• Repudiamos y condenamos este hecho, que nos remite por su motivación e impunidad a los asesinatos de la Triple A, a la masacre de Ezeiza así como a tantísimos otros hechos criminales que los poderes mafiosos enquistados en algunos grupos sindicales y políticos han cometido en el pasado y no dudan en repetir en el presente para amedrentar y reprimir a las organizaciones obreras y estudiantiles así como a otras agrupaciones que nuestro pueblo creó para luchar por su dignidad y legítimos derechos.

    Que quienes no dudaron en agredir criminalmente y asesinar a otros obreros fueran miembros de un sindicato de obreros –a juzgar por todos los testimonios que se recibieron hasta ahora- es un hecho de gravedad absoluta, y demuestra la infamia, la barbarie y la impunidad instalada entre quienes
    deberían –y pretenden- representar a las y los trabajadores de nuestro país.

    La gravedad del hecho adquiere dimensiones difíciles de superar si tomamos debidamente en cuenta, que los trabajadores agredidos son aquellos, cuya precariedad laboral y de vida es resultado directo de las políticas de vaciamiento y cooptación del estado por los poderes del capitalismo
    globalizado y sus cómplices locales así como de la privatización y enajenación del patrimonio y la soberanía de nuestro pueblo.

    Que –aparentemente- la propia policía habría sido cómplice del hecho al haber creado una “zona liberada” sin intervenir para frenar el ataque salvaje a los obreros tercerizados provoca dudas profundas acerca de la “democratización” de las fuerzas de seguridad de nuestra Nación.

    Si en su momento, en el marco de la desaparición forzada de Julio López, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá admitió que son cientos los efectivos de la Policía Bonaerense en funciones que cumplieron órdenes en los Centros Clandestinos de la dictadura, no sorprende la enorme cantidad de hechos criminales sucedidos en la provincia que quedan sin resolver, entre muchos otros la desaparición impune de Luciano Arruga, y tenemos derecho a pensar que similar situación ocurre en la Policía Federal, tal como el escándalo de la Policía Metropolitana insinúa.

    Ante esta realidad es incomprensible que un gobierno, que se precia de haber realizado progresos importantes en el respeto y la defensa de los derechos humanos, no actúe firmemente para aislar y desautorizar decididamente aquellas corporaciones sindicales, que son herederas directas de los grupos del corporativismo de la violencia, que en el pasado actuaron clandestinamente y bajo la impunidad de las sombras del poder.

    Del mismo modo –si quiere defender realmente la democracia y sus instituciones- debiera distanciarse decididamente repudiando a aquellos políticos tanto del conurbano bonaerense como de feudos provinciales, que siguen utilizando métodos de dominación  de nuestro pueblo basados en un clientelismo extorsivo y violento.

    Creemos que la negativa a reconocer la Central de Trabajadores Argentinos y a cientos de organizaciones gremiales no alineadas con la CGT debe ser uno de los primeros pasos a revertir en el camino de garantizar a los trabajadores el derecho que la Constitución Nacional le otorga a todos los ciudadanos de la Argentina: elegir libremente a sus representantes.

    Exigimos por ello el esclarecimiento urgente y total del asesinato de Mariano Ferreyra así como la condena de los actores materiales e intelectuales del mismo.

    Pero esto no podrá ser más que un primer paso: Estamos plenamente convencidos, que la defensa de la dignidad y soberanía de nuestro pueblo así como el respeto y la construcción de una democracia verdadera y perdurable con justicia,  libertad y fraternidad exigen, que quienes representan a nuestra nación e implementan las políticas que determinan de modo fundamental las vidas de sus habitantes demuestren un absoluto rechazo y condena a cualquier grupo de poder que recurra a la violencia y a la persecución para reprimir los legítimos derechos de las y los más pobres de nuestras hermanas y hermanos, a exigir lo que según la Constitución Nacional le corresponde.

    La experiencia histórica y los intentos golpistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, frustrados por nuestros pueblos hermanos, así como el Golpe de Estado perpetrado en Honduras, nos mueven a reafirmar nuestro compromiso con la democracia y un sistema económico y social que esté realmente al servicio de las y los más pobres de nuestro pueblo, contra las derechas vernáculas y los renovados intentos de dominación del Imperio, sus organismos financieros y sus medios de desinformación y propaganda  globalizados.

    La resistencia de los pueblos de nuestro continente demuestran, que el poder imperial y sus aliados de las derechas locales pueden ser derrotados, si enfrentamos decididamente cada una de sus agresiones. Hoy para nosotros una parte importante de esa lucha se concentra en impedir la impunidad de la que aparentemente gozan los asesinos de Mariano Ferreyra y el desenmascaramiento y condena de los grupos económicos, sindicales, políticos, militares y policiales que históricamente han estado detrás y han sido cómplices de cada agresión del imperio contra nuestro pueblo.

    Por ello finalizamos diciendo:
    Nos solidarizamos con la familia de Mariano Ferreyra y también con sus compañeros de trabajo, estudio y militancia.

    Nos comprometemos a seguir luchando como lo venimos haciendo desde hace décadas por un país,  en el que todas las políticas de gobierno estén orientadas y se realicen considerando primordial- y fundamentalmente los derechos y el interés superior de las y los más pobres, desprotegidos, expoliados y reprimidos por el sistema capitalista vigente.

    23 de octubre de 2010

    LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

    Graciela Rosenblum y José Ernesto Schulman

    MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS

    Pastor Arturo Blatesky
    SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA

    Adolfo Perez Esquivel


  • La expulsión de Eduardo Ramos y Mario Facino del Partido Justicialista se inscribe en el proceso de luchas populares por la Memoria, contra el olvido; por la Verdad, contra la instrumentación de la historia a favor de los poderosos y por la Justicia, contra la Impunidad.

    No es para nada concesión graciosa o voluntaria de quienes en su momento propusieron a Brusa como Juez Federal, a Correa (nombrado por Obeid en 1996) y Bernhart (sostenido por Reutemann y Obeid) en la Secretaría de Seguridad de la Provincia a pesar de haber sido activos oficiales de Inteligencia, el sector más despiadado del Ejercito en la aplicación del Plan Sistemático de Terrorismo de Estado que se viene demostrando en los juicios en curso.

    No hace demasiado tiempo que el stablishment santafecino defendía la honra del ex Juez Federal Víctor Brusa y del ex Obispo Eduardo Storni en solicitadas que han quedado como prueba del compromiso del Poder Real con los ejecutores del Genocidio.

    Si el Pejota desestimó por más de trece años el pedido de sus propios afiliados, sobrevivientes del Terrorismo de Estado, y tardó casi un año en cumplir con una obligación democrática básica que es separar de toda institución comprometida con el orden constitucional a quienes lo quebraron en beneficio de un bloque social que ha defendido su impunidad desde entonces, aún después de la condena judicial; conviene valorar adecuadamente el efecto cultural que los Juicios están teniendo socialmente; y es que –como decía Foucault- el Derecho genera verdad y las condenas conseguidas colocan un piso de verdad socialmente aceptada que nos permite soñar con avanzar en la reconstrucción de la historia, y no solo de los hechos del 76 sino también del cómo fue que los represores terminaron siendo funcionarios gubernamentales o electos en cargos trascendentes como Bussi o Patti.

    Que Reutemann de cuentas de por qué propuso y sostuvo a Brusa en el Juzgado Federal y por qué Obeid hizo lo mismo con Correa y Bernhart es un paso ineludible en la lucha contra la impunidad, y ésta, se sabe es el mejor camino contra las derechas y sus pretensiones de acabar con los Juicios y revertir todos los pasos positivos que se han dado a nivel nacional y provincial.  No es un problema del pasado, es una cuestión del futuro porque para que haya democracia verdadera, en el sentido de todos los derechos para todos, es imprescindible terminar con las continuidades del Genocidio que son hoy amenazas para la democracia. No es un problema de peronismo/antiperonismo ni mucho menos acciones gorilas, sino todo lo contrario, el único camino para que la línea divisoria entre los argentinos sea entre los partidarios de la democracia verdadera y la liberación nacional efectiva, causa por la que tantos y tantos compañeros peronistas (y ahora pienso en Alicia López)  fueron exterminados por personajes tales como Facino y Ramos. La pregunta que sigue sin contestar: es por qué los defienden los que se dicen peronistas como Reutemann y Obeid?


  • La directora de Papel Prensa, en representación del Estado nacional, Beatriz Pagliari, ha denunciado que la empresa proveedora del papel para los diarios ha discriminado a El Independiente de La Rioja.  La propia presidenta Cristina Fernandez asumió la denuncia y resaltó que el diario riojano es una cooperativa, como para reforzar el supuesto carácter nacional y popular del diario riojano[1].

    Todo bien, pero ni Pagliari ni Cristina nombran a Alipio Paoletti, quien fuera fundador del diario y él mismo promotor de la primera y única cooperativa de trabajo que editaba y edita un diario.

    A ver si se entiende, Alipio Paoletti un porteño guevarista, admirador de Agustín Tosco y amigo del Obispo Angelelli, propietario del diario riojano desde 1959 lo transforma en una cooperativa de los trabajadores pasando él mismo a ser uno más de los socios cooperativos en 1971 como respuesta a los ataques de la derecha fascista y como un modo inédito de ejercer la coherencia militante..

    Desde allí combate al interventor en La Rioja de la dictadura de Onganía (que tuvo transitoriamente al hermano de Menem como secretario de gobierno, de paso, recordemos un poco la historia real de la “democracia riojana”) y enfrenta el desembarco de la derecha fascista que no solo activaría los grupos de tares sino que impulsaría un diario, El Sol, que clamaba contra Angelelli, Paoletti y todos los compañeros riojanos que por entonces buscaban torcer el destino de “provincia pobre que debe vivir de la limosna porteña”.

    El comodoro Estrella, al frente de la base del Chamical se pondría al frente del “combate” que se cobró varias vidas, entre ellas las del mismo Obispo Angelelli y obligó al exilio de Paoletti, mientras encarcelaba a decenas de luchadores riojanos, como el actual secretario de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja y de la Central de Trabajadores de la misma provincia, Rogelio de Leonardi.

    En 1970, Paoletti publica en forma de separata un ensayo titulado “Cien años de Colonia”[2] donde demuestra de una vez y para siempre que La Rioja no es pobre sino empobrecida y que sufre un proceso de doble colonización, por parte del imperio británico y de la oligarquía porteña; de esa doble dominación surge un modo de ser de la burguesía riojana cuya expresión más pura fue Carlos Menem: presentarse como serviles y útiles al dominador, mostrarse como capaces de conseguir la ayuda porteña que sostenga las finanzas provinciales y la red de corrupción que lleva siglos de vigencia, acaso desde la derrota del Chacho Peñaloza y Felipe Varela, luchadores por la causa americana.

    Y eso fue lo que hicieron un grupo de socios de la cooperativa El Independiente poco antes del  regreso de Alipio Paoletti del exilio: lo expulsaron de la cooperativa utilizando una renuncia falsa, avalados por la estructura represiva de la dictadura que todavía regía en La Rioja para 1983.  Lo acusaron de “abandono de trabajo” y hasta tuvieron el tupé de inscribir en la falsa renuncia que “renunciaba de por vida al ejercicio del periodismo” desnudando la pluma fascista que fingía la renuncia.

    Entre los impulsores de la resolución cooperativa había un contador que llegaría a Ministro de la Nación, se llamaba Herman González, por entonces era democristiano y luego sería uno de los laderos de Carlos Menem, o sea…..[3]

    Los actuales titulares de la empresa riojana jamás reconocieron el despojo, son por lo tanto herederos de aquella acción dictatorial, tan repudiable como la compra compulsiva de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y sus cómplices de ayer y de hoy.

    Pero flaco favor se hace a la causa contra el monopolio de los medios de comunicación al avalar el despojo que sufriera Alipio Paoletti, aquel que con sus papeles del exilio escribiera el dossier más valioso sobre la dictadura, “Como a los nazis, como en Vietnam” un libro que se convirtió en consigna y que hoy persigue a los usurpadores de El Independiente que serán alcanzados, más temprano que tarde, por el reclamo popular de Memoria, Verdad y Justicia para el Obispo Angelelli y los 32 desaparecidos riojanos, pero también para el fundador de la cooperativa El Independiente, perseguido por la dictadura y despojado de su puesto de lucha por una banda de miserables funcionales a la dictadura y el menemismo que hoy fingen un súbito ataque de nacionalismo popular que solo pueden creer los ingenuos, los desinformados o los oportunistas de siempre.


    [1] Pagina 12, 4 de octubre de 2010, edición online

    [2] La Asoc. de Maestros y Profesores lo editó como libro en 1997

    [3] La Rioja que resiste. Educación y  lucha de clases. Amp ediciones. 2002. de José Schulman. Hay una edición on line gratuita en www.cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com


  • OPINION

    Por *Por Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y José Schulman*

    Para los que luchamos desde hace años contra la impunidad de los genocidas, los días que vivimos son días históricos. Días de juicio y castigo. Condenas que ni siquiera soñábamos en los duros años de la dictadura, cuando algunos abríamos las puertas de los locales de la Liga para organizar la lucha, y otros estábamos tras las rejas o secuestrados, como Teresa Israel y Baldomero Valera que continúan desaparecidos.

    Valoramos altamente los juicios en curso porque fueron conquistados por la lucha popular venciendo la política y el discurso de la dictadura militar, de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y aún las limitaciones del actual período. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron en ordenar, planificar, financiar adecuadamente y garantizar la difusión pública que los juicios ameritan.

    Enfrentamos la complicidad del Poder Judicial que fragmentó las causas hasta límites grotescos, permitió toda clase de maniobras políticas disfrazadas de acciones jurídicas que frenaron y retrasaron las causas. Con la toga de la «normalidad procesal» han limitado los juicios, pero también los vencimos en ese terreno. Y les duele. De allí la furibunda campaña por la impunidad que impulsa la derecha (de la Pando a la Carrió), que sabe que si no detienen los juicios, estos terminarán cuestionando su legitimidad histórica y la de su amo imperial del norte. La prensa que inspira y sostiene a la derecha trata de ocultarlos, minimizarlos, banalizarlos y de instalar -aprovechando cualquier excusa la idea de que «los juicios son incompletos porque sólo juzgan a uno de los contendientes», apelando a la teoría de los dos demonios y amplificando el discurso de los jefes del Genocidio, quienes arguyen que éstos son juicios de venganza contra quienes «salvaron la patria del comunismo». Se trata entonces, de establecer cuál es la etapa actual de la lucha, y para la Liga es tiempo de profundizarlos condenando a los grupos económicos, los políticos, intelectuales y todos los que formaban parte del bloque de poder que decidió el Terrorismo de Estado. Se impone también, acelerarlos por medio del camino de la unificación de las causas, la designación de Tribunales de Instrucción que trabajen con exclusividad en estas causas, la multiplicación de Tribunales Orales que enjuicien las causas que ya han sido completadas para impedir la «estrategia Pinochet»: demorar los juicios para que los represores mueran acusados pero sin condena.

    En este marco, no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre (uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por el Estado).

    Comprendemos el dolor de los familiares de quienes fueron sus víctimas y sus posturas, pero como organismo de derechos humanos es al Terrorismo de Estado a quien perseguimos y no a las víctimas ni las acciones cometidas luego de la captura, no importa lo desgraciadas y repugnantes que nos resulten. Desde el momento en que el Estado los capturó, fue responsable de su vida y de sus acciones, incluidas las delictivas; por lo que pensamos que no deberían ser imputados penalmente quienes fueron, al menos inicialmente víctimas del Terrorismo de Estado. Son los responsables del Genocidio quienes deben responder penalmente por tales actos. Ningún delito debe quedar impune, pero jamás avalaremos la Teoría de los Dos Demonios, teoría que se beneficia notablemente de esta pretensión. Abrir la puerta para su juzgamiento, equiparándolos a los jefes y perpetradores del Genocidio, no sólo es jurídicamente insostenible, pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante, sino que presume que en aras de la supervivencia los individuos realizarán cualquier acción, resultando por tal «estado de necesidad» -de vuelta, jurídicamente hablando- «inimputables». También es políticamente muy peligroso, pues deja de cuestionar al Estado que organizó el Terrorismo para poner la mira en las limitaciones del movimiento popular, que eso eran estas personas: encarnación horrenda de los límites de una generación que buscaba la libertad y fue castigada sin piedad. Calificar sus acciones de «delitos de lesa humanidad» lleva agua al molino de quienes claman por juzgar «la subversión» al tiempo que los represores. No le haremos el juego.

    Los debates sobre las conductas colectivas e individuales de los militantes bajo la dictadura se vienen haciendo desde entonces entre todos nosotros y proponemos continuarlos. No con el ánimo inquisidor de «descubrir el culpable de la derrota» sino con el espíritu guevarista de aprender de ellas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar. Y no es un debate académico: el golpe de Estado en Honduras convoca a pensar cómo impedir los planes imperiales de hacer tabla rasa con todos los cambios, grandes y pequeños, que ha habido en América Latina.

    Los que transforman todo en un debate oposición/oficialismo parecieran no haber aprendido nada de nuestra historia y que ignoran la presencia de una derecha fascista que busca incansablemente su oportunidad para revertir los juicios, el modo que se construye la memoria y todos aquellos pasos que molestan al Poder Real como la integración latinoamericana o la Ley de Radiocomunicación.

    Queremos ser francos: no es un Tribunal Oral de este Poder Judicial el ámbito adecuado para discernir temas tan complejos y delicados como estos. No igualamos conductas, no todos los que entraron siendo militantes populares mantuvieron esa condición tras la captura y la tortura, pero no es este Poder Judicial, ni son estos Tribunales, los indicados para juzgarlos. Nunca hemos hecho culto de «la Justicia» en abstracto ni lo haremos ahora. Junto a muchos otros hemos luchado por superar los límites del «derecho» (casos Ingalinella, Ollero, Masacre de Budge, Floreal Avellaneda, Etchecolatz, etc.) y seguiremos bregando por un nuevo Derecho; de ahí el sentido de nuestra brega por tipificar los crímenes como «Genocidio». Aún conociendo sus límites, valoramos estos juicios como un espacio de combate contra la impunidad y el olvido, para reivindicar los compañeros y resignificar la historia para hacer visible el rol fundante del Genocidio sobre el neoliberalismo, luchando por condenar el Terrorismo de Estado y al bloque social que se benefició de él.

    No confundir las etapas de la lucha es acaso la primera exigencia para los que aspiran a la victoria y nosotros sí queremos derrotar la impunidad y a sus defensores, para que la democracia y la lucha por todos los derechos para todos en la Argentina tengan futuro.

    * Liga Argentina por los Derechos del Hombre


  • A Carlos Sosa y Tato González
    por su incansable  lucha
    por la unidad  popular
    en Villa Constitución

    «La crisis capitalista nunca es otra cosa que esto, la ruptura de un patrón
    de dominación de clase relativamente estable. Aparece como una
    crisis económica que se expresa en una caída de la tasa de ganancia,
    pero su núcleo es el fracaso de un patrón de dominación establecido.
    Desde el punto de vista del capital la crisis sólo puede ser resuelta
    mediante el establecimiento de nuevos patrones para imponerlos a la clase obrera.
    Para el capitalismo la crisis sólo puede ser resuelta a través de luchas,
    a través del restablecimiento de la autoridad y a través
    de una difícil búsqueda de nuevos patrones de dominación.»
    John Holloway.   «La rosa roja de Nissan». Cuadernos del Sur Nº 7.

    El Estado que organiza el Terrorismo

    De tanto repetirlas, algunas palabras pierden sentido.

    En los últimos años, con el fortalecimiento de la memoria y la creciente reivindicación de los militantes populares que fueron victimizados por el Terrorismo de Estado del periodo 1974/1982 y la reapertura o inicio de los juicios contra los responsables de las desapariciones forzadas, encierro en cárceles o centros clandestinos bajo condiciones inhumanas y sin justificación legal alguna y la aplicación de torturas contra casi todos ellos, los conceptos “Terrorismo de Estado”, “plan sistemático”, “delitos de lesa humanidad” o “genocidio” circulan por diversos ámbitos perdiéndose, muchas veces, el significado verdadero. Esto genera. una confusión de sentidos que tiende a reducir todo a una escena: el momento de la tortura física, y aún más estrictamente, la tortura por el paso de energía eléctrica por el cuerpo mediante picana  u otros procedimientos.

    Focalizada dicha escena, se reducen los actores a dos: el torturado y el torturador. Con ello se pierde de vista el contexto local, nacional, regional y mundial. El Terrorismo de Estado se transforma en una afrenta personal, pierde el sentido histórico y habilita la venganza o la reparación individual en vez de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que permiten la vindicación de los compañeros, y la resignificación de sus sueños independentistas y revolucionarios, que no es lo mismo ni mucho menos igual.

    De hecho, en casi todos los juicios en curso, esa es la única escena que la Justicia se permite ver, negando todas las otras posibles miradas que ahora detallaremos.

    Si partimos de la escena que se ha transformado en la más simbólica del periodo: la de la mesa de torturas- y abrimos el foco, nos encontramos con que la sala de tormentos estaba en un centro clandestino que a su vez podía situarse en una casa o vivienda a tal fin alquilada (por ejemplo, el Centro Clandestino de Detención y Torturas Orletti) o en un establecimiento militar (por ejemplo, el Campito de Campo de Mayo o la Esma) o en una seccional de Policía (por ejemplo, la Cuarta de la ciudad de Santa Fe ) o en cualquier establecimiento estatal (por ejemplo, la Escuelita de Famaillá o el Hospital Posadas) y aún en edificios pertenecientes a complejos industriales (como el albergue de solteros de la empresa Acindar en Villa Constitución, que funcionó como Centro Clandestino desde marzo de 1975).

    Esta segunda mirada ya nos remite a un conjunto de actores que permanecían ocultos en la primera: toda la cadena de mandos militar y toda la estructura administrativa burocrática que mantenía en funcionamiento los centros clandestinos, las comisarías, las unidades militares, las escuelas, hospitales, las empresas industriales y así de seguido. Es obvio que esta mirada es incompatible con juicios por un represor para esclarecer la muerte de una compañera, tal como ocurrió recientemente en Santa Fe, donde se condenó a un represor, Mario Facino, por la compañera Alicia López, como si Facino solo hubiera sido quien capturaba a los otros compañeros (por supuesto, Alicia no estaba sola en la Cuarta), los alimentaba, los cuidaba, los trasladaba, los torturaba y ocultaba su cadáver en caso de muerte.

    Pero aún podemos abrir el foco un poco más y observar la escena de la zona o región, entonces veremos que ese conjunto de personas que coadyuvaban a que se pudiera producir la escena primera (de la mesa de torturas), tenían diversas y variadas relaciones de mando, en orden ascendente y descendente, puesto que la Junta Militar organizó toda la labor del Terrorismo de una manera piramidal. De este modo, cada unidad dependía de una zona y ésta de un área, y así sucesivamente.

    Pero no se trata sólo de pensar en la cadena de mando subordinada a la Junta Militar (que a su vez había subordinado a todas las fuerzas represivas estatales y paraestatales, como la Triple A de actuación desde 1974), hay que pensar en todas las instituciones estatales (hospitales, cárceles, cementerios, hogares de niños, juzgados federales, etc.) que fueron parte del sistema represivo o fueron funcionales a él. Un ejemplo de esto es el  Ministerio de Educación y Cultura que elaboraban las listas negras de la censura a maestros, profesores, artistas e intelectuales de todo tipo algunos de los cuales fueran secuestrados luego, pero cuyos responsables no solo no han sido juzgados sino que continúan fuera del debate sobre el genocidio. De igual modo los dueños de las radios y diarios que aplicaban esas listas, y sobre todo los empresarios que elaboraban listas de dirigentes y militantes sindicales que fueran uno de los insumos principales de la cacería de trabajadores.

    Pero si un genocidio es el exterminio de un grupo nacional para la reorganización radical de una sociedad[1], lo más perjudicial de focalizar la atención solamente en la escena de la mesa de torturas es que se pierden de vista a los grupos económicos que se beneficiaron del Terrorismo de Estado en dos fases: la primera, de un modo directo, con toda clase de negociados y fraudes. Esto lo demostraremos puntualmente en el caso de la empresa Acindar S.A., de la que era presidente del directorio Alfredo Martínez de Hoz , desde 1968  hasta su asunción como ministro de Economía de la dictadura, siendo sucedido, nada menos, por el General Alcides López Aufranc[2] que recibió entonces toda clase de beneficios legales e ilegales.

    La segunda fase, formalmente bajo gobiernos “democráticos”, los mismos grupos económicos se beneficiaron con la modificación de la legislación laboral, que destruyó muchas de las conquistas obreras del siglo XX.  También se beneficiaron con la privatización de las empresas estatales (el petróleo, el gas, siderúrgica, ferrocarriles, comunicaciones, etc.) y con todos los cambios promovidos por el recetario del Consenso de Washington.[3]

    Esta segunda fase proponemos imaginarla como la de la realización del Genocidio, del mismo modo que Marx plantea la venta de la mercancía y la ganancia como momento de realización de la plusvalía pensada como una relación social de dominación en la esfera del trabajo productivo. En todo el proceso histórico, sus beneficiados, practican un sistema de alianzas y entrelazamientos ideológicos y económicos constituyen un verdadero bloque social que excede largamente la noción de “cómplices civiles” de la dictadura militar pues son los verdaderos impulsores, ideólogos, sostenedores y los primeros favorecidos por el Terrorismo de Estado, que de este modo se constituye en una herramienta de acumulación formidable, indispensable para la reformulación operada del capitalismo argentino..

    Sin embargo, la mirada no sería del todo certera si no abrimos aún más el foco para comprender el rol de los gobiernos,  las acciones encubiertas de sus agencias de inteligencia y los grupos económicos de los Estados Unidos y Europa.

    Ellos fueron quienes dieron asesoramiento y capacitación a los militares y aprovecharon la ocasión para producir una penetración de sus capitales, como pocas veces se había visto en la historia latinoamericana.

    Lejos de las pretensiones nacionalistas llevadas al exorcismo con la Guerra de Malvinas, el periodo de vigencia del Terrorismo de Estado es acaso el de mayor perdida de independencia y autonomía en las decisiones nacionales, y no sólo en el terreno estrictamente militar o represivo sino en el de la toma de decisiones que afectaron la economía, la política, la cultura, el medio ambiente.

    Si la Primera Independencia había sido frustrada por el triunfo del bloque porteño/británico que puso en marcha la República y el modelo capitalista agro exportador, la dictadura y su continuidad “democrática” nos hundieron en las “relaciones carnales”, como  escena pornográfica y decadente de una dependencia neocolonial, que ahora nos convoca a la lucha por la Segunda y Definitiva Independencia, esa de la que nos hablaba el Comandante Ernesto Che Guevara, en su Mensaje a los Argentinos del 25 de Mayo de 1963.

    Sin duda, esta percepción del Terrorismo de Estado nos lleva a otra mirada sobre el Estado y sobre los cambios que éste sufre al aplicar el Terrorismo como modo de dominación y disciplinamiento social.

    El Estado moderno, y sobre todo el Estado que organiza el Genocidio y el Estado post Genocidio pone de relieve la crisis del pensamiento liberal que se ha mostrado incapaz de comprenderlo, tal como se verifica en la limitación cultural del Poder Judicial argentino para juzgar el Genocidio; este Estado sólo puede ser pensado desde la tradición marxista, guevarista y gramsciana que lo entiende como un sistema de relaciones de dominación que se expresan en cierta institucionalidad, como el gobierno o el Poder Judicial, pero que también transcurre por espacios subjetivos, como la religión o el arte, y en todos ellos se verifica la disputa de proyectos y de defensa de los intereses de clase[4]

    La investigadora norteamericana J. P. Mc Sherry, al presentar las hipótesis presentadas en su libro “Los estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina”[5], dice que “…la guerra contrainsurgente reestructuró de manera profunda al Estado y a la sociedad (…) vinculadas de manera intrínseca a la remodelación que la contrainsurgencia hizo del sistema de gobierno, estaban el establecimiento y movilización de aparatos del Estado paralelos o en las sombras que se estructuraron para aplicar y  ampliar el poder represivo del Estado con respecto a la Sociedad…”, y que, “…los militares de América Latina que actuaron normalmente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, derrocaron a los gobiernos civiles y destruyeron otros centros de poder democrático (partidos, sindicatos, Universidades y sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas) precisamente cuando la orientación de clase de los Estados estaba a punto de cambiar o se encontraba en el proceso de cambios el poder estatal a los sectores no elitistas…Evitar tales transformaciones del Estado era uno de los objetivos claves de las elites de América Latina y los funcionarios de Estados Unidos también lo consideraban como un interés vital de la seguridad nacional.”

    He aquí la clave del drama: la razón del mal que descarta cualquier banalidad.  Defender el status quo pero no para mantenerlo inalterable, sino para hacerlo más injusto, más subordinado al Imperio, más cruel y dominante en todos los sentidos y espacios sociales.

    Ahora podemos decir que fue para evitar las transformaciones mencionadas que se organizó el exterminio de los militantes que sostenían proyectos políticos transformadores[6], encarnados en fuerzas políticas, sindicales, religiosas, estudiantiles, culturales y sociales, hostiles al proyecto de dominación. Esto es lo que más se visualiza del Terrorismo de Estado.

    A esa función primaria (de la que habla el anexo II de Inteligencia del  «Plan del Ejército», Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)[7], debemos añadirle las labores de reformulación del capitalismo, para lo cual también se debió ajustar cuentas con los sectores empresarios y del Poder que defendían el modelo vigente desde 1945, modificado parcialmente una y otra vez por presión del Imperialismo y sus socios locales, pero nunca desplazado totalmente hasta la acción de la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz.

    Si pensamos al Terrorismo de Estado desde la perspectiva de la correlación de fuerzas generales (económicas, sociales, políticas, culturales y militares)[8] podríamos concluir que la operación contrainsurgente modificó la correlación de fuerzas en varios sentidos:

    1.  entre el Poder de las clases dominantes y las clases subalternas en el plano político, cultural y militar. Lo más conocido, claro está, es el exterminio. Los treinta mil compañeros dan cuenta tanto del pavor de los miembros del bloque de poder como del nivel de desafío construido en la Argentina. Ninguna clase social o bloque asesina decenas de miles de seres humanos si no teme por su supervivencia como clase, por sus privilegios.

    2.  al interior del bloque de Poder, entre las distintas fracciones que terminaron agrupándose a favor o en contra del Terrorismo de Estado. La publicidad del caso Papel Prensa alerta e ilustra sobre el uso del Terror para destruir grupos empresariales y la expropiación de unos grupos por otros[9] (los sostenedores y respaldados por la fuerza militar y el Imperio), pero sólo ilustra un fenómeno generalizado y sistemático: las acciones de Papel Prensa están tan manchadas de sangre como los papeles de la Deuda Externa, las acciones de Acindar, el City Bank o la Ford o Loma Negra o Mercedes Benz o la Shell, y así sucesivamente.

    3. como una consecuencia mediata de la modificación de fuerzas entre las clases dominantes y subalternas se produjo un drástico cambio en las relaciones de trabajo, aumentando drásticamente ritmos y jornadas laborales, pauperizando las condiciones de trabajo, reduciendo salarios: aumentando la explotación y constituyendo este procedimiento, sumado al mencionado en el punto anterior, un verdadero proceso de acumulación originaria para la puesta en marcha del capitalismo neoliberal que se revelaría en toda su dimensión en los 90.  Si los treinta mil desaparecidos dan cuenta del nivel del exterminio del factor subjetivo[10], el descenso de la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, de cerca del 49% en 1974 al 30% para finales de los noventa, confirma el sentido profundo del Terrorismo de Estado: conservar el sentido de clase del Estado, para lo cual no sólo necesitaban eliminar el desafío revolucionario, sino reformular el capitalismo en un sentido aún más regresivo, inhumano, injusto e insustentable.

    Los mecanismos extraeconómicos de la acumulación capitalista

    No fue Fukuyama el primer intelectual orgánico[11] de la burguesía que pretendía “el fin de la historia”.

    Cada vez que una clase social conquistó la hegemonía o modificó profundamente las correlaciones de fuerza, soñó con que esa situación favorable sería eterna.  La idea de que la historia se había detenido fue dominante durante el Medioevo, y cuando la burguesía llegó al poder en Europa, primero con la Gran Revolución inglesa y luego con la Revolución Francesa de 1789, proclamó a los cuatro vientos que “hubo historia, ya no la hay”.

    Le tocó a Carlos Marx demostrar lo transitorio del reino burgués cuando éste apenas terminaba de triunfar en el centro del mundo y se lanzaba a la conquista neocolonial de América, Africa y Asia[12].   Para Marx, el capitalismo es una relación social basada en la violencia cotidiana y sistemática, pero esa violencia “naturalizada” tiene siempre su origen en acciones violentas que ni siquiera la historia “oficial” acepta como éticas o legales.

    La doctrina oficial de la burguesía en su primera versión, el liberalismo reconoce que nada legal puede surgir de una acción ilegal y por eso el Código Napoleónico será básicamente un Manual de defensa de la Propiedad Privada; pero no puede explicar el origen de la propiedad de las familias más poderosas y los grupos empresariales que dominan el mercado.

    Si la tierra estaba de antes y estaba ocupada por los pueblos originarios, ¿no es la invasión militar imperial española la base de los primeros latifundios, ampliados luego por las Campañas de Exterminio sobre los pueblos originarios al Sur del Río Colorado (las llamadas Guerra de la Triple Alianza, Campaña del Desierto, etc.), por medio de las cuales, a finales del siglo XIX, se trazaron las actuales fronteras del Estado Argentino, se expropió de sus tierras ancestrales a los pueblos originarios y se constituyó la base del modelo de desarrollo capitalista agro exportador?

    Si, como dice Marx, “los métodos de acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos”. El proceso de acumulación originaria del capitalismo argentino y los momentos de cambio de un modelo de desarrollo capitalista son resultado del Terrorismo de Estado, de la intervención violenta del Estado en respaldo de la constitución de un grupo social en hegemónico, y por ende dominante en el plano de las relaciones entre los hombres.

    La conquista del actual territorio nacional por parte del Ejercito Imperial Español fue uno de los movimientos de expansión europea por medio de los cuales se consumó la acumulación originaria que permitiera el triunfo definitivo de las relaciones capitalistas a nivel mundial, consumando –digámoslo de paso- la primera forma de globalización económica. Las Campañas contra los pueblos originarios al Sur y al Noreste del actual territorio nacional, junto con el ingreso de capitales extranjeros, especialmente británicos, resultan imprescindibles al momento de explicar el inicio del llamado modelo agro exportador, basado en el aprovechamiento por la burguesía nacional de la renta agraria diferencial (aquella que surge de poseer algunas de las praderas más fértiles del planeta), que se relacionaba de manera subordinada con la burguesía monopolista más poderosa de la época, la británica[13].

    El primer golpe de Estado en nuestro país, el 6 de setiembre de 1930, la “década infame” y el golpe de junio de 1943, resultan parte de la explicación de las condiciones que permitieron reemplazar aquel primer modelo de desarrollo agro exportador por otro basado en el mercado interno, el estimulo al consumo desde el Estado, la industrialización subsidiada en función de la sustitución de importaciones, muy a tono con el Keynesianismo triunfante en los EE.UU. y Europa tras la gran crisis del 30 y la segunda Guerra Mundial[14].

    Y sobre todo, esto se verifica en el reemplazo de dicho modelo por el neoliberal que anticipó la dictadura militar y desplegó en todo su esplendor el menemismo en una suerte de realización del proyecto dictatorial, acaso la forma más cabal y explícita de la aplicación de “mecanismos extra económicos” al servicio de la acumulación, la concentración y la centralización del Capital.

    Acindar, la empresa del proceso que prefiguró el capitalismo argentino[15]

    El 8 de octubre de 1984, pocos días después que una movilización popular acompañara la entrega del informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, un grupo de tareas tipo comando penetraba en los Tribunales de Rosario y robaba los documentos depositados allí por la delegación local de la CO.NA.DE.P.  El episodio aún sigue impune, así como los crímenes registrados en dichos documentos.

    ¿Qué elementos probatorios había allí?  ¿Qué tanto temor despertaban? ¿Qué los llevará a cometer semejante osadía?  Entre otras pruebas incontrastables de que una de las empresas más poderosas del país, Acindar S.A. y sus principales directivos de aquellos 20 años (Arturo Acevedo (h), Jorge Acevedo, José Alfredo Martínez de Hoz y Alcides López Aufranc en primer lugar, como  sucesivos presidentes del directorio desde 1968) están comprometidos hasta el hueso en el genocidio sufrido por nuestro pueblo.

    Nueve años antes del robo de los tribunales rosarinos, el 20 de marzo de 1975, un impresionante operativo represivo se había desatado sobre la ciudad de Villa Constitución tras la denuncia del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Isabel Martínez de Perón, de un supuesto complot subversivo contra la producción industrial asentada en la ribera del río Paraná, en el llamado cordón industrial, que va de Campana a San Lorenzo, según lo aseverado en el comunicado firmado en la noche del 19 al 20 de marzo por los entonces ministros: Rocamora de Interior; Benítez de Justicia; Otero de Trabajo; y Savino de Defensa.

    En la madrugada del 20 de marzo, Villa Constitución fue tomada por cuatro mil efectivos de las fuerzas conjuntas de la Policía Federal, Provincial, Gendarmería y Prefectura Naval en una acción desplegada por tierra, aire y agua. Centenares de casas fueron allanadas brutalmente, más de 300 compañeros fueron detenidos y algunos quedarían presos sin causa ni proceso hasta por siete años. En esos días de terror fueron colocadas 110 bombas y asesinados 20 compañeros[16].

    Veinte años después, Alberto Rocamora, el entonces inspirador principal del Operativo (que sería conocido por su nombre) presidiría, en su carácter de diputado constituyente de más edad, la sesión inaugural de la Reforma de la Constitución celebrada en la ciudad de Paraná. ¿No era acaso un símbolo doloroso y patético del sentido profundo del Pacto de Olivos que permitía la reforma?

    Toda la historia de los últimos 50 años del país se podría contar tomando como eje las luchas obreras y populares de Villa  Constitución que culminan en el Villazo (16 de marzo de 1974); del Operativo Rocamora del 20 de marzo de 1975 montado para detenerlas; de la increíble subordinación del Estado (no sólo económica) a los intereses privados de los dueños de Acindar, y de su fabuloso crecimiento, desde los modestos comienzos de 1944 hasta los lugares de privilegio que hoy ocupa; de la lucha por recuperar el sindicato metalúrgico y otras organizaciones sindicales y populares de Villa Constitución después de la retirada de los militares en 1983, y del modo y las condiciones en que éstas han desplegado su actividad en estos años de “democracia” en que, por cierto, en modo alguno se cumplieron las promesas alfonsinistas de que con ella se comería, se curaría y se educaría.

    Acindar acompañó la suerte de todos  los planes económicos del Poder: nació con el capitalismo distributivo del primer Peronismo (1946/1955); se fortaleció con los intentos desarrollistas de Frondizi (1958/1962) del cual su fundador Arturo Acevedo fue Ministro de Obras Públicas y de Onganía/Krieger Vasena después (1966/1968), del cual el Gerente de Finanzas Carreras fue Secretario de Hacienda; llegó a la gloria de la mano de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía de Videla, reformuló sus negocios con los ajustes de Alfonsín (1985/1989) quién puso uno de sus hombres en la administración nacional.

    Fue pionera en flexibilizar y reducir costos por el lado del trabajo con Menem (1989/1999) no pudo evitar los efectos del desplome del modelo entre 1999 y 2001. Fue entonces que la empresa símbolo de la burguesía nacional que se vendió primero a una empresa brasilera -Belgo Mineira- que fue adquirida a su vez por Arcelor –la principal vendedora de acero mundial- y ésta se fusionó con Mittal –el principal productor de acero del mundo-, con lo que paso a formar parte del principal conglomerado de acero que haya existido jamás: la trasnacional Arcelor Mittal para revivir con la entrada de China al mercado mundial como consumidora gigante de acero y subirse exitosamente al modelo pseudo desarrollista del 2002 en adelante de vender productos fabricados en pesos a precio de dólar.

    Pero volvamos entonces al 20 de marzo de 1975 y retomemos la historia. Todavía era su presidente el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz y él personalmente coordina las labores de represión que había empezado mucho antes, pero que tendrían a partir de allí un salvajismo propio de los fascistas.  Desde el 10 de abril de 1975 (fecha en que cae asesinado el obrero de Acindar, Miguel Angel Lobotti) hasta fines de 1976, son asesinados 17 compañeros de los cuales 10 son obreros de Acindar y uno de Marathon, controlada entonces por Acindar.

    El expediente número 1770 de la CONADEP recoge algunos de los testimonios. Uno de ellos, indica que el 18 de abril de 1975 un FIAT 1.500 y un Ford Falcon ingresaron por el camino de INDAPE (de Acindar, aceros especiales) y rondaron una casa donde se realizaba una peña. A las doce de la noche, se efectuaron varios disparos desde el Fiat 1500 que mataron al diariero Juan Ponce de León y al obrero portuario Viribay Adelaido. El 19 de abril, una marcha de obreros de Acindar sobre el centro de Villa es atacada a balazos, dos cuadras antes de la Plaza, por personal enmascarado montado en autos de la Policía Provincial. La columna obrera había sido seguida por un helicóptero de la Policía Federal, estacionado y despegado desde el helipuerto de Acindar.

    Desde fines de abril del ‘75 la Federal directamente se instaló en Acindar. Tenían 70 efectivos que cumplían guardia dentro de fábrica. Entre ellos se encontraba el oficial principal Mujica que gustaba pasearse por Villa en un Peugeot sin patente, con personal de civil y un “obrero” de Acindar apellidado Ranure masivamente identificado como participante de los secuestros y asesinatos que se hacían desde el momento de la ocupación represiva del 20 de marzo del ‘75. Generalmente lo hacía en un Falcon Rural celeste metalizado que la empresa le había dado para movilizarse. Otro que era muy eficaz, era el Comisario a cargo del servicio de  Inteligencia de la Policía de Villa Constitución, Juan Carlos Rampoldi quien directamente trabajaba en Acindar (lo siguió haciendo hasta bastante después del retorno de la democracia en el ´83) y se encargaba personalmente de las “listas negras”, que aún ahora continúan vigentes.

    Según varios testigos, el Peugeot del oficial Mujica fue visto el 20 de octubre del ´75 cuando secuestraron (después aparecerían muertos) a la abogada De Grandis, a Carlos Ruescas Julio Palacios, estos últimos trabajadores de Acindar. El auto era guardado en un galpón custodiado por los Federales dentro de Acindar. Allí mismo se reparaban los Falcon sin chapa, incluido uno perteneciente a la empresa blindado de color verde  que poseía sirenas y luces de patrullero. Dentro de Acindar no sólo funcionaba el cuartel de la Federal, donde se interrogaba y torturaba a mansalva, también existía un chalet dentro del barrio donde vivían los ingenieros y jefes de la empresa, que estaba en el predio de la fábrica, donde se sometía a tormentos a los compañeros. El chalet fue demolido poco antes del fin de la dictadura.

    ¿ No sería la prueba de estos hechos lo que buscaban quienes se llevaron los archivos de la Conadep aquel 8 de octubre del 84?

    ¿Cómo se puede ser tan hipócrita como para escribir, refiriéndose a los años 1974/76, como lo hace el “distinguido” miembro de la Academia Nacional de Historia y  profesor Félix Luna: “La terapia de intenso trabajo ayuda a superar el reacomodamiento a un clima de normalidad en las tareas de fábrica aunque las actividades gremiales se vean afectadas por los problemas que -debido a su militancia política- afronta la conducción de la U.O.M.?”[17].

    El libro, editado en 1992 (meses después de un lockout para “racionalizar”) presenta un mito fundacional de la empresa que la presenta como “víctima” de los gobiernos “estatistas” que frenaron o impidieron su desarrollo.

    Intentemos entonces un resumen de los reales mecanismos económicos de que se valió la empresa para poner el Estado a su servicio. Toda la historia de Acindar tiene un punto de apoyo esencial en la intervención estatal.

    Con el Operativo del 20 de marzo de 1975 se llegaría al acto culminante pero no final.

    Poco antes de que caiga Isabel Martínez de Perón, Acindar vuelve a lograr un compromiso gubernamental de apoyo irrestricto a la construcción de la Planta Integrada (su viejo sueño “independentista”, dejar de comprarle palanquilla a Somisa): el decreto 218 de enero de 1976 que autoriza su construcción y compromete avales para los créditos externos. El 18 de agosto de 1978 la Planta Integrada fue inaugurada.

    En el paroxismo del intervencionismo estatal de la dictadura militar ponía fin al sueño de Savio del desarrollo independiente. “La industria del acero es la primera de las industrias -había dicho- y constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella siempre seremos vasallos. La Argentina debe producir acero para poder gravitar en el concierto de las naciones concordantemente con su presente y con su futuro” .

    Pero Acindar y Martínez de Hoz no sólo tenían estrechos intereses económicos propios. Tenían clara visión de los intereses de su clase a cuyo sector más poderoso estaban profundamente integrados. Los Acevedo tenían por esos años fuerte participación en el Banco Francés y en la cementera Loma Negra, ampliamente beneficiada con las “obras públicas” dictatoriales del Mundial, autopistas y construcción de vivienda. Martínez de Hoz, por su parte, articulaba los intereses de Acindar con otros grupos económicos de la envergadura de Brown-Boveri, Bract y la Banca Roberts.

    Pero no sólo era su participación directa en los beneficios. Su compromiso y participación en la represión legal e ilegal se asienta en una profunda coincidencia con el proyecto de fondo del golpe del ´76 que proponía matar dos pájaros de un tiro.

    Por un lado, cortar de cuajo el proceso de crecimiento de la movilización, la organización y la conciencia política que desde el ´69 en adelante no solo venía condicionando la cuota de ganancia, sino que ponía en riesgo el mantenimiento del sistema capitalista en la  Argentina.

    Por otro lado, resolver, también por la fuerza política/militar, el viejo conflicto económico entre las distintas facciones de la burguesía que venían pugnando entre sí por imponer uno u otro modelo de “desarrollo” capitalista, uno u otro eje de acumulación de ganancias para la burguesía.

    Lo cierto es, y las consecuencias lo confirman, que no sólo estaba en juego “un eje de acumulación de ganancias capitalistas”; que no sólo se trataba de reemplazar la preeminencia que alguna vez tuvo para la burguesía argentina el mercado interno y por ende las condiciones de vida de los trabajadores y las capas medias de la ciudad y el campo, sino que se trataba de un enfoque más global y profundo de reformulación integral del capitalismo argentino para lo cual hacía falta un nuevo modo de “disciplinamiento” de los trabajadores, puesto que era su lucha por aumentos salariales y mejores condiciones laborales la que ponía en crisis el modelo capitalista vigente (del que Acindar se había aprovechado por más de treinta años, pero que ya no le servía).

    Por ello, no es por casualidad que Martínez de Hoz sería reemplazado en la dirección de la empresa por el General Alcides López Aufranc, al asumir el Ministerio de Economía de la Junta Militar encabezada por Videla. Si Martínez de Hoz iba a ser parte del gobierno que transformaría el país en una cárcel, el General Alcides López Aufranc transformaría la planta industrial en un campo de concentración, de trabajo forzado y disciplina militar simbolizada en la tanqueta que por todos esos años custodiaba la entrada de la planta industrial.

    Y acaso habría que transportarse en el tiempo hasta 1991 para entender cabalmente el concepto. Si en 1978 Acindar inauguró la Planta Integrada, si luego en 1981 absorbe al grupo Gurmendi (que por ese entonces controlaba a las empresas Santa Rosa y a Genaro Grasso) desprendiéndose de cuatro mil seiscientos cuarenta trabajadores (bajó de 12.795 que tenían las cuatro empresas en el 1979 a los 4.300 que reconoce Acindar en el 1992), si se va a beneficiar de todo tipo de exenciones impositivas, avales para créditos,  estatización de deuda privada externa, tarifas subvencionadas de gas y de energía eléctrica; sería con la flexibilización y precarización laboral impuestas en 1991 que cerraría de algún modo el ciclo iniciado un 20 de marzo de 1975[18] .

    El balance empresarial de 1992 informa a los accionistas la reducción de 2.000 operarios en Villa Constitución (de 3.600 a 2.300), con mantenimiento de los niveles de producción anteriores al conflicto del ´91 y una reducción general de gastos del orden del 10% [19].

    Y aún más, la flexibilización impuesta recortó y relativizó la vigencia del Convenio Colectivo e impuso la polifuncionalidad de los trabajadores quedando estos a disposición casi discrecional de la empresa para la tarea, el modo y tiempo de efectuarla, abriendo paso a nuevos niveles de supe explotación generando reubicaciones y despidos masivos.

    Lo que en su momento disciplinó a fuerza de tanquetas, falcón verde y la Gendarmería, ahora se impondría por medio del chantaje más brutal: “aceptación o despido”. Una vez más se adelantaba a su tiempo. Ese mismo discurso extorsivo posibilitaría que meses después se modificara regresivamente la ley de contrato de trabajo, y luego, en 1995,  el Parlamento aprobara la Ley de Flexibilización Laboral a propuesta de Menem para hacer en todos lados lo que Acindar hacía desde el 1991 en sus plantas industriales. Todos estos años, y aún ahora, Acindar ha clamado contra el “costo argentino” al que identifican con el alto costo de su mano de obra.

    En un trabajo elaborado en 1985[20], habíamos logrado establecer que en una hora de trabajo, el “obrero promedio” de Acindar producía un valor equivalente a su salario mensual. En 1989, el economista Julián Lemoine publicó en el desaparecido diario Sur un extenso estudio[21] , donde logra establecer que al 19 de mayo de 1989 el costo de la mano de obra por tonelada de acero producida es de 16.7 dólares con un salario por hora (incluidas primas, insalubridad, peligrosidad, etc.) de 48 centavos de dólar por hora. Esto significaba que la productividad de ese momento era superior un 7 % a la coreana, un 42 % a la brasileña, un 59 % a la japonesa y un 85 % a la norteamericana y que la estructura de costos de la empresa era la siguiente: Incidencia proporcional de cada rubro en el costo final del producto:

    Laborales 23,339 %, Materias Primas Nacionales 21,089 %,  Materias Primas Importadas 15,455 %,  Servicios Públicos 12,968 %,  Costos de producción 3,682 %,

    Costos de comercialización 1,098 % ,  Amortizaciones 9,173 %  -Financiero 13,000 %,

    TOTAL 100,000 %[22]

    Comentando el balance de marzo de 1995, el heredero “del trono”, el Ingeniero Arturo Acevedo -nieto del fundador- explicaba[23], que habían podido superar los problemas de 1991 (los 40 días de huelga en contra de la flexibilización laboral): “De ahí en más, inauguramos una nueva relación con el gremio, de mayor comunicación sobre lo que .había que hacer en la compañía para mantenerla competitiva e insertarse en la región”. A partir de la nueva estrategia, Acindar consiguió aumentar la productividad de la mano de obra de 57/58 mil dólares anuales de facturación por empleado vigentes en 1991 a los 125/128 mil de 1995. Y aún más, se proponen duplicar nuevamente la productividad en un plazo de dos años y medio. Para 1998, cada obrero de Acindar producía por un valor de un cuarto de millón de dólares anuales y seguramente no llegaba a ganar diez mil.

    La proclamada reconversión de la empresa no fue otra cosa que la reformulación de las relaciones laborales, la denominada “tecnología de gestión”, un modo algo sofisticado de la vieja manía de disciplinar a los trabajadores, si en los 70 fue con el Terrorismo de Estado,. en los 90 sería con el miedo a la desocupación y el estimulo a la ideología individualista del “sálvese quien pueda” estimulada “científicamente y con gran inversión de medios por la empresa. La flexibilización impuesta en el  ´91 era la condición para esta estrategia, así como la construcción de la Planta Integrada lo era para la de integración de la década del ´80.

    Recordemos también que Acindar bajó de un total de 12.795 operarios en el momento de absorber Gurmendi, Genaro Grasso y Santa Rosa a 8.195 , ya en 1981, en una primera racionalización; luego volvió a bajar con los regímenes de promoción industrial truchos en San Luis (1985) y con la racionalización de la Planta de la Matanza en 1990 hasta 5.950, que llegó a sólo 4.300 después de “flexibilizar” Villa Constitución en el ´91/´92; a 4.000en el ´95 y proyectan tener apenas 3.000 para el ´96, por la vía de más despidos voluntarios y no reemplazar las vacantes generadas por jubilaciones.

    Se desprendió nada menos que de 10.000 obreros industriales desde el momento de las absorciones/fusiones, pero siguió utilizando gran parte de esa fuerza de trabajo en condiciones de subcontratación y tercerización (con implicancias serias en las condiciones de trabajo y salarios), con lo cual el costo laboral bajó exponencialmente. .

    Está clarísimo que el verdadero “costo argentino” de Acindar ha sido siempre ampliamente favorable y -que como venimos demostrando- no se han privado de ninguna acción del Estado que los favoreciera.[24]

    El Operativo del 20 de marzo de 1975 no había sido la primera ni las últimas de esas intervenciones estatales que tanto le gustan al capital, pero simboliza su punto más alto y significativo: el Terrorismo de Estado como herramienta de acumulación capitalista en estado puro, al desnudo, sin los disfraces que los maquillajes del mercado acostumbrar velar. E ahí la importancia de logar Memoria, Verdad y Justicia para sus víctimas, los trabajadores de Acindar y el pueblo todo de Villa Constitución.


    [1] Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo Cultura Económica, Bs. As., 2007

    [2] conocido como el Zorro de Magdalena, había comandado la represión al Cordobazo en 1969 y es considerado uno de los precursores del Terrorismo de Estado

    [3] El terrorismo de Estado en la Argentina. Osvaldo Bayer, Atilio Borón y Julio Gambina. Ediciones Instituto Espacio para la Memoria. 2010

    [4] todo Estado es institución, parte material del Estado; todo Estado es creencia, parte ideal del Estado; todo Estado es correlación de fuerzas, jerarquías en la conducción y control de las decisiones; y todo Estado es monopolio. El Estado como monopolio, como correlación de fuerzas, como idealidad, como materialidad, constituyen las cuatro dimensiones que caracterizan cualquier Estado en la edad contemporánea”. García Linera, La cuestión del Estado, conferencia brindada en al UBA el 9 de abril del 2010

    [5] ediciones de la Banda Oriental, 2009,  pagina 38.

    [6] de paso, resaltemos que las luchas de los 60 y los 70 eran contra el capitalismo realmente existente por entonces; el anclado en el mercado interno, al que ahora se lo quiere idealizar como el del fifty fifty aludiendo a la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, como si no fuera terriblemente injusto que un puñado de empresarios se quedaran con el 50% de la riqueza y millones de trabajadores con la otra mitad.  Reivindicar el capitalismo de los 70 nos parece incompatible con la reivindicación de los luchadores contra ese capitalismo y por ese capitalismo, exterminados

    [7]http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/militar/plan/plan03.htm

    [8]Gramsci.  Cuadernos de la Cárcel. Notas Sobre Maquiavelo, la política y el Estado Moderno. Análisis de las situaciones. Correlación de Fuerzas  http://www.gramsci.org.ar/8/20.htm

    [9] ahora se sabe que fueron casi 660 las empresas expropiadas por la Comisión encargada de tal propósito por la dictadura, a lo cual hay que sumar el proceso de fusiones y absorciones, que como en el caso de Acindar en el rubro siderúrgico, elevó notablemente el grado de concentración monopólica de la economía argentina.

    [10] la conciencia de la necesidad del cambio revolucionario, la certeza de su posibilidad. Ernesto Guevara: Guerra de Guerrillas, un método. 1963. pagina 3.

    [11] en el sentido gramsciano: aquel intelectual que defiende los intereses de una clase social, más allá de las fracciones o coyunturas.

    [12] Para ello, se propuso demostrar los mecanismos de funcionamiento del nuevo modelo de organización social y sus investigaciones de cuarenta años las expuso en su obra cumbre El Capital.  Siguiendo el método hegeliano, primero analiza conceptualmente el funcionamiento del capitalismo y durante 23 capítulos va de la mercancía al doble carácter de la misma para seguir con el trabajo y su doble condición que le permitirá llegar a desentrañar el origen de la riqueza que no está en el intercambio ni en el comercio sino en la producción misma, en la situación de dominación social que obliga a los proletarios a trabajar un periodo de tiempo mayor al necesario para crear el valor que le será reconocido en el salario. Y de la plusvalía irá por más y más categorías que desentrañen el funcionamiento del mercado en todas sus dimensiones, pero cuando parece que todo está explicado, se para y en el capitulo XXIV dice lo siguiente:  “El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de Africa en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista….En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el “trabajo” fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de “este año”. En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos… antes había afirmado que “el capital viene al mundo chorreando barro y sangre” y más adelante afirmará que la violencia es la partera de la historia en un significado mucho más complejo y profundo que la vulgata reaccionaria ha tratado de asignarle. Marx, C (1871)

    [13] La burguesía británica, de larga estadía en el Río de la Plata, llegó con la invasión de 1806, y alcanzó hegemonía imperial, reemplazando al Reino de España desde finales del siglo XIX hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

    [14] El keynesianismo, el “estado de bienestar”, eran la respuesta burguesa al desafío de los trabajadores en Occidente y del ejemplo de los países socialistas que mostraban otro modo de enfrentar la reconstrucción post bélica y un nivel de distribución de la riqueza y de atención a las necesidades populares que debió ser contemplada por los estados capitalistas. Pero no bien, el socialismo de Estado se desmoronó, comenzó la demolición del Estado de Bienestar de la mano del neoliberalismo de la Thatcher, Reagan y el resto del mundo.

    [15] Todo este acápite está basado en “Tito Martín, el Villazo y la verdadera historia de Acindar”, ediciones Manuel Suarez, 2004, del autor y en

    [16]Tito Martín, el Villazo y la verdadera historia de Acindar”. 2da edición. 2004. José Schulman

    [17] Del libro «Acindar 50 años en el país y el mundo» encargado a Félix Luna y distribuido gratuitamente a los miles de trabajadores de la empresa

    [18] El abogado de Acindar en las conversaciones ante el Ministerio de Trabajo cuando el conflicto con los trabajadores por la flexibilización laboral fue nada menos que el hijo de Jorge Rafael Videla (¿puede extrañar a alguien?), que aún continúa en funciones (o habría que decir “misión”?).

    [19] Suplemento «Empresas y protagonistas» de Clarín del 21 de agosto de 1.992. Análisis del Balance anual. página 3.

    [20] Acindar, una empresa del proceso». de José Schulman. página 28.

    [21] Suplemento del diario Sur del 30 de mayo de 1989. Costos Laborales y ganancias empresariales de Julián Lemoine Informe Nº 4 : Siderurgia, metalurgia y electricidad.

    [22] Ídem Julián Lemoine.

    [23] Diario Clarín del 6/8/95. Suplemento Económico. Página 10

    • [24]Utilización del crédito internacional con avales del Estado. Asunción por parte del mismo de dicha deuda mediante el mecanismo del seguro de cambio. Monto de la deuda externa: 652.193.000 dólares, subsidio del 64.8 %. Cavallo prácticamente la estatizó en 1981 cuando estaba al frente del Banco Central y Alfonsín lo consideró “cosa juzgada” en 1984 asumiendo prácticamente el pago de la misma. Dicho de otro modo, la Planta Integrada y subsiguientes mejoras fueron construidas con dineros públicos. No sólo consiguió quebrar el monopolio estatal que Savio había soñado para la producción de acero, sino que consiguió que el mismo Estado (el suyo, ¿no?) se lo pague. (Todo lo que Ud. quería saber sobre la Deuda Externa. Alejandro Olmos)
    • Beneficios de los regímenes de promoción industrial. Recibió exenciones impositivas por la construcción de la Planta Integrada (monto 251 millones de dólares, aprobado en enero del ´75); por la ampliación de la planta de hierro redondo y alambrón (monto 40,4 millones de dólares, aprobado en enero de 1983); por la instalación de 12 empresas en la provincia de San Luis las cuales, por 16 años, gozaron del beneficio de no pagar I.V.A. ni por las compras ni por las ventas. Lo más cómico del asunto es que durante ese lapso haya exigido subsidios para integrar su producción y concentrarla geográficamente.
    • Gozó de créditos del BANADE (debía 231 millones de dólares a fines de 1987 que pasaron a menos de 118 millones de dólares en 1988 sin haber pagado casi nada); y de avales del Tesoro Nacional por 148, 256 millones de dólares recibidos del siguiente modo: el 9/ 1/76: 81.103 millones de dólares; el 9/1/78: 27.695 millones de dólares y el 5/6/78: 39.728 millones de dólares. Con esos dineros, durante años hizo importantes diferencias en la “bicicleta financiera”, tal como lo muestra el balance de la empresa de 1985 que revela una ganancia (expresada en pesos de entonces) de 4.446,40 millones, de los cuales 867, 5 millones corresponden a “actividades productivas (es decir, al trabajo no retribuido de los trabajadores, los cuales producían en una hora, el equivalente a su salario mensual y continuaban trabajando a ganancia de la empresa el resto del tiempo) y, nada menos que 3.378,8 millones a “utilidad no operativa” eufemismo técnico que esconde la vulgar bicicleta o especulación financiera típica de la burguesía argentina en aquellos tiempos (Balance Anual presentado a la Bolsa de Comercio correspondiente al año 1985).

  • El debate sobre Papel Prensa.

    La izquierda entre la entomología y el pensamiento crítico

    o el retorno de la tesis XI de Marx sobre Feuerbach.

    En memoria de

    Luis Canalis

    que me comprometió

    a pensar con cabeza propia

    siempre.

    Como parte de un enfrentamiento que se blanqueó en el 2008, con motivo del conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, pero que se remontaba al modo de resolver la crisis de diciembre de 2001, y aún más, posiblemente a los finales del ciclo de golpes de estado (1930/1983), la presidenta presentó el informe “Papel prensa, la verdad” que considera la compra de las acciones de la empresa Papel Prensa en manos del grupo Graivier por parte de los diarios Clarín, La Nación y el desaparecido La Razón (“heredado” por el mismo grupo Clarín) como parte del accionar del Terrorismo de Estado, por lo tanto delitos de lesa humanidad pasibles de ser investigados y castigados…

    Ante la denuncia, y el enfrentamiento con el grupo Clarín, la Nación y la oposición parlamentaria de derecha, una parte de la izquierda vuelve a asumir la postura que tuvo ante otros momentos, pocos lamentablemente, en que el gobierno nacional asume alguno de los reclamos históricos de las fuerzas populares y de izquierda o se hace cargo, siempre a su modo –obviamente- de fragmentos del discurso histórico de la izquierda.

    Como si no fuera un sujeto político, y por lo tanto obligado a tomar partido, definirse, asumir posiciones de impulso o rechazo de las propuestas de otros sujetos políticos (que eso es el kirchnerismo), agarra la lupa y examina detalladamente los gestos o las palabras, sean estas la 125, la asignación que el gobierno llama universal, la estatización de las Gestoras Privadas de las Jubilaciones o Aerolíneas, la Ley de Medios, el modo en que se celebró el Bicentenario, el impulso a la integración latinoamericana tras la derrota del Alca (enterrado en Mar del Plata, como dijo entonces el Comandante Chavez), etc. y ahora el informe “Papel Prensa, la verdad”.

    Descubre entonces, y lo proclama como si fuera un gran descubrimiento, que el Kirchnerismo expresa un proyecto político de relanzamiento del capitalismo argentino, hundido en el más hondo de los pozos por la crisis del 2001 que siempre conviene tener como referencia real del presente político, que pretende representar el ciclo de bonanza burguesa proveniente de la sojización del agro, de la reprimarización de la economía en condiciones excepcionales de valorización de los comoditties producidos en la Argentina por la demanda de economías emergentes como la China o la brasilera; y que para lograr su objetivo de darle estabilidad al ciclo burgués de desarrollo y representatividad a los millones que dejaron de creer en la vieja política hundida con la experiencia menemista y de la Alianza, disputa al interior del bloque de Poder con otros proyectos políticos, con menos voluntad de autonomía relativa en las relaciones internacionales y menos dispuestos a la heterodoxia con el modelo neoliberal en su formato clásico, y ya fracasado, digamos de paso.

    Aplica la lupa sobre la resolución 125 y sólo ve el objetivo de financiar la gobernabilidad y pierde de vista el debate sobre el papel del Estado en la economía; la mueve hacia la estatización de los fondos jubilatorios o Aerolíneas y sólo ve la maniobra empresarial de correrse de empresas inviables o cuasi fundidas y no ve la ruptura con el discurso que empezó Videla de “achicar el Estado para agrandar la Nación”; mira hacia la llamada asignación universal y encuentra que quedan fuera de ella miles o cientos de miles de niños y no ve el  retorno de un clásico del modelo de acumulación peronista que es aumentar la demanda por medio de acotadas y controladas formas de ampliación de la parte de la riqueza que va a parar a manos de las clases subalternas como alguna vez hiciera con el aguinaldo o el Estatuto del Peón Rural; examina Unasur, el proyecto del Banco del Sur o la condena al golpe de Honduras y lo caracteriza como formas burguesas de integración en las que se favorecen los sectores más concentrados y poderosos de la economía en el aumento del comercio regional y no ve el ocaso de la O.E.A. que ni siquiera propiciando el retorno de la Cuba expulsada en los 60, y por eso denostada por Fidel como el Ministerio de Colonias de los EE.UU. para América Latina, se salva de una lenta muerte que dificulta el ejercicio de la hegemonía yankee en la región.

    Y ahora, ante el informe Papel Prensa, casi como lo hizo con el debate sobre la Ley de Medios, solo ve en el discurso y los gestos gubernamentales la intención de construir su propia capacidad de hegemonía cultural por medio del monopolio mediático.

    Immanuel Wallerstein, un excelente historiador y pensador norteamericano contemporáneo, ensayó alguna vez un ejercicio teórico que bien nos viene al caso en debate; decía él que si uno observa, con una lupa si así quieren, el Río de la Plata entre 1806, año de la primera invasión inglesa y 1816, año de la proclamación de la Independencia Nacional, pensaría que está ante un proceso de liberación nacional; pero si amplía el periodo de tiempo y lo extiende hasta 1896, es decir que si uno examina el Río de la Plata entre 1806 y 1896, difícilmente crea que hubo un proceso de liberación nacional sino el reemplazo de una hegemonía imperial, la española por otra, la inglesa y el paso de una forma de dominación, la colonial a la neocolonial.

    Es que para entender el sentido verdadero de los fenómenos sociales no sirven la lupa o la maquina de fotos, hace falta pensar en proceso históricos prolongados que no pueden representarse por una foto sino más bien por la técnica cinematográfica que puede mostrar en sucesivas imágenes transformaciones sociales que requieren de largos periodos.

    Por ejemplo, puestos a reflexionar sobre el informe Papel Prensa, yo prefiero empezar por señalar una contradicción insalvable para el régimen político argentino, la llamada democracia representativa y para el pensamiento liberal en cualquiera de sus formas, incluidas las más avanzadas, y es el tema de la continuidad jurídica de los actos de las gobiernos de facto, dictaduras que siempre fueron cívico militares, en los gobiernos electos bajo la forma constitucional.

    El 6 de setiembre de 1930 se produjo el primer golpe de Estado, se tumbó a un gobierno electo bajo formas constitucionales, el de Irigoyen, y se lo reemplazó por uno impuesto por la asonada de setiembre.  La tradición liberal había proclamado cien años que nada legal puede surgir de un acto ilegal, sin embargo puesto ante la disyuntiva, la Corte Suprema de entonces decidió considerar legítimos los actos de aquel gobierno no electo constitucionalmente y de allí para aquí, cada vez que una dictadura concluía su misión o fracasaba en ella y debía abandonar precipitadamente el gobierno, el electo constitucionalmente que lo sucedía proclamaba la “continuidad jurídica” de los actos consumados por el gobierno ilegal que le antecedía y en todo caso, retocaba una que otra ley.

    También ocurrió así al terminar la última dictadura militar y así fue que no solo nos quedó de regalo la llamada Ley de Medios, que felizmente ha sido reemplazada por una discutida parlamentariamente, sino que también heredamos la Deuda Externa contraída por la dictadura para sus proyectos represivos y de gobierno así como la contraída por empresas, por caso la metalúrgica Acindar que tenía como director a un señor que llegaría a Ministro de Economía y se llama Alfredo Martínez de Hoz; la liquidación de la legislación laboral, que aún no ha sido repuesta del todo, y una batería de leyes/decretos de la Junta Militar que liquidaron cien años de conquistas laborales y sociales.

    Entonces, lo primero que se me ocurre decir ante el informe Papel Prensa, es que no solo la compra de las acciones del grupo Graivier por Clarín es ilegal por haberse realizado bajo coacción dictatorial, sino que es ilegal la Deuda Externa y toda la labor pseudo legislativa de la llamada Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que reemplazó al Parlamento.

    Impulsemos entonces la investigación de la apropiación de Papel Prensa por el grupo Clarín y la familia Mitre, pero también pongamos bajo la lupa la deuda externa y declaremos nulas, por origen dictatorial todas las medidas impulsadas por la dictadura, aprobadas por la CAL, que aún perduran de manera pura o modificada.

    Lo segundo que se me ocurre decir ante el debate abierto sobre Papel Prensa es que se confirma una de las hipótesis centrales del pensamiento marxista, contenida en su obra cumbre El Capital: la idea de que el proceso de acumulación capitalista transcurre por mecanismos económicos, que tienen su eje en la extracción de plusvalía o la imposición al trabajador asalariado de una jornada que excede la necesaria para crear el nuevo valor que le reconocerán en el salario, pero que siempre intervienen “mecanismos extra económicos” que constituyen el principal modo de acumulación originaria como genialmente escribió Marx en el capitulo XXIV del Tomo 1 de El Capital:  “El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de Africa en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista….En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el «trabajo» fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de «este año». En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos…” antes había afirmado que “el capital viene al mundo chorreando barro y sangre”.

    ¿Y cuál es el origen de la propiedad privada de la tierra, el origen de las grandes estancias cuyos dueños formaron la Sociedad Rural en 1866, sino el exterminio de los pueblos originarios y la conquista del llamado desierto que despobló Roca con su Campaña genocida?

    ¿Y no es espurio el origen de la propiedad de Y.P.F./Repsol, de las empresas telefónicas, de los ferrocarriles privatizados y en general de todas las empresas surgidas por la rapiña menemista de los 90?, claro que sí; vamos pues a recuperar las acciones de Papel Prensa de las manos manchadas con sangre de los Magnetto y los Mitre, y vamos también a recuperar las acciones de todas las empresas privatizadas manchadas con la misma sangre; nuestra sangre, digo, la sangre de nuestros treinta mil compañeros desaparecidos.

    Porque el debate sobre Papel Prensa nos tiene que permitir superar la falsa imagen de que “hubo una dictadura militar que tuvo cómplices civiles”, como si éstos hubieran sido socios menores del Genocidio y entender, de una vez por todas, que un Genocidio es justamente el exterminio de un grupo nacional para reorganizar radicalmente un país en beneneficio de un «grupo nacional», de un conjunto de sectores y fuerzas militares, grupos económicos, intelectuales, comunicadores, religiosos, políticos y sindicalistas, constituidos en un bloque de Poder al que es al que hay poner en el banquillo de los acusados en los juicios por los crimenes del Terrorismo de Estado y en el debate cultural hacia los sectores más dinámicos de la sociedad para ir hasta el fin de la lógica que insinúa, acaso sin saberlo siquiera, el informe Papel Prensa.

    Los intelectuales de derecha, no importa si son abogados defensores de las grandes empresas y de los genocidas o comunicadores, o políticos, o ejecutivos de las grandes empresas extranjeras o nacionales, comprenden o intuyen lo que están en juego y asumen una posición de clase admirable: cierran filas en torno a Clarín ya que temen lo que vocifera Lilita (¿que le habrán visto de atractivo político algunos compañeros?): “si cae Clarín, caemos todos”.

    Difícil que sea para tanto, pero conviene recordar que uno de los cambios que trajo la década neoliberal fue en la composición del bloque de Poder, en la correlación de fuerzas entre sus componentes y en el rol fundamental que la comunicación adquirió en la dominación. No será el fin del Poder real, pero seguro que un fuerte contratiempo para ellos.

    No somos ingenuos pero tampoco nos subimos al primer colectivo que pasa levantando la bandera de “abajo el gobierno”, o en este caso, “son todos iguales, que los juzguen a todos” en un remedo demasiado parecido a la Teoría de los Dos Demonios

    Es que nosotros aprendimos en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que el Genocidio como momento fundacional del neoliberalismo resolvió dos tareas al mismo tiempo: debilitó seriamente al movimiento obrero y popular, a los proyectos transformadores que pugnaban por la Patria Socialista, y por eso los desaparecidos, los centros clandestinos, las cárceles, las listas negras en las empresas, el exilio, el apagón cultural , etc. pero también abordó la cuestión de golpear, y no solo económicamente, al sector burgués que había apostado al desarrollo del mercado interno con Gelbard y la C.G.E. (la Confederación General Económica, que en los 60 alcanzó gran desarrollo y representación de vastos sectores medios) que propugnaba otro modelo de desarrollo capitalista, con más importancia del mercado interno y con más autonomía de los centros del Poder Mundial, no importa lo ingenuo o impracticables que hoy nos resulten tales planteos burgueses/setentistas.

    Luego del anuncio de la Corte Suprema del carácter irreversible de los juicios por delitos  de lesa humanidad, y sobre todo luego del Informe Papel Prensa, Clarín, La Nación, Ámbito Financiero y sus reproductores audiovisuales han lanzado una campaña virulenta tratando de reinstalar la teoría de los Dos Demonios y un discurso del tipo: “bueno, ya que va a haber juicios, que sean contra todos, y que también sean juzgados los subversivos” (Moreno Ocampo, Gil Lavedrar y otros en La Nación del 14/08/2010) que ahora se potencia, y que lamentablemente  es ayudado desde algún discurso de izquierda, que cómo acerca tanto la lupa, solo ve disputas entre grupos de poder, olvidando que los grupos económicos que quedaron al lado de la dictadura fueron los de Clarín y los Mitre y que los Gelbard, los Graivier y otros como ellos, fueron expropiados, algunos presos y otros obligados al exilio.

    Si alejamos la lupa, entonces veremos que se consumaba un cambio de modelo de acumulación o de régimen de plusvalía o de modelo de desarrollo capitalista y el afirmar que todos eran y son iguales, solo enturbia el entendimiento de lo que realmente ocurrió y de lo que hoy está en disputa.

    Es que asumir de raíz la tradición del pensamiento crítico en la que nos formamos requiere volver al debate de Marx con Feurbach acerca de los deberes del bien pensar;  los que eligen la lupa para mirar los proceso sociales no solo le erran en el instrumento científico de observación, también se ponen del lado de los que solo les interesa comprender el mundo y la realidad, cuando de lo que se trata decía el viejo Marx, es de transformarlo, y para ello hay que meterse en el barro de la realidad para impulsar iniciativas propias, de construcción de subjetividad popular y de constitución de un sujeto que solo será en la lucha real, combatiendo contra los enemigos reales porque nunca el camino de la liberación fue una ancha avenida por donde se avanza rauda y recto; más bien todo lo contrario, en medio de miles de curvas y desvíos, se hace camino al andar.

    Y en esa senda nos encontrarán.



  • 1.       La Liga Argentina por los Derechos del Hombre entiende su participación en los juicios contra los responsables del Genocidio sufrido por el pueblo argentino como una continuidad histórica de su lucha por la libertad de los presos por causas políticas y las víctimas de la represión estatal, lucha que arranca en la Década Infame (los 30 del siglo XX) y que hemos mantenido en todos los periodos transcurridos desde entonces, bajo todas las dictaduras y en todos los periodos constitucionales de gobierno.  Los nombres de Teresa Israel y Baldomero Valera, desaparecidos por la última dictadura, y de Freddy Rojas, asesinado en el periodo institucional abierto en 1983, son prueba incontrastable de nuestra coherencia entre la teoría y la práctica, entre el decir y el hacer; coherencia que procuramos defender en estos días en los juicios testimoniando, querellando, construyendo voluntad colectiva para vencer la impunidad.

    2.       Desde nuestra fundación en 1937 hemos procurado comprender los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad. Perspectiva que no sólo reclama pensar todos los derechos a los cuales los seres humanos deben acceder, sino entender que la vigencia de ellos sólo se verifica cuando se accede a todos los derechos para todos.  Puesto que los derechos humanos son inescindibles, si alguno de ellos o un grupo de ellos queda fuera del alcance social, no hay vigencia real de los derechos humanos. Por ello, nos esforzamos para no fracturar la lucha contra la impunidad histórica como parte de la lucha contra todas las impunidades y todas las violaciones a los derechos de los pueblos. Así, en el último periodo hemos sido parte, y lo seguiremos siendo hasta que se cumpla el reclamo, de los que piden aparición con vida de Julio López y el esclarecimiento de todas las amenazas contra luchadores sociales y por los derechos humanos, contra las torturas y el gatillo fácil, por el derecho a la vivienda digna y el cese de toda discriminación por etnia, religiosidad, género, orientación sexual, identidad de género o convicción ideológica, entre otros muchos campos de disputa. La historia del capitalismo argentino y latinoamericano confirman la idea de que capitalismo y derechos humanos son incompatibles y le dan horizonte político de nuevo tipo al sueño de todos los derechos para todos (consigna de la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado) tal como lo entienden los pueblos que siguen el camino de la lucha por un Socialismo del Siglo XXI que sea coherente con esa historia de lucha, con las culturas originarias y con las conquistas democráticas de nuestros pueblos; todo lo cual nos lleva a resaltar el derecho de  los pueblos a la autodeterminación, acaso hoy el más urgente y peligroso para el Imperio y sus cómplices locales.

    3.       Valoramos altamente los juicios en curso porque fueron conquistados por la lucha popular y para llegar a ellos tuvimos que vencer la política y el discurso de la dictadura militar, de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y las limitaciones de las políticas impulsadas en el actual período.  Así, enfrentamos y vencimos, como parte del amplio y plural espacio social y político que luchó por ello, el discurso dictatorial de que los desaparecidos estaban fugados en Europa o el Caribe o muertos  y su política de auto amnistía; el discurso de los Dos Demonios y las leyes de impunidad de Alfonsín, el discurso de pretendida reconciliación nacional y los decretos de indulto a los pocos condenados en el juicio a la Junta Militar y los que aun tenían causas abiertas, los decretos de De la Rúa que impedían extraditar a los represores para que fueran juzgados en España dado que en la Argentina reinaba la impunidad y los intentos de Duhalde de impedir los juicios que ya estaban en curso para el 2002.  Fuimos parte de los que conquistaron la anulación de las leyes de impunidad y la decisión de la Corte Suprema correspondiente, que posibilitaron la reanudación y/o apertura de juicios contra los genocidas y hoy actuamos como querellante en más de cuarenta causas en instrucción en casi todo el país y en los juicios orales que se están sustanciando en estos días en Santa Fe, Santa Rosa La Pampa, Resistencia Chaco, La Plata Pcia. de Buenos Aires y los que se llevan adelante en los tribunales de Comodoro Py en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como antes actuamos en los de la causa Campo de Mayo ante los tribunales de San Martín.

    4.       En estos años hemos tenido que superar también la complicidad del Poder Judicial que fragmentó las causas hasta límites grotescos (se llega a juicios orales por una compañera o compañero y contra un represor), permitió toda clase de maniobras políticas disfrazadas de acciones jurídicas que frenaron y retrasaron las causas teniendo dicha acción un punto de referencia en la Cámara Nacional de Casación, que en diciembre de 2008 pretendió hacer estallar todo el proceso con su decisión de liberar a represores célebres como Astiz, Acosta y otros.  Con la toga de la “normalidad procesal” han limitado los juicios, y también hemos debido vencerlos en ese terreno.  A pesar de los reclamos del movimiento de derechos humanos, que el propio presidente de la Corte Suprema acaba de recordar y reconocer, tampoco el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron con su deber de ordenar, planificar, financiar adecuadamente y garantizar la difusión pública que los juicios ameritan.

    5.       A pesar de todo ello, si nos posicionamos para el análisis desde una perspectiva histórica, de proceso de luchas sociales, y consideramos los magros logros de otras experiencias de lucha contra la impunidad (como las de Chile o El Salvador) podemos considerar que nuestra lucha ha superado el límite que los represores y el Poder real estaban dispuestos a soportar en este terreno y han transformado los juicios en una gran victoria contra el Olvido y la Impunidad.  De allí la furibunda campaña por la impunidad que impulsan Duhalde, Macri, Carrió y otros referentes de una derecha que sabe, que si no detienen los juicios, estos terminarán cuestionando su legitimidad histórica y la de su amo imperial que inspiró y respaldó el Genocidio al tiempo que fingía un discurso de derechos humanos que hoy pretende renovar contra los procesos populares de cambio latinoamericanos.  La prensa que inspira y sostiene a la derecha, trata de ocultarlos, minimizarlos, banalizarlos y de instalar –aprovechando cualquier excusa- la idea de que los juicios son incompletos porque solo juzgan a uno de los contendientes, apelando a la teoría de los Dos Demonios y dando crédito al  discurso de los jefes del Genocidio, que éstos son juicios políticos, de venganza contra quienes “salvaron la patria del comunismo”

    6.       En ese marco, el anuncio de la Corte Suprema de seguir adelante con los juicios sin importar los cambios que haya en el gobierno nacional, constituye la expresión de un clima social que se expresó en ocasión del Bicentenario y marca un nuevo tiempo para el movimiento popular en la Argentina, que tiene en la convicción de no conciliar con la impunidad, uno de sus puntos más fuertes.

    7.       La etapa actual de la lucha es por ampliar los juicios en el sentido de sentar en el banquillo de los acusados a los representantes de los grupos económicos, de los medios de comunicación, a los diplomáticos, a los intelectuales y comunicadores, etc. que formaban parte del bloque de poder al momento de tomar la decisión de arrasar al movimiento popular por medio del Terrorismo de Estado, para lo cual comprender el contexto histórico y entender lo ocurrido como un Genocidio sería de gran contribución. Se impone, también, acelerarlos por medio del camino de la unificación de las causas, la designación de tribunales de instrucción que trabajen en exclusividad en estas causas, la multiplicación de Tribunales Orales que emprendan la tarea de llevar a juicio las causas que ya han sido completadas, etc.; lo cual sería  un modo simple y concreto de luchar contra la “estrategia Pinochet”, aquella que se plantea demorar sin límite los juicios de modo tal que los represores mueran acusados pero sin condena, impunes judicialmente a pesar de la condena social que ya cargan

    8.       En este marco, no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas se quebraron y fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre y que fuera uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por las acciones características del Terrorismo de Estado.  Una vez más, corresponde señalar que como organismo de derechos humanos, es a éste, al Terrorismo de Estado, a quien juzgamos y no a sus víctimas o a sus acciones cometidas luego de la captura, no importa lo desgraciadas y repugnantes que nos resulten.  Desde el momento en que el Estado los capturó, es el Estado el responsable de su suerte y de sus acciones; de haberse  cometido delitos en el curso de estas acciones impuestas, directa o indirectamente por el Terrorismo de Estado, las mismas no pueden ser achacadas a quienes fueron, al menos inicialmente, víctimas del Terrorismo de Estado, sino a sus  inspiradores, organizadores, ejecutores y beneficiarios quienes deben ser considerados penalmente responsables de tales actos.  Ningún delito debe quedar impune, pero jamás avalaremos la teoría de los Dos Demonios, teoría que se beneficia notablemente de la pretensión de juzgar a aquellas personas que por su condición militante fueron capturadas por el aparato estatal, más allá de que en el transcurso del drama vivido hayan perdido –algunos de ellos- los atributos que distinguieron a la generación del 70 y distinguen desde entonces a la mayoría de los sobrevivientes que han dado una conmovedora batalla por la verdad y son la base fundamental de la acusación contra el genocidio. Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados, equiparándolos a los jefes y perpetradores del Genocidio, no solo es jurídicamente insostenible (pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante, sino que presume que en aras de la supervivencia los individuos realizarán cualquier acción, resultando por tal estado de necesidad (de vuelta, jurídicamente hablando) inimputables) sino políticamente muy peligroso pues deja de cuestionar al Estado que organizó el Terrorismo para poner la mira en las limitaciones del movimiento popular, que eso eran los quebrados por la dictadura: muestra de nuestras debilidades como sujeto en busca de la libertad y castigados sin piedad por el bloque de  poder real.

    9.       Por principio, desde nuestra fundación en 1937, no somos partidarios de resolver los problemas del campo popular ante los estrados de la Justicia; así hemos actuado siempre y así será.  Los debates sobre las conductas colectivas de las organizaciones, e individuales de los militantes, bajo la dictadura, son debates que venimos haciendo desde el momento mismo de los hechos y que deberán seguir haciéndose en ese plano, no con el ánimo inquisidor de “descubrir el traidor” sino con el espíritu guevarista de aprender de las derrotas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar.  Y no es un debate académico: la imposición de un gobierno títere de los EE.UU. por medio de un golpe de Estado en Honduras nos obliga a discutir cómo impedir que los planes imperiales de hacer tabla rasa con todos los cambios, grandes y pequeños, que ha habido en América Latina.  Los que transforman todo debate en un debate oposición/oficialismo pareciera que no han aprendido nada de la historia política argentina y parecieran ignorar la presencia de una derecha fascista que busca incansablemente su oportunidad para revertir los juicios, el modo que se construye la memoria y todos aquellos pasos que molestan al Poder Real como la integración latinoamericana o la Ley de Servicios Audiovisuales.

    10.    Queremos ser sinceros y contundentes: no es un Tribunal Oral de este Poder Judicial, que en alguna medida y más allá de los cambios positivos que no hemos dejado de señalar, puede pensarse como heredero y continuador del que avaló y acompañó la dictadura y la impunidad, el ámbito adecuado para discernir problemas tan complejos y delicados como la conducta de los militantes ante los torturadores o la de sus organizaciones en el momento histórico.  Y, si bien no igualamos conductas, ya que no todos los que entraron siendo militantes populares mantuvieron esa condición tras la captura y la tortura, no admitimos que se considere que es este poder judicial, o son estos Tribunales, los que tienen los atributos morales para juzgarlos.  Nunca hemos hecho culto de la Justicia en abstracto ni lo haremos ahora puesto que hemos luchado toda nuestra existencia por superar los límites del Derecho a través de algunos aportes nada desdeñables (caso Ingalinella, caso Inés Ollero, caso Floreal Avellaneda, caso Echecolatz, etc. etc.) para la lucha política por un nuevo sentido común jurídico que empieza a expresarse en las condenas contra el Terrorismo de Estado que no sólo reconocen la pre existencia de un Plan Sistemático sino que hablan de su planificación y ejecución en el marco de genocidio. Identificando sus límites, reconocemos estos juicios como un espacio de combate contra la impunidad y el olvido, para reivindicar los compañeros y construir una mirada sobre nuestra historia que nos haga entender el rol fundante del Terrorismo de Estado sobre el modelo capitalista neoliberal que aún nos agobia,  procurando aportar para que se llegue a la condena de todos los genocidas por todos los compañeros victimizados.

    No confundir las etapas de la lucha es acaso la primera exigencia para los que aspiran a la victoria y nosotros queremos derrotar la impunidad y sus defensores, para que la democracia y la lucha por todos los derechos para todos en la Argentina tengan futuro.

    Buenos Aires, 24 de agosto de 2010

    Liga Argentina por los
    Derechos del Hombre

    Asociación civil fundada en 1937,

    integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos,

    con sede central en Corrientes 1785 2º C y presencia militante

    en  la Capital Federal y el Gran Buenos Aires;

    y las provincias de  Santa Fe, Córdoba,Tucumán,

    Catamarca, Jujuy, Chaco, Corrientes, Formoza,

    Entre Ríos, La Pampa,  Mendoza y  Buenos Aires

  • Ángel Bel, los comunistas  y la masacre de Trelew

     

    Ángel Bell, los comunistas  y la masacre de Trelew

    Algunos documentos poco conocidos sobre lo ocurrido

    La masacre de Trelew figura por derecho propio entre las paginas más significativas de la historia del Terrorismo de Estado en la Argentina. El asesinato de un grupo de compañeros fugados de la cárcel de Rawson, recapturados y fusilados a mansalva por la Marina es lo suficientemente conocido como para que yo vuelva a contarlo; pero hay algunos datos sobre la participación de los militantes comunistas de la zona en los hechos, y de la conducta de la dirección nacional del Partido Comunista, que son poco conocidos y estimo de interés socializar dicha información.

    Elvio Ángel Bell

    Al atardecer del cinco de noviembre de 1976, en pleno centro de Trelew, Elvio Ángel Bell fue secuestrado por un grupo de tareas. Con él fue secuestrado su hijo Pablo de apenas 8 meses quien fuera abandonado en el campo por los secuestradores y salvado de una muerte segura por dos trabajadores rurales que lo llevaron con sus familiares, por esa acción fueron castigados por la dictadura.

    Ángel había nacido en Entre Ríos, vivido en Buenos Aires, era un militante comunista y uno más de los tantos que en los comienzos de los sesenta veían en la Patagonia una posibilidad de trabajo y desarrollo individual.  Era maestro pero en Rawson trabajó en el rubro textil, destacándose rápidamente en la actividad social y política hasta ocupar un lugar en la dirección zonal del Partido Comunista.

    Cuando la dictadura militar fascista de Onganía (impuesta en 1966) se vio acosada por las luchas obreras y populares: Cordobazo, Rosariazo, Marcha del Hambre, crecimiento de la C.G.T. de los Argentinos, etc. y pasa a una represión masiva decide transformar una vieja cárcel de Rawson en un campo de concentración de militantes populares y revolucionarios.  Allí llegan entre otros Agustín Tosco, Roberto Quieto y Roberto Santucho, figuras principales del sindicalismo clasista, la izquierda peronista que se agrupaba en Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores/Ejercito Revolucionario del Pueblo, respectivamente.

    La dictadura confiaba en que la distancia (y el control casi absoluto sobre la comunicación y el transporte) alcanzaría para hacer de la cárcel una prisión de aislamiento absoluto.  Pero la historia fue distinta, los familiares de los presos políticos comenzaron a viajar (entre ellos iban los abogados y militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y a relacionarse con el movimiento popular de Rawson que asumió con toda dignidad la tarea que éstos le plantearon: visitar a los compañeros en los periodos donde no llegarán familiares para garantizar la comunicación entre las organizaciones revolucionarias y los prisioneros. El establecimiento penitenciario contemplaba la figura de “representante” de la familia y esa rendija legal fue la que aprovecharon los compañeros.  Sabemos que al menos durante un tiempo, Ángel Bell asumió el rol de “representar” la familia de Santucho y visitaba al dirigente revolucionario en la cárcel cada jueves que se necesitaba.  Justamente los jueves, día de visita en Trelew, día de marcha de las Madres años después.

    Junto a Mario Amaya y otros dirigentes populares, Ángel impulsó y formó parte de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos que se constituyó y actuó en toda la zona: Puerto Madrin, Rawson y Trelew.  Tanto molestaba la Comisión que tres meses después de la fuga y de la masacre, los grupos de tareas asaltan la población y se llevan detenidos a la Capital Federal a un grupo de compañeros entre los que se cuentan Bell y Amaya tal como lo relata Tomás Eloy Martínez en su La Pasión según Trelew y lo recordaba en La Nación del siguiente modo: luego de repasar los hechos del 22 de agosto destaca que hay otro hecho que ha caído en el injusto olvido y Es el alzamiento de toda la población de Trelew contra el poder militar que el 11 de octubre arrestó a dieciséis vecinos de la ciudad y los trasladó al penal de Villa Devoto sin explicación alguna. Los habitantes decidieron declararse en estado de comuna y rebeldía para exigir que les devolvieran sus presos. Las manifestaciones duraron tres días y no se acallaron hasta que regresó el último””

    ….Fui testigo de la rebelión popular con que los habitantes respondieron al allanamiento de un centenar de casas y a la detención de dieciséis ciudadanos de todos los signos políticos, en su mayoría apoderados de los presos. Hubo una huelga general, desautorizada por el sindicalismo, afín entonces al gobierno militar. Dos manifestaciones salieron de la plaza principal hacia los barrios más pobres, donde se movilizaron otras siete mil personas. Los abastecimientos, la limpieza, la medicina y hasta las canciones fueron socializadas por aquellos buenos burgueses que sólo querían vivir en paz y a espaldas de la política.”

    “Un triste amanecer tuvo la zona el miércoles pasado cuando la población de Trelew, Rawson y Puerto Madrin pudo observar y en muchos casos sufrir en carne propia un operativo ordenado por el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca, que realizó allanamientos, detuvo ciudadanos y ciudadanas de la zona y paralizó prácticamente la actividad de la región, produciendo alarma y temor en el pueblo que no acertaba a explicarse las razones por lo ocurrido”, expresaba el diario El Chubut en la edición del 13 de octubre de 1972.

    Un comunicado militar argumentaba que el operativo se había ejecutado para “garantizar el orden y la seguridad pública perturbada por el accionar de elementos vinculados con actividades subversivas”. Por más que dieron vuelta armarios, roperos y bibliotecas en la búsqueda de algún arma no se toparon con nada que oliera a pólvora. Como prueba del “delito”, a Encarnación Díaz, –profesora de literatura y actriz– le confiscaron el libro En la colonia penitenciaria, de Franz Kafka, un “autor oscuro”, según lo calificó el jefe del operativo.[1]

    Liberado por la lucha popular, como el resto de los compañeros, Ángel vuelve a Rawson y retoma la militancia social y política hasta la fatídica tarde de aquel noviembre del 76 en que la dictadura le cobró los años de militancia, y seguramente, aquellas mateadas con Santucho en la cárcel de Rawson en las vísperas de casi todo.

    Nuestra Palabra

    Desde su fundación en 1918, el Partido Comunista sostuvo en cualquier circunstancia un medio de prensa, casi siempre un semanario, algunas pocas un diario.  Para 1972, bajo la dictadura y la vigencia de la Ley 17401 “de represión a las actividades comunistas”, que castigaba el pensar distinto y podía condenar por la sola tenencia de un periódico comunista, ese medio era Nuestra Palabra; en la más profunda clandestinidad el Partido Comunista distribuía algunas decenas de miles de ejemplares del semanario.

    En su archivo encontramos dos documentos relacionados con la masacre de Trelew: uno es la declaración del Comité Central partidario y la otra es una crónica, muy poca conocida, de los hechos contada por los sobrevivientes.

    El 29 de agosto Nuestra Palabra publica un documento titulado “La gravedad de la hora exige la unidad  democrática y antimperialista” que comienza con el siguiente párrafo: “La terrible y fría matanza de Trelew, su repercusión nacional y mundial y sus consecuencias, confirman que el país ha sido llevado al borde del caos por la dictadura instaurada el 28 de junio de 1966” para luego sostener que “El Partido Comunista condena indignadamente la inaudita matanza de Trelew y se suma al clamor nacional que exige una investigación exhaustiva de lo sucedido, con participación del cuerpo de abogados y de instituciones políticas y gremiales representativas. El pueblo quiere una relación clara, coherente y veraz de la tragedia de Trelew” y sigue “El Partido Comunista expresa también, una vez más su solidaridad con los presos políticos y gremiales, reclama su libertad inmediata y el cese de torturas medievales; exige el cierre de cárceles bajo jurisdicción militar (barco “Granaderos”, Resistencia y Rawson); reafirma su lucha intransigente contra toda legislación represiva y contra deportaciones; y considera que el derecho de asilo es una importante conquista cuya vigencia es vital para preservar el porvenir de la democracia en la América Latina.” y hace un llamado a la unidad de acción para anular “la 17.401  y demás leyes represivas, de proscripciones y persecuciones  del delito de pensar, organizarse y de luchar por una Argentina independiente y una democracia avanzada!”

    Convencido que los planes imperiales apuntaban a reproducir el modelo dictatorial brasilero alerta sobre un nuevo golpe de estado que reemplace a Onganía: “Tras los oscuros y siniestros sucesos de Trelew, se mueven fuerzas reaccionarias que sueñan con una dictadura ultragorila, a la brasileña.  Suponen que así podrán detener el auge de las justas y nobles luchas obreras y populares por pan y liberta, por un gobierno auténticamente democrático y antimperialista”

    Y polemiza con las organizaciones que proponen la lucha armada como el camino del triunfo ofreciendo una estrategia de lucha de masas y unidad amplia (a la que hemos calificado de cultura política de “frente democrático nacional” y criticado en otros trabajos, sobre todo en el “El viraje del Partido Comunista”, basado en dos conferencias dictadas en un ciclo del Archivo General de la Nación en el 2000 y publicadas en el semanario comunista de la época Propuestas,  que se puede consultar en www.cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com) que no deja de contener una propuesta de ejercicio de violencia política de masas: “El camino de la liberación nacional y social que puede ser recorrido únicamente con unidad de acción democrática y antimperialista, que dará cohesión y potencia a la acción de masas.  Organizar, coordinar, estimular la creatividad de la clase obrera y del pueblo, formar organismos de autodefensa de masas, tal es la exigencia de la hora. Es una utopía peligrosa y dañina suponer que la acción de masas pueden ser sustituidas por atentados individuales o acciones de grupo, por audaces que sean”

    Sobre este punto, solo llamo la atención a la respuesta de Agustín Tosco a la invitación de Roberto Santucho a sumarse a la fuga: quién cordialmente le dijo algo así como que era un dirigente de masas y confiaba en salir en libertad por la lucha política y de masas, enfoque que sostiene en el discurso que pronuncia al llegar a Córdoba, liberado: “Quiero agradecer profundamente esta solidaridad. La solidaridad de Córdoba, la solidaridad de Rawson y Trelew, la solidaridad de toda la clase obrera que me ha arrancado a mí de las garras de la dictadura, como antes ha arrancado a otros compañeros y como arrancará hasta el último prisionero. Quiero aquí como ha sido norma de, conducta militante rendir un gran homenaje a todos los Compañeros caídos en esta heroica lucha por la Liberación Nacional y Social”.

    El documento descalifica la maniobra en marcha de la dictadura de construir un Gran Acuerdo Nacional con las dos fuerzas políticas tradicionales que sostienen el sistema político argentino (ayer y hoy): el peronismo y el radicalismo, entonces dirigidas por el mismo Perón y Balbín: “Ni “La Hora de los Pueblos”, por haber nacido bajo el auspicio del fracasado Gran Acuerdo Nacional, ni “Frecilina”, por su composición y carencia del programa, reúnen los requisitos necesarios para un frente de liberación nacional” y propone fortalecer el Encuentro Nacional de los Argentinos, el ENA, un agrupamiento impulsado por el Partido Comunista con la participación de dirigentes de todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los peronistas y radicales, de la que formaban parte personalidades como el mismo Tosco o Ricardo Molinas, en marcha hacia un frente antimperialista y concluye con una advertencia que tras el triunfo de la salida negociada entre Perón y la dictadura, que llevó al propio Perón al gobierno luego del breve interregno de Cámpora y la masacre de Ezeiza, tomaría dimensión impensada cuatro años más tarde, un 24 de marzo de 1976: “Estamos pisando un terreno de definiciones para el destino de nuestro país. La experiencia histórica dice que no hay situaciones sin salida. O salida reaccionaria o salida democrática avanzada. La dispersión de fuerzas puede facilitar la primera. La unidad de acción asegura la victoria popular” en un lenguaje típico de la cultura de frente democrático nacional donde todavía se confiaba en la participación de amplios sectores del llamado progresismo radical y peronista, como expresión política de la llamada burguesía nacional, pero a esos debates hemos dedicado otras notas, aquí solo queríamos recuperar para la memoria un documento poco conocido así como de la denuncia de los hechos que el periódico publica el 26 de setiembre de 1972 a poco menos de un mes de la masacre, anotándose entre los primeros medios en hacerlo.

    La nota periodística comienza así: “El 8 de setiembre, los abogados Mario A. Hernandez, Rodolfo Ortega Peña, Luis Eduardo Duhalde, Gustavo Roca, Roberto Cinigaglia y César Quirós entregaron al periodismo un documento sobre el crimen perpetrado el 22 de agosto en la base aeronaval de Trelew, donde fueron asesinados dieciséis presos políticos y resultaron gravemente heridos otros tres; el documento incluye los testimonios de los tres sobrevivientes del crimen sin nombre” y a continuación publica en extenso la denuncia de Ricardo René Haidar, Alberto Camps y Maria Berger al que se puede acceder en numerosas publicaciones y paginas on line.

    En Rawson, hay una esquina donde se cruzan dos calles que es como decir que se encuentra condensada esta parte de la historia que traté de destacar.

    Las calles Mario Amaya y Ángel Bell se encuentran en un punto de Trelew, como si quieran volver a ponerse de acuerdo para organizar la visita a los presos del penal, la huelga en repudio a la masacre y la construcción de esa fuerza que todavía nos hace falta para hacer realidad los sueños de los que murieron y vivieron en Trelew, y todavía esperan que el cruce de calles anuncie la anhelada unidad de la izquierda en todas sus expresiones y formas de existencia.


    [1] La mañana en que una pueblada despertó a Trelew, Mariela Mulhall


  • Diario Uno….domingo 15 de agosto

    «Este fallo salvó a Alicia de una segundadesaparición»

    Así lo expresó un compañero de cautiverio de AliciaLópez, tras conocerse la sentencia a Mario Facino por el homicidio de lamilitante de las Ligas Agrarias, ocurrido en 1976, en la comisaría 4ª

    No hubo arrepentimientos, pero sí una condenaejemplar. El viernes, Mario Facino fue sentenciado a 23 años de prisión por elhomicidio de Alicia López, una militante de las Ligas Agrarias, de 29 años, quemurió en una de las «tumbas» de la comisaría 4ª de Santa Fe, de la cual Facinoera el máximo responsable en 1976.»Los jueces dieron cátedra», expresó efusivo un militante por los derechoshumanos apostado en la esquina de 1ª Junta y San Jerónimo, sede de la sala deaudiencias, celebrando el fallo. Es que el Tribunal Oral I de Santa Fe,integrado por María Ivón Vella, María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez,interpretó que el ex presidente comunal de San José del Rincón era responsableno sólo por el secuestro y la detención ilegal y torturas de la profesora deletras, sino también de su muerte.

    De esta forma, Facino se convirtió en el primer represorcondenado por homicidio en la ciudad de Santa Fe y el segundo en la provincia.Esta pena será unificada a los 20 años de prisión a los que fue condenado endiciembre del año pasado, en el marco de la causa Brusa.

    Desde el 23 de junio, más de 20 testigos, unainspección ocular y pruebas documentales fundamentaron el pedido de 25 años decárcel para Facino, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, a cargo deMartín Suárez Faisal y Patricio Longo. También fueron los pilares de lasolicitud de prisión perpetua por genocidio realizada por los abogadosquerellantes, Marcelo Boykens, José Iparraguirre y Verónica Poyano. «Estejuicio nos reconcilió con la historia, y rescató a Alicia de una segundadesaparición, que era que la sociedad no supiera lo que le había sucedido»,dijo Alejandro Córdoba, uno de sus compañeros de cautiverio en la sede policialubicada en la esquina de Tucumán y Zavalla.

    Memorias de cautiverio

    El caso de Alicia fue impulsado por quienesestuvieron detenidos en la seccional 4ª entre octubre y noviembre de 1976,período en el cual la vieron con vida, pero muy mal herida. En brevesconversaciones, Alicia había podido decirles sus nombre y contó que había sidotorturada.

    El perturbador ensañamiento con una mujer en unestado de salud muy débil, quedó grabado en la memoria de José Schulman,Alejandro Córdoba, Graciela Roselló, y Raúl Pinto y otros ex presos políticos.Su coraje inquebrantable, permitieron que su homicidio no quedara impune y que–34 años después– los tres hijos de Alicia y su marido pudieran salir de lasala de audiencias con la sensación de haberse reconciliado con la historia.»Es muy poco lo que puedo decir en este momento, se hizo justicia y Facinorecibió la pena que merecía», expresó Luis Rodríguez, el hijo menor de Alicia.Él es quien está en brazos de Alicia en la foto que ilustra esta nota, teníados años cuando ella desapareció.»Este fallo fue un logro enorme, ahora vamos a tener que estar atentos para quese cumpla (la prisión común). Aún faltan muchos responsables, sabemos que nofue sólo Facino, pero Alicia hoy está presente y nos va a seguir acompañando enla lucha», dijo Graciela Roselló.

    Rosario 12, domingo 15 de agosto

    OPINION

    «Una femenina» con dignidad, en la memoria

    Por GracielaRoselló *

    Para Alicia López, militante de las Ligas Agrarias, apropósito de ser mencionada como «una femenina» en una de laspreguntas que la jueza le hizo a un testigo.

    Hoyte quiero hablar a vos, hablar con vos, aunque ya no sienta tu voz.

    Esavoz que salía a través de la estrecha ventanita mientras nos mirábamos, en laoscuridad de ese pasillo que separaba nuestras celdas, apenas iluminado porunos rayos de sol… «Me llamo Alicia, estamos en la Cuarta».

    Creoque hice lo que corresponde. Si hubiera sido al revés, con seguridad hubierasestado en el tribunal testimoniando, porque aún con militancias diferentes,ambas luchábamos por concretar sueños de un país mejor, con una justicia socialque resignificara la palabra dignidad.

    Teimagino cantando canciones de cuna a tus tres niños y recitando poemas a tusalumnos del Chaco, hijos de padres campesinos, enseñándoles a pensar con cabezapropia, a pensar y saber que ellos también eran dueños de sus vidas y susdestinos.

    Supecon el tiempo que uno de los poemas que más te gustaba era uno de Borges sobreFacundo, ese que habla de que iba en carruaje a su muerte, las estocadasfatales existieron siempre a lo largo de la historia Argentina y tal vez la denuestra generación fue una de las estocadas más negras, llamada terrorismo deEstado.

    Estostreinta y pico de años fueron de lucha, por momentos en soledad, de las Madresy los militantes de derechos humanos, en busca no sólo de la verdad sinotambién de justicia reparadora por parte del Estado. Y a pesar del cansancio yde la emoción dolorosa de remover una y otra vez lo ya dicho en estos juiciosinterminables, te digo Alicia que valió la pena. Vaya si valió la pena, aldarme vuelta y encontrar las miradas de tu esposo y de tu hijo.

    Nofue cualquier asesinato el tuyo, tu sola presencia, más allá de la debilidadfísica, era más fuerte que todos ellos juntos, les molestabas al igual que lesmolestaron los 30.000 compañeros que hoy testimonian a través de nuestra voz.

    Ysí Alicia, claro que sí, fuiste y serás una mujer con historia propia y muyfemenina.

    *Testigo causa asesinato Alicia López. El viernes pasado, el TribunalFederal Oral de Santa Fe condenó a 23 años de prisión a Mario Fasino por elasesinato de la maestra, militante de las Ligas Agrarias.

    PAGINA 12
    EN SANTA FE CONDENARON A UN EX COMISARIO A VEINTITRES AñOS DE PRISION
    De la quinta a la cárcel

    Mario Facino fue juzgado por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias Alicia López. El tribunal dispuso que cumpla su pena en un establecimiento carcelario. En democracia, Facino fue dos veces presidente comunal.

    Por Juan Carlos Tizziani

    Desde Santa Fe

    El Tribunal Oral Federal condenó ayer a 23 años de prisión al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias Alicia López, desaparecida en 1976. Los jueces ordenaron que cumpla la pena en una cárcel común y no en su quinta de San José del Rincón, como ocurre hasta ahora. Ya en diciembre, Facino había sido sentenciado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad a otros detenidos políticos, pero ésta es la primera condena por homicidio en Santa Fe y la segunda en la provincia. Ambas serán unificadas cuando queden firmes. La lectura del veredicto desató emociones contenidas. El esposo, los hijos y los nietos de Alicia se unieron en un abrazo interminable en la sala de audiencias, lloraban en silencio, mientras en la calle una pequeña multitud aplaudía y cantaba. “Para nosotros es una reivindicación histórica que después de 34 años haya un juicio donde se ventile lo que pasó con Alicia. Nuestro corazón y nuestro sufrimiento de tantos años se ven reconocidos por este fallo. Se hizo justicia”, dijo el marido de Alicia, Luis Juan Rodríguez.

    La sentencia a Facino se conoció al mediodía. Tres horas antes, el Tribunal le ofreció la posibilidad de decir sus últimas palabras, pero éste desistió. “No voy a hablar”, dijo el ex comisario y jefe de uno de los centros clandestinos más brutales del circuito represivo de Santa Fe. La querella –a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre– le había pedido “prisión perpetua” y el Ministerio Público Fiscal, 25 años de cárcel. El Tribunal lo condenó a 23 años por “privación ilegal de la libertad”, “tormentos agravados” y “homicidio” de Alicia López, “todos en concurso real entre sí”. Lo que significa que el fallo ratificó la acusación de los fiscales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo. Con un agregado: “La pena será cumplida una vez que esté firme en el establecimiento carcelario que corresponda”, dijo la presidenta del tribunal, María Ivón Vella, a quien secundaron sus colegas José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Hoy, Facino cumple prisión domiciliaria en las afueras de San José del Rincón, su pueblo natal –cercano a Santa Fe–, donde se recicló en democracia y fue presidente comunal en tres períodos por el Partido Justicialista. La semana próxima, el viernes 20, el Tribunal de Disciplina del PJ se expedirá sobre un pedido para expulsarlo de sus filas (a él y a otro represor también condenado por delitos de lesa humanidad, Eduardo Ramos, preso en la cárcel de Las Flores).

    Las primeras en salir de la sala de audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Muy cerca, uno de los compañeros de cautiverio de Alicia, Alejandro Faustino Córdoba, lloraba desconsolado. “Esperamos 34 años para este momento”, dijo. Córdoba y otros sobrevivientes de la comisaría 4ª, José Schulman, Graciela Roselló y Raúl Pinto, rescataron el martirio de Alicia López de la desmemoria y la impunidad. Ellos dieron testimonio en el juicio para la condena de ayer. “Lo de Alicia era una segunda desaparición y una herida abierta por el olvido”, recordó Córdoba.

    Schulman aplaudió la sentencia como “un triunfo enorme. Un caso que se intentó que no llegara a juicio, trataron todo el tiempo de que Alicia siguiera invisible. Pero el valor de los sobrevivientes y de los que defendieron su memoria en estos años gestó este triunfo que es muy importante. Porque a todos los que soñaron que el genocidio podía quedar impune, les advertimos que todo llega y que vamos a ir por todos los genocidas. Y estoy seguro de que lo vamos a lograr”.

    A Graciela Roselló el llanto también le pidió una pausa. “Son juicios interminables, pero valen la pena. Poder abrazarse con los hijos de Alicia, con la hermana, con el marido, los nietos. Valió la pena el esfuerzo, el dolor infinito que es una y otra vez venir a testimoniar, una y otra vez reconocer la comisaría 4ª. Pero es una manera de que Alicia esté presente.”

    Rosario12  (levemente distinta)

    SANTA FE › CONDENARON A 23 AñOS EN CARCEL COMUN A MARIO FACINO POR HOMICIDIO
    El día de justicia para Alicia López

    Facino deberá cumplir su condena en una institución carcelaria, y no en su quinta de Rincón, como hasta ahora. Para familiares y compañeros de la docente, y militante de las Ligas Agrarias, se trató de «una reivindicación histórica».

    Por Juan Carlos Tizziani

    El Tribunal Oral Federal condenó ayer a 23 años de prisión al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976 y ordenó que cumpla la pena en una cárcel común y no en su quinta de San José del Rincón, como ocurre hasta ahora. Ya en diciembre Facino había sido sentenciado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad a otros detenidos políticos, pero esta es la primera condena por homicidio en Santa Fe y la segunda en la provincia. Ambas serán unificadas cuando queden firmes. La lectura del veredicto desató emociones contenidas. El esposo, los hijos y los nietos de Alicia se unieron en un abrazo interminable en la sala de audiencias, lloraban en silencio, mientras en la calle una pequeña multitud aplaudía y cantaba. «Para nosotros es un reivindicación histórica que después de 34 años haya un juicio donde se ventile lo que pasó con Alicia. Nuestro corazón y nuestro sufrimiento de tantos años se ven reconocidos por este fallo. Se hizo justicia», dijo el marido de Alicia, Luis Juan Rodríguez.

    La sentencia a Facino se conoció al mediodía. Tres horas antes, el Tribunal le ofreció la posibilidad de decir sus últimas palabras, pero éste desistió. «No voy a hablar», dijo el ex comisario y jefe de uno de los centros clandestinos más brutales del circuito represivo de Santa Fe. La querella -a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le había pedido «prisión perpetua» y el Ministerio Público Fiscal 25 años de cárcel. El Tribunal lo condenó a 23 años por «privación ilegal de la libertad», «tormentos agravados» y «homicidio» de Alicia López, «todos en concurso real entre sí». Lo que significa que el fallo ratificó la acusación de los fiscales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo. Con un agregado: «La pena será cumplida una vez que esté firme en el establecimiento carcelario que corresponda», dijo la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, a quien secundaron sus colegas José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Hoy, Facino cumple prisión domiciliaria en las afueras de San José del Rincón, su pueblo natal -cercano a Santa Fe donde se recicló en democracia y fue presidente comunal en tres períodos por el Partido Justicialista. La semana próxima, el viernes 20, el Tribunal de Disciplina del PJ se expedirá sobre un pedido para expulsarlo de sus filas (a él y a otro represor también condenado por delitos de lesa humanidad, Eduardo Ramos, preso en la cárcel de Las Flores). Y el lunes 23, a las 12, se conocerán los fundamentos de su segunda condena.

    Las primeras en salir de la sala de audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Muy cerca, uno de los compañeros de cautiverio de Alicia, Alejandro Faustino Córdoba lloraba desconsolado. «Esperamos 34 años para este momento», dijo. Córdoba y otros sobrevivientes de la comisaría 4ª: José Schulman (secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Graciela Roselló y Raúl Pinto rescataron el martirio de Alicia López de la desmemoria y la impunidad. Ellos dieron testimonio en el juicio para la condena de ayer.

    Schulman aplaudió la sentencia como «un triunfo enorme. Un caso que se intentó que no llegara a juicio, trataron todo el tiempo de que Alicia siguiera invisible. Pero el valor de los sobrevivientes y de los que defendieron su memoria en estos años gestó este triunfo que es muy importante».

    A Graciela Roselló el llanto también le pidió una pausa. «Son juicios interminables, pero valen la pena. Poder abrazarse con los hijos de Alicia, con la hermana, con el marido, los nietos. Valió la pena el esfuerzo, el dolor infinito que es una y otra vez venir a testimoniar, una y otra vez reconocer la comisaría 4ª».

    Graciela coincidió que a la desaparición de su ex compañera de celda se sumó el tiempo de la impunidad. «Alicia estuvo mucho tiempo invisible. El recuerdo de los compañeros que la hemos visto en la comisaría 4ª sirvió para sacarla de esa oscuridad del olvido. Sirvió y mucho. Y hoy, pudimos reencontrarnos con su familia y que su familia se haya reencontrado con la historia y acompañe el juicio y festeje con nosotros los 23 años de cárcel común para Facino, que habrá que estar atentos para que se cumpla. De todas maneras, sabemos que no fue sólo Facino, faltan otros culpables. Pero hoy, Alicia está presente».

    En su pecho, Graciela portaba una vieja foto de Alicia López, conocida por sus ojos tristes. Y asumió un compromiso. «En la próxima, vamos a tener otra foto de Alicia, donde se está riendo y mucho», prometió

    23 AÑOS DE PRISION A REPRESOR FACINO POR TORMENTOS Y HOMICIDIO….web de noticias Terra

    por José Schulman el El Viernes, 13 de agosto de 2010 a las 18:50

    El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al ex comisario Mario Facino a la pena de 23 años de prisión por el asesinato de la profesora de Letras y militante de las Ligas Agrarias Santafesinas Alicia López durante la dictadura.

    A Facino se lo consideró como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, agravados por ser ejercidos contra perseguidos políticos y homicidio, todos en concurso real.

    El Tribunal, integrado por los jueces María Ivón Vella, Ricardo Moisés Vázquez y José María Escobar Cello, impuso además al condenado inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales, las costas del juicio, y el pago de la tasa de justicia.

    Estableció que los fundamentos de la sentencia serán leídos el 23 de agosto, a las 12, en la sede del tribunal.

    El veredicto de los jueces fue leído este mediodía, exactamente a las 12.12, en la sede del tribunal y fue escuchado atentamente por todos los presentes, entre quienes se hallaban familiares y miembros de organizaciones de Derechos Humanos.

    Esta es la primera vez que la Justicia Federal santafesina debate, en el marco de un juicio oral, la responsabilidad que tuvo un ex jefe policial en la desaparición de una santafesina durante la represión ilegal.

    Mario José Facino, entonces jefe de la seccional policial, fue imputado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, y es la tercera causa que llega a la instancia de juicio oral en la ciudad de Santa Fe.

    Las otros dos casos fueron «Brusa» y «Barcos», cuyas sentencias fueron dictadas el 22 de diciembre y el 12 de abril, respectivamente.

    En el causa «Facino», la querella, a cargo de los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, acusó al ex comisario por «genocidio» y pidieron que sea condenado a prisión perpetua.

    En tanto, los fiscales, Martín Suárez Faisal y Patricio Longo, solicitaron 25 años de cárcel para el ex jefe comunal de la localidad de San José del Rincón, por «privación ilegal de la libertad», «tormentos agravados» y «homicidio».

    A su turno, la defensa de Facino, a cargo de los abogados Fabio Procajlo y Fernando Sánchez, pidió la absolución de su cliente, invocando nulidades y prescripción de la causa.

    Alicia López de Rodríguez era una maestra del norte santafesino, secuestrada en la ciudad de Santa Fe en octubre de 1976, torturada y violada salvajemente en el centro ilegal «La Casita» y «depositada» en la secccional Cuarta de Policía, un conocido centro clandestino de detención y torturas, ubicado en Bv. Zavalla y Tucumán, cuyo jefe al momento del crimen, el comisario Mario Facino, fue el único acusado de su asesinato.

    Facino ya recibió anteriormente una condena de 20 años en la causa Brusa, juicio concluido el 23 de diciembre de 2009.

    En 1975, Luis Rodríguez era asesor legal de las Ligas Agrarias en el Chaco y el 18 de abril de ese año, fue detenido y llevado a la cárcel de Resistencia. A principios de 1976, fue trasladado a la cárcel de Rawson, y a partir de ese día, el destino de su familia cambiaría para siempre.

    Su esposa, Alicia López -docente de Letras y redactora de la publicación de las Ligas Agrarias El Campesino- decidió no quedarse sola en el norte del país y se mudó con sus tres pequeños hijos a la casa de los padres de su marido, en el barrio Candioti Sur de esta ciudad, pero el 21 de octubre de 1976, a la medianoche, un operativo armado conjunto -de civiles y uniformados- fue a buscarla. Se la llevaron y nunca más apareció.

    Hoy, sus familiares recibieron, con beneplácito, el veredicto del Tribunal contra Mario Facino, el comisario que luego, tras el advenimiento de la democracia, fue jefe comunal en San José del Rincón y que ahora sumó otros 23 años a su condena anterior -20 años- por la causa Brusa.