Crónicas del nuevo siglo

Un día de noviembre o diciembre del 76 (¿tal vez finales de octubre?), dejamos de ver a Alicia López. Había llegado a la Cuarta el 21 de octubre y ya venía golpeada, violada, humillada en las formas más perversas que hoy cuesta imaginar y estuvo con nosotros en ese centro clandestino de detención, torturas y exterminio que se disimulaba entre las paredes y los patios de una “inocente” seccional de la Policía Provincial, en la esquina de Bv. Zavalla y Tucumán, o sea justo enfrente de la escuela pública Nº 5 López y Planes que es la escuela adonde yo había hecho la primaria y a la vuelta del viejo Mercado de Abasto, frente del cual había vivido por veinticuatro años, hasta la noche que un grupo de tareas del Ejercito Argentino asaltó la casa de mi vieja, la misma que habían dinamitado parcialmente en diciembre del 75 y comencé a irme de Santa Fe, lo que realmente sucedería a finales de 1977, después de dos secuestros y sucesivas “estadías” en la Cuarta.
La primavera vez en la celda grande que daba al patio y que lindaba con la celda más chica, tumba le decíamos, en que metieron a patadas a Alicia aquella noche de octubre en que nos conocimos. En la Cuarta estaba prohibido todo. Como diría tiempo después el jefe del penal de Coronda: aquí está prohibido cantar, hacer gimnasia, comunicarse con el lenguaje de las manos, etc. y todo lo que no esté explícitamente permitido está prohibido. Y sin embargo, de una u otra manera, de modos que no termino de recordar, rompíamos ese mandato: hablábamos por las paredes cuando los guardias se alejaban de la zona de los calabozos, nos pasábamos algo de la comida que nos daban o conseguíamos y sobre todo, nos sosteníamos en el aire de un modo que la física no podría explicar.

Alicia venía del noreste, allí había ido con su marido a sumarse a las Ligas Agrarias y desde una revistita apostaba al conocimiento como instrumento de liberación, enseñaba a venerar los libros, amaba a su compañero y criaba a sus tres hijos. Descendía del tronco familiar del mismísimo Brigadier Estanislao López y se me ocurre que no le perdonaron nunca ese “acto de traición” de alfabetizar indiecitos descalzos, de pensar el compromiso con los pobres como el mejor modo de seguir a Jesús y de apostar a un proyecto colectivo de transformación de la realidad. Esa invencible sonrisa que recuperaba por ratos, entre desmayos por debilidad y las golpizas que recibía antes de ser violada de nuevo, y que todavía me pregunta, desde el piso de ese breve espacio que hay entre mi celda y el baño, José ¿ ya es hora de volver?.

Y yo creo que sí, que ya puede volver…
Ya derrotamos el discurso de Videla de que los desaparecidos están de joda en Copacabana o en Varadero o en ningún lado, como decía el General. Ya todos saben que Alicia estaba allí, en esa sucia tumba del fondo de la Cuarta donde el Jefe Facino, el mismo que luego fue jefe de Comando Radioeléctrico y luego Jefe de la Comuna propuesto por el Partido Justicialista y votado por la ciudadanía que prefería los tours de compra a Porto Alegre que saber quien es Alicia.
Ya derrotamos el discurso de Alfonsín de que represores y reprimidos eran Dos Demonios que habían asolado la pacífica República Democrática, que nunca mató indios en la Campaña del Desierto ni obreros en la Patagonia Rebelde ni expulsó inmigrantes con la 4144 ni prohibió pensar distinto con la Ley Anticomunista ni creó en el Norte Santafecino, a pedido de La Forestal, ese grupo de tareas que primero se llamó Los Cardenales y luego Los Pumas.
Nadie hoy se anima a decir que Mario Facino y Alicia López son dos caras de la misma moneda como decía el primer prologo del Nunca Más, casi todos saben que la Cuarta era parte de un plan sistemático, largamente pensado y organizado con la ayuda del Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que formó a casi todos los oficiales represores incluido al jefe de inteligencia del área Santa Fe que se llamaba Marcellini y solo porque el juicio tardó tanto, se murió antes de llegar al banquillo de los Facino.
Atrás quedó la década de la vergüenza del menemismo que pretendía olvidar todo para que olvidemos lo principal: las causas que llevaron a Alicia y a los compañeros a la lucha y las causas que llevaron a Facino y a Videla a cometer un genocidio que no es otra que los privilegios que lograron los grandes grupos económicos que hoy se paran al lado de la Iglesia y La Nación para pedir que se paren los juicios y que vuelvan a Alicia al sitio de lo invisible que es el único que no les molesta.
Alicia puede volver porque fracasaron todas las maniobras jurídicas que demoraron su juicio y que la apartaron de los compañeros que compartimos la Cuarta en aquella primavera del 76. Y hay que decirlo: en el 2009 sacaron a Alicia del Juicio a Brusa para no cargarle al Señor Juez Torturador la molestia de explicar la muerte de una maestra.
Pero en el 2010 si que vino el Juicio y los compañeros volvieron a poner el cuerpo, sin importarle que todavía no se sepa bien quién mató a Silvia Suppo o que el Tribunal Oral sea el mismo que se negó a juzgar a Brusa por pudor judicial, que sus señorías son muy pudorosas y no queda bien juzgar a un par, o sea a un ex Juez que fue torturador, o sea que les duele el juicio a los torturadores más que las torturas, o no?
Pero hay un tiempo nuevo en la Argentina y hasta la señora Jueza que indagaba por la “femenina” cuando preguntaba por Alicia, terminó diciendo lo que habíamos dicho por treinta años: que Alicia estaba en la Cuarta y que allí la mataron y desaparecieron hasta hoy que quiere volver y nos pregunta si ya es hora.
Y yo que le digo: Que sí, que ya es hora de volver.

Pero, si va a volver, ¿adonde debería volver?
Alicia ya está con sus hijos y sus sobrinas, con su compañero y sus nietos, con sus compañeros de lucha y de prisión, con los que luchan contra la impunidad y con los que quieren patrialibreyamericana; entonces, ¿no sería bueno que vuelva con sus chicos del norte, con los que todavía necesitan una estufa en su escuela y un plato de comida para que las ideas no sean flaquitas como era la maestra cuando llegó a la Cuarta?
Digo, ahora que volvió, ¿no es hora de que haya escuelas Alicia López, jardines de infante Alicia López , merenderos Alicia López, peloteros Alicia López, plazas, barcos, barriletes, salas de computación y laboratorios de física Alicia López, estudios musicales y un sol Alicia López de esos que se ponen los niños en la sonrisa.

Eso, que vuelva y sea sonrisa de un niño, eso sí que sería justicia.

Es extraño como los olores pueden ordenar la memoria y los afectos.
En el centro clandestino La Cuarta, un compañero se salvó de otra paliza por el mal olor de sus zapatillas.
Resulta que como no lo dejaron ir al baño por varios días terminó defecando en una de sus zapatillas pensando en limpiarla la primera vez que accediera al agua; pero lo llamaron al rato para “interrogarlo” y por más que quisieran, los torturadores no soportaron el olor a mierda que él despedía y lo despacharon en mucho menos tiempo de lo que habían pensado. Y con ello se salvó de algunos cientos de kilovatios, patadas y otras delicias de la Inteligencia en acción.
Fue cuando el Mono me contó eso que caí en la cuenta que el olor es una categoría política. Hay olor a pobre, hay olor a indio, y también olor a viejo.
Hace unos años tuve un encuentro con estudiantes de un colegio secundario de la zona de Liniers, muy cerca de la cancha de Vélez Sarsfield. El tema era la diversidad cultural y yo les conté la historia de la dominación americana por parte de los españoles, los ingleses y los yankees, y de la construcción de la discriminación contra los que se busca doblegar, dominar. Costó bastante pero al final logré establecer un dialogo bastante sincero con los muchachos y muchachas. Reconocieron que les molestaban los migrantes de los países vecinos, particularmente los bolivianos. Y de los jóvenes bolivianos les molestaba el olor a ser humano. Es decir, el olor de las personas que no usan desodorante ni perfumes como la mayoría de los argentinos, sean pobres o ricos.
Por eso en nuestra memoria los olores ordenan imágenes y recuerdos, placeres y dolores y es que los olores no son neutrales. Como casi todo en la vida.

Hoy al salir de casa, en la verdulería del boliviano Andrés había un cajón de papayas maduras. Y para mi, desde hace unas semanas, el olor de la papaya me lleva a Guatemala. A su mercado frente a la catedral y a la mesa de Rosa en el desayuno. La papaya me hace pensar en esas mujeres vestidas con sus ropas, las que ellas mismas hilan y cosen, multicolores y hermosas. En la selva y la cultura maya. En la gloria de aquella civilización que en el siglo VII creó una ciudad de 80 mil habitantes, Tilkal, donde hoy solo hay selva y construyó un calendario más preciso que cualquier otro de la antigüedad.
Pero la papaya, dulce y cremosa, también me remite a la tragedia guatemalteca, esa que casi no conocemos por esa manía argentina de ser los mejores y los más grandes del mundo. En el futbol, en el teatro y hasta en el sufrimiento por el terrorismo de Estado. El justo orgullo por las conquistas en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia a veces se transforman en un nacionalismo de pacotilla que puede llegar a ignorar los otros genocidios y que de tanto mirar al pasado no puede ver el presente.
Digo, no ven a los más de 9500 presos políticos colombianos ni a los perseguidos/estigmatizados/asesinados de Paraguay, Honduras o Guatemala.
Los procesos genocidas que se perpetraron con la complacencia imperial todavía gozan de impunidad y se continúan en el asesinato selectivo y constante de los dirigentes populares que pretenden cuestionar el dominio omnímodo de un bloque social que contiene a los viejos oligarcas y las más modernas empresas transnacionales junto a los militares e intelectuales que sostuvieron aquellos años del lobo.

En Guatemala perpetraron un Genocidio.
Destruyeron varios grupos de modo tal que la sociedad toda perdió su identidad en formación. Esa que se intentó democrática y plural en el corto periodo que va desde la destitución del Dictador Ubico y el comienzo de la Revolución en Octubre de 1944 hasta el Golpe de Estado organizado y protagonizado por la CIA y los grupos fascistas en 1954 contra Jacobo Arbenz quien había intentado la Reforma Agraria, la legalización de los partidos políticos (incluido el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo), el fin de la servidumbre y el trabajo obligatorio de los indios en las plantaciones de café, tabaco y banana, la autonomía de la Universidad San Carlos y algunas otras pocas reformas democráticas y anticolonialistas desde una mirada lejana y desde el siglo XXI.
Pero en los cincuenta, la combinación del racismo brutal heredado de la Inquisición Española y el predominio del pensamiento anticomunista en la versión patológica y paranoica que generó el Macartismo en los EE.UU. de los años del comienzo de la Guerra Fría, generó una mirada sobre Arbenz y sus pocos amigos comunistas desproporcionada y que disparó la preparación del segundo golpe en forma que preparó la CIA (el 1º fue en Irán en 1953 para voltear el Primer Ministro Mohamed Mossadeq) articulando todo tipo de medidas: económicas, diplomáticas, militares y de acción psicológica que contó con radios clandestinas (como la que luego montarían contra la Cuba revolucionaria) y una invasión armada de mercenarios sostenidos por la CIA en un formato que se consolidaría en un “clásico” para la CIA.
El primero en asumir el gobierno dictatorial fue el fascista Coronel Carlos Castillo Armas que volteó todas las reformas democráticas y lanzó la persecución contra comunistas y partidarios de Arbenz, gobernó desde julio de 1954 a julio de 1957 fecha en que fue asesinado para que el Coronel Luis Arturo González López asumiera el gobierno hasta octubre del mismo año en que asumió el Coronel Guillermo Flores Avendaño hasta marzo del siguiente año en que asumió un General, José Miguel Ramón Ydigoras Fuentes que duró hasta marzo de 1963 en que otro golpe lo desplazó por Alfredo Enrique Peralta Azurdia que solo gobernó hasta que en julio otro Golpe llamó a “elecciones” para que un civil Julio Cesar Méndez Montenegro, luego de firmar un Pacto Secreto de subordinación al Ejercito, asumiera hasta 1970 en que lo reemplazó otro General, Carlos Arana Osorio hasta 1974 para dejar paso al General Kjell Eugenio Laugerud García que duró hasta 1978 en que otro General, Fernando Romeo Lucas García lo hace hasta que en 1982 asume el más brutal de los genocidas, acaso el más conocido por sus masacres, el General Efraín Ríos Montt que aunque solo gobierna 16 meses ejecuta las más extendidas y masivas masacres contra la insurgencia y los pueblos mayas (20 mil asesinatos o desapariciones forzadas, 324 masacres, 600 comunidades de pueblos originarios destruidas y unos 90 mil refugiados internos que se suman al millón de desplazados.
Ríos Montt fue desplazado por otro golpe de estado que puso a Oscar Humberto Mejía Victores quien sancionó una nueva Constitución y llamó a elecciones para que ganara un democristiano, Virginio Cerezo en 1986 y diera comienzo a la “transición” hacia el convenio de paz que se firmaría en 1997.
Si pensamos que los españoles aplastaron la cultura maya y que la Independencia de 1821 agravaría las condiciones de vida de los pueblos originarios al abolir algunas “capitulaciones reales” que daban un mínimo pero real espacio de autonomía en los pueblos de indios; y si desde 1871 en adelante solo habrá gobiernos autoritarios, racistas hasta el paroxismo comprenderemos la extrema importancia que tienen esos diez años que los guatemaltecos llaman la Revolución: entre 1944 y 1954; y si pensamos que lo primero que hace Castillo Armas, el hombre de la CIA para el golpe es anular la Reforma Agraria que había afectado la United Fruit Company (cuyo presidente era hermano del vicepresidente de los EE.UU.), la autonomía de la Universidad San Carlos y anular el derecho al voto a los analfabetos que eran al menos dos tercios de los pueblos originarios, nos estaríamos acercándonos al meollo de la cuestión.

En Guatemala hubo un Genocidio.
Doscientos mil muertos. Cuarenta y cinco mil desaparecidos.
Se exterminó la insurgencia en varias oleadas represivas cada vez más brutales y masivas. La primera oleada aplastó la sublevación armada de las Fuerzas Armadas Rebelde conformada por militares partidarios de la Revolución del 44 con apoyo comunista; luego se aplastó el movimiento social a finales de los 70 y la nueva ofensiva guerrillera de 1981/1982 del Ejercito Guerrillero de los Pobres y de la Organización Revolucionaria del Pueblo. También se aplastó casi hasta la desaparición del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunistas), de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORPA) y del Ejercito Guerrillero de los Pobres quienes en 1982, en el momento de cénit de la lucha guerrillera se habían agrupado en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Se aniquiló el movimiento sindical, estudiantil y campesino de modo tal que algunas organizaciones actuales como la Asociación de Estudiantes Universitario (AEU) portan el nombre de lo que fueran organizaciones de combate, cuyos dirigentes fueron asesinados como el caso más notorio de Oliverio Castañeda de León (1978), pero no tienen relación alguna con aquella lucha.
El método de de enfrentar el desafío revolucionario fue el del exterminio total.
En 1965, solo dos años después del comienzo de las acciones de resistencia armada impulsadas por las Fuerzas Armadas Rebeldes creadas en 1963 por oficiales partidarios de Arbenz en acuerdo con los comunistas, el Ejercito secuestró el Comité Central completo del PGT y lo asesinó: 28 compañeros. Ese fue el estilo hasta el final. Secuestro del Comité Central Confederal de la Central de los Trabajadores y todos asesinados. Ocho de los diez primeros organizadores de Famdegua (organismo similar a Madres o a Familiares de Argentina) asesinados de manera salvaje, todos torturados incluidos niños de tres años que aparecían con los dedos mutilados. La dimensión del exterminio de la izquierda no se puede separar de la subordinación económica, política y cultural de las elites guatemaltecas a los EE.UU. y de la visión anticomunista paranoica que prima allí en los cincuenta.
El Genocidio es incomprensible sin pensar el impacto del triunfo de la Revolución Cubana y el fracaso de la invasión de Playa Girón en los sesenta.
Y para nada es casualidad que Ríos Montt aparezca en 1982 ,solo tres años después del triunfo de la Revolución Sandinista en la cercana Nicaragua. Solo desde la dimensión continental de la Operación de Contrainsurgencia se puede entender el Genocidio en toda América Latina y también en Guatemala. Un genocidio que posiblemente comenzó justamente con el golpe contra Arbenz en 1954 y prosiguió hasta el fin del conflicto armado en la misma Guatemala en 1997 cuando los yankees se creen que la victoria en la Guerra Fría ha eliminado el comunismo, las ideologías y hasta el campo de las reformas socialdemócratas. Igual que el Paraguay de Stroessner, el máximo orgullo de los militares y las elites chapinas era proclamarse campeones del anticomunismo.
Valga pues, una mirada de reconocimiento y valoración hacia todos los que sostuvieron el ideal revolucionario en Guatemala en condiciones tan extremas pero valga un reconocimiento especial a esos pocos cientos de militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo que mantuvieron la bandera del comunismo en alto a pesar de la histeria anticomunista. Recordemos por ahora al fundador del Partido del Trabajo Guatemalteco, José Manuel Fortuny y el nombrado Oliverio Castañeda de León, militante de la Juventud Patriótica Guatemalteca.

En Guatemala hubo un genocidio. Doscientos mil muertos y cuarenta y cinco mil desaparecidos. Pero de ellos, tres de cada cuatro pertenecían a los pueblos originarios.
En Guatemala hubo dos genocidios si se quiere decir de esta manera: uno, el mismo que se extendió hasta la Patagonia chilena y argentina en el sur del continente, contra todos aquellos que proponían superar el capitalismo y constituían un escollo serio al nuevo modelo de desarrollo capitalista que se buscaba imponer desde Washington y las oligarquías locales; y otro un Genocidio étnico, una limpieza racial que buscaba completar lo que el Español no terminó en el siglo XV: liquidar los pueblos mayas, borrarlos del mapa social y geográfico.
Porque molestaban para el despliegue de algunos emprendimientos mineros, energéticos o agrarios (molestia que persiste y explica el nivel de represión hacia los pueblos originarios de estos días), pero sobre todo por racismo, por la intolerancia hacia el llevada a la locura de asesinar miles y miles de mujeres, de partir las cabezas de los niños para que corra la sangre como agua hacia el mar, de esclavizar mujeres como esclavas sexuales por años o niños como sirvientes. Sin ese componente racista no se puede entender la decisión de exterminar toda comunidad que hubiera entrado o que ellos pensaran que había entrado en relación con la insurgencia.

En un texto clásico, Federico Engels dice que lo más terrible de las derrotas es que los pueblos olvidan las causas por las que lucharon. Lo hace en referencia a la Comuna de París de 1871 pero hoy sabemos que esa reacción no es “natural” sino una de las consecuencias buscadas y planificadas de un genocidio. Es la continuación del genocidio por otros medios y el modo de asegurar que la reorganización radical del país que la eliminación del grupo nacional ha consumado, se estabilice y mantenga en el tiempo.
Y si en algún lugar parecía que el objetivo se había conseguido era en Guatemala.
El modo en que terminó el conflicto armado, con un Acuerdo de Paz que era lo más parecido a una rendición incondicional y el asesinato del Obispo Gerardi a cielo abierto, como una clara represalia y advertencia de impunidad ante la publicación del informe de la verdad (casi el único acuerdo positivo del acuerdo de paz que se cumplió, y con ese costo terrible), condicionaron un largo periodo de supuesto pos conflicto que eternizó el conflicto profundo y más real que todos, ese que motivó la revolución del 44 e inspiró la acción democrática de Arbenz: el conflicto que genera el monopolio de la propiedad de la tierra, la discriminación racial y de clase contra la mayoría maya que siguió sin tierra y sin derechos, obligada a refugiarse lejos de la modernidad para poder conservar algo de su cultura y su identidad.
Como dijimos antes, el genocidio prácticamente exterminó la izquierda urbana y las poblaciones mayas no subordinadas a su mandato asesino.
Pero no del todo.
¿Cómo se conservó la pequeña brasa que sobreviviría tantos años casi apagada y que en estas últimas semanas volvió a arder en las movilizaciones populares contra la corrupción gubernamental que ya forzaron a dimitir a la vice presidenta de Guatemala, Roxana Baldetti y una larga lista de funcionarios, movilizaciones que según algunos historiadores casi no tiene antecedentes en la historia de Guatemala más que en dos o tres ocasiones, una previa a la Revolución del 44 y otras en los 80/90 pero de carácter estrictamente estudiantil?
Este movimiento, que ya se mantuvo por más de dos meses de movilizaciones -sobre todo en las plazas centrales de las principales ciudades del país-, como sabemos aparece a raíz del destape de casos de corrupción. Primero por el destape de defraudación aduanera que condujo a la renuncia de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y su secretario privado, hoy prófugo de la justicia. Posteriormente el contrato anómalo con la empresa farmacéutica mexicana Pisa en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para la realización fraudulenta de diálisis que llevó a la muerte a 12 personas, incriminando al ex director de esa institución Juan de Dios Rodríguez, ex militar acusado de violación a los derechos humanos y cercano al presidente Otto Pérez Molina.
Las denuncias y la crisis política que provocó obligó a la renuncia importantes figuras del gabinete como el ex ministro de gobernación Mauricio Bonilla y el ex general José Anzueto a cargo de la Secretaria de Inteligencia del Estado, ex militares cercanos a OPM y el nombramiento de ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado, viejo político al servicio de las clases dominantes, como vicepresidente.
Todo esto ha generado indignación en algunos sectores de la población, sobre todo capas medias urbanas pero que se amarra con otras indignaciones más estructurales de capas obreras, campesinas e indígenas. Esto puede dar al traste el régimen político post dictaduras o al menos debilitarlo haciéndole perder legitimidad al sistema de dominación. Pero las movilizaciones están en la encrucijada por el cauce institucional que los poderes fácticos le pretenden dar y a la ausencia de una alternativa de gobierno y/o de poder.
Las diversas crónicas periodísticas dan cuenta de que desde el 25 de abril hasta el 13 de junio hubo movilizaciones todos los sábados, siendo la primera el 25 de abril, que juntó a más de 30 mil personas; la del 16 mayo fue el pináculo con más de 60 mil personas concentradas en la plaza central y las diversas plazas de las principales ciudades; y la del sábado 13 con un poco más de 20 mil personas. Estas movilizaciones contaron con un fuerte componente de personas procedentes de capas medias y pequeña burguesía, que llegaron a título individual; fueron los contingentes, sobre todo con posterioridad al 25 de abril, de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos y representación de los pueblos mayas, los que le dieron un toque más clasista. Pero no se recompone la subjetividad política transformadora ni se crean fuerzas capaces de derrotar las sombras del genocidio en un día; pero se ha roto el largo periodo de quietud y silencio del pueblo. Eso preocupa a los genocidas y poderosos, y reclama mayor análisis de parte nuestra

Sin pretensión de analizar los hechos políticos que están en pleno desarrollo en este momento, me animo a proponer dos o tres ideas de interpretación.
Un modo de sobrevivencia de la subjetividad popular, democrática, antiimperialista y revolucionaria ha sido de la mano de los constructores de la memoria del genocidio. Los que no aceptaron la grosera impunidad decretada por el Poder y consentida a nivel internacional.
Porque la memoria no es lo “natural” y el olvido una partecita de ella sino que la memoria y el olvido son categorías relacionales, se construyen al mismo tiempo por acciones humanas, premeditadas cuando se trata de la memoria de las luchas sociales.
El olvido se construye con el horror transformado en terror e incorporado en los cuerpos humanos por la tortura y en el cuerpo social por el miedo. Y vaya si en Guatemala se torturó y se inculcó el miedo.
Pero hubo quienes buscaron sus familiares victimizados, los cuerpos de los desaparecidos, los rastros de la lucha de los revolucionarios, de los sindicalistas, de los dirigentes estudiantiles. La formación de HIJOS Guatemala podría ser el símbolo más potente de esa acción de memoria que tuvo en la recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional Guatemalteca un punto de referencia y un estimulo importante.
Otro fue el movimiento resultante de la movilización de supervivencia indígena conocida como Comunidades de Población en Resistencia que comenzó como un intento de escapar del exterminio militar y resultó en un proceso de organización autónoma de miles de mayas que prolongaron la experiencia luego de finalizado el conflicto armado y aseguraron un territorio de fidelidades al pasado maya y algunas de las tradiciones democráticas que buscó eliminar el genocidio.
Y por último, de un modo sobresaliente, así como el golpe de 1954 y las sucesivas oleadas genocidas son inseparables de la operación continental de contrainsurgencia que impulsó la CIA y el Comando Sur del Ejercito de los EE.UU., el resurgir del movimiento popular en Guatemala es una de las consecuencias esperadas del retorno al gobierno del Sandinismo en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí en El Salvador, hermanas de Guatemala que mantienen miles de invisibles lazos por los cuales ayer huían los revolucionarios perseguidos por el ejercito guatemalteco y hoy penetran nuevas ideas y ánimos renovados. O sea un nuevo olor, fresco como la papaya.

Digo, no puedo entender el genocidio guatemalteco sin pensar en el olor.
Eso que molesta a los estudiantes del colegio de Liniers de los compañeros bolivianos. Si en un barrio limítrofe de la Capital Federal, un grupo de estudiantes se molesta por el olor de los hermanos bolivianos, qué les pasaría a los ladinos guatemaltecos al ver las mujeres mayas con sus polleras de colores oliendo a maíz, a tierra mojada, a papaya fresca?
El genocidio sembró un olor fétido, a muerte mal enterrada en cementerios secretos y montañas peladas pero un nuevo viento cruza del Pacífico al Atlántico. Decían los antiguos que el tiempo es circular y que todo vuelve a empezar. Allí están de nuevo, los estudiantes en las calles y ahora, más que antes, las polleras coloridas de las mayas a su lado. Todavía está por verse quien escribe la última pagina de esta historia que en alguna pequeña medida la historia de mis hermanos de lucha, algunos de los cuales conocí hace cuarenta años. A uno de ellos, asesinado en 1984, le dediqué un poema de despedida que quiere ser mi canto de amor al pueblo chapino

En memoria de Pedrito.
Dicen que debajo de
esa roja bandera
dentro de ese pequeño cajón,
están los huesos de Pedro.

Dicen
que su hija menor,
que creció sin conocer la historia
tomó la bandera de su padre
y la puso sobre la caja de madera
donde reposan
los huesos de Pedro.

Dicen
que cuando lo atraparon
manoteo su 38 y opuso resistencia
cumpliendo con aquella promesa
de una tarde de nieve
cerca de la Plaza Roja
doce años antes de aquel instantes
Entonces,
gritó seremos como el Che
o al menos,
corregí yo, como el Che
quería que fuéramos

Dicen
que lo mataron
a los veinticuatro días:
o sea, el 29 de marzo
de 1984

Así escribieron los militares
guatemaltecos
tan prolijos como todo
militar latinoamericano
en eso de asesinar
militantes

Dicen y dicen
porque yo no lo vi más
desde aquella tarde de nieve

No lo vi
cuando cruzaba fronteras
con nombre falso
y bigote recortado

No lo vi
cuando entró a su
Guatemala
y se puso a pelear
justo cuando aquí
caían dictadores y volaban
Allendes por el cielo

No lo vi
cuando volvió a cambiar de nombre
tantas veces que ni él se acordaba quien era

Pero ahora recuerdo
que aquel 29 de marzo de 1984
me tomé un par de vinos
con el Tito, el Carlos y el Tato
que eran buenos
en eso de ponerle al pueblo
uniforme de pueblo,
y salir a pasear con las banderas
en alto.

Banderas como esas
que la niña de Guatemala
criada en el país de los gringos
dobló con amor
para poner sobre la caja
de los huesos de su padre

Mi amigo guatemalteco
perdido en la noche,
que recuerda la culpa de estar vivo
y no ser, como él,
un puñado de huesos
dentro de una caja
bajo una bandera
Buenos Aires, mayo del 2015.

Las inundaciones son el resultado, previsible, denunciado y anunciado mil veces, de un modelo de desarrollo capitalista basado en la “extracción industrial” de ingentes ganancias a los suelos por medio del cultivo de soja transgénica para exportaciones.
Si se pudo evitar, no es “natural”, sino un proceso social típico del modelo vigente.
Agravia la vida de las personas por imperio del Capital protegido por el Estado:es una clara violación a los derechos humanos que debe ser revertida con la lucha colectiva y un nuevo modelo de desarrollo, sustentable social y ecologicamente

Una vez más las imágenes catástrofes sobre calles inundadas, autos flotando y personas arriba de los techos o chapaleando en el barro se combinan en los medios con notas oportunistas que se lamentan por la mala suerte o critican políticas puntuales (sub utilización de los fondos para obras hidricas por corrupción o necesidad electoralista) que se cuidan muy bien de ocultar lo verdadero y profundo: las inundaciones en curso son el resultado de un combo de políticas económicas y ambientales de larga data que liquidaron el sistema de alertas y obviaron cualquier Plan de Emergencia ante Catástrofes y lo fundamental: el cambio del sistema hidrico de las llanuras de la pampa húmeda por efecto del cultivo intensivo y extendido de la soja transgénica de manera creciente desde el inicio del siglo (lo que significa que cubre todo el periodo de los gobiernos kirchneristas)1

Como se sabe, la irrupción para principios de la decada pasada de grandes potencias emergentes como China e India en el mercado de la soja y otros granos modificó las condiciones del gran negocio agrícola y colocó a la producción de soja transgénica en un lugar de privilegio para especuladores e inversionistas nacionales y extranjeros. Hace falta decir que el Estado estuvo totalmente ausente al momento de regular la producción, extensión de las áreas cultivadas, cuidado del equilibrio ambiental incluido el régimen de aguas?..Allí siguió el neo-liberalismo a pleno, o sea que el Estado ausente dio lugar a la dictadura del Capital que se enseñoreo de los suelos.

El cultivo extendido de la soja hasta proporciones monstruosas no solo liquidó producciones familiares y de alimentos tradicionales sino que desertificó buena parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba rompiendo un equilibro de siglos, además los pools de siembra construyeron canales clandestinos para rápidamente evacuar las aguas de lluvia hacia los cursos principales aprovechándose del “Estado ausente”. Por eso el agua de lluvia de la cuenca alta no queda retenida, llegando más rápido a la cuenca media donde se emplazan varios centros urbanos. Por otro lado en la cuenca media y baja, las llanuras de inundación y los humedales fueron progresivamente ocupados por los countries, generando el estrangulamiento y taponamiento de los cauces principales de modo tal que las tierras que en el pasado actuaban como retenes o reservorios naturales, hoy se encuentran sembradas con soja y atravesadas por canales artificiales clandestinos ejecutados sin ningún tipo de control por parte de los organismos provinciales y nacionales competentes.

Hay soluciones técnicas (se amontonan los alertas y propuestas surgidas del pensamiento crítico) pero se necesita una decisión política que ni siquiera se ha discutido en el proceso electoral en curso: hay que abandonar el proyecto extrativista de basar la economía nacional en el cultivo de la soja o la producción minera extensiva y a suelo abierto (que aporta lo suyo en otras regiones del país). Aquí también derechos humanos y capitalismo son incompatibles. Todo lo demás es ilusión que se derrite como arena con el agua, como los intentos de tapar el desastre social con imágenes de catástrofe.

1.  De una producción de 31,5 millones de toneladas en 2003/2004 y 14,5 millones de hectáreas, este año tendrá entre 53 y 55 millones de toneladas y más de 20 millones de hectáreas. En 2014 representó un negocio de más de US$ 28.000 millones En 1970 se producían menos de 140 mil toneladas en 0, 95 mill de Has y en el 2001 unos 25, millones de toneladas en 10, 3 millones de hectareas. Fuente La Nación del 28/4/2014 y la web redagraria.com

Se acaban de publicar dos informes sobre la situación de los derechos humanos, uno de mirada nacional, el del Cels, pero con foco en la provincia de Buenos Aires, y el otro, el de la Comisión Provincial de la Memoria, centrado en la provincia pero con referencias nacionales. Es llamativo que con miradas ideológicas distintas se llegue a las mismas conclusiones que intentaré resumir en una primera nota (el problema es tan vasto que requerirá de una serie de artículos) con las conclusiones más generales.
Veamos algunas afirmaciones de la Comisión Provincial de la Memoria estampadas como apertura del Prologo y a modo de anticipo general: “La política criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha desencadenado una situación de colapso que se traduce en la mayor tasa de encarcelamiento registrada, la profundización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y la vulneración masiva y sistemática de los derechos de amplios segmentos de la población, fundamentalmente los sectores populares. Esta situación se agravó durante la gestión del gobernador Scioli, cuya política de seguridad se focalizó en la persecución del delito desorganizado y/o de aquellas personas que integran los eslabones más débiles de las cadenas delictivas. Se intensificó también el histórico sesgo clasista del sistema penal, colmando las cárceles y acentuando la estigmatización y la violencia policial hacia los jóvenes de los sectores populares. Todo esto ha provocado que en la última década las políticas de seguridad se hayan constituido como un freno a las distintas políticas de inclusión a través del trato discriminatorio y la vulneración de derechos. Más aún, la intervención selectiva de las instituciones policiales, penitenciarias y judiciales en la vida de los pobres genera específicas y nuevas marcas de vulnerabilidad y sufrimiento que condicionan las trayectorias familiares. Al mismo tiempo, este tipo de políticas anacrónicas y violatorias de derechos humanos han sido incapaces de intervenir con eficacia frente al delito complejo y la diversificación de los mercados ilegales”
Más adelante agrega: “ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de torturas y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos”
Ratifica lo denunciado tantas veces “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, es la regla. Las condenas por las torturas infligidas por la policía a Luciano Arruga y por el homicidio en manos de penitenciarios bonaerenses de Patricio Barros Cisneros son una excepción que la confirma.”
Puntualiza que “no albergamos ninguna duda que la declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales al tiempo que minó el financiamiento de las ya deficitarias políticas de promoción y protección porque reorientó el gasto a la política represiva. La ecuación no puede ser peor.”
Tentado de seguir citando, me limitaré a consignar las muertes por encierro: “durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otros 18 en comisarías de la Policía Provincial.” Otras “111 personas “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.” y también en los neurosiquiatricos mueren ciudadanos, solo en el Korn “murieron 133 personas entre febrero de 2012 y 2014. Estas 548 muertes, que además son un sub registro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado”.
En el apartado “Democratización de las estructuras de seguridad como condición para la gobernabilidad y la inclusión social”, Capitulo V del Informe 2015 del Cels (Págs. 203 en adelante ) se sigue la misma línea de reflexión y se llega a similares conclusiones, ampliando la mirada a lo nacional, sin dejar de destacar lo grave de las políticas de Scioli en la Provincia: “En los últimos años las iniciativas políticas no avanzaron en afectar de manera estructural los intereses corporativos de la fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios. Que este objetivo no haya estado entre las prioridades del gobierno nacional tuvo y tiene consecuencias graves para la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad del sistema democrático”
“Junto con la justicia penal, las policías y los servicios penitenciarios conforman los dispositivos centrales de la administración del castigo. Hoy son estructuras con amplios márgenes de autogobierno, atravesadas por un legado autoritario compartido que las organiza en forma militarizada y vertical y orientadas a combatir a un “enemigo” antes que a resolver conflictos y reducir la violencia. Se trata de fuerzas violentas y con gran capacidad de daño que concentran violaciones a los derechos humanos.”
“Durante 2013 y 2014, las decisiones de políticas de seguridad y penitenciarias implementadas en la nación y la provincia de Buenos Aires confirmaron, por acción u omisión, amplios márgenes de autonomía de las estructuras de seguridad. Las policías fueron dotadas de mayores recursos, aumentó su presencia en las calles y, en la provincia de Buenos Aires, las autoridades políticas cedieron mayores cuotas de poder a las cúpulas policiales. En los servicios penitenciarios, se advirtieron graves situaciones de desgobierno político y delegación del manejo de las unidades penitenciarias en estructuras militarizadas y violentas.”
“La falta de democratización de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción insertas en las estructuras policiales y penitenciarias”
“En segundo lugar, implica la amenaza cíclica a la estabilidad política, en la reiteración de episodios en los que estas estructuras procuran extorsionar al sistema político para obtener ventajas corporativas o sumarse al juego desestabilizador de unos sectores contra otros. “
“Hay una tercera consecuencia crucial: las policías y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social. Los jóvenes que pueblan los barrios pobres y las cárceles, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de un proyecto político-social que procura el crecimiento con inclusión, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria, que afectan a las políticas inclusivas que se pretenden desarrollar. De esta manera, la faz punitiva del Estado es una barrera que erosiona los esfuerzos inclusivos que se despliegan desde sus otros sectores. “
Creo, con toda honestidad, que la simple lectura de los textos elaborados por el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria son de una contundencia tal que casi me eximen de comentarios, y eso que ex profeso deje de lado los documentos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o de otras organizaciones y fuerzas como las que actúan en las causas del Puente Pueyrredón, la muerte de Luciano Arruga o las que luchan contra los desalojos, la minería a cielo abierto o las voces de los Qom de Formosa dado que muchos de nosotros hemos sido estigmatizados y descalificados por los nuevos “dueños” de los derechos humanos, algunos de los cuales ni habían nacido físicamente cuando la Liga ya luchaba contra la tortura de las dictaduras de 1930 o de 1943 o de 1955 o de 1966, solo para nombrar algo de nuestra historia.
Está claro que Scioli sí tiene una política hacia los derechos humanos, que no es otra que la que aquí se califica como responsable de un colapso humanitario.
A diferencia del gobierno nacional, Scioli casi ni tiene políticas de memoria o de apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad a pesar de contar con una Secretaría de Derechos Humanos de la que mucho no se sabe lo que hace, si hace algo.
Scioli asumió como propio el discurso de la derecha de considerar como la más grave violación a los derechos humanos el cúmulo de delitos menores que ellos llaman “inseguridad”. La derecha clásica estuvo inhibida de defender la impunidad y el capitalismo neoliberal puro por la grave crisis de legitimidad que le generó la resistencia al neoliberalismo de los 90 y el estallido de la crisis del 2001. Pero encontró un camino sinuoso para reinstalar su discurso represor: fue Blumberg el primero en proclamar que la inseguridad era eso que él definía y que era “saturando” de policías las calles el modo de combatirlo. Fue Grondona el que perfeccionó el discurso atribuyendo al “garantismo” judicial, impuesto por los mismos que buscábamos “venganza” contra los represores de los 70 la “debilidad” de la Policía para combatir el delito. Que la propia presidenta llegara a hablar de la “puertas circulares” para los delincuentes da cuenta del recorrido que ha tenido ese discurso y del éxito cultural que han tenido al punto que algunos referentes de la lucha histórica por Verdad, Memoria y Justicia terminen avalando estas políticas abrazados a Generales con graves responsabilidades por el Genocidio.
Scioli fue liquidando paso a paso los pequeños pasos dados en la dirección contraria y asumiendo una política que proclama orgulloso como principal apuesta electoral. Que lo sepan los que llaman a votarlo en aras de un supuesto proyecto latinoamericano de liberación.
Su política, desarrollada a pleno desde el 2014 con la dupla Granados Casal y el apoyo total de Berni y la propia Presidenta de la Nación, se podría resumir en darle autonomía a las fuerzas policiales y penitenciarias (y a este gobierno de los territorios y de los lugares de encierro, la Comisión Provincial de la Memoria denomina “el sistema de la crueldad”) para “saturar” con personas armadas por el Estado de modo tal de controlar de todos los modos posibles la población estigmatizada como culpable de la inseguridad: los jóvenes pobres, los migrantes y las mujeres. Un Poder Judicial mayoritariamente corrupto y articulado con la Bonaerense y los punteros políticos en una asociación múltiple para delinquir que suma a los mafiosos de la droga, el trafico de mujeres, niños y niñas para el comercio sexual y la venta de autos, garantiza impunidad y articula todo el sistema de la crueldad.
El resultado de tales políticas se podría resumir en tres consecuencias directas y fácilmente comprobables: a) la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de cientos de miles de habitantes del cono urbano especialmente; b) la mayor capacidad de presión política que logran estas fuerzas que arrancan concesiones y producen alteraciones de la gobernabilidad (como fue la asonada policial de diciembre de 2013) y c) estas políticas de violencia institucional terminan afectando, neutralizando o esterilizando las políticas de inclusión social que el propio gobierna muestra como su mayor logro político de la década.
Los informes traen toneladas de datos y ejemplos de cada una de las afirmaciones aquí sostenidas. A ellos me remito en primer instancia, y a nuestra experiencia viva de acompañar las luchas cotidianamente desde hace décadas.
Este es Scioli y casi nadie, en el campo de los que luchan por los derechos humanos, se atrevería a discutirlo. Si dos polos de referencia ideológica tan distintos como el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria lo afirman, no queda mucho espacio para relativizar la denuncia.
Pero ha surgido en estos días un argumento algo novedoso.
La alianza de Cristina con Scioli promete, según algunos compañeros, un sistema de acompañamiento que garantiza la vigencia de las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.
En primer lugar, y eso será motivo de otra nota, los informes confirman un cambio radical, casi un viraje en las políticas de respeto a los derechos humanos que no sean de Memoria y estimulo a los juicios. La palabra y el accionar de Berni dan cuenta de ello.
Pero hay un episodio reciente que me resulta particularmente sugestivo y es el debate sobre las policías locales. Voy a citar el informe del Cels:
“A poco de asumir, Granados anunció la necesidad de aumentar la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense de los 55 mil actuales a 100 mil. Las políticas de saturación policial del Conurbano planteadas desde la provincia, convergentes con los operativos del gobierno nacional, se intensificaron a partir de la declaración del estado de “emergencia en seguridad” en la provincia, el 5 de abril de 2014. “
“Esto dio lugar a una serie de medidas de neto corte punitivista y a la concentración de más recursos en manos de la Bonaerense, en un contexto de ausencia o debilidad de los mecanismos de control sobre la fuerza. El otro sesgo de la gestión de Granados fue la creciente visibilidad de los intendentes en las discusiones sobre políticas de seguridad, sin que ello se traduzca necesariamente en una descentralización efectiva del poder de la fuerza provincial. La implementación de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) y los debates por las policías locales y su posterior creación a través de un decreto muestran estas tendencias.”
“El debate sobre la creación de cuerpos de policías municipales en los partidos del Gran Buenos Aires se reactivó durante la campaña electoral de 2013. De inmediato se hizo evidente una puja entre propuestas muy diversas: algunas buscaron aprovechar la coyuntura para crear policías con una orientación democrática, mientras que otros proyectos, entre ellos el promovido por el ministro de Seguridad Alejandro Ganados, plantearon la creación de otra fuerza policial que se sumaría a las ya actuantes (Bonaerense y Gendarmería) en el esquema de saturación policial del Conurbano. Distintos sectores del oficialismo provincial llegaron a un proyecto de consenso que fue presentado el 9 de abril de 2014 y que propiciaba la creación de policías locales en distritos con más de 70 mil habitantes. Se trataba de policías de prevención, que dependerían orgánica y funcionalmente del intendente. El proyecto además disponía que los cuerpos de la Policía Bonaerense que actuaran en los distritos donde se crearan las policías locales también dependieran operativamente del intendente. A partir de críticas de La Cámpora y Nuevo Encuentro se incorporaron a la propuesta particularidades interesantes”
“El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y también, en general, por el Senado provincial el 5 de junio de 2014, pero de inmediato comenzaron las disputas, centradas, por un lado, en los mecanismos de financiamiento y de transferencia de fondos desde la provincia hacia los municipios, y por otro, en el modelo de policía que se pretendía crear.”
“El Frente Renovador se opuso a los artículos que preveían límites para el ejercicio del uso de la fuerza, a través de la prohibición de la portación de armas fuera de servicio, y a las facultades discrecionales, a través de la prohibición de realizar detenciones por averiguación de identidad.. Las declaraciones de otros referentes políticos mostraron que los alineamientos en torno a este tema no coincidían con las fronteras partidarias y que los sectores que respondían al gobernador Scioli compartían con el Frente Renovador su disconformidad con las limitaciones que la ley imponía a la arbitrariedad policial. “
“La discusión en particular del articulado de la ley quedó en punto muerto en el Senado. Finalmente, el gobierno provincial hizo caso omiso al debate parlamentario y creó el 2 de julio de 2014 las Unidades de Policía de Prevención Local a través del Decreto 373/14 del Poder Ejecutivo provincial y de la Resolución 835 del Ministerio de Seguridad.”
“De esta manera, ocurrió lo que ya había sucedido con la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. La creación de las policías locales en la provincia de Buenos Aires significó otra oportunidad perdida para instrumentar fuerzas con nuevos estándares, más democráticos y adecuados a un trabajo local de cercanía. En lugar de ello, se creó otra fuerza cuyo marco normativo es el mismo que el de la Policía Bonaerense, y nada indica que vaya a poder sustraerse de la influencia de una fuerza policial que maneja los territorios y regula negocios legales e ilegales.”
A pesar de lo largo de la cita creo que ilustra mi pregunta: ¿Si Scioli aplicó estas políticas de violación a los derechos humanos siendo solo Gobernador y teniendo un Poder Ejecutivo por encima de él y supuestamente sosteniendo otras políticas, por qué razón cambiará de políticas si llegará a Presidente?
¿No habrá que buscar en este cambio de paradigma en el uso de las fuerzas policiales y en la búsqueda de relegitimación de las Fuerzas Armadas la razón del acuerdo que coloca a Scioli en la carrera presidencial bendecido por una fuerza que se jacta de su compromiso con los derechos humanos?
La Comisión Provincial afirma que “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”
O dicho de otro modo, se puede mantener la tensión entre la coexistencia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia para el pasado con un ataque masivo y sistemático a los derechos humanos de los ciudadanos pobres del presente. Pero no por mucho tiempo. O al menos, no por todo el tiempo.
El avance de Scioli hacia la Casa Rosada pondrá este dilema teórico en el terreno donde se resuelven los enigmas de este tipo que no es otro que el de la lucha de clases y allí cada quien dirá de que lado está de la cuestión: si de los torturadores o de los torturados. Todo lo demás serán palabras sin importancia.

Conocimos a Anabella en la lucha contra la imp unidad del crimen de Luciano  Arruga.  Ella integra la Asociación de Amigos y Familiares de Luciano Arruga  y está amenazada de ser desalojada a pesar de que hace casi 20 años paga los impuestos de la vivienda que mora y hoy pretende ser subastada como si no hubiera historia y todo fuera mercancía.   Para Anabella y para nosotros, no todo se vende y no todo se compra.

Por ella presentamos este Amicus Curiae que fundamenta el derecho a la vivienda de todas y todos.

SE PRESENTA COMO AMICUS CURIAE.

Señor Juez:

JOSÉ ERNESTO SCHULMAN, Secretario General de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, asociación civil defensora de las DD.HH., creada el 20 de diciembre de 1937, con domicilio legal en la Avenida Corrientes 1785, piso 2ª, oficina C, CABA, en la causa caratulada “GENNONI EDUARDO HECTOR C/ LUJAN ROSA ESTER S/ EJECUCION DE HONORARIOS” Exp. 1853, a V.S. muy respetuosamente digo que:

Vengo a presentarme como Amicus Curiae en defensa del derecho a la vivienda digna de Martínez Anabella Luz Celeste y su grupo familiar compuesto por su hija Luz Quimey Acosta Martínez y su madre Rosa Córdoba Liliana, en virtud de los fundamentos de derecho que pasaré a señalar.

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
a) EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A LA VIVIENDA:
La normativa constitucional e internacional sobre el derecho a una vivienda digna, combinada con el derecho a la defensa en juicio de los derechos, hacen necesario atender a la situación de las personas demandadas a fin de garantizar plenamente que sean oídas en sus reclamos.
El Estado argentino tiene obligaciones precisas y concretas con respecto al derecho a una vivienda digna, previstas en el ordenamiento jurídico interno tanto como en el internacional.
En este sentido, la Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, reconoce expresamente este derecho, según expresa Bidart Campos, “el derecho de los individuos a una vivienda digna va más allá en su carácter programático, porque obliga al estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él” (Bidart Campos, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1989, Pág. 437).
El Estado argentino, al ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otorgarle jerarquía constitucional, se comprometió a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales mencionados en este instrumento. El párrafo 1 del artículo 11 del citado Pacto, en relación con el derecho a la vivienda, establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua en las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporada también a nuestra Constitución Nacional según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, expresa en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias de su voluntad”.
Análogamente, reconocen el derecho a una vivienda digna la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, todos ellos incorporados asimismo a la Constitución Nacional.
Todos los tratados de derechos humanos universales y regionales, generales y particulares, tienen modalidades de control. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales posee un sistema de informes periódicos que encuentra sustento en la obligación de los Estados Partes de garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Este sistema permite la revisión de la legislación en vigor para adecuarla a los compromisos asumidos en los tratados y facilita el conocimiento de la práctica toda vez que el informe no consiste únicamente en la narración de la situación legal vigente sino que debe manifestar una relación y coherencia entre ésta y la realidad (Pinto, Mónica, “Temas de derechos humanos”, Editores del Puerto SRL, 1997, págs. 126 y 127).
El confronte de estas informaciones permite una evaluación por el órgano de aplicación del Pacto, el Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.
De este modo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados es criticado por el Comité a través del mencionado mecanismo de control.
En relación con el derecho a una vivienda adecuada, el Comité, en sus observaciones sobre los informes de algunos Estado partes, ha señalado que los Estados en cuestión “violaban el derecho a una vivienda adecuada porque recurrían a la práctica de los desalojos forzados” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nro. 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, adoptada el 12 de diciembre de 1991).
Corresponde destacar que las opciones del Comité constituyen una interpretación de las normas de derechos humanos que los Estados no pueden ignorar sin consecuencias, ya que ellas son, por lo menos, una interpretación de un órgano internacional que tiene como función controlar la conducta de los Estados respecto del cumplimiento de las normas emanadas del tratado que lo establece (Medina Quiroga, Cecilia, “Sistema Jurídico y Derechos Humanos, El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos”, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, publicación Nº 6, pág. 34).
Por otra parte, la jurisprudencia establecida por el Comité es vinculante para los tribunales internos. Con relación a este punto, en nuestro país la Corte Suprema de Justicia de la nación ha sostenido “que la ya recordada jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (art. 75 , inc. 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana” (considerando 11, “Ekmedjian, Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros”, 7 de julio de 1992).
Las normas del derecho internacional de los derechos humanos están formuladas de tal manera que permiten su progreso constante y su adaptación a las circunstancias históricas de tiempo y espacio en que se apliquen (Molina Quiroga, Cecilia, op. cit., pág. 27). En consecuencia, los pactos internacionales deben ser interpretados por los tribunales internos teniendo en cuenta su aplicación por órganos internacionales.
En la Observación General Nº 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, el Comité determina los aspectos del derecho a una vivienda digna y dispone que este derecho “no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza (…) debe considerarse más bien como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones, en primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, la dignidad inherente a la persona humana, de la que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho de vivienda se debe garantizar a todas las personas, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en el sentido de vivienda a secas sino de vivienda adecuada. Como ha reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000: El concepto de “vivienda adecuada” (…) significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.”
Más allá de exponer y desarrollar el concepto de vivienda “adecuada”, el Comité hizo hincapié además en la seguridad jurídica de la tenencia, como un aspecto que debe considerarse en forma independiente de los factores sociales, económicos, culturales y de otra índole que determinan el contexto. De esta manera, estableció que “Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad en la tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y los grupos afectados.”
b) RECURSOS PARA DEFENDER EL DERECHO A LA VIVIENDA:
En referencia a los recursos jurídicos que dentro de la jurisdicción interna deben garantizar la protección del derecho a la vivienda, el mencionado Comité establece que las personas afectadas tendrán derecho a apelaciones jurídicas destinadas a evitar lanzamientos planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales; a reclamar contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públicos o privados) en relación a los niveles de alquiler, mantenimiento en la vivienda; y a denunciar cualquier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda.
Una mención especial merece el Informe de la Secretaría General de la ONU en el 49º Período de Sesiones (E/CN4/Sub.2) 1997/7 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico Social del mismo organismo. En relación con los recursos jurídicos, su Anexo V incluye una fórmula más amplia y extensiva de la tutela y garantía del derecho a la vivienda.
Así establece expresamente el derecho a ser oído, base esencial del derecho de defensa, y precisa la posibilidad que tienen los afectados de expresar las circunstancias de interés necesarias para evitar la vulneración de sus derechos.
c) RESPONSABILIDAD ESTATAL FRENTE A LOS TRATADOS
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados prescribe en su artículo 31.1 que “todo tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya que atribuirle a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, mientras que el mismo artículo, en el inciso 2, punto c, establece además que “Para los efectos de la interpretación de un tratado” se tendrá en cuenta “toda norma pertinente de derecho internacional”. Por lo tanto, las reglas de un tratado o convención deben interpretarse en relación con otras disposiciones del derecho internacional que versen sobre la misma materia.
En este sentido, para analizar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos, se debe tener en consideración lo dispuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 4, ya que aclara el alcance de la obligación fundamental consagrada en los correspondientes instrumentos internacionales.
Asimismo, a la luz del principio “pro homine”, cuando se trata de determinar el alcance de los derechos protegidos debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva. Este principio fue expuesto en la Opinión Consultiva OC 8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, existe una complementariedad entre todos los instrumentos internacionales a los efectos de ser entendidos como una unidad y se debe seleccionar de ese plexo normativo la norma más favorable a la persona o los grupos afectados.
Dado que el Estado argentino está compuesto por los tres poderes y por cada uno de los Estados locales, es indudable que el Poder Judicial de la Nación, en caso de incurrir en una violación de esta normativa internacional, haría responsable internacionalmente al Estado argentino por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
d) EMERGENCIA HABITACIONAL, DERECHOS DEL NIÑO Y NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Este caso se encuentra enmarcado en una situación social grave y delicada, pues, como es público y notorio, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense existe un gravísimo déficit habitacional, que obliga a las personas carentes de propiedades inmuebles a vivir situaciones de gran vulnerabilidad social.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre defiende el derecho a acceder a una vivienda digna, reconocido por el art. 14 bis de la Constitución de la Nación, reconocido asimismo por tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75, inciso 22, de la C.N.
Dadas las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y el principio indiscutible de que el derecho a la vivienda está incluido dentro de los Derechos Humanos, la ejecución de un desalojo forzoso implicaría una grave violación de los Derechos Humanos de las personas desplazadas, impropia de un régimen republicano y democrático.
Esa grave violación se profundiza por la presencia de una niña de tres años en el inmueble a desalojar, lo cual torna aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente los arts. 4 y 27 puntos 1 y 3.
No puedo dejar de señalar que la jerarquía superior de los derechos constitucionales y de los instrumentos internacionales que regulan los DD.HH. ha sido expresamente señalada en el art. 1 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que recuerda la obligación de interpretar las normas legales de acuerdo con las de jerarquía supralegal.

PETITORIO
Por lo expuesto, a V.S. muy respetuosamente solicito que:
A fin de evitar al Estado argentino responsabilidad internacional, tome las medidas necesarias para garantizar (antes de su lanzamiento) una vivienda digna a las personas que serán desalojadas.
Tener presente y proveer de conformidad que
SERÁ JUSTICIA

“La única verdad es la realidad”
Juan Domingo Perón

Según informa la Pagina oficial de la Presidencia de la Argentina (http://prensa.argentina.ar/2015/06/26/59083-rossi-firmo-convenio-con-israel-para-modernizar-74-tanques-del-ejercito-argentino.php) el 26 de junio pasado el Ministro Rossi firmó una acuerdo de colaboración militar con Israel.
En palabras del Ministro, candidato a diputado al Parlasur en las listas del Frente Para la Victoria: “Es un fuerte impulso para la industria de la defensa argentina y significa una inversión de 111 millones de dólares», afirmó Rossi tras la rúbrica en el salón Belgrano del Edificio Libertador. Asimismo, destacó el acuerdo mediante “el mecanismo de compensación industrial denominado offset que permite concretar proyectos productivos con transferencia de tecnología» al tiempo que «implica abrir mercados para la industria de la defensa”. Además, el titular de la cartera explicó que “hoy concluimos una tarea de seis años que se inició en la gestión de la ministra (Nilda) Garré. Fue un trabajo técnico intenso entre la cartera de Defensa, con la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, el Ejército Argentino y nuestros pares israelíes”.
En la misma pagina se consignan las declaraciones de Mishel Ben Baruch “Es un paso sumamente importante, no sólo por el proyecto sino por las excelentes relaciones entre ambos países», indicó, y completó: «Es el comienzo de una excelente amistad entre ambos Ministerios y deseo que todo se desarrolle de la forma más exitosa posible».
Baruch es nada menos que Director del Departamento de Asistencia Exterior y Exportaciones del Ministerio de Defensa del Estado de Israel que como casi todos saben recibe la principal ayuda militar de los EE.UU. en la región conocida en Occidente como Medio Oriente y posee una de las industrias militares más complejas, integradas y desarrolladas del mundo con destacado desarrollo en todo lo que sea tecnología de espionaje y sabotaje con la que han asistido a todas las dictaduras militares del Cono Sur en los 70 / 80 y hoy juegan un rol fundamental en sostener la guerra contra el pueblo de Colombia.
Hasta aquí la información casi pura.
Formulemos algunas preguntas para el Señor Ministro que gusta posar de “progresista” y hasta reparte, como si fueran objetos de adorno, volúmenes de las actas de la Junta Militar “encontradas” cuarenta años después en un sótano de dependencias militares aunque cuando la Justicia le pidió información sobre el hijo de Nora Cortiñas, adujo no tener información alguna sobre los desaparecidos.
• Descartada la doctrina de seguridad nacional, ¿en que marco doctrinario se inserta la estrategia de colaboración con la Industria Militar de un país ocupante de territorios palestinos desde hace décadas, de un modo tan brutal que no son pocos los ámbitos internacionales que han condenado dicha ocupación como un nuevo Apartheid (al tipo de Sudáfrica) e incluso un Genocidio silencioso en tiempo presente?
• ¿Por qué razón nunca se retomaron los debates sobre una nueva doctrina de seguridad nacional para la región que había comenzado la administración Garré y luego sepultara Puriccelli?
• ¿Ignora el Señor Ministro que en todo el mundo se desarrolla una campaña por el Boicot Comercial a Israel, con importante éxito en Europa, tal como en su momento se realizó contra el gobierno del Apartheid Sudafricano y la militancia exiliada de la Argentina en los 70 propiciaba contra Videla? (más información sobre la Campaña y sobre los acuerdos fallidos de Scioli con Mekorot en la web http://stopthewall.org/es)
• ¿El acuerdo de colaboración suscripto, incluye el intercambio de información y provisión de materiales estratégicos para el arma de Inteligencia, tan valorizada durante la gestión Milani al cual el Ministro defendió a capa y espada con el discurso de la derecha argentina de que los familiares de los desaparecidos mienten y es la “Justicia” (la misma que el Señor Ministro descalifica cada vez que sus fallos afectan al gobierno nacional o a alguno de sus integrantes) quien debe decidir si Milani participó o no en el secuestro de Agapito Ledo?
• ¿Cómo es que durante seis años se desarrollaron conversaciones con el Ministerio de Defensa de Israel sin que haya habido oportunidad para el movimiento popular de opinar sobre el tema y que se haya concretado la firma del acuerdo justo cuando en apariencias el gobierno de Argentina y el de Israel estaban enfrentados por las repercusiones del caso Nisman? Los acuerdos estratégicos con la derecha israelí son más fuertes que cualquier diferencia coyuntural de menor importancia o Business are Business si me permite tres palabras en ingles que no se hebreo (algo de idish aprendí de niño pero casi lo olvide)
• ¿O es que el acuerdo con el Ministerio de Defensa de Israel actúa como compensación al fallido acuerdo de Scioli con la Mekorot Tahal Group en el 2012 (la empresa israelí estatal de aguas que usurpa el agua de los palestinos y los condena a la sed y la sequía de sus plantaciones), acuerdo frustrado por la movilización popular contra la penetración del capital sionista (que sostiene y se beneficia de la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina) en la provincia de Buenos Aires?

Esperamos respuestas.

Los 20 pesos que la Bonaerense le robó a Luciano y la dignidad que los dominadores jamás conocerán.

Breve crónica sobre el testimonio de Vanesa Orieta y una hipótesis sobre la tortura.

Nuestro Borges, “nuestro” más allá de sus cegueras políticas que sus poemas valen más que eso, escribió en uno de sus poemas de reflexión/fantasía histórica textualmente: “Yo sé (todos saben) que la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece, pero también se imaginar que ese juego…descubrirá algún día el arte divino de destejer el tiempo o, como dijo Pietro Damiano, de modificar el pasado” (1)
Y yo elijo partir de esa doble reflexión poética para pensar la lección de dignidad que Vanesa Orieta nos dio a todas y todos los que luchamos por la humanidad de los seres, que sería un buen modo de renombrar la lucha por los derechos humanos para limpiarla de tantas incrustaciones oportunistas que ha sufrido en estos años.
Porque Vanesa habló de la dignidad de los naides, de cómo la familia de Luciano lo sostiene en su decisión de no aceptar el “empleo” que la Bonaerense le propone (pasar a robar para ellos en “territorios liberados”) a pesar de la pobreza extrema que sufre en aquellos años (entre el 2005 y el 2008, supuestos años de oro de la “década”) al llegar al nuevo barrio y alojarse en una casita de tres por uno donde solo entraban dos cuchetas para toda la familia. Vanesa nos habló con tanta ternura y admiración de su hermano que uno lo puede imaginar con sus dientes grandes y sus ojos enormes, arrastrando el carrito cartonero o trabajando en la fundición donde ella le consigue un trabajo al que él acude disciplinadamente. De por qué su hermano creció rápido al tener que asumir el rol del “varón” familiar al borrarse el padre biológico y dejar a todos en la más rigurosa intemperie. E igual que su mamá Mónica, mostró su dolor y su culpa por haber puesto en duda el relato de Luciano duda que le dolió a él casi más que las patadas y golpes que los policías le aplicaban donde quiera le encontraban por el barrio que no eran ellos gente de aceptar una negativa como la que Luciano les había dado. Y de los veinte pesos.
En la noche del día que estuvo preso y sometido a las torturas que ya se han descripto más de una vez, Vanesa convence a su hermano de ir al hospital a revisarse y conseguir un certificado para una futura denuncia (que nunca concretarían espantados de las consecuencias que eso traería para toda la familia ante la vista del carácter institucional del accionar de Torales). El caso es que luego de conseguir que lo revisen, se preguntan el uno al otro si tienen para el colectivo y Luciano le cuenta que los últimos veinte pesos que tenía se los robaron en la comisaría y los dos se largan a reír como los niños que casi son. Lo habían detenido por ladrón, por ladrón le habían pegado y maltratado durante unas nueve horas en la cocina de un destacamento donde había entrado esposado para luego sufrir toda clase de humillaciones hasta la de tener que comerse un sándwiches que previamente habían escupido los policías, valientes como Astiz en Malvinas. Por ladrón, le dijo Torales a Vanesa cuando ella le preguntó por qué estaba preso su hermano. Y resultaba que los únicos ladrones, y no de manera paradójica sino literal, eran los policías Torales y sus secuaces.
Los “vencedores” en la dura lucha por la supervivencia de los pobres; los que habían optado por subirse al carro de los vencedores, conchabarse en el aparato del Estado que es el lugar del PODER real, el de los que vienen venciendo desde que los españoles llegaron a estas tierras y asesinaron a los primeros perdedores, nuestros originarios.
Para Torales claro que el Negrito Luciano Arruga era un perdedor. Dieciséis años tenía Luciano y ya trabajaba en los empleos peor renumerados y ni ducha tenía en su casa que tenía que ir a lo de su hermana para pegarse una ducha antes de salir con sus amigos. Por eso lo de Borges “la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”.
La de Luciano es la dignidad del Negrito Avellaneda escupiendo a sus torturadores cuando le preguntan donde encontrar a su papá Floreal fugado de la represión (que tenían la misma edad, niños florecidos por la tortura)
Y me gusta imaginar que los mismos sueños. Mónica nos había contado de sus sueños de estudiar y tener un trabajo bien pago, de viajar y de cuida a la abuela.
Yo se que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, digo que la generación victimizada por Videla había vivido una experiencia colectiva que la había llevado a la militancia política directa, pero no tengo ahora dudas que el sueño del buen vivir es el mismo y que la pared se levanta frente a ese sueño eterno de ser libres y felices, tiene distintos nombres y rostros pero es siempre el mismo, ese que Vanesa ha denunciado en tantos encuentros, y no es otro que el capitalismo.
He escrito decenas de artículos proponiendo la tesis de que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos y que por deducción lógica directa, es el pos capitalismo, que a mi me gusta seguir convocando con el viejo y noble nombre de Socialismo el modo más rápido y sencillo de conquistarlos.   El analisis más sencillo del caso Arruga, las declaraciones de Mónica y Vanesa, pero también el accionar injurioso de los defensores del Policía y la evidente incomprensión del mundo de Luciano de los jueces confirman sin lugar a dudas que la hipótesis es certera. Por lo que me animo a avanzar con otra más sencilla: el que quiera terminar con la tortura y el gatillo fácil tendrá que luchar por el socialismo.  Llevamos más de treinta años sufriendo la continuidad de la lógica y la cultura represora en las fuerzas del Estado que portan armas, es hora de despertar de la ingenua ilusión de que no habrá más Torales si hacemos bien los deberes democráticos de darles “charlas” y “cursos de derechos humanos”. Torales es tan indispensable al capitalismo argentino como el Ingeniero Blaquier del Ingenio Ledesma, y para terminar con ellos definitivamente hay que terminar con el sistema que los genera hora a hora. Por su naturaleza injusta, explotadora, discriminadora y asesina.

(1) Jorge Luis Borges , del libro La Cifra de 1981.