• Con fecha 28 de febrero de 2012 la Cámara de Casación Penal aprobó la Acordada Nº 1/12, la que establece seis reglas prácticas con el objetivo declarado de mejorar y agilizar las causa de delitos de lesa humanidad, como asimismo ampliar los mecanismos de protección Integral de las Víctimas Testigos. Es de valorar que la Cámara de Casación Penal, al aprobar las reglas haya recogido el reclamo de numerosos querellantes particulares, organismos de derechos humanos, abogados comprometidos con la defensa de los derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas. Por una vez, se ha escuchado a los que protagonizamos la larga lucha contra la impunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde la Liga argentina por los Derechos del hombre consideramos que la decisión de la Cámara de Casación Penal representa un paso adelante en la lucha contra la impunidad, aunque limitado e insuficiente.

    El pasado 22 de febrero una delegación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue recibida por la Comisión Interpoderes. En dicha oportunidad, se sostuvieron los fundamentos esgrimidos en una carta que fuera enviada al Dr. Lorenzetti en la cual se efectuaba un profundo balance sobre la marcha de los juicios contra el Terrorismo de Estado, basada en nuestra experiencia como querellantes en los juicios llevados adelante en todo el país la que nos llevó a cuestionar el accionar de los poderes del estado en el proceso judicial y señalar que enfrentamos tres mecanismos de impunidad: la impunidad biológica (resultante de la demora y fragmentación de las causas judiciales) que se puede verificar en la significativa cifra de 280 represores fallecidos sin condena a pesar de haber sido imputados por delitos de terrorismo de estado; la impunidad del Poder Económico (resultante de la limitación de las investigaciones judiciales al propio hecho de la tortura o la desaparición forzada pero no de sus causales y motivaciones profundas) que se verifica aún más fácilmente ya que no existe ni un solo empresario condenado por beneficiarse del genocidio sufrido y en las últimas semanas apareció un nuevo tipo de impunidad que es la impunidad de los condenados (resultante de la aplicación dogmática e interesada de una supuesta “normalidad procesal” que deriva en el privilegio de cumplir la condena en sus casas) que nos afecta de un modo directo dado que numerosos represores de los condenados en juicios orales donde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue querellante, como el caso del General Riveros, condenado por el asesinato resultante de torturas del menor Floreal Avellaneda, hoy burlan el proceso judicial gracias a decisiones de la Cámara Nacional de Casación, consentidas en su momento por algunos fiscales.

    A pesar de sus marcadas insuficiencias y limitaciones, es nuestra opinión que la Acordada aprobada por la Cámara Nacional de Casación constituye un avance contra la impunidad biológica, aunque consideramos necesario señalar que no hay una sola propuesta para modificar la estructura de la investigación judicial de modo tal que, de una vez por todas, apunte al corazón del poder real, fuente de todas las impunidades de ayer y de hoy.  Al hacerlo, reafirmamos nuestro compromiso por la lucha contra la impunidad y por la vigencia de todos los derechos humanos para todos.


  • CIUDAD › PUEBAS CONTRA EX CAPELLAN ZITELLI

    Dijo Videla

    Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y UMANO de Casilda, le pidieron a los fiscales federales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, que presenten como prueba en el juicio contra el ex capellán de la policía rosarina Eugenio Zitelli, el reportaje que la revista española Cambio 16 le hiciera al dictador Jorge Rafael Videla. En esa entrevista el ex presidente de facto reconoce el rol de la Iglesia argentina, y la de los capellanes en particular durante la última dictadura.

    Elida Luna, Héctor y Yolanda Medina, Lilian Echegoy y Francisco Oyarzábal, en representación de Familiares; Norma Ríos, presidenta de APDH; Graciela Rosemblun, Iris Avellaneda y José Schulman, por la Liga; Claudia Nigro y Juan Noste, de UMANO de Casilda, solicitaron los fiscales federales que «en su calidad de acusadores públicos acompañen al juez instructor una nueva prueba para considerar al momento de resolver la situación procesal de Zitelli».

    «Las organizaciones que representamos, involucradas directamente con la lucha por la reconstrucción de la verdad histórica y la consecuente sanción a los responsables del plan clandestino de represión ilegal perpetrado en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar creemos que debería considerarse la confesión del genocida Videla al resolverse la situación procesal del imputado Zitelli», señalaron.

    «En efecto -agregan- toda la prueba que acompañáramos en nuestra presentación primigenia, sumada a los dichos del ex dictador resultan de capital importancia».

    Para los organismos «Zitelli representa la punta del ovillo que debemos desmadejar para poder avanzar sobre las complicidades eclesiásticas en nuestra región. La responsabilidad de la jerarquía de la iglesia católica en el genocidio no admite dudas a estas alturas de la historia. La confesión del genocida Videla sobre la actuación de la iglesia, realizadas a la revista Cambio 16, nos releva de mayores comentarios al respecto».

    En este sentido recuerdan que «tanto Videla como Zitelli fueron imputados y se encuentran en detención domiciliaria en el marco de la causa Feced, acusados ambos de integrar la misma asociación ilícita, por tanto la colaboración de la iglesia que menciona Videla se materializa en nuestra zona en los hechos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios, todos agravados, por los cuales fueron imputados, entre muchos otros».

    «Los organismos hace más de tres décadas que venimos denunciando la crucial actuación de la iglesia para la comisión de los delitos de lesa humanidad, es hora de comenzar a sancionar a los culpables», remarcaron.


  • En el dìa de la fecha, 22 de febrero,  la Comisiòn Interpoderes recibiò una delegaciòn de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para considerar las opiniones y balance de nuestro organismo en relaciòn a la marcha de los juicios contra los Terroristas de Estado.

    Representaron a la Liga, los compañeros Graciela Rosenbllum, Liliana Mazea, Josè Schulman, Olivier Reboursin y Pedro Dinani.

    Participaron en la reunión el Presidente de la Càmara de Casación Penal, Dr. Pedro David, el Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder judicial de la Naciòn, Dr. Mario Fera, el secretario general de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Alfredo Kraut, el sub secretario de política criminal de la Corte Suprema Dr. Juan Martìn Mena; dos integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal: Dras. Ana Marìa Figueroa y Angela Ledesma; el Juez Federal de Instrucción Dr. Daniel Rafecas, los Dres. Jorge Auat y Pablo Parenti de la Unidad Fiscal de Coordinación y seguimiento para los juicios por violaciones a los DDHH durante el periodo del Terrorismo de Estado; el legislador nacional Luis Cigogna, el Juez Manuel Urriza y el Dr. Pablo Vassel del Consejo de la  Magistratura, entre otros.

    En la reuniòn, la Liga sostuvo los fundamentos de la Carta que oportunamente enviara al Dr. Lorenzetti, y que motivara la convocatoria de la Comisiòn, donde se afirma que «así, no hay justicia plena ni verdadera» sosteniendo, en base a la pràctica desplegada en todos estos años de lucha, que se viene desplegando un proceso de avance de tres niveles de impunidad: la impunidad biológica, que permite que los represores mueran sin condena por las demoras de los juicios; la impunidad del Poder, que es la que sigue protegiendo al Poder Econoòmico y los cipayos del imperialismo y la novedosa impunidad de los condenados, que es la que està enviado a su casa a los represores condenados a perpetua en càrcel comùn, como es el caso del Gral. Riveros, responsable del asesinato de nuestro compañero Floreal Avellaneda.

    Luego de las intervenciònes del Dr. Kraut, del Dr. Rafecas y de la Dra. Figueroa, la Comisiòn Interpoderes se comprometiò a examinar los argumentos esgrimidos, a considerar las propuestas, adelantando que se constituirían mesas de trabajo para considerar todas las propuestas receptadas por la Comisiòn manifestando su acuerdo en general, con la visiòn presentada.

    Adjuntamos, para vuestro conocimiento,la Carta que oportunamente remitieramos a la Corte Suprema

    Iris Avellaneda, Graciela Rosenbllum y José Schulman
    dirección nacional de la Liga

    Al presidente de la Corte Suprema de Justicia

    Dr. Ricardo Lorenzetti

    PRESENTE

     

    De nuestra mayor consideración:

     

    Por la presente, venimos a solicitar una entrevista con Su Señoría a los fines de transmitir nuestra visión sobre la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad, cuestión asumida por Ud. y la Corte que preside, como prioritaria e irreversible por la labor de los organismos de derechos humanos y otras fuerzas sociales que lograron vencer la impunidad y hacer de estos juicios parte del contrato social que sostiene la sociedad argentina.

    La Liga Argentina por los Derechos del Hombre acaba de cumplir setenta y cuatro años de vida, son setenta y cuatro años de lucha contra el autoritarismo y la discriminación, contra la represión y la negación del acceso pleno y universal de los derechos del hombre.

    Llevamos tantos años de lucha que cuando nacimos ni siquiera se llamaban derechos humanos a la defensa de los presos políticos, la resistencia al avance del pensamiento y la política fascista, racista y macartista o el sometimiento de argentinos a condiciones indignas de la humanidad y de los derechos proclamados en la Constitución de 1853.

    Transformamos nuestro compromiso histórico en acciones y conductas institucionales que nos han llevado a ser reconocido como querellantes en más de sesenta causas y a ejercer ese rol, de manera directa o como parte de querellas unificadas y colectivas, en casi la mitad de los juicios orales realizados hasta la fecha.

    No es la nuestra una opinión especulativa sino el resultado de la reflexión sobre la práctica de nuestros abogados, familiares de las víctimas y compañeros sobrevivientes del terrorismo de Estado que han aportado generosamente su testimonio e investigaciones para el éxito de los juicios en curso; y queremos decirle -que no importa los problemas y falencias que observemos en los juicios- lo seguiremos haciendo.

    Como hemos dicho más de una vez, valoramos los juicios contra el Terrorismo de Estado por muchas razones: por ser la vez primera que un genocidio se juzga en la Argentina, y no es el primero que sufrimos; por constituir el proceso judicial en curso ejemplo y estimulo para la lucha de los pueblos de Nuestra América contra la impunidad y el olvido; porque los juicios terminados, y algunas de las condenas, han estimulado el proceso de Memoria y Verdad que hemos sostenido desde nuestro nacimiento como fuerza y porque los juicios han golpeado esa verdad de Perogrullo que a los poderosos nunca se los puede condenar porque la Ley está de su lado.

    Pero hoy venimos a reafirmar algo que también hemos afirmado infinidad de veces: así no hay justicia plena ni verdadera; por el camino que transita el Poder Judicial no solo que no lograremos el objetivo de juzgar a todos los represores y esclarecer la situación de todos los compañeros, sino que quedará fuera del objeto procesal, del banquillo de los acusados y de la condena judicial el grupo social, con centralidad en el Poder Económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del Genocidio lo que hace imprescindible y urgente la intervención de la Corte Suprema para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos construidos en los largos años de lucha contra la impunidad y asumidos como propios por la propia Corte Suprema.

    Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos.

    Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el objeto procesal (plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU.) y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales.  Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida (juicio oral por la desaparición de Alicia López contra Mario Facino en la ciudad de Santa Fe 2010, donde la Ladh fue querellante igual que en el último juicio celebrado en la Mega Causa Campo de Mayo en el que se juzgó al Comisario de Tigre, Demetrio Luna, por los casos de Fatece y Darganz…un mini juicio de ocho audiencias por un represor y dos víctimas mientras se acumulan miles de casos de uno de los Centros Clandestinos más grandes del país ) de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida.

    La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones que exceden lo jurídico; como en el caso del Juez de Jujuy que ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral y que se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma, son razones ideológicas culturales la que preservan la impunidad de los poderosos

    Creemos que el obstáculo principal para lograr justicia radica en la mirada dogmática que el Poder Judicial sostiene sobre estos juicios fingiendo que el Estado en su conjunto, y la responsabilidad del propio Poder Judicial en esto es insalvable, no ha intervenido por medio extra judiciales para sostener la impunidad de los genocidas.  La negativa del Tribunal Oral que intervenía en el juicio por algunos de los delitos cometidos en la Esma a tomar medidas para recuperar los archivos micro filmados que el represor Acosta afirma que estaban en alguna oficina  de esa fuerza, da cuenta de la mirada supuestamente “neutral” pero positivamente comprometida con la impunidad.

    Muchas veces, se hace de la llamada “normalidad procesal” una excusa para beneficiar los represores ignorando que los juicios se hacen porque estos son delitos de lesa humanidad cuya impunidad fue sostenida por el Estado durante más de treinta años.  La decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Fe de finales del 2011, de considerar cumplida la mitad de la condena a solo dos años de haber dictado sentencia contra el ex Juez Federal Víctor Hermes Brusa, da cuenta de que los lazos corporativos son más fuertes que el compromiso con la Verdad y la Justicia de una parte del Poder que a Uds. les corresponde conducir hacia el cumplimiento del compromiso que asumieron con la sociedad de que efectivamente haya juicio y castigo a los culpables del Terrorismo de Estado.

    Como adelanto de lo que queremos plantearle en la reunión solicitada podríamos citar como ejemplos más dolorosos que en Jujuy no solo no hubo juicio oral alguno sino que el Defensor  Público solicitó que los juicios sean por el viejo procedimiento escrito y el pedido fue aceptado en primera y segunda instancia, amén que sigue habiendo un conjuez de probado compromiso con la impunidad; que en La Pampa, a pesar de haberse probado en el único juicio oral que hubo la responsabilidad de los médicos en la tortura, uno de ellos sigue siendo el titular del Departamento Medico de la Policía provincial; que sigue habiendo jueces y tribunales que se niegan a reconocer la violación y la violencia sexual como delito autónomo, que los asesinos de Floreal Avellaneda, hijo de la vice presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, gozan de una inaceptable “prisión domiciliaria” así como el TOF de Santa Fe permitió que los represores Brusa, Ramos y Aevis pasen las fiestas en familia  o que en el último de los juicios orales que se realizan en el marco de la mega causa de Campo Mayo, se haya condenado al imputado a solo ocho años de prisión “domiciliaria”, borrando con el codo lo que se había afirmado en otras sentencias, por ejemplo en la dictada contra Etchecolatz, que por el tenor de los delitos cometidos, estos delincuentes no podían pasar un solo día de sus vidas fuera de la cárcel.

    Nos preocupa también la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos Jefes y cabeza de la cadena de mandos, mientras se alargan las prisiones preventivas para decenas de represores que al no llegar a la instancia del juicio, reclaman su libertad en función de las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica comenzando un lento, casi imperceptible pero peligroso “chorreo” de represores que se escurren de las cárceles sin juicio ni castigo por directa responsabilidad del Poder Judicial que a Uds. corresponde controlar y hacer cumplir la promesa de atacar la impunidad.

    Resulta, en este plano, incomprensible e inaceptable, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se puedan habilitar otras salas que las que funcionan en el edificio de Comodoro Py generando la insólita situación de que los juicios se hacen por “turnos” apelando a una grilla de horarios que combinan dos o más juicios en una misma sala.  Si no fuera dramático, hasta sería cómico. Por este camino, el carácter “público” de los juicios se ha ido deteriorando y con ello, la función pedagógica democrática que deben jugar. Es necesario revisar la disposición que limita la televisación directa de los testimonios de los compañeros y desplegar una enérgica política de difusión de los juicios que no se puede agotar en la interesante labor que se lleva adelante desde la pagina web.

    En demasiados juicios orales, por ejemplo en el que se lleva adelante desde el 2010 en Rosario –conocido como Causa Díaz Bessone- los imputados gozan de una libertad condicional que remite a una supuesta “presunción de inocencia” que no es tal dado que los terroristas (los únicos y verdaderos terroristas que hay entre nosotros, los terroristas de Estado) cuya responsabilidad en el plan de exterminio, en algunos casos, está probada desde inicios de los ’80, han esquivado el Juicio y Castigo por la intervención del Estado que ahora simula equidistancia, generando en los testigos, abogados y militantes de las fuerzas que impulsan el Juicio al Terrorismo de Estado la incomodidad de convivir en la misma ciudad, transitar por los mismos lugares o acaso tomar los mismos medios colectivos de transporte que sus verdugos.

    La primera medida en cuanto a la protección de los testigos, asumida como cuestión de Estado desde el fallo en la Causa 13 de 1984, radica en poner tras las rejas a quienes cometieron los crímenes más horrendos de la historia nacional.  Aquí también falta la intervención la palabra y la acción de la Corte Suprema para terminar con una situación que victimiza otra vez a  quienes se busca reparar con estos juicios.

    Y terminamos con Julio López, no solo para reclamar contra la impunidad que gozan sus desaparecedores sino para hacer visible que la desaparición de Julio López ocultó el reclamo que se inscribió en aquella sentencia de que para juzgar el Genocidio hacía falta un debate que permitiera construir una estrategia estatal unificada de investigación, instrucción y juzgamiento.

    Acaso uno de los modos más contundentes de demostrar la ausencia de esta política estatal unificada es que a los mismos represores, Bignone por ejemplo, en una jurisdicción se lo condena a Perpetua en Cárcel Común (Tribunal Oral Federal de San Martín, luego cancelada transitoriamente –esperamos- por Casación) y al mismo represor en el juicio por la causa Hospital Posadas le dictan prisión domiciliaria.  SE ha roto el principio de que por igual delito, igual condena; para los represores todo depende del Tribunal que los juzgue: unos los consideraran merecedores de condena a prisión perpetua en cárcel común y otros le fijarán condenas de algunos años en su propio domicilio, con sus afectos y comodidades terminando de diluir la imagen de terroristas de Estado que perpetraron un Genocidio.

    Porque de eso estamos hablando, o no?

    El tiempo transcurrido desde el inicio y/o reapertura de los juicios nos afirman en la convicción que sigue haciendo falta una estrategia estatal unificada que ponga el norte en la condena de los genocidas y desarme la estrategia jurídica de impunidad que se nos viene imponiendo: prisiones domiciliarias para los pocos condenados (algunos más de una vez), dispersión de las causas en infinitas investigaciones aisladas que no solo demoran el proceso sino que generan la falsa imagen de un conjunto de hechos aislados, lo que a su vez fortalece la tendencia a ignorar el verdadero objeto procesal y a sostener la “normalidad procesal” como el principal instrumento de impunidad jurídica a desmontar y la casi nula actividad judicial para investigar los cientos y miles de denuncias que se vuelcan en los juicios, no solo sobre la responsabilidad individual de militares, policías, médicos, jueces, periodistas u directores de cementerios, sino sobre la responsabilidad del Poder Económico que sigue gozando de la más plena y rigurosa impunidad.

    Por todas estas razones, desde la legitimidad que consideramos haber ganado en estos setenta y cuatro años de existencia y en nuestro activo rol en los juicios en curso, es que solicitamos formalmente mantener una reunión con Su Señoría.


  • En este 24 de marzo denunciemos al Imperialismo que nos amenaza; exijamos juicio y castigo para el Poder Económico que ayer gestó y se benefició del Genocidio y que todavía sigue siendo el Poder Real para expoliarnos, destruir el medio ambiente e imponer leyes represivas como la llamada Ley Antiterrorista, mientras la corporación judicial sigue entorpeciendo el proceso judicial que debe hacer realidad nuestras comunes banderas históricas de Verdad, Memoria y Justicia.

    • · Los participantes en el Primer Encuentro Sudamericano sobre Terrorismo de Estado y Empresas, realizado en el edificio Cuatro Columnas de la ex Esma, en noviembre pasado, nos mandataron para proponer a todos que en este 24 de marzo, centremos la crítica y la acusación sobre la responsabilidad del Poder Económico en el Terrorismo de Estado que perpetró un Genocidio. Un Poder Económico que tuvo nombre y apellido: la Ford, la Mercedes Ben, Acindar, Ledesma, etc.. El Poder Económico fue mucho más que la pata civil de la dictadura, y sigue siendo el centro del Poder Real que está detrás de la aprobación de la mal llamada Ley Antiterrorista por consejo o imposición del GAFI, una herramienta del FMI, claramente un instrumento de ese Poder que ayer nos desaparecía y hoy busca imponer ajustes como en Grecia o Italia y que ocupa nuestras Malvinas con una Base Militar de la OTAN, mientras conspira contra los pueblos americanos y siembra de bases militares y fuerzas especiales todo el continente
    • · Pensamos que en este 24 de marzo, a cinco años del reinicio o comienzo de los juicios contra los crímenes del Terrorismo de Estado, es necesario poner de relieve la responsabilidad de un sector importante del Poder Judicial en el atraso de los juicios contra los Terroristas de Estado, la fragmentación de las causas, el maltrato a los sobrevivientes y la falta de investigaciones que no solo den cuenta del destino de nuestros compañeros y del nombre de sus victimarios, sino también –como señalamos más arriba- de quienes fueron los impulsores y beneficiarios de la tragedia que sufrimos. Hace falta un esfuerzo articulado del Poder Ejecutivo y Legislativo, de todos los ámbitos estatales involucrados en los juicios y de los propios jueces para culminar con éxito la batalla contra la impunidad.
    • · Confiados en que sabrán comprender y valorar el sentido de esta propuesta, los saludamos muy atentamente.
    • · Servicio Paz y Justicia     SERPAJ
    • · Liga Argentina por los Derechos del Hombre    LADH
    • · Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos    MEDH
    • · Asamblea Permanente por los Derechos Humanos     APDH
    • · Comisión por la Memoria de Campo de Mayo
    • · Movimiento por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos Mopassol
    • · Trabajadores de Ford
    • Instituto de Relaciones Ecuménicas   IRE
    Adhieren
    • Asociación Vorwärts
    • Centro de Militares para la Democracia Argentina  CEMIDA
    • Federación de Entidades Judeo Progresistas de la Argentina   ICUF
    • Cine Insurgente

  • El torturador Curro Ramos (“mi” torturador, para no hablar como un flemático investigador sueco del genocidio argentino) y el archí violador de los derechos humanos, Víctor Brusa (archí represor porque era funcionario judicial cuando colaboraba con los torturadores y llegó a ser Juez Federal de la Nación), condenados a penas de más de 20 años por delitos de terrorismo de Estado, pasaron las fiestas con sus familiares, en sus casas. ¿Que tierno, no?, y cuanto me hicieron recordar mis fiestas de 1976, encerrado como un perro en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. ¿Cuántos de los miles de encerrados en las cárceles santafecinas, pasaron sus fiestas en sus casas con sus familiares?.

    El asesino de Alicia López, muerta por desgarro vaginal en el patio de la Comisaría Cuarta, donde él era comisario y yo estaba secuestrado en la celda que daba al patio donde Alicia fue violada, Mario Facino, que ya cuenta con dos condenas[1], una por torturas a varios presos (entre los que me cuento) y la muerte de Alicia, toma café con sus amigos en un coqueto bar de un supermercado del barrio más recoleto del pueblo donde vive en su casa, y del cual fue Jefe de Comuna. ¿Y cuántos condenados, mayores de setenta, frecuentan bares y supermercados como simples jubilados que intercambian anecdotas con sus viejos amigos y compañeros de juegos?

    El General Santiago Omar Riveros,  ingeniero para más datos y ex Jefe de Institutos Militares (Campo de Mayo) y representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, condenado a prisión perpetua en cárcel común por el Tribunal Oral Federal Número Uno de San Martín por el crimen de Floreal Avellaneda, militante comunista de quince años muerto por empalamiento y tirado su cadáver al Río de la Plata, donde apareció flotando pero del lado de Montevideo, cumple su condena en su “modesto” departamento porque la Cámara de Casación consideró que su condena no está firme hasta que la Corte no la confirme, y la Corte no la confirma porque Casación no la trata, y así podríamos seguir uno por uno con los perpetradores del Genocidio que hoy burlan la justicia, gracias a la justicia, cumpliendo las condenas que supimos conseguir en duros y largos años de batalla popular, en sus domicilios, rodeados de sus afectos, gozando de los bienes materiales que han comprado gracias a los servicios prestados al Poder Económico durante los años de plomo.

    En la condena a Etchecolatz, el presidente del TOF La Plata, el Dr. Carlos Rosanzky, al fundamentar la negación del beneficio de la domiciliaria estampó “Etchecolatz cometió delitos atroces y la atrocidad no tiene edad. Un criminal de esa envergadura, no puede pasar un sólo día de lo que le reste de su vida, fuera de la cárcel. Así voto.”

    En el debate sobre los fueros parlamentarios de Patti, que lo hubieran salvado del juicio que lo condenó por terrorista de Estado, el periodista Mario Wainfeld desarrolló un concepto que conviene retener: la situación de estos ciudadanos no es equiparable a quien es acusado del robo de una bicicleta y merece el derecho de la presunción de inocencia; no fueron juzgados en su momento porque el Estado los protegía abiertamente (periodo 1976/1983), o los consentía vergonzosamente (1983/87) o intervino brutalmente con leyes y decretos para proteger su impunidad (1987/2003); decía Wainfeld que en estos casos “la presunción de inocencia” debe ser relativizada; y digo yo, que cuando el Estado que los protegió por más de treinta años, finge que son delincuentes comunes (y ni eso, porque hay miles de mayores de setenta años pudriéndose en vida en las cárceles argentinas, muchos de ellos sin condena), y se aferra a la “normalidad procesal” (lectura dogmática y descontextuada de la Ley) es para continuar defendiendo su impunidad como en los casos de Brusa, Ramos, Facino y Riveros.

    He aquí hoy el centro de la discusión: seguir adelante con la normalidad procesal terminará frustrando el proceso de juicio y castigo a los terroristas de Estado; reconocer el exacto “objeto procesal” en debate, que no es otro que un genocidio cometido para fortalecer el Poder Económico y sus cómplices militares y civiles, obliga a volver a la doctrina Rosanzky: “Un criminal de esa envergadura, no puede pasar un sólo día de lo que le reste de su vida, fuera de la cárcel”

     

     


    [1] fui querellante y/o testigo en los dos juicios


  • El pensamiento colonizado de las elites riojanas y un repaso por la historia económica de La Rioja.

    “No hay colonizado que no sueñe, cuando menos
    una vez al día, en instalarse en el lugar del colono”
    Frantz  Fanon. 1968

    La ciudad de La Rioja fue fundada persiguiendo una ilusión. La misma que había traído a los españoles desde tan lejos: encontrar el oro y los minerales preciosos que ya estaban saqueando del Perú y de México. La plata que abundaba en el cercano Potosí y que Juan Ramírez de Velazco buscaba en la región siguiendo los relatos que había escuchado de los primeros habitantes de la tierra americana. El oro y la plata que Juan Núñez de Prado había conocido, cuarenta años antes, cuando llegó hasta las minas de Famatina; las mismas que buscaba Ramírez de Velazco cuando partió de Santiago del Estero un 24 de marzo de 1591, y creyó encontrar cuando entró al valle de Yacampis fundando la ciudad en el sitio equivocado pues su propósito había sido levantarla cerca del cerro Famatina y no al pie del que más tarde llevaría su nombre, que está vacío de “metales
    El oro y la plata que los diaguitas producían desde muchos siglos antes que los árabes conquistaran el sur de la península ibérica y continuaban extrayendo luego de la Reconquista de Granada por el Reino de Castilla y Aragón, quienes armaron a Colón para “descubrir” un continente que le llevaba años de ventaja cultural pero inferioridad tecnológica/militar, lo que les posibilitó reducir a miles de sus habitantes a la servidumbre y la esclavitud. Servidumbre que los españoles impusieron a los pueblos originarios por medio de la llamada encomienda que adjudicaba tierras, incluida la población originaria que en ella hubiera (el indio era para el colonizador una cosa como los árboles o los guanacos) y que fuera el origen de tantos pueblos riojanos como: Vinchina, Jagüel, Famatina, Guandacol, Sañogasta, Pituil, Aimogasta, Aminga, Sanagasta, Olta, Atiles y Polco. A pesar de ser básicamente pastores y agricultores, los calchaquíes no aceptaron mansamente la invasión colonial. Resistieron como pudieron durante largos años, y en 1632 gestaron una gran rebelión, que fue aplastada con el terrible saldo de sus pueblos casi exterminados y los pocos sobrevivientes dispersos en “encomiendas”, muy lejos de su hábitat habitual. El cacique Chalimin era su jefe. Siete años resistieron la prepotencia y la  brutalidad de los colonialistas españoles. Eran la encarnación de la profecía de San Francisco Solano quien al irse de La Rioja, cansado de la hostilidad y desprecio con que los españoles respondían sus denuncias, sacudió sus sandalias para no llevarse ni un grano de arena riojana y les gritó en la cara: el que a hierro mata, a hierro perecerá, mataste a los indios, ellos os matarán . El descuartizamiento del cacique Coronillas, en Nonogasta, le había advertido de la crueldad del enemigo, enseñándole a no implorar clemencia a semejantes monstruos, enfrentando con dignidad la muerte cuando le llegó. Primero lo ahorcaron, después lo descuartizaron, su cabeza fue clavada en el rollo de justicia de La Rioja y su brazo derecho en la picota de Londres de Pomán.

    El genocidio fue tan brutal, que para fines de siglo XVIII estaban prácticamente desaparecidas las antiguas naciones indígenas de los Olongastas, los Capayanes y los admirables Calchaquies, pueblos incorporados al Imperio Inca y por ello tributarios de sus avances científicos y culturales. Juan Ramírez de Velazco había estimado en 1591 que los tres pueblos sumaban algo así como 32.000 aborígenes; y si sabemos que para 1795 los negros esclavos (importados para  reemplazarlos en las tareas mineras, agrícolas y de servicio) ya superaban en número a los indios, y que en 1820 el total de habitantes de La Rioja apenas superaba los 20.000 individuos de los cuales solo 3.178 eran descendientes de los bravos calchaquíes, podremos entonces comenzar a tener una idea del grado de crueldad y salvajismo con que procedieron los colonialistas españoles con los primeros habitantes de estas tierras, tan lejos del mito (justificador del colonialismo) de la cruz y la espada.

    La historia oficial afirma que La Rioja ha sido siempre una provincia pobre, cuya presunta  precaria economía fue destrozada por la rebelión de los caudillos Quiroga, Peñalosa y Varela.  Nada más erróneo: la rebelión montonera tiene su origen en la lucha contra la miseria, la ignorancia y la opresión. Cuando en 1870 muere Felipe Varela (en Chile, poco después de ser derrotado en Pozo de Vargas, privado de agua, como una metáfora del futuro: los pueblos derrotados por el Poder, serán privados del agua)  la “civilización” de la oligarquía porteña había derrumbado la economía del país interior, sometido a sus habitantes y cimentado las bases férreas para la marginación total -social, política, económica- de las mayorías populares. El principal detonante de las guerras civiles argentinas fue la lucha por el mercado interno entre las economías regionales del interior –abandonadas a su suerte y sin protección- y la burguesía mercantil porteña, agente del imperialismo británico.  Quiroga –igual que Chacho y Varela- sostenía el reparto de las rentas nacionales entre las provincias y una política proteccionista para las economías regionales. Si en 1835, tras el asesinato de Facundo, Rosas condenó el tratado de Santiago del Estero por considerarlo preparatorio de la organización federal del país, en 1849 se opondrá a la explotación del mineral del Famatina porque no admitía la autonomía económica de la región a la que quería someter.

    En 1863, el mismo año que las tropas porteñas del presidente Mitre, bajo el mando de Sarmiento, asesinan al Chacho Peñaloza (y su cabeza, como la de Juan Chalimin, cortada y exhibida en la plaza pública de Olta), la economía riojana era capaz de producir 49 mil barriles del mejor vino y 1.000 de aguardiente, 5.000 arrobas de pasas de uva y 2.000 de higos, 25.000 fanegas de trigo y también maíz, legumbres, frutos, azafrán, y cochinillas para tinturas. Según Horacio Giberti, en su “Historia económica de la ganadería argentina” la situación económica de La Rioja y Catamarca hacia 1810 era la siguiente: ambas provincias constituían el principal centro proveedor de tejidos de lana y algodón con materia prima propia y sus vinos se distribuían por Córdoba, Tucumán y Santiago. Poseían minas de plata, oro y cobre. Un viajero francés, ocupado en preparar informes para inversionistas, constata que el trigo riojano es de los mejores y que en Anillaco rinde 3,5 veces más que en España o Francia, que se produce buen vino, olivos, naranjas e higos; siendo la primera provincia minera de la Confederación. Es más, hace un análisis comparado entre las ganancias mineras de los Yacimientos de Famatina, de 120 a 150 mil pesos fuertes en 1857 y el presupuesto provincial: 21.570 pesos en 1858, 64 mil en 1870 y -el récord- 109 mil pesos en 1876. Y se pregunta Paoletti en su imprescindible “Cien años de Colonia”  ¿Cómo se explica la angustia del erario provincial ante tanta riqueza? para responder con una reflexión que mira cien años de historia, y que sigue teniendo validez cuarenta años después de realizada: Los dueños de la tierra, de las minas, no solo mal contribuyen a la renta provincial sino que, como en el caso de Vicente Almandos Almonacid, asociado a un francés Parchappe, otro agente comercial imperialista, disponía de los fondos provinciales para su propios negocios particulares. Si cambiamos algunos nombres se puede aplicar perfectamente a La Rioja actual y a todo el país: el problema no es tanto el tamaño de la torta, sino el modo en que se distribuye. Aplastada la rebelión montonera, derrumbada la economía regional por el librecambio, con la minería en manos extranjeras y luego convertida en estratégica zona de reserva, la fiebre pedagógica de Sarmiento se convirtió en el arma más apropiada para quebrar el espíritu de rebeldía nacional, en el medio “científico” de reprimir: a los montoneros no había ya que asesinarlos, bastaba que se “educaran” para que durante casi un siglo asistieran pedagógicamente al proceso secular de enajenación y opresión nacional.  La riqueza minera, lo advertía Paoletti en 1970, pasaría a ser una reserva estratégica de la burguesía dominante a nivel nacional, y congelada su producción hasta que Carlos Menem la volvería a poner sobre el tapete en su estrategia de entrega total de las riquezas nacionales, que ahora se designa como neoliberalismo o las políticas de los 90, pero que en tiempos de la euforia menemista, solo era el modo de existencia del capitalismo real, y por ello, aceptado y avalado por toda la burguesía, sus intelectuales y políticos, muchos de los cuales hoy posan de progresistas y transformadores, como el mismo Beder Herrera pretendía lucir al homenajear, sin ponerse colorado, al Obispo mártir Enrique Angelelli.

    Bien dice el investigador Oscar Páez Oliva , al analizar el mecanismo de funcionamiento del estado provincial desde principios de siglo en adelante: La creciente dependencia del Estado provincial y del modelo de sociedad que este promovía en La Rioja con fondos que provenían del Tesoro Nacional (en los ‘70, solo el 8% del presupuesto correspondía a ingresos locales,  en 1994 el porcentaje de recursos propios sobre los recursos totales apenas llegaba al 15,8%, y todavía en el 2007  las cuentas de La Rioja dependían en un 94% de los aportes del gobierno nacional y alrededor del 75% de los riojanos subsistían gracias a un sueldo del estado, nota del autor) por que no estaban asegurados siempre, ni tenían regularidad anual, iniciaba un mecanismo que se repetiría desde entonces no sólo en el caso de La Rioja sino también en otras provincias del interior: los viajes periódicos de funcionarios provinciales, quienes con un uso en mayor o en menor grado de sus influencias mendigan mayores presupuestos, sobre todo porque el Estado Nacional sufre también crisis recurrentes. Así es como “el antiguo reducto del federalismo agresivo había quedado convertido en una simple dependencia administrativa del poder central. Dependencia que se sostiene y consolida con la subordinación de las grande familias riojanas a la oligarquía porteña, los partidos políticos, la Iglesia y los diarios locales al mismo modelo de dominación y que hoy expresa el gobernador Beder Herrera con sus dichos: “los riojanos somos como el hijo vago de la Nación; que nos tienen que estar permanentemente mandando plata porque nosotros tenemos nuestros recursos pero como somos vagos o no queremos; no los explotamos y la responsabilidad de hacerlo bien, seriamente y con compromiso, es nuestra como riojanos esa responsabilidad” y aún más “todas las provincias han encontrado su rumbo en distintas actividades”, Catamarca, San Juan con la minería; Santa Fe, Córdoba y las provincias que forman la Pampa Húmeda con la producción, la soja y demás cultivos, otras lo encontraron en el petróleo y ante esto, instó a que “nosotros tenemos que encontrar nuestro destino”.  ¿Será el de la minería a cielo abierto el “lugar en el mundo” de La Rioja.?.  Puede ser que para las multinacionales de la minería que acechan como buitres, y para los funcionarios que reciban la parte del festín (que ahora reclaman aumentar), pero difícil que para el pueblo riojano.

    Hay algo que es cierto, desde la derrota de Pozo de Vargas, y la completa sumisión al poder central y su inserción subordinada en el sistema de producción capitalista, la provincia no ha tenido un lugar muy claro ni relevante en los sucesivos modelos capitalistas que sufrimos: el agro exportador, el de desarrollo del mercado interno y el neoliberal. Hagamos un breve repaso.

    En el proyecto de desarrollo capitalista agro/exportador, vigente a principios de siglo, La Rioja no tenía asignado ningún lugar importante. Hacia ella no irían los capitales extranjeros que expandían los puertos, los ferrocarriles y los frigoríficos (complementarios de la producción ganadera y las explotaciones agrícolas de la Pampa Húmeda); hacia ella tampoco se dirigirían las principales corrientes inmigratorias animadas por proyectos colonizadores subvencionados por el Estado y los empresarios extranjeros que transformarían la ciudad de Buenos Aires y la campiña de la Pampa Húmeda en lugares densamente poblados. Llegarían solo algunas inversiones muy puntuales: para construir el Cablecarril que conectaba el distrito minero La Mejicana con Chilecito o para la construcción del ramal férreo desde Deán Funes (Córdoba) también hasta Chilecito. Inversiones pensadas para hacer más rentable la extracción del mineral de Famatina, que no tuvieron el efecto buscado y por eso, prácticamente hacia 1908 cesó la explotación minera en la provincia. Acaso la única función de La Rioja en el modelo agro exportador fue la de aportar el quebracho y el algarrobo para la extensión de las vías y el combustible de las locomotoras. Los obrajes forestales tuvieron su apogeo entre 1912 y 1918 debido a la valorización de la madera y los ínfimos salarios que se pagaba a los trabajadores. Sobre la tala irracional de los bosques, sobrevino la erosión que alejó las lluvias, y sobre las largas y sedientas huellas de la erosión siguieron circulando todavía un tiempo más los trenes cargueros. Pero ahora traían agua para las llanuras resecas y se llevaban riojanos fuera de la provincia. La rapiña de los ingleses trajo el desierto a La Rioja en las primeras décadas del siglo XX, ¿qué efectos traerá la rapiña minera en el siglo XXI?

    Mientras la parte “rica” del país desarrolló industrias en procura de la sustitución de importaciones, ya sea bajo el gobierno peronista o los intentos desarrollistas posteriores (Frondizi, 1958/62 y en parte Onganía/Krieguer Vasena, 1966/70), La Rioja había seguido en la postración sumida por la derrota de los caudillos y la consolidación del proyecto liberal de la Generación del ´80.  Instalada la idea-fuerza de que La Rioja es pobre desde siempre y por naturaleza se fue gestando una ideología típica del colonizado: las víctimas (el pueblo riojano) se convierten, por mérito de este discurso, en el culpable de su propia miseria, por lo cual debe “mendigar” al poder central un tratamiento especial. Digo, lo que hoy repite con alardes de pensador original el gobernador riojano.  En 1979, el gobernador/interventor puesto por la dictadura de Videla, el Comodoro Llerena sancionó un decreto/ley, el 22.021 de promoción industrial, que con retoques de distinto tipo se mantuvo vigente hasta finales de los`90, teniendo su época de oro en el primer período del segundo gobierno de Menem en la provincia (1983/ 1987).¿Cuál era la filosofía de la ley 22.021, que continuaba una anterior, la 17247 de otro interventor, Guillermo Irribaren (1967/1971)?  La misma con que el Cabildo de Catamarca pedía trato extraordinario en 1692 para La Rioja y Catamarca: por supuestas razones naturales y desventajas geográficas (árida, montañosa, alejada de Buenos Aires y el litoral): la región es pobre y no tiene capacidad de superar ese estado de postración sin ayuda externa, decían, dando vuelta la historia: la región fue empobrecida por obra de la intervención de la oligarquía porteña y el capital extranjero. Empobrecimiento que perpetua la desigualdad interna entre un puñado de familias oligarcas, dueñas de la tierra desde que los españoles despojaran a los diaguitas, entregándoselas en encomiendas, que lucran con la pobreza de la provincia. Esa es una peculiaridad de la burguesía riojana: cuánto más pobre la provincia, más dádivas recoge y más dinero ingresa a sus voraces bolsillos.

    La historia de La Rioja nos muestra que, a medida que se consolidaba y expandía el Estado nacional, crecía la dependencia del Estado provincial. Es interesante notar que, en general las obras y los servicios financiados por la Nación no contribuyeron a revertir o modificar ni la estructura productiva ni el modo de inserción de la provincia en el concierto nacional. La historia de la promoción industrial y el trato preferencial logrado, en distintos niveles por cierto, desde fines de los 70 así lo demuestra. Todavía en 1994, la provincia solo cubría con recursos propios el 15,9% del gasto, la incidencia de los servicios públicos (actividad administrativa estatal provincial y municipal) era del 32,8 % del producto bruto geográfico y en la capital de la provincia el 54,5 % de la población ocupada (es decir uno de cada dos personas que trabajaban) lo hacía en el sector público, solo un 14,3% lo hacía en la industria y un 7,4% en la construcción . Si unimos dos de estos datos: 15,9% del presupuesto cubierto con fondos propios y 54,5% de la población de la ciudad de La Rioja ocupada en empleo público, veremos como la debilidad estructural  se mantuvo a pesar de los ingentes recursos que el menemismo volcó sobre la provincia en forma de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), subsidios, exenciones impositivas (al olivo, el pistacho, etc.)  y créditos blandos para salvar empresas quebradas, jubilaciones de privilegio, etc. que solo han servido para enriquecer a unos pocos generando una dependencia económica, muchas veces transformada en política por medio de las viejas prácticas del clientelismo y la corrupción.

    ¿Es que entonces La Rioja tampoco tuvo lugar en el modelo neoliberal gestionado por Menem?. En principio, formalmente, es así, y si revisamos los elementos fundantes del “modelo” económico de Menem, parecen que son todas en contra de una provincia como La Rioja.  Sin embargo es obvio que las cosas en La Rioja no han sido igual que en Formosa o en Salta durante esos años. La esencia del sistema de conducción menemista lleva en sí mecanismos de corrupción, de clientelismo político, de intercambio de favores y todo tipo de transas semisecretas, semioficiales que han volcado sobre el territorio provincial una lluvia de empleos nacionales, subsidios, jubilaciones de privilegio, extrañas inversiones como la pista de Anillaco o los créditos de la curtiembre Yoma. Todo esto nos lleva a proponer como tesis que La Rioja ha tenido un lugar específico en el modelo menemista: proporcionar una línea de cuadros que pudo pasar de las dimensiones pueblerinas en su formación a la dirección de buena parte del aparato estatal nacional. Esta línea de cuadros ha actuado como un distribuidor de beneficios (no importa aquí si legales o ilegales), públicos y privados, que han disimulado para una parte de la población la parálisis y la falta absoluta de ideas de sus dirigente.

    Las declaraciones del gobernador y las cifras proporcionadas más arriba: “ Las cuentas de La Rioja dependen en un 94% de los aportes del gobierno nacional y alrededor del 75% de los riojanos subsisten gracias a un sueldo del estado”  confirman que en todo caso la “viveza riojana” de Menem y su corte sirvió para enriquecer un pequeño grupo que conforma la élite riojana, ayer menemista, hoy kirchnerista, mañana con la camiseta del que le asegure la cuota presupuestaria que reproduzca un sistema de dominación que no inventaron ellos sino Mitre y Sarmiento luego de la derrota de Varela en Pozo de Vargas. Y esa continuidad de un mismo proyecto se verifica de un modo cristalino en el tema de la minería.  Ya hemos dicho que los pueblos originarios extraían minerales del Famatina mucho antes de la llegada del invasor español y que todavía para finales del siglo XIX seguía “alimentando” la provincia, sin daño ecológico alguno y con trabajo para los pobladores. Fue una decisión política -dejar sin recursos a La Rioja vencida- la que llevó a la disminución de la producción primero y la total parálisis en 1908. Veamos ahora como la elite riojana consumó el  mandato imperial de activar para los colonialistas internos y extranjeros la riqueza secular, pero ahora, con la forma de minería a cielo abierto, con el uso abusivo de cianuro y otros tóxicos, que destruyen el medio ambiente, casi no generan trabajo en la zona y aseguran el usufructo de la riqueza para otros.

    Fueron riojanos los autores de la creación de uno de los mecanismos más perversos y entreguistas de la historia. Los hermanos Yoma en el Parlamento y Carlos Maza desde la secretaría de Minería de la Nación. Beder Herrera se formó con ellos y fue vicegoberandor cuando le tocó el turno de gobernar la provincia a Maza.  Las primeras leyes mineras se votaron en 1993. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, José Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento. Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo, con el agravante que la cultura de rapiña que se generó en la época menemista consiente el saqueo de la minería a cielo abierto, contaminante del medio ambiente y con baja demanda de empleo local .

    Cierto, pero también son riojanos los que hoy enfrentan el intento de saquear el Famatina con graves consecuencias para el medio ambiente de aquella región y el país todo. Como hace ciento cuarenta años, alrededor del Famatina se libra una batalla de clase y en defensa de la identidad y la soberanía nacional. En la batalla de Pozo de Vargas, Felipe Varela, aquel que se había opuesto a la guerra de conquista del Paraguay, nominada como Guerra de la Triple Alianza para encubrir el genocidio al que sometieron  a la nación paraguaya (quedaron vivos no más de 115 mil paraguayos, muriendo no menos del 60% del total de la población y el 90%! de la población masculina) fue derrotado por los fusiles porteños de las tropas de Mitre; hoy la batalla se da fundamentalmente en el terreno de las ideas y todavía no está claro si prevalecerán los herederos de Mitre, algunos de ellos actuando desde el propio Estado nacional y provincial, aliados con poderosas fuerzas extranjeras, para saquear el país; o los herederos de Varela, el Chacho y Quiroga, de esa Rioja que resiste que contó en sus filas a personajes tan brillantes y conmovedores como el Obispo Angelelli o Atilio Paoletti. En  batallas como esta, no solo se juega el futuro del país, sino también el pasado. ¿Quiénes serán los modelos para las futuras generaciones riojanas: Menem y Maza, Beder Herrera y el Comodoro Estrella (jefe militar que ordenó el asesinato del Obispo Mártir) o los caudillos del siglo XIX y los luchadores sociales del siglo XX que hoy reviven en las luchas populares?.

    Tiene razón el gobernador riojano: lo que está en juego es el lugar de la provincia en la historia: del lado de la claudicación y la entrega o de la ética, la lucha y la verdadera independencia nacional. El pueblo riojano tiene la palabra. Los luchadores por los derechos humanos, estamos a su lado.


  • justicia verdugo 4144 (2)

    images
    a Paula

    porque va a llorar cuando lo lea

    Alicia se levantó temprano esa mañana de otoño; tan temprano que su madre se extrañó y como ya sabía lo que pasaba, se preocupó bastante. ¿No vas a ir otra vez con esos terroristas? preguntó de un modo que la respuesta se hizo innecesaria mientras corría a preparar el café con leche para que no salga sin tomar algo caliente. La muchacha terminó de ponerse el pullover gordo que le había tejido la abuela Dora, tomó un sorbo de la taza grande que la madre le había puesto delante, agarró la campera en una mano y la cartera grande en la otra, le dio un beso en la mejilla a la madre mientras le decía no te preocupes que no va a pasar nada. Casi corrió dos cuadras pero llegó justo para tomar el trole que venía lleno de empleados públicos y escolares de la primaria, algunos con sus padres pero casi todos solos, se acomodó en un costado y soportó en silencio los quince minutos del viaje para deslizarse hasta la puerta de atrás al llegar a la esquina del colegio.

    A Cora no la vio porque estaba detrás de Patricia pero apenas se juntaron las tres, rompieron el envoltorio del paquete que habían dejado en el piso, sacaron los volantes y se pusieron a repartirlo a los alumnos de los primeros años que eran los que entraban a la mañana. La reacción era diversa. Algunos lo agarraban con interés y preguntaban algo pero muchos bajaban los ojos y cerraban los puños para que no pudieran entregarle el papel rectangular que tenía el escudo montonero en la parte baja. Aunque era tan jovencita que no estaba claro si era una de las que iba a entrar con los de primer año, podía recordar cómo habían cambiado las cosas en solo dos años. Fue en la primavera camporista del 73, esos frágiles días que transcurrieron entre la asunción del gobierno hasta la Masacre de Ezeiza, que ella se incorporó a la militancia. Fue su hermano el que la llevó a la marcha por Tacuarita Brandaza, y acaso fueron los ojos negros de ese chico delgadito, que la tomó del brazo cuando empezaron los forcejeos con el FEN, los que la decidieron a empezar a ir a las mateadas, actos, volanteadas, peñas y esas asambleas interminables que se hacían casi cotidianamente. Por unos meses, parecía que todos se interesaban por la política y las peñas se convirtieron en el lugar más interesante no solo para discutir de política sino para divertirse y conocer chicos con quienes mimarse y avanzar sobre los cuerpos adolescentes, hasta hace poco prohibidos.

    Pero desde hacía unos meses, desde que las bandas de la Triple A empezaron a amenazar y sobre todos, peor aún, desde que comenzaron a cumplir sus promesas de matar “a los subversivos” casi todos los muchachos y aún más las chicas, se habían refugiado en la familia, o sea que se encerraban en sus casas, clubes de barrio y lugares “supuestamente” seguros. De nuevo, como cuando su abuela Marta la acompañaba al jardín de infantes, eran los padres quienes los llevaban y traían como si fueran criaturas y la militancia se había achicado a las agrupaciones. En el colegio solo habían quedado los de la Fede y ellos; los de la Juventud Guevarista se habían evaporado en alguna forma de clandestinidad que todavía desconocía y otros grupos más pequeños simplemente dejaron de funcionar. Mientras tomaban un café en el bar de la esquina, empezaron a repasar la lista de compañeros que ya habían sido detenidos o simplemente habían desaparecido como si se los hubiera tragado el diablo, y una extraña sensación parecida al fatalismo le agarró de la garganta y no la soltó hasta muy tarde, cuando se encontró con Pablo y escuchando música en la casa de él, pudo olvidar por unos minutos los nubarrones que soplaban tras la ventana con cortinas verdes de aquella pequeña habitación decorada con la foto de Evita y el poster del Che.

    Volvió a su casa antes de las diez, cenó en silencio con su mamá y su hermanita menor, hizo como si hacía las tareas del colegio y se fue a dormir. A las dos o tres de la madrugada despertó angustiada y como cuando era una niñita y todavía vivían en Fisherton, agarró su vieja muñeca de trapo y la acunó lentamente hasta dormirse de nuevo. Pero duró poco. Despertó por el escándalo de una banda de delirantes hombres armados hasta los dientes y disfrazados del modo más absurdo, con barbas de Papá Noel y pelucas de cortesana que no paraban de gritar y romper todo lo que encontraban, empujando a su madre que intentaba impedir que llegaran hasta ella. Una piña en el mentón y una cachetada en la mejilla, la tiraron de la cama, y desde el suelo vio que eran por lo menos diez animales salvajes y un solo hombre a cara descubierta, de lentes y una mirada voraz y fría como nunca había visto. Se vistió en silencio, y a pesar de que los animales no dejaban de mirar sus pequeños pechos y el breve pubis rubio, cuando se puso la remera blanca de gimnasia alcanzó a meter sobre la panza su vieja amiga de trapo. A patadas la bajaron a la calle, y antes de subir al falcon ya la habían encapuchado y metido unas esposas en las articulaciones, obligada a colocar sus manos a la espalda. Aprendió rápido que si movía las manos, la corredera de las esposas se corría y apretaba más y más; dejó de moverlas y se fue hundiendo en un pozo de terror y fantasías.

    No tardaron mucho, pensó que ni siquiera habían salido de ese cuadrado rosarino que marcan el río por un lado y el Bulevar Oroño del otro, la calle Salta para el norte y la Avenida Pelegrini para el sur. O era la Primera o era la Jefatura, pensó mientras la tiraban desnuda sobre una cama que no tenía colchón y prefirió apagar el registro de lo que pasaba para solo pronunciar un interminable ay mamá… que no conmovería en lo más mínimo a esos tipos que llamaban Doctor al jefe y procedieron a cumplir con el viejo rito de las vejaciones y torturas que ella ni imaginaba que pudiera existir de ese modo tan civilizado, porque los salvajes no torturaban, acaso mataban alguien en combate, pero no esto.

    Tres días murió y renació en el trayecto entre la cama sin colchón y un colchón tirado en un agujero oscuro donde se volvía a poner la ropa y seguía escondiendo entre la bombacha y su humillada intimidad, la amiga de la infancia que no podía entender tanta infamia.

    Al final se la llevaron, encapuchada y con las manos esposadas a la espalda, hasta que la pusieron frente a un escritorio, le sacaron la capucha y un tranquilo hombre calvo comenzó a escribir en el libro de guardias, mientras la revisaba: “Siendo las seis horas del día ocho de marzo de 1977, se presenta el oficial Lofiego con una subversiva para alojar en el recinto especialmente acondicionado para los de tal condición. Se apellida Biorda, tiene catorce años y una herida inguinal reciente de poca gravedad. Por lo demás de buena condición. Dice llamarse Alicia y deposita dos objetos personales para su custodia: un monedero de cuero marrón gastado y una muñeca de trapo, con una pierna colgante. No siendo para más…” y una firma inteligible.

    Su vida siguió y siguió hasta volver a ser vida y salir de la Redonda. Anduvo de aquí para allá, pero nunca olvidaba la muñeca ni al oficial Lofiego, ni aquellas tres noches en que estuvo suspendida en el aire de un infierno que el Dante habría dudado de su existencia. Y pasaron novios y compañeros, hijos y fracasos, pasó la vida esperando ese instante que ahora vivía treinta y cuatro años despues en la pequeña sala del viejo edificio judicial, sito en el Bulevar Oroño entre Mendoza y San Juan. Sentada con sus viejas compañeras de resistencia, gozando de ese breve instante de justicia, escuchó estupefacta que leían su nombre en un libro de guardias donde un burócrata, nunca sabremos por qué, había registrado que el Ciego la había llevado una madrugada con “una herida inguinal reciente de poca gravedad”.

    Pero no pudo reconocerse en aquella niña que portaba, como un talismán contra el horror, una vieja muñeca de trapo con una pierna desprendida. Busco en sus recuerdos una y otra vez, sin suerte. Salieron al patio e intentaron encontrar la muñeca en la memoria de sus amigas de entonces y hasta preguntaron a una tía que había estado con su mamá, la única por cierto que había estado con ella todo el tiempo porque casi todos los demás se había borrado, si recordaba que ella se hubiera llevado una muñeca cuando la secuestraron, pero nada. Nada y nada.

    La muñeca la empezó a perturbar; si no recordaba de ella, ¿sería ella la del libro de guardia? o el imbécil había mezclado la entrada de dos niñas y de una de ellas no sabemos nada y es otra más de las treinta mil que ni sabemos el nombre, se preguntaba cuando despertaba angustiada de las noches sin sueños. Hasta que una madrugada, ya de vuelta en ese pequeño departamento casi sin cielo donde había llegado sola, luego de infinitos destierros, exilios, mudanzas y abandonos, comprendió de repente.

    No podía recordar la muñeca porque era parte de su infancia y con la primer violación, con el primer ardor de la picana eléctrica sobre los pezones, con el primer grito animal que casi tapaba los gritos animales de los torturadores, ella había perdido su niñez para siempre. La muñeca solo existía en el parte burocrático del torturador; al no haber infancia, ni la memoria de la muñeca había sobrevivido.

    Fue entonces, cuatrocientos ocho meses más tarde, doce mil doscientos cuarenta y dos días después y un infinito número de minutos de olvidos y extravíos, que lloró por vez primera al comprender que había perdido su muñeca de trapo, esa que le regaló la abuela Dora; y al llorar fue como si por un instante, al fin, tuviera infancia.

    Entonces, casi con placidez, cerró la ventana y se durmió pesadamente.


  •  

    La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ofreció ayer una conferencia de prensa en la que dio a conocer los fundamentos de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Allí, reclama una serie de medidas para provocar cambios que ayuden a acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se están tramitando a lo largo del país y le reclamaron un pedido de audiencia.

    Entre los principales puntos que figuran en el documento titulado “Así no hay justicia plena”, se advierte que “por el camino que transita el Poder Judicial” no sólo no se logrará “el objetivo de juzgar a todos los represores” a los fines de esclarecer lo sucedido con todas las víctimas del terrorismo de Estado, sino que tampoco se logrará investigar y condenar al “poder económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del genocidio”, motivo por el cual resulta “imprescindible y urgente la intervención de la Corte para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos” construidos sobre la base de la lucha contra la impunidad, los que también fueran asumidos por ese alto tribunal.

    En otro tramo subraya que “los juicios tienen un problema de base”, ya que el “proceso de instrucción no ha sido (una) obra planificada” por la Justicia “sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso posdictatorial” con el agravante de que no organizaron su información para ser utilizada” en los procesos sino para averiguar el paradero de los desaparecidos.

    En otro tramo destacan que durante años el Poder Judicial “encaró la investigación ignorando el objeto procesal y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales” y no como realmente fue, un plan de exterminio que produjo un genocidio inducido por el poder económico y el gobierno de los Estados Unidos.

    La Liga afirma que aún hoy “se realizan juicios orales” en los que resulta “casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenía la mano del homicida”, por lo que queda clara la “obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio” basada en razones que exceden lo jurídico. Como ejemplo mencionan a un juez de Jujuy, que “ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral” y el cual “se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma”.

    También cuestionan la negativa del tribunal que actuó en el juicio ESMA a los fines de lograr recuperar archivos microfilmados; la decisión del TOF de Santa Fe el cual a sólo dos años de dictar sentencia contra el ex juez Víctor Brusa consideró cumplida la pena y la inexistencia de juicios en Jujuy, donde además el defensor público pidió que los juicios se tramiten por el viejo procedimiento escrito, lo que fue aceptado en primera y segunda instancia. Destacan que en esa provincia además sigue “habiendo un conjuez de probado compromiso con la impunidad”, o lo que sucede en La Pampa, donde se probó la responsabilidad de los médicos en la tortura, pese a lo cual uno de ellos “sigue siendo el titular del Departamento Médico de la Policía Provincial”. También dejan en evidencia la existencia de jueces y tribunales “que se niegan a reconocer la violación o la violencia sexual como delito autónomo”.

    En el documento de cinco páginas al que tuvo acceso este diario, se cuestiona “la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos jefes y cabeza de la cadena de mandos”, mientras se van alargando “las prisiones preventivas” para otros tantos represores, quienes, “al no llegar al juicio, reclaman su libertad” basados en pactos internacionales, comenzando de esa forma “con un lento, casi imperceptible pero peligroso ‘chorreo’ de represores” sin juicio, ni castigo “por directa responsabilidad del Poder Judicial”, que, mencionan, le corresponde a la Corte “controlar y hacer cumplir la promesa de atacar la impunidad”.

    También destacan que muchos de los imputados gozan de libertad condicional “generando en los testigos, abogados y militantes el hecho de convivir en la misma ciudad, transitar por los mismos lugares” o acaso tomar los mismos medios de transportes con “sus verdugos”.

    A todos esos fines el organismo advierte que “falta la intervención, la palabra y la acción de la Corte para terminar con una situación que victimiza otra vez a quienes se busca reparar con estos juicios”, y es por ello que denuncian estos casos y solicitan la audiencia con Lorenzetti .

    Consultado por BAE, José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, señaló que si bien “hay juicios y condenas, es que es posible ir por más”. Y remarcó que la Corte se comprometió a ir en esa dirección porque se hizo cargo de la demanda de la sociedad.

    De todos modos, definió que “la sociedad no quiere que (el represor) Santiago Riveros esté en su casa sino en la cárcel” o que se condene “no sólo al que usó la picana sino también al que pagó y al que se benefició del terrorismo de Estado como en Mercedes Benz, Ford o Clarín, y ese proceso tiene que empezar de una vez”.

    El dirigente remarcó además que “no hay una sola causa que haya sido por iniciativa del Poder Judicial”, y destacó que eso se debe a que los organismos tuvieron un rol activo. “Eso es lo que queremos discutir con la Corte, para que den instrucciones claras y se produzcan cambios drásticos. Si los jueces no quieren avanzar, entonces que renuncien o que se convoque a abogados democráticos para que exista una fuerza que quiera ir contra la impunidad”.

    El dirigente sostuvo que “en cada juicio los testigos no sólo hablan de los imputados sino que dan cantidad de nombres de represores y de cómplices y no pasa nada”.

    “Si eso no se modifica, ocasionará dos efectos, el de la impunidad biológica porque los represores y los testigos nos vamos a morir y se terminará buena parte del proceso. Y la otra, que al empantanarse este proceso será cada vez más difícil salir de la escena de la tortura, y para avanzar hacia el verdadero poder que inspiró al terrorismo de Estado, que es el económico”, indicó.


  •  

    A la memoria de

    Toto Zimerman

    cuando más lo necesitamos

     

    En la Argentina se ha vuelto a reprimir luchas sociales, asesinar compañeros y hasta desaparecer militantes políticos[1]. El gatillo fácil y la tortura en sede policial y en las cárceles es tan sistemático  que forma parte del escenario cotidiano de manera casi natural. ¿Hace falta nombrar a Julio López, a Mariano Ferreyra, a Luciano Arruga, a Carlos Fuentealba, a los López de la etnia Qom de Formosa, a las víctimas del Parque Indoamericano, de los terrenos del Ingenio Ledesma en Jujuy o a los chicos de la Villa Moreno de Rosario?[2]

    Diez años atrás, un gobierno elegido para clausurar la etapa de neoliberalismo fundamentalista que encabezó el Partido Justicialista en épocas de Carlos Menem, terminaba sus días multiplicando por quince el modo que lo había comenzado.  Había inaugurado su etapa de “transformaciones democráticas” matando dos compañeros en el Puente de Corrientes y lo finalizaba con –al menos- treinta muertos en el Diciembre de 2001 desparramando cadáveres por la Plaza de Mayo, Rosario y otros lugares. El interinato de Eduardo Duhalde no solo trajo el retorno del Partido Justicialista al gobierno sino que inauguró una etapa de  de la crisis de dominación que se arrastraba desde finales del 2001[3] donde el gobierno nacional, y sus delegaciones provinciales no podían sacar al pueblo de la calle ni reprimir los cortes, las marchas, las asambleas hasta que al inefable Duhalde, con el asesoramiento del recientemente fallecido Soria pero también del electo senador nacional Aníbal Fernández y algunos otros que ahora visten la chaqueta progresista y hasta se ponen el pañuelo de las Madres antes de votar la terrorista ley antiterrorista, organizó la masacre del Puente Pueyrredón –Kostecky y Santillán- pensando que una buena dosis de plomo y sangre volvería todo a la “normalidad” de la dominación burguesa estatal que sufrimos desde fines del siglo XIX (tomamos la presidencia Roca como inicio formal del Estado burgués, no porque antes fuera jauja, sino porque con Roca se completan los elementos fundantes) mantenida con medios civiles o militares. Pero se equivocaron, con la masacre del Puente Pueyrredón perdieron toda legitimidad social y tuvieron que dejar el gobierno a quien pudiera asumirlo desde el Partido Justicialista. Había terminado una larga etapa, acaso iniciada con la masacre de Ezeiza en junio de 1973. Al menos en el terreno simbólico, la sublevación del 2001 terminó con la dictadura militar de 1976, prolongada de manera limpia por los timoratos radicales del 83 y los más osados peronistas de Menem. Sin embargo, por ausencia de alternativa política propia, las luchas que echaron a De la Rúa no pudieron conquistar un gobierno propio, que cumpliera la consigna de “que se vayan todos” y abriera paso a un nuevo modo de democracia, con protagonismo popular que asegure el acceso real a todos los derechos inscriptos en la Constitución Nacional y las leyes conquistadas por décadas de luchas populares.

    La reacción popular al descalabro del gobierno de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frente Grande/Frepaso generó una crisis política de proporciones casi inéditas y condicionó/obligó un proceso de cambios, que todavía vivimos, encabezado de nuevo por el Partido Justicialista pero ahora con otra hegemonía conocida como kirchnerismo, que hizo de la promesa de “no reprimir” y de “respetar los derechos humanos” su promesa política central y fuente de la fortaleza de su mito fundacional: “este es el gobierno que asume las banderas de aquel otro “que no fue”, el de Cámpora/Solano Lima de la breve primavera del 73. “Este es el gobierno de los que sufrieron la dictadura y/o desaparecieron”. Y el pañuelo blanco en sus manos, daba razón al mito.

    ¿Era así?.  ¿Es así?.

    El gobierno de los Kirchner tenía como misión histórica terminar con el menemismo, como expresión del neoliberalismo fundamentalista y garantía de la impunidad para los genocidas del Terrorismo de Estado. Y de verdad, el gobierno de Néstor Kirchner dio pasos importantes en ambos terrenos, sobre todo (o al menos) en el terreno simbólico, espacio fundamental de las disputas en el siglo XXI, cierto, pero no el único ni el decisivo, como lo estamos aprendiendo dolorosamente los luchadores contra la impunidad y los derechos humanos. Ordenó a sus legisladores -que por años habían rechazado las propuestas de anular las leyes de impunidad presentadas testarudamente por los legisladores de izquierda Floreal Gorini, Alfredo Bravo, Luis Zamora y  Patricia Walsh- de bajar al recinto y aportar  sus votos para sancionar la anulación de las leyes de la infamia concretando un sueño sostenido por más de quince años: quebrar la impunidad impuesta por Alfonsín y Menem abriendo un vertiginoso proceso: la reapertura de los Juicios contra el Terrorismo de Estado y la impactante sucesión de gestos reparatorios por el Genocidio que el Estado argentino había perpetrado: entrar a la Esma de la mano de los sobrevivientes, bajar el cuadro de Videla, modificar la Corte Suprema en un sentido positivo, sostener una política de memoria que hoy se expresa de múltiples maneras: la transformación de Centros Clandestinos de Represión, Tortura y Extermino como la Esma, Orletti, Olimpo, Atlético y otros en todo el país en Espacios de Memoria, la incorporación de contenidos alusivos en la curricula escolar de todos los niveles, la labor del Canal Encuentro, etc.  También, por aquellos días tormentosos del 2002/2003 (la sombra del Puente Pueyrredón todavía era muy fuerte) prometió solemnemente que el Estado dejaría de reprimir las luchas sociales y que jamás volverían a atacar militantes populares.

    Sin embargo no alcanzó. El fiscal Alejandro Alagia quien se ganó el respeto de muchos por su labor en el Juicio ABO (centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo) donde acusó por genocidio a los represores, criticando la aprobación de la terrorista Ley Antiterrorista escribió[4]: “Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas”.  Ya en el 2007, la Comisión Provincial de la Memoria, donde militan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex fiscal Dr. Hugo Cañón y el Pastor Aldo Echegoyen, entre otros, afirmó: “La desaparición de Julio López pone en entredicho el Nunca Más como principio fundante de nuestra democracia.  El paso del tiempo y el silencio nos enfrentan como sociedad a la peor de las consecuencias: naturalizar la ausencia de López, que es como consentir que el horror de ayer continúe hoy”.

    En la profusa producción de papeles de fin de año y principios del 2012, la cuestión ha estado más que presente. Desde la lógica oficialismo/oposición se construyen dos diagnósticos opuestos que podríamos sintetizar/esquematizar del siguiente modo:  a) desde la perspectiva oficialista: “el gobierno nacional no reprime y los crímenes cometidos en Formosa, Rosario y el interior son responsabilidad de los gobiernos provinciales; los crímenes de la Capital Federal y el gran Buenos Aires, la desaparición de Julio López y otras situaciones similares, efecto residual de fuerzas en retirada, derrotadas políticamente y que no tienen capacidad de afectar seriamente la gobernabilidad”[5] y b) desde la perspectiva de oposición sistemática se sostiene la idea de “la “tercerización”, es decir que  detrás de los crímenes de la Bonaerense, las Policías de Formosa, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y otras, de las bandas bravas y las patotas sindicales, de los secuestradores de Julio López, etc. hay una decisión política del gobierno nacional que –como el tero- afirma que no reprime ni reprimirá mientras manda asesinar a otros”.[6] Cierto es que, como ocurre en estos debates, cada uno tiene un pedacito de la verdad, aunque estimamos que ambos ocultan un personaje indispensable para entender este nuevo ciclo represivo: al Poder Económico; uno de esos poderes permanentes que no se someten al voto de nadie, que viene del fondo de la historia del capitalismo argentino (ya dijimos, por lo menos desde finales del siglo XIX) y que se reforzó, concentró y multiplicó con el Terrorismo de Estado de los 70. Justamente en los cambios habidos en el entramado de relaciones de poder y dominación que denominamos Estado, es que hay que buscar la clave de la solución de esta aparente incógnita: ¿quién está matando a los militantes populares en la Argentina?.  Y nosotros contestamos: el Poder Económico que actúa, por medio de su propia gente, socios o aliados desde los espacios gubernamentales provinciales y nacionales (la Federal y la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura, las otras policías provinciales y el Servicio Penitenciario, por lo menos), desde las patotas sindicales –a las que siempre estuvo fuertemente vinculado-, desde las barras bravas de los clubes de futbol, desde las agencias privadas de seguridad comandadas por militares o policías de alta graduación en retiro, desde las gerencias de seguridad de las grandes empresas a cargo –generalmente- de represores impunes y por supuesto de los servicios de inteligencia estatales y militares que no han dejando un minuto de responderles.

    Un nuevo modo de reprimir está surgiendo en la Argentina[7]:  un cierto modo de articulación de las fuerzas estatales directas y otras fuerzas (todas con capacidades militares aunque no estén encuadradas en las Fuerzas Armadas) que sirven al mismo objetivo aunque aparenten ser privadas o sindicales. Un nuevo modo de reprimir que tiene un estilo, un modo de ser que lo diferencia del Terrorismo de Estado de los 70, de la Triple A o los años del Plan Conintes de Frondizi aunque no deja de tener vínculos y parecidos con todos ellos.  Un nuevo modo de reprimir  que parece difuso, a veces casi anónimo (como en el último suceso de Rosario contra los militantes del Frente Darío Santillán), otras se presenta como exceso de las policías provinciales (en Formosa, Santa Cruz o Neuquén), etc. pero tan efectivo y mortal como las formas anteriores de existencia de la represión, esa función estatal que nació con Roca asesinando pueblos originarios y nunca cesó. Ni en gobiernos militares, ni civiles; ni en democracia formal ni en dictaduras terroristas; y que siempre contó con un discurso de justificación y un instrumento judicial que lo legitimaba. Por si alguno lo olvida, y a pesar de las “gárgaras” de fidelidad al pensamiento crítico, parece que algunos escribas lo olvidan, la Argentina es un país capitalista, fuertemente amarrado a los centros de poder mundial del Capitalismo como el G20, la ONU, el FMI y el GAFI.

    Antes de seguir con lo nuestro, repasemos un minuto los cambios que ha habido en el modo de dominación mundial desde el setiembre yankee del 2001. Por un largo periodo, más o menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta el fin de la llamada Guerra Fría (1990) el capitalismo mundial, el Imperialismo Yankee que conquistó con la guerra el lugar hegemónico que aún detenta, tuvo que aceptar una serie de limitaciones a su accionar, impuestas por la presencia de ese otro poder mundial que era el llamado Campo Socialista, hegemonizado por la Unión Soviética.  No era de la naturaleza “humana” y “seria” del capitalismo que nació el Estado de Bienestar y el sistema de Derecho Internacional que preservaba la soberanía nacional y proclamaba los derechos de los pueblos (no solo los “humanos” sino también los “económico sociales” proclamados ambos por la ONU en 1948, junto con la Convención de Genocidio). Pero caído el “socialismo real” (burocratizado, debilitada la democracia socialista, afectada la cultura revolucionario y con serios problemas en asegurar el autoabastecimiento alimentario y el cuidado del medio ambiente, cierto, pero limitando el poder del capitalismo sobre la mitad del planeta), el sistema capitalista se puso el modelo neoliberal para festejar y fue destruyendo, paso a paso, cada uno de los limitantes que había tenido que aceptar en el periodo de relativo empate militar con la Unión Soviética. Ya en 1999, en la declaración por el 50º aniversario de la OTAN, se proclamó el derecho a intervenir donde quieran sin intervención de las Naciones Unidas. Y de allí hasta acá, pasando por el Acta Patriota de Setiembre de 2001, se ha ido instalando un concepto salvaje del derecho internacional que habilita bombardear poblaciones enteras para asesinar a enemigos reales o imaginados como Bin Laden, Kadaffi y los compañeros Comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Raúl Reyes y Alfonso Cano. Sin declaración de guerra ni respeto alguno a lo que queda de la legislación internacional, el Imperio se asigna el derecho de matar a quien quiera, donde quiera y del modo que quiera.[8]  Como viene denunciando Fidel Castro, el mundo está muy cerca de la guerra mundial, que por ser nuclear, sería realmente la última.  La crisis desatada en el corazón mismo del capitalismo confirma que la civilización capitalista, nacida justamente con el genocidio español sobre los pueblos originarios de Nuestra América, ha entrado en un proceso indetenible de decadencia y crisis terminal; pero no por eso –o justamente por eso mismo- ha perdido peligrosidad o capacidad de violar derechos humanos, matar a millones de personas o destruir el planeta. Y el centro ideológico y político de esta desesperada batalla por la supervivencia del capitalismo a costa de la humanidad es el mismo Poder Económico que domina en Argentina.

    Y desde el golpe de Estado del 76 y el gobierno de Carlos Menem, domina de un modo más totalizador y no solo domina, también ha producido cambios estructurales en las clases propietarias de modo tal que mutó fuertemente la burguesía local.  Durante años se sostuvo el mito de la existencia de una supuesta “burguesía nacional” (emparentada con el mercado interno y con relativa autonomía de los grandes grupos trasnacionales), ya en los 30 José Carlos Mariátegui demostraba que la burguesía local latinoamericana nació y creció subordinada al imperialismo (inglés primero y yanqui después) pero para finales de los ochenta ni rastros había de aquel supuesto; en su lugar había aparecido una nueva burguesía local, mafiosa, corrupta, enlazada y subordinada por mil caminos con el Imperio, al que algunos prefieren llamar lumpen burguesía[9]. Una burguesía que ha colocado el negocio ilegal ya no en los márgenes del modo de producción, como fue en los periodos del llamado “capitalismo distributivo” (que de distributivo tenía poco y que –conviene no olvidar- era contra el que luchaban los treinta mil desaparecidos y la generación del Cordobazo), sino en el centro mismo de su modelo de valorización del capital, de su ciclo de negocios. En los noventa esta lumpen burguesía se apoderó del patrimonio histórico de los argentinos por medio de la deuda externa y las privatizaciones; y cuándo ese mecanismo se fue agotando, luego de robarse los ahorros de millones de argentinos en el 2001 (transformó los dólares depositados en un tercio a pagar en cómodas cuotas) viró a la producción de la soja transgénica y la minería a cielo abierto, haciendo de la comercialización de los comodotties, producidos a bajo precio por los bajos salarios pagados en pesos argentinos que se exportan y cobran en divisas fuertes, el modo de enriquecimiento. Es esta lumpen burguesía la que mata en Ledesma. Y mata de un modo directo puesto que el Jefe de Seguridad de la empresa encabezó el accionar de las fuerzas policiales jujeñas en el campito en disputa. Cuatro muertos.

    Es esta lumpen burguesía la que mató a Mariano Ferreyra, cierto que con la complicidad de la Policía Federal, puesto que una parte de la burocracia sindical hace tiempo que es parte del poder, es una especie de burocracia gerencial asociada a todos los negocios de la burguesía dominante.  Es esta lumpen burguesía la que incita a la Policía de Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires y otras a reprimir, torturar y asesinar. Y lo puede hacer porque el modo de construir hegemonía al interior del Partido Justicialista y del bloque de poder que ha desarrollado el kirchnerismo, incluye acuerdos de convivencia con los caciques y punteros peronistas del gran Buenos Aires, como el fascista Otaeche, y los gobernadores del interior, como el no menos fascista Infran de Formosa o el socio de las mineras Gioja de San Juan.  El gobierno pasó en su relación con las Fuerzas de represión por diversas etapas, casi todas ellas caracterizadas por la negociación con las cúpulas de preservar privilegios y espacios de “autonomía” a cambio de “favores políticos” como la promesa de la Federal de “no matar” en publico que sostuvo Aníbal Fernández por años. No subestimamos los cambios introducidos por la Ministra Nilda Garré primero en las Fuerzas Armadas y ahora en algunos, pocos, ámbitos de las fuerzas de seguridad. Pero el problema es de tal dimensión, la fuerza de la inercia de una cultura represora cultivada por más de un siglo, el complejo entramado de relaciones entre todas las fuerzas de seguridad con el Poder Económico, los punteros políticos, las mafias de la prostitución y el narco tráfico, etc. es tan grande que en este caso más que en ningún otro, o se cambia todo o no se cambia nada. Y por ahora, los cambios son parciales, tardíos (siempre llegan luego que la Federal o las Policías Provinciales matan compañeros) y por ello, el proceso de constitución de un nuevo modo de reprimir sigue adelante, no sabemos si avalado o consentido por el gobierno nacional; lo que si podemos afirmar que el gobierno nacional no lo enfrenta vigorosamente, y esa es –al menos por hoy- su responsabilidad puntual en la muerte de los compañeros o la desaparición de Julio López al que, como temíamos, lo han desaparecido por tercera vez: la primera vez fueron los grupos de Tareas de Etchecolatz, la segunda en el 2006 no sabemos quién y la tercera es que ni la Presidenta ni los medios oficialistas lo nombran como debieran. Todos los días debieran decir: hoy falta Julio López, desaparecido por luchar contra la dictadura primero y por luchar contra la impunidad después.

    Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó y todo lo que analizamos, todavía hay tiempo de impedir que este nuevo modo de reprimir madure y se transforme en un nuevo modo de Terrorismo de Estado, ahora en “democracia” (como ocurre en Colombia o en Honduras). Como efecto de las luchas históricas del movimiento de derechos humanos y de la decisión política del kirchnerismo, un inédito proceso de memoria se ha desplegado en el país y un espacio social mucho más amplio conoce y comprende las consecuencias de desatar el Terrorismo de Estado. Hasta ahora, muchos de los partidarios del kirchnerismo que son parte de este fenómeno de memoria, han aceptado “la razón de Estado”, versión moderna del viejo adagio de que el fin justifica los medios, pero la sanción de la Ley Antiterrorista los ha puesto ante una situación limite. Seguir por ese camino no solo es criminal, también es suicida. Como muestra de que la historia se abre paso por caminos insospechados, la celebración del Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner atrajo a la política a millones de jóvenes.  Ellos no han venido para avalar la muerte de nadie, y mucho menos a consentir el regreso de las momias del Terrorismo de Estado. Se trata, simplemente, de comprender ¿quién está matando a los militantes populares en la Argentina? y aplastar el monstruo del fascismo antes que reviva y nos aplaste a todos. El gran director de cine Ingmar Bergman filmó en 1977 (nada menos que en 1977!) una de sus obras maestras:  “El huevo de la serpiente”, mostraba como en medio de la democracia alemana crecía el fascismo, y cuántas oportunidades se perdieron de derrotarlo. Como un enorme y multifacético documental, millones de argentinos han conocido en estos años lo que significan las palabras “traslados” “desaparecidos” “centros clandestinos”; a su conciencia apelaremos en esta batalla contra el nuevo modo de represión, para abrir paso a una democracia verdadera, sin torturados ni desaparecidos, donde la vigencia plena de todos los derechos para todos sea el otro nombre de la Independencia Nacional.


    [1] En rigor, la función represora no cesó nunca, pero entre el 2003 y el 2006 prevaleció una suerte de tregua o pausa, al menos en el discurso oficial y el obrar de las fuerzas de seguridad nacionales.  La derecha en su conjunto, estaba como inhibida por el desastre que había ocasionado y por la reacción popular del 2001/2002. La desaparición forzada de Julio López en setiembre de 2006 marcó el final de aquella inhibición y de la pausa.

    [2] Un repaso rápido nos da la siguiente lista: Represión en la legislatura porteña (16/07/2004); Detenciones en Caleta Olivia (19/08/2004); Violenta represión a desocupados en Las Heras, provincia de Santa Cruz. El caso Carina Sauco (30/11/2004); Nuevamente represión en Las Heras ( 07/02/2006); Desaparición de Julio López, (18 de septiembre de 2006); Golpiza a los trabajadores del Hospital Francés, (10/10/2006); Represión en Cañadón Seco ( 12/09/2007); Trabajadores del Casino de Buenos Aires, que hacia varias jornadas que estaban en huelga, fueron atacados por la patota sindical del SOMU. Una compañera perdió un embarazo de 4 meses (30/01/2008); Represión en Kraft-Terrabusi. (25/09/2009); Ataque a los trabajadores del subte, que estaban en asamblea; Represión a Choferes de larga distancia; Atilra Rosario: Ataque e intento de tomar la sede sindical, por parte de una patota de 300 barras bravas y burócratas sindicales; Ataques y persecución de los Trabajadores del INDEC; Brutal golpiza a delegados portuarios por parte del sindicato. Patota dirigida por directivos del sindicato de guincheros, propinaron a los delegados Víctor Astorga (apuntadores terminal 5) y Alberto Berti (marina mercante, terminal trp), el viernes 23 de julio de 2010; Asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén; Asesinato de Mariano Ferreyra (20-10-10); Asesinato de los López, miembros de la Comunidad qom en Formosa; Agresión a los Docentes de Santa Cruz por la patota de la UOCRA; Represión y muertes en el Parque Indoamericano; Represión y asesinatos en Jujuy, en tierras del Ingenió Ledesma; Duro desalojo y represión, por parte de la policía federal a los Docentes de Santa Cruz, en Bs.As. Habían instalado una carpa frente al Ministerio de Trabajo, y fueron reprimidos con carros hidrantes; Detención del Pollo Sobrero y otros compañeros; Brutal ataque al Delegado Daniel Farella de la Línea 60.; Patota de la UOCRA agrede a sus propios afiliados en El Calafate. Valgan también otros ejemplos de lo sucedido en Indiel, IKA-Renault, Thompson Ramco, Rigolleau, Grafa, FATE, Ford, Wobron, Silvania, Atlántida, Alba y Codex, Astarsa, Tandanor, FATE electrónica, Eveready, Fitam, Cormasa, DANA, etc. fuente: “Represión, disciplinamiento, patotas y el gobierno nacional” de Leónidas Cerruti.

    [3] Resalto la dificultad  que tenía el poder real de asegurar la reproducción ampliada del capital (la valorización del capital, la ganancia media que todo burgués pretende) sin que la explotación sea severamente cuestionada y hasta dificultada por la resistencia obrera y popular.  Desde distintas tradiciones se puede considerar  el fenómeno como “crisis orgánica” (Gramsci), “de gobernabilidad” (sociología burguesa) o “situación revolucionaria desde el punto de vista objetivo” (Lenin)

    [4]Pagina 12 del 22/12/2012

    [5] En el documento de algunos  intelectuales del Centro Cultural de la Cooperación, encabezados por el legislador Juan Carlos Junio, ”votante positivo” de la terrorista Ley antiterrorista se afirma: ”Se han logrado avances notables en materia de políticas de integración regional, de memoria, verdad y justicia, de no represión de la protesta social, de medidas de redistribución progresiva de la riqueza, de democratización de la palabra, de reconocimiento de derechos a minorías….Los cambios en curso en las fuerzas de seguridad que el Ejecutivo Nacional viene encarando con decisión, exigirán renovados esfuerzos en las provincias para terminar con el gatillo fácil o la policía brava, que sigue actuando y cuyo trágico accionar se revela en el saldo de muertos civiles cuyos crímenes han sido defender sus derechos, o simplemente fueron fusilados bajo el delito de portación de cara…..Los derechos humanos que este gobierno nacional defendió como ningún otro reconocen el valor de la vida y el derecho a peticionar como un principio refundacional de una democracia que demanda avanzar hacia formas cada vez más plenas y participativas.”

    [6]  dos ejemplos: “Vemos crecer la lista de los asesinados. Muertes que en su repetición no dejan de asombrarnos. Muertes que van cubriendo toda nuestra geografía. Muertes que, lejos de ser inocentes, marcan un encarnizamiento represivo que no puede ser negado ni atribuido a lejanas decisiones para des responsabilizar al gobierno central. Ahora descubrimos que desde 1994 somos un país federal, y que por lo tanto las muertes dependen de las policías provinciales, o de los caciques locales” Documento Plataforma 2012 y  otro de Diego Rojas, autor de “Quien mató a Mariano Ferreyra” “En el caso del Indoamericano y el de Mariano Ferreyra se usó un método que ha estado teniendo una repetición inusual en estos últimos años que es el caso del uso de patotas para reprimir a la protesta social, que es lo que podría llamarse la tercerización de la represión (…) el gobierno dice que no se reprime la protesta social, sin embargo la demanda de grupos sociales fue reprimida por patotas”. Y más: “este gobierno dice que no reprime la protesta social aunque de hecho si lo hace”.. “Se organizan patotas desde diversos sindicatos para acallar a opositores, donde en conjunto los empresarios y los sindicalistas usan este método que a ambos les conviene, por un lado a los empresarios les conviene que no haya protesta social, por otro a las direcciones sindicales burocratizadas que en una cantidad de casos hace décadas están en sus puestos, les conviene que no haya voces opositoras a sus mandatos.

    [7] el concepto lo inspiró  Jorge Beinstein con un comentario sobre el borrador de este texto. Jorge es, autor de numerosos textos sobre la crisis del capitalismo.  Su último libro es “El comunismo del siglo XXI”, Ed. Barricada, Caracas.

    [8] consultar la investigación del Washington Post: http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/a-hidden-world-growing-beyond-control/1/, hay otras versiones en castellano, pero esta es la oficial

    [9] el concepto “lumpen burguesía” fue desarrollado en los 50 por Ernest Mandel y retomado en los 60/70 por Andre Gunder Frank. Por entonces suponía diferencias entre “nuestras” burguesías periféricas y las centrales; con el desarrollo de la crisis, las diferencias se han borrado pero como todo aditamento al concepto de burguesía es una calificación política que intenta resaltar la centralidad que lo mafioso tiene en el ciclo de negocios y la ausencia completa de límites en su relación de subordinación a la burguesía hegemónica. Desde Marx en adelante, para el pensamiento crítico la burguesía es un sujeto universal y único, solamente se admiten conceptos como “burguesía brasilera” o “lumpen burguesía” o “nacional” por razones políticas y/o pedagógicas.