Las funciones del Terrorismo de Estado….


Quisiera decir dos cosas previas a la lectura del texto que preparamos desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre para este debate.

Lo primero es contarles, a los que están acá en la ex Esma, que este ciclo va por su cuarta sesión y que se está transmitiendo en vivo y en directo por la radio La Retaguardia; saludamos a la audiencia radial, agradecemos a los compañeros periodistas y esperamos contar con ellos en los próximos encuentros porque este ciclo lejos de agotarse, se amplía, recibimos propuestas de tratar más casos y así será.

Lo segundo es decirles que justo hoy hace un año falleció Floreal Avellaneda, y que lo vamos a homenajear como corresponde cuando discutamos el caso de la empresa Tensa, que ordenó el secuestro de toda la Comisión Interna, y en el marco de ese operativo fueron secuestrados su compañera Iris, que está hoy con nosotros, y su hijo Floreal que todos saben fue asesinado y por el cual logramos en el año 2009 condena a prisión perpetua para los Generales Riveros y Verplaetsen.

Casi todas las cuestiones que voy a plantear ya fueron afirmadas en este panel; lo que nos alegra porque más allá de las diferencias que hemos tenido, tenemos y tendremos en el futuro seguramente; se evidencian una serie de coincidencias en cuestiones de fondo que explican que podamos actuar juntos en los juicios y luchar contra la impunidad.

Vamos con el texto.

De tanto repetirlas, algunas palabras pierden sentido. En los últimos años, con el el avance  de los Juicios, los conceptos “Terrorismo de Estado”, “Plan sistemático”, “Delitos de Lesa Humanidad”  “Genocidio” circulan por muchos  ámbitos y generan una confusión de sentidos que tiende a reducir todo a una escena: el momento de la tortura física, y aún más, la tortura mediante la picana eléctrica y los golpes. Focalizada así la escena, se reducen los actores del drama a dos: el torturador y el torturado.

De esta manera se pierde de vista el contexto; el Terrorismo de Estado se transforma en una afrenta personal, pierde el sentido histórico y habilita la reparación como una cuestión individual en vez de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que puedan lograr la vindicación de los compañeros resignificando sus sueños revolucionarios;  que no es lo mismo, aunque lo parezca.

De hecho, en casi todos los juicios, al menos hasta ahora, lo único que la Justicia se permite ver es esta escena.  Si partimos de ella, de la escena de la mesa de torturas y abrimos el foco, nos encontramos con que la sala de tormentos estaba en un centro clandestino que  podía situarse en una vivienda a tal fin alquilada (por ej. Orletti),  en un establecimiento militar (por ej. Campo de Mayo o ESMA),  en una seccional de Policía (la  de Villa Martelli, donde estuvo Iris), o en cualquier otro establecimiento estatal (la Escuelita de Famaillá en Tucumán o el Hospital Posadas) y aún en edificios pertenecientes a complejos industriales (como el Albergue de solteros de la empresa Acindar o el quincho de la Ford que fueron lugares de tortura y exterminio de sus obreros).

Esta segunda mirada ya nos remite a un conjunto de actores que permanecían ocultos: la cadena de mandos militar, la estructura administrativa burocrática que mantenía en funcionamiento los centros clandestinos en comisarías, unidades militares, escuelas, hospitales y empresas industriales.

Es obvio que esta mirada es incompatible con juicios contra un represor para esclarecer la muerte de una compañera, tal como ocurrió el año pasado en Santa Fe donde se condenó Mario Facino, por la muerte de Alicia López; como si Facino solo la hubiera capturado, alimentado, trasladado, torturado, asesinado y ocultado su cadáver.

Pero aún podemos abrir el foco un poco más y observar la región como escena, entonces veremos que ese conjunto de personas que coadyuvaban a que se pudiera producir la escena primera (la de las torturas), tenían diversas y variadas relaciones de mando, en orden ascendente y descendente, puesto que la Junta Militar organizó toda la labor del Terrorismo de una manera piramidal.

De este modo, cada unidad dependía de una zona,  ésta de un área y así sucesivamente. Y no se trata sólo de pensar en la cadena de mandos subordinada a la Junta, hay que pensar también en  la cadena de mando de las instituciones estatales (los hospitales y el Ministerio de Salud, la cárceles y el Sistema Penitenciario, los cementerios, los hogares de niños,  los juzgados federales) todos fueron parte del sistema represivo o fueron funcionales a él.

Un ejemplo de esto es el  Ministerio de Educación y Cultura que elaboró las listas negras de la censura a maestros, profesores, a los artistas e intelectuales, algunos de los cuales fueron arrestados, secuestrados y desparecidos luego;  pero cuyos responsables no solo no han sido juzgados sino que ni forman parte del debate sobre el genocidio. De igual modo, como se dijo acá, los dueños de las radios y diarios que aplicaban esas directivas, y sobre todo los empresarios que elaboraban listas de dirigentes y militantes sindicales, uno de los insumos principales de la cacería humana.

Pero si un genocidio, cito, es el exterminio de un grupo nacional para la reorganización radical de una sociedad, lo más perjudicial de focalizar la atención solamente en la escena de la torturas es que se pierden de vista a los grupos económicos que se beneficiaron del Terrorismo de Estado. Y lo hicieron en dos tiempos.

El primero de ellos, lo hicieron de  un modo directo, con toda clase de negociados y fraudes. Esto es lo que se verifica en el caso de la empresa Clarín, que junto a los Mitre de la Nación, se apoderaron casi sin costos de la empresa Papel Prensa, complementado sus posiciones de monopolio económico y de control total de la circulación de la información en acuerdo con la dictadura.

El segundo momento, formalmente bajo gobiernos “democráticos”, los mismos grupos económicos se beneficiaron con con  los cambios promovidos por el recetario del Consenso de Washington, en primer lugar con la modificación de la legislación laboral, que destruyó un siglo de conquistas obreras y la privatización de las empresas estatales (el petróleo, el gas, siderúrgica, ferrocarriles, comunicaciones, etc.)

Proponemos, como hipotesis, como ejericio teórico,  imaginar esta segunda fase como la de la realización del Genocidio, del mismo modo que Carlos Marx presenta la venta de la mercancía y la producción ganancia como el momento de realización de la plusvalía entendida como una relación social de dominación en la esfera del trabajo productivo pero cuyos resultados se verifican en el mercado al momento de la venta.

Hay un momento de gestación, de creación, de elaboración, de extracción de un plus por encima del trabajo retribuido y ese momento es el de la producción de las mercancías; y hay un momento en que ese plus, que se mantiene oculto en la mercancía, latente, se realiza, se explicita, se puede apropiar por los apropiadores y ese momento es el de la venta en el mercado.

Del mimso modo, yo propongo que pensemos en que hay un momento en que se crean las condiciones indispensables para poner en marcha un modelo de concentración de la riqueza y empobrecimiento de los trabajadores y las clases subalternas, de subordinación económica, diplomática, militar y cultural a los centros imperiales y ese momento es el del despliegue del Terrorismo de Estado –que comenzó bastante antes del 24 de marzo del 76-, y hay un momento en que el modelo se despliega en toda su perversidad y potencia, y ese momento transcurre en el periodo post dictadura, puntualmente en los 90 bajo el gobierno de Menem.

Es conocida la respuesta de Roberto Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura,  a un periodista que le preguntaba sobre el por qué no habían avanzado más en las privatizaciones durante el gobierno militar, textual de Alemann: Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor.

Antes, durante y después del golpe, los grupos económicos beneficiados, construyeron un sistema de alianzas y entrelazamientos ideológicos y económicos que  dan lugar a la creación de un verdadero bloque social que excede largamente la noción de “cómplices civiles” de la dictadura militar pues son los verdaderos impulsores, ideólogos, sostenedores y los primeros beneficiarios, favorecidos por el Terrorismo de Estado, que constituye de esta manera pensada, una herramienta de acumulación capitalista formidable, indispensable para la reformulación neoliberal de la Argentina.

En este ciclo de debates hemos visto las maniobras de Martínez de Hoz desde el Ministerio de Economía para favorecer la Siderúrgica Acindar, de la que había sido presidente del Directorio, especalmente los avales estatales para un crédito externo nunca pagado con el que construyeron la Planta Integrada que les permitió romper el monopolio estatal de producción de Acero en manos de Somiza, hemos visto el papel de la Mercedes Benz en la provisión de camiones y carriers, hemos recibido documentación desclasificada de los EE.UU. donde los empresarios de la Ford se quejan de que los grupos de tareas desaparecen muchos más trabajadores de los que ellos denuncian y hemos visto como la dictadura transformó la construcción para el Mundial, las autopistas y otras obras públicas en un inmenso negocio para Acindar y sus aceros, Amalita Fortabat y el cemento de Loma Negra, la destrucción de los ferrocarriles y la potenciación del transporte automotor para favorecer a la Ford, la Mercedes Benz y las petroleras que sostenían el transporte automotor.

Y hoy vemos como esas acciones dictatoriales se consuman directamente en la expropiación de un grupo empresarial en beneficio de otro.

La acumulación original del capital casi en estado puro.

Sin embargo, con todo lo que hemos dicho la mirada no sería del todo certera si no abrimos aún más el foco para incorporar el rol de los gobiernos extranjeros, las acciones encubiertas de sus agencias de inteligencia y los grupos económicos de los Imperios. Ellos fueron quienes dieron asesoramiento y capacitación a los militares y aprovecharon la ocasión para producir una penetración de sus capitales, como pocas veces se vio en la historia latinoamericana.

Lejos de las pretensiones nacionalistas, llevadas al paroxismo con la Guerra de Malvinas, el periodo de vigencia del Terrorismo de Estado es acaso el de mayor perdida de independencia y autonomía en las decisiones nacionales, y no sólo en el terreno estrictamente militar sino en el de la toma de decisiones que afectaban la economía, la política, la cultura, el medio ambiente, la cultura y todas las cuestiones de la vida de los argentinos.

Si la Primera Independencia había sido frustrada por el triunfo del bloque porteño/británico que puso en marcha la República de Roca y el modelo capitalista Agro Exportador, la dictadura y su continuidad “democrática” nos hundieron en las “relaciones carnales”, como  escena pornográfica y decadente de una dependencia neocolonial, que nos convoca de nuevo a la lucha por la Segunda y Definitiva Independencia, aquella que reclamaba el Comandante Guevara en su Mensaje a los Argentinos del 25 de Mayo de 1963.

Sin duda, esta percepción ampliada del Terrorismo de Estado nos exige otra mirada sobre el Estado y sobre los cambios que el Estado sufre al aplicar el Terrorismo como modo de dominación y disciplinamiento social puesto que el Estado que practica el Terrorismo se modifica a sí mismo de una manera sustancial apelando luego, a lo que han llamado “continuidad jurídica” para consolidar esos cambios y preservarlos de los cambios en el Gobierno, que es lo único que estas democracias ponen en discusión.

El Estadomoderno,  el EstadoqueorganizaelGenocidio y el EstadopostGenocidio ponen de relieve la crisis del pensamiento liberal que se ha mostrado incapaz de comprenderlo; tal como se verifica –aunque no exclusivamente- en la limitación cultural del Poder Judicial argentino para juzgar el Genocidio.  Y aquí hablo de la parte del Poder Judicial que tiene voluntad de juzgar el genocidio, puesto que sabemos que hay otra parte que no tiene la menor voluntad de hacerlo,  como el caso de la jueza federal Cosidoy que se presentó en el juicio por la causa Diaz Besone para decir que ella no podía creer que su amigo Galtieri hubiera podido cometer alguna vez algún delito.

Ahora hablamos de la parte del Poder Judicial que si quiere investigar y tiene una limitación cultural en comprender qué es lo que está investigando.

Hay una investigadora norteamericana muy recomendable Patrice Mc Sherry. Ella, concluyendo sus estudios dice  “…la guerra contrainsurgente reestructuró de manera profunda al Estado y a la sociedad (…) vinculadas de manera intrínseca a la remodelación que la contrainsurgencia hizo del sistema de gobierno, estaban el establecimiento y movilización de aparatos del Estado paralelos o en las sombras que se estructuraron para aplicar y  ampliar el poder represivo del Estado con respecto a la Sociedad…”, y sigue, “…los militares de América Latina que actuaron normalmente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, derrocaron a los gobiernos civiles y destruyeron otros centros de poder democrático; los enumera  (partidos, sindicatos, Universidades y sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas) precisamente cuando la orientación de clase de los Estados estaba a punto de cambiar o se encontraba en el proceso de cambios el poder estatal a los sectores no elitistas…Evitar tales transformaciones del Estado era uno de los objetivos claves de las elites de América Latina y los funcionarios de Estados Unidos también lo consideraban como un interés vital de la seguridad nacional.”.  Cierre de la cita.

He aquí la clave del drama: la razón del mal que descarta cualquier banalidad.

Defender el status quo, pero no para mantenerlo inalterable sino para hacerlo más injusto, más subordinado al Imperio, más cruel, más dominador en todos los sentidos y todos los espacios de la vida social.

Ahora, podemos decir sin temor a equivocarnos o que nos falten pruebas, que fue para evitar las transformaciones mencionadas que se organizó el exterminio de los militantes que sostenían proyectos transformadores, encarnados en fuerzas políticas, sindicales, religiosas, estudiantiles, culturales y sociales, hostiles al proyecto de dominación.

Esto es lo que más se ve, lo que más se conoce del Terrorismo de Estado. Pero a esa función primaria de la que habla el anexo II de Inteligencia del  ”Plan del Ejército”, Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional que contiene casi, con anticipación la lista de los que van a ser exterminados, pues nombra uno a uno a los partidos, fuerzas sociales y organismos de derechos humanos (orgullosos estamos de que la Liga estuviera en ese lista como objetivo a destruir); a esa labor destructivas a los fines didácticos debemos añadirle las labores de reformulación del capitalismo,  a las que llamaremos “constructivas”  para lo cual debían ajustar cuentas con los sectores empresarios que defendían el antiguo modelo capitalista,  vigente desde 1945 -modificado parcialmente una y otra vez por presión del Imperialismo y sus socios locales de un lado y las luchas populares del otro-

Si atacaron a la Confederación General Económica, a Gelbard y su grupo es porque ese grupo defendía una concepción del capitalismo que nada tenía que ver con el neoliberalismo y que si tenía que ver con la idea que el capitalismo argentino podía sostenerse en el mercado interno, en la complementación de la industria y el campo, y con otras ideas que se forjaron en la Resistencia larga del 55 al 75 también de las capas medias urbanas y rurales

Entonces, desde la perspectiva de la correlación de fuerzas generales (económicas, sociales, políticas, culturales y militares) podríamos concluir que la operación contrainsurgente, el Terrorismo de Estado, el horror, la barbarie, como lo quieran llamar  modificó la correlación de fuerzas  en varios sentidos.

i.      al interior del bloque de Poder, entre las distintas fracciones que terminaron agrupándose a favor o en contra del Terrorismo de Estado. El caso Papel Prensa alerta, ilustra sobre el uso del Terror para destruir grupos empresariales y la expropiación de unos grupos por otros respaldados por la fuerza militar y el Imperio, pero sólo ilustra un fenómeno generalizado y sistemático: más de seiscientos empresas son las que se apropió la dictadura y asignó a la Conarepa, pero también del mismo modo que  las acciones de Papel Prensa están manchadas de sangre los papeles de la Deuda Externa, las acciones de Acindar, el City Bank, la Ford,  Loma Negra, Mercedes Benz o la Shell, y así en más.

ii.      como una consecuencia mediata de la modificación de fuerzas entre las clases dominantes y subalternas se produjo un drástico cambio en las relaciones laborales, al interior de las empresas, entre el trabajo y el Capital aumentando drásticamente ritmos y jornadas laborales, pauperizando las condiciones de trabajo, reduciendo salarios: aumentando la explotación y constituyendo este procedimiento, sumado al mencionado en el punto anterior, un verdadero proceso de acumulación originaria del capitalismo para poner en marcha el modelo neoliberal que se revelaría en toda su dimensión en los 90.

iii.      los treinta mil desaparecidos son lo más conocido, claro está. El exterminio da cuenta tanto del pavor de los miembros del bloque de poder como del nivel de desafío construido en la Argentina. Ninguna clase social o bloque asesina treinta de mil seres humanos si no teme por su supervivencia como clase, por sus privilegios. Por ello el descenso de la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, de cerca del 49% en 1974 al 30% para finales de los noventa, confirma el sentido último y profundo del genocidio:  conservar el sentido de clase del Estado, para lo cual no sólo necesitaban eliminar el desafío revolucionario, sino reformular el capitalismo hacia el modelo neoliberal.

La Argentina sigue siendo una sociedad post genocidio por donde se la mire: por la continuidad del modelo económico, por la profundidad de los cambios culturales impuestos y por el tipo de democracia minimalista que nació de aquellos fuegos. Por todo esto y con la importancia histórica que el castigo a los represores logrado tiene[1], yo tengo acá que llevamos 208 represores condenados de los cuales la Liga Argentina por los Derechos del Hombre participó en trece juicios orales donde se condenó a ciento cuatro de esos represores, valorando todo esto, lo que queremos decir es que los juicios conquistados no agotan la reparación que el pueblo merece.

Si la impunidad es la falta de castigo; aún está pendiente el castigo para  aquello que Rodolfo Walsh clasificaba como el crimen mayor de la dictadura, cito textual de su Carta a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno-decía Rodolfo- debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.   En un año –les dice-  han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”. Cierro la cita de Walsh.

Lo que hemos tratado de demostrar en base al análisis concreto de los cuatro casos analizados, Acindar, Ford, Mercedes Benz y Papel Prensa, que esas primeras medidas que denunciaba Walsh estaban al servicio de un proceso de reformulación integral del capitalismo que fundó una nueva Argentina que no conocía ni imaginabamos y que esa nueva Argentina sigue en pie, al menos en sus cimientos profundos y sistémicos, y es allí donde debe ponerse la mirada, para llevar a juicio a los grupos económicos que impulsaron, legitimaron, sostuvieron y se beneficiaron del Terrorismo de Estado y a eso nos comprometemos un conjunto de organizaciones de derechos humanos entre las que se cuentan la Liga, el Serpaj, la Apdh, la Asociación de Ex Detenidos y muchas más; pero sobre todo para poner en el horizonte de la nueva generación que tan magníficamente se incorpora a la lucha, la consigna de la Segunda y definitiva independencia.

Por ello nosotros ponemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos al frente de nuestro programa de lucha por los derechos humanos a nivel americano; del mismo modo que defendemos –en toda circunstancia- el derecho de los pueblos a luchar por los derechos humanos, por todos los derechos para todos, por todo lo que le corresponde por derecho y por historia, y consideramos el derecho a luchar por los derechos humanos  como el primero de los derechos, aquel que como un termómetro señala la dimensión verdadera de la causa humanitaria, y es por ello, permítannos que lo digamos en este lugar tan simbólico, que nosotros seguimos entendiendo como desde hace setenta y tres años que el rol de los organismos de derechos humanos fue, es y será siempre el de esclarecer, difundir y contribuir a organizar la lucha popular por el acceso a sus derechos, con plena autonomía de todos los poderes, del Poder Judicial y del Poder Económico, del Poder Mediático pero también de los gobiernos de turno, por más simpáticos o cercanos que algunos de estos poderes sean o parezcan ser, porque sin autonomía verdadera –que no es indiferencia, que no es  neutralidad, que no es  apoliticismo- sino un pensar desde el lugar de los derechos humanos – los organismos pueden perder el rumbo y  perder eficacia al momento de aportar a conquistar la democracia verdadera, esa que tanto necesitamos, ahora y siempre.

Si en los ochenta, los sandinistas provocaban el debate afirmando, Tomás Borge,  que quien quiera democracia verdadera deberá luchar contra la dependencia, no viene mal hoy en día provocar debates diciendo que quien quiera la Segunda y Definitiva Independencia deberá luchar por la Democracia Verdadera, cotidiana, con protagonismo popular en la gestión de todas las cosas en todos los espacios sociales para que los hombres y las mujeres sean los verdaderos protagonistas de la historia y no espectadores privilegiados de un drama actuado por otros, pero que los afecta de un modo decisivo; porque, como decía el Comandate, esa gran humanidad ha dicho basta y en su marcha de gigantes ya no se detendrá…


[1] a la fecha, hay poco más de doscientos represores condenados en primera instancia y muy pocos con el fallo confirmado por la Corte Suprema.

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