Luchamos para condenar el Terrorismo de Estado *Por Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y José Schulman*


OPINION

Por *Por Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y José Schulman*

Para los que luchamos desde hace años contra la impunidad de los genocidas, los días que vivimos son días históricos. Días de juicio y castigo. Condenas que ni siquiera soñábamos en los duros años de la dictadura, cuando algunos abríamos las puertas de los locales de la Liga para organizar la lucha, y otros estábamos tras las rejas o secuestrados, como Teresa Israel y Baldomero Valera que continúan desaparecidos.

Valoramos altamente los juicios en curso porque fueron conquistados por la lucha popular venciendo la política y el discurso de la dictadura militar, de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y aún las limitaciones del actual período. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron en ordenar, planificar, financiar adecuadamente y garantizar la difusión pública que los juicios ameritan.

Enfrentamos la complicidad del Poder Judicial que fragmentó las causas hasta límites grotescos, permitió toda clase de maniobras políticas disfrazadas de acciones jurídicas que frenaron y retrasaron las causas. Con la toga de la “normalidad procesal” han limitado los juicios, pero también los vencimos en ese terreno. Y les duele. De allí la furibunda campaña por la impunidad que impulsa la derecha (de la Pando a la Carrió), que sabe que si no detienen los juicios, estos terminarán cuestionando su legitimidad histórica y la de su amo imperial del norte. La prensa que inspira y sostiene a la derecha trata de ocultarlos, minimizarlos, banalizarlos y de instalar -aprovechando cualquier excusa la idea de que “los juicios son incompletos porque sólo juzgan a uno de los contendientes”, apelando a la teoría de los dos demonios y amplificando el discurso de los jefes del Genocidio, quienes arguyen que éstos son juicios de venganza contra quienes “salvaron la patria del comunismo”. Se trata entonces, de establecer cuál es la etapa actual de la lucha, y para la Liga es tiempo de profundizarlos condenando a los grupos económicos, los políticos, intelectuales y todos los que formaban parte del bloque de poder que decidió el Terrorismo de Estado. Se impone también, acelerarlos por medio del camino de la unificación de las causas, la designación de Tribunales de Instrucción que trabajen con exclusividad en estas causas, la multiplicación de Tribunales Orales que enjuicien las causas que ya han sido completadas para impedir la “estrategia Pinochet”: demorar los juicios para que los represores mueran acusados pero sin condena.

En este marco, no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre (uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por el Estado).

Comprendemos el dolor de los familiares de quienes fueron sus víctimas y sus posturas, pero como organismo de derechos humanos es al Terrorismo de Estado a quien perseguimos y no a las víctimas ni las acciones cometidas luego de la captura, no importa lo desgraciadas y repugnantes que nos resulten. Desde el momento en que el Estado los capturó, fue responsable de su vida y de sus acciones, incluidas las delictivas; por lo que pensamos que no deberían ser imputados penalmente quienes fueron, al menos inicialmente víctimas del Terrorismo de Estado. Son los responsables del Genocidio quienes deben responder penalmente por tales actos. Ningún delito debe quedar impune, pero jamás avalaremos la Teoría de los Dos Demonios, teoría que se beneficia notablemente de esta pretensión. Abrir la puerta para su juzgamiento, equiparándolos a los jefes y perpetradores del Genocidio, no sólo es jurídicamente insostenible, pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante, sino que presume que en aras de la supervivencia los individuos realizarán cualquier acción, resultando por tal “estado de necesidad” -de vuelta, jurídicamente hablando- “inimputables”. También es políticamente muy peligroso, pues deja de cuestionar al Estado que organizó el Terrorismo para poner la mira en las limitaciones del movimiento popular, que eso eran estas personas: encarnación horrenda de los límites de una generación que buscaba la libertad y fue castigada sin piedad. Calificar sus acciones de “delitos de lesa humanidad” lleva agua al molino de quienes claman por juzgar “la subversión” al tiempo que los represores. No le haremos el juego.

Los debates sobre las conductas colectivas e individuales de los militantes bajo la dictadura se vienen haciendo desde entonces entre todos nosotros y proponemos continuarlos. No con el ánimo inquisidor de “descubrir el culpable de la derrota” sino con el espíritu guevarista de aprender de ellas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar. Y no es un debate académico: el golpe de Estado en Honduras convoca a pensar cómo impedir los planes imperiales de hacer tabla rasa con todos los cambios, grandes y pequeños, que ha habido en América Latina.

Los que transforman todo en un debate oposición/oficialismo parecieran no haber aprendido nada de nuestra historia y que ignoran la presencia de una derecha fascista que busca incansablemente su oportunidad para revertir los juicios, el modo que se construye la memoria y todos aquellos pasos que molestan al Poder Real como la integración latinoamericana o la Ley de Radiocomunicación.

Queremos ser francos: no es un Tribunal Oral de este Poder Judicial el ámbito adecuado para discernir temas tan complejos y delicados como estos. No igualamos conductas, no todos los que entraron siendo militantes populares mantuvieron esa condición tras la captura y la tortura, pero no es este Poder Judicial, ni son estos Tribunales, los indicados para juzgarlos. Nunca hemos hecho culto de “la Justicia” en abstracto ni lo haremos ahora. Junto a muchos otros hemos luchado por superar los límites del “derecho” (casos Ingalinella, Ollero, Masacre de Budge, Floreal Avellaneda, Etchecolatz, etc.) y seguiremos bregando por un nuevo Derecho; de ahí el sentido de nuestra brega por tipificar los crímenes como “Genocidio”. Aún conociendo sus límites, valoramos estos juicios como un espacio de combate contra la impunidad y el olvido, para reivindicar los compañeros y resignificar la historia para hacer visible el rol fundante del Genocidio sobre el neoliberalismo, luchando por condenar el Terrorismo de Estado y al bloque social que se benefició de él.

No confundir las etapas de la lucha es acaso la primera exigencia para los que aspiran a la victoria y nosotros sí queremos derrotar la impunidad y a sus defensores, para que la democracia y la lucha por todos los derechos para todos en la Argentina tengan futuro.

* Liga Argentina por los Derechos del Hombre

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