La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ofreció ayer una conferencia de prensa en la que dio a conocer los fundamentos de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Allí, reclama una serie de medidas para provocar cambios que ayuden a acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se están tramitando a lo largo del país y le reclamaron un pedido de audiencia.

Entre los principales puntos que figuran en el documento titulado “Así no hay justicia plena”, se advierte que “por el camino que transita el Poder Judicial” no sólo no se logrará “el objetivo de juzgar a todos los represores” a los fines de esclarecer lo sucedido con todas las víctimas del terrorismo de Estado, sino que tampoco se logrará investigar y condenar al “poder económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del genocidio”, motivo por el cual resulta “imprescindible y urgente la intervención de la Corte para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos” construidos sobre la base de la lucha contra la impunidad, los que también fueran asumidos por ese alto tribunal.

En otro tramo subraya que “los juicios tienen un problema de base”, ya que el “proceso de instrucción no ha sido (una) obra planificada” por la Justicia “sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso posdictatorial” con el agravante de que no organizaron su información para ser utilizada” en los procesos sino para averiguar el paradero de los desaparecidos.

En otro tramo destacan que durante años el Poder Judicial “encaró la investigación ignorando el objeto procesal y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales” y no como realmente fue, un plan de exterminio que produjo un genocidio inducido por el poder económico y el gobierno de los Estados Unidos.

La Liga afirma que aún hoy “se realizan juicios orales” en los que resulta “casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenía la mano del homicida”, por lo que queda clara la “obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio” basada en razones que exceden lo jurídico. Como ejemplo mencionan a un juez de Jujuy, que “ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral” y el cual “se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma”.

También cuestionan la negativa del tribunal que actuó en el juicio ESMA a los fines de lograr recuperar archivos microfilmados; la decisión del TOF de Santa Fe el cual a sólo dos años de dictar sentencia contra el ex juez Víctor Brusa consideró cumplida la pena y la inexistencia de juicios en Jujuy, donde además el defensor público pidió que los juicios se tramiten por el viejo procedimiento escrito, lo que fue aceptado en primera y segunda instancia. Destacan que en esa provincia además sigue “habiendo un conjuez de probado compromiso con la impunidad”, o lo que sucede en La Pampa, donde se probó la responsabilidad de los médicos en la tortura, pese a lo cual uno de ellos “sigue siendo el titular del Departamento Médico de la Policía Provincial”. También dejan en evidencia la existencia de jueces y tribunales “que se niegan a reconocer la violación o la violencia sexual como delito autónomo”.

En el documento de cinco páginas al que tuvo acceso este diario, se cuestiona “la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos jefes y cabeza de la cadena de mandos”, mientras se van alargando “las prisiones preventivas” para otros tantos represores, quienes, “al no llegar al juicio, reclaman su libertad” basados en pactos internacionales, comenzando de esa forma “con un lento, casi imperceptible pero peligroso ‘chorreo’ de represores” sin juicio, ni castigo “por directa responsabilidad del Poder Judicial”, que, mencionan, le corresponde a la Corte “controlar y hacer cumplir la promesa de atacar la impunidad”.

También destacan que muchos de los imputados gozan de libertad condicional “generando en los testigos, abogados y militantes el hecho de convivir en la misma ciudad, transitar por los mismos lugares” o acaso tomar los mismos medios de transportes con “sus verdugos”.

A todos esos fines el organismo advierte que “falta la intervención, la palabra y la acción de la Corte para terminar con una situación que victimiza otra vez a quienes se busca reparar con estos juicios”, y es por ello que denuncian estos casos y solicitan la audiencia con Lorenzetti .

Consultado por BAE, José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, señaló que si bien “hay juicios y condenas, es que es posible ir por más”. Y remarcó que la Corte se comprometió a ir en esa dirección porque se hizo cargo de la demanda de la sociedad.

De todos modos, definió que “la sociedad no quiere que (el represor) Santiago Riveros esté en su casa sino en la cárcel” o que se condene “no sólo al que usó la picana sino también al que pagó y al que se benefició del terrorismo de Estado como en Mercedes Benz, Ford o Clarín, y ese proceso tiene que empezar de una vez”.

El dirigente remarcó además que “no hay una sola causa que haya sido por iniciativa del Poder Judicial”, y destacó que eso se debe a que los organismos tuvieron un rol activo. “Eso es lo que queremos discutir con la Corte, para que den instrucciones claras y se produzcan cambios drásticos. Si los jueces no quieren avanzar, entonces que renuncien o que se convoque a abogados democráticos para que exista una fuerza que quiera ir contra la impunidad”.

El dirigente sostuvo que “en cada juicio los testigos no sólo hablan de los imputados sino que dan cantidad de nombres de represores y de cómplices y no pasa nada”.

“Si eso no se modifica, ocasionará dos efectos, el de la impunidad biológica porque los represores y los testigos nos vamos a morir y se terminará buena parte del proceso. Y la otra, que al empantanarse este proceso será cada vez más difícil salir de la escena de la tortura, y para avanzar hacia el verdadero poder que inspiró al terrorismo de Estado, que es el económico”, indicó.