Crónicas del nuevo siglo

La derecha está de fiestas. Desde el “descubrimiento” mediático del supuesto fraude perpetrado con los dineros estatales gestionados por la Fundación de la Asociación Madres, pareciera que una olla podrida se ha entreabierto y por allí se filtran los malos olores de los “derechos humanos”, como gustan decir los analfabetos políticos alimentados a Radio 10, TN y La Razón (vocero gratuito de Clarín). Con los escándalos denunciados en la Fundación y en el Inadi, con los resultados a la vista de la Causa Noble (cierto que no definitivos, pero con una contundencia que no es poca) han creído encontrar el clima propicio para reposicionar su discurso sobre los derechos humanos de un modo que no lo lograban desde los años del menemismo, cuando alentaban descaradamente la impunidad, la reconciliación entre torturadores y torturados y descalificaban a cualquiera que no aceptara aquellos parámetros. Despatarrados por el estallido del ideario neoliberal en diciembre de 2001, se vieron obligados a un largo rodeo: sobredimensionar los delitos que afectan la propiedad y la integridad física de los ciudadanos de modo tal que se instale como primaria la necesidad de “seguridad” para tratar de instalar una “respuesta” que se podría resumir –siguiendo a uno de los principales intelectuales orgánicos del status quo, el inveterado Mariano Grondona- en la secuencia: policía indefensa por efecto del discurso de los derechos humanos que los inhibe y facilita la labor de una delincuencia alimentada por la inmigración regional, los pobres y los jóvenes; los cuales en caso de ser detenidos son liberados por una justicia esterilizada por el “garantismo” que sólo es para los delincuentes porque no se aplica a los militares y policías “presos políticos” que de ser juzgados, y siempre recalcan el condicional “de ser”, deberían serlo al mismo tiempo que los “subversivos” que están en el gobierno y los organismos de derechos humanos.[1] Con ese catalogo alimentaron el fenómeno Blumberg, al comienzo del kirchnerismo (que se plegó claudicante ante tal chantaje y facilitó los votos para consumar regresiones jurídicas tales como las reformas al Código Penal, que lo caotizó irreversiblemente) y la oleada derechista del 2008 contra los intentos de gravar -en parte- las extraordinarias ganancias provenientes de la venta de la soja transgénica, que terminó reivindicando el genocidio y pidiendo –Susana dixit- “terminar con los derechos humanos”

De eso se trata ahora: de “terminar con los derechos humanos” instalando en el imaginario social la imagen de organismos de derechos humanos hundidos en el barro de la corrupción, disputando por dinero (pretendiendo convalidar una de las acusaciones reiteradas por los genocidas en los juicios: “que todo se hace para ´cobrar reparaciones económicas por parte de los testigos, familiares, sobrevivientes, etc.”), vendiendo su alma al Diablo (que vendría a ser el gobierno de los Kirchner, “lleno de Montoneros”, etc.) al punto tal de  perseguir a dos “pobres angelitos”, adoptados por la “virtuosa” señora de Herrera, como pago político por los favores monetarios recibidos del gobierno.  Y así sigue el discurso en varias formas y niveles de agresividad; algunos mostrando su congoja por lo que les “han hecho a las Madres” y otros directamente descalificando a todos y a toda la lucha por los derechos humanos. Y aún más, el periodista Alfredo Leuco muestra el ancho de espada en el juego de truco que nos proponen; dice en Perfil del domingo 17 de julio: “Otros creen que llegó la hora de reformular las entidades humanitarias o fundar otras que rescaten la honestidad intelectual y de la otra, que no se casen con ningún dirigente y que peleen por los derechos humanos de todos”. Conviene tomar nota de la campaña y no subestimar ningún peligro: ni el de la descalificación de los luchadores por los derechos humanos, ni el de la deslegitimación de los juicios contra el Terrorismo de Estado, ni el de la disputa misma del movimiento de derechos humanos; pero para todas y para cada una de estas disputas se requiere un diagnóstico correcto y una mirada precisa sobre la etapa y las tareas del movimiento de derechos humanos lo que exige pensar desde el lugar de la lucha por los derechos humanos superando cualquier tentación a la lógica de la “razón de estado”, que tanto daño hizo a los proceso de transformación revolucionaria del siglo XX. Nada puede justificar la corrupción, el robo o la mentira y sólo la verdad es revolucionaria, ética y digna de ser herramienta de la lucha por los derechos humanos.

La lucha por los derechos humanos (término muy del siglo XX, más precisamente del periodo post bélico de los 50) tiene una larga historia en la Argentina.  Con un movimiento socialista y obrero nacido en la década del noventa del siglo XIX, la represión y la resistencia constituyen parte imborrable de nuestra historia nacional.  Ya en 1902 los trabajadores organizados protagonizaron una de las primeras huelgas generales[2] en protesta por la sanción de la ley 4144 llamada “de residencia” porque permitía expulsar del país a los inmigrantes indeseables, aquellos que luchaban contra el capitalismo desde el anarquismo, el socialismo y otras culturas.  En aquellos primeros años la respuesta estatal a los reclamos y las luchas no era otra que la represión y por ende, la solidaridad con los presos, material y política, uno de los componentes naturales de las organizaciones obreras y populares que destacaban fuerzas para tales tareas, generalmente con la forma de comisiones de solidaridad apoyándose en los propios familiares de los represaliados.  En ese periodo jugó un rol trascendente el Socorro Rojo Internacional, una organización humanitaria fundada por la Tercera Internacional Comunista que tuvo fuerte base en el país.  Fue después del golpe del treinta,  cuando la represión se generalizó y amplió el objetivo, que se fueron constituyendo comisiones plurales de abogados defensores de presos políticos. En 1937, esos esfuerzos maduraron en la creación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (la Liga), auspiciada por un amplísimo marco de referentes políticos e intelectuales que iban de Arturo Frondizi a Deodoro Roca y de Alcira de la Peña a Lisandro de la Torre. Poco antes[3], se había fundado la Asociación de Abogados de Buenos Aires, organización gremial de los profesionales del derecho comprometidos con la lucha democrática y los derechos humanos. La Liga entendió siempre que su actividad de defensa de los presos políticos, las garantías constitucionales, los espacios y la cultura democrática, exigían plena autonomía del gobierno, de los poderes estatales, económicos y aún de los partidos políticos, a pesar de que mantenía con todos estos sectores relaciones de unidad y/o colaboración si las circunstancias y las definiciones así lo permitían.

No era la única, había organizaciones específicas de los anarquistas y de otras culturas políticas, pero sí era la mayor y la que perduró a través de décadas signadas por los golpes de estado que la condenaron a la ilegalidad y la clandestinidad las más de las veces.   Nunca fue gratuita ni cómoda la autonomía, requirió firmeza cuando la “política pública de derechos humanos” no era otra que la represión y alguna vez dijimos que se podría escribir la historia de la Liga con la enumeración  de los allanamientos a sus locales y los edictos de prohibición de sus actividades[4].  En 1975 su nombre figuraba en  la lista de objetivos a destruir por las Fuerzas Armadas en el anexo II del llamado Plan del Ejercito (contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) como Prioridad Uno, Oponente Activo[5], por lo que la desaparición forzada de sus abogados Baldomero Valera y Teresa Israel o la prisión de los también abogados Carlos Zamorano, Luis Tomasevich, Luis Reinaudi,  Salomón Gerchunof y Angel Bustelo entre muchos otros militantes represaliados, no resultaron casuales, sino recta aplicación de la directiva en cuestión. En los documentos desclasificados de la diplomacia yankee de aquellos días[6] se distingue entre las organizaciones que luchan por los derechos humanos para mejorar el sistema capitalista y las que no, poniendo como ejemplo de ello a la Liga, indicando un rumbo de hostilidad que no ha variado desde el poder; cuestión de la que estamos orgullosos: nada queremos del Imperio y sus fundaciones. Nuestra idea de la autonomía es en primer lugar del Imperios y sus fundaciones, de las agencias encubiertas de la CIA que disfrazadas de ONG reparten fondos por el mundo en procura de sostener un concepto de los derechos humanos que sea funcional a la estrategia de la “guerra contra el terrorismo”.

Y también requirió de mucha serenidad, reflexión y sensatez al momento de actuar bajo gobiernos constitucionales que tuvieron diversos  niveles de compromiso con la causa de los derechos humanos, o al menos con la memoria del terrorismo de Estado. Conviene aclarar que durante casi todo el siglo XX la represión o el “ninguneo” fue la norma y el respeto y la consideración la excepción, que en todo caso se potenciaba por la situación de casi absoluta soledad en que se debatía la Liga en el espacio de los derechos humanos.

Así fue hasta finales de los cincuenta en que el surgimiento de nuevas fuerzas políticas al interior del peronismo y al influjo de la Revolución Cubana generaron otras organizaciones, trágica y lamentablemente exterminadas por la represión y olvidadas por casi todos, incluso por algunos de quienes se reclaman herederos políticos de aquellas tradiciones, sobre todo el ERP y los Montoneros, quienes tuvieron respectivas  organizaciones de solidaridad con los presos y defensa de los espacios democráticos. Poco antes del golpe y durante la dictadura surgieron un conjunto de organizaciones, tanto de afectados familiarmente como de entidades que agruparon militantes políticos, religiosos y sociales que transformaron los organismos de derechos humanos en eficaces espacios para desplegar luchas de resistencia contra la dictadura. Con todos ellos tuvo relaciones la Liga, y muchas veces colaboró en su gestión y desarrollo, aunque algunos tengan corta memoria de aquellos días en que el local de Corrientes y Callao albergaba a tantos y tantas.

Es con Alfonsín que aparece de un modo nuevo la idea de legitimar y reconocer la lucha por los derechos humanos.  Como toda acción gubernamental progresista de una administración reformista, fue una concesión a las luchas y reclamos y al mismo tiempo una acción que buscaba cooptar para si los desafíos gestados en los años de resistencia a la dictadura. Bien se la puede pensar como una acción de construcción de hegemonía cultural y política coherente con el discurso electoral de contraponerse con el autoritarismo dictatorial.  Fue después de la presentación del informe conocido como Nunca Más que comenzó de verdad la historia de las llamadas “políticas públicas de derechos humanos” y de las Secretarías correspondientes, que no han dejado de expandir sus funciones, plantilla e influencia.  Es en democracia que el debate sobre autonomía se pone al rojo vivo, y no solo bajo los gobiernos “amigos” como el de Alfonsín o los Kirchner, también ocurrió con Menem, que puso a una sobreviviente de la Esma como Ministra de Educación y Cultura, Susana Decibe y con De la Rúa, que contaba con el apoyo de Graciela Fernández Meijide, quien había sido protagonista no menor de la Conadep y la lucha de los organismos en los ochenta.

Pero, a no dudarlo, es con los Kirchner que el tema cambia de calidad a partir de las valiosas definiciones, gestos y actos políticos oficiales en respaldo de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos (como el impulso a la bancada justicialista para que acompañe el reclamo de la izquierda de anular las leyes de impunidad, la modificación de la composición de la Corte Suprema, la orden de retirar el cuadro de los genocidas del Colegio Militar, el apoyo político a los juicios, etc.,) y del posicionamiento de algunos referentes y organismos, en primer lugar de quien hasta ahí había sido el paradigma de “la autonomía” y la distancia con el gobierno, la justicia y todo “lo institucional”: la Asociación Madres Plaza de Mayo y su titular, la compañera Hebe Bonafini quién decidió interrumpir la tradicional Marcha de la Resistencia[7] (los 10 de diciembre de cada año) dando a entender que se había alcanzado lo anhelado por años.   A partir de allí, se produce un acercamiento  inédito entre el gobierno nacional y  las Madres y algunos organismos de los así llamados “afectados”[8] al punto tal que se naturaliza su presencia en los actos oficiales y la participación de innumerables militantes provenientes de organismos de derechos humanos en reparticiones estatales.  Algunos organismos y algunos compañeros disminuyen su compromiso con la defensa de los derechos humanos en tiempo presente; y no solo en una dimensión amplia, de integralidad de los derechos humanos digamos en el respaldo a las luchas salariales, contra la desocupación y el hacinamiento habitacional, sino en cuestiones muy puntuales y contundentes para cualquier defensor de los derechos humanos como fue la desaparición de Julio López y Luciano Arruga o la represión a los trabajadores de Las Heras en Santa Cruz y otros lugares del país.  Los acontecimientos de finales del 2010: el asesinato de los López en Colonia Primavera en Formosa, la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano y el crimen del joven militante político Mariano Ferreyra, pusieron en evidencia un movimiento de derechos humanos dividido por la posición ante la represión actual, lo que es un modo de decir también sobre la noción de memoria.  Una memoria del pasado para iluminar el presente, como gusta repetir Adolfo Pérez Esquivel; o una memoria del pasado que oculte el presente. La memoria del Terrorismo del Estado, de la resistencia y de la lucha contra la impunidad, es también territorio de disputas culturales, y no solo con los nostálgicos del Genocidio.

Hace poco, en un acto realizado en la ex Esma[9] de debate sobre el caso Papel Prensa en el marco de un ciclo sobre Terrorismo de Estado y Empresas, organizado por la Liga, y en presencia del sub secretario de derechos humanos de la Nación, Luis Alen, dijimos textualmente: “Lo que hemos tratado de demostrar en base al análisis concreto de los cuatro casos analizados, Acindar, Ford, Mercedes Benz y Papel Prensa, que esas primeras medidas que denunciaba Walsh estaban al servicio de un proceso de reformulación integral del capitalismo que fundó una nueva Argentina que no conocía ni imaginábamos y que esa nueva Argentina sigue en pie, al menos en sus cimientos profundos y sistémicos, y es allí donde debe ponerse la mirada, para llevar a juicio a los grupos económicos que impulsaron, legitimaron, sostuvieron y se beneficiaron del Terrorismo de Estado y a eso nos comprometemos un conjunto de organizaciones de derechos humanos entre las que se cuentan la Liga, el Serpaj, la Apdh, la Asociación de Ex Desaparecidos  y muchas más; pero sobre todo para poner en el horizonte de la nueva generación que tan magníficamente se incorpora a la lucha, la consigna de la Segunda y Definitiva Independencia.   Por ello nosotros ponemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos al frente de nuestro programa de lucha por los derechos humanos a nivel americano; del mismo modo que defendemos –en toda circunstancia- el derecho de los pueblos a luchar por los derechos humanos, por todos los derechos para todos, por todo lo que le corresponde por derecho y por historia, y consideramos el derecho a luchar por los derechos humanos  como el primero de los derechos, aquel que como un termómetro señala la dimensión verdadera de la causa humanitaria, y es por ello, permítannos que lo digamos en este lugar tan simbólico, que nosotros seguimos entendiendo como desde hace setenta y tres años que el rol de los organismos de derechos humanos fue, es y será siempre el de esclarecer, difundir y contribuir a organizar la lucha popular por el acceso a sus derechos, con plena autonomía de todos los poderes, del Poder Judicial y del Poder Económico, del Poder Mediático pero también de los gobiernos de turno, por más simpáticos o cercanos que algunos de estos poderes sean o parezcan ser, porque sin autonomía verdadera –que no es indiferencia, que no es  neutralidad, que no es  apoliticismo- sino un pensar desde el lugar de los derechos humanos – los organismos pueden perder el rumbo y  perder eficacia al momento de aportar a conquistar la democracia verdadera, esa que tanto necesitamos, ahora y siempre.”

Quisiera insistir en el concepto de que la autonomía, al menos en nuestra comprensión, nada tiene que ver con la indiferencia, la neutralidad, la prescindencia del compromiso o el apoliticismo.  En estos años de administración kirchnerista hemos asumido una serie de conductas procurando adoptarnos a los nuevos tiempos, desafíos y oportunidades. En un breve recuento digamos que por vez primera en más de setenta años gestionamos nuestra personería jurídica para obtener el rol de querellantes en los juicios contra los represores, y que una vez logrado ese rol, en acuerdos varios (sobresale el de Justicia Ya! en la Capital y La Plata, pero no es el único, ya que en el interior del país existen otros) hemos participado en catorce juicios orales donde se condenó a cerca del cincuenta por ciento de los represores condenados en el país, unos doscientos veinte en total. Aceptamos la designación hecha por respectivas leyes y actas institucionales y nos incorporamos al directorio (u ámbito similar) del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los DDHH (Ex ESMA) y del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.  También  hemos asumido posturas activas de apoyo a diversos proyectos de ley como el de retenciones a las exportaciones agropecuarias conocido como la resolución 125, frustrado por la resistencia de la derecha y sectores del movimiento agrario comprometidos con el modelo sojero; el de Servicios de Comunicación Audiovisual que derogó una ley de la dictadura (de las que hay tantas en vigencia, como la de entidades financieras cuyo proyecto de derogación apoyamos) y mucho más. Tenemos también una mirada muy valorativa sobre el proceso de los juicios al terrorismo de Estado, al tiempo que mantenemos exigencias jurídicas y políticas como el de la unificación por centro clandestino, la calificación de Genocidio y sobre todo la investigación y castigo del rol de los grupos empresarios y los gobiernos extranjeros como el de los EE.UU. en la gestación, sostenimiento y beneficio del genocidio perpetrado. Pero, junto con todas estas políticas, que implican un posicionamiento coherente y razonado de impulsar las medidas y propuestas positivas que surjan del poder ejecutivo o legislativo, no hemos dejado de denunciar la persistencia del gatillo fácil y la práctica de tortura en sede policial y las cárceles, la lógica represora que se mantiene en todo el sistema de seguridad, la cultura de victimizar a un sector social que se manifiesta en el proyecto de baja de la edad para la imputación de delitos, la ausencia de políticas que amparen el derecho a la interrupción del embarazo, la custodia de los derechos sobre la tierra de los pueblos originarios y así de seguido como lo manifestamos sin vacilaciones en la triste secuencia de crímenes contra el pueblo: Mariano Ferreyra, los López de Colonia Primavera de Formosa y los hechos del Parque Indoamericano. Es más, ante los llamados de la nueva Ministra de Seguridad a discutir consensos sobre la “seguridad democrática” nos negamos a discutir el “cómo” debe ser la represión, puesto que nuestro rol es demandar del Estado el cumplimiento de los derechos humanos, garantizando su vigencia y el pleno acceso de todos a todos los derechos inscriptos en la Constitución Nacional, las Convenciones y Pactos Internacionales y los que surgen del devenir de las luchas populares. Siempre estaremos del lado del pueblo, acompañando sus luchas y demandas al Estado, que consideramos nuestras.

Creo que lo que está verdaderamente está en debate, al discutirse la cuestión de la autonomía de los organismos de derechos humanos, es la misma concepción de los derechos humanos.  ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?, ¿quién es el responsable de respetarlos, quién de defenderlos y luchar por su conquista y acceso para todos y sobre todo:  ¿Por qué solo el Estado puede violarlos?

Los derechos humanos no son “esencias” místicas de la naturaleza humana ni mucho menos concesiones graciosas del poder inscriptas en la Ley; no, para nada, son hitos del largo camino de lucha de la sociedad contra el poder omnímodo del Estado, de las clases subalternas contra las clases dominantes que han modelado el Estado y el Derecho en su beneficio y para la continuidad de su dominación y en su contenido actual se resumen casi todas las tradiciones y culturas políticas de Occidente.

• El Cristianismo primitivo y la Iglesia del Pueblo que propusieron la igualdad de todos los hombres al postular que todos somos Hijos de Dios y por ello, hermanos que debemos amarnos y poner la otra mejilla cuando somos agraviados y no responder con el Ojo por Ojo de la Ley del Talión.
• El Liberalismo, que desde la Carta Magna que los británicos arrancaron a su Graciosa Majestad en 1215 iniciaron un largo camino que pasa por la Revolución Francesa y llega a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 proclamada por los vencedores de la gesta antifascista en las Naciones Unidas de entonces.
• El Comunismo que desde 1848 intenta superar la formalidad de la igualdad proclamada por la burguesía, expresada en la concepción de igualdad de oportunidades –no importa que algunos tengan millones de dólares y otros centavos- conquistando una real igualdad basada en el pleno acceso a los medios de producción, a los medios de comunicación, la cultura y la educación y en general a todos los derechos proclamados, pero no cumplidos, por el orden jurídico internacional y nacional.
• Y aún debemos reconocer el impacto en la noción actual de los derechos humanos de la cultura de los Pueblos Originarios, sobre todo en el avance que tiene la propuesta de reconocerle derechos a la Pachamama, cesando las agresiones ambientales que –por ejemplo- el modelo sojero y extrativista de la Argentina, ocasionan cotidianamente.
• Desde otra perspectiva, se ha avanzado en una mayor comprensión del derecho a la pluralidad de opciones sexuales, la igualdad entre los sexos y el derecho a elegir el genero, y más en general la tolerancia ante las diferencias nacionales y de todo tipo.

Digamos también, que en el fondo de la discusión en curso entre nosotros, está presente la verdadera interpretación que tengamos de los hechos del Terrorismo de Estado: una mirada individualista de lo ocurrido, pensar que algo nos pasó individualmente y no como parte de un proyecto colectivo de transformación social, históricamente constituido, da paso a la noción de “afectados” y habilita una perspectiva sobre la reparación que puede agotarse en el castigo a los responsables directos del dolor ocasionado a la víctima (y por extensión y perversidad de la desaparición, a los familiares de los compañeros desaparecidos);  desde allí puede construirse una mirada simplista sobre los juicios y la fantasía de que con el castigo a los culpables de los hechos que sufrieron “mis familiares” o “yo mismo”, o aún menos, con la mera descalificación social de los represores sostenida en el discurso gubernamental, se puede clausurar la lucha por los derechos humanos, dado que se habría cumplido el sueño de justicia para los afectados.  Y si eso fuera así, los organismos podrían correrse del lugar de reclamantes para pasar al lugar de gestionar la labor estatal; dicho sencillamente, dejar de reclamar el acceso universal a una vivienda digna para todos, la interrupción de los desalojos rurales y de los pueblos originarios, el apoyo a las luchas contra los desalojos y por la vivienda, se libren estas luchas del modo que se libren que no somos Dios para juzgar como el pueblo defiende sus derechos, para pasar a administrar dineros del Estado destinados a planes de vivienda, adjudicando a esa acción el  rol fundamental en la solución del problema, invirtiendo la lógica histórica del accionar de los organismos que siempre fueron –y deben seguir siendo- reclamantes del Estado y no eslabones de la cadena administrativa de respuesta a las demandas..

En esa confusión de roles, es que se generan espacios para que algunos perpetren los actos denunciados en la Fundación Madres (que deberán ser investigados de un modo imparcial y hasta llegar a la verdad) y se crean las condiciones para la vertiginosa ofensiva de la derecha por detener la lucha contra la impunidad y por una democracia verdadera, que no se agote en el voto ni mucho menos en la delegación de la soberanía popular; sino que se piense a si misma como poder popular, como organización de los más, que no pueden ser  pensados como objeto de la “bondad” o la “generosidad estatal”, sino como activos constructores de su historia; único camino para que los derechos humanos sean realidad para todos que podría ser el otro nombre del sueño eterno de los pueblos de conquistar la libertad. Para todo ello, la autonomía de los organismos de derechos humanos es condición sine qua non.

IRIS AVELLANEDA, SOBREVIVIENTE DEL “CAMPITO” DE CAMPO DE MAYO, MADRE DEL ASESINADO NEGRITO FLOREAL AVELLANEDA,  DIRIGENTE NACIONAL DE LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE DENUNCIA QUE LOS GENOCIDAS RIVERO Y BIGNONE FUERON ENVIADOS A SUS CASAS A PESAR DE HABER SIDO CONDENADOS A PERPETUA EN CARCEL COMUN, CON COMPLICIDAD DEL FISCAL ROMERO VICTORICA QUE DEBIERA SER SANCIONADO

“El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martin, condenó a Santiago Omar Riveros por el asesinato de mi hijo y las torturas que me propinaron en el centro clandestino de Campo de Mayo, a la pena de prision perpetua de cumplimiento en carcel comun.-“

“La defensa oficial del imputado solicitó que el cumplimiento de la condena fuera en su domicilio, petición que fue denegada por el tribunal que lo condenó expresando específicamente que el beneficio no correspondía “en virtud de la gravedad y el carácter de los delitos sancionados (crímenes de lesa humanidad) y las altas penas a las que había sido condenado y que la regla general es que quienes resulten condenados por estos delitos cumplan la sentencia en cárcel común”.”

“La Cámara de Casación, a través de su Sala nro.2  integrada por los Dres. Guillermo Yacobucci, Juan Fégoli y Luís García revocó el decisorio del Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín, considerando arbitraria la decisión de  que cumplan la condena en cárcel común, dictando el cumplimiento de la condena en su casa.”

“Esta decisión es contraria a la jurisprudencia mayoritaria que se ha elaborado en ese sentido y a toda razón de justicia. Y se beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. “

“Incluso el representante del Ministerio Fiscal, el dr. Juan Romero Victorica, que debería  representar el interés de toda la comunidad y en especial, en este caso, mi interés, no concurrió a la audiencia para defender mis derechos. Esperamos del Dr. Righi y la Procuración General de la Nación, una investigación en forma y la correspondiente sanción al miserable colaborador de los genocidas que hace tiempo debiera haber sido removido de su cargo.”

“Lo que se busca con estas decisiones es tornar nula la justicia por la que hemos luchado por más de treinta y cinco años. Se les permite a pasar el resto de sus vidas en su casa y rodeados de sus afectos lo que les fue negado a los 30.000 compañeros desaparecidos. Se configura así una burla más del sistema judicial.”

CORRIENTES 1785- 2ºC  (1042)  Buenos Aires República Argentina

Tel./Fax:011-54-43713939

 Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937. 

Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y acreditado ante el Consejo de Europa.

Massot y Montezanti son los nombres de la impunidad

Para escuchar el audio completo del discurso: jose-schulman-audios-mp3_rf_717387_1.html

Publicado el 30/06/2011 por coberturacomision (Nota con audio)en el blog juiciobahiablanca.wordpress.com

El titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, dijo este martes en Bahía Blanca que los represores “no prestaron atención a lo que predicaban en las academias militares, en la Escuela de las Américas que los Estados Unidos organizó para que los oficiales de América Latina se conviertan en asesinos”.

”Es muy simple, los manuales dicen que la batalla no cesa hasta que no cesa la resistencia, y hoy les estamos explicando que aunque ellos creyeran otra cosa, nunca cesó la resistencia de Argentina. Ni en los centros clandestinos, ni en las cárceles, ni en las calles, ni adentro ni afuera del país”, sostuvo.

Para Schulman los juicios responderán dos preguntas: “La primera, es que van a responder quiénes eran los 30 mil. Van a dejar de ser una sombra, van a dejar de ser una huella, un número y van a recobrar la cara pero también la historia, lo que pensaban, lo que querían y por qué luchaban”.

”Eso a nosotros, los sobrevivientes, los familiares y los que hemos luchado juntos para llegar hasta aquí, nos plantea un debate que es nada menos que qué entendemos por reparación”.

El dirigente de la Liga por los Derechos del Hombre manifestó que “nunca pensamos la tragedia en términos individuales” y ejemplificó comentando que “Floreal Avellaneda -padre de un niño de 15 años asesinado-, al final del juicio dijo ‘Nada de lo que le pasó a mi familia le pasó por ser la familia Avellaneda sino porque querían instalar un modelo de país neoliberal y capitalista’”.

”Creemos que los juicios comienzan la reparación porque comienzan el castigo con algunos de los crímenes y abren la discusión sobre la verdadera y definitiva reparación a la cual tiene derecho el pueblo argentino que no es otra que la reparación al cambio económico político cultural y social que se instaló con la tortura y con la sangre de los compañeros”, agregó.

Asimismo, en su discurso afirmó que “los represores no son ni locos, ni perversos, ni confusos eran gente que tenía una decisión y la van a sostener seguramente, que era la convicción de que en Argentina ya no se podía hacer un golpe igual al del ’30, o al del ’43, o al del ’55 o del ’62 o del ’66″. ”Había que hacer un genocidio para cambiar la Argentina de raíz.

Y somos mucho más el fruto de la violación del terrorismo de estado que herederos de la causa de Mayo y los juicios nos tienen que ayudar a recuperar el sueño de nuestros compañeros, que no era otro que el sueño de Mayo, y volver a poner en el horizonte la causa de la definitiva y verdadera segunda independencia nacional que necesitamos para volver a ser el país que fuimos, el país que soñaron, el país que soñamos, el país que asoma desde Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en los pueblos de América Latina”, dijo Schulman.

Finalmente, advirtió que “los juicios no solo nos van a decir mucho más sobre nuestros compañeros sino que nos van a decir mucho más sobre los represores. No quiero bajarme de este palco sin decir que la impunidad en Bahía Blanca tiene el nombre de Massot y del directorio de La Nueva Provincia, tiene el nombre de Montezanti que fue cómplice del asesinato del Watu Cilleruelo!

 

Quisiera decir dos cosas previas a la lectura del texto que preparamos desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre para este debate.

Lo primero es contarles, a los que están acá en la ex Esma, que este ciclo va por su cuarta sesión y que se está transmitiendo en vivo y en directo por la radio La Retaguardia; saludamos a la audiencia radial, agradecemos a los compañeros periodistas y esperamos contar con ellos en los próximos encuentros porque este ciclo lejos de agotarse, se amplía, recibimos propuestas de tratar más casos y así será.

Lo segundo es decirles que justo hoy hace un año falleció Floreal Avellaneda, y que lo vamos a homenajear como corresponde cuando discutamos el caso de la empresa Tensa, que ordenó el secuestro de toda la Comisión Interna, y en el marco de ese operativo fueron secuestrados su compañera Iris, que está hoy con nosotros, y su hijo Floreal que todos saben fue asesinado y por el cual logramos en el año 2009 condena a prisión perpetua para los Generales Riveros y Verplaetsen.

Casi todas las cuestiones que voy a plantear ya fueron afirmadas en este panel; lo que nos alegra porque más allá de las diferencias que hemos tenido, tenemos y tendremos en el futuro seguramente; se evidencian una serie de coincidencias en cuestiones de fondo que explican que podamos actuar juntos en los juicios y luchar contra la impunidad.

Vamos con el texto.

De tanto repetirlas, algunas palabras pierden sentido. En los últimos años, con el el avance  de los Juicios, los conceptos “Terrorismo de Estado”, “Plan sistemático”, “Delitos de Lesa Humanidad”  “Genocidio” circulan por muchos  ámbitos y generan una confusión de sentidos que tiende a reducir todo a una escena: el momento de la tortura física, y aún más, la tortura mediante la picana eléctrica y los golpes. Focalizada así la escena, se reducen los actores del drama a dos: el torturador y el torturado.

De esta manera se pierde de vista el contexto; el Terrorismo de Estado se transforma en una afrenta personal, pierde el sentido histórico y habilita la reparación como una cuestión individual en vez de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que puedan lograr la vindicación de los compañeros resignificando sus sueños revolucionarios;  que no es lo mismo, aunque lo parezca.

De hecho, en casi todos los juicios, al menos hasta ahora, lo único que la Justicia se permite ver es esta escena.  Si partimos de ella, de la escena de la mesa de torturas y abrimos el foco, nos encontramos con que la sala de tormentos estaba en un centro clandestino que  podía situarse en una vivienda a tal fin alquilada (por ej. Orletti),  en un establecimiento militar (por ej. Campo de Mayo o ESMA),  en una seccional de Policía (la  de Villa Martelli, donde estuvo Iris), o en cualquier otro establecimiento estatal (la Escuelita de Famaillá en Tucumán o el Hospital Posadas) y aún en edificios pertenecientes a complejos industriales (como el Albergue de solteros de la empresa Acindar o el quincho de la Ford que fueron lugares de tortura y exterminio de sus obreros).

Esta segunda mirada ya nos remite a un conjunto de actores que permanecían ocultos: la cadena de mandos militar, la estructura administrativa burocrática que mantenía en funcionamiento los centros clandestinos en comisarías, unidades militares, escuelas, hospitales y empresas industriales.

Es obvio que esta mirada es incompatible con juicios contra un represor para esclarecer la muerte de una compañera, tal como ocurrió el año pasado en Santa Fe donde se condenó Mario Facino, por la muerte de Alicia López; como si Facino solo la hubiera capturado, alimentado, trasladado, torturado, asesinado y ocultado su cadáver.

Pero aún podemos abrir el foco un poco más y observar la región como escena, entonces veremos que ese conjunto de personas que coadyuvaban a que se pudiera producir la escena primera (la de las torturas), tenían diversas y variadas relaciones de mando, en orden ascendente y descendente, puesto que la Junta Militar organizó toda la labor del Terrorismo de una manera piramidal.

De este modo, cada unidad dependía de una zona,  ésta de un área y así sucesivamente. Y no se trata sólo de pensar en la cadena de mandos subordinada a la Junta, hay que pensar también en  la cadena de mando de las instituciones estatales (los hospitales y el Ministerio de Salud, la cárceles y el Sistema Penitenciario, los cementerios, los hogares de niños,  los juzgados federales) todos fueron parte del sistema represivo o fueron funcionales a él.

Un ejemplo de esto es el  Ministerio de Educación y Cultura que elaboró las listas negras de la censura a maestros, profesores, a los artistas e intelectuales, algunos de los cuales fueron arrestados, secuestrados y desparecidos luego;  pero cuyos responsables no solo no han sido juzgados sino que ni forman parte del debate sobre el genocidio. De igual modo, como se dijo acá, los dueños de las radios y diarios que aplicaban esas directivas, y sobre todo los empresarios que elaboraban listas de dirigentes y militantes sindicales, uno de los insumos principales de la cacería humana.

Pero si un genocidio, cito, es el exterminio de un grupo nacional para la reorganización radical de una sociedad, lo más perjudicial de focalizar la atención solamente en la escena de la torturas es que se pierden de vista a los grupos económicos que se beneficiaron del Terrorismo de Estado. Y lo hicieron en dos tiempos.

El primero de ellos, lo hicieron de  un modo directo, con toda clase de negociados y fraudes. Esto es lo que se verifica en el caso de la empresa Clarín, que junto a los Mitre de la Nación, se apoderaron casi sin costos de la empresa Papel Prensa, complementado sus posiciones de monopolio económico y de control total de la circulación de la información en acuerdo con la dictadura.

El segundo momento, formalmente bajo gobiernos “democráticos”, los mismos grupos económicos se beneficiaron con con  los cambios promovidos por el recetario del Consenso de Washington, en primer lugar con la modificación de la legislación laboral, que destruyó un siglo de conquistas obreras y la privatización de las empresas estatales (el petróleo, el gas, siderúrgica, ferrocarriles, comunicaciones, etc.)

Proponemos, como hipotesis, como ejericio teórico,  imaginar esta segunda fase como la de la realización del Genocidio, del mismo modo que Carlos Marx presenta la venta de la mercancía y la producción ganancia como el momento de realización de la plusvalía entendida como una relación social de dominación en la esfera del trabajo productivo pero cuyos resultados se verifican en el mercado al momento de la venta.

Hay un momento de gestación, de creación, de elaboración, de extracción de un plus por encima del trabajo retribuido y ese momento es el de la producción de las mercancías; y hay un momento en que ese plus, que se mantiene oculto en la mercancía, latente, se realiza, se explicita, se puede apropiar por los apropiadores y ese momento es el de la venta en el mercado.

Del mimso modo, yo propongo que pensemos en que hay un momento en que se crean las condiciones indispensables para poner en marcha un modelo de concentración de la riqueza y empobrecimiento de los trabajadores y las clases subalternas, de subordinación económica, diplomática, militar y cultural a los centros imperiales y ese momento es el del despliegue del Terrorismo de Estado –que comenzó bastante antes del 24 de marzo del 76-, y hay un momento en que el modelo se despliega en toda su perversidad y potencia, y ese momento transcurre en el periodo post dictadura, puntualmente en los 90 bajo el gobierno de Menem.

Es conocida la respuesta de Roberto Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura,  a un periodista que le preguntaba sobre el por qué no habían avanzado más en las privatizaciones durante el gobierno militar, textual de Alemann: Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor.

Antes, durante y después del golpe, los grupos económicos beneficiados, construyeron un sistema de alianzas y entrelazamientos ideológicos y económicos que  dan lugar a la creación de un verdadero bloque social que excede largamente la noción de “cómplices civiles” de la dictadura militar pues son los verdaderos impulsores, ideólogos, sostenedores y los primeros beneficiarios, favorecidos por el Terrorismo de Estado, que constituye de esta manera pensada, una herramienta de acumulación capitalista formidable, indispensable para la reformulación neoliberal de la Argentina.

En este ciclo de debates hemos visto las maniobras de Martínez de Hoz desde el Ministerio de Economía para favorecer la Siderúrgica Acindar, de la que había sido presidente del Directorio, especalmente los avales estatales para un crédito externo nunca pagado con el que construyeron la Planta Integrada que les permitió romper el monopolio estatal de producción de Acero en manos de Somiza, hemos visto el papel de la Mercedes Benz en la provisión de camiones y carriers, hemos recibido documentación desclasificada de los EE.UU. donde los empresarios de la Ford se quejan de que los grupos de tareas desaparecen muchos más trabajadores de los que ellos denuncian y hemos visto como la dictadura transformó la construcción para el Mundial, las autopistas y otras obras públicas en un inmenso negocio para Acindar y sus aceros, Amalita Fortabat y el cemento de Loma Negra, la destrucción de los ferrocarriles y la potenciación del transporte automotor para favorecer a la Ford, la Mercedes Benz y las petroleras que sostenían el transporte automotor.

Y hoy vemos como esas acciones dictatoriales se consuman directamente en la expropiación de un grupo empresarial en beneficio de otro.

La acumulación original del capital casi en estado puro.

Sin embargo, con todo lo que hemos dicho la mirada no sería del todo certera si no abrimos aún más el foco para incorporar el rol de los gobiernos extranjeros, las acciones encubiertas de sus agencias de inteligencia y los grupos económicos de los Imperios. Ellos fueron quienes dieron asesoramiento y capacitación a los militares y aprovecharon la ocasión para producir una penetración de sus capitales, como pocas veces se vio en la historia latinoamericana.

Lejos de las pretensiones nacionalistas, llevadas al paroxismo con la Guerra de Malvinas, el periodo de vigencia del Terrorismo de Estado es acaso el de mayor perdida de independencia y autonomía en las decisiones nacionales, y no sólo en el terreno estrictamente militar sino en el de la toma de decisiones que afectaban la economía, la política, la cultura, el medio ambiente, la cultura y todas las cuestiones de la vida de los argentinos.

Si la Primera Independencia había sido frustrada por el triunfo del bloque porteño/británico que puso en marcha la República de Roca y el modelo capitalista Agro Exportador, la dictadura y su continuidad “democrática” nos hundieron en las “relaciones carnales”, como  escena pornográfica y decadente de una dependencia neocolonial, que nos convoca de nuevo a la lucha por la Segunda y Definitiva Independencia, aquella que reclamaba el Comandante Guevara en su Mensaje a los Argentinos del 25 de Mayo de 1963.

Sin duda, esta percepción ampliada del Terrorismo de Estado nos exige otra mirada sobre el Estado y sobre los cambios que el Estado sufre al aplicar el Terrorismo como modo de dominación y disciplinamiento social puesto que el Estado que practica el Terrorismo se modifica a sí mismo de una manera sustancial apelando luego, a lo que han llamado “continuidad jurídica” para consolidar esos cambios y preservarlos de los cambios en el Gobierno, que es lo único que estas democracias ponen en discusión.

El Estadomoderno,  el EstadoqueorganizaelGenocidio y el EstadopostGenocidio ponen de relieve la crisis del pensamiento liberal que se ha mostrado incapaz de comprenderlo; tal como se verifica –aunque no exclusivamente- en la limitación cultural del Poder Judicial argentino para juzgar el Genocidio.  Y aquí hablo de la parte del Poder Judicial que tiene voluntad de juzgar el genocidio, puesto que sabemos que hay otra parte que no tiene la menor voluntad de hacerlo,  como el caso de la jueza federal Cosidoy que se presentó en el juicio por la causa Diaz Besone para decir que ella no podía creer que su amigo Galtieri hubiera podido cometer alguna vez algún delito.

Ahora hablamos de la parte del Poder Judicial que si quiere investigar y tiene una limitación cultural en comprender qué es lo que está investigando.

Hay una investigadora norteamericana muy recomendable Patrice Mc Sherry. Ella, concluyendo sus estudios dice  “…la guerra contrainsurgente reestructuró de manera profunda al Estado y a la sociedad (…) vinculadas de manera intrínseca a la remodelación que la contrainsurgencia hizo del sistema de gobierno, estaban el establecimiento y movilización de aparatos del Estado paralelos o en las sombras que se estructuraron para aplicar y  ampliar el poder represivo del Estado con respecto a la Sociedad…”, y sigue, “…los militares de América Latina que actuaron normalmente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, derrocaron a los gobiernos civiles y destruyeron otros centros de poder democrático; los enumera  (partidos, sindicatos, Universidades y sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas) precisamente cuando la orientación de clase de los Estados estaba a punto de cambiar o se encontraba en el proceso de cambios el poder estatal a los sectores no elitistas…Evitar tales transformaciones del Estado era uno de los objetivos claves de las elites de América Latina y los funcionarios de Estados Unidos también lo consideraban como un interés vital de la seguridad nacional.”.  Cierre de la cita.

He aquí la clave del drama: la razón del mal que descarta cualquier banalidad.

Defender el status quo, pero no para mantenerlo inalterable sino para hacerlo más injusto, más subordinado al Imperio, más cruel, más dominador en todos los sentidos y todos los espacios de la vida social.

Ahora, podemos decir sin temor a equivocarnos o que nos falten pruebas, que fue para evitar las transformaciones mencionadas que se organizó el exterminio de los militantes que sostenían proyectos transformadores, encarnados en fuerzas políticas, sindicales, religiosas, estudiantiles, culturales y sociales, hostiles al proyecto de dominación.

Esto es lo que más se ve, lo que más se conoce del Terrorismo de Estado. Pero a esa función primaria de la que habla el anexo II de Inteligencia del  ”Plan del Ejército”, Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional que contiene casi, con anticipación la lista de los que van a ser exterminados, pues nombra uno a uno a los partidos, fuerzas sociales y organismos de derechos humanos (orgullosos estamos de que la Liga estuviera en ese lista como objetivo a destruir); a esa labor destructivas a los fines didácticos debemos añadirle las labores de reformulación del capitalismo,  a las que llamaremos “constructivas”  para lo cual debían ajustar cuentas con los sectores empresarios que defendían el antiguo modelo capitalista,  vigente desde 1945 -modificado parcialmente una y otra vez por presión del Imperialismo y sus socios locales de un lado y las luchas populares del otro-

Si atacaron a la Confederación General Económica, a Gelbard y su grupo es porque ese grupo defendía una concepción del capitalismo que nada tenía que ver con el neoliberalismo y que si tenía que ver con la idea que el capitalismo argentino podía sostenerse en el mercado interno, en la complementación de la industria y el campo, y con otras ideas que se forjaron en la Resistencia larga del 55 al 75 también de las capas medias urbanas y rurales

Entonces, desde la perspectiva de la correlación de fuerzas generales (económicas, sociales, políticas, culturales y militares) podríamos concluir que la operación contrainsurgente, el Terrorismo de Estado, el horror, la barbarie, como lo quieran llamar  modificó la correlación de fuerzas  en varios sentidos.

i.      al interior del bloque de Poder, entre las distintas fracciones que terminaron agrupándose a favor o en contra del Terrorismo de Estado. El caso Papel Prensa alerta, ilustra sobre el uso del Terror para destruir grupos empresariales y la expropiación de unos grupos por otros respaldados por la fuerza militar y el Imperio, pero sólo ilustra un fenómeno generalizado y sistemático: más de seiscientos empresas son las que se apropió la dictadura y asignó a la Conarepa, pero también del mismo modo que  las acciones de Papel Prensa están manchadas de sangre los papeles de la Deuda Externa, las acciones de Acindar, el City Bank, la Ford,  Loma Negra, Mercedes Benz o la Shell, y así en más.

ii.      como una consecuencia mediata de la modificación de fuerzas entre las clases dominantes y subalternas se produjo un drástico cambio en las relaciones laborales, al interior de las empresas, entre el trabajo y el Capital aumentando drásticamente ritmos y jornadas laborales, pauperizando las condiciones de trabajo, reduciendo salarios: aumentando la explotación y constituyendo este procedimiento, sumado al mencionado en el punto anterior, un verdadero proceso de acumulación originaria del capitalismo para poner en marcha el modelo neoliberal que se revelaría en toda su dimensión en los 90.

iii.      los treinta mil desaparecidos son lo más conocido, claro está. El exterminio da cuenta tanto del pavor de los miembros del bloque de poder como del nivel de desafío construido en la Argentina. Ninguna clase social o bloque asesina treinta de mil seres humanos si no teme por su supervivencia como clase, por sus privilegios. Por ello el descenso de la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, de cerca del 49% en 1974 al 30% para finales de los noventa, confirma el sentido último y profundo del genocidio:  conservar el sentido de clase del Estado, para lo cual no sólo necesitaban eliminar el desafío revolucionario, sino reformular el capitalismo hacia el modelo neoliberal.

La Argentina sigue siendo una sociedad post genocidio por donde se la mire: por la continuidad del modelo económico, por la profundidad de los cambios culturales impuestos y por el tipo de democracia minimalista que nació de aquellos fuegos. Por todo esto y con la importancia histórica que el castigo a los represores logrado tiene[1], yo tengo acá que llevamos 208 represores condenados de los cuales la Liga Argentina por los Derechos del Hombre participó en trece juicios orales donde se condenó a ciento cuatro de esos represores, valorando todo esto, lo que queremos decir es que los juicios conquistados no agotan la reparación que el pueblo merece.

Si la impunidad es la falta de castigo; aún está pendiente el castigo para  aquello que Rodolfo Walsh clasificaba como el crimen mayor de la dictadura, cito textual de su Carta a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno-decía Rodolfo- debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.   En un año –les dice-  han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”. Cierro la cita de Walsh.

Lo que hemos tratado de demostrar en base al análisis concreto de los cuatro casos analizados, Acindar, Ford, Mercedes Benz y Papel Prensa, que esas primeras medidas que denunciaba Walsh estaban al servicio de un proceso de reformulación integral del capitalismo que fundó una nueva Argentina que no conocía ni imaginabamos y que esa nueva Argentina sigue en pie, al menos en sus cimientos profundos y sistémicos, y es allí donde debe ponerse la mirada, para llevar a juicio a los grupos económicos que impulsaron, legitimaron, sostuvieron y se beneficiaron del Terrorismo de Estado y a eso nos comprometemos un conjunto de organizaciones de derechos humanos entre las que se cuentan la Liga, el Serpaj, la Apdh, la Asociación de Ex Detenidos y muchas más; pero sobre todo para poner en el horizonte de la nueva generación que tan magníficamente se incorpora a la lucha, la consigna de la Segunda y definitiva independencia.

Por ello nosotros ponemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos al frente de nuestro programa de lucha por los derechos humanos a nivel americano; del mismo modo que defendemos –en toda circunstancia- el derecho de los pueblos a luchar por los derechos humanos, por todos los derechos para todos, por todo lo que le corresponde por derecho y por historia, y consideramos el derecho a luchar por los derechos humanos  como el primero de los derechos, aquel que como un termómetro señala la dimensión verdadera de la causa humanitaria, y es por ello, permítannos que lo digamos en este lugar tan simbólico, que nosotros seguimos entendiendo como desde hace setenta y tres años que el rol de los organismos de derechos humanos fue, es y será siempre el de esclarecer, difundir y contribuir a organizar la lucha popular por el acceso a sus derechos, con plena autonomía de todos los poderes, del Poder Judicial y del Poder Económico, del Poder Mediático pero también de los gobiernos de turno, por más simpáticos o cercanos que algunos de estos poderes sean o parezcan ser, porque sin autonomía verdadera –que no es indiferencia, que no es  neutralidad, que no es  apoliticismo- sino un pensar desde el lugar de los derechos humanos – los organismos pueden perder el rumbo y  perder eficacia al momento de aportar a conquistar la democracia verdadera, esa que tanto necesitamos, ahora y siempre.

Si en los ochenta, los sandinistas provocaban el debate afirmando, Tomás Borge,  que quien quiera democracia verdadera deberá luchar contra la dependencia, no viene mal hoy en día provocar debates diciendo que quien quiera la Segunda y Definitiva Independencia deberá luchar por la Democracia Verdadera, cotidiana, con protagonismo popular en la gestión de todas las cosas en todos los espacios sociales para que los hombres y las mujeres sean los verdaderos protagonistas de la historia y no espectadores privilegiados de un drama actuado por otros, pero que los afecta de un modo decisivo; porque, como decía el Comandate, esa gran humanidad ha dicho basta y en su marcha de gigantes ya no se detendrá…