Al presidente de la Corte Suprema de Justicia

Dr. Ricardo Lorenzetti

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, venimos a solicitar una entrevista con Su Señoría a los fines de transmitir nuestra visión sobre la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad, cuestión asumida por Ud. y la Corte que preside, como prioritaria e irreversible por la labor de los organismos de derechos humanos y otras fuerzas sociales que lograron vencer la impunidad y hacer de estos juicios parte del contrato social que sostiene la sociedad argentina.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre acaba de cumplir setenta y cuatro años de vida, son setenta y cuatro años de lucha contra el autoritarismo y la discriminación, contra la represión y la negación del acceso pleno y universal de los derechos del hombre.

Llevamos tantos años de lucha que cuando nacimos ni siquiera se llamaban derechos humanos a la defensa de los presos políticos, la resistencia al avance del pensamiento y la política fascista, racista y macartista o el sometimiento de argentinos a condiciones indignas de la humanidad y de los derechos proclamados en la Constitución de 1853.

Transformamos nuestro compromiso histórico en acciones y conductas institucionales que nos han llevado a ser reconocido como querellantes en más de sesenta causas y a ejercer ese rol, de manera directa o como parte de querellas unificadas y colectivas, en casi la mitad de los juicios orales realizados hasta la fecha.

No es la nuestra una opinión especulativa sino el resultado de la reflexión sobre la práctica de nuestros abogados, familiares de las víctimas y compañeros sobrevivientes del terrorismo de Estado que han aportado generosamente su testimonio e investigaciones para el éxito de los juicios en curso; y queremos decirle -que no importa los problemas y falencias que observemos en los juicios- lo seguiremos haciendo.

Como hemos dicho más de una vez, valoramos los juicios contra el Terrorismo de Estado por muchas razones: por ser la vez primera que un genocidio se juzga en la Argentina, y no es el primero que sufrimos; por constituir el proceso judicial en curso ejemplo y estimulo para la lucha de los pueblos de Nuestra América contra la impunidad y el olvido; porque los juicios terminados, y algunas de las condenas, han estimulado el proceso de Memoria y Verdad que hemos sostenido desde nuestro nacimiento como fuerza y porque los juicios han golpeado esa verdad de Perogrullo que a los poderosos nunca se los puede condenar porque la Ley está de su lado.

Pero hoy venimos a reafirmar algo que también hemos afirmado infinidad de veces: así no hay justicia plena ni verdadera; por el camino que transita el Poder Judicial no solo que no lograremos el objetivo de juzgar a todos los represores y esclarecer la situación de todos los compañeros, sino que quedará fuera del objeto procesal, del banquillo de los acusados y de la condena judicial el grupo social, con centralidad en el Poder Económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del Genocidio lo que hace imprescindible y urgente la intervención de la Corte Suprema para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos construidos en los largos años de lucha contra la impunidad y asumidos como propios por la propia Corte Suprema.

Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos.

Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el objeto procesal (plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU.) y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales.  Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida (juicio oral por la desaparición de Alicia López contra Mario Facino en la ciudad de Santa Fe 2010, donde la Ladh fue querellante igual que en el último juicio celebrado en la Mega Causa Campo de Mayo en el que se juzgó al Comisario de Tigre, Demetrio Luna, por los casos de Fatece y Darganz…un mini juicio de ocho audiencias por un represor y dos víctimas mientras se acumulan miles de casos de uno de los Centros Clandestinos más grandes del país ) de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida.

La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones que exceden lo jurídico; como en el caso del Juez de Jujuy que ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral y que se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma, son razones ideológicas culturales la que preservan la impunidad de los poderosos

Creemos que el obstáculo principal para lograr justicia radica en la mirada dogmática que el Poder Judicial sostiene sobre estos juicios fingiendo que el Estado en su conjunto, y la responsabilidad del propio Poder Judicial en esto es insalvable, no ha intervenido por medio extra judiciales para sostener la impunidad de los genocidas.  La negativa del Tribunal Oral que intervenía en el juicio por algunos de los delitos cometidos en la Esma a tomar medidas para recuperar los archivos micro filmados que el represor Acosta afirma que estaban en alguna oficina  de esa fuerza, da cuenta de la mirada supuestamente “neutral” pero positivamente comprometida con la impunidad.

Muchas veces, se hace de la llamada “normalidad procesal” una excusa para beneficiar los represores ignorando que los juicios se hacen porque estos son delitos de lesa humanidad cuya impunidad fue sostenida por el Estado durante más de treinta años.  La decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Fe de finales del 2011, de considerar cumplida la mitad de la condena a solo dos años de haber dictado sentencia contra el ex Juez Federal Víctor Hermes Brusa, da cuenta de que los lazos corporativos son más fuertes que el compromiso con la Verdad y la Justicia de una parte del Poder que a Uds. les corresponde conducir hacia el cumplimiento del compromiso que asumieron con la sociedad de que efectivamente haya juicio y castigo a los culpables del Terrorismo de Estado.

Como adelanto de lo que queremos plantearle en la reunión solicitada podríamos citar como ejemplos más dolorosos que en Jujuy no solo no hubo juicio oral alguno sino que el Defensor  Público solicitó que los juicios sean por el viejo procedimiento escrito y el pedido fue aceptado en primera y segunda instancia, amén que sigue habiendo un conjuez de probado compromiso con la impunidad; que en La Pampa, a pesar de haberse probado en el único juicio oral que hubo la responsabilidad de los médicos en la tortura, uno de ellos sigue siendo el titular del Departamento Medico de la Policía provincial; que sigue habiendo jueces y tribunales que se niegan a reconocer la violación y la violencia sexual como delito autónomo, que los asesinos de Floreal Avellaneda, hijo de la vice presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, gozan de una inaceptable “prisión domiciliaria” así como el TOF de Santa Fe permitió que los represores Brusa, Ramos y Aevis pasen las fiestas en familia  o que en el último de los juicios orales que se realizan en el marco de la mega causa de Campo Mayo, se haya condenado al imputado a solo ocho años de prisión “domiciliaria”, borrando con el codo lo que se había afirmado en otras sentencias, por ejemplo en la dictada contra Etchecolatz, que por el tenor de los delitos cometidos, estos delincuentes no podían pasar un solo día de sus vidas fuera de la cárcel.

Nos preocupa también la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos Jefes y cabeza de la cadena de mandos, mientras se alargan las prisiones preventivas para decenas de represores que al no llegar a la instancia del juicio, reclaman su libertad en función de las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica comenzando un lento, casi imperceptible pero peligroso “chorreo” de represores que se escurren de las cárceles sin juicio ni castigo por directa responsabilidad del Poder Judicial que a Uds. corresponde controlar y hacer cumplir la promesa de atacar la impunidad.

Resulta, en este plano, incomprensible e inaceptable, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se puedan habilitar otras salas que las que funcionan en el edificio de Comodoro Py generando la insólita situación de que los juicios se hacen por “turnos” apelando a una grilla de horarios que combinan dos o más juicios en una misma sala.  Si no fuera dramático, hasta sería cómico. Por este camino, el carácter “público” de los juicios se ha ido deteriorando y con ello, la función pedagógica democrática que deben jugar. Es necesario revisar la disposición que limita la televisación directa de los testimonios de los compañeros y desplegar una enérgica política de difusión de los juicios que no se puede agotar en la interesante labor que se lleva adelante desde la pagina web.

En demasiados juicios orales, por ejemplo en el que se lleva adelante desde el 2010 en Rosario –conocido como Causa Díaz Bessone- los imputados gozan de una libertad condicional que remite a una supuesta “presunción de inocencia” que no es tal dado que los terroristas (los únicos y verdaderos terroristas que hay entre nosotros, los terroristas de Estado) cuya responsabilidad en el plan de exterminio, en algunos casos, está probada desde inicios de los ’80, han esquivado el Juicio y Castigo por la intervención del Estado que ahora simula equidistancia, generando en los testigos, abogados y militantes de las fuerzas que impulsan el Juicio al Terrorismo de Estado la incomodidad de convivir en la misma ciudad, transitar por los mismos lugares o acaso tomar los mismos medios colectivos de transporte que sus verdugos.

La primera medida en cuanto a la protección de los testigos, asumida como cuestión de Estado desde el fallo en la Causa 13 de 1984, radica en poner tras las rejas a quienes cometieron los crímenes más horrendos de la historia nacional.  Aquí también falta la intervención la palabra y la acción de la Corte Suprema para terminar con una situación que victimiza otra vez a  quienes se busca reparar con estos juicios.

Y terminamos con Julio López, no solo para reclamar contra la impunidad que gozan sus desaparecedores sino para hacer visible que la desaparición de Julio López ocultó el reclamo que se inscribió en aquella sentencia de que para juzgar el Genocidio hacía falta un debate que permitiera construir una estrategia estatal unificada de investigación, instrucción y juzgamiento.

Acaso uno de los modos más contundentes de demostrar la ausencia de esta política estatal unificada es que a los mismos represores, Bignone por ejemplo, en una jurisdicción se lo condena a Perpetua en Cárcel Común (Tribunal Oral Federal de San Martín, luego cancelada transitoriamente –esperamos- por Casación) y al mismo represor en el juicio por la causa Hospital Posadas le dictan prisión domiciliaria.  SE ha roto el principio de que por igual delito, igual condena; para los represores todo depende del Tribunal que los juzgue: unos los consideraran merecedores de condena a prisión perpetua en cárcel común y otros le fijarán condenas de algunos años en su propio domicilio, con sus afectos y comodidades terminando de diluir la imagen de terroristas de Estado que perpetraron un Genocidio.

Porque de eso estamos hablando, o no?

El tiempo transcurrido desde el inicio y/o reapertura de los juicios nos afirman en la convicción que sigue haciendo falta una estrategia estatal unificada que ponga el norte en la condena de los genocidas y desarme la estrategia jurídica de impunidad que se nos viene imponiendo: prisiones domiciliarias para los pocos condenados (algunos más de una vez), dispersión de las causas en infinitas investigaciones aisladas que no solo demoran el proceso sino que generan la falsa imagen de un conjunto de hechos aislados, lo que a su vez fortalece la tendencia a ignorar el verdadero objeto procesal y a sostener la “normalidad procesal” como el principal instrumento de impunidad jurídica a desmontar y la casi nula actividad judicial para investigar los cientos y miles de denuncias que se vuelcan en los juicios, no solo sobre la responsabilidad individual de militares, policías, médicos, jueces, periodistas u directores de cementerios, sino sobre la responsabilidad del Poder Económico que sigue gozando de la más plena y rigurosa impunidad.

Por todas estas razones, desde la legitimidad que consideramos haber ganado en estos setenta y cuatro años de existencia y en nuestro activo rol en los juicios en curso, es que solicitamos formalmente mantener una reunión con Su Señoría.