital Privado Extranjero (que sea de origen chino no altera nada a esta altura de la subordinación de toda China a las lógicas del capital globalizado) por medio de la última defensa del Estado: su núcleo armado, confirma el carácter de la experiencia del P.T. de Lula y Dilma mucho más que sus apuestas a la integración latinoamericana o sus firmes actitudes en el plano internacional a favor de la paz y contra el hegemonismo norteamericano (tal como se mostró en el incidente por el espionaje norteamericano sobre la región, precisamente buscando información sobre la cuenca de Campo de Libra que finalmente fue concedida a empresas chinas y no a las norteamericanas).
Lo estremecedor de la vuelta del Ejercito a su función de Fuerza de Ocupación Interna, confirmando la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (por más que no se la nombre o aún se la haya declarado obsoleta en más de un ámbito de debate regional) contribuye a revelar el mito del carácter “progresista” del gobierno de Dilma y de otros gobiernos supuestamente “progresistas” de la región, mito construido a partir de un silogismo[2] que se basa en dos premisas erróneas: a) la preeminencia de las políticas de integración latinoamericana por encima de las políticas internas de mantenimiento de la matriz de distribución de ingresos constituida en el largo periodo que va del golpe de Estado de 1964 hasta la asunción del primer gobierno de Lula en el 2003 en el Brasil y en general, en la llamada década perdida de los noventa en América Latina y b) la confianza en que se puede arribar a una sociedad más justa y solidaria, digamos pos capitalista o algo así, por el camino de pequeñas reformas que “astutamente” se abren paso sin confrontar con el núcleo del Poder Dominante (los grupos económicos nacionales y trasnacionales, los agentes imperiales, las fuerzas armadas y el aparato de seguridad, los medios hegemónicos de comunicación y los intelectuales a su servicio).
Ambos debates son seculares. Experiencias de gobiernos con políticas autónomas en lo internacional pero “ortodoxos” en la defensa del orden burgués no faltan: citemos por ahora la larga etapa de gobierno del PRI en México que tanto hizo por Cuba o por los exiliados latinoamericanos que huían de las dictaduras o el mismo gobierno de De Gaulle que se atrevió a confrontar con los EE.UU. en cuestiones centrales en plena época de la Guerra Fría.
Que haya contradicciones entre un bloque de poder con dominio nacional y el Imperio Hegemónico de la época no es novedoso ni extraordinario.
Que esas contradicciones generan espacios para la acción política que se deben aprovechar con determinación, audacia e iniciativa política está fuera de discusión y todos jugamos fuerte para bloquear el Alca en Mar del Plata (2005) o apoyar la formación del Unasur, el Banco del Sur y tantas otras experiencias similares (algunas pendientes de concreción, por cierto).
Pero nadie se hace libre por participar en formas de integración regional, por más progresistas que sean.
Desde el debate entre Rosa Luxemburgo y Eduardo Bernstein[3] que el movimiento popular y transformador se divide tajantemente en dos: los que creen que por el camino evolucionista de pequeñas reformas acumuladas se llega al socialismo y los que creemos que solo la ruptura revolucionaria con el orden capitalista (ruptura que requiere de acumulación previa de poder popular y se puede dar de diversas maneras, incluso no armadas) se puede pasar a otra etapa del desarrollo social.
Para los que tenían dudas sobre el porqué de la persistencia de la Ley de Auto Amnistía vigente en Brasil para los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado en ejercicio del Terror (sancionada en 1979 bajo la dictadura de Joa Baptista Figueredo) tienen aquí la respuesta más obvia y contundente: porque un gobierno que propone mantener el capitalismo en su país, y para ello garantizar la reproducción ampliada del capital, lo que implica disciplinar la masa laboral a las condiciones que el “mercado” requiere para garantizar la “cuota de ganancia media” para el conjunto de la clase propietaria y la “ganancia monopolista”[4] para los grupos más concentrados y potentes de la economía –nacionales o extranjeros- necesita mantener la capacidad de reprimir siempre a mano.
O dicho de otro modo: por si en algún momento los trabajadores petroleros se “atreven” a resistir la privatización de la principal cuenca petrolera a manos de un gobierno “progresista”.
Los gobiernos no son boyas que van adonde los lleve el viento de la historia, en este caso el viento que nace de los procesos de ruptura con el capitalismo que se intentan desde Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador –no importa aquí las obvias diferencias, ritmos y estrategias de cada cual- sino que tienen proyecto político que se define alrededor de lo decisivo en la vida cotidiana y concreta de los pueblos: la continuidad (que implica la ampliación continua del dominio del Capital[5]) del capitalismo o el inicio de un camino de ruptura con él. Reforma o Revolución como decía Rosa Luxemburgo certeramente al inicio del siglo XX.
A finales del ciclo mundial del neoliberalismo (digamos 1997/1998), de las entrañas mismas de los gobiernos centrales del capitalismo: Inglaterra, Italia y EE.UU. surgió una propuesta para “superar” el neoliberalismo con otro modelo, bautizado entonces como “tercera vía”.
“La idea de la “tercera vía” fue lanzada públicamente por Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, en febrero de 1997 (aún antes de vencer electoralmente a los conservadores luego de 18 años de gobierno ininterrumpido). Luego fue convalidándose en diversos eventos internacionales para gozar de un gran lanzamiento en el seminario sobre “La sociedad civil y el futuro de la democracia” realizado en la sede de la Universidad de Nueva York el 12 de setiembre de 1998 con la presencia, entre otros, de Bill Clinton, Romano Prodi y el propio Tony Blair.”[6]
Por esos días, el propio Tony Blair lo explicaba de este modo: “La tercera vía supone una nueva línea dentro del centroizquierda. La izquierda del siglo XX ha estado dominada por dos corrientes: una izquierda fundamentalista que veía el control del Estado como un fin en si mismo y una izquierda más moderada que aceptaba esa dirección básica pero estaba a favor del compromiso. La Tercera vía es una reevaluación seria, que extrae su vitalidad de unir las dos grandes corrientes del pensamiento del centroizquierda (el socialismo democrático y el liberalismo) cuyo divorcio durante este siglo contribuyó tan claramente a debilitar la política de signo progresista a lo largo y ancho de Occidente”.
Si hace falta “traducirlo”: la Tercera Vía era el intento de encontrar un camino propio, lejos del “socialismo estatalista” que había estallado para principios de los noventa en la U.R.S.S. y todo su área de influencia europea, pero también lejos del “capitalismo salvaje” que había brotado en las condiciones globales surgidas de la perdida del equilibrio estratégico entre EE.UU. y la U.R.S.S., entre el capitalismo y el socialismo como sistemas contrapuestos así sea en la arena internacional, nuevo orden mundial anticipado por el Terrorismo de Estado -que desde el golpe chileno de 1973- había devastado primero y reorganizado después a buena parte de América Latina (por cierto, con centralidad en los grades países como Brasil, México y Argentina).
Si durante toda la experiencia soviética y de “socialismo de estado”, la socialdemocracia y la centro izquierda habían buscado un punto intermedio, una tercera vía, entre el socialismo y el capitalismo; ahora, desaparecido el “socialismo de estado”, la búsqueda debería ser entre el capitalismo “neoliberal”, “salvaje”, y el capitalismo “de bienestar” o “humanizado” construido por la Socialdemocracia en Europa y los gobiernos populistas de América Latina: el Peronismo y el PRI[7] de México por ejemplo.
“Durante los años 1996 y 1997, convocados por Jorge Castañeda y Roberto Mangabeira Unger, un grupo de políticos progresistas de América Latina deliberó sobre las propuestas necesarias para superar el estancamiento del modelo neoliberal. Sus conclusiones fueron presentadas bajo el nombre del Consenso de Buenos Aires en diciembre de 1997 y publicadas como separata por el diario argentino Pagina 12 en su edición del martes 2 de diciembre del mismo año.[8] Allí se informa que en las deliberaciones participaron los mexicanos Jorge Castañeda, Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox, los brasileños Roberto Mangabeira Unguer, Leonel Brizola, Marco Aurelio García, Luis Ignacio Lula da Silva, Vicentinho, José Dirceu, Itamar Franco, el nicaragüense Sergio Ramírez, los argentinos Carlos Álvarez, Graciela Fernández Meijide, Rodolfo Terragno, Federico Storani, Dante Caputo, José Bordón aunque se aclara que no todos participaron del mismo modo y que el documento elaborado no ha sido firmado por los participantes, sino que refleja los debates habidos.
En el documento bautizado como “Consenso de Buenos Aires” arrancaban con una delimitación brutal de su horizonte: “El estrechamiento de los parámetros ideológicos aunado al imperativo de ceñirse a las exigencias del flujo de capitales, bienes y personas, ha reducido el margen de maniobra de cada nación, de cada gobierno, de cada partido o movimiento. Cegarse ante ello es además de inútil, pernicioso para todos: beneficiarios y víctimas del reparto de vicios y virtudes del fin del siglo”.
Luego hacían confesión del más crudo evolucionismo: “los cambios acontecen de manera puntual y acumulativa. ..lo que cuenta es la dirección y sus efectos sobre la comprensión por la gente…” Y pasaban a defender las políticas neoliberales, pero con “correcciones”. Y al momento de presentar las propuestas (en 1998!, pero fíjense que persistencia ideológica entre sus partidarios de los actuales gobiernos “progresistas”) decían[9]:
Economía de mercado:“Elmercado debe ser el principal asignador de recursos, pero corresponde al Estadocrear las condiciones para que las necesidades de los más pobres puedan convertirse en demandas solventes que puedan ser procesadas por éste”. Casi todos los economistas coinciden en que “nuestra década ganada” se basó en el estimulo estatal al consumo popular por medio de subsidios, extensión de las jubilaciones y pensiones, la asignación universal por hijo y el apoyo a las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas. El aumento del consumo popular no afectó para nada los ingresos de las clases altas que por el contrario crecieron aún más que las subalternas ampliando las diferencias de clase en la distribución del ingreso y en la concentración de la riqueza en los grupos económicos extranjeros: 200 firmas representan la mitad del PIB argentino y las empresas extranjeras son el 70 % de la facturación de esas firmas.
· Impuestos generalizados:“La tributación indirecta del consumo, generalmente realizada a través del impuesto sobre el valor agregado, adecuadamente instrumentadapuede permitir lograr ese objetivo…” La regresividad del sistema impositivo argentino está fuera de discusión y –tal como pedía el Consenso de Buenos Aires- son los impuestos al consumo popular los que sostienen la recaudación fiscal
Privatizaciones:“….puede convenir la privatización de empresas públicas,a condición de utilizarlas ganancias consiguientes para abatir la deuda pública interna y reducir los intereses pagados por el gobierno -y por los agentes privados- a niveles internacionales” . Lo de “abatir la deuda” en la Argentina pasó a llamarse “desendeudamiento” y combinó una fenomenal quita de la deuda externa con el pago puntilloso al Fondo Monetario Internacional de sus acreencias y la legitimación de toda la deuda contraída entre 1976 y 1983 de la cual se pagó más que nunca (aunque mucho menos de lo reclamado) sin llegar nunca a cancelarla, confirmando aquella advertencia de Fidel Castro de medidos de los ochenta: la deuda es incobrable por que es impagable: los intereses suman siempre más que los pagos. El nuevo episodio con el CIADI y los “fondos buitres” no son más que la confirmación de las tareas incumplidas que otros países como Ecuador si hicieron: investigar la parte ilegitima de la deuda y discutir solo el pago de la parte legitima. La bravuconada del “desendeudamiento”, presentada como un acto liberador (pagar la deuda externa es un acto de dependencia clásico, es más, es un modo de “realizar” el terrorismo de Estado que se hizo en su nombre) termina mal y abre un horizonte de nuevas concesiones al FMI, el Banco Mundial y los viejos conocidos de siempre
Educación: “Un sistema de responsabilidad múltiple, de financiación múltiple, de orientación múltiple…..”Ni la tradición de la escuela pública estatal sostenían nuestros “progresistas”aggiornados y al cabo del ciclo kirchnerista la situación es altamente contradictoria y paradojal: ha crecido la inversión pública en educación pero también ha crecido la proporción del sistema educativo en manos privadas; o sea ““Un sistema de responsabilidad múltiple, de financiación múltiple, de orientación múltiple…..”tal como se verifica en el siguiente cuadro sobre la Capital Federal:
Matrícula Primaria
2001
2010
Estatal
150.604 57.5%
143.319 53.1%
Privada
111.376 42.5%
126.687 46.9%
Total
261.980
270.006
Matrícula Media
2004
2010
Estatal
102.504 53.3%
92.933 51.1%
Privada
89.688 46.7%
88.895 48.9%
Total
192.192
181.828
Jubilaciones: “se combina un sistema de ahorro privado obligatorio con un mecanismo que redistribuye parte de las cuentas más ricas hacia las cuentas más pobres”El fracaso de las Empresas de Jubilaciones privadas, y la amenaza de su estallido, han llevado al retorno de las jubilaciones públicas, amenazadas por el desfasaje entre la masa de jubilados y pensionados en crecimiento y el mantenimiento de casi dos tercios de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral o formas de desempleo o subempleo, que de todas maneras los dejan fuera del mecanismo de aportes necesarios para dar sustentabilidad al sistema
· Gasto público: “Ello solo es posible mediante un ajuste fiscal enriquecedor del Estado, que al aumentar la carga tributaria, reconcilie la elevación de los ingresos fiscales y la ampliación de su base con el fortalecimiento del ahorro y la inversión. Necesitamos un ajuste fiscal que enriquezca el Estado en lugar de empobrecerlo
Las recetas de la Tercera Vía no salvaron al modelo neoliberal de su colapso y para fines del siglo XX y comienzos del XXI surgió una esperanza de cambios profundos en América Latina.
En muchos países de la región se vivió una época de crecimiento macro económico alimentado por la irrupción de China e India en el mercado de comodotties que produce la región (por ejemplo, la Argentina se vio beneficiada por el fantástico aumento del precio de la soja transgénica, Venezuela del precio del petróleo, Chile del cobre y Colombia del oro) y por la utilización de la capacidad industrial instalada ociosa por el estallido de la crisis de fin del siglo XX, pero no cambiaron el rumbo, solo modificaron el modo de avanzar por él y al final de la década se encuentran con los mismos problemas que originaron el ciclo: la crisis capitalista estrangula toda posibilidad de desarrollo humano y trae implícita la represión, como bien lo muestra el regreso de los militares al control social en Brasil (tendencia que se repite aquí y allá impulsada por el Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que nunca dejó de estar en la región).
Ante la evidencia que una parte de la izquierda y el progresismo mide de diferente manera las acciones represivas o de devastación ambiental, o aún las llamadas “tragedias” originadas por choques de trenes o lluvias copiosas el periodista uruguayo Raúl Zibechi acota una reflexión muy importante en La Jornada de México del 7/09/13: “Entre los progresistas de la región se ha impuesto una lógica perversa: medir las cosas según beneficien a la derecha o al gobierno. Ese fue el argumento de algunos politólogos ante las masivas manifestaciones de junio en Brasil. La única brújula para no perderse es la ética. Hoy sus agujas enfilan contra la megaminería y el extractivismo, sin importarles quiénes estén en el gobierno.”
Sobre este costado del debate reflexioné largamente en “La ética, la política, Gramsci, Guevara y los treintamil” que propongo leer como parte de este mismo texto[10] donde sostenía que la ética es fundamento de cualquier política liberadora, y que la “razón de estado” o las apelaciones al “realismo” en nombre de supuestas “correlaciones de fuerza” inmodificables funcionan como el gran discurso justificador de la claudicación política que viene limando y puede esterilizar el proceso de cambios abierto en América Latina.
Se podría decir, contrariando mis afirmaciones, que las medidas gubernamentales progresistas no han transitado exactamente por el recetario del Consenso de Buenos Aires, y les daríamos la razón; pero su apego al Consenso deviene de algo más profundo y gravoso: la ilusoria búsqueda de un lugar intermedio entre la revolución y el conformismo, entre la impunidad y la justicia; o para decirlo en términos más estrictos: entre un capitalismo “neoliberal” en su forma fundamentalista de los noventa y el capitalismo de “bienestar social” que acuñó Perón en el 45 y que anticipó todo tipo de experiencias reformistas en México, Brasil, Perú y aún en Chile.
El siglo XXI confirma de una manera precisa que no hay espacio de desarrollo humano dentro de los límites del capitalismo, que los derechos humanos son incompatibles con el capitalismo y que aún la liberación nacional postergada desde comienzos del siglo XIX, requiere romper con el cepo del capitalismo. Para los que siguen soñando con que los pequeños cambios terminen cambiando el mundo, el retorno del Ejercito de Brasil a reprimir huelguistas obreros los trae de regreso a la realidad. Bienvenidos!, ojalá que unamos fuerzas para luchar por su transformación radical para beneficio de los más, de los que siguen sufriendo privaciones y humillaciones, discriminaciones y represiones por su condición social y que con sus luchas y movilizaciones más de una vez han cambiado el rumbo de nuestra historia.
[1] Porque involuntariamente contribuyó al “apagón” de las movilizaciones populares
[2] Argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos, central en la lógica formal o aristotélica, contra la cual se rebeló Hegel quien fue completado por Marx y Engels con la creación de la lógica dialéctica, antagónica de la lógica formal dominante en el “sentido común”, pero inútil para comprender los procesos sociales y políticos.
[3] en 1899 Rosa escribe “Reforma o Revolución” contrariando la propuesta de integración que había triunfado en el Partido Socialdemocráta Alemán, argumentos que serían retomados y desplegados por Vladimir Ilich Lenin en 1902 en el Que Hacer? dedicado al mismo objetivo de fundamentar la necesidad de la ruptura revolucionaria contra el camino evolucionista de las “pequeñas reformas acumuladas hasta su transformación automática en socialismo”
[4] ambos son conceptos constitutivos de la economía política crítica: la cuota de ganancia media surge tendencialmente de modo tal que la clase en su conjunto perciba por su capital una ganancia relativamente aproximada y la ganancia monopolista es la que –por encima de la media- perciben los grupos económicos más poderosos. En la Argentina las empresas privatizadas de las telefónicas percibieron por años una ganancia monopolista aún más alta que en sus países matrices.
[5] para continuar la dominación capitalista debe completarse el ciclo de reproducción del capital, pero como este se queda con la parte no retribuida a los trabajadores por su trabajo (la plusvalía), obligatoriamente si hay reproducción esta es ampliada; el capital crece o se muere y es capaz de matar para asegurar su ciclo de reproducción ampliada para “valorizar” (aumentar) el capital o “ciclo de negocios”
[7] Partido Revolucionario Institucional, mantuvo el poder hegemónico entre 1929 y 1989 de un modo tan absoluto que dio origen al concepto de Partido de Estado; con las diferencias lógicas por el proceso histórico hay entre el PRI y el Peronismo demasiadas coincidencias para que sean casuales.
[9] transcribiré algunas de las propuestas programáticas del Consenso de Buenos Aires de 1998, y haré algunos comentarios sobre las políticas aplicadas en la Argentina en esta década como modo de mostrar las coincidencias entre el/Kirchnerismo y la Tercera Vía; los comentarios serán mínimos y seguramente sesgados y esquemáticos, pero –entiendo- representativos.
En diciembre de 2010, junto con un destacado conjunto de protagonistas del Villazo (la gran rebelión democrática sindical de los trabajadores de Villa Constitución contra la Unión Obrera Metalúrgica, en marzo de 1974) y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de marzo de 1975, ordenado por un decreto gubernamental de Isabel Perón e inspirado por el presidente del directorio de Acindar y futuro ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz) entre los que se contaban Juan Actis, Alberto Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció penalmente al directorio de Acindar por los crímenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución, alegando que fueron funcionales a la imposición de un modelo de país que favorecería directamente a la empresa de un modo directo (la deuda externa que «cargaron» al estado o la burla a la Ley Savio que prohibía producir acero a partir del mineral de hierro ya que esta labor era monopolio estatal de Somisa) y como resultado del Plan Económico que continuaron Cavallo, Menem y De la Rúa.
Puntualmente denunciamos las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contraídas por Acindar al Estado Nacional.
La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el doctor Norberto Oyarbide. En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales.
Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el juez clausurara la investigación a pesar de que en estos años hemos aportado nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. Sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvió «determinar que las presentes actuaciones continúen trámite bajo el régimen procesal de la ley 23984» dándole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión.
Como ni soy abogado ni el fiscal se ha pronunciado sobre la cuestión, omitiré las consideraciones judiciales para concentrarme en los fundamentos de la resolución que receptan los fundamentos principales de nuestras posiciones sobre la relación entre Acindar y el terrorismo de Estado así como la génesis misma del golpe.
Dice Oyarbide: «Los distintos textos acompañados por la querella y otros textos publicados a los que se ha tenido acceso y que tratan los acontecimientos de Villa Constitución, dan la pauta que la represión y persecución que se inicia el 20 de marzo en Villa Constitución y se continúa más allá del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes y la intervención de la seccional gremial con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar no fueran obstaculizadas por la actuación gremial».
Y luego de sostener que el Operativo Serpiente Roja fue parte de un proceso escalonado por el cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del gobierno de Isabel Perón el control territorial de la nación mediante los Operativos Independencia en Tucumán y el desencadenado en Villa Constitución, señala: «En todo este proceso el accionar de las fuerzas armadas fue tomando cada vez más relevancia ya para ese momento tenían el control operativo sobre Tucumán, las fuerzas de seguridad controlaban el litoral después de la represión del 20 de marzo en Villa Constitución, y así se llega al dictado de los decretos 2770/75 y 2771/75 por los cuales la acción represiva contra la subversión en todo el país queda en manos de las FF.AA. con la subordinación de las fuerzas de seguridad (FF.AA. y Policías Provinciales y Servicio Penitenciario), llegándose así al golpe de estado del 24 de marzo de 1976» por lo cual, dado que considera que la Triple A existió entre el 21 de noviembre de 1973 (atentado contra Solari Irigoyen) y el 11 de julio de 1975 (salida de López Rega y su sequito al exterior) los hechos represivos de Villa Constitución deben investigarse por separado, pero a esta distinción temporal le suma un elemento de excepcional importancia: la responsabilidad de Acindar.
Dice así: «Mas lo cierto es que el alcance de la causa 1075/06 parece más acotada respecto de éstas, ya que aquí se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Acindar cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser Ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1976 en Villa Constitución». Y en un párrafo contundente afirma: «Lo que se vislumbra es que desde el gobierno nacional constitucional se montó un andamiaje represivo ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya que en un principio los ataques (amenazas, atentados con bombas y homicidios) aparecían como individualizados y solo dirigidos a personajes que se manifestaban abiertamente opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo algunos- a los lineamientos políticos del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y José López Rega… más cuando los reclamos sociales se fueron masificando, organizando y las agrupaciones políticas revolucionarias fueron adquiriendo representatividad y legitimidad a través de elecciones gremiales y sus reclamos fueron adquiriendo la entidad suficiente para transformarse en un obstáculo para los fines perseguidos por el gobierno nacional, el aparato represivo ilegítimo se fue transformando en un verdadero terrorismo de estado que buscó no solo amenazar y eliminar ya no a titulo individual a opositores políticos sino a las organizaciones políticas y sus militantes completamente, y así se llegó a la institucionalización de la represión» y vuelve a relatar la secuencia del Operativo Independencia, el Operativo Serpiente Roja y los decretos de Isabel Perón que ponen todo el país bajo control operacional de las FF.AA.
Como la denuncia contra Acindar había sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habría funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho más allá en el tiempo, durante toda la dictadura militar que había puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara señal de «territorio enemigo bajo control militar» y b) porque acepta nuestra hipótesis que la represión desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice «prima facie» algo así «como es probable que») en procura de sus intereses económicos, tal como lo venimos sosteniendo desde hace años.
Acindar promovió el terrorismo de estado como instrumento de un proyecto de país que nos sumió en la crisis más profunda de nuestra historia.
*Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombr
Me metieron en un Ford Falcon, en el baúl trasero, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza entre las piernas.
Era la madrugada del 12 de octubre de 1976.
Habían tardado doscientos dos días, y sus noches, en encontrarme.
Había permanecido doscientos dos días, y sus noches, clandestino; o semiclandestino.
Había estado doscientos dos días, y sus noches, esperando que los tipos llegaran.
De noche se escuchaban los tiroteos y las explosiones; y yo me quedaba despierto, calculando si se acercaban o se alejaban. Si venían a buscarme o buscaban a otro.
Esa noche me habían sorprendido. Yo esperaba que me detuvieran derecho viejo. Que me pararan en la calle o asaltaran la casa donde habitaba. Y punto. Que tocaran el timbre y me metieran preso.
Pero no, todo era más perverso.
Tocaron la puerta, abrí la ventanilla y por ahí apareció el caño de una Itaka. Pero para mi sorpresa no me detuvieron. Unos desconocidos de civil pidieron permiso para pasar al fondo de la casa y allanar a la gente que vivía al fondo de la mía. Retrocedí y los dejé pasar. Parecía que no me daban mucha bola y empecé a aumentar la ilusión de que podría salvarme de nuevo.
Como en aquella madrugada del 24 de marzo.
A lo mejor no se daban cuenta de quién era yo, y entonces podría volver a zafar.
La escena que ofrecíamos era más que familiar y correcta: la mesa estaba tendida con mantel y todo, una joven pareja recién casada recibía a un amigo de Rosario que se había quedado a cenar, la comida estaba en el horno y todo olía a festejo. Más que alusiones a lo rico que se sentía la comida, no había otros comentarios. Un grupito se había quedado en la casa mientras el grueso de la patota, todos de civil, todos jóvenes y con armas largas, habían saltado la pared del fondo y entrado en la casa vecina.
Al rato volvieron, y parecía que todo el operativo estaba terminando cuando, como al pasar, uno de los milicos me preguntó el apellido y me pidió los documentos, cuando los agarró pegó el grito y ahí volvió la jauría con gestos de locura.
Ya no era el trato civilizado sino los golpes, los empujones, las manos contra la pared, tirarnos al suelo, hasta que alguien entró a la casita y les dijo que me levantaran. Me di vuelta desde el suelo y volví a ver al oficial Rebechi, de riguroso saco y corbata, prolijito como un empleado bancario de los años 50.
La banda empezó a revisar toda la casa. A embolsar cada papelito, cada libro, cada objeto de valor. Después se sentaron a comer.
A Graciela y a Hernán los llevaron enseguida. A mí me dejaron en la casa, y empezaron el interrogatorio.
Me estaban pegando puñetazos en la barriga cuando uno de los de la patota gritó enloquecido de dolor que la verja estaba electrizada.
Se volvieron más histéricos que antes: gritaban, amenazaban con las armas, me llevaron hasta la vereda –para que desarmara la trampa y tardó un rato largo para que se convencieran que, simplemente, la casa vieja, húmeda, tenía perdidas de electricidad y que algunas paredes –y especialmente la verja de entrada–, daban pequeñas sacudidas si se las tocaba con la piel desnuda. Ellos, que eran especialistas en pasar 220 voltios por el cuerpo de los prisioneros, estaban aterrorizados por una suave caricia eléctrica.
Después se la agarraron con el fondo. Resulta que había una costumbre en la zona que era enterrar la basura en la tierra y cuando puntearon un poco, buscando armas encontraron el pozo de basura.
Y otra vez la locura.
Me tuvieron cavando por todo el fondo, desenterrando basura que revisaban como con una lupa. Creo que habremos estado como tres horas.
Una extraña tranquilidad me había agarrado después del primer susto.
Esos primeros minutos del interrogatorio feroz de Rebechi que me tiraba todos los datos que tenía sobre la Fede tratando de convencerme que él sabía todo, y que era al divino pedo que cobrara por no decir lo que él ya sabía.
Yo primero vacilé, dije alguna mentira verdadera o alguna verdad mentirosa, pero después me ordené el bocho y empecé a funcionar como tantas veces había imaginado que debía actuar en una situación así.
Había estudiado de memoria el Reportaje al pie del patíbulo de Fucik y sabía que no se podía decir nada, porque una vez que se empieza no hay forma de parar. Que hay que callar o repetir siempre lo mismo y saber que una vez que se estaba en sus manos no había forma de salvarse. O mejor dicho, que no había forma de no “cobrar”.
Pero que había un solo modo de salvarse: era aferrarse a lo que uno era, y saber que lo único que quedaba en mis manos era esa decisión personal.
Que pasara lo que pasara, quien decidía seguir siendo uno mismo, o dejar de serlo, era uno mismo. Y que eso no te lo podía arrebatar nadie.
José Ernesto Schulman, casado, estudiante de Matemáticas, hincha de Colón y militante de la Fede desde 1967, cuando tenía poco menos de 15 años, podía seguir siéndolo si él quería. Sólo él podía resolver si seguía siendo el mismo de siempre, o aceptaba dejar de serlo.
Una piña más fuerte que las demás me aturdió, recién reaccioné en el Falcon y me acordé de Fucik. Yo también atravesaba la ciudad de noche, solitaria, hermosa. Igual que él pensaba que podía ser la última vez en que la atravesaba velozmente en un coche.
Pero a Fucik, que lo llevan del centro de torturas al Palacio Real de Praga ocupado por la Gestapo, con el objetivo de sobornarlo; le permiten que vaya mirando por la ventanilla. Para que sufra por lo que va a perder si no acepta el trato. Viene de meses de torturas y sabe rigurosamente que no tiene salvación.
Que ya lo han delatado; y que un miembro del Comité Central de un Partido como el Partido Comunista Checoslovaco que practica la resistencia armada al ejército invasor alemán, no tiene salvación.
Por eso su mirada es de una serena tristeza, de una alegría triste, de una tristeza alegre.
Sabe exactamente lo que va a pasar, y está totalmente seguro de lo que él va a hacer.
Mi viaje es el comienzo del calvario, con la cabeza entre las piernas intento adivinar adonde voy pero no puedo; y eso me asusta más todavía…
Antes de salir de la casa me han puesto como capucha un suéter en la cabeza.
Así que no veo nada. Dan vueltas y vueltas, hasta que de repente el Falcon se detiene; abren un portón y entramos en alguna parte. Me bajan a empujones, me quitan la capucha y me llevan a una celda.
El Mono me recibe y me anima un poco.
Le pregunte dónde estamos y me dice que no sabe.
del libro «Los laberintos de la memoria», primera edición del 2002, cuya tercera edición se puede bajar del blog Crónicas del Nuevo Siglo
Plenario Sindical antiburocrático de abril de 1974 en Villa Constitución.
In memorian
de Carlos Sosa y Tito Martín
protagonistas de las luchas obreras
y populares de Villa Constitución
y maestros de la política revolucionaria.
En diciembre de 2010, junto con un destacado conjunto de protagonistas del Villazo (la gran rebelión democrática sindical de los trabajadores de Villa Constitución contra la Unión Obrera Metalúrgica en marzo de 1974) y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de marzo de 1975 ordenado por un decreto gubernamental de Isabel Perón e inspirado por el presidente del directorio de Acindar y futuro ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz) entre los que se contaban Juan Actis, Alberto Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció penalmente al directorio de Acindar[1] por los crímenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución, alegando que fueron funcionales a la imposición de un modelo de país que favorecería directamente a la empresa de un modo directo (la deuda externa que “cargaron” al estado o la burla a la Ley Savio que prohibía producir acero a partir del mineral de hierro ya que esta labor era monopolio estatal de Somisa) y como resultado del Plan Económico que continuaron Cavallo, Menem y De la Rúa. Puntualmente denunciamos las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contraídas por Acindar al Estado Nacional.
La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el Dr. Oyarbide. En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales. Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el Juez clausurara la investigación a pesar de que en estos años hemos aportado nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvió “determinar que las presentes actuaciones continúen trámite bajo el régimen procesal de la ley 23984” dándole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión. Como ni soy abogado ni el fiscal se ha pronunciado sobre la cuestión, omitiré las consideraciones operativas para concentrarme en los fundamentos de la resolución que receptan los fundamentos principales de nuestras posiciones sobre la relación entre Acindar y el terrorismo de Estado así como la génesis misma del Golpe.
Citaremos algunos párrafos del resolutorio (son veinte carillas) para luego señalar algunas cuestiones metodológicas y de fondo sobre el debate que se ha potenciado con la publicación del libro “Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”[2] compilado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Boholslavsky.
Dice Oyarbide: “los distintos textos acompañados por la querella y otros textos publicados a los que se ha tenido acceso y que tratan los acontecimientos de Villa Constitución, dan la pauta que la represión y persecución que se inicia el 20 de marzo en Villa Constitución y se continúa más allá del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes y la intervención de la seccional gremial con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar no fueran obstaculizadas por la actuación gremial”[3] (a folio 3 del resolutorio).
Y luego de sostener que el Operativo Serpiente Roja fue parte de un proceso escalonado por el cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del gobierno de Isabel Perón el control territorial de la nación mediante los Operativos Independencia en Tucumán y el desencadenado en Villa Constitución: “En todo este proceso el accionar de las fuerzas armadas fue tomando cada vez más relevancia ya para ese momento [4]tenían el control operativo sobre Tucumán, las fuerzas de seguridad controlaban el litoral después de la represión del 20 de marzo en Villa Constitución, y así se llega al dictado de los decretos 2770/75 y 2771/75 por los cuales la acción represiva contra la subversión en todo el país queda en manos de las FF.AA. con la subordinación de las fuerzas de seguridad (FF.AA. y Policías Provinciales y Servicio Penitenciario), llegándose así al golpe de estado del 24 de marzo de 1976” (a folios 13/14 del resolutorio) por lo cual, dado que considera que la Triple A existió entre el 21 de noviembre de 1973 (atentado contra Solari Irigoyen) y el 11 de julio de 1975 (salida de López Rega y su sequito al exterior) los hechos represivos de Villa Constitución deben investigarse por separado, pero a esta distinción temporal le suma un elemento de excepcional importancia: la responsabilidad de Acindar.
Dice así:”mas lo cierto es que el alcance de la causa 1075/06[5] parece más acotada respecto de éstas, ya que aquí se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Acindar cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser Ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1976 en Villa Constitución” (a folios 14/15 del resolutorio).
Y en un párrafo contundente afirma: “…lo que se vislumbra es que desde el gobierno nacional constitucional se montó un andamiaje represivo ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya que en un principio los ataques (amenazas, atentados con bombas y…homicidios) aparecían como individualizados y solo dirigidos a personajes que se manifestaban abiertamente opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo algunos- a los lineamientos políticos del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y José López Rega……..más cuando los reclamos sociales se fueron masificando, organizando y las agrupaciones políticas revolucionarias fueron adquiriendo representatividad y legitimidad a través de elecciones gremiales y sus reclamos fueron adquiriendo la entidad suficiente para transformarse en un obstáculo para los fines perseguidos por el gobierno nacional, el aparato represivo ilegítimo se fue transformando en un verdadero terrorismo de estado que buscó no solo amenazar y eliminar ya no a titulo individual a opositores políticos…..sino a las organizaciones políticas y sus militantes completamente, y así se llegó a la “institucionalización de la represión”…” y vuelve a relatar la secuencia del Operativo Independencia, el Operativo Serpiente Roja y los decretos de Isabel Perón que ponen todo el país bajo control operacional de las FF.AA.
Como la denuncia contra Acindar había sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habría funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho más allá en el tiempo, durante toda la dictadura militar que había puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara señal de “territorio enemigo bajo control militar” y b) porque acepta nuestra hipótesis que la represión desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice “prima facie” = en principio o algo así como es probable que…) en procura de sus intereses económicos tal como lo venimos sosteniendo desde hace años.[6]
Contra la teoría de la excepcionalidad de la represión y de la excepcionalidad del compromiso empresarial con el terrorismo de Estado hemos sostenido reiteradamente las siguientes ideas fuerza que considero pertinente reiterar:
a) la historia de la Argentina es una historia de violentos actos de dominación y control social a los fines de imponer y hacer funcional (o sea rentable) al capitalismo
b) somos, como latinoamericanos, hijos de una violación: la invasión colonial europea que aniquiló millones de hermanos originarios.
c) la historia de la República Argentina, la historia de sus instituciones y su cultura, es –como nos enseñaba Walter Benjamín en sus Tesis sobre la Historia- al mismo tiempo la historia de la represión estatal sobre todos los opositores de todas las maneras posibles, generalmente y de una manera predominante, por medios brutales como la tortura y la prisión ilegal.
d) desde 1902 en que se sanciona la ley 4144 de represión a los inmigrantes indeseables, pasando por la ley de seguridad nacional de 1910, el estado de sitio del mismo año, siguiendo por la formación de la sección especial de lucha contra el comunismo creada al interior de la Policía Federal en 1930 y todos los golpes de estado: de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 la represión ha sido la regla y el respeto a los derechos humanos, la excepción.
e) el Terrorismo de Estado desplegado entre finales de 1973 y finales de 1982 (nunca los periodos sociales son exactos) marcó un salto de calidad en la represión (del control y el dominio, de la eliminación parcial al exterminio de un grupo nacional) pero no fue otra cosa que la culminación de un largo periodo de preparación que se remonta a la Conquista Imperial Española sobre nosotros. Y aún más, como desarrollamos en otros textos[7], la cultura represora no desapareció en “democracia” sino que se recicló, y hoy amenaza con crecer de manera desorbitada de la mano de Milani, Marambio, Granados y quienes lo corren por derecha como Massa, De Narváez, Macri y Lilita.
f) la relación entre la represión y las empresas viene de larga data; y es más, desde los 40 del siglo XX, que funciona un verdadero triángulo de la muerte: empresa, gobierno y burocracia sindical; en los años del Terrorismo de estado proporcionaban listas a los servicios de Inteligencia o prestaban autos, camiones e instalaciones. Y esa relación, en las nuevas condiciones, se mantiene inalterable. El capitalismo, por naturaleza, es incompatible con los derechos humanos.
g) la relación entre las empresas y el estado argentino también es permanente. Solo a modo de ejemplo, y de un modo acotado porque voy a citar un libro de 1995[8] veamos la historia de Acindar y el Estado: fundada en los marcos del primer peronismo, gozó de todas las políticas de incentivo industrial de aquel gobierno que anunciaba la constitución de Somisa y subsidiaba la industria nacional del acero; su fundador, el Ingeniero Acevedo fue Ministro de Obras Públicas de Frondizi con el expreso objetivo de privatizar los ferrocarriles (frustrado por la gran huelga ferroviaria de 1962), luego colocaron a su gerente financiero, Carlos Carrera como Subsecretario de Finanzas de la Nación en el equipo de Krieguer Vasena, del gobierno militar de Onganía, quien los ayudó a perpetrar una de las mayores estafas bursátiles de la historia, para culminar con la entronización de Martínez de Hoz en el 76 quien fuera reemplazado por el “vencedor” del Cordobazo: el General Alcides López Aufranc; durante toda su historia el Estado estuvo a su servicio, y no solo en las funciones económicas, también en las de control social y represión a los trabajadores.
1.Somisa fue saboteada desde el mismo momento en que fue concebida, tardando 14 años en ponerse en funciones. “…precisamente cuando Somisa comienza a producir arrabio y acero, en lugar de ayudar a su pronta expansión se permite a la iniciativa privada aspirar a su dominio del mercado. La ulterior expansión a cuatro millones de toneladas fue negada a Somisa para confiar en los planes de integración de Acindar y Propulsora Siderúrgica, autorizados en 1967, el primero debió ser anulado en 1968 ante las condiciones lesivas para el país con que Acindar pactó la intervención de la Steel Co. de los EE.UU” Thoa. Y un ex secretario de Onganía, el Dr. Roth comenta: “No había en el país empresa que hubiese recibido mejor protección arancelaria, ni más aportes y crédito estatal. La contribución del Estado tenía por destino la construcción de un alto horno a lo cual se había obligado la empresa una década antes. El Plan Siderúrgico incluía un millón de toneladas que produciría Acindar en sus previsiones….Acindar había postergado de año en año la construcción del alto horno, mientras estaba exenta de impuestos que su competencia pagaba, prácticamente por lo que iba a construir..” Durante todos esos años Acindar se beneficiaba no sólo de las exenciones más arriba descriptas, también del precio subsidiado con que Somisa le vendía la palanquilla. Un estudio de Lozano, Basualdo y Fuks demuestra que entre 1970 y 1975 Acindar, le pagó a Somisa 100 millones de dólares menos de lo que se cotizaba la palanquilla en el mercado.
2.utilización del crédito internacional con avales del Estado. Asunción por parte del mismo de dicha deuda mediante el mecanismo del seguro de cambio. Monto de la deuda externa: 652.193.000 dólares, subsidio del 64.8 %. Cavallo prácticamente la estatizó en 1981 cuando estaba al frente del Banco Central y Alfonsín lo consideró “cosa juzgada” en 1984 asumiendo prácticamente el pago de la misma. Dicho de otro modo, la Planta Integrada y subsiguientes mejoras fueron construidas con dineros públicos. No sólo consiguió quebrar el monopolio estatal que Savio había soñado para la producción de acero, sino que consiguió que el mismo Estado (el suyo, ¿no?) se lo pague .
3.- Beneficios de los regímenes de promoción industrial. Recibió exenciones impositivas por la construcción de la Planta Integrada (monto 251 millones de dólares, aprobado en enero del ´75); por la ampliación de la planta de hierro redondo y alambrón (monto 40,4 millones de dólares, aprobado en enero de 1983); por la instalación de 12 empresas en la provincia de San Luis las cuales, por 16 años, gozan del beneficio de no pagar I.V.A. ni por las compras ni por las ventas. Lo más cómico del asunto es que durante ese lapso haya exigido subsidios para integrar su producción y concentrarla geográficamente. Con el traslado a San Luis de parte de sus instalaciones industriales, para desintegrar y desconcentrar la producción desde el punto de vista técnico, la vieja excusa de los “profesores de economía” para justificar el monopolio.
4.- Gozó de créditos del BANADE (debía 231 millones de dólares a fines de 1987 que pasaron a menos de 118 millones de dólares en 1988 sin haber pagado casi nada); y de avales del Tesoro Nacional por 148, 256 millones de dólares recibidos del siguiente modo: el 9/1/76: 81.103 millones de dólares; el 9/1/78: 27.695 millones de dólares y el 5/6/78: 39.728 millones de dólares. Con esos dineros, por esos años, hacía importantes diferencias en la “bicicleta financiera”, tal como lo muestra el balance de la empresa de 1985 que revela una ganancia (expresada en pesos de entonces) de 4.446,40 millones, de los cuales 867, 5 millones corresponden a “actividades productivas (es decir, al trabajo no retribuido de los trabajadores, los cuales producían en una hora, el equivalente a su salario mensual y continuaban trabajando a ganancia de la empresa el resto del tiempo) y, nada menos que 3.378,8 millones a “utilidad no operativa” eufemismo técnico que esconde la vulgar bicicleta o especulación financiera típica de la burguesía argentina en aquellos tiempos.
En ocasión de un acto en homenaje al levantamiento del Ghetto de Varsovia, el Dr. Raúl Zaffaroni sostuvo que ni la Memoria ni el Juicio y el Castigo tenían funciones preventivas contra un nuevo Genocidio[9]. Es más, la Declaración de los derechos humanos por parte de las nacientes Naciones Unidas pareció más la señal de largada para un interminable ciclo de golpes de estado y genocidios que el anuncio de un nuevo tiempo de “amor y paz”. El propio Juicio de Núremberg solo preanunció el inicio de la Guerra Fría y el fiscal argentino Alejandro Alagia, reconoció su sorpresa al momento de la sanción de la Ley Antiterrorista puesto que pensaba que con los juicios al Terrorismo de Estado, esas cosas no volverían a ocurrir[10].
¿Es que entonces, los juicios no tienen ningún valor, más allá del reparatorio individual o colectivo?. Nada de eso, como rescató el Dr. Rozanski en su fallo contra Etchecolatz, “el derecho genera verdad”, al decir de Foucault, y estos juicios abonan la resignificacíón de un pasado reciente que necesariamente debe ser asumido como aprendizaje para las nuevas generaciones de luchadores por la libertad y el buen vivir.
Por esas razones, acaso sin siquiera imaginarlo, el dictamen del Juez Oyarbide abona ese camino y –tal como lo destaca en su resolutorio- pone en su justo lugar a luchadores como Carlos Sosa o Rodolfo Graff, revolucionarios comunistas para quienes el sistema gubernamental de memoria nunca tiene tiempo ni lugar para recordarlos.
“Sosa, Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución y militante del Partido Comunista, según el escrito de la querella, fue detenido también el 20 de marzo de 1975. En su testimonio, Carlos Antonio Sosa relata que el 5/8/76 estando en la casa de Teófilo Graff llegan dos individuos armados en un Dodge 1500, Graff logra escapar y él es arrestado, con esposas y capucha es introducido en un vehículo y llevado a un lugar donde permanece cinco días en una celda…..oye que personas son torturadas….señala que luego es trasladado en un vehículo policial a la seccional central de la Policía provincial de San Nicolás……refiere que en este nuevo lugar permanece 40 días y le dicen que está a disposición del Area Militar 211….es interrogado por un mayor del Ejercito de apellido Bounier o Borné y tratan de convencerlo que trabaje para ellos dentro del movimiento obrero dada su condición de Secretario General de la Unión Ferroviaria, cargo que ocupó hasta el 20 de abril de 1975 en que quedó cesante y como no acepta, es amenazado y trasladado al Regimiento de Pontoneros de San Nicolás….” (a folios 16 del resolutorio).
Carlos Sosa falleció luego de presentar la denuncia penal contra el directorio de Acindar, sin llegar a ver el juicio anhelado. Luego del fin de la dictadura volvió al ferrocarril y a la Unión Ferroviaria, resistió la privatización de los FFCC y ocupó la estación local para un emprendimiento productivo. Jubilado, andaba en bicicleta convocando rebeldías cuando un infarto le golpeó en su costado más sensible: su rojo corazón rojo.
Fueron esos obreros ferroviarios y metalúrgicos los primeros en denunciar lo que hoy se abre paso trabajosamente en la sociedad: Acindar y los empresarios nacionales fueron parte del Genocidio tanto como Ford y la embajada de los Estados Unidos. Esa es la primera verdad del proceso histórico reciente, y por ello, la más oculta por la derecha y el “progresismo”.
[3] en todos los casos donde se resalte con negrita, son del autor.
[4] está citando la denuncia contra López Rega y la Triple A publicada en La Opinión del 6 de julio de 1975, que el Juez relaciona con las denuncias del Ejercito contra López Rega y su posterior desplazamiento del gobierno del 11 de julio, fecha de su viaje al exterior y que Oyarbide considera el fin de la Triple A
[5] la causa iniciada en diciembre de 2006 contra la Triple A al momento de la detención de Morales y Almirón en España, que reactiva la abierta en 1975, inmovilizada por la dictadura y clausurada con la muerte de López Rega en 1984.
[10] Pagina 12 del 20/12/2012: “Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas
En la tarde de hoy, un grupo de militantes por los ddhh del Paraguay visitaron la sede central de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, iniciando una serie de actividades en la Argentina para denunciar la Masacre de Curuguaty, la farsa judicial que se lleva adelante contra los campesinos sobrevivientes de la misma, la continuidad de la impunidad para los crimenes de la dictadura de Stressner y la política de entrega y ciminalización de la lucha social, especialmente campesina, del nuevo gobierno de Cartes.
La compañera Martina Paredes Gonzalez, hermana de dos campesinos asesinados en Curuguaty, integrante de la “Comisión de Víctimas de Curuguaty” relató las terribles condiciones que padecen los campesinos y sus familias de la zona donde se perpetró la masacre que sería la excusa para el golpe de estado “constitucional” contra el Presidente Lugo. Martina, que está llegando de Ginebra, donde denunció estas violaciones a los derechos humanos, reclamó solidaridad para sus compañeros y compañeras campesinos.
Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty, denunció las flagrantes violaciones al debido proceso que se viven en lo que calificó como una verdadera farsa judicial que busca castigar a los compañeros que ocuparon Marina Cue en procura de preservar la soberanía nacional sobre tierras del estado usurpadas por un empresario que no solo continúa el despojo sino que organizó, por sus vinculos con el Poder Intocado en Paraguay, la masacre producida.
Evaristo González, secretario adjunto de la Mesa Nacional de los DDHH del Paraguay, se concentró en la denuncia de la impunidad con que gozan los crimenes del Stroessnerismo y los lentos avances en recuperar algunos de los cuerpos de las víctimas del Terrorismo de Estado pasado, así como de denunciar el continuismo que implica la presencia de viejos torturadores y responsables de las políticas de terror de la dictadura en el gabinete del presidente Cartes.
Acompañaron a la delegación de Paraguay, miembros de la agrupación Hijos y Familiares de “Martires del Paraguay” residentes en Buenos Aires que impulsan un proyecto comunitario en Curuguaty de producción textil por parte de los campesinos.
Por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre participaron los compañeros Graciela Rosenblum, José Schulman, Hector Trajtemberg, Carlos Zamorano, Gerardo Etcheverry y Nora Podesta que reiteraron la tradiconal solidaridad de la Liga con las luchas del pueblo paraguayo destacando que el secretario de la organización había estado en la audiencia preliminar del juicio por la masacre de Curuguaty como muestra de un compromiso que se renovó en la oportunidad.
La delegación paraguaya aprovechará los próximos días para entrevistarse con dirigentes sociales y políticos y autoridades del gobierno nacional, reclamando en todos los casos, la solidaridad de los pueblos con los que están sufriendo en carne propia el embate de una derecha feroz como la paraguaya, que cuenta con el aval y apoyo de las agencias de inteligencia de EEUU, Colombia e Israel: la Cia, la Dass y el Mossad.
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Liga Argentina por los Derechos del Hombre
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Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937.
Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y acreditado ante el Consejo de Europa.
La resolución de la Jueza Servini de Cubria de ordenar la detención de los cuatro partícipes del Genocidio Franquista contra el pueblo español es una verdadera conquista de la Memoria contra el Olvido, que como se ha dicho mil veces, siempre es una victoria de los pueblos contra el Poder.
Es el triunfo de una estrategia elaborada colectivamente: la de hacer pesar los avances en los juicios por delitos de Lesa Humanidad y los principios de Jurisdicción Universal en nuestro país a favor de la lucha del pueblo español contra la maldita impunidad franquista.
Es el triunfo de una ética que nos contiene: la de no dar por perdida ninguna lucha y estar siempre al lado de los que sufren violación a sus derechos como personas y como pueblo, como militantes y como colectivos políticos que han luchado por el cambio social en España antes, durante y después de la Republica; antes, durante y después de la Guerra Civil y el Franquismo.
Es el triunfo de la coherencia de sostener los principios no importa las consecuencias ni la dimensión de la tarea.
Por todo ello estamos orgullosos de ser parte de esta batalla que es del pueblo español, del pueblo argentino y de la humanidad toda. Orgullosos de que desde 1937 hemos estado al lado de la República y la izquierda española; ayer juntando papel de aluminio de los paquetes de cigarrillos, hoy en la querella; ayer convocando a escuchar a Marcos Ana en el Luna Park, hoy juntando voluntades para sostener la querella; ayer cobijando en la Liga a Rafael Alberti y hoy aprendiendo de los colectivos de memoria que resisten en toda España.
Orgullosos de haber sido parte de los que sostuvieron la Causa por Genocidio en Argentina frente a la Audiencia Nacional Número Cinco de Madrid tanto como que la firma de nuestra presidenta Graciela Rosenblum figure en el primer escrito de esta querella colectiva, y muy orgullosos de que dos de los abogados de la Querella sean nuestros entrañables Héctor Trajtemberg y Carlos Zamorano que condensan en sus vidas de lucha toda una historia que se renueva y resignifica en esta querella y con este triunfo extraordinario del requerimiento judicial contra cuatro viles, miserables, despreciables torturadores franquistas que no merecen siquiera ser nombrados en esta hora de celebración y emociones
Crónicas del nuevo siglo 