Un dictamen de Oyarbide sobre Acindar y los debates sobre la complicidad con el Terrorismo de Estado: el protagonismo empresarial en el Genocidio, ¿excepción o regla?


 

Plenario Sindical antiburocrático de abril de 1974 en Villa Constitución.
Plenario Sindical antiburocrático de abril de 1974 en Villa Constitución.

In memorian

de  Carlos Sosa y Tito Martín

protagonistas de las luchas obreras

y populares de Villa Constitución

y maestros de la política revolucionaria.

En diciembre de 2010, junto con un destacado conjunto de protagonistas del Villazo (la gran rebelión democrática sindical de los trabajadores de Villa Constitución contra la Unión Obrera Metalúrgica en marzo de 1974) y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de marzo de 1975 ordenado por un decreto gubernamental de Isabel Perón e inspirado por el presidente del directorio de Acindar y futuro ministro de economía Alfredo Martínez de Hoz) entre los que se contaban Juan Actis, Alberto Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció penalmente al directorio de Acindar[1] por los crímenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución, alegando que fueron funcionales a la imposición de un modelo de país que favorecería directamente a la empresa de un modo directo (la deuda externa que “cargaron” al estado o la burla a la Ley Savio que prohibía producir acero a partir del mineral de hierro ya que esta labor era monopolio estatal de Somisa) y como resultado del Plan Económico que continuaron Cavallo,  Menem y De la Rúa. Puntualmente denunciamos las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contraídas por Acindar al Estado Nacional.

La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el Dr. Oyarbide. En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales. Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el Juez clausurara la investigación a pesar de que en estos años hemos aportado nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvió “determinar que las presentes actuaciones continúen trámite bajo el régimen procesal de la ley 23984” dándole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión. Como ni soy abogado ni el fiscal se ha pronunciado sobre la cuestión, omitiré las consideraciones operativas para concentrarme en los fundamentos de la resolución que receptan los fundamentos principales de nuestras posiciones sobre la relación entre Acindar y el terrorismo de Estado así como la génesis misma del Golpe.

Citaremos algunos párrafos del resolutorio (son veinte carillas) para luego señalar algunas cuestiones metodológicas y de fondo sobre el debate que se ha potenciado con la publicación del libro “Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”[2] compilado por Horacio Verbitsky y  Juan Pablo Boholslavsky.

Dice Oyarbide: “los distintos textos acompañados por la querella y otros textos publicados a los que se ha tenido acceso y que tratan los acontecimientos de Villa Constitución, dan la pauta que la represión y persecución que se inicia el 20 de marzo en Villa Constitución y se continúa más allá del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes y  la intervención de la seccional gremial con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar no fueran obstaculizadas por la actuación gremial[3] (a folio 3 del resolutorio).

Y luego de sostener que el Operativo Serpiente Roja fue parte de un proceso escalonado por el cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del gobierno de Isabel Perón el control territorial de la nación mediante los Operativos Independencia en Tucumán y el desencadenado en Villa Constitución: “En todo este proceso el accionar de las fuerzas armadas fue tomando cada vez más relevancia ya para ese momento [4]tenían el control operativo sobre Tucumán, las fuerzas de seguridad controlaban el litoral después de la represión del 20 de marzo en Villa Constitución, y así se llega al dictado de los decretos 2770/75 y 2771/75 por los cuales la acción represiva contra la subversión en todo el país queda en manos de las FF.AA. con la subordinación de las fuerzas de seguridad (FF.AA. y Policías Provinciales y Servicio Penitenciario), llegándose así al golpe de estado del 24 de marzo de 1976” (a folios 13/14 del resolutorio) por lo cual, dado que considera que la Triple A existió entre el 21 de noviembre de 1973 (atentado contra Solari Irigoyen) y el 11 de julio de 1975 (salida de López Rega y su sequito al exterior) los hechos represivos de Villa Constitución deben investigarse por separado, pero a esta distinción temporal le suma un elemento de excepcional importancia: la responsabilidad de Acindar.

Dice así:”mas lo cierto es que el alcance de la causa 1075/06[5] parece más acotada respecto de éstas, ya que aquí se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Acindar cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser Ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1976 en Villa Constitución” (a folios 14/15 del resolutorio).

Y en un párrafo contundente afirma: “…lo que se vislumbra es que desde el gobierno nacional constitucional se montó un andamiaje represivo ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya que en un principio los ataques (amenazas, atentados con bombas y…homicidios) aparecían como individualizados y solo dirigidos a personajes  que se manifestaban abiertamente opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo algunos- a los lineamientos políticos del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y José López Rega……..más cuando los reclamos sociales se fueron masificando, organizando y las agrupaciones políticas revolucionarias fueron adquiriendo representatividad y legitimidad a través de elecciones gremiales y sus reclamos fueron adquiriendo la entidad suficiente para transformarse en un obstáculo para los fines perseguidos por el gobierno nacional, el aparato represivo ilegítimo se fue transformando en un verdadero terrorismo de estado que buscó no solo amenazar y eliminar ya no a titulo individual a opositores políticos…..sino a las organizaciones políticas y sus militantes completamente, y así se llegó a la “institucionalización de la represión”…” y vuelve a relatar la secuencia del Operativo Independencia, el Operativo Serpiente Roja y los decretos de Isabel Perón que ponen todo el país bajo control operacional de las FF.AA.

Como la denuncia contra Acindar había sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habría funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho más allá en el tiempo, durante toda la dictadura militar que había puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara señal de “territorio enemigo bajo control militar” y b) porque acepta nuestra hipótesis que la represión desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice “prima facie” = en principio o algo así como es probable que…) en procura de sus intereses económicos tal como lo venimos sosteniendo desde hace años.[6]

Contra la teoría de la excepcionalidad de la represión y de la excepcionalidad del compromiso empresarial con el terrorismo de Estado hemos sostenido reiteradamente las siguientes  ideas fuerza que considero pertinente reiterar:

a)      la historia de la Argentina es una historia de violentos actos de dominación y control social a los fines de imponer y hacer funcional (o sea rentable) al capitalismo

b)      somos, como latinoamericanos, hijos de una violación: la invasión colonial europea que aniquiló millones de hermanos originarios.

c)      la historia de la República Argentina, la historia de sus instituciones y su cultura, es –como nos enseñaba Walter Benjamín en sus Tesis sobre la Historia- al mismo tiempo la historia de la represión estatal sobre todos los opositores de todas las maneras posibles, generalmente y de una manera predominante, por medios brutales como la tortura y la prisión ilegal.

d)     desde 1902 en que se sanciona la ley 4144 de represión a los inmigrantes indeseables, pasando por la ley de seguridad nacional de 1910, el estado de sitio del mismo año, siguiendo por la formación de la sección especial de lucha contra el comunismo creada al interior de la Policía Federal en 1930 y todos los golpes de estado: de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 la represión ha sido la regla y el respeto a los derechos humanos, la excepción.

e)      el Terrorismo de Estado desplegado entre finales de 1973 y finales de 1982 (nunca los periodos sociales son exactos) marcó un salto de calidad en la represión (del control y el dominio, de la eliminación parcial al exterminio de un grupo nacional) pero no fue otra cosa que la culminación de un largo periodo de preparación que se remonta a la Conquista Imperial Española sobre nosotros. Y aún más, como desarrollamos en otros textos[7], la cultura represora no desapareció en “democracia” sino que se recicló, y  hoy amenaza con crecer de manera desorbitada de la mano de Milani, Marambio, Granados y quienes lo corren por derecha como Massa, De Narváez, Macri y Lilita.

f)       la relación entre la represión y las empresas viene de larga data; y es más, desde los 40 del siglo XX, que funciona un verdadero triángulo de la muerte: empresa, gobierno y burocracia sindical; en los años del Terrorismo de estado proporcionaban listas a los servicios de Inteligencia o prestaban autos, camiones e instalaciones. Y esa relación, en las nuevas condiciones, se mantiene inalterable. El capitalismo, por naturaleza, es incompatible con los derechos humanos.

g)      la relación entre las empresas y el estado argentino también es permanente. Solo a modo de ejemplo, y de un modo acotado porque voy a citar un libro de 1995[8] veamos la historia de Acindar y el Estado: fundada en los marcos del primer peronismo, gozó de todas las políticas de incentivo industrial de aquel gobierno que anunciaba la constitución de Somisa y subsidiaba la industria nacional del acero; su fundador, el Ingeniero Acevedo fue Ministro de Obras Públicas de Frondizi con el expreso objetivo de privatizar los ferrocarriles (frustrado por la gran huelga ferroviaria de 1962), luego colocaron a su gerente financiero, Carlos Carrera como Subsecretario de Finanzas de la Nación en el equipo de Krieguer Vasena, del gobierno militar de Onganía, quien los ayudó a perpetrar una de las mayores estafas bursátiles de la historia, para culminar con la entronización de Martínez de Hoz en el 76 quien fuera reemplazado por el “vencedor” del Cordobazo: el General Alcides López Aufranc; durante toda su historia el Estado estuvo a su servicio, y no solo en las funciones económicas, también en las de control social y represión a los trabajadores.

1.Somisa fue saboteada desde el mismo momento en que fue concebida, tardando 14 años en ponerse en funciones. “…precisamente cuando Somisa comienza a producir arrabio y acero, en lugar de ayudar a su pronta expansión se permite a la iniciativa privada aspirar a su dominio del mercado. La ulterior expansión a cuatro millones de toneladas fue negada a Somisa para confiar en los planes de integración de Acindar y Propulsora Siderúrgica, autorizados en 1967, el primero debió ser anulado en 1968 ante las condiciones lesivas para el país con que Acindar pactó la intervención de la Steel Co. de los EE.UU” Thoa. Y un ex secretario de Onganía, el Dr. Roth comenta: “No había en el país empresa que hubiese recibido mejor protección arancelaria, ni más aportes y crédito estatal. La contribución del Estado tenía por destino la construcción de un alto horno a lo cual se había obligado la empresa una década antes. El Plan Siderúrgico incluía un millón de toneladas que produciría Acindar en sus previsiones….Acindar había postergado de año en año la construcción del alto horno, mientras estaba exenta de impuestos que su competencia pagaba, prácticamente por lo que iba a construir..” Durante todos esos años Acindar se beneficiaba no sólo de las exenciones más arriba descriptas, también del precio subsidiado con que Somisa le vendía la palanquilla. Un estudio de Lozano, Basualdo y Fuks  demuestra que entre 1970 y 1975 Acindar, le pagó a Somisa 100 millones de dólares menos de lo que se cotizaba la palanquilla en el mercado.

2.utilización del crédito internacional con avales del Estado. Asunción por parte del mismo de dicha deuda mediante el mecanismo del seguro de cambio. Monto de la deuda externa: 652.193.000 dólares, subsidio del 64.8 %. Cavallo prácticamente la estatizó en 1981 cuando estaba al frente del Banco Central y Alfonsín lo consideró “cosa juzgada” en 1984 asumiendo prácticamente el pago de la misma. Dicho de otro modo, la Planta Integrada y subsiguientes mejoras fueron construidas con dineros públicos. No sólo consiguió quebrar el monopolio estatal que Savio había soñado para la producción de acero, sino que consiguió que el mismo Estado (el suyo, ¿no?) se lo pague .

3.- Beneficios de los regímenes de promoción industrial. Recibió exenciones impositivas por la construcción de la Planta Integrada (monto 251 millones de dólares, aprobado en enero del ´75); por la ampliación de la planta de hierro redondo y alambrón (monto 40,4 millones de dólares, aprobado en enero de 1983); por la instalación de 12 empresas en la provincia de San Luis las cuales, por 16 años, gozan del beneficio de no pagar I.V.A. ni por las compras ni por las ventas. Lo más cómico del asunto es que durante ese lapso haya exigido subsidios para integrar su producción y concentrarla geográficamente. Con el traslado a San Luis de parte de sus instalaciones industriales, para desintegrar y desconcentrar la producción desde el punto de vista técnico, la vieja excusa de los “profesores de economía” para justificar el monopolio.

4.- Gozó de créditos del BANADE (debía 231 millones de dólares a fines de 1987 que pasaron a menos de 118 millones de dólares en 1988 sin haber pagado casi nada); y de avales del Tesoro Nacional  por 148, 256 millones de dólares recibidos del siguiente modo: el 9/1/76: 81.103 millones de dólares; el 9/1/78: 27.695 millones de dólares y el 5/6/78: 39.728 millones de dólares. Con esos dineros, por esos años, hacía importantes diferencias en la “bicicleta financiera”, tal como lo muestra el balance de la empresa de 1985 que revela una ganancia (expresada en pesos de entonces) de 4.446,40 millones, de los cuales 867, 5 millones corresponden a “actividades productivas (es decir, al trabajo no retribuido de los trabajadores, los cuales producían en una hora, el equivalente a su salario mensual y continuaban trabajando a ganancia de la empresa el resto del tiempo) y, nada menos que 3.378,8 millones a “utilidad no operativa” eufemismo técnico que esconde la vulgar bicicleta o especulación financiera típica de la burguesía argentina en aquellos tiempos.

En ocasión de un acto en homenaje al levantamiento del Ghetto de Varsovia, el Dr. Raúl Zaffaroni sostuvo que ni la Memoria ni el Juicio y el Castigo tenían funciones preventivas contra un nuevo Genocidio[9]. Es más, la Declaración de los derechos humanos por parte de las nacientes Naciones Unidas pareció más la señal de largada para un interminable ciclo de golpes de estado y genocidios que el anuncio de un nuevo tiempo de “amor y paz”. El propio Juicio de Núremberg solo preanunció el inicio de la Guerra Fría y el fiscal argentino Alejandro Alagia, reconoció su sorpresa al momento de la sanción de la Ley Antiterrorista puesto que pensaba que con los juicios al Terrorismo de Estado, esas cosas no volverían a ocurrir[10].

¿Es que entonces, los juicios no tienen ningún valor, más allá del reparatorio individual o colectivo?. Nada de eso, como rescató el Dr. Rozanski en su fallo contra Etchecolatz, “el derecho genera verdad”, al decir de Foucault, y estos juicios abonan la resignificacíón de un pasado reciente que necesariamente debe ser asumido como aprendizaje para las nuevas generaciones de luchadores por la libertad y el buen vivir.

Por esas razones, acaso sin siquiera imaginarlo, el dictamen del Juez Oyarbide abona ese camino y –tal como lo destaca en su resolutorio- pone en su justo lugar a luchadores como Carlos Sosa o Rodolfo Graff, revolucionarios comunistas para quienes el sistema gubernamental de memoria nunca tiene tiempo ni lugar para recordarlos.

“Sosa, Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución y  militante del Partido Comunista, según el escrito de la querella, fue detenido también el 20 de marzo de 1975. En su testimonio,  Carlos Antonio Sosa relata que el 5/8/76 estando en la casa de Teófilo Graff  llegan dos individuos armados en un Dodge 1500, Graff logra escapar y él es arrestado, con esposas y capucha es introducido en un vehículo y llevado a un lugar donde permanece cinco días en una celda…..oye que personas son torturadas….señala que luego es trasladado en un vehículo policial a la seccional central de la Policía provincial de San Nicolás……refiere que en este nuevo lugar permanece 40 días y le dicen que está a disposición del Area Militar 211….es interrogado por un mayor del Ejercito de apellido Bounier o Borné y tratan de convencerlo que trabaje para ellos dentro del movimiento obrero dada su condición de Secretario General de la Unión Ferroviaria, cargo que ocupó hasta el 20 de abril de 1975 en que quedó cesante y como no acepta, es amenazado y trasladado al Regimiento de Pontoneros de San Nicolás….” (a folios 16 del resolutorio).

Carlos Sosa falleció luego de presentar la denuncia penal contra el directorio de Acindar, sin llegar a ver el juicio anhelado. Luego del fin de la dictadura volvió al ferrocarril y a la Unión Ferroviaria, resistió la privatización de los FFCC y ocupó la estación local para un emprendimiento productivo. Jubilado, andaba en bicicleta convocando rebeldías cuando un infarto le golpeó en su costado más sensible: su rojo corazón rojo.

Fueron esos obreros ferroviarios y metalúrgicos los primeros en denunciar lo que hoy se abre paso trabajosamente en la sociedad: Acindar y los empresarios nacionales fueron parte del Genocidio tanto como Ford y la embajada de los Estados Unidos. Esa es la primera verdad del proceso histórico reciente, y por ello, la más oculta por la derecha y el “progresismo”.


[2] editorial Siglo XXI, 2013

[3] en todos los casos donde se resalte con negrita, son del autor.

[4] está citando la denuncia contra López Rega y la Triple A publicada en La Opinión  del 6 de julio de 1975, que el Juez relaciona con las denuncias del Ejercito contra López Rega y su posterior desplazamiento del gobierno del 11 de julio, fecha de su viaje al exterior y que Oyarbide considera el fin de la Triple A

[5] la causa iniciada en diciembre de 2006 contra la Triple A al momento de la detención de Morales y Almirón en España, que reactiva la abierta en 1975, inmovilizada por la dictadura y clausurada con la muerte de López Rega en 1984.

[6] en 1995 publiqué “Tito Martín, el Villazo y la verdadera historia de Acindar”, cuya segunda edición fue aceptada como documento de prueba por el Juez y cuya versión on line gratuita está en http://schulman52.files.wordpress.com/2010/02/libro_tito_martin.pdf

[8] del libro ya citado “Tito Martín, el Villazo y la verdadera historia de Acindar”

[10] Pagina 12 del 20/12/2012: “Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas

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