para escuchar el audio del panel de apertura del encuentro, pinchar en el link     panel museo de la memoria y los derechos humanos

Entre el 28 y el 39 de julio de 2011, se realizó en Santiago de Chile un encuentro de organizaciones de derechos humanos de diferentes regiones del país y de Argentina, Paraguay y Uruguay. 

El día 28 por la noche se realizó un acto público en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile donde hablaron José Schulman por la Ladh, Lille Caruso por la Com. de la Memoria de Uruguay, Martín Almada de Paraguay y Alicia Lira de Chile.  El día 29 se realizó el debate durante todo el día en la sede la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile y el día 30 se visitaron memoriales y espacios de Memoria, donde se compartíó con los militantes que sostienen dichos sitios

El  encuentro se referenció en el realizado en marzo de este año en Buenos Aires, Argentina, del cual ratificó sus resoluciones (que van al final de este material), procuró actualizarlas, completarlas en la comprensión de que se está forjando una red de solidaridades, acuerdos, fraternidades y voluntad de luchar contra la impunidad de ayer,  las violaciones a los derechos humanos de hoy y el Imperialismo norteamericano que está detrás de los perpetradores del Genocidio de ayer y de hoy.  Acaso nuestra principal resolución ha sido la de continuar este proceso de articulación por el camino de convocar a todas las organizaciones que sientan interpretadas en nuestras reflexiones y propuestas, sabiendo que es la hora de actuar decididamente para que nuestros pueblos conquisten los derechos prometidos una y mil veces, pero nunca alcanzados plenamente.

RESOLUCIONES Y PROPUESTAS DE TRABAJO EN COMUN

En cuanto a la impunidad que subsiste en Chile

a.       Ante la existencia de dos informes estatales sobre lo ocurrido en el periodo del Terrorismo de Estado, que valoramos en cuanto aportaron a hacer visibles los dramáticos hechos ocurridos, pero que son harto insuficientes y parciales llegando al colmo de encubrir a los represores, sus cómplices civiles, los poderes  económicos y sociales nacionales y al gobierno, las agencias y los grupos económicos de los EE.UU. que propiciaron, legitimaron y se beneficiaron con el Golpe de Estado; razón por la cual se han convertido en un obstáculo para la conquista de la Verdad, la Memoria y la Justicia; se hace necesario y hasta imprescindible que el movimiento de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y el conjunto de fuerzas democráticas de Chile elaboren su propio informe sobre el Terrorismo de Estado y el Genocidio sufrido, haciendo especial hincapié en la denuncia formal y detallada de los represores y sus cómplices locales e internacionales a fin de poder impulsar procesos judiciales ajustados al Derecho Internacional.

b.      Reclamar los cambios correspondientes en el Código Penal para que los organismos de derechos humanos tengan derecho a actuar como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad, tal como ocurre en la Argentina.

c.       Impulsar la presentación de denuncias penales y las querellas correspondientes, contra los cómplices civiles,  las empresas y los grupos económicos nacionales y extranjeros  que propiciaron el Golpe y la Dictadura.

d.      Impulsar todas las iniciativas populares que procuran la anulación de la Constitución vigente, heredada de la dictadura; en ese camino, organizar un Evento de Reflexión, Debate y Elaboración de Propuestas Jurídico Políticas que aporten a dicho objetivo.  Apoyar dicho evento desde todos los organismos participantes en este encuentro mediante el envío de juristas y especialistas que contribuyan y respalden esta causa vital para la democracia de América Latina toda.

Acciones y pronunciamientos sobre la región

a.      Lanzar una campaña regional por la anulación inmediata de todas las leyes que apuntalan la impunidad e impiden el juzgamiento de los perpetradores del Terrorismo de Estado, a pesar de su evidente ilegalidad tal como lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Uruguay.

b.      Merece especial repudio la resolución de la Corte Suprema de Chile que aplicó indebidamente  a estos juicios la llamada Media Prescripción, por la cual, luego de superar los innumerables obstáculos que se deben sortear, eliminan la mitad de la condena de modo tal que rara vez algún condenado queda preso generándose la paradoja de que un número importante de los pocos represores condenados, siguen en libertad contrariando las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha advertido más de una vez que los Estados no deben “hacer que juzgan” sino investigar, juzgar y condenar en serio a los genocidas.   Es por ello que apoyamos el proyecto de Ley que tiene por objeto interpretar el artículo 93 del Código Penal de Chile, de modo tal que los sentenciados por delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles, inaministiables y no indultables.  Impulsaremos que todo el movimiento de derechos humanos de la región apoye el reclamo.

c.      Impulsar una campaña regional de propaganda común (afiches, volantes, publicaciones en internet y avisos radiales, etc.) bajo la consigna   TODOS ESTAMOS AFECTADOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO, LOS CHILENOS, LOS URUGUAYOS, LOS ARGENTINOS, LOS PARAGUAYOS, LOS COLOMBIANOS, LOS LATINOAMERICANOS…QUEREMOS JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS!  NO A LAS LEYES DE IMPUNIDAD. NO LAS LEYES LLAMADAS ANTITERRORISTAS. NO AL CONTINUISMO NEOLIBERAL EN LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS….por medio de esta campaña, se procurará articular un amplio bloque popular que sostenga la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy…

d.      Proponernos presentar querellas conjuntas de organismos de derechos humanos de nuestros países en todos los juicios donde se investiguen las acciones conjuntas de los Estados en el periodo del Terrorismo de Estado, tales como las conocidas como Operación Cóndor y otras.  Para tal fin impulsar la articulación de los archivos y el pensamiento jurídico comenzando de inmediato por hacer accesible los sitios digitales de todos los organismos para todos tomando las medidas técnicas para que sea posible acceder  a los sitios de todos los organismos participantes en el Encuentro y la red en construcción, desde cada uno de los sitios de todos los organismos.

e.      Nuestra voluntad es ampliar el espacio convocante de este encuentro de modo tal que nos vayamos convirtiendo en una verdadera red de luchadores contra la impunidad de ayer y de hoy, esforzándonos por construir colectivamente un pensamiento capaz de sostener la lucha por los derechos humanos en el siglo XXI

f.       Declarar nuestro interés en proteger los archivos de lo conquistado  la lucha por los derechos humanos de toda la región. Exigir los esfuerzos estatales e internacionales correspondientes. Particular atención merecen los archivos depositados en la Corte Suprema de Paraguay que constituyen un patrimonio ético de primer orden para todos nosotros.

g.      En el marco de la conmemoración internacional por los derechos humanos, cada diez de diciembre, este espacio señalará, año a año, al político, gobernante u organismo internacional que sea considerado ese año al obstáculo principal para la vigencia de los derechos humanos en América Latina, comenzando este mismo año con la denuncia.

h.      Este espacio se declara abierto a la incorporación de toda aquella organización social que se consideren interpretados y contenidos por esta propuesta que se piensa como una red de organizaciones sociales y de derechos humanos, pares entre sí, defendiendo la pluralidad y el respeto a la diversidad como uno de los valores fundantes de este accionar.  Formalmente convocamos a todos los que se sientan interpelados por esta declaración a sumarse a este empeño por relanzar, recrear y fortalecer una nueva propuesta de derechos humanos.

En cuanto a la lucha contra el militarismo y las estrategias de dominación imperial

1.       Nos solidarizamos con el pueblo colombiano y apoyamos las iniciativas populares encaminadas a buscar una solución política al conflicto social y armado que vive el país hace más de sesenta años.  Rechazamos el Terrorismo de Estado y el Genocidio que sigue llevando a cabo el gobierno de Juan Manuel Santos.

2.      Denunciamos el estimulo del consumo de estupefacientes como herramienta de dominación y uno de los principales negocios que influye en los sistemas económicos sociales y culturales de los pueblos de América Latina.   La droga, la violencia y la delincuencia son una construcción del Poder que permite desviar la atención de los temas centrales, generando miedo e inseguridades en la sociedad. Denunciamos el gran negocio del trafico  y comercialización de la droga y de sus utilidades que ingresan al sistema financiero mundial, su influencia en el sistema económico social son altamente destructivos, aquellas políticas que pretenden erradicar el cultivo, trafico y comercialización son concebidas como instrumentos de dominación que profundizan el daño social.

3.       Denunciamos el rol preponderante y antipopular de los medios de comunicación social que coaligados en grandes consorcios económicos constituyéndose en funcionales a los intereses del capitalismo, construyen una realidad alienante para las grandes mayorías, criminalizando las luchas libertarias de los movimientos y organizaciones sociales, escondiendo la responsabilidad de los poderosos.

4.      Entendemos que las diferentes herramientas que se utilizan para inmovilizar física y sicológicamente a los pueblos, como el militarismo y la represión entre otros, responden a tácticas y políticas que sobrepasan los estados y los territorios de los países latinoamericanos. Los mentores de dichas estrategias son el Pentágono y los EEUU que actúan en salvaguardia de los intereses del capitalismo internacional, y con ello aseguran la instauración y mantención estructural del modelo económico neoliberal. Es imprescindible asumir una mirada latinoamericana para la lucha por los derechos humanos fortaleciendo todas las campañas de solidaridad entre los pueblos, como la que se desarrollará el 15 de octubre con motivo del Día del Prisionero político en Colombia.

5.      Es totalmente inadmisible que continúe cualquier forma de injerencia imperial sobre la formación y el funcionamiento de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad de nuestros pueblos.  Exigimos el fin de todo tipo de iniciativa de formación hegemonizada por el Comando Sur del Ejército de los EE.UU.  Hay que terminar con los institutos de coordinación militar típicos del periodo de la guerra fría como el TIAR (Tratado Interamericano de Río) o la Conferencia de Ejércitos Americanos.  Hace falta una nueva doctrina militar y de seguridad que contemple como enemigo de nuestros pueblos al Imperio, sus agencias y acciones.  Apoyamos los esfuerzos tendientes a terminar con la doctrina de seguridad nacional y construir una nueva, respetuosa del principio de la autodeterminación de los pueblos y del derecho de los pueblos a la soberanía nacional y la conquista de todos los derechos para todos.

6.      Una vez más reafirmamos que el primer derecho de los pueblos es a luchar por los derechos humanos y que el camino de la lucha fue y será el camino de la conquista de los derechos humanos.  En una época de cambios para nuestra región apoyamos todas las luchas sociales, políticas y populares en este sentido y particularmente nos solidarizamos con la ejemplar lucha que vienen llevando a cabo los estudiantes y el pueblo de Chile al que saludamos, alentamos y nos comprometemos a la más extensa solidaridad.

Santiago de Chile, 29 de Julio de 2011

Participantes de Chile

HIJOS
Comisión Ética contra la Tortura
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-CHILE
Casa de la Memoria José Domingo Cañas
Casa de la Memoria Londres 38
Comunidad Ecuménica Martín Luther King
Memoria 119 Familiares y compañeros
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Observatorio de la Escuela de las América, Chile
Agrupación de Familiares explosionados – Concepción
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de  Santiago
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Pisagua e Iquique
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía

Participantes de Uruguay

Movimiento por la Memoria de Uruguay

Participantes de Argentina

Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina

Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo

Participantes de Colombia

Colombianas y Colombianos por la Paz

Participantes de Paraguay

Martín Almada, integrante de la Asociación Americana de Juristas

Declaración de Buenos Aires del 23 de marzo de 2011 a la cual refiere el acuerdo de Chile, en el sentido de que la ratifica plenamente.

Encuentro regional de organismos de derechos humanos contra la impunidad de la “Operación Cóndor” de ayer y  los intentos de repetir la misma lógica intervencionista imperial.   Participaron el Servicio de Paz y Justicia de América Latina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre LADH, el Servicio de Paz y Justicia SERPAJ, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre MEDH, el Instituto de Relaciones Ecuménicas IRE, la Comisión por la Recuperación de la  Memoria de Campo de Mayo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos MOPASSOL;  la  Comisión de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Colombianas y Colombianos por la Paz y  el  Movimiento por la Memoria de Uruguay. Buenos Aires, 23 de marzo de 2011

Luego de realizar una emotiva visita el ex Centro Clandestino de detención, torturas y exterminio conocido como Orletti, en el barrio de Floresta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los participantes del Encuentro entregaron una placa conmemorativa a la directora del Instituto Espacio para la Memoria para que la fijen en el sitio, cuando estén dadas las condiciones legales y edilicias, en un acto donde hablaron Adolfo Perez Esquivel del Serpaj, Graciela Rosenblum en nombre de la Comisión Orletti, Ana María Careaga directora del Instituto Espacio para la Memoria, Alicia Lira de la Comisión de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Luis Puig, diputado uruguayo, presidente de la Comisión de DD.HH. del Congreso Uruguayo, Lille Caruso de la Comisión por la Memoria del Uruguay y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (L.F.) se dirigieron a la sede de la Federación de Judiciales donde deliberaron en plenaria por el transcurso de varias horas.

Al cabo de dicho debate, se adoptaron los siguientes acuerdos por unanimidad.

a)      Transformar en acciones conjuntas, colectivas y simultaneas del movimiento de derechos humanos de los países participantes y de todos los que quieran sumarse al esfuerzo común la voluntad de reforzar la lucha por la conquista de todos los derechos para todos los pueblos de América Latina, para lo que se hace imperioso comenzar por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la integración en un destino común y a la Paz, entendida no solo como la ausencia de guerra sino como el estado de respeto a la dignidad y los derechos de los pueblos.

b)      En tal sentido nos parece pertinente señalar críticamente y rechazar con toda nuestra fuerza, la campaña de hostigamiento contra el gobierno y el proceso de cambios que se viven en la República Bolivariana de Venezuela así como manifestar nuestra decisión de defender ese y todos los procesos de cambios en un sentido popular, antineoliberal y contra la dominación hegemónica del gobierno de los EE.UU. sobre la región.

c)       Queremos destacar que en todos los países de la región se observa un proceso de reagrupamiento y envalentonamiento de sectores militares antidemocráticos y de mentalidad fascista como los que consumaron el golpe de estado en Honduras, con cuyo presidente legitimo, Manuel Zelaya, nos solidarizamos y comprometemos a colaborar en la recuperación de la democracia.  Este proceso se ve alimentado y potenciado por el accionar de un conjunto de Fundaciones y supuestas ONG como la nefasta Unoamérica, que actuó en respaldo del golpe en Honduras o la Fundación Libertad de Argentina que sostienen una batalla cultural de proporciones en procura del pleno restablecimiento de los valores sostenidos por el autoritarismo  y el neoliberalismo. En esa labor son acompañados por los medios monopólicos de comunicación que construyen una realidad virtual favorable a sus planes.

d)      Está en marcha un proyecto de ocupación militar de la región por parte del gobierno de los EE.UU.: es por ello la instalación de bases militares en la región, la realización de ejercicios conjuntos con fuerzas de seguridad, los cursos y escuelas de policía que de algún modo suplantan la acción nefasta de la Escuela de las Américas.  Es por ello que nos sumamos plenamente a la Campaña continental América Latina es una región de paz. Fuera las bases militares extranjeras y nos pronunciamos contra la transformación de las Islas Malvinas, territorio argentino, en una fortaleza militar de la Otan que amenaza la región y fortalece la dominación colonial inglesa.

e)      Apoyamos los procesos judiciales abiertos para esclarecer los crímenes de la Operación Cóndor y de todas las formas de colaboración entre los gobiernos de América Latina en función del Terrorismo de Estado.  En tal sentido, exigimos la apertura de todos los archivos de todos los países que fueron parte de aquella Operación Cóndor, empezando por los del país que lo fomentó y coordinó: los Estados Unidos de América que tiene el deber de colaborar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos bajo su supervisión estratégica.

f)       La Operación Cóndor y el Genocidio cometido contra los pueblos de América Latina tuvieron como objetivo último la imposición de un modelo económico social y un conjunto de valores culturales que todavía subsisten en diversos grados en nuestros países.  Es por ello que nos comprometemos a impulsar y acompañar todas las acciones populares contra el modelo extractivo que no solo agrede el medio ambiente sino que nos condena a una distribución injusta de la riqueza que crean nuestros pueblos.  Especial interés nos merece el accionar de los grupos económicos que ayer sostuvieron el Genocidio y hoy lucran con este modelo extractivo que se ha convertido en verdadero enemigo de la democracia y la supervivencia del planeta.

g)      Valoramos en toda su dimensión el cambio habido en la región en cuanto a la autonomía de las políticas de integración regional, que tuvieron elevado papel en la crisis de Honduras y en los esfuerzos por abrir paso a un proceso de dialogo para la paz en Colombia.  Aportaremos a que ese rumbo, expresado en el nacimiento de nuevas estructuras como el Alba, el Unasur, el Banco del Sur y la transformación de otros como el propio Mercosur se mantengan y profundicen.

h)      Como una expresión de la ofensiva derechista sostenida por el gobierno de los EE.UU., los organismos internacionales por ellos hegemonizados como la O.E.A. o el G.A.F.I. los grupos fascistas de militares y las fundaciones y ONG de la derecha, se han aprobado en algunos países de nuestra región leyes conocidas como “antiterroristas” que amplifican la lógica de la guerra contra los pueblos que lanzó el Acta Patriótica de los EE.UU. luego del setiembre de 2001.  Nos proponemos lanzar una campaña regional por la anulación de todas las leyes antiterroristas vigentes en la región.

i)        Desde todo lo anteriormente manifestado, repudiamos enérgicamente  la intervención militar extranjera sobre Libia, al tiempo que reclamamos el respeto por todas las partes de los derechos humanos del pueblo libio y especialmente a su derecho a la autodeterminación.

j)        Rechazamos enérgicamente la provocación de Alvaro Uribe contra el compañero Adolfo Perez Esquivel a quien pretende querellar bajo el cargo de terrorista por su compromiso con la búsqueda de una solución negociada para el conflicto colombiano, tal como se acordó en el Encuentro Haciendo la Paz en Colombia, realizado recientemente en Buenos Aires, que auspicia un camino de dialogo y que provocó la ira del fascismo colombiano que representa el ex presidente Uribe.  El próximo 29 de marzo entregaremos en las Embajadas de la región una declaración de desagravio de Adolfo Perez Esquivel, que extendemos a Piedad Córdoba y el Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz.  Será esta nuestra primera acción conjunta, abriendo un camino que anhelamos sea de aporte a la unidad de los pueblos desde el movimiento de los derechos humanos de la región.

k)      A tal fin, convocamos a un nuevo encuentro regional de organismos de derechos humanos, a los fines de fortalecer los acuerdos logrados y balancear el plan de acciones acordados, para el mes de agosto en Santiago de Chile.  Para ello se constituye un Equipo de coordinación con la Comisión de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, el Servicio de Paz y Justicia América Latina y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre