Crónicas del nuevo siglo

Murió impune Alcides López Aufranc, el General que reprimió el Cordobazo, introdujo la “Escuela Francesa” de Guerra Antisubversiva probada en Argelia y que sucedió a Martínez de Hoz en la presidencia de Acindar. Concentraba en su trayectoria personal todas las perversiones de los represores genocidas y todo el cinismo de los empresarios enriquecidos con la tortura. A pesar de ello nunca fue judicializado ni siquiera amonestado por su publica y orgullosa defensa del Terrorismo de Estado. Falleció el 26 de abril del 2015, día de la euforia derechista en Buenos Aires y su impunidad tiene nombres y apellidos: Oyarbide en Buenos Aires y Bailaque en Rosario.

Así como hay fechas que contienen los más diversos acontecimientos históricos (por ejemplo el 22 de agosto donde viven el recuerdo del renunciamiento de Evita (1953), con el secuestro de Tito Messiez en Rosario (1977) y los fusilamientos de Trelew (1972) junto a la ejecución de Sacco y Vanzetti (1927)), hay personajes que condensan en sí mismos casi toda la pluralidad del sujeto social que ostenta el Poder Real en nuestro país, desde la Conquista Imperial Española pasando por la Republica Conservadora, el Peronismo en todas sus versiones, las dictaduras militares y los gobiernos civiles.

Un conglomerado de militares, empresarios, curas, intelectuales, jueces y otros sujetos que componen el bloque de poder que a veces gobierna sin mediaciones (los gobiernos de Videla o Menem, por ejemplo) y a veces mantiene el Poder a pesar de que en el gobierno haya sectores que buscan distanciarse en uno o más aspectos (Cámpora, Illia, Néstor Kirchner).

Y hay hombres que ostentan en su biografía casi todos los matices y casi todas las funciones de los que ejercen el PODER (así, con mayúsculas para que se perciba que es el real y no el imaginario).

Nacido en 1921, se graduó como Oficial y adhirió al bando de los “azules” en los debates internos posteriores al golpe gorila del 55; las diferencias entre “azules” y “colorados” no eran más que de forma: cuál era el mejor modo de derrotar la subversión comunista que cobraba fuerza en Nuestra América luego del triunfo de la Revolución Cubana. Los “azules” apostaban a un acuerdo con la burocracia sindical y el propio Perón para derrotar el comunismo y la izquierda peronista; los colorados querían hacer tabla rasa con todo. En 1962/63 hubo enfrentamientos hasta armados y en ellos nuestro General adquirió fama de valiente y osado, tanto que se ganó el nombre del Zorro del desierto de Magdalena, aunque nunca disparó un solo tiro de su batallón de tanques. Ganaron los azules y pocos años después los “institucionalistas” del 63 produjeron el golpe de Estado de 1966 que llevo a Onganía al gobierno militar y aceleró los preparativos del Genocidio.

Un poco antes, durante los dos años que arrancan en 1957 había estudiado en París en la Ecole de Guerre todos los secretos de la estrategia francesa de guerra antisubversiva desplegada en Argelia; de allí surgieron las prácticas de ampliar la tortura y dar centralidad a los Servicios de Inteligencia. «En la práctica», dijo Marie Monique Robin a Página/12 en el 2004, «la llegada de los franceses a la Argentina conllevó a una ampliación masiva de los servicios de inteligencia y de la utilización de la tortura como el arma principal de guerra contra la subversión en el concepto de la guerra moderna». Los «decretos de aniquilación» firmados por Isabel Perón fueron inspirados en textos en lengua francesa. Durante la guerra de independencia de Argelia, las fuerzas policiales fueron puestas bajo la autoridad del Ejército, y en particular de los paracaidistas, quienes generalizaron las sesiones de interrogatorio, la utilización sistemática de la tortura y las desapariciones.

A pesar de que nunca negó su pasado y aún más lo reivindicó con orgullo en una antológica entrevista grabada en video, nunca fue convocado por Tribunal alguno.

Es que el General Alcides López Aufranc no solo fue militar; en 1976 cuando Alfredo Martínez de Hoz tuvo que dejar el directorio de Acindar para ocuparse de los negocios de toda la clase desde el Ministerio de Economía, lo reemplazo al frente de la empresa que simbolizó como pocas la fusión de Poder Económico y Dictadura. Bajo su presidencia se obtuvieron los créditos para construir la Planta Integrada y liquidar el monopolio de producción de acero a partir de mineral de hierro que tenía Somisa; se absorbieron otras siderurgias como Gurmendi, Santa Rosa y Genaro Grasso, se impuso una disciplina militar al interior de las plantas que liquidó el Convenio Metalúrgico y elevó la productividad por trabajador de manera que en mi libro “Tito Martín, el villazo y la verdadera historia de Acindar” intenté describir del siguiente modo:
“El balance empresarial de 1992 informa a los accionistas la reducción de 2.000 operarios en Villa Constitución (de 3.600 a 2.300) con mantenimiento de los niveles de producción anteriores al conflicto del 91’ y una reducción general de gastos del orden del 10%.  Y aún más, la flexibilización impuesta terminó con el convenio colectivo e impuso la polifuncionalidad de los trabajadores quedando estos a disposición discrecional de la empresa para la tarea, el modo y tiempo de efectuarla que ésta desee abriendo paso a nuevos niveles de superexplotación generando reubicaciones y despidos masivos. Lo que en su momento se disciplinó a fuerza de tanquetas, falcón verde y la gendarmería, ahora se impondría por medio del chantaje más brutal: “aceptación o despido”. Una vez más se adelantaba a su tiempo. Recién en 1995, Menem conseguiría aprobar por el Parlamento la ley de flexibilización laboral para hacer en todos lados lo que Acindar hacía desde el 1991 en sus plantas industriales. Todos estos años, y aún ahora, Acindar ha clamado contra el “costo argentino” al que identifican con el alto costo de su mano de obra. En un trabajo elaborado en 1985  habíamos logrado establecer que en una hora de trabajo, el “obrero promedio” de Acindar producía un valor equivalente a su salario mensual. En 1989 el economista Julián Lemoine publicó en el desaparecido diario Sur un extenso estudio donde logra establecer que al 19 de mayo de 1989 el costo de la mano de obra por tonelada de acero producida es de 16.7 dólares con un salario por hora (incluidas primas, insalubridad, peligrosidad, etc.) de 48 centavos de dólar por hora. Esto significaba que la productividad de ese momento era superior un 7 % a la coreana, un 42 % a la brasileña, un 59 % a la japonesa y un 85 % a la norteamericana y que la estructura de costos de la empresa era la siguiente: Incidencia proporcional de cada rubro en el costo final del producto

Laborales 23, 339 %
Materias Primas Nacionales 21, 089 %
Materias Primas Importadas 15, 455 %
Servicios Públicos 12, 968 %
Costos de producción 3, 682 %
Costos de comercialización 1, 098 %
Amortizaciones 9. 173 %
Financiero 13. 000 %
TOTAL      100. 000 %

En 1988 recibe el premio Konex al mérito en el rubro “ejecutivos de la industria”; y vaya si lo tenía merecido: había logrado incrementar ferozmente los beneficios de la empresa bajo la dictadura y continuarlos con la ayuda del gobierno de Alfonsín.
En el año 2010, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre inició una demanda penal contra el directorio de Acindar por las acciones represivas directas (el Operativo del 20 de marzo de 1975 pactado con Isabel y López Rega y sus consecuencias (ocupación militar de la zona y la empresa casi hasta el final de la dictadura) y por las acciones económicas que hemos descripto brevemente más arriba. Para finales del 2013 conseguimos declarar en la causa y que permitan declarar a un grupo grande de sobrevivientes y estudiosos del accionar de Acindar. En el 2014 pedimos la indagatoria del General Alcides López Aufranc, Arturo Acevedo y otros ejecutivos de la empresa. Parecía que al fin derrotábamos la impunidad de los empresarios pero en el último minuto un juez rosarino de apellido Bailaque abrió una causa a pedido del fiscal rosarino Gonzalo Stara.
Tiempo Argentino lo reflejaba así en su edición del 22/06/2014: Justo cuando el juez federal porteño Norberto Oyarbide se disponía a indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de la empresa Acindar, por el operativo represivo desatado en Villa Constitución en marzo de 1975, su par de Rosario, Marcelo Bailaque, solicitó que la investigación pasara al fuero en Santa Fe. Bailaque planteó la inhibición de Oyarbide para investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra trabajadores metalúrgicos en aquel momento, por entender que esos hechos se produjeron en terreno santafecino, y solo él puede analizarlos. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante, el sorpresivo interés demostrado ahora por el magistrado intenta congelar la causa. Y acaso archivarla para siempre. El pedido de Bailaque, además de inconsistente, es absolutamente extemporáneo, y llega 40 años más tarde. Nunca antes la justicia santafecina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar aquellos reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa. Y es singular que lo haga ahora, antes de que por primera vez varios de sus antiguos directivos sean detenidos.
La maniobra de Bailaque, además, tira un salvavidas al ex general Alcides López Aufranc, sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la Dirección de Acindar cuando el ex ministro de Economía tuvo que dejar el puesto para hacerse cargo de la caja recaudadora de la dictadura. Increíblemente, el genocida Aufranc esquivó distintas denuncias en su contra a lo largo de estas cuatro décadas, gracias a la cintura de sus abogados. Hay otros que también estaban a punto de ser detenidos, y ahora, gracias al juez rosarino, deben estar respirando aliviados. Como Arturo Acevedo, integrante del grupo familiar fundador, y los directivos Pedro Aznárez y Roberto Pellegrini.

En esa nota se mencionaba una carta del General al directorio de Acindar que resultaba prueba contundente de su compromiso con el Plan de Exterminio y de Reconversión capitalista. Juzguen Uds. mismos: «A comienzos de 1976 –arranca el texto–, el país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos político y económico, e inmerso en una violencia que inicialmente fue fomentada y luego se hizo ingobernable.» «A partir del 24 de marzo de 1976 –agrega–, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva.»
Para el genocida, «pese a los inconvenientes señalados», «es evidente que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente.»      López Aufranc finaliza: «No deseo terminar esta carta a los accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida, y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra querida patria.» «

“cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota”
Mario Benedetti

En la noche trágica de aquel 24 de marzo, intentando escapar de la persecución represora, una pregunta me atormentaba la conciencia: ¿Cómo saldríamos del pozo donde nos veníamos hundiendo desde hacía meses gracias a la Triple A y la grosera impunidad habilitante? ¿Y cómo habíamos caído en el cuando parecía que avanzábamos hacia la Patria Socialista?

Muchos años después, bastante más de lo deseado, pudimos entender algunas cosas de aquel momento con lo que quisiera comenzar la reflexión. En pocas palabras, el Golpe del 24 de marzo era parte de una Operación Continental de Contrainsurgencia, en el marco de la Guerra Fría pero en la región que los EE.UU. consideran desde Monroe a Obama su patio trasero lo que aumenta su tradicional brutalidad asesina; en segundo lugar, en la Argentina, el Golpe tuvo un carácter preventivo, digamos una Contra/revolución preventiva dado que el proceso de acumulación de fuerzas desplegado entre el golpe gorila del 55 y el comienzo del Terrorismo de Estado a finales del 74 (aproximadamente claro, desde diciembre de 1973 ya actuaba la Triple A) era suficiente para desafiar al Poder, asustarlo, “enojarlo” mucho, pero todavía no tenía capacidades suficientes para confrontarlo en regla y derrotarlo, se adelantaron a la construcción de la alternativa política unitaria capaz de lograr esas capacidades; y lo hicieron en procura de rescatar el capitalismo argentino de su crisis, la crisis que las luchas le habían puesto al modelo distributivo, de Estado Benefactor o como quieran llamarlo pero que había llegado a entregar el 50% de la renta nacional a los que cobraban salarios y jubilaciones; ese modelo no funcionaba, estaba en crisis y “su” solución fue la modificación abrupta de todas las variables económicas empezando por los salarios, las leyes laborales, las empresas estatales y las regulaciones de cualquier tipo.

Fue un genocidio en regla: la destrucción de un “grupo nacional” para reorganizar radicalmente la sociedad. Y lo lograron. Por su fuerza histórica como Estado Nacional nacido como Estado Represor, por el apoyo estratégico de los EE.UU., por la complicidad de un amplio campo de fuerzas sociales y políticas que prefirieron entregarse a los militares al riesgo del triunfo revolucionario. Era el fin del supuesto carácter progresista de la burguesía nacional, en vez de aliarse a los trabajadores se sumaban al discurso de la “guerrilla fabril” del demócrata Balbín. Y todo facilitado por la ausencia de una fuerza política que represente los sueños de libertad y socialismo.

En estos 39 años cada uno de estos ítems ha sido objeto de manipulaciones desde la fracción que está en el gobierno. “Gesta patriótica” para los genocidas, “desvío irracional” para los radicales de Alfonsín que se amarraron al Nunca Más como el horizonte conquistado, reedición de la vieja historia de unitarios contra federales,” gorilas contra peronistas” para la corriente conocida como nac & pop. En estos últimos años se fue pasando de caracterizar el gobierno surgido del 24 de marzo de “dictadura militar” a “dictadura cívico militar” y ahora se abre paso una ampliación del foco hacia el poder empresarial.

Pero la idea que el golpe fue contra “la democracia” y por eso debe ser una “fiesta cívica”, con feriado nacional turístico incluido revela la intención de ocultar la razón profunda de la derrota y la falta de voluntad de construir fuerza política suficiente para llevar las banderas de los treintamil a la victoria La derrota y la victoria son algo más relativas de lo que parece. El papelón histórico que acaba de protagonizar el hijo de Raúl Sendic, que se atrevió a dudar de la veracidad de las denuncias de Maduro contra el golpismo imperial yanqui, recién llegado al gobierno uruguayo gracias a la portación de apellido, grafica eso de que se puede salir de estar encerrado años en un pozo (como le ocurrió a Raúl) con la cabeza en alto, victorioso, o se puede llegar a la Casa de Gobierno, dispuesto a satisfacer cualquier pedido del imperio, el mismo que encerró y torturó a su padre. Quiero decir que no todo se puede medir con cifras y fotos.

En la Argentina hemos conquistado un proceso histórico, ejemplar regionalmente y de valor universal, de enjuiciamiento a una parte de los represores que rompió la impunidad dura, aquella que aseguró la tranquilidad de los militares y policías que asesinaron y torturaron desde la Guerra de la Triple Alianza en 1870 hasta el fin de la ultima dictadura militar. Son 554 condenados en 21 juicios orales finalizados donde se absolvió a 59 de ellos. En total son 1064 los “privados de la libertad” por condena o detención preventiva, pero de ellos, el 40.5% están en su casa por decisión judicial y solo el 16% de las sentencias está confirmada por la Corte Suprema. En este universo casi no hay empresarios, curas, intelectuales, funcionarios; el foco de la Justicia se cerró en la escena de la tortura, solo ven a las victimas y los torturadores y nada del contexto. Del Plan de Exterminio reconocido desde el Juicio a la Junta y de la Operación Continental de Contrainsurgencia que se viene probando en el Juicio por el Plan Cóndor. De uno u otro modo, hay causas judiciales donde se trata lo ocurrido por algo más de 11 mil compañeros (entre sobrevivientes, asesinados y desaparecidos), lo cual es una cifra importante, proporcionalmente mucho mayor que los apenas mil represores investigados, ni siquiera dos por centro clandestino (habría unos 570, ya reconocidos judicialmente).

Las reiteradas promesas de Lorenzetti de garantizar la continuidad de los juicios (así como se procesan, con sus obvios límites y fortalezas) expresan el grado de instalación social de la necesidad de castigar aquellos crímenes, pero vistos como algo del pasado. No es la misma fuerza social la que reclama la Cárcel para Milani o para los responsables de los centenares de crímenes cotidianos como el que sufrió Luciano Arruga.

Como Jano , la situación de los derechos humanos en la Argentina, tiene dos caras muy definidas: la que mira al pasado, es fuerte y digna; la que mira el presente y el futuro, está cargada de las marcas del genocidio y sufre de las mismas carencias populares que resonaron en aquel 24 de marzo, y sigue restallando: la ausencia de una fuerza popular democrática antiimperialista y revolucionaria capaz de derrotar la continuidad del país fundado por la picana y abrir paso a los cambios que ya soñaban los treintamil y siguen esperando.

Ya hemos dicho de la cara que mira al pasado (podríamos sumarle la conquista de un proceso de memoria que excede largamente lo institucional y que se extiende por todo el país, vindicando a cientos de militantes dignos de ser legado y bandera de las nuevas generaciones y que ha llegado a una parte de los niños y adolescentes en un proceso casi inédito en el país y la región, no lo subestimamos para nada, nuestro Negrito Avellaneda y la Teresa Israel son parte de esa mitología popular en formación, como tantos otras y otros) pero digamos algo de la otra cara, esa que se podría graficar con la foto de Milani al frente del Ejercito, Berni en la secretaría de seguridad o Granados en el Ministerio de la Pcia de Buenos Aires avalando la tortura y el armado de causas por las fuerzas estatales que portan armas (no solo las Policías, también la Gendarmería, la Prefectura y el Servicio Penitenciario) que son las nuevas Fuerzas Armadas en reemplazo del viejo Ejercito Nacional, achicado por Menem para “profesionarlo” y ponerlo en las misiones de la ONU. Son ellos los que torturan en sede policial y penitenciaria, los que arman causas y realizan ejecuciones extrajudiciales (“gatillo fácil”); los que espían y controlan al movimiento popular y crecientemente arman provocaciones y directamente reprimen en las calles como desde hace tiempo se practica en Formosa o las localidades de Malvinas o San Miguel en el Gran Buenos Aires de donde emergió la estrella sciolista de la seguridad, el Ministro Granados.
No hace mucho Capitanich explicó que son 400 mil hombres armados y bien preparados para la lucha de calles y agregamos que si superponemos el mapa de la pobreza y el mapa de los recursos naturales estratégicos con el mapa de la dispersión geográfica de los hombres del estado con armas encontraremos una superposición más que evidente.

Si el exterminio planificado de los militantes de los 70 se fundaba en la ideología de la seguridad nacional y el combate al comunismo internacional, ¿cuál es la razón para esta matanza silenciosa y cotidiana contra jóvenes pobres habitantes de barriadas populares con poco o ningún grado de organización previa?. La razón está en la continuidad del capitalismo y su necesidad extrema de control social, de imponer respeto y miedo a los pobres y los que se animan a resistir las dinámicas de enriquecimiento. Y por que saben que alguna vez pueden volver a necesitar un Videla. Por eso ninguno de los gobiernos electos por el voto popular desde el 83 en adelante disolvió los Servicios de Inteligencia o la Policía Federal sabiendo como saben que son imposibles de reformar. Miles de charlas de derechos humanos. Cursos y seminarios. Palabras y medallas no han servido para cambiar la cultura represora que se renueva y fortalece con la impunidad que el Poder Judicial (casi en bloque, salvo honrosas y dignas excepciones) les garantiza a los asesinos de Fuentealba o los secuestradores de Julio López. Esa cultura represora es, sin lugar a dudas, el mayor de los peligros que amenaza la vigencia de los derechos humanos dado que es la lucha popular el camino para hacerlos visibles, deseables, reconocidos y aceptados en la ley, así como es la lucha la que puede lograr su acceso pleno y universal. Y de eso se trata, que de leyes y Convenios Internacionales que no se cumplen estamos llenos y hartos. Los derechos humanos son aquellos que se ejercen sin limitaciones, y por todas y todos.

A pocos meses de finalizar el ciclo kirchnerista en el gobierno, el balance no es fácil y no queremos pecar de unilaterales (solo ver la cara que mira la memoria o solo ver la cara que acepta la tortura cotidiana) ni de componedores: un poco bien y un poco mal….

Es más complejo, la fracción en el gobierno trató y trata de que la Memoria tape la violación cotidiana y a futuro de los derechos humanos pero no le fue ni le será fácil; nosotros, y hablo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los organismos que no renunciamos ni a la autonomía ni al antimperialismo ni al compromiso con la liberación verdadera, nos hemos esforzado para que la Memoria ilumine el presente de modo tal que la comprensión del pasado reciente refuerce la voluntad de luchar contra toda forma de represión y violencia institucional, contra toda limitación de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestro pueblo. Y en parte, aunque sea pequeña, lo hemos logrado.

Por ello tenemos una mirada optimista para el futuro, no porque creamos que la Justicia trajo el Nunca Más; sino porque aprendimos que “el Derecho genera verdad” y hay una porción mayor que antes de la sociedad que sabe lo que pasó, y por qué paso. Con ellos nos disponemos a construir los movimientos y acuerdos que consigan la fuerza necesaria para terminar con la represión y la violencia institucional contra los pobres. Porque es hora de construir lo que nunca tuvimos, la fuerza popular capaz de derrotar la derrota y avanzar hacia la patria libre, hermanada con todos los pueblos que quieren dignidad y libertad.
Y tenemos derechos a soñar: no nos ganó la noche del 24 de marzo del 76 ni tantos años de frustraciones y traiciones. Solo se trata de aprender de cada derrota y construir algo más grande que nosotros mismos.

SOLICITA URGENTE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DIPLOMÁTICAS CORRESPONDIENTES ANTE FLAGRANTE
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Sra. Presidenta de la Nación:
Dra. Cristina Fernández
C/C

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Emb. Héctor Marcos Timerman

I.- INTRODUCCIÓN
La República Argentina, el 12 de diciembre de 2008, extraditó a la
República del Paraguay a los campesinos Arístides VERA SILGUERO, Agustín
ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS, Basiliano CARDOZO
GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque RODRÍGUEZ TORALES,
mediante Sentencia dictada el 14-12-06 en causa 6850/06 del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, a cargo del Dr. Ariel
Lijo. Sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
Expte. A-2112/06 (XLII ROR) el 21-10-2008. También se les denegó el refugio político
que habían solicitado en nuestro país, ofrecido por el Embajador Argentino en la
hermana república del Paraguay en su momento, ofrecimiento que los decidió a ingresar
a nuestro paìs.
Estos seis campesinos permanecieron detenidos en la República
Argentina desde el 2 de mayo de 2006, fecha de su detención ordenada por el Juez Lijo,
hasta la efectivización de su extradición, es decir el 12-12-08. A partir de entonces,
pasaron a estar bajo prisión preventiva en la República del Paraguay.
Tres años y medio más tarde, el 11 de julio de 2012, el Tribunal de
primera instancia, luego de la realización de un juicio oral y público, dictó la Sentencia
Definitiva de condena N° 58, que no fue debidamente notificada según lo establecido
por el artículo 399 del CPP.
El 17 de agosto de 2012 se interpuso Recurso de Apelación Especial
contra la sentencia de condena de primera instancia ante el Tribunal de Apelación de la
Ciudad de San Lorenzo. Después de otros dos años, el 11 de julio de 2014, el Tribunal
Colegiado de Apelación en lo Penal de San Lorenzo dictó su Acuerdo y Sentencia N°
85, notificado el 18 de agosto ppdo., recurrido por Recurso Extraordinario de Casación
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no se halla firme
ninguna condena y el estado de inocencia de los seis campesinos sigue todavía intacto,
por imperio del articulo 127 del CPP paraguayo, acorde con los artículos XXVI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Consideramos que el Estado argentino, al haber entregado a los seis
campesinos para ser sometidos a un juicio que se vislumbraba como arbitrario e injusto
(características nefastas que se vieron tristemente corroboradas en las sucesivas
sentencias no firmes dictadas en la causa) y sobre cuyas consecuencias esta organización
igual que muchas otras personalidades y fuerzas sociales y políticas lo advirtió repetidas
veces y de múltiples modos, ha incurrido en responsabilidad internacional, violando los
derechos de los seis peticionantes de refugio político a quienes se juzgó sin garantías,
como anunciaba la defensa de los extraditables.
Sin perjuicio de esta consideración general, dadas las dificultades
prácticas para que la República Argentina se expidiera ahora sobre las múltiples
violaciones de las garantías de Vera Silguero, Acosta González, Bordón Salinas,
Cardozo Giménez, Lezcano Espínola y Rodríguez Torales por parte del Poder Judicial
de la República del Paraguay, hemos decidido concentrar esta presentación en una
cuestión de fácil comprobación, que constituye una flagrante violación de las
obligaciones internacionales asumidas por la República del Paraguay con relación a la
República Argentina y a la vez perjudica gravemente los derechos de estos seis
campesinos.

II. – OMISIÓN DE CONSIDERAR EL PERÍODO DE PRISIÓN SUFRIDO EN ARGENTINA
Al momento de imponer las penas privativas de libertad a estos seis
acusados, el tribunal omitió considerar el período de más de 2 años y 7 meses que ellos
estuvieron privados de libertad en la República Argentina.
La mayoría del Tribunal de Apelaciones del Paraguay sostuvo que: “(…)
este tribunal ya tiene el criterio conocido por todas las partes en esta causa, sobre el
cómputo del tiempo que los hoy condenados se hallan privados de su libertad, es decir, a
partir del 12 de diciembre de 2008, fecha en que, por resolución judicial, se había
declarado el cese de rebeldía de los procesados. Es por ello que el cómputo realizado por
el Tribunal de Mérito para la determinación del tiempo de compurgamiento de la
condena impuesta, es absolutamente correcto, consecuentemente la argumentación
ensayada por el recurrente en ese aspecto no puede prosperar, sobre todo si
consideramos el argumento del A-quo que nos señala que no existen constancias en
autos, que corrobore la situación procesal de los prófugos de la justicia paraguaya,
en su estadía en Argentina.”
En realidad, se encuentra debidamente acreditado en autos el período de
detención en Argentina, atento que una de las condiciones para que prospere la
extradición es la establecida en la ley de cooperación internacional en materia penal nro.
24.767 que rigió en el proceso y juicio oral junto con el tratado de extradición entre
Argentina y Paraguay, que en el art. 11 establece: La extradición no será concedida: a)
«. Continuó señalando la referida sentencia del Tribunal de Apelaciones:
“Por lo demás, nuestra Constitución Nacional está por encima de los Tratados, según el
art. 137, por ello la redacción del artículo 19 de la misma, en cuanto a la
excepcionalidad, no debe leerse solo en cuanto a una limitación de la prisión preventiva;
sino también como una posibilidad de extensión de la misma en casos excepcionales. No
cabe duda que éste que nos ocupó en esta oportunidad, es un caso excepcional, por las
características propias del hecho punible perpetrado, por la gravedad, el contexto social,
y sobre todo por el motivo del crimen”.
Esta interpretación que la mayoría del Tribunal pretende hacer de la C.N.
del Paraguay es una muestra de la manifiesta arbitrariedad que es su materia
constitutiva. El carácter excepcional de una medida de restricción de los DD.HH. jamás
puede ser interpretado como excusa para aplicarlo a casos en los cuales no sea
estrictamente necesaria su aplicación. Mucho más cuando el propio art. 19 C.N. veda esa
interpretación.
Asimismo, esta mayoría relativizó el alcance de la normativa
internacional en materia de extradición, al sostener que: “El acuerdo sobre la
extradición, en principio, son reglas para provocar la repatriación de un procesado, por
ello son reglas que se estudian ex ante a que se produzca la extradición. Una vez
dispuesta y efectivizada la misma, ya queda a criterio del país requiriente
cumplirlas en cuanto sean pertinentes jurídicamente. En este caso, prima la
Constitución Nacional antes que esta regla. Por otro lado, el cómputo del plazo de
alguna restricción de libertad dispuesta y/o cumplida en el extranjero, debe realizarse
toda vez que la Corte Suprema de Justicia de aquél país haya certificado el
cumplimiento de la restricción de libertad en aquél país, verificando también el tiempo y
el grado de la misma (por ejemplo el arresto domiciliario); lugar donde se efectuó la
privación de libertad y el juzgado o autoridad que la dictó. Entonces, si la cuestión es
relativa al tiempo de privación de libertad cumplida en Argentina debe ser computado a
la pena impuesta en Paraguay, debe cumplir con las siguientes reglas de aplicabilidad: 1)
Que no lesione el principio de excepcionalidad de la extensión de privación de libertad
(según el caso), en virtud al artículo 19 de la Constitución Nacional, 2) y siempre y
cuando dicho término haya sido certificado (verificado) por la Corte Suprema de Justicia
del país desde donde fue extraditado.”
Resulta evidente la relativización por la mayoría del Tribunal del valor
de los tratados internacionales, a través de una interpretación de mala fe, que atenta
contra los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos.
El Tribunal de Apelaciones se aparta notoriamente de las reglas de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada el 23 de mayo de
1969, a la que Paraguay adhirió (Ley 289/1971).
El art. 26 de ese instrumento internacional establece expresamente que
todos los tratados que se encuentran en vigor obligan a las partes a su cumplimiento y
deben ser cumplidos de buena fe; en idéntico sentido, el art. 27 señala que: “Una parte
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 46”, que se refiere a los vicios en el consentimiento de los Estados con
relación a la competencia para celebrar tratados.
La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en sus arts.
31 y 32, establece las reglas que rigen la interpretación de todo tratado, de la que no
puede apartarse el Tribunal de Alzada, mucho menos en virtud de una interpretación
inconstitucional del art. 19 C.N.
Ni el Tratado de Extradición firmado entre la República del Paraguay y la
República Argentina el 25 de octubre de 1996 (Ley 1061/97), ni tampoco el Acuerdo
sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR ( Ley N° 2753/05), firmado
el 10 de diciembre de 1998 contienen manifiestas violaciones al derecho interno
paraguayo; mucho menos a su C.N.
El art. 17 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del
MERCOSUR (al igual que el art. 11 de la ley argentina 24.767) establece con relación al
cómputo de la pena que: “El período de detención cumplido por la persona extraditada
en el Estado Parte requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la
pena a ser cumplida en el Estado Parte requirente.” Resulta manifiesta la sucesiva
violación (por parte del tribunal de juicio y de la Alzada) de las reglas de interpretación
de tratados (cuestión sobre la cual me explayaré a continuación) y, asimismo, del
principio pro homine, específicamente enunciado en el art. 30 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas (Ley 5/92) y en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley 1/89).
El acápite 2) del inciso 1 del art. 2 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados establece que: “Se entiende por “tratado” un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional,
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea denominación particular”. En consecuencia, el Acuerdo sobre Extradición entre
los Estados Partes del MERCOSUR es un tratado; por ende, las partes están obligadas a
cumplirlo de buena fe (art. 26 de la misma Convención sobre el Derecho de los Tratados)
La obligación de interpretar los tratados conforme a la buena fe impide
interpretar el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva en contra de su
objetivo protectorio. Pero además, se contrapone a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo art. 30 ordena que: “Nada en esta Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.”
En similar sentido pueden citarse el art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (“1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido
de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades
o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No
podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los
reconoce o los reconoce en menor grado.”) y el art. 29 del Pacto de San José de Costa
Rica, relativo a las “Normas de Interpretación” (“Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados
Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b)
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías
que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática
representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales
de la misma naturaleza.”)

A mayor abundamiento, el art. 11 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos prescribe que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su
defensa.” Entre estas garantías procesales se encuentra indudablemente el principio de
excepcionalidad de la prisión preventiva, que afecta el derecho a la libertad consagrado
en el artículo 3 de esa Declaración.
En el mismo sentido, el Pacto de San José de Costa Rica en el art. 7
establece que: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o
por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios. (…) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada,
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de
libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el
arresto o la detención fueran ilegales. (…)”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce
en su art. 9 que: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al
procedimiento establecido en ésta. (…) 3. Toda persona detenida o presa a causa de una
infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio,
o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del
fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre
la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.(…).”
Este pacto también reconoce expresamente el principio de legalidad en su
art. 15: “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si
con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más
leve, el delincuente se beneficiará de ello. (…)”.
De este plexo normativo internacional, de carácter obligatorio para la
República del Paraguay, surge el derecho de toda persona a no ser sometidos a prisión
arbitraria, la excepcionalidad de la imposición de la prisión preventiva, la prohibición de
imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito y
el derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales para que se expidan sobre la
legalidad de la prisión preventiva.
Por ende, se debieron haber analizado los argumentos vertidos por la
defensa tanto durante el juicio como en el recurso de apelación especial. El Tribunal de
Alzada omitió analizar debidamente el cómputo realizado por el Tribunal de Sentencia,
cuestión que trató con evidente desprecio por la normativa internacional en materia de
DD.HH., de los tratados de extradición e incluso de las reglas sobre interpretación de los
tratados internacionales, circunstancias que podrían generar responsabilidad
internacional del Estado paraguayo, a pesar del claro mandato del art. 9 del Código de
Organización Judicial (Ley 879/81), que obliga a los magistrados a aplicar “la
Constitución, los Tratados Internacionales, los Códigos y otras leyes, los decretos,
ordenanzas municipales y reglamentos en el orden de prelación enunciado”.
En definitiva, resulta evidente la violación de la normativa internacional
por parte de la República del Paraguay (a través de su Poder Judicial, que está obligado
a aplicarla conforme los principios de buena fe), que pretende negar a los seis
campesinos extraditados desde la Argentina el cómputo del largo tiempo de prisión
cumplido en este país.

III.- PETICIÓN
Este grave y notorio incumplimiento por parte del Estado paraguayo
pone en cabeza del Estado nacional la obligación de reclamar que se hagan
efectivos los derechos internacionalmente garantizados a Arístides VERA
SILGUERO, Agustín ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS,
Basiliano CARDOZO GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque
RODRÍGUEZ TORALES.
En caso contrario, la República Argentina, que entregó a estos seis
campesinos a pesar de la ausencia de adecuadas garantías, sería responsable por permitir
la impune violación de sus derechos.
La Sentencia dictada por el Juez Lijo estableció, ante el pedido de los
defensores de los hoy extraditados que sin perjuicio de disponer la extradición se
debe poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Argentina las posibles irregularidades en el marco de la causa penal de origen
denunciadas por los requeridos así como por los testigos del juicio (Estela Calloni,
Carlos Aznarez y Teresita Asilvera) y por los defensores de los requeridos.
Consideró que el Estado Argentino deberá garantizar que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos –o el organismo internacional de derechos
humanos que corresponda- tome intervención en el trámite de dichas actuaciones a
fin de verificar el resguardo de las garantías judiciales mínimas de los imputados
así como su integridad física (arts. 5 y 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos).
También el entonces Procurador General de la Nación adjunto, Dr.
LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE estableció el 4 de mayo de 2007
“Sin perjuicio de ello, si V.E. lo considera pertinente, puede disponer por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación, la entrega en condiciones que preserven la seguridad personal
del extraditado (Fallos 322:507).” Se aclara que el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación mencionado al comienzo de esta presentación dice en su artículo
3°) Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones desarrollados
en el acápite II del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos se remite en
razón de brevedad.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), creada el 20 de
diciembre de 1937 y más tarde constituida como asociación civil sin fines de lucro, es el
más antiguo de los organismos de DD.HH. de América del Sur y uno de los más
antiguos a nivel mundial. Sus miembros bregan por la defensa de los derechos humanos
dentro y fuera del ámbito de la República Argentina.. Es miembro fundador de la
Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos (FIDH), con estatus
consultivo ante la ONU. Nuestra organización ha realizado, desde el momento de la
detención en la República Argentina de estos seis campesinos paraguayos solicitantes de
refugio político, investigaciones independientes, seguimiento, asesoramientos e
intervenciones jurídicas concretas con relación a su situación jurídica. La Liga
Argentina por los Derechos del Hombre siempre se ha manifestado a favor de la
vigencia plena de los derechos humanos, incluyendo entre muchos otros el derecho a la
vida, a la dignidad, a la prohibición de ser sometido a torturas y/o tratos crueles
inhumanos o degradantes, a un juicio justo realizado dentro de un plazo razonable y el
derecho de los campesinos a la tierra que trabajan. Por ello, hoy estamos fuertemente
interesados en que cese la vulneración de derechos de estos seis campesinos que fueron
extraditados desde la República Argentina.
Solicitamos, por lo expuesto, ser informados de las medidas diplomáticas que se
hayan tomado en estos años o que se tomen en estos días en procura del cumplimiento
de las obligaciones internacionales de la Argentina tomen, dado que influirían en la
formulación de las eventuales denuncias ante los órganos internacionales de garantía de
los DD.HH., que estamos analizando a fin de lograr el debido respeto por los derechos
de estos seis prisioneros políticos paraguayos.
Saludamos con nuestra consideración más distinguida

En su discurso de inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Ricardo Lorenzetti desplegó una serie de razonamientos que fueron leídos por casi todos en clave de confrontación con la presidenta Cristina Fernández acerca de la muerte del fiscal Nisman, su imputación (absurda y funcional a la extrema derecha imperial local, israelí y yankee) de encubrimiento en la causa Amia y la disputa que se lanzó desde su muerte por condicionar el escenario político de finales del actual gobierno y aún del próximo. Y es cierto. Es más, podría casi suscribir la mayoría de los análisis críticos que se hicieron desde esa perspectiva de confrontación de coyuntura. Pero no solo eso.

A algunos periodistas “progresistas”, como le ha pasado todo el tiempo, lo urgente les impide ver lo importante y la coyuntura la perspectiva. No es que no tengan una mirada política, pero justamente su política es dar respuesta al hoy del modo que sea. El pragmatismo es característico del periodo kirchnerista como la propia causa Amia lo confirma: del discurso contra Irán en las Naciones Unidas en el 2007 (en ese momento funcional a la estrategia de confrontación de Israel y los EE.UU. con Irán) a considerar el contexto internacional en el que se producen los atentados para insinuar el beneficio imperial de los actos terroristas; de designar a Nisman y asignar a Stiusso como soporte de la Side a la denotación de ambos por su subordinación a los poderes imperiales, y mucho más. Pero no queremos discutir ni la muerte de Nisman ni la impunidad en la causa Amia, nos remitimos a la declaración inicial de la Liga que mantiene vigencia , queremos analizar un poco el discurso de Lorenzetti desde otra perspectiva, la de la conformación de un pensamiento en defensa del orden y el progreso de nuevo tipo, lejos del positivismo del siglo XIX pero también del neoliberalismo de finales del siglo XX.

Lo primero que quisiéramos decir es que hay que prestar atención a Lorenzetti. El se propone como el custodio de la Republica y la Constitución Nacional, pero aún más, como el guardián de la legalidad y las instituciones (incluyendo la presidencial, como aclarara varias veces) y la garantía de preservar las conquistas de esta década, incluyendo los pasos positivos en la redistribución progresiva de la riqueza y los juicios contra los terroristas de Estado. No es poco. Como parte de su discurso, aunque sin asumir la autoría, Lorenzetti presentó un video que ha sido muy discutido por la imagen final del fiscal Nisman, pero en el cual se presentan imágenes de víctimas del Terrorismo de Estado y de varias tragedias o masacres, como la de Once. No aparecen en esa seguidilla de fotos, las víctimas de la “inseguridad” tal y como la definen burdamente Massa, Macri y hasta el propio Berni. No, se concentra en las grandes tragedias nacionales de las cuales dice varias cosas: que a lograr justicia hay que consagrar los mejores esfuerzos coordinados del Estado, que hay que prestar atención al costado humano de las víctimas y los familiares y que en esas “tragedias” se revela lo peor del ser humano: el egoísmo, el odio, el afán de poder absoluto. Con esta operación discursiva, en la que va a basar todo el relato que propone sobre lo ocurrido, sobre la realidad nacional cotidiana y sobre su propuesta de superación, consigue dos cosas: darle una base ética a su propuesta (nos debemos a las personas, ellas no esperan de los Poderes que peleen sino que resuelvan sus problemas) y borrar toda huella de la lucha de clases en la historia nacional en una versión más sutil de la teoría de los dos demonios con que Alfonsín justificó el golpe de estado del 76, el terrorismo de Estado y su negativa a juzgar a todos los responsables del genocidio como entonces pedía el movimiento de derechos humanos y la izquierda. Más adelante, dirá Lorenzetti que “cada uno tiró de la cuerda hasta que estalló todo” en directa referencia a los momentos en que la democracia fue dejada de lado en la Argentina.

En esa confrontación verá la razón última de la tragedia nacional, aunque no propone la “paz de los cementerios” y el orden dictatorial, desarrolla una compleja teoría de la gobernabilidad del siglo XXI que se basaría en reconocer los cambios radicales habidos en el orden social y reemplazar la dirección (en un sentido gramsciano, imponer un rumbo desde la fuerza que da la conquista de posiciones dominantes en el Estado) por la conducción armónica de colectivos diferentes y cambiantes. En la pretensión de interpretar el todo, que adjudica a Cristina, ve Lorenzetti la raíz de todos los problemas de estos días y en su reemplazo por otro estilo, el cooperativo, el comienzo de las soluciones. El que piense que está jugando fuerte a favor de Macri, Massa o Scioli (los tres dicen, de un modo bastante más burdo, lo mismo), piensa bien. Lorenzetti apuesta a un ciudadano del siglo XXI que no solo vote, que se preocupe y ocupe por razones éticas y humanas: la solidaridad con los que menos tienen, el cuidado del medio ambiente, etc. pero al cual ve incapacitado de pensar la totalidad y de preocuparse por ello. Le reclama a Cristina, sin nombrarla, que sigue atada a formas organizativas del siglo XX que fueron pensadas en el siglo XIX y XVIII. Sin decirlo del todo se refiere a los llamados Partidos de Masas, con anclaje de clase y programa reivindicativo, como lo fueron alguna vez el radicalismo, el peronismo, el socialismo y el comunismo. En su prédica posmoderna propone agrupamientos parciales y temporales por diversos y muy distintos intereses en que los ciudadanos del siglo XXI se podrían interesar si renuncian a superar el capitalismo, y más aún el capitalismo neoliberal, como veremos.

Lorenzetti exhorta a respetar la Constitución Nacional, y más precisamente la versión que nos dio la Reforma Constitucional de 1994, a la que no trata como proceso, no la contextualiza de modo tal de borrar por completo el Pacto de Olivos y el Menemismo que hegemonizó la reforma constitucional. Para los jóvenes y los olvidadizos, les cuento que Carlos Menem quería la reelección y para ello fuerza un acuerdo con el radicalismo en el cual Menem ganó la reelección y la legitimación del proceso de cambios regresivos que implementó como un modo diferido de “realización” del genocidio (Menem ejecutó lo que Videla y Martínez de Hoz propusieron y prepararon) a cambio de conceder el Consejo de la Magistratura y la admisión de la legitimidad interna de los Convenios y Pactos Internacionales de protección de los derechos humanos. Le adjudica a dicha Reforma todo el mérito de los logros de la década kirchnerista, dice que la Reforma proclamó el carácter progresivo de los derechos y eso es lo que se hizo en estos años por la acción coordinada de los tres poderes del Estado, como si no fueran el resultado de la convergencia virtuosa de luchas obreras y populares, algunas de larga data, con las necesidades de legitimación política y la mirada “desarrollista con inclusión social” de una fracción del peronismo que se propuso relanzar el capitalismo, castigado por el fracaso del neoliberalismo, de modo tal de cumplir con los sueños de justicia social de tantas generaciones de luchadores y militantes populares (más allá de que la apuesta misma fuera un “sueño” irrealizable por la esencia misma del capitalismo y la llamada burguesía nacional). Pero poner al Pacto de Olivos, uno de los acuerdos más abyectos y desvergonzados de la política nacional, que en mucho colmaron la paciencia popular y prepararon la revuelta de diciembre de 2001, es una verdadera exageración en el autoelogio neoliberal.

Todo el tiempo, el Dr. Lorenzetti se presenta como facilitador de todas las conquistas de la década y su verdadero garante gracias al poder constitucional de ratificar o avalar leyes y sentencias. Pero dice que no es bueno quedarse en el asistencialismo, impuesto por la crisis del 2001 insinúa, sino que hay que avanzar en el terreno de ampliar derechos hasta el punto en que la igualdad se verifique…..en la igualdad de oportunidades que es exactamente el punto de partida del liberalismo fundado en la Revolución Francesa. Los hombres son iguales ante la Ley (bueno, llegaron a serlo en un largo proceso; no lo eran puntualmente ni en la Francia de 1789 ni en la Argentina de Mayo de 1810, ni de 1902 sino hasta mediados del siglo XX con el peronismo, que a su vez recogió más de cien años de lucha obrera anarquista, socialista y comunista) y la Ley debe garantizar a todas y todos las mismas oportunidades de desarrollo. Claro que ante la evidencia de la desigualdad brutal que hay entre los trabajadores precarios o desocupados u los habitantes originarios que pueblan el Chaco profundo o Formosa y los dueños de los bancos y la soja, Lorenzetti avisa que es partidario de dotarlos de un paquete de bienes primarios pero abandonar todo tipo de subsidios, asistencia especial, fomento particular, etc que denosta como el más clásico derechista. Un filósofo francés, Francois Dubet, insospechado de subversivo declaró al diario La Nación (¡) lo siguiente sobre el viejo tema de la igualdad de oportunidades: -Decir que somos libres e iguales es una ficción, y la igualdad de oportunidades es indiscutiblemente una ficción. Es un principio de justicia que individualiza a los actores y pone a todos en competencia, y creo que no está bien construir una sociedad sobre un principio como ése. Además, el logro del mérito puede incrementar considerablemente las desigualdades sociales. En el fondo, el mérito no impide que los más ricos tengan todo y que estemos convencidos de que lo merecen, así como de que los pobres merecen la pobreza. Como estamos en una sociedad muy individualista, capitalista y liberal, el principio de la igualdad de oportunidades la transforma en muy desigual, muy violenta y muy poco solidaria. Hoy la concepción de las desigualdades sociales en Estados Unidos, Canadá y Europa está basada únicamente en la discriminación, es decir, en los obstáculos al mérito. Es verdad, pero no hay que olvidar que si un obrero está mal pagado no es porque no tenga mérito, sino porque está siendo explotado. (La Nación del 3/672011). Fue contra la mentira de la igualdad de oportunidades que proclamó la Revolución Francesa que Carlos Marx elaboró su propuesta comunista de superar la igualdad formal por la igualdad real. Eduardo Barcesat definió que sin el acceso pleno y universal de todas todos a todos los bienes materiales necesarios para satisfacer las necesidades no hay vigencia de los derechos humanos: “Ahora bien, cómo se accede a los derechos humanos. Volvemos a remarcar que el «acceso» al derecho es el tramo más importante de una política de derechos humanos.- El acceso al derecho comporta, esencialmente, el poner en conexión la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad. No es, por ello, un mecanismo eminentemente jurisdiccional, pero debe contar, en todos los casos, con una garantía judicial de su efectividad en el supuesto que algo obste a esa realización.- Si los derechos humanos no son mercancías –y bregamos por profundizar esta distinción-, la estructura social debe proveer de mecanismos que pongan en conexión la necesidad –sustrato material que subyace a cada derecho humano-, con la satisfacción social de esa necesidad.- Es decir, que el acceso no sólo que tiene que estar formulado en la norma de derecho, sino que la estructura institucional debe indicar los mecanismos –las teclas que deben pulsarse-, para que dicho acceso se produzca, efectivamente, en el mundo material y cotidiano que es donde se padecen las necesidades.- Y aquí está el gran problema: ¿Quién es el responsable de proveer ese acceso para quienes carecen de los recursos económicos para tener el derecho reconocido en la norma jurídica «para todos»? No debe haber vacilaciones en la respuesta a este crucial interrogante: el responsable es el Estado (local, provincial, nacional e internacional).-

Del mismo modo se presenta como el habilitador de los juicios por delitos de lesa humanidad y su garantía a futuro, lo que tiene varias lecturas. Una de ellas es la constatación de que no será fácil para nadie arrebatarnos lo que supimos conquistar: jubilaciones, asignaciones para salud y educación, juicios y memoria, etc., y nos reconforta. La otra es que Lorenzetti apunta a demoler el principal argumento electoral del peronismo que se referencia o al menos no rompe con Cristina: o nosotros o el caos que sería la pérdida de conquistas. Sin ese argumento, ¿qué impide votar a Macri o a Massa?, descontando a Scioli. Es ahora que adquiere otra dimensión el debate que hubo en la Legislatura porteña en ocasión de la liquidación del Instituto Espacio para la Memoria, mayo del 2014, un ámbito plural, autónomo, de articulación entre el movimiento de derechos humanos más consecuente con la tradición antiimperialista y de autonomía de los poderes como resultado de un acuerdo entre el gobierno nacional y Macri. Fue Gabriela Alegre quien impugnó nuestras advertencias que llevaban al lobo al rebaño de los corderos al introducir a Macri en la gestión de la Esma, con la aseveración de que las políticas de memoria son políticas de estado, asumidas por todos los sectores. No creemos en la redención de los fascistas y cipayos de la embajada de los EE.UU. Estamos convencidos que se vieron inhibidos por el avance de las luchas contra la impunidad y en pro de la Memoria, políticas potenciadas por el Kirchenerismo hasta hacerlas políticas de gobierno; pero que no renuncian ni a la teoría de los dos demonios ni a la impunidad.

Y una sola nota sobre la Corte y los juicios de lesa humanidad. Según el informe anual 2014 de la Unidad Fiscal para Delitos de Lesa Humanidad hay 134 causas que llegaron a juicio oral y obtuvieron sentencia (solo el 29% de las causas abiertas, el resto está en instrucción –otro 29%-, o con pedido de elevación a juicio –un 8%-, elevada a juicio que no comenzó –un 33%- o llevándose a cabo el juicio oral –solo 15 juicios o un 3%); pero de las 134 sentencias obtenidas en los juicios orales, solo 21 de las sentencias –un 29%- está firme por decisión de la Corte mientras el resto de las sentencias deambula por las instancias judiciales de apelación gracias a la chicanas jurídicas consentidas. Poco trabajo el de la Corte Suprema, algo que el Dr. Lorenzetti analizó largamente como la ineficacia que distancia lo dicho de lo percibido, creando según él la principal causa de apatía y desencanto con la democracia y los gobiernos en el siglo XXI. Es que “el Estado Espectáculo”, definido por el Ministro de Medio Ambiente brasilero, Benjamín Recacha García como aquel que habla pero no resuelve, denuncia pero no asume responsabilidades bien podría ser el Poder Judicial argentino, que consiente los avances en el proceso de juicio y castigo al terrorismo de Estado pero no investiga, no se compromete y sobre todo no ha sido capaz de generar las políticas de Estado para juzgar integralmente el Genocidio. Casi no hay causas que no sean acerca la responsabilidad de militares, policías y agentes de inteligencia. Las pocas abiertas contra empresarios no llegan nunca al momento del juicio oral ni la condena. Hay anda el perverso ingeniero Blaquier todavía libre y gozando de sus riquezas inconmensurables. Cuando habló del “estado espectáculo”, Lorenzetti apeló a seguir el proceso judicial luego de las sentencias y preocuparse por su cumplimiento. Le acercamos datos sobre lo que pasa con los represores. Por su peligrosidad y dimensión del castigo al que están expuestos, no solo están privados de su libertad los 544 condenados sino una cifra similar de encausados con prisión preventiva hasta llegar a una cifra de 1064 personas; pero de ellas solo 58% está en Sitios Penitenciarios (siempre con privilegios irritantes) y un 40, 5% cumple su detención en su casa. Es decir en sus countries o mansiones de privilegio. Es que confluyen dos razones: una es que la impunidad de tantos años hizo que asesinos y torturadores que actuaron muy jóvenes, fueran juzgados muy viejos; y la otra es que en todos estos años nadie pensó seriamente en donde se alojarían los condenados por delitos de lesa humanidad y las cárceles no están preparadas para alojar gente con más de ochenta años, que lógicamente tienen problemas de salud. ¿Improvisación, desidia, premeditación? Seguro que falta de eficacia del Poder Judicial y no solo, que aquí se demuestra la falacia de que el proceso de juicios fue una decisión del Estado que graciosamente nos regaló los juicios (y ojo que hay una versión kirchnerista de esta historia, tan falsa como la de Lorenzetti), pero esa es otra historia que amerita otro articulo.

Lo cierto es que hace algunos años, el ex Ministro de De la Rúa, López Murphy, en un encuentro con familiares de terroristas de estado, explicó que no hay espacio social ni político para la amnistía pero si para lograr las “domiciliarias”, y es lo que están logrando ante la mirada pasiva y complaciente de la Corte Suprema, y algunos otros más que en estos casos no escuchamos la cantinela de la puerta giratoria y todo el verso usado para reclamar mano dura contra los que cometen delitos no avalados por el Poder. En definitiva, Lorenzetti no solo intervino del modo que lo hizo en la polémica sobre la muerte de Nisman y la impunidad del caso AMIA, también se posicionó como “garante” de las conquistas de la década y aportó a redefinir el discurso liberal en el siglo XXI, lo que no es poca cosa. El liberalismo, hijo dilecto de la Gran Revolución, la francesa de 1789 que completó la conquista del poder para la burguesía no solo en Francia, cumplió un ciclo histórico de legitimación del capitalismo que llegó hasta el comienzo del siglo XXI; exactamente hasta el 11 de setiembre del 2001, día en que con motivo del atentado a las torres se proclamó el fin de las libertades públicas en los EE.UU. y comenzó un proceso de redefinición global de la gobernabilidad y los derechos ciudadanos, subordinando todo a la guerra contra el terrorismo. El Acta Patriótica, la declaración de la OTAN sobre su derecho a intervenir donde se le ocurra y sin motivo alguno, los nuevos modos de intervencionismo imperial que niegan el derecho de los pueblos a la autodeterminación mientras claman por el respeto a los derechos individuales al modo burgués revestidos del prestigio de los derechos humanos, dan cuenta de ese proceso.

Lorenzetti hace su aporte para dotar a la derecha argentina de un pensamiento más atractivo y moderno, pero no menos funcional al mantenimiento del sistema capitalista que otras doctrinas. Su pretendido humanismo contrasta con la defensa del sistema que ha sido la causa de los sufrimientos y dominaciones sufridas desde finales del siglo XIX, desde que Roca se hizo presidente, desde que el Ejercito se estrenó matando dos de cada tres paraguayos varones en la Guerra de la Triple Alianza y desde que con las leyes 4144 de 1902 de persecución a los inmigrantes indeseables por su compromiso con la lucha anticapitalista y la Ley Sáenz Peña del Sufragio “Universal” (que era para los varones nativos, dejando fuera del proceso a todas las mujeres y los inmigrantes, mucho más que la mitad de la población de entonces) se conformó la legalidad que respaldó al ciclo de negocios y garantías de preservación al capitalismo mediante la persecución del “comunismo” (así al modo tosco con que la derecha nombró a todos los que no se subordinaban a sus deseos durante todo el siglo XX, pero sobre todo en el largo ciclo de golpes de estado que fue de 1930 a 1983) que culminó en el genocidio perpetrado entre 1975 y 1982, que en lo fundamental sigue impune como demostramos más arriba

Lorenzetti se esfuerza y logra objetivos altos en su cometido. Redefine la ciudadanía del siglo XXI, clama por una gobernabilidad de nuevo tipo, pone la división de poderes por sobre la soberanía popular y mucho más; pero no logra salir del pantano liberal de confundir lo real con lo deseable, remplaza la vida cotidiana por la formalidad inscripta en la Ley o al decir gramsciano confunde deliberadamente el deber ser con el ser. Habla de un país y un poder judicial que debería existir según las leyes y Pactos Internacionales, pero que no es el que conocemos y sufrimos. El poder judicial realmente existente avala la violencia institucional y bardea a los pobres sumergiéndolos en las cárceles abyectas de la democracia, sin juicio pero con castigo. Es veloz con los funcionarios del gobierno que han caído en desgracia (casi siempre con razones muy contundentes y de peso) pero terriblemente morosa si de perseguir poderosos de su simpatía se trata. Los conozco personalmente. En noviembre de 1977 un secretario del Juzgado Federal de Santa Fe de apellido Brusa participaba en las sesiones de tortura que sufríamos en el Centro Clandestino conocido como la Cuarta. De esa parte de la historia se olvidó de hacer filosofía el Dr. Lorenzetti. Como decían algunos en esos tiempos, por algo será.