• NARCOTRAFICO Y CAPITALISMO

    EL ABC DE UNA RELACIÓN QUE SOLO SE CORTA CON LA RUPTURA DE LA DOMINACION COLONIAL.

    Esta no es una descripción periodística del avance de los narcos, de los problemas que se sufren en las barriadas populares o el modo en que expresa en la política nacional o imperial. Es un escrito metodológico que pretende sentar algunas claves interpretativas que permitan seguir un fenómeno en expansión nacional y regional.

    En primer lugar, el tráfico de narcóticos es una actividad económica.

    Aunque parezca superfluo decirlo, es una actividad económica capitalista, puesto que consigue transformar un valor de uso en un valor de cambio, en una mercancía que se vende en el mercado y permite obtener una ganancia. Si así no fuera, no habría ni producción, ni venta, ni tráfico de drogas. Y yo creo que conviene arrancar de este concepto para entender que, para un empresario, producir drogas, transportarlas y venderlas, es prácticamente lo mismo que producir sillas bicicletas o sándwiches de milanesa. Porque ningún empresario produce sillas porque le gusten las sillas, sino que produce sillas porque quiere obtener ganancias, y mutará a la rama de la economía que le asegure mayor ganancias tantas veces como sea necesario. De paso, ese tránsito es el que crea una tendencia a una ganancia media, la cuota de ganancia media que está hoy naturalizada cuando el empresario al momento de calcular el costo de su producto le introduce un 30% como retribución a su rol “organizador” del proceso. Ni 20% ni 40%, porque la cuota de ganancia media es un valor que se constituye históricamente y de algún modo mide la correlación de fuerzas de clases porque funciona como un condensado histórico de la lucha de clases. Cuando la lucha obrera y popular hace bajar esa cuota de ganancia media por debajo de las expectativas burguesas, sobrevienen reacciones violentas que pueden llegar al Genocidio y el Terrorismo de Estado para restablecer los valores “normales” .

    En segundo lugar, es una actividad económica que produce una mercancía cuyo consumo o, dicho en términos mas teóricos, cuya “realización” como mercancía, es decir, cuya venta y consumo, al mismo tiempo que garantiza la obtención de una ganancia al capitalista individual, le produce a la clase capitalista una función de control social y dominación capitalista.

    No todas las mercancías tienen esta virtud. Las sillas, por ejemplo no producen ningún efecto complementario al de la ganancia para los empresarios que lo producen, distribuyen y venden. Ese control social camina por varios andariveles. El que más se menta es que el consumo actual de drogas produce adicción enfermiza que, de alguna manera, atrapa el deseo, de modo tal que la vida del consumidor adicto se reduce sólo a consumir. Eso no fue siempre así. De hecho, los pueblos americanos usaban el tabaco y el tabaco no mataba. Hasta que se transformó en una adicción del mundo occidental y cristiano. En el museo del oro en Bogotá, que es el museo antropológico más interesante que he visto en mi vida, porque cuenta la historia de América con objetos de oro creados artesanalmente por los pueblos originario de hace miles de años, uno de los objetos exhibidos es un pororo de oro. Es como una bombilla que se usaba para aspirar la coca y entrar en trance, de modo tal que los chamanes se comunicaban con el “submundo” donde habitaban los dioses y actuaban como nexo entre ambos universos. Y no se producían muertes por consumo. El primer acto histórico que se convierte en un gran hecho político, en donde aparece esta cuestión del consumo, la adicción, el instrumento de dominación, el instrumento de control social, es, sin dudas, la Guerra del Opio de Inglaterra contra China (tuvo dos episodios, el primero de 1839 a 1942 y el segundo de 1856 a 1860). Los ingleses que estaban, desesperadamente, tratando de dominar económica y políticamente a China, realizan dos actos criminales. Uno: inducir al consumo de opio al pueblo chino, que antes no consumía y dos: arrancarle a China un puerto franco para la exportación de opio. Este puerto fue recuperado hace algunos años por la República Popular China y es lo que hoy se como Hong Kong. Es muy claro que el que instrumenta a la droga como una cuestión política es el Imperialismo. De hecho, ahora el negocio de la producción, venta y transporte de diversas drogas es un negocio enorme. El economista Jorge Beinstein lo calcula en 2 billones de dólares anuales con datos del año 2000. Ese negocio, obviamente, se basa en que el principal consumidor de drogas en el mundo es el pueblo norteamericano. 1 de cada 8 norteamericanos es adicto. Y está claro que dos billones de dólares solo se pueden lavar por el circuito financiero central. Se lava por la Banca City, la Morgan, la Banca Suiza, etc. El núcleo duro del sistema bancario, que es el que crea los paraísos fiscales, es también central en el tráfico del dinero de las mafias/grupos empresariales narcos.

    En tercer lugar, el estado actual de este fenómeno, es uno de los resultados del ciclo de resistencia y demolición de la resistencia que hubo en América Latina.

    Entre 1959 y 1980, los pueblos americanos, impulsados por la victoria cubana, se lanzan con convicción y estrategias diversas a la lucha por la Segunda y Definitiva Independencia va a ser aplastado por una operación continental de contrainsurgencia en la que se inscribe la dictadura cívico militar que tuvo lugar en nuestro país. La operación de contrainsurgencia en nuestro continente es la continuación de la guerra de Vietnam. Y es en relación a la guerra de Vietnam que los yanquis realizan dos operaciones de inducción al consumo. Primero propician el consumo de opio entre sus tropas para tratar de generar alguna valentía, algún espíritu militar en una fuerza desmoralizada, que no quiere ir al combate. Cualquier película comercial norteamericana nos va a mostrar a los soldados que, cuando se detiene el combate, se dedican a fumar porro. Droga que provee el propio ejército. Está claro que la selva de Vietnam no van a tener un proveedor particular que no sea el mismo Ejército. Y después, cuando se desata la ola pacifista que tiene que ver con la música, con Woodstock, con la resistencia negra y la lucha por los derechos civiles, todo eso que es el ciclo de los 60 en Estados Unidos, los sectores de poder se lanzan con todo a promover el consumo de la marihuana, de modo tal que quebrara esa oleada de resistencia. Desviarla hacia el consumo individual de drogas que esterilice la lucha. En ese marco, en 1973 se crea la DEA. Lo que se propone es ser el departamento estatal imperial de control de ese gran negocio. Porque rápidamente van a descubrir que el contrabando de droga le permite un financiamiento ilegal de sus actividades ilegales. En 1983, el Irangate, un gran escándalo cuando se descubre que el ejército de Estados Unidos, que caracterizaba a Irán como una potencia terrorista, le vendía armas para juntar plata para financiar la guerra contra Nicaragua. Eso es lo que se descubre y se publica, pero en realidad, lo que nos parece más importante, es que se montó toda una red de producción de droga. Y en todo el mundo pasan a utilizar la venta de droga para financiar las actividades de los grupos de inteligencia, etc.

    En 1980, el gobierno militar argentino, que está en un momento de gran fortaleza, auspicia y respalda un golpe militar narco en Bolivia, con García Meza al frente. Un golpe terrible. Yo estaba en el Comité Central de la Federación Juvenil Comunista cuando volvió un compañero que se llamaba Alberto Méndez de Bolivia, totalmente asombrado porque los militares tiraban los bebés de los indios al aire y los ensartaban con la bayoneta. En pago, García Meza abre el primer camino de entrada de la droga a Argentina.

    Esta ruta va a ser de la frontera boliviana argentina a Rosario. ¿Por qué a Rosario? Porque ya habían privatizado los puertos. Entonces, el terrorismo de Estado y el narcotráfico actual tienen varias relaciones. En primer lugar produce cambios estructurales económicos que facilitan el despliegue del narcotráfico: privatiza los puertos, liquida todo tipo de control estatal sobre el comercio, las relaciones económicas, la producción. Por ejemplo, privatiza el banco de Santa Fe y, cuando se lo privatiza, en los noventa ya, quien lo compra es un grupo acusado de lavar dinero de los narcos. El fallecido ex gobernador santafecino Ingeniero Jorge Obeid es quien ejecuta la privatización. Él tuvo varios cambios en su vida, pasó de ser montonero, jefe local de la juventud peronista, luego menemista y murió siendo kirchnerista. Una vida que resume en si misma el recorrido de tantas y tantos compañeros que fueron culturalmente cooptados por el enemigo que decían combatir. Como tantos otros.

    En cuarto lugar el cambio de lugar del negocio de venta de drogas corresponde enmarcar en un cambio más amplio y profundo, un cambio estructural en el capitalismo argentino y mundial.

    Hay una serie de cambios estructurales. Hay un cambio estructural económico aún más importante que es una consecuencia del terrorismo de Estado: el cambio del lugar de lo ilegal en las actividades económicas. Siempre hubo una parte de la actividad económica que fue ilegal, mafiosa, contrabandista. La burguesía argentina nace contrabandeando con el imperio inglés, mucho antes de nuestra primera Independencia y mucho antes de la primera Invasión Inglesa de 1806. Por lo tanto, el costado ilegal de la burguesía argentina es genético, pero con la dictadura se pierde toda distancia entre lo ilegal y lo legal. Y de hecho, recuerden, sobre todo en los 90, el carácter mafioso, cleptómano, sencillamente dicho: ladrón, de esa burguesía que es capaz de comprar YPF por el precio de uno de sus barcos. Se quedaron con una de las empresas de petróleo más grande del mundo y pagaron menos de lo que valía uno de los tantos barcos que la empresa tenía en su flota. Una burguesía que saquea. Que se roba las empresas estatales. Como una forma de superar la crisis de superproducción que se genera en los 70 en el capitalismo mundial, que va a sufrir una oleada de Resistencia Anticapitalista que arranca con el Mayo Francés, y va a seguir casi hasta los golpes de Estado. El capitalismo mundial le asigna un gran lugar al negocio de la droga, de la venta de armas, del trabajo esclavo en diversas ramas de economía, en primer lugar de la prostitución. Digamos, en general, a los negocios que no están permitidos, pero que en su conjunto tienen una dimensión enorme. Y que están digitados por el núcleo duro del capital internacional. No es un negocio que maneja el que tiene el bunker en la villa. Es un negocio que manejan los grandes capitalistas argentinos, que a su vez están subsumidos por los grandes capitales del mundo. Pablo escobar, como tantos otros, son personajes que manejan zonas liberadas por la DEA, que en algún momento intentan cierto grado de autonomía y allí es cuando se los liquida.

    En quinto lugar el negocio de la droga terminó generando otro negocio que es el negocio de la lucha contra la droga.

    Como lo demostró el Jefe de la Policía Santafesina, Hugo Tognoli, que era el jefe de la droga. Entonces es muy importante, para poder comprender este tema, que es uno de los centrales de los próximos períodos, que en Argentina hay un bloque de poder que se fundó con la conquista de España, pero que ha sufrido mutaciones continuas que le permiten mantener el dominio general de la Argentina en sus más diversas formas de existencia: económica, cultural, política, y que hay cambios en el lugar que ocupa el negocio ilegal. Ese lugar se lo da el sujeto que administra el poder en argentina.

    En sexto lugar, otro cambio, que es más reciente, de esta década, es lo que Javier Auyero, un investigador argentino radicado en Estados Unidos, llama la aparición de la Zona Gris. La Zona Gris es un concepto de Primo Levi que trata de explicarse y explicar qué lugar ocupan los prisioneros de la Campos de Concentración que pasan a ser guardias. Tema sumamente complejo. Para nosotros en nuestra lucha concreta, ese fenómeno generó una crisis en Rosario porque no pudimos consensuar qué hacer con gente que había sido militante popular y paso a ser represora luego de ser torturados. El caso es conocido como el caso Chomicky. Con el concepto de Zona Gris, Primo Levi, sobreviviente del genocidio nazi contra judíos, gitanos y comunistas durante la Segunda Guerra Mundial, lo fundamental que trata de marcar es la ambigüedad, lo gris es lo ambiguo. Y Auyero también trata de resaltar lo ambiguo. La investigación de Auyero es una investigación sociológica rigurosa, compleja, en muchas ciudades de la Argentina gobernada por diversos partidos y encuentra en todas más o menos lo siguiente: hay una ampliación de la función del Estado en el territorio, pero éstas funciones no están ejercidas por el Estado de manera tradicional sino por un nuevo sujeto que es al mismo tiempo narco, puntero político, mafioso, delincuente y víctima.

    Todo al mismo tiempo. Nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo la articulación entre los barones bonaerenses, la policía y la mafia que maneja la droga en Argentina. La droga, la prostitución y los autos robados. Me parece a mí que el sujeto más notorio de esa figura es Duhalde, que ha adquirido un enorme poder con la droga en los 80 y cuando llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires acuerda con Menem el fondo de reparación histórica que le permite manejar una cifra fenomenal y que entonces se aleja un poco, se dedica a la política y no al negocio de la droga.

    En séptimo lugar, conviene pensar de una manera integral el fenómeno que estamos estudiando.

    Hasta ahora estuvimos hablando de la dimensión económica, pero hay una dimensión mucho más dolorosa, una dimensión digamos humana, sobre cómo afecta al sujeto Pueblo, y sobre todo a la juventud. Para poder entender lo que está pasando hay que pensar en volver a la idea fuerte de que un genocidio no es una matanza grande, sino la eliminación de un grupo nacional para modificar la identidad de la sociedad, produciendo cambios radicales en el conjunto de la sociedad. Y nosotros somos una sociedad post genocidio. La Argentina es una sociedad post genocidio, sin ninguna duda, sus signos son transparentes. Se verifica en cómo se modificaron los valores culturales que se gestaron entre 1890 y 1975: valores de solidaridad, fraternidad, respeto, prestigio de los proyectos colectivos, lo que se denomina ahora asociacionismo. Todo eso fue muy golpeado por el terrorismo de Estado. Nosotros ahora estamos conviviendo con la tercera generación de personas que no conocen el trabajo estable en blanco. En un primer momento del gobierno kirchnerista, los subsidios, los bonos, la jubilación, todo eso estaba muy bien ¿pero hoy cuales son las aspiraciones que tiene un joven en una barriada popular? ¿A cuánto puede aspirar alguien vinculado al circuito que generó el gobierno kirchnerista?

    A un puesto en una cooperativa de trabajo. Eso sería lo mejor. Pero ese trabajo esta estigmatizado, hacer zanjas, pintar bancos en plaza, etc. El gobierno nacional que ofrece eso tiene dos problemas. El primer problema lo genero el gobierno, porque si alguien fomentó el consumo en la argentina fue el anterior gobierno nacional. Se asoció el consumo a la idea de mejoría. Si el deseo se resuelve consumiendo, ¿qué mejor que consumir drogas?

    Es un problema de fondo, al consumismo se lo ha puesto en un lugar virtuoso. Entonces, a ese joven que vive en la barriada, que vos le ofreces pocos pesos para ir a la escuela, resulta que al mismo tiempo lo bombardean con que tiene que tener determinadas zapatillas.

    Si un pibe chorro lo primero que hace con lo que roba es comprar un par de zapatillas, es más pibe que chorro. Está cumpliendo con el mandato que la sociedad le impone. A ese joven le aparecen ofertas de trabajar para algún narco, que es ganar mucha plata, pero además es ejercer violencia, desarrollar lo que se consideran virtudes del macho. Y eso en contraposición con las labores denigradas genera prestigio social en el territorio.

    En octavo lugar si algo es evidente, es que en términos macroeconómicos, el capitalismo argentino, la economía argentina, pudo durante unos quince años garantizar la ganancia para los grupos trasnacionales monopólicos, cuya ganancia creció en estos diez años en proporción al resto de la sociedad. O sea, dicho en términos más sencillos los ricos son más ricos que antes. El Modelo podía garantizar la cuota de ganancia media a la que aspira cualquier burgués. Y, además, si había un gobierno que lo quisiera hacer, podía utilizar una parte de la enorme masa de ganancia de la burguesía como clase, para distribuirla por medio de jubilaciones, subsidios, pensiones, aumentar el presupuesto educativo, etc.

    Ese periodo de la economía argentina terminó.

    Por lo tanto, ahora quien quiera mantener esta proporción de ganancia, deberá ajustar. Ya no es un problema de profundizar, en mi opinión, es que si no modificas las partes, lo que está ocurriendo es que, como los burgueses no van a querer sacrificar su ganancia, el otro sector, por la vía de la inflación, empieza a recibir cada vez menos. Con lo cual, el atractivo del Modelo decrece y crece el peligro del agotamiento del ciclo reformista para dar lugar a otro, reaccionario y concentrador de la riqueza y el Poder.

    Yo terminaría con que tenemos tres desafíos muy grandes, centrales en la política argentina. Centrales porque la derecha y el Imperio tratan de asociar todo esto que yo dije a un concepto que es el de la inseguridad, el de revertir la política de Derechos Humanos en su conjunto, reconstruir un estado autoritario policial represivo, liquidar la idea de los derechos y volver a tener la idea de servicios. Y nosotros en este nudo, podemos cuestionar la violencia institucional, cuestionar el poder gobernante y construir una gran causa. Quien convenza al pueblo argentino de que puede resolver el problema de la droga, tendrá un gran apoyo popular. Y nosotros tenemos una propuesta.

    Es más, tenemos la mejor propuesta: hacer la Revolución. Algunos dirán !qué iluso!

    Yo creo que los ilusos son los que creen que se puede resolver el problema de la droga sin hacer cambios radicales (raigales, de raíz). Es el centro del problema del capitalismo. Es como creer que puede haber capitalismo sin tortura.

    No hay capitalismo sin tortura. Y yo creo que tenemos que romper con esta idea de que la política es proponer cosas para mañana y la Revolución “es un sueño eterno”, algo menos que la utopía.

    Hay que convencer que hay que hacer una Revolución en argentina para terminar con los narcos, para terminar con la matanza de los chicos.

    Hay que ser muy claros que con pequeñas reformas esto no se resuelve. No se cura el cáncer con aspirinetas, si me permiten la metáfora sanitaria.

    Cuando yo viajo a Paraguay, exactamente en noviembre del año 2012, a hacer una misión internacional de derechos manos, uno los informes que recibo es que a la Argentina ingresan 540 vuelos de contrabandistas por mes desde Paraguay. Era un coladero.

    ¿Eso no lo saben los que gobiernan, no lo saben las fuerzas represivas? Están todos en el negocio. Gendarmería no está más en la frontera. Prefectura no está más en el río Paraguay, están todos acá en los barrios pobres, cuidando el negocio de los narcos.

    La cuestión entre narcotráfico y política no es, como pretenden ellos, que se genera el fenómeno del narcoterrorismo, sino que es al revés, que el narcotráfico es fundacional del capitalismo contemporáneo. Que la lucha contra el narcotráfico es una lucha anticapitalista. Esto es una batalla cultural de proporción. El segundo desafío del período que está comenzando es disputar la juventud de las barriadas. Ese es hoy el centro de la disputa por el sujeto.

    Y el tercer desafío es poder construir propuestas más rigurosas y convincentes de cómo afrontar este problema. Terminar con que la frontera sea un colador. Y el contrabando está vinculado a las empresas privadas de transporte, por ellas circula. Se financia con los bancos privados.

    Es muy difícil que esto se resuelva si no se mete mano a la estructura de Poder Real , a los grupos económicos super concentrados, a la banca internacional y nacional, al Poder Mediático y los intelectuales orgánicos del Imperio, a las Policías Bravas y los Punteros, a eso que se llama Zona Gris, ese conglomerado difuso de mafiosos, intendentes, policías, o sea más o menos lo que se ve a flor de piel en la Rosario que alguna vez fue la del Che, la de Fontanarrosa y aquella gran fiesta popular que se conocía como el Rosariazo.

  • El cumple del Ángel de la Muerte, el espionaje del Servicio Penitenciario Federal en Ezeiza y nuestro esfuerzo por registrar la tortura en las cárceles

    El ocho de noviembre pasado, Alfredo Astiz, acaso el genocida más paradigmático de la Esma y de la Dictadura Cívico Militar Colonial, cumplió setenta y un años.

    La Fiesta de cumpleaños fue preciosa.

    En el salón principal del sector asignado a los presos “de lesa” (como dicen en la cárcel) se reunió un enorme grupo de internos, familiares y amigos llegados para la ocasión.  Abundaron los celulares, las fotitos y las clásicas selfies.

    Para visitar a los  presos políticos, que están en la misma unidad 31 (antiguamente exclusiva de mujeres), hay que recorrer varios mostradores y pasillos.   Finalmente, hay un caminito que te lleva al salón principal.   El caminito tiene columnas y las columnas todavía, ya van casi cuatro meses, están forradas con papel metálico con dibujitos.   Una preciosura.   Dicen que el asesino en persona puso los papelitos aunque no se sabe quién puso los globos de papel de colores en el salón principal de la unidad 31 (un poco más chicos que esos que hay en los restaurantes chinos de Buenos Aires).

    Lastima que no los pudimos fotografiar porque a nosotros no nos dejaron entrar los celulares, contrariando abiertamente la ley 26827 que afirma que “todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación de personas privadas de libertad tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención…” y en el artículo 41 de la citada ley ordena “La reglamentación vigente preverá la posibilidad de registrar la visita por medios audiovisuales, la discrecionalidad para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar, así como la realización de entrevistas privadas”

    El 18 de agosto de 2021, la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura emitió la Resolución CNPT 33/2021 por la cual dictó “aprobar la inscripción al Registro de Organizaciones que realicen visitas de Monitoreo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos para luego, tras pasar por talleres de formación dictados por la Comisión inscribir a un conjunto de compañeros como autorizados para el Monitoreo.  Entre tantos otros Ángel Panduro y yo, José Schulman.

    Formando una pareja de trabajo, monitoreamos el traslado de Facundo Molares (llegó a Ezeiza desde Esquel en muy malas condiciones en enero de 2022) y registramos las denuncias de Ricardo Jaime el ocho de junio de 2022.  En ambos monitoreos el registro fue echo con nuestros celulares y entregado el material a la Comisión para la Prevención de la Tortura cumpliendo sus protocolos.

    Sin embargo, en el día de la fecha (tres de marzo), al presentarnos en la unidad 31 del Penal de Ezeiza a las 9.50hs de la mañana fuimos retenidos por el personal de Guardia que luego de una larga espera nos hizo pasar al salón de recepción de las visitas, paquetes y delegaciones.   Para nuestra sorpresa, la oficial a cargo del Penal, anunció que no podíamos ingresar con los celulares dando inicio a una larga discusión donde una y otra vez le leímos el artículo 41 de la Ley ya que la funcionaria, auto titulada jefa judicial del Penal, declaró sin vergüenza que desconocía totalmente la existencia de la Ley y de la Comisión. 

    A eso de las 12 hs nos propusieron firmar una declaración jurada con los datos de nuestros celulares  y el compromiso de uso responsable.  Lo hicimos con gusto, creíamos que había triunfado el respeto a la ley, pero nos equivocamos.  A los dos minutos volvió la auto titulada jefa Judicial y anunció que no podíamos ingresar con los celulares y que la declaración sería anulada. 

    Dado que algunos presos nos esperaban desde las nueve de la mañana, decidimos ingresar sin los celulares lo que impidió registrar los rastros de la “fiestita” de Astiz y el testimonio directo de las personas privadas de su libertad, cuyos nombres preservamos para su seguridad.

    Algunas notas al pie.

    Les dejamos el celular al Servicio Penitenciario Federal, el mismo que, en el mismo, lugar, nos había clonado los chips de los celulares para espiar tal como quedó demostrado en la denuncia de la Liga en la causa por espionaje en la cárcel de
    Ezeiza.  ¿La causa?, en el cajón de Comodoro Py.

    ¿Qué sentido tiene monitorear si nos detienen dos horas en la puerta del Penal e impiden registrar los rastros o testimonios de la tortura?  ¿Es que con nuestro testimonio se tomarán medidas contra el Servicio Penitenciario Federal?

    El Estado Argentino firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 1985 pero recién en el año 2013 fue creada la Comisión para la Prevención de la Tortura que solo comenzó a funcionar en el 2013, hace solo diez años.  Hace doscientos diez años, la Asamblea del año 13 aprobó eliminar los instrumentos de tortura.  Pero se sabe, en Argentina, hecha la ley, hecha la trampa. 

    Es el estado el que hace la Ley, es el Estado el que hace la trampa

  • El debate sobre la cuestión de los presos políticos en nuestro país requiere prestar atención a varias secuencias, algunas constantes y algunas de nuevo tipo

    “Del otro lado de la reja está

    la realidad,

    De este lado de la reja también está

    la realidad;

    la única irreal es la reja;”

    Paco Urondo, poeta santafesino,

    asesinado por la dictadura

    en 1976 en Mendoza

    Uno. 

    Todo proceso de dominación colonial y neocolonial incluye políticas de arrasamiento cultural (aculturación) para lograr sometimientos y complicidades, y la represión feroz a los que mantienen la resistencia y organizan la rebeldía.  

    Los conquistadores europeos fueron feroces con las resistencias originarias y luego, sus oponentes y descendientes que resultaron ser sus herederos y continuadores, organizaron un sistema estatal basado en un poder armado (fuerza material de la dominación) un poder judicial y un poder carcelario. La Republica siempre tuvo presos políticos. Desde siempre y hasta hoy.   

    La lógica del proceso histórico colonial y neocolonial ha sido el siguiente: a mayor opresión colonialista, formas diversas de resistencia que a su vez han sido combatidas con rigor con diversas estrategias en el centro de las cuales siempre  ha estado la prisión política para una parte de los subversivos, para otros el destierro y  para otros, el asesinato.  Para casi todos, la tortura física y psíquica, casi sin excepción.  El sistema penitenciario es en sí un sistema de torturas.

     

    Dos.

    En Argentina, el poder estatal de la República se establece a fines del siglo XIX; se disuelven las milicias provinciales y se unifica el mando de las fuerzas armadas, los gobiernos provinciales dirigen las policías provinciales.   Hasta ahí, las leyes castigaban a quienes se negaban a trabajar en el campo (eran reclutados para la frontera u obligados a trabajar en las estancias) con leyes similares a las de lucha contra la vagancia de Inglaterra y Europa.   

    Para comienzos del siglo XX se comienza a construir, simultáneamente, un aparato jurídico de persecución a los luchadores contra la dominación capitalista y un aparato policial más sofisticado y especializado en la lucha contra el comunismo, el anarquismo y toda forma de oposición radical. 

    En 1902, se sanciona la Ley de Residencia, Nº 4144, que permitía expulsar inmigrantes por vía administrativa; contra esa ley se realiza la primera huelga general obrera (convocada por la FORA) en la Argentina estableciendo una dinámica relacional entre crecientes violaciones a los derechos obreros y populares y la resistencia social y la organización de la lucha por los derechos humanos que crecería en cada golpe de estado militar: 1930/1943/1955/1966 y 1976 (en la que se llega al paroxismo de la persecución política buscando literalmente “el aniquilamiento” del distinto y opositor). 

    En 1910 se establece el Estado de Sitio, en 1930 se crea la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo (que durará hasta avanzado el siglo XXI con diversos nombre pero la misma función) e inventan la “picana eléctrica”, un elemento de labor agrícola transformado en el fetiche de los torturadores, hasta hoy. En 1967 se sanciona la ley Nº 17401 de lucha contra el comunismo a la que le sucederán diversas leyes antisubversivas hasta la fatídica ley Nº 20840 de 1974 (gobierno y mayoría parlamentaria peronista) de amplia aplicación en la represión genocida desde 1975 a 1983.

     

    Tres

    En ese largo periodo, digamos de 1902 a 1983, la percepción de quienes eran los presos políticos era relativamente sencilla y contundente: los luchadores contra el capitalismo, sea la identidad política que tuvieran: anarquistas, socialistas, comunistas y también las razones de su encierro e imputaciones jurídicas eran transparentes. 

    La persecución siguió   incluso en el periodo del primer peronismo (1945/1955)[i] e incluso del segundo (1973/76) aunque es importante destacar que desde 1955 en adelante también serán “comunistas” para el Estado Policial los peronistas combativos y revolucionarios, pasando ellos, desde entonces, en aportar el mayor número de víctimas a cualquier campaña de persecución política. Perón sería proscripto por 18 años y miles de peronistas poblaron las cárceles. 

    En 1975 se dicta una Orden Operativa del Ejército donde en el apartado II se enumeran las organizaciones a “aniquilar[ii]”.  Es un orgullo para nosotros que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre figuraba como un oponente a destruir en el mismo capítulo que las organizaciones político militar como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo.  Ya figuraba como objetivo de los militares desde los primeros libros de teoría antisubversiva argentina, de Osiris Villegas y otros, en la década de 1960. 

    Además, como se sabe, la dictadura argentina eligió el camino de la clandestinidad (desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, etc.) y no privilegió la persecución judicial, emitiendo para los presos políticos un decreto de disposición al Poder Ejecutivo sin tiempo de finalización. 

    Si bien, también hubo centenares de causas judiciales, casi siempre era como un elemento secundario, porque la detención administrativa sin plazo de finalización les parecía un arma eficaz.  De hecho, la mayoría de los once mil presos políticos de la dictadura mereció un decreto dictatorial de “disposición del PEN” y luego de liberación. 

    La cuestión de los presos políticos “aparecidos” o reconocidos, de la dictadura (a diferencia y en contraposición a los presos políticos desaparecidos) era casi transparente y englobaba desde activistas sociales de la Iglesia hasta combatientes guerrilleros secuestrados en combate.

     

    Cuatro.  Desde 1983 hasta la finalización del gobierno de Cristina Kirchner (2015) la lógica represiva cambió (aunque no del todo).  

    Siguió la práctica de encerrar compañeros, aunque la mayoría de ellos imputados de delitos vinculados a la protesta social, a los cortes de ruta, a las tomas de fábrica o terrenos, etc. La excepción fueron los compañeros del Movimiento Todos por la Patria que en 1988 asaltaron un cuartel creyendo que con esa acción impedían un golpe de estado.  Fueron víctimas primero de una operación de inteligencia, luego de una represión criminal que incluyó la desaparición forzada de varios de ellos y luego de sentencias judiciales equiparables sin duda a la de los presos de la dictadura. 

    Pero el grueso de los presos políticos era perseguido por su participación en la lucha social.  Para fines del menemismo (2002) eran miles los compañeros con causa judicial que pendía sobre sus cabezas como Espada de Damocles.

    Cinco.  Durante el macrismo tuvimos que enfrentar una nueva realidad en el tema presos políticos.  Siguió habiendo perseguidos y presos por la lucha social (aunque la mayoría de ellos mismos eran militantes políticos); se sumaron los presos políticos del pueblo mapuche que reivindican su identidad particular y se sumaron otros presos políticos: los presos del Lawfare.  Ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo que fueron acusados de delitos de corrupción en un intento (bastante exitoso) de instalar en el debate social que todo gasto del estado genera corrupción y que esa corrupción es la causa de la crisis recurrente de la economía argentina.  Contra ellos se aplicaron todas las reglas del Lawfare: construcción mediática de la culpa, fraudes judiciales que desconocen y violan todas las garantías procesales e ignoran todos los convenios y pactos firmados por el estado argentino desde la creación de las Naciones Unidas y la OEA.  La cuestión generó debates y divisiones en el campo popular que aún persisten.  Para algunos solo eran y son presos políticos los “presos por luchar”, digamos los perseguidos por participar en la lucha social y los presos políticos mapuches.  Para otros, el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, solo algunos de los “presos del Lawfare”, aquellos cuya imagen fuera más fácil de defender, más allá de la inexistente prueba judicial. De los presos mapuche y los “presos por luchar”, ni hablan.

     

    Cinco.  Nosotros tratamos de aplicar el método historicista de análisis al problema.  América Latina y en particular, Argentina, lograron revertir la imagen construida por las dictaduras sobre los presos políticos: Pepe Múgica, presidente de Uruguay en el periodo 2010/2015; otro de los presidentes del ciclo progresista, Hugo Chávez, había estado preso por encabezar una rebelión cívico militar de carácter revolucionaria en 1992; una enorme lista de ex presos políticos, familiares e hijos de desaparecidos accedieron a cargos de gobierno con Néstor y Cristina Kirchner y ellos mismos se declararon compañeros de los desaparecidos, Evo había sido víctima de centenares de montaje e intentos de asesinato y el más grande y respetado de todos los líderes de principios del siglo XXI. Fidel Castro es el ejemplo más espectacular del guerrillero capturado en combate, encerrado en prisión, liberado por la presión popular y transformado en el mayor líder popular de la historia de Cuba, el caribe y la américa morena. 

    La CIA y los think  tanks  del Imperio comprendieron que la estrategia de acusar de subversivos a toda disidencia no funcionaba como era esperado, al menos a largo plazo.  Había que cambiar.  Había que construir un nuevo discurso justificador del colonialismo.  Era el Lawfare, la acusación de Corrupción, la formación de los operadores judiciales en nuevos paradigmas y nuevas prácticas: de esa angustia nació el Lawfare si la pensamos como una más de las estrategias coloniales de dominación que se apoya en el viejo sistema judicial heredado de la Colonia y transformada en un elemento de dominación burgués durante todo el siglo XX, pero ahora lo peor lo hacía distinto.  Necesitaban otra clase de presos políticos y los construyeron: los presos por aportar a procesos políticos liberadores y acusados de robar, de fraguar, de blanquear dinero, de “robarse Todo”. La persecución política más brutal y obstinada, la de Cristina Kirchner, la presa política más tiempo privada de su libertad, Milagro Sala, pero no solas, una veintena de compañeros los acompaña

     

    Seis.  El gobierno del Frente de Todos hizo pocas promesas pero una de ellas era “terminar con las cloacas de la democracia”, modo del cual se referían al Poder Judicial y las agencias de espionaje (cuyo mando no había tenido interrupción desde la dictadura como lo mostró Stiusso y el caso Nisman).  En el caso de la Agencia Federal de Inteligencia, el gobierno intentó cumplir sus promesas, intervino la Afi y cortó el circuito Afi / Jueces Federales que alimentaba el Lawfare de manera “legal”.  Pero en el caso del Poder Judicial primero apostó al auto corrección del Poder Judicial, luego a tímidas medidas aisladas y luego a la resignación.  El resultado más impactante es la condena a Cristina (que todavía no fue ratificada por la Corte aunque se sabe que cuando llegue el turno, lo hará) y la prisión domiciliaria de Milagro Sala presa desde enero de 2016.  Ha habido muchas dificultades conceptuales pero la principal es la ilusión liberal en la “justicia” y en el carácter “sagrado” de las sentencias judiciales. 

    El presidente dijo que no había presos políticos porque no había “presos a disposición del PEN” y amplios sectores del progresismo pensaron lo mismo.  Ahora, al filo del final del gobierno de los Fernández se habilitó la discusión sobre el juicio político a la Corte Suprema, que avalamos pero que sin movilización popular verdadera, está condenada al fracaso.  En la Argentina hay hoy unos veinte presos políticos (de las tres “categorías”: del lawfare, de la lucha social y mapuche), y todo indica que su número crecerá en los próximos años.   La fundamentación de una sólida doctrina sobre la cuestión es indispensable.

    Hasta tanto haya acuerdo sobre ella, hasta una resolución de la Unión Europea puede ser útil y contundente:

    La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Resolución 1900 del 3 de octubre del año 2012, estableció una definición para el término “preso político” que, a su vez, fue elaborada en 2001 por un comité de expertos independientes del propio Consejo de Europa. En concreto, se acordó que para que una persona privada de su libertad personal deba de ser considerada como un “prisionero político” han de darse los siguientes requisitos: · Si la detención se ha impuesto en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convención Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos (CEDH), en particular contra la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación. · Si la detención se ha impuesto por razones puramente políticas sin conexión a ningún delito. · Que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas a la ofensa por la cual se ha encontrado culpable o se sospecha que es responsable. · Que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas. · Que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las Autoridades. Por otro lado, se indica que existirán presos políticos en aquellos países que no respeten esta Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

    Y  mucho más el proyecto elaborado colectivamente por un enorme grupo de militantes y jurista de Argentina, Brasil, Ecuador y otros que presentara el compañero Gastón Harispe y otros 16 parlamentarios al Parlasur con fecha de marzo de 2021 de revisión de sentencia y proceso judicial por violación al control de convencionalidad,  y que dice

    ARTÍCULO X: Procedencia. La revisión de una sentencia que no ha adquirido firmeza procede en todo tiempo y únicamente a favor de los imputados, por los motivos siguientes:

    1. a)En los casos en los cuales se investiga la posible comisión de un delito, cualquier decisión que, obteniendo doble conformidad del órgano usual de revisión, implique una limitación del ámbito de actuación de alguna garantía constitucional en perjuicio del imputado, y exponga una manifiesta contradicción con decisiones y doctrinas anteriores de los mismos órganos jurisdiccionales, podrá dar lugar a un recurso de revisión interpuesto por aquella persona agraviada. En ese caso regirá el tramite previsto en el artículo XXX”.
    2. b)En la citada decisión o resolución no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos respecto del artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
    3. c)Publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.
    4. d)Incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso.
    5. e)Abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva.
    6. f)Deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido.
    7. g)Deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones de intromisión en la asignación de competencias, de designaciones y/o direccionamiento en los sorteos de jueces.
    8. h)Intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
    9. i)Intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal.
    10. j)Inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política.

     

    En los juicios contra los responsables y ejecutores del genocidio argentino, una cosa quedó absolutamente clara: quién coloca a la víctima en el centro de la atención del sistema terrorista de Estado que lo atrapará, torturará y encerrará o desaparecerá es el Poder no el compañero.  Aprendizaje imprescindible para no perder de vista que quien coloca en prisión a las y los presos políticos es el Poder Real, el Imperio y sus cipayos locales, ese entramado de jueces, espías y políticos que como en ninguna otra foto se muestran desnudos en el increíble impune chat entre los complotados de Lago Escondido. 

    De un lado, ellos; del otro, todos nosotros.                      

    [i] https://cronicasdelnuevosiglo.com/2022/10/04/mitos-sobre-el-peronismo-y-el-estado-argentino/

    https://cronicasdelnuevosiglo.com/2022/10/20/antecedentes-historicos-y-consecuencia-de-los-crimenes-de-la-triple-a/

    https://cronicasdelnuevosiglo.com/2022/10/06/peron-entre-dos-golpes-de-estado-el-del-gou-de-1943-y-el-gorila-de-1955/

     

    [ii] ) Organizaciones Políticas y Colaterales (1) De Prioridad I (Oponente activo) (a) Partido Comunista Revolucionario. (b) Partido Socialista de los Trabajadores. (c) Partido Política Obrera. (d) Partido Obrero Trotskista. (e) Partido Comunista Marxista Leninista. (f) Vanguardia Comunista. (g) Frente Antiimperialista y por el Socialismo. (h) Liga Argentina por los Derechos del Hombre. (i) Unión de Mujeres Argentinas. (j) Tendencia Revolucionaria Peronista. (k) Juventudes Políticas Argentinas.

  • Algunos croatas fascistas y asesinos en la Argentina del siglo XX

    El último partido oficial entre Argentina y Croacia fue en el mundial de Moscú (2018). 

    Ganó Croacia tres a cero pero esa no fue la noticia; “la noticia” fue que los jugadores croatas cantaron en el vestuario himnos y cantos fascistas, de vindicación    “Es que un video publicado por el jugador croata Dejan Lovren muestra las celebraciones del equipo después del 3 a 0 contra el equipo albiceleste. En la grabación se ve a varios jugadores cantando «Bojna Cavoglave», un tema de la banda Thompson, célebre por hacer apología del régimen fascista croata de la Ustacha durante la Segunda Guerra Mundial.

    La canción contiene la frase «Za dom spremni» («Por la patria, listos!»), eslogan de campaña y saludo habitual de la Ustacha, nacida en 1929 como una sociedad secreta y convertida después en un movimiento fascista.   

    El canto de los vestuarios no es un caso aislado en el equipo croata. Después de que la selección balcánica sellara su clasificación para el Mundial de 2014, el central Josip Simunic gritó la misma frase en un micrófono, secundado por hinchas enardecidos en el estadio. La Fifa suspendió a Simunic por diez partidos, incluido el Mundial. Y en 2015 la Uefa castigó a la federación croata con una multa de 50 mil euros y un partido sin público durante las eliminatorias para la Europa por insultos racistas de sus aficionados. En ese encuentro a puerta cerrada tuvo lugar el siguiente escándalo, por una esvástica dibujada en el césped.”

    La Ustacha organizó destacamentos armados y peleó contra la Unión Soviética y el ejército guerrillero del Mariscal Tito (luego fundador de Yugoeslavia); al finalizar la segunda guerra mundial recibió ayuda de la Cia y el Vaticano para escapar a los juicios y,  muchos, refugiarse en Argentina. 

    Por su experiencia en torturas y su ideología anticomunista fueron bien recibidos en los cuerpos especiales  y uno de ellos,

    El más importante, y el más “oculto” por la historia oficial del terrorismo de Estado fue Ante Pavelić dictador del “estado independiente de Croacia, líder y miembro fundador del grupo Movimiento Revolucionario de Levantamiento Croata, Ustacha en la década de 1930 y más adelante «Caudillo» del Estado Independiente de Croacia. Llegó en noviembre de 1948 de la mano de su “amigo” Monseñor D Andrea quien le facilitó documentos falsos y le ayudó a instalar un gobierno en el exilio (contra el nuevo gobierno yugoeslavo de Tito) Por eso, el “gobierno croata” instalado en el exilio argentino tenía una composición muy parecida al que había manejado a sangre y fuego esa región de los Balcanes durante la guerra. A Pavelić lo secundaba otro criminal de guerra, Vjekoslav Vrancic, y en los lugares clave se encontraban el ex jefe de la Fuerza Aérea, Vladimir Kratch; el de la policía secreta, Gorg Vrantich; el ex comandante del ejército, general Josip Tomlianovich; y el ex jefe de la policía del Estado, Radomil Vergovitch.   En la lista de los llegados a la capital argentina también resaltaban Dinko Sakic y Anton Elez, jefes del campo de concentración y exterminio de Janosevac, que cumplieron un papel central en la fuga de Pavelić.

    Estos criminales de guerra se incorporaron formal o informalmente a la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo que desde 1930 constituyó como un espacio continuo de acumulación de información, seguimientos, secuestros, torturas y asesinatos de comunistas  y revolucionarios peronistas.  Su impacto en  una fuerzas armadas que hasta hacía pocos años esperaban ansiosas el triunfo de Hitler en la Guerra no es difícil de imaginar.

    De hecho, dos veces el gobierno argentino negó el pedido de extradición del gobierno yugoeslavo para juzgarlo por sus crímenes de guerra, la primera bajo gobierno peronista y la segunda bajo el gobierno gorila surgido del 55; huyo en 1957 luego de un intento de ejecución por prate de grupos revolucionarios yugoeslavos.

    El otro descendiente de croatas entre nosotros fue nada menos que Ivan Ivanisevich, medico personal de Perón en los 40 y Ministro de Educación Fue embajador en Estados Unidos entre 1946 y 1948. Posteriormente fue ministro de Educación en dos oportunidades: entre 1948 y 1950, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y entre agosto de 1974 y agosto de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.  Su segunda gestión fue bautizada con el nombre de Misión Ivanissevich  y juzgada en el  proceso de lucha contra la impunidad del genocidio y los genocidas.

    Termino esta breve ayuda memoria recodando que en la Universidad del Sur, Bahía Blanca, como parte de la Misión Ivanissevich, el rector era Remus Tetu , también fascista pero de origen rumano; quien asumió con pasión el rol de perseguir y asesinar estudiantes.  Su propia guardia armada, en los pasillos de la Universidad asesinaron a un estudiante a cara descubierta, se llamaba Watu Cilleruelo y era el tres de abril de 1975 y estoy seguro que desde done esté, con el Negrito García y los treintamil estarán hoy alentando al equipo del Diego y el Messi

    la imagen es del Campo de Exterminio creado por Ustacha en Croacia, esta es la sección de niños

  • El 18 Brumario de la Corte Suprema contra Cristina o como la estrategia de hervir la rana con agua fría está teniendo éxito para las derechas colonizadas

    Para el Tano Catalano,

    El más daltónico de nosotros

    “La tradición de todas las generaciones muertas

     oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.

    Carlos Marx. “El 18 Brumario de Luis Bonaparte

    El martes seis de diciembre es altamente probable que se dicte condena contra Cristina Fernández y buena parte del resto de los imputados en la causa Vialidad.

    Según la compañera Cristina la decisión está tomada desde hace mucho tiempo y nada importó, ni importa, que haya o no pruebas, testigos, documentos.

    En el nuevo sistema judicial argentino se ha abandonado la investigación para suplantarla, como en el inicio de esta historia con la llegada de la Inquisición del Reino de España y su método de “confesiones bajo torturas”.

    Desde hace tiempo, pero al menos desde 2016 una inmensa cantidad de organizaciones de lucha por los derechos humanos y la democracia, líderes políticos y sociales, juristas y académicos del Derecho, han alertado y denunciado sobre el carácter sistemático del Lawfare y su carácter instrumental al servicio de la estrategia de reorganización profundad del dominio neocolonial de los EE.UU. sobre nuestro continente.

    Entre nosotros, Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño, Maximiliano Rusconi, Valeria Weiss, Rafael Bielsa, Pedro Peretti, Eduardo Barcesat, han hecho aportes teóricos y políticos sobre la extinción del viejo “orden” judicial y la emergencia de uno nuevo del seno mismo del viejo sistema judicial, con las mismas viejas caras y personajes, algunos de los cuales fueron centrales en el proceso de juicio y castigo a los genocidas del pasado, y celosos custodios de la impunidad de los del presente.

    En la sentencia absolutoria en la causa conocida como Memorandum Irán, dijo el Tribunal Oral Federal Número Ocho:  Una serie de circunstancias, todas ellas referidas a diversas acciones desplegadas por el gobierno del Presidente Macri sobre distintos sectores del Poder Judicial,  había dado lugar a una queja formal de un grupo de abogados defensores ante organismos internacionales. Estas quejas, lejos de ser desestimadas, fueron acogidas, y dieron lugar a un fuerte documento emitido por el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, en el detallado informe que hizo llegar al gobierno nacional el 1ero de noviembre de 2019, que este Tribunal no puede ignorar.

    En dicho informe, se expresó la preocupación respecto de cierta información recibida calificada como “suficientemente fiable”, respecto de la presunta existencia de un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina por medio de una serie de actos concatenados de intimidación y presión”. Esos actos habrían socavado la independencia de los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino (Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura) y obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectaban a los intereses del Poder Ejecutivo, así como “disciplinando” a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo[i].

    En 2019 las sucesivas y convergentes denuncias internacionales de organismos de derechos humanos  y de abogados y jueces democráticos hacían hincapié en

    1. la utilización del Consejo de la Magistratura, especialmente la Comisión de Disciplina y Acusación, para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra los intereses del Poder Ejecutivo 
    2. La designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto
    3. El ataque a la Procuradora General de la Nación:
    4. La designación del juez Culotta en la Competencia Electoral de la provincia de Buenos Aires:
    5. La designación del juez Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal:
    6. La designación del juez Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal: 
    7. El ataque a los jueces y abogados del fuero laboral
    8.  La manipulación de fiscales en la causa “Correo Argentino SA s/concurso preventivo”:
    9. las intimidaciones públicas que habrían sufrido varios magistrados que emitieron decisiones que cuestionaban y/o suspendían la ejecución de medidas adoptadas por el gobierno.
    10.  El ataque al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla:

    En los siguientes tres años (del 2019 al 2022) la cantidad de incidentes que prueban la existencia de un “plan sistemático” superan la decena pero acaso la obscena impunidad que rodea a los autores intelectuales del atentado contra la vicepresidenta supera todo límite.  Y sin embargo, la respuesta sigue siendo tibia, como el agua en que la derecha puso a hervir la democracia argentina hace mucho tiempo, pero pongamos desde el armado de la causa Nisman en adelante, ya casi ocho años.

    Si el agua perfora la piedra, el agua tibia termina haciendo hervir la rana puesta en una olla que al principio  no notara nada y luego pensará que todavía no es tiempo de rebelarse; cuando lo intente ya estará sin fuerzas, a mercede de quien la puso allí.

    Volvamos al listado considerado “creíble” por la ONU; cada episodio generó críticas, repudios, pequeños o medianos actos de protesta pero ninguno decidió a las grandes fuerzas políticas y sociales a rebelarse contra el plan  sistemático e integral de copamiento del Poder Judicial. 

    El relato idealizado de la Justicia y la Democracia que “recuperamos” en 1983 ha construido un sentido común institucionalista absolutamente funcional a la estrategia de copamiento de las instituciones que tuvo y tiene la derecha colonizada.

    La incomprensión del fenómeno político en desarrollo, un golpe de estado no tradicional porque de “blando” o “limpio” no tiene nada ha impedido hasta ahora la debida respuesta del campo popular.  Es imprescindible una rebelión popular democrática que sacuda la parsimonia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que contemplan como espectadores privilegiados el avance de una dictadura judicial amparada por el Poder Mediático, la Embajada de los EEUU y sobre todo, los grupos económicos que se apoderaron de nuestras riquezas en 1976 y que han ganado fortunas durante la Pandemia y las corridas del dólar.

    Una rebelión popular que tiene tradición en la historia nacional, como la que derrotó a los ingleses en 1807, a los colonialistas españoles en 1810 o las grandes gestas obreras y populares como la de 17 de Octubre de 1945 o la del 29 de mayo de 1969.

    “Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer,

    porque de lo posible se encargan los demás

    todos los días»  Simón Bolívar 1819

     José Schulman, ex presidente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, militante popular y miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos


    [i] https://www.pagina12.com.ar/373410-memorandum-con-iran-el-fallo-completo-del-sobreseimiento-a-c

  • ¿El juego del gran bonete: ¿yo señor? No señor. Y entonces ¿de quiénes son los presos políticos argentinos?

    Preguntitas para el Frente de Todos: ¿de quienes son los presos políticos, algunos de los cuales se aprestan a pasar su séptima navidad privado de libertad?.

    Si de tradiciones navideñas argentinas se trata, hay una que es de muy larga data.  La mayoría de los gobiernos, civiles o militares, han tenido para las fiestas de fin de año a personas privadas de su libertad por razones políticas.  Por ello, desde hace mucho pero mucho tiempo que el movimiento popular construyó una consigna contundente: Navidad sin presos políticos.

    La Navidad de 2016 contó con la tradicional Campaña por una Navidad sin presos Políticos, desde enero estaba presa Milagro Sala, luego se irían sumando más y más hasta llegar a una cifra estable de unos treinta presos políticos permanentes bajo el gobierno de Macri.

    Por entonces no había muchas dudas en el tradicional movimiento de derechos humanos argentino y en las grandes organizaciones sindicales y populares: hay presos políticos y los presos son de Macri.  Todas y todos, incluidos los apresados por Morales y “su” grotesco Poder Judicial add hoc.

    De una manera contundente, como es su estilo aunque muchas veces no coincidamos con lo que propone, Horacio Verbitsky le explicaba a Macri porque los presos eran de él: El Grupo de Trabajo es uno de los órganos de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que la Argentina es signatario. A fines de octubre el Grupo de Trabajo declaró que la detención de Milagro Sala era arbitraria porque violaba el derecho a ser juzgada por un tribunal independiente y solicitó al Estado argentino su libertad inmediata. Luego de un intento inicial de presentar este documento taxativo como una mera opinión cuyo cumplimiento no es obligatorio y diferir la cuestión al gobierno provincial del contador Gerardo Morales (quien pretendió que la decisión fue de la justicia, que es un poder independiente), el gobierno nacional se vio obligado a tomar conciencia de la realidad. Como dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, quienes los firman son los jefes de estado o de gobierno y no las jurisdicciones subnacionales, sus gobernadores provinciales ni sus jueces. Además el propio Grupo sentenció que esos jueces y fiscales “fueron seleccionados [por el gobierno jujeño] e iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia o que pudieran haber esperado a que concluyera la feria judicial”. También dice que la responsabilidad internacional sólo corresponde al Poder Ejecutivo Nacional como representante del Estado argentino ante la comunidad de las Naciones. Esa Convención, que desde 1994 tiene además rango constitucional, es decir superior a las leyes y códigos nacionales o provinciales, también dice que los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe los compromisos que han asumido, que no pueden “invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, que es obligatorio en “la totalidad de su territorio”.  (diario Pagina 12, febrero 2017, ”, https://www.pagina12.com.ar/3758-navidad-sin-presos-politicos

    ¿Hace falta decir que este mismo razonamiento es el que pone en manos del gobierno nacional la responsabilidad de la continuidad del Lawfare y de la persistencia de los presos políticos? ¿Hace falta?  Entonces recordemos el artículo dos del Pacto de San José de Costa Rica, considerado el nucleo del sistema internacional de derechos humanos del continente americano: Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes, se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

    Para fines del gobierno de Cristina el movimiento de derechos humanos, al menos en una parte importante, hizo un gran esfuerzo de unidad y creo la Mesa de Unidad que apoyó la constitución del Comité por la Libertad de Milagro, de cuyo seno, luego surgió el Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos, con un ánimo abarcativo de defender a todas y todos.  Sobresalieron en esa labor la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos  que organizaron un sistema de visita semanal a los presos políticos administrado por las mismas organizaciones.  Luego se comprobó que esas visitas eran sometidas al control ilegal de los espías del grupo conocido como Súper Mario Bross.  La consigna de Libertad a los Presos Políticos y Navidad sin Presos Políticos no tuvo reparos durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

    Es más era una de los reclamos populares más contundentes: basta de presos políticos, basta de mafia judicial y de espías, basta ce cloacas de la democracia.  El reclamo se llevó hasta la primera reunión del nuevo Presidente Fernández con la mesa de unidad de los organismos de derechos humanos donde el presidente pretendió negar la existencia de presos políticos aduciendo que solo son presos políticos cuando no tienen causa judicial.  Error garrafal o provocación cínica, solo él lo sabe.   En esa  ocasión sostuve que no es cierto que no haya parámetros internacionales sobre qué cosa es un preso político, cité que en la Asamblea Legislativa de la Unión Europea de 2009, resolución 3000 se establece que una persona privada de su libertad es un preso político si se da alguna, varias o todas estas condiciones:

    1-La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.

    2-La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.

    3- Por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.

    4-Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas.

    5-La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.

    O dicho de un modo coloquial y sencillo, todo preso es un preso político cuando su condición de perseguido político origina o modifica el procedimiento judicial o la misma norma jurídica. Digamos para entendernos, violar la presunción de inocencia y encerrarlos aunque no tengan sentencia firme en los días que corren o ser perseguidos por una montaña de instrumentos jurídicos construidos en épocas “democráticas”  y dictatoriales.  Del mismo modo, al momento de proponer tipificar el Lawfare ante el Parlasur utilizamos la noción de “control de convencionalidad” que nos lleva al incumplimiento de los Pactos y Convenciones en un proceso judicial como causante de nulidad del procedimiento judicial.

    Se sabe que con la Conquista Militar Colonial Europea que destruyó, sofocó y subordinó los pueblos originarios que poblaban estos territorios llegó la Inquisición que comenzó persiguiendo judíos conversos, heréticos de diverso signo para luego arremeter contra los “afrancesados” que difundían las ideas del liberalismo naciente con la Revolución Francesa. La sede regional de la Inquisición estaba en Lima y fue nuestro gran José de San Martín quien la destruyó y dio por finalizadas sus funciones.  Antes, aunque sin resultados sólidos, la Asamblea del año 1813 había ordenado el fin de la esclavitud (ley de vientres) y de la tortura (destrucción en plaza pública de todo instrumento de tortura).

    Fueron esos los primeros presos políticos junto con los hermanos que se levantaron con Túpac Amaru y fueron encerrados por años en las mazmorras del Imperio Español, eso sí, con sentencia judicial en forma. ¿Y cómo considerar a los mapuche encerrados por Roca en la Isla Martín García luego de la Campaña del Desierto, a las niñas y los niños esclavizados por la oligarquía porteña como sirvientes familiares u obreros de los nuevos obrajes, talleres o frigoríficos?   El viejo orden colonial fue finalmente destruido pero para principios del siglo XX, la Republica articulada por la Constitución de 1853 que había proclamado la igualdad formal de los varones blancos propietarios (ni mujeres, ni indios, ni inmigrantes pobres eran sujetos de ciudadanía) se ve sorprendida por el comienzo de protestas y luchas sociales de aquellos que habían traído para suplir a los pobladores originarios asesinados y exterminados en el sur y el noreste del país.

    La noción moderna del preso político podría considerarse iniciada con la sanción de ley 4144 de 1902, aquella invención de Miguel Cané que constituye la base del edificio jurídico represivo del siglo XX.   A partir de ahí, la existencia de presos políticos se convirtió en situación reiterada en distintas coyunturas. En 1910, en ocasión del Centenario de la Revolución de Mayo se sancionó la emergencia de seguridad y se suspendieron las garantías constitucionales. En 1930 se creó la Sección Especial de lucha contra el comunismo  que, con distintos nombres, sobrevivirá hasta hoy como una agencia especializada en combatir a los militantes anticapitalistas sin importar el nombre que se les asignen o que auto asuman. Los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 todos sumaron miles y miles de presos políticos aunque la figura de “detenido a disposición del Poder Ejecutivo” se masificó recién con los gobiernos de Isabel Perón y el ciclo dictatorial encabezado por Videla.

    La ley símbolo de la dictadura de Onganía fue la 17401(sancionada en 1967) de persecución de las actividades comunistas, que instauró por vez primera el delito de pensar ya que bastaba con la caracterización de los Servicios de Inteligencia para perder el trabajo o ser encerrado, claro que con causa judicial y fallo judicial.  De aquella época es el Camarón, una Cámara Federal única y especial para fallar en casos de persecución política. La ley característica de la última dictadura militar no es patrimonio de Videla y los genocidas, sino por el contrario, fue sancionada por el democráticamente electo Congreso de la Nación, con hegemonía del peronismo y el Radicalismo. La puesta en marcha de la ley 20840 contra las “actividades subversivas” sancionada en noviembre de 1974 (Juan Domingo Perón había muerto en junio y la derecha peronista viraba hacia la ultra derecha fascista de la Triple A) se abrieron infinitos causas judiciales, tantas que la sola constatación de que un ciudadano había sido objeto de esa persecución judicial servía como prueba para que el Estado argentino considerara cumplidos los requisitos para la adjudicación de la reparación económica para los presos políticos de la dictadura.

    Terminada la última dictadura se instauró un ciclo que ya lleva casi cuarenta años sin golpes militares.

    Sin embargo, el ejercicio del voto popular no evitó la existencia de presos político en la Argentina. En los primeros años de democracia quedaron detenidos un conjunto de presos políticos que el gobierno de Alfonsín seguía considerando subversivos y a los que se les iniciaron causas judiciales conforme el decreto presidencial 157. Hubo que luchar mucho, incluidas huelgas de hambre de los compañeros, para liberarlos.  Claro, la memoria de la lucha democrática la tienen los que luchamos por todas y todos los presos políticos, siempre, aunque algunos ni se dieran por enterados. 

    Presos políticos hubieron con Alfonsín, con Menem y también con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.  Seis campesinos paraguayos fueron atrapados en Buenos Aires, a pesar de las promesas de garantías a refugiados políticos prometidas por el Embajador Argentino en Asunción, el señor Roma, entregados a la Justicia fascista de Paraguay y condenados a treinta y cinco años de condena bajo absurdas acusaciones nunca probadas y un discurso antiterrorista básico: amigos de Raúl Reyes, extensión de las Farc en Paraguay, etc.  Están presos desde 2006 y tienen nombre, se llaman Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón. Fueron extraditados en noviembre de 2008 bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

    Los presos del macrismo, el lawfare como nuevo modelo de dominación colonial

    La memoria es para todos. O al menos para todos los que se preocupan por aprender de la historia de las luchas sociales. Y la lucha por la libertad de los presos políticos en Argentina y América no ha sido una tradición menor en la región. El Imperialismo y sus agencias estudiaron muy rigurosamente los modos de construcción de la memoria y los modos en que se resistió al olvido. Tomaron nota de que Fidel Castro, salido de la Cárcel de la Isla de Pinos, se convirtió en el máximo líder de la nación cubana, para siempre. Tomaron nota que unos tres mil ex presos políticos argentinos testimoniaron en los juicios contra los genocidas, y que por una acordada de la Corte Suprema, su palabra sobre los hechos, cometidos de modo clandestino por un Estado Terrorista, adquirieron carácter de verdad (claro que bajo ciertas circunstancias) y que, en general, en la América Latina post dictatorial, el sello de ex preso político se asemejaba al de “luchador por la democracia y la igualdad” “ciudadano digno de respeto” y otros similares. 

    El Lawfare no es solo la subordinación total del aparato judicial a un plan de dominación imperial pensado, articulado y ejecutado por las agencias especiales de los EE.UU. para la región. Es también, y por sobre todo, un plan de contrainsurgencia por el camino de invalidar a los dirigentes populares en su condición de militantes de una causa popular de mejoría de las condiciones de vida de la población, de mejora de las capacidades del Estado Nacional  para encarar algunos problemas sociales, culturales o políticos, de integración de los países en una lógica que se aparte de los mandatos brutales de alineación automática de Trump y la Cía.  Así Lula no eras quien intentó dar un plato de comida a cada brasilero, es el ladrón de un departamento. Así Glass no era el vice de Correa en el mejor esfuerzo, frustrado cierto, de tener un gobierno del pueblo en Ecuador. Y Milagro no era una dirigente social que construyó un espacio social para los más pobres de Jujuy, Amado no era el que recuperó las jubilaciones de las AFJP, Julio no es gestor de un plan de obras, ni Luis es quien tempranamente organizó a los desocupados y busco su dignidad.  Todas y todos son ladrones, corruptos y en algunos casos, corruptos y violentos.

    Negar el carácter político de estos presos es convalidar el sentido profundo y estratégico del Plan de Copamiento del Poder judicial por parte del macrismo, como lo calificamos en la denuncia hecha en mayo de 2019 en Lima ante el Dr. García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas para la autonomía de abogados y magistrados, denuncia que este remitiera a Macri para fines de su mandato, Avruj pretendiera negar y el nuevo secretario de derechos humanos, compañero Horacio Pietragalla, pidiera que se investigue y se dé curso.   Como dijera el propio Fontevechia en su diario Perfil: “Si hubo lawfare hay presos políticos”[5] , porque si no hay presos políticos, ¿qué es lo que hubo?: ¿excesos de un Poder Judicial siempre dispuesto a complacer el gobierno de turno?, ¿o simple aprovechamiento político de delitos verdaderos de delincuentes verdaderos? 

    Es usted el que debe responder Presidente Fernández, pues es su gobierno el que no da respuestas a aquella pregunta que nos hicimos cuando se constituyó el Frente de Todos con personajes tan siniestros como Massa o Sola, viejos colaboradores de la Embajada de los EE.UU.: ¿se echó a Macri para salvar algún modo de neoliberalismo atenuado con políticas sociales focalizadas o vamos a derrotar el macrismo en camino a la liberación verdadera, nacional, social, popular y democrática?   En aquella ocasión en que pudimos decirle de frente lo que pensamos, terminé mi alocución con las siguientes palabras: “los presos políticos son un problema, no se pueden ocultar bajo la alfombra”. 

    Han transcurrido casi tres años, los presos políticos existen, son un sujeto político y detrás de ellos se agrupa lo mejor de la democracia argentina. A veces parece que somos pocos y a veces parece que nos condenamos al ostracismo pero como dijo el compañero Daddy Brieva en el acto de Avellaneda por los presos políticos: alguno debe decir que las vacas no vuelan, porque si no Clarín, TN, Macri y hasta algún despistado político dirán que las vacas vuelan o sea que  no hay presos políticos y ¿saben qué?  las vacas no vuelan, los presos son políticos.

    Y con presos  políticos no hay democracia.  Entonces, Navidad sin presos políticos, hasta que la dignidad se haga costumbre

  • Ocho libros libres, son ocho los libros de José Schulman
  • El Menemismo, el hecho bendito del país burgués

    El largo exilio de Perón del gobierno (1955/1973) tuvo una abundante literatura centrada en los 18 años de proscripciones, censuras,  prohibiciones, persecuciones; sin embargo el periodo sin gobierno peronista entre 1976 (Videla) y 1989 (Menem) a pesar de que es de trece años tiene menos glamour en la memoria popular, y se entiende.

    El último periodo del gobierno de Isabel Perón rompe con las normas constitucionales, encierra opositores “a disposición del Poder Ejecutivo”, impulsa, habilita o al menos consiente el accionar criminal de al Triple A y abre paso al golpe de Estado. 

    El peronismo como fuerza política una vez más se vio dividido en reprimidos y represores. 

    No tengo dudas de que la identidad de la mayoría de las víctimas tanto de la Alianza Anticomunista Argentina (desde ahora Triple A) como los de la dictadura de Videla, eran peronistas; aunque tampoco se puede ignorar que ciento sesenta y nueve dirigentes peronistas ocuparon el cargo de “intendente/interventor” con designación add hoc de la dictadura militar.  Claro que no fueron los únicos.   En cifras la colaboración con los militares fue la siguiente: Unión Cívica Radical, 310 intendentes; el Partido Justicialista,169 intendentes; demo progresistas, 109 intendentes; el Movimiento Integración  y Desarrollo (Frondizi) 94 intendentes; Fuerza Federalista Popular, 78 intendentes; el Movimiento Popular Neuquino (fuerza neuquina), 23 intendentes; demócratas cristianos, 16 intendentes y Partido Intransigente, 4 intendentes.  Como se puede verificar, ninguno de la izquierda comunista en sus diversas fracciones y mucho menos de la nueva izquierda insurreccional.

    La derrota de Lúder frente a Alfonsín fue un mazazo que obligó/posibilitó/impulsó  un amplio proceso de debates y autocríticas desde el espacio de los sobrevivientes y la diáspora montonera hasta los sectores más tradicionales del Pejota de la Provincia de Buenos Aires, que todos juntos lanzaron la «Renovación Peronista» como modo de “contener” por izquierda y “modernizar” por derecha.   Pero contra todo calculo, la jugada fracasó.

    Menem, que había sido gobernador en La Rioja (asumió bajo los carteles de la JP acompañado del Jefe de la Juventud Peronista Regional III y terminó su mandato consintiendo la persecución a los laicos y religiosos que se inspiraban en el Obispo Angelelli); logró su candidatura venciendo al otro pre candidato, nada menos que Antonio Cafiero, embanderado como el líder de la «Renovación Peronista» que pretendía dejar atrás a los “mariscales de la derrota” de 1983.  Ante Antonio Cafiero, Carlos Menem se presentó como un peronista “ortodoxo” proclamando consignas tales como “salariazo” y “revolución productiva”,  pero en sus dos periodos de gobierno  hizo todo lo contrario.  Años después diría algo así como “si les decía lo que iba a hacer, no me votaban”.

    Sin pretensión de relatar los dos periodos de gobierno de Menem, nada menos que la década del 90, intentaré una breve síntesis sobre el carácter y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos por parte del Peronismo en su retorno post dictatorial al gobierno de la Nación.

    Más allá de que la lucha por los derechos humanos tiene una historia más que larga en la Argentina (en mi humilde opinión se debería celebrar como acto fundacional la huelga general de las y los trabajadores realizada en noviembre de 1902 en resistencia a la sanción de la ley 4144 conocida como Ley de Residencia que funcionó como un recurso de expulsión de inmigrantes que luchaban contra el sistema); más allá de que a comienzos del siglo XX, tanto comunistas como anarquistas y otros grupos sindicalistas construyeron sociedades de ayuda mutua y de solidaridad para los trabajadores en huelga, desocupados o presos por el Estado;  más allá de que desde 1937 existe la Liga Argentina por los Derechos Humanos (antes su nombre era “del hombre”); para fines de la dictadura y principio del gobierno de Alfonsín,  se fue equiparando “derechos humanos” con lucha por la aparición con vida de los desaparecidos, libertad a los presos políticos que aún seguían tras las rejas y sobre todo la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia. 

    Qué digan dónde están.   Con vida los llevaron, con vida los queremos. 

    Cómo ahora se puso tan en evidencia (con la exitosa película Argentina 1985), hubo un primer capítulo de la lucha que culminó en el juicio a la junta militar (culminó en el juicio, no comenzó pidiendo el juicio pero así es la lucha de clases, el resultado siempre es fruto de la lucha, nunca de su formal exposición)

    Primero: Memoria, verdad y justicia. El objetivo de Menem fue lograr la impunidad por el camino de la “reconciliación nacional” y para ello su política fue bastante audaz y cínica.   Leyes de reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado (el universo de afectados se fue ampliando hasta abarcar también a los del periodo de Isabel y la Triple A) que habían realizado un reclamo legítimo y masivo desde el fin de la dictadura misma refrendado hasta por la CIDH que así se lo exigió al estado argentino a comienzos de los 90¨ pero también  tuvo propuesta de demolición de la ESMA (febrero 1998) y abrazo con los enemigos mayores del peronismo como tal: el Almirante Rojas (1996),  acaso el más odiado de los Gorilas, según muchos, mucho más que el propio Aramburu, ejecutado por Montoneros en 1970.  

    Con sus decretos de indulto (fueron 20 decretos entre finales de 1989 y diciembre de 1990), Menem consolidó la impunidad de los genocidas y trató en todo lo posible de fortalecer  la teoría de los «dos demonios» consagrada en el prólogo de Ernesto Sábato al Nunca Más[i] inspirado en los decretos de Alfonsín contra genocidas y luchadores insurreccionales en la misma bolsa.  Consagrada la impunidad “dura”, el movimiento de derechos humanos promovió diversas iniciativas.  Las causas llamadas  “juicios por la verdad” porque se hacían renunciando a la capacidad punitiva, la investigación de los robos de niño y crímenes de la Operación Cóndor puesto que habían sido excluidos de los decretos de impunidad fueron acaso las principales formas de resistencia aunque no las únicas: en aquella época nacieron los escraches a los genocidas impunes. 

    Es de destacar la resistencia popular a la demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada y la conquista de las leyes de expropiación del sitio y la creación del primer Instituto Espacio para la Memoria en la ex Esma.  Las leyes emanadas de la Legislatura Porteña establecían que el edificio y sitio se recuperarían cuando el último marino desalojara el predio, cuestión que se prolongó hasta bien entrado el siglo XXI de la mano de Néstor Kirchner en  uno de los actos de ruptura con el pasado continuista que forjaron el nuevo tiempo político por venir: el kirchenerismo.

    Segundo: Derechos de los pueblos a la soberanía económica social también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales reconocidos formalmente por la ONU en 1966 con entrada en vigor en el paradójico 1976 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

    Si Perón amplió la noción de ciudadanía (previamente ampliada para sectores populares en 1912 aunque solo para la parte masculina de la sociedad, con el sufragio “universal”) llevándola a lo económico, social y cultural con sus políticas de nacionalizaciones, legislación y derechos laborales;  Menem hizo todo lo contrario, el proceso más regresivo en setenta años: privatizaciones, desregulaciones, flexibilización, negociados descomunales

    En lo económico social, Menem fue el verdadero ejecutor del Plan Martínez de Hoz que por razones de la lucha antisubversiva y la estructura misma del poder militar,  no ejecutaron a fondo en «los años del lobo».  

    Cuando a Roberto Alemann le preguntaron ¿por qué era Menem el privatizador y no habían sido ellos?,  Alemann contestó que ellos habían liquidado la subversión y el sindicalismo, luego cualquiera podía privatizar. 

    Y era cierto; no habría Menemismo sin la previa dictadura militar o dicho en una perspectiva histórica larga, Menem fue quien remachó el genocidio fundando el país soñado por Videla, Masera, Martínez de Hoz y la Embajada de los EE.UU. verdadero poder real de la Argentina durante todo aquel periodo. 

    En «El Capital», Carlos Marx demostró cómo se generan las ganancias para los empresarios capitalistas. El secreto radica en la producción, en el hecho que el trabajador crea en un breve tiempo de trabajo un valor equivalente a su salario pero que al seguir trabajando por más horas genera más valor y ese plusvalor, plusvalía no pagada es la fuente de la riqueza burguesa. 

    La ganancia que se origina en la  producción se REALIZA en el mercado luego de la distribución de las mercancías y de un tiempo de espera para venderlo.   Lo importante es entender que hay un tiempo de producción de la plusvalía, en la esfera productiva, y hay un momento de realización de la misma en el mercado. De igual modo la «realización» del genocidio no coincidió con el momento de la ejecución.

    Así se puede pensar que Carlos Menen “realiza”, ejecuta, materializa el plan económico de Videla y Martínez de Hoz; en ese sentido funciona como un momento clave del Genocidio. que es el de su realización material (las privatizaciones) y simbólica (el abrazo con Rojas y el perdón a los genocidas)

    Resulta bastante conocido el hecho de que durante la década de 1990, las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Carlos S. Menem provocaron un vertiginoso crecimiento de la pobreza y del desempleo en la Argentina. En ese marco, se produjo la emergencia de un fenómeno organizativo novedoso: el del movimiento piquetero, conformado esencialmente por trabajadores desocupados. Desde 1996, la palabra piquetero comenzó a utilizarse por los medios de comunicación para referirse a quienes practicaban el corte de ruta como método de lucha. Los primeros grandes cortes de ruta estuvieron organizados por distintos sectores sociales y se produjeron ese año en Cutral-Co y Plaza Huincul, provincia de Neuquén, para repetirse al año siguiente en esas localidades y en Tartagal y General Mosconi, provincia de Salta y luego extenderse a todo el país. Volviendo al criterio de distinguir entre producción y distribución para llegar al mercado, los trabajadores activos pueden presionar con la huelga sobre la producción pero al desaparecer la fabrica a los trabajadores desocupados les asiste el derecho de interrumpir la circulación y así impedir la realización de la plusvalía en el mercado.

    Carlos Menem fue el que tuvo que enfrentar la nueva forma de lucha de los trabajadores de las empresas privatizadas y lo hizo llevando la Gendarmería a las rutas y calles dejando atrás la idea que era una fuerza de frontera y como tal no debiera apartarse más de sesenta kilómetros de los límites nacionales.  Desde entonces la importancia y jerarquía de esta fuerza no dejó de crecer, su rol en el asesinato de Santiago Maldonado clarifica sin dudas el objetivo menemista de llevarlos a las rutas y contraría el mito de la fuerza blanca al que adhirieron tantos progre del kirchnerismo.[ii]

    No puede dejar de mencionarse, como central en la política represiva y de control social, la amenaza brutal de Menem contra los huelguistas ferroviarios de 1991: “ramal que para, ramal que cierra” con la que consiguió derrotar el acto rebelde obrero de acaso mayor importancia en aquel periodo.  Derrotada la huelga ferroviaria, los siguientes desafíos fueron superados del mismo modo y cada vez con más eficacia de control estatal.

    A modo de síntesis, publicamos fragmentos del prólogo al informe PRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DEL TERCER INFORME PERIÓDICO DE ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 40 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Este documento ha sido elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las organizaciones afiliadas a la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) realizado al final del periodo menemista. 

    1. En primer lugar, lamentablemente debemos informar al Ilustre Comité que en términos generales Argentina ha incumplido las recomendaciones efectuadas por este organismo en su Observaciones Finales del 5 de abril de 1995 (CCPR/C/79 Add. 46).
    2. Así, en este informe, nos referiremos, por ejemplo, a la falta de cumplimiento de la recomendación de remover de sus puestos a los funcionarios de las fuerzas de seguridad que participaron de la represión de la última dictadura militar, de adoptar medidas para impedir casos de uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas armadas o la policía, de prestar especial protección a los periodistas y de revisar los criterios de la prisión preventiva, entre otras recomendaciones.”.
    3. Por otro lado, a pesar de lo que informa el Estado en los párrafos 9 y 10, existen aún muchas normas internas que contradicen derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A modo de ejemplo, en el apartado correspondiente, en este informe mencionaremos la normativa sobre inmigrantes, derechos de las mujeres, derechos de las personas privadas de libertad, libertad sindical, etc.
    4. Pasando ahora a los problemas fundamentales en materia de derechos humanos en Argentina, tal como se describirá en este informe, siguió creciendo la actualidad del legado de la dictadura militar. Porque el Estado no garantiza ni el derecho a la justicia ni el derecho a la verdad de las víctimas y los familiares del terrorismo de Estado que ocupó el poder entre 1976 y 1983.
    5. Si bien no pueden dejar de destacarse como un importante avance las nuevas detenciones y algunas importantes resoluciones judiciales en los procesos que se siguen por la apropiación de menores y plan sistemático, lo cierto es que en términos generales a poco de cumplirse 25 años del último Golpe de Estado, todavía quedan muchas deudas en este campo. Con relación a la posibilidad de juzgar a los responsables, si bien las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas el 24 de marzo de 1998, la derogación tiene efectos sólo a futuro, y por ello no ha significado avance alguno en la lucha contra la impunidad.
    6. Con respecto a los juicios por la verdad éstos continúan abiertos, a pesar de la inexistencia de normas que reconozcan este deber imprescriptible por parte del Estado —lo que facilitó, por ejemplo, que en 1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le negara el derecho a una madre de una desaparecida (Carmen Lapacó) a conocer la verdad de lo ocurrido— y que impongan que el impulso principal debe recaer en el Estado y no en los familiares.
    7. A la falta de justicia para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar se sume el hecho de que el Gobierno no colabora en los juicios que se tramitan en el exterior en base a la jurisdicción universal. Por otro lado, también es preocupante que muchos de ellos continúan ocupando funciones dentro de las Fuerzas Armadas —lo cual significa además un claro incumplimiento de una recomendación del Comité en sus Observaciones Finales de 1995—. Es más, a pesar de claros antecedentes, varios de los oficiales han sido ascendidos.
    8. En el apartado correspondiente a este tema, también nos referiremos a la política reparatoria del Estado. Destacamos que el Estado argentino ha demostrado su voluntad de lograr la reparación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar, reconociendo su obligación al dictar la ley 24.411, entre otras. Sin embargo, debemos mencionar por lo menos tres factores que diluyen esta obligación reparatoria: una serie de trabas burocráticas con las que se chocan los damnificados en el intento de peticionar su indemnización, un decreto en el año 1997 por parte del Poder Ejecutivo que provoca una especie de sagio en el monto a cobrar; y finalmente la poca difusión que se ha generado respecto de la existencia de la acción prevista por la ley 24.411, circunstancias que hacen del reclamo un derecho programático.
    9. Otra cuestión central que persiste en materia de graves violaciones a los derechos humanos en Argentina es la violencia institucional, especialmente en relación con las fuerzas policiales. Tal como se describirá en este informe, estos años fueron sumamente negativos en cuanto a la brutalidad policial: han aumentado las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas de seguridad y las torturas en centros de detención. Al respecto, es preciso recordar que ya en 1995, el Ilustre Comité había instado al Gobierno argentino a que se tomaran todas las medidas necesarias para impedir casos de uso excesivo de la fuerza, torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas armadas o la policía. Lamentablemente, ésta es otra de las recomendaciones incumplidas por el Estado. Tal como lo demuestran las estadísticas que se presentan, hubo un aumento sin precedentes en estos últimos años en el número de muertes y torturas provocadas por el accionar de agentes policiales. Esta situación preocupante se debe al sensible retroceso que sufrieron muchos de los procesos de reformas policiales que se habían iniciado —siendo sin duda el más importante el de la Policía de la Provincia de Buenos Aires—. Pero, además, es consecuencia, sin duda, de una política de seguridad más represiva que preventiva. La crisis de la seguridad, provocada fundamentalmente por la ineficacia de los aparatos estatales para disuadir e investigar los delitos y por la falta de estrategias sociales de prevención, encontró como única respuesta política la solución de la mano dura.
    10. Esta situación de violencia institucional debe completarse con las violaciones graves a los derechos de las personas privadas de su libertad. La situación carcelaria es realmente preocupante: las cárceles en Argentina siguen sobrepobladas y los derechos de las personas privadas de su libertad son violados diariamente. Sobre este tema, es preciso llamar la atención sobre las estadísticas que muestran que han aumentado la cantidad de muertes en centros carcelarios, y datos que reflejan por ejemplo que más del 60% de las personas privadas de la libertad son procesados sin condena. Ante esta realidad, los mecanismos de control no funcionan adecuadamente, y esta ineficacia tanto del control administrativo, como político y judicial es una de las principales razones que coadyuvan a la brutalidad policial. A grandes rasgos diremos que durante estos años no se ha revertido la regla sobre el control judicial prácticamente inexistente o inadecuado ante casos de brutalidad policial, que en algunos casos resultan, por lo menos, condescendientes.
    11. Por otro lado, resulta adecuado remarcar que en los últimos años se ha hecho más visible la problemática de ciertos grupos vulnerables. Nos referimos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a los inmigrantes y refugiados y a las minorías religiosas .
    12. Con respecto a los pueblos indígenas, al margen del reconocimiento que la reforma constitucional de 1994 ha hecho de ciertos derechos, en la realidad los indígenas siguen sufriendo la expropiación de sus tierras, graves condiciones de exclusión social y privación de derechos culturales que hacen a su identidad. En este sentido, sus territorios ancestrales están hoy devastados por el uso irracional de los ambientes nativos y muchos de los conflictos sobre sus tierras no fueron resueltos. Además, es llamativo que la distribución de la población indígena coincida con las áreas del país con mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Además, los lugares en los cuales hoy se encuentran tienen los índices más altos de infecciones agudas.
    13. Otra de las graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina actual es la discriminación a los inmigrantes y refugiados. En primer lugar, porque la propia normativa migratoria argentina —contraria a estándares internacionales en la materia— es la que priva a los inmigrantes del efectivo goce de derechos, tales como el derecho a la educación y a la salud. Además, la ley es violatoria del Pacto en cuanto a la falta del debido proceso en los trámites de expulsión (los cuales adquirieron dimensiones de una escala industrial, Nota del autor)
    14. En segundo lugar porque en los últimos años ha evolucionado un discurso público fuertemente xenófobo, y en muchos casos fueron las autoridades del Estado las que generaron las conductas discriminatorias. Finalmente, durante el año pasado se han hecho públicos serios ataques contra inmigrantes bolivianos que habrían comenzado cierto tiempo atrás que evidencian un ensañamiento de características discriminatorias.
    15. Por supuesto, otra de las situaciones preocupantes es la referida a la libertad de expresión y el derecho a la protección y respeto de este derecho fundamental, y están abordadas en este informe: por un lado, los continuos ataques y agresiones a los periodistas, siendo el del reportero gráfico José Luis Cabezas, el más paradigmático. En segundo lugar, la situación existente respecto de la persecución judicial por el ejercicio de la libertad de expresión —en particular contra los periodistas—, que desalienta a los periodistas a informar sobre problemas de interés público. En tercer lugar, es lamentable la falta de vigencia del derecho de acceso a la información; así, por ejemplo, al cierre de este informe aún no fue aprobada la ley que regula el habeas data.
    16. A lo largo de estos años paralelamente se fueron profundizando gravísimos problemas sociales, muchos de ellos directamente vinculados con los derechos humanos. La mayoría de estas cuestiones no fueron nuevas, pero sí puede afirmarse que se profundizaron o, al menos, que tuvieron un nivel de demanda social inédito en comparación con años anteriores. En sentido contrario, no hubo propuestas de soluciones “fuertes” frente al aumento de la pobreza.
    17. Durante todo el año se acumularon los estudios que ratificaron el sostenido incremento del número de personas con necesidades básicas insatisfechas. La pobreza, en este sentido, tiene importantes efectos sobre ciertos derechos civiles como el derecho a la vida, en tanto son preocupantes las estadísticas sobre mortalidad infantil por causas evitables, y sobre enfermedades epidémicas que atacan, en ciertos casos, a las personas con menores recursos. En este sentido, el proceso económico de ajuste estructural dio lugar a distintas expresiones de la protesta social. Frente a esta situación de reclamo social, la respuesta estatal fue la represión física y la criminalización o persecución penal de los manifestantes
    18.  En el informe haremos mención a esta grave situación que vulnera derechos esenciales —tales como la libertad de reunión, expresión, integridad física, derecho a la vida, etc.— y nos referiremos a ciertos casos ocurridos durante estos últimos años. Al mismo tiempo, explicaremos que más allá de la norma del Pacto y del art. 14 bis de la Constitución Nacional —ambas con la misma jerarquía—, el Estado no garantiza el ejercicio de la libertad sindical ya que los derechos que de ella emanan no quedan “garantizados a todos los gremios”

    Desde los finales del 2022, a más de veinte años del  informe llama la atención la continuidad sin grandes cambios de los ítems: pueblos originarios, personas privadas de libertad, violencia institucional, carácter cada vez más delegativo de la democracia así como se puede apreciar mejor los cambios positivos en la temática Memoria Verdad y Justicia o la nueva ley de migraciones que impulsó el kirchnerismo, temas todos que examinaremos en nuestro próximo artículo sobre el balance del kirchnerismo y los derechos humanos 

    [i] https://cronicasdelnuevosiglo.com/2006/07/12/la-escritura-y-reescritura-del-prologo-al-nunca-mas-disputas-por-la-hegemonia-cultural/

    [ii] https://www.revistaanfibia.com/manda-a-la-gendarmeria/

  • Antecedentes históricos y consecuencia de los crímenes de la Triple A.

    Sobre el ocultamiento de lo visible y el revelado de lo invisible

    en las acciones terroristas del Estado Argentino entre 1973 y 1982

    Agotada la etapa expansiva de un capitalismo basado en la ampliación del mercado interno del primer peronismo, crecieron las contradicciones con la vieja oligarquía debido a las medidas de control del comercio exterior que Perón imponía (correctamente) para mantener en lo posible el nivel de vida popular, aunque sin entregar la tierra a quien la trabaja ni nacionalizar los grandes pulpos comerciales, bancarios, industriales y de especulación.

    Enfocada primero en Evita y sus discursos rebeldes e insurrectos, la derecha golpista fue sumando sectores y apoyos extranjeros (ya había comenzado la Guerra Fría contra la Unión Soviética y la presencia de Bravo como embajador en Moscú marcaba una tercera posición, inaceptable para los EE.UU. y sus aliados).

    Luego del golpe gorila cuasi fascista de setiembre de 1955, la represión a la militancia peronista fue brutal y con el pretexto del levantamiento del General Valle se exhibió el fusilamiento como arma de escarmiento.  En muchas memorias restalló la figura de Dorrego fusilado por Lavalle como símbolo del predominio oligarca en las guerras civiles posteriores al proceso de Mayo 1810.

    Durante los siguientes 18 años (de setiembre de 1955 a mayo de 1973) el peronismo estuvo alejado del gobierno, sometido a procesos de descalificación, persecuciones  y todo tipo de medidas represivas (algunas utilizando las propias herramientas que Perón había pergeñado o tolerado como el Tratado de Río TIAR, 1947, de sometimiento militar de la región a los EE.UU. o la Ley Conintes (13234 de 1948) que permitía militarizar a los huelguistas; antecedente que es sistemáticamente ninguneado por los que escriben la “historia oficial” desde la Secretaría de derechos humanos de la nación.

    Desde el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955 hasta el asesinato de Tacuarita Brandazza, militante de la Juventud Peronista de Rosario asesinado por un grupo de tareas por órdenes del Segundo Cuerpo del Ejército en noviembre de 1972 los diversos sectores peronista fueron perseguidos: algunos encerrados y torturados otros solo apartados del gobierno o sindicatos; eso no está en discusión y hay una más que profusa producción literaria, dramática y en formato audio visual.

    Las luchas se fueron acumulando y desde el Cordobazo (mayo de 1969) crecieron hasta niveles desconocidos hasta entonces bajo el influjo estimulante del triunfo de la Revolución Socialista de Cuba (1959, 1961) al tiempo que surgían nuevos y más radicales proyectos políticos revolucionarios que se sumaban en unidad o disputa con la izquierda comunista tradicional: Montoneros, FAP, Ejército Revolucionario del Pueblo, el clasismo sindical, el movimiento de Curas por el Tercer Mundo, etc.  La dictadura intentó casi todo para lograr su continuidad pero finalmente fracasaron todas las maniobras diversioncitas y tuvieron  que pactar su retirada.

    El gobierno surgido de las elecciones de marzo de 1973 asumió el 25 de mayo y ya para el 20 de junio (regreso de Perón/masacre de Ezeiza) ya tenía fecha de  finalización.  La vuelta de Juan Domingo Perón cerraba un largo periodo de exilio y proscripción.  Parecía el sueño cumplido de millones (la consigna Perón Vuelve debe haber sido de lejos el grafitti más masivo de nuestra historia), la inscripción de la Argentina en una secuencia de triunfos  populares que tendría en la victoria de Vietnam, su punto más alto y esperanzador.

    Recordemos un instante la foto: es el 29 de marzo de 1973, ya hay televisión en blanco y negro por todos lados y se transmite por satélite para todo el mundo.  En la terraza de la embajada de los EE.UU. en la que fuera la capital del Vietnam del Sur (colonia francesa primero y yanqui después) hay cientos de personas peleando entre sí para aferrarse a una cuerda del último helicóptero que se marcha de allí.  Si alguien pregunta por qué esa generación creía en la victoria, muéstrenle esa foto y entenderán.

    Contra el deseo y las esperanzas de millones el gobierno de Perón Perón (Juan Domingo e Isabel) estuvo lejos de cumplir con esas expectativas: cierto es que combinó medidas reformistas (sobre todo el llamado Plan Gelbard que acaso haya sido el último intento de un proyecto burgués nacional de ampliación del mercado interno, ruptura de las fronteras ideológicas y comercio de mutuo beneficio con todo el mundo, etc) que combinó con políticas represivas “legales” e “ilegales”, estatales y para estatales que luego de la muerte del General Perón (1/7/74) desembocaron por un lado en el Plan Rodríguez (anticipando el neoliberalismo de Videla y Martínez de Hoz) y por el otro en la Triple A.

    En diciembre del año 2008, el doctor Taiano, fiscal de la causa Triple A que llevaba adelante el juez Oyarbide dictamina: “En el año 1973 la Argentina regresó a la vida democrática y se verificó un incremento en el nivel de protesta de los trabajadores. Así con el fin de morigerar dichos reclamos, a principios de 1974, el gobierno propició un acuerdo entre los sindicatos obreros, representados por la CGT, los empresarios del gobierno (…)”, “(…) comisiones internas controladas por los propios trabajadores que se estaban emancipando de la dirigencia burocrática sindical tradicional, que presenciaba el deterioro su espacio de poder”. “Simultáneamente, desde el gobierno, en colaboración con diversos actores provenientes de la dirigencia gremial, agrupaciones de derecha y de grupos pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad, se consolidó un brutal y sistemático aparato represivo, que con el nombre de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), buscó aplastar los conflictos sociales. Esta organización, digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, fue uno de los mecanismos empleados para disciplinar a la sociedad”.

    “A esos fines no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad, procedente de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetradas contra locales partidarios, etcétera”.

    Respecto de la conformación de la Triple A, cita a Ignacio González Jansen, que: “la federación que agrupó a los diversos núcleos de la derecha peronista: CNU, Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), Alianza Nacionalista Argentina, Comando de Organización, Juventud Sindical Peronista, Agrupación 20 de Noviembre y Agrupación 17 de Octubre, fue impulsada por los nacionalistas de derecha, que actuaban en todos los grupos, de los que en algunos casos eran fundadores. El ministro López Rega promovió la organización, financió y armó la fuerza de choque que constituyeron la Triple A, pero la mayor parte de los recursos humanos fueron proporcionados por esa federación de grupos de actuación fascista, activos militantes de Tacuara, de la Guardia Restauradora Nacionalista, de la CNU, del Comando de Organización, que compartieron con la escoria de la Policía Federal a las órdenes de Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón la siniestra acción (…)”.  

    Y después dice, como corresponde en un escrito judicial (para poder accionar contra un grupo uno tiene que demostrar que sus acciones eran sistemáticas, no ocasionales), el modus operandi de la Triple A.  Fíjense: “Los pasos seguidos por la organización consistían en: difundir sus amenazas, lo cual instalaba el terror y provocaba el aislamiento de su víctima, luego ejecutaba la brutal condena, y finalmente exhibía sus cuerpos torturados, destrozados como una inconfundible marca registrada”.

    Voy a citar ahora a la investigadora Inés Izaguirre, que acaba de publicar un importante libro sobre el genocidio en Argentina, que construyó un cuadro sobre las acciones de asesinatos y desapariciones y que ella los ordenó temporalmente en tres períodos: desde la muerte de Rucci hasta el comienzo del gobierno de Perón (25 de septiembre de 1973 – 11 de octubre de 1973); el gobierno del general Juan Domingo Perón hasta su muerte (12 de octubre de 1973 – 30 de junio de 1974), ustedes deberían saber que Perón murió el 1 de julio; y el tercer período es desde la muerte de Perón hasta el 24 de marzo. Y los datos que ella sistematizó son los siguientes: primer período: cuatro muertos, un secuestrado y un secuestrado liberado. Total de víctimas: cinco. Segundo período: 56 muertes, que equivale al 5,4% de las muertes, quince desaparecidos, que equivale al 2%. Total de víctimas: 71. Porcentaje: 3,9%. Asesinatos después de la muerte de Perón hasta el 24 de marzo: 979. Equivalen al 94,6% de las muertes producidas por la Triple A. Desaparecidos: 737. Equivalen al 98% de las desapariciones. Y secuestrados liberados: 54, que no dice acá a qué equivale.

    Entonces, tenemos un total identificado de 1035 ejecuciones sumarias, asesinatos,; 752 compañeros que fueron secuestrados y continúan desaparecidos, y 54 compañeros que fueron secuestrados y liberados. El compañero Carlos Zamorano, un abogado histórico de la Liga, calcula unos 2800 presos políticos que permanecieron un tiempo prolongado a disposición del PEN durante el período que transcurre más o menos durante la muerte de Perón y el 24 de marzo.

    ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de la Triple A? Estamos hablando de eso: 1787 víctimas, entre asesinatos y desaparecidos, y unos 3000 compañeros puestos a disposición del PEN, que muchos de ellos siguieron su ruta, y algunos salieron en el ’82.

    En un texto ampliamente difundido el Dr. Raúl Zaffaroni dice que no hay crimen de Estado sin discurso justificatorio (https://www.criticapenal.com.ar/wp-content/uploads/numero3/zaffaroni.pdf

    La creación de la Triple A está precedida de años de discurso anticomunista desde aquella carta del secretario de Roca sobre las razones de la Campaña del Desierto,  el Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra escribió en 1886: “la casi extinción de la raza indígena en nuestro medio se debe al hecho de que los indios eran demasiado socialistas. (…) Eran comunistas, y la carencia del sentido de la propiedad indispensable para imponer al hombre la ley del trabajo, que es su ley sagrada, fue la causa de la casi extinción de la raza”.  El anticomunismo es la base ideológica de la ley 4144 de 1902, de la creación de la Sesión Especial de lucha contra el comunismo de 1930, del golpe de Estado de 1943 pero también del de 1955.

    El reemplazo de Cámpora por Perón, totalmente legal y legítimo, estuvo acompañado de un frenesí anticomunista que alcanzó al propio partido Justicialista y desemboca en el decreto 261 de aniquilamiento de la subversión de 1975.

    Pero un crimen de Estado, y eso es el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina, no solo requiere de un discurso justificatorio: requiere de una fuerza material que los ejecute y de un orden jurídico que lo respalde o al menos disculpe.

    La fuerza material viene del fondo de la historia: de los cuerpos armados que fue creando el Estado y que se condensan en la Policía Federal, pero también en los cuerpos armados que la derecha organizó desde la Alianza Patriótica Argentina creada para reprimir la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, los grupos nazis que pulularon en la Universidad y sobre todo los grupos de tareas de la dirigencia sindical corrupta y asesina como la de la Unión Obrera Metalúrgica, comprometida directamente en la represión a los trabajadores de Villa Constitución (1975); y la justificación jurídica estuvo mucho más en la parálisis del Poder Judicial en investigar los crímenes que se cometían ante la vista de todos en una característica que luego se invertiría a  partir de marzo de 1976.

    Hay aquí un tema para reflexionar, que yo lo llamo la paradoja de lo oculto y de lo visible. ¿Por qué razón la Triple A exhibe la muerte y los golpistas la esconden?

    Porque la Triple A es un intento de paralizar por el horror las luchas sociales que todavía se mantenían, que todavía el aliento del período de auge de las luchas populares, del ’69 al ’75, no había terminado…

    De hecho, las primeras acciones de la Triple A, están articuladas con el golpe de Estado contra el gobierno popular de Córdoba de Obregón Cano y con la invasión militar a Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, fenómenos que ocurrieron en enero del ’74 y marzo del ’75, que son acciones pensadas para ocupar territorialmente aquellos lugares donde el movimiento popular estaba más fuerte.

    Hay un hombre que ha pensado mucho los temas de la dominación, que es interesante leerlo, que es Michel Foucault. Analizando hechos sucedidos en el siglo XVII, Foucault escribe: “el papel del pueblo es ambiguo. Se le llama como espectador. Se deposita en ocasiones durante varios días los cadáveres de los ajusticiados, bien en evidencia, cerca de los lugares de sus crímenes. Es preciso no sólo que la gente sepa, sino que vea con sus propios ojos, porque es preciso que se atemorice. Pero también porque el pueblo debe ser el testigo, como el fiador del castigo, y porque debe hasta cierto punto tomar parte en él…”

    No está escribiendo Foucault sobre Zaragoza, sino sobre el modo en que se producen los ajusticiamientos en Europa en el siglo XVII-XVIII.   Nos da que pensar.  Por alguna razón matan y exhiben.  No sólo por demostración de impunidad. Eso es una parte de la película. Lo más profundo es que nosotros debemos pensar que las cosas pueden empezar de muchas maneras.  Contra el sentido común, las cosas no son sólo una cosa. Los fenómenos sociales, los hechos, los actos humanos al mismo tiempo son varias cosas.

    Y las ejecuciones exhibidas son una manera de disciplinamiento social.

    Una vez que se quiebra la resistencia y que se consigue conquistar el control absoluto de la sociedad con el golpe de Estado, va a cambiar la forma de operar del horror. Ya no se lo va a exhibir, sino que se lo va a ocultar. Porque lo que se va a buscar es impedir la protesta y empezar a construir el olvido.

    ¿Por qué? Porque la causa Triple A, además de esta paradoja que dije, tiene el problema y la virtud (porque en la vida, todo lo que es un problema es una virtud; en la lucha política cuando un problema se supera, es una gran causa, un gran logro) de que la discusión sobre la Triple A cuestiona los dos relatos hegemónicos en la cultura política argentina de la Academia (me refiero a la universidad) de los dos partidos más importantes de la Argentina: la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista.

    ¿Por qué lo cuestiona a la Unión Cívica Radical? Porque ha construido un relato sobre el terrorismo de Estado que se basa en el concepto liberal que los derechos humanos se violan en las dictaduras militares y se respetan en los gobiernos civiles.

    Que la dictadura fue un desvío del largo camino que arranca en Caseros y llega a la Ley Sáenz Peña, y que luego la Argentina se encamina por la democracia, y que por alguna “extraña casualidad”, hubo “algunos pequeños desvíos” en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976, pero “Nunca Más”. Si, como dice Sábato, en el prólogo del libro, se terminó.

    Y entonces si vos lo encaras: resulta que había un gobierno constitucional, y no es que hubo un compañero al que le pegaron. Fueron mil setecientos ochenta y siete las víctimas fatales. En menos de un año, ya es una cifra considerable. Y si vos agarras las declaraciones del doctor Ricardo Balbín que, para los más jóvenes les cuento que era el jefe real del radicalismo (Alfonsín nunca le pudo ganar la interna hasta que Balbín se murió), lo vas a ver avalando los crímenes más horrendos de la Triple A.  Resulta que la Triple A tiene que ver mucho con la universidad y con la Misión Ivanissevich. El último rector antes de la Misión Ivanissevich en la UBA, se lo impuso como un acuerdo entre la Juventud Comunista y la Juventud Peronista, ese acuerdo lo llevan a la FUBA que lo aprueba y lo imponen a Laguzzi como rector. Le ponen una bomba a Laguzzi y muere el bebé de cuatro meses. Durante diez días, Laguzzi estaba en el hospital y cuando sale renuncia. ¿Qué dice el doctor Balbín, el presidente de la fuerza más democrática de la Argentina, según ellos? Dice: “pero este doctor Laguzzi no resolvió los problemas de la insurgencia en la universidad”. El radicalismo tiene muchas dificultades si hablamos de la Triple A.

    Y más dificultades tiene el Partido Justicialista como tal, porque el relato que construyó en un momento el peronismo, y el diputado Verón lo dice en la primera sesión cuando se reanudan las actividades parlamentarias: “Acá todos hablan, pero los muertos lo ponemos nosotros”. Que es lo que dice Menem cuando va a dar el Indulto: “yo estuve preso, los muertos los pusimos nosotros, los muertos son todos peronistas, y por lo tanto yo tengo derecho a dar el Indulto”. Pero lo mismo dicen ahora otros compañeros: la idea de que hubo una única cultura de la resistencia. Este relato binario, lineal, simplista, muy poco serio, que explica la historia argentina entre unitarios y federales, rosistas y antirosistas, pueblo/antipueblo, peronismo/antiperonismo. La cosa no fue así.

    Y este relato tiene una enorme dificultad si discutimos sobre la Triple A, porque efectivamente las primeras víctimas de la Triple A son casi todos peronistas. Ortega Peña, del bloque unipersonal, que nunca transó con la cultura del Pejota que acribillaba a balazos.

    O JulioTroxler Prófugo, sobreviviente de la masacre de los basurales de José León Suárez, fíjense que paradoja más provocadora: Troxler se salva de la Libertadora y lo mata la Triple A.

    La Triple A ilumina qué es el peronismo, no porque sean sinónimos sino en el sentido de que el peronismo nunca fue otra cosa que un movimiento político de carácter burgués que tuvo siempre una hegemonía vinculada al proyecto de una burguesía nacional, y como dice José Pablo Feinmann, uno de los intelectuales más destacados del kirchnerismo: “el peronismo fue estatista con Perón resistente en la Libertadora y fascista en el ‘74”.

    Eso no cuestiona que haya compañeros luchadores del peronismo. ¿Cuestiona que esos compañeros hayan construido un proyecto revolucionario en los ’70 y que hayan construido fuerza política con una masa crítica con capacidad de movilización que atemoriza al poder?  Para nada.

    ¿Cuestiona que la identidad principal de las víctimas de la Triple A y el terrorismo de Estado haya sido peronista? Para nada.  Lo que cuestiona es que el peronismo alguna vez fuera un movimiento de liberación nacional, al cual la izquierda no peronista debía apoyar. Cuestión que ha sido el centro del debate en el ’75 y que es el centro del debate hoy. No se trata de negar la existencia de lo obvio. Hay que superar esa cultura de división de la izquierda, del campo popular.

    Pero la Triple A lo que cuestiona es la noción de que el peronismo era en sí el movimiento de liberación nacional y de que la izquierda no peronista debía apoyarla. Debate que se vuelve a instalar, a mi modo de ver sorprendentemente. Hay que superar esa discusión y pensar en términos de construir una nueva identidad. Lo que los compañeros tienen que entender es que no se pueden quedar en un proyecto que no pretende superar el capitalismo. Ese es el punto.

    Y la Triple A ayuda a entender mucho eso. El hecho que haya de un lado peronistas asesinos y del otro peronistas asesinados, ayuda a entender que hay contradicciones al interior del peronismo. Y que la hegemonía en ese momento estuvo cuestionada. Y la respuesta  fue, en buena medida, la Triple A.

    Pero Perón, pese a todo, la hegemonía nunca la perdió

    Y aquí vale contar una anécdota sobre una entrevista entre la dirección de la Juventud Peronista de las Regionales y el General.  Los compañeros le dicen que han llegado a su casa con treinta mil compañeros y Perón una y diez veces les agradece que hayan llegado con tres mil compañeros hasta que alguno se cansa y le dice: General, son treinta mil los compañeros que vinieron hasta aquí a decirle que está lleno de gorilas el gobierno popular, y el General le contesta, treinta mil no, tres ml trajeron ustedes, los otros veintisiete mil son míos.  Y era verdad, ni Perón ni la burguesía jamás perdieron la hegemonía en el peronismo.

    En todo caso, cuando se van produciendo los cambios en el peronismo, tiene que ver con lo que la burguesía va necesitando en cada momento.

    ¿Y por qué hay hoy un conflicto hoy al interior del PJ? Porque hay un desajuste entre lo que hace la hegemonía formal y lo que quiere la burguesía que en realidad sostiene al PJ.

    Entonces, para discutir más a fondo lo del ’75, la pregunta es si vamos a construir una nueva identidad, que tendrá, como yo digo en esos actos de patria o muerte, que tendrá el rostro de todos los rostros de los compañeros y será como un arco iris porque tendrá todos los colores de todas las banderas de todos los compañeros, o volvemos a la idea equivocada de los compañeros de la JP del ’74 y que hoy nos repiten las y los compañeros del kirchnerismo,  cuando nos decían: “apóyennos, para la interna…”.

    La izquierda peronista y no peronista debe crear de una vez por todas su propia fuerza de modo tal que aunque haga acuerdos o apoyos mantenga la autonomía necesaria para pelear contra el fascismo y las derechas no importa donde se escondan o disimulen, así sea en un Ministerio de Defensa o en la Corte Suprema de la nación.

    Yo por lo menos, ya la viví. Estoy preparado para cometer nuevos errores, pero no los mismos. Lo que yo aprendí en la lucha contra la Triple A quiero transmitírselo a los jóvenes, primero que al fascismo hay que enfrentarlo, que no hay retroceso contra el fascismo, que no hay concesiones con la derecha, y que hay que tener iniciativa de ofensiva, no de defensiva.