Un dictamen contra el directorio de Acindar…..contratapa de Rosario 12


CONTRATAPA

Un dictamen contra el directorio de Acindar

 

08a Por José Ernesto Schulman *

En diciembre de 2010, junto con un destacado conjunto de protagonistas del Villazo (la gran rebelión democrática sindical de los trabajadores de Villa Constitución contra la Unión Obrera Metalúrgica, en marzo de 1974) y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de marzo de 1975, ordenado por un decreto gubernamental de Isabel Perón e inspirado por el presidente del directorio de Acindar y futuro ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz) entre los que se contaban Juan Actis, Alberto Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció penalmente al directorio de Acindar por los crímenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución, alegando que fueron funcionales a la imposición de un modelo de país que favorecería directamente a la empresa de un modo directo (la deuda externa que “cargaron” al estado o la burla a la Ley Savio que prohibía producir acero a partir del mineral de hierro ya que esta labor era monopolio estatal de Somisa) y como resultado del Plan Económico que continuaron Cavallo, Menem y De la Rúa.

Puntualmente denunciamos las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contraídas por Acindar al Estado Nacional.

La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el doctor Norberto Oyarbide. En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales.

Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el juez clausurara la investigación a pesar de que en estos años hemos aportado nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. Sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvió “determinar que las presentes actuaciones continúen trámite bajo el régimen procesal de la ley 23984” dándole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión.

Como ni soy abogado ni el fiscal se ha pronunciado sobre la cuestión, omitiré las consideraciones judiciales para concentrarme en los fundamentos de la resolución que receptan los fundamentos principales de nuestras posiciones sobre la relación entre Acindar y el terrorismo de Estado así como la génesis misma del golpe.

Dice Oyarbide: “Los distintos textos acompañados por la querella y otros textos publicados a los que se ha tenido acceso y que tratan los acontecimientos de Villa Constitución, dan la pauta que la represión y persecución que se inicia el 20 de marzo en Villa Constitución y se continúa más allá del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes y la intervención de la seccional gremial con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar no fueran obstaculizadas por la actuación gremial”.

Y luego de sostener que el Operativo Serpiente Roja fue parte de un proceso escalonado por el cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del gobierno de Isabel Perón el control territorial de la nación mediante los Operativos Independencia en Tucumán y el desencadenado en Villa Constitución, señala: “En todo este proceso el accionar de las fuerzas armadas fue tomando cada vez más relevancia ya para ese momento tenían el control operativo sobre Tucumán, las fuerzas de seguridad controlaban el litoral después de la represión del 20 de marzo en Villa Constitución, y así se llega al dictado de los decretos 2770/75 y 2771/75 por los cuales la acción represiva contra la subversión en todo el país queda en manos de las FF.AA. con la subordinación de las fuerzas de seguridad (FF.AA. y Policías Provinciales y Servicio Penitenciario), llegándose así al golpe de estado del 24 de marzo de 1976” por lo cual, dado que considera que la Triple A existió entre el 21 de noviembre de 1973 (atentado contra Solari Irigoyen) y el 11 de julio de 1975 (salida de López Rega y su sequito al exterior) los hechos represivos de Villa Constitución deben investigarse por separado, pero a esta distinción temporal le suma un elemento de excepcional importancia: la responsabilidad de Acindar.

Dice así: “Mas lo cierto es que el alcance de la causa 1075/06 parece más acotada respecto de éstas, ya que aquí se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Acindar cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser Ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1976 en Villa Constitución”. Y en un párrafo contundente afirma: “Lo que se vislumbra es que desde el gobierno nacional constitucional se montó un andamiaje represivo ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya que en un principio los ataques (amenazas, atentados con bombas y homicidios) aparecían como individualizados y solo dirigidos a personajes que se manifestaban abiertamente opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo algunos- a los lineamientos políticos del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y José López Rega… más cuando los reclamos sociales se fueron masificando, organizando y las agrupaciones políticas revolucionarias fueron adquiriendo representatividad y legitimidad a través de elecciones gremiales y sus reclamos fueron adquiriendo la entidad suficiente para transformarse en un obstáculo para los fines perseguidos por el gobierno nacional, el aparato represivo ilegítimo se fue transformando en un verdadero terrorismo de estado que buscó no solo amenazar y eliminar ya no a titulo individual a opositores políticos sino a las organizaciones políticas y sus militantes completamente, y así se llegó a la institucionalización de la represión” y vuelve a relatar la secuencia del Operativo Independencia, el Operativo Serpiente Roja y los decretos de Isabel Perón que ponen todo el país bajo control operacional de las FF.AA.

Como la denuncia contra Acindar había sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habría funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho más allá en el tiempo, durante toda la dictadura militar que había puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara señal de “territorio enemigo bajo control militar” y b) porque acepta nuestra hipótesis que la represión desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice “prima facie” algo así “como es probable que”) en procura de sus intereses económicos, tal como lo venimos sosteniendo desde hace años.

Acindar promovió el terrorismo de estado como instrumento de un proyecto de país que nos sumió en la crisis más profunda de nuestra historia.

*Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombr

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