Presentación al Foro por la Paz en Colombia a realizar en Porto Alegre,
en mayo de 2013, a nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
por José Ernesto Schulman
que publica en cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com
in memoriam de Juan Camilo Lizarazo,
preso político asesinado
con los “guantes blancos”
de la negación de atención medica
en abril de este año
Cuatro ideas para el debate
de qué paz hablamos? de la pax romana o de la que surge de la vigencia de los ddhh
la naturaleza del conflicto y la imposibilidad de equiparar el Ejercito y las fuerzas estatales con las insurgentes por definición y por derecho internacional
la experiencia argentina contra la teoría de los dos demonios y la pretensión de igualar víctimas y victimarios, opresores y rebeldes
la paz en Colombia, una causa americana
uno
Que la paz es un derecho humano casi es una obviedad pero no es tan obvio que cosa se entiende por la paz; de hecho, desde el nacimiento de la tradición cultural donde se afirma la civilización capitalista se discuten dos conceptos de paz: la pax romana y la paz de Jesús concebida como la plenitud de las posibilidades vitales que se expresa en el shalom.
La primera es la paz de los vencedores, la paz de los cementerios, la paz impuesta por la fuerza que convalida la injusticia y consagra la impunidad; esa paz que es la que pretende el Imperio y buena parte de los dueños del Poder en Colombia, es estéril y encubridora de un conflicto histórico, real y por ello, imposible de descartar o ignorar y que resurgirá de un modo u otro, más temprano que tarde.
La segunda, heredera y continuadora del discurso fundacional del primer cristianismo, es la idea que la paz es el modo en que se realizan los derechos populares y la dignidad humana. En el Evangelio de Juan (14,27) se narra que Jesús al despedirse le dice a su pueblo “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.” donde “el mundo” es el Imperio Romano y su paz, la que no es cristiana, es la pax romana, la paz sin justicia ni derechos humanos; es otra paz la que propone Jesús definida por su rechazo a los ricos y su proclamación de la igualdad entre las personas en una civilización donde muy pocos eran considerados iguales.
Por eso la primer discusión es qué tipo de paz queremos para Colombia: la pax romana o la que proponía Jesús. La paz que consagre la impunidad y la dominación política, económica y ambiental de los pueblos de Colombia por parte del Gran Capital o la paz que termine con la violación sistemática y masiva de los derechos humanos por parte del Ejercito y el aparato estatal de seguridad, incluyendo en un lugar destacado al sistema penitenciario, pero también de los paramilitares –no importa el nombre que asuman al renacer una y otra vez, cada vez más crueles y perversos.
Y si descartáramos todo fundamento ético o filosófico, valdría recordar que todos los intentos de imponer la pax romana en Colombia han fracasado una y otra vez por la obstinada resistencia del pueblo y la fuerza telúrica del conflicto ya ancestral para que nosotros vengamos a decir que estamos por la paz como un camino para la libertad y la felicidad del pueblo, la paz como modo de hacer realidad los sueños independentistas de Bolívar y San Martín, de Allende y el Comandante Guevara, de Gaitán y Marulanda, de todos y cada uno de los miles y miles de colombianos y colombianas de las más variadas formas de pensar y de actuar que han bregado de todos los modos posibles para terminar con el conflicto armado y para terminar con las causas que originaron y alimentan este conflicto
dos
Decía Hegel que cuando un fenómeno finaliza se ponen a prueba los conceptos que intentaron dar cuenta de su naturaleza; por eso, al comenzar el proceso de conversaciones enfiladas a terminar el conflicto se vuelva una y otra vez a discutir la naturaleza del mismo y a su inicio. La derecha, en Colombia y en todo América Latina, tiene una misma explicación para todos los conflictos sociales (armados o no, prolongados o de corta duración): todo se originó en la intención de “imponer un régimen extraño al ser nacional”, a una “agresión subversiva comunista”, enmarcada en la guerra fría y justamente fue el fin de la guerra fría por implosión de la Unión Soviética y el llamado campo socialista, el que originó el discurso del “narco terrorismo” y la “degeneración” de la insurgencia que muchos progresistas, por ignorancia u oportunismo, repetían como loritos en los años duros de la ofensiva de Uribe y el Comando Sur del Ejercito de los EE.UU., al cual nunca hay que obviar en la discusión sobre la paz en Colombia puesto que sin su participación desde el comienzo mismo del conflicto, hace rato que la paz sería realidad.
Precisamente fue el fracaso de tantos planes de aniquilamiento de la insurgencia el que obligó a un cambio discursivo, a una versión específica de la “teoría de los dos demonios” con que se pretendió justificar por vía de los excesos o efectos colaterales no deseados lo que en verdad fue y es un plan de aniquilación sistemático estatal
Como casi todos saben el conflicto se originó por la acción asesina de la oligarquía colombiana que al ejecutar a Jorge Eliecer Gaitán en 1948 no solo precipitó el Bogotazo sino una serie de enfrentamientos por la tierra que derivaron en una interminable serie de confrontaciones armadas que han pasado por toda clase de contingencias, de cambios en la correlación de fuerzas para uno u otro lado, pero no desaparecieron nunca ni siquiera cuando el Imperio del norte, embriagado por la borrachera exitista de sus guerras contra el terrorismo del siglo XXI, acumuló millones de dólares y agencias que lograron exterminar uno a uno a casi todos los miembros de la dirección nacional insurgente. Ignoraban lo que el sacerdote colombiano Camilo Torres había interpretado en 1965: entrevistado por la revista Marcha brindó su interpretación del surgimiento de las FARC que a la distancia nos resultan convincentes y coherentes con el pensamiento crítico de la época y de las nuevas ideas que crecían en la Iglesia Latinoamericana: “Las guerrillas en Colombia son mucho más que un problema policial o un problema político. Son un problema social que toca las raíces mismas del país. Por eso no sirven las calificaciones morales para condenar la lucha guerrillera. Es lo mismo que el ejército: no podemos aprobarlo o condenarlo con calificaciones morales abstractas. Hay que ver a qué fines sirven unos y otros, guerrillas y ejércitos. Cuando todos los canales de ascenso social parecían cerrados para el campesinado y la estructura opresora de la sociedad colombiana inconmovible, las guerrillas vinieron a abrir, bien o mal nuevos canales de ascenso, y a través de su existencia decenas y cientos de miles de campesinos adquirieron conciencia de seres humanos capaces de decidir en la historia de Colombia, por primera vez. Quienes en nombre de la conservación social condenan el fenómeno, deben antes explicar por qué las viejas estructuras no pudieron satisfacer esa necesidad.
En los años 60, la Revolución Cubana, con su accionar liberador puso más de manifiesto el carácter reaccionario y deshumanizante de la dependencia de los pueblos hacia los Estados Unidos abriendo o profundizando todo tipo de debates, incluido el de la violencia. Pretender pensar aquellos años, y sus consecuencias mediatas al margen de aquellas discusiones no solo es metodológicamente incorrecto, sino básicamente erróneo. La propia Iglesia de Roma, conmovida por las tensiones desatadas convoca a un Concilio: el Vaticano II que transcurrió en cuatro sesiones realizadas entre 1960 a 1965, iniciada por un Papa y concluido por otro que en 1967 da a conocer la encíclica Popolurum Progressium donde estampa una frase que hoy causaría espanto en el Vaticano del siglo XXI (y también en las jerarquías eclesiales argentinas y colombianas): “la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia”.
Préstese atención al concepto de que “la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural” lo que no pocos interpretaron como un asumir la posición desarrollada por Carlos Marx en colaboración con Federico Engels a fines del siglo XIX que se podría resumir en la sentencia contenida en el Antidhuring: ”el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin”, sabiéndose que los fundadores del comunismo como corriente política y pensamiento filosófico sostenían que para conquistar la igualdad real, ya no la formal proclamada por la Revolución Francesa de 1789 en su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, reivindicaban la lucha de clases hasta logar el poder popular que acabe con las condiciones materiales que permiten “la ventaja económica” y por ende “el poder, la violencia” como medio de sostenimiento.
Conviene recordar que el derecho a la rebelión popular es acaso el primero de los derechos de los pueblos consagrados en el mismo prologo de la declaración de la ONU del 48 cuando dice
“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” tal como lo recoge la sentencia del Sentencia Tribunal Ético contra la colonización y ocupación israelí de Palestina recién finalizado en la ciudad de Buenos Aires que en su apartado 15) considera “Que en ningún caso puede considerarse de igual modo la violencia del opresor con la del oprimido. Mientras la primera obedece a un plan sistemático de dominación y aniquilación ejecutado desde estructuras del Estado israelí en contra de la población palestina, a los efectos de beneficiarse de sus padecimientos, la ejercida por el pueblo cuyo territorio es ocupado por una potencia militar refiere a la impotencia y la desesperación ante las injusticias padecidas, y debe considerarse en el marco de la apelación al supremo recurso de resistencia a la opresión, legitimado por el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Concluimos entonces que la paz no puede construirse sobre la base de la equiparación de los bandos en pugna puesto que eso liquida la historia real del conflicto e impide la conquista de Verdad y Justicia, bandera histórica de los pueblos de Nuestra América en los últimos cincuenta años, que hoy comienza a conquistarse en buena parte de la región.
tres
Permítannos transmitir nuestra experiencia en la lucha contra la equiparación de los torturados y los torturadores, entre los opresores y los oprimidos, entre los que ejercieron la violencia para sostener el régimen bárbaro de explotación y expoliación que sufrimos desde la conquista militar europea de nuestra América, prometo que intentaré ser breve en el relato histórico, pero considero importante considerar nuestra experiencia en uno de los pocos terrenos donde de un modo verdadero hemos avanzado, y con firmeza y profundidad.
En la Argentina, fueron los partidarios de Raúl Alfonsín los que sentaron las bases de la supuesta teoría: primero con dos decretos presidenciales por los que se ordenaba la captura de los jefes de las organizaciones guerrilleras PRT/ERP y Montoneros por un lado y de la Junta de Comandantes en Jefe por el otro (decretos 157/158) que luego el afamado escritor Ernesto Sábato, el mismo que se había entrevistado con el dictador Videla sin reclamar por la vida de ninguno de los cientos de intelectuales desaparecidos, estampara con cierto brillo literario en el Prologo del Nunca Más: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda” para continuar ”a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24/03/1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a los miles de seres humanos”.
El discurso fue un justificativo ético y teórico para la claudicación moral y política de Alfonsín ante los genocidas que se alzaron en la Semana Santa de 1987 y obtuvieron las leyes de Punto Final y de Olvido que clausuraron la vía jurídica del reclamo, impunidad que se pretendió remachar con los indultos presidenciales hacia los pocos condenados por el Juicio a la Junta. Vinieron entonces casi quince años de dura impunidad en que el discurso de los dos demonios se convirtió en hegemónico mientras se descalificaba a las víctimas que no se subordinaban al mandato de los aparentes vencedores y seguían reivindicando su identidad política revolucionaria y no abjuraban del pasado militante. Debe quedar claro que como parte de la resistencia al menemismo y las “relaciones carnales” con el imperialismo yanqui, hubo que combatir hasta derrotar la teoría de los dos demonios en los dos terrenos donde se había impuesto: el político cultural, que afectaba la resignificacíón del pasado reciente y el jurídico.
Esa batalla cultural, que se dio en términos clásicos de las disputas culturales, no se resolvió en el terreno cultural sino en el terreno de la lucha de calles. Fue el Diciembre Popular Insurreccional contra De la Rúa, la Alianza con el FrePaSo (que expresaba la continuidad del posibilismo intelectual que había abrazado la teoría de los dos demonios) el que generó las condiciones –con el descalabro del neoliberalismo en el plano teórico y del gobierno de De la Rúa en el plano práctico- para la superación de la equiparación de victimas y victimarios. Fue en el proceso de los juicios conquistados que se fue probando (y no solo con el testimonio de los sobrevivientes sino con documentos secretos de la Junta Militar que se iban consiguiendo) el Plan de Exterminio largamente preparado por una Doctrina de Seguridad Nacional que desde 1968 (mucho antes que comenzara cualquier forma de lucha armada de las organizaciones populares) ya preveía el aniquilamiento de los militantes, la tortura y la desaparición de los compañeros. Esos avances fueron reflejados en dos documentos oficiales claves: el prologo que el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde escribiera para la reedición del Nunca Más, como parte de la conmemoración del treinta aniversario del 24 de marzo y el dictamen que el entonces Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi firmara en noviembre de 2007.
Decía Duhalde: “es inaceptable pretender justificar el Terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables. Por otra parte el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976 cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el status quo porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculdas”.
Y agregaba Righi desde la perspectiva jurídica y la aplicación del Derecho Internacional: al hacer suyo un dictamen de los Dres. Pablo Parenti y Jorge Auat de la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad al analizar la causa abierta en la ciudad de Rosario por la muerte en 1975 del Tnte. Coronel Argentino Larrabure, atribuido al Ejercito Revolucionario del Pueblo ” Estos antecedentes demuestran que el elemento de contexto, que distingue los delitos comunes de los crímenes contra la humanidad según la práctica existente hasta la década de 1970, se apoya en que los actos forman parte de una política del Estado. Ello se desprende con claridad de la circunstancia de que los hechos a los que se aplicó esta categoría de delitos en todos los casos fueron crímenes cometidos a gran escala y con la participación o la tolerancia del Estado. En suma, los actos fueron cometidos por funcionarios del Estado o por agentes no estatales actuando de conformidad con la política de un Estado.” para agregar luego “Es claro que las categorías jurídicas pueden modificarse, pueden variar su alcance y también sus fundamentos. En cierta medida ello ha sucedido con la categoría de los crímenes contra la humanidad, especialmente a partir de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, pues se observa una tendencia a ampliarla hacia actores no estatales que, sin embargo, tienen un gran poder lesivo y pueden actuar a gran escala desplazando al poder del Estado. Uno de los supuestos que se han aceptado es el caso de organizaciones que ejercen de Facto el poder en determinado territorio y, por ello, reemplazan de hecho al Estado. En este sentido puede citarse la definición de la categoría que realiza Alicia Gil Gil: “[s]on crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de Facto” con la aclaración necesaria de Para Ambos y Wirth: “[e]n la actualidad no existe duda de que la entidad que opera tras la política no tiene que ser un Estado en el sentido del Derecho público internacional. Es suficiente con que sea una organización que ejerza de Facto un poder en un territorio dado”.
Pero agregan, luego de mencionar la jurisprudencia del Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, que en la categoría de los crímenes contra la humanidad “[…] no están comprendidas organizaciones que, siendo capaces de ejercer cierto poder, no son la autoridad de Facto sobre un territorio, en virtud de que existe una entidad mas elevada o mas poderosa que la domina. La autoridad en cuestión es más bien la que ejerce la autoridad más alta de Facto en el territorio y puede, dentro de ciertos límites, dominar a todos los que tienen poder y a todos los individuos. Así, una organización criminal en un Estado que todavía ejerce el poder sobre el territorio (por ejemplo, mediante las fuerzas policíacas normales) donde está activa la organización, no entraría dentro de la categoría de la entidad que se oculta tras la política. Si tal organización, según sus planes, comete múltiples delitos, esto, como tal, no hará que tales crímenes lleguen a ser crímenes contra la humanidad, En relación con los últimos desarrollo de la figura debe decirse que la necesidad de un vínculo entre los actos y un contexto determinado fue expresamente contemplada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al momento de tipificarse la figura de los “crímenes de lesa humanidad”.
En el artículo 7 del Estatuto se entiende por “crimen de lesa humanidad” cualquier acto de los enumerados en el párrafo 1 de esa norma (asesinato, tortura, desaparición forzada de personas, etc.) “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Este es el particular contexto requerido para que cierta conducta pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, el Estatuto introduce el llamado policía elementl al disponer que por ”’ataque contra la población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”. Tal como se ha visto en este apartado la figura de los crímenes contra la humanidad aparece asociada a la criminalidad de Estado.
Traduzco, para la derecha colombiana y algunos despistados del movimiento popular que pretenden juzgar a los insurrectos como si fueran la otra cara de la misma moneda de la ignominia; para lograrlo primero deberían ignorar el prologo de la declaración universal de los ddhh que declara como derecho de los pueblos el alzarse en armas contra la opresión, segundo deberían colocarse a contrapelo de toda la jurisprudencia de la CIDH y la Corte que han anclado en los Estados el peso de la pero aún si pretendieran utilizar el Convenio de Roma y sentencias sobre Ruanda y Yugoeslavia deberían demostrar lo siguiente: a) que las fuerzas insurgentes tenían dominio territorial exclusivo y absoluto sobre regiones geográficas del estado colombiano, y que eso fuera aceptado por el otro poder en competencia, el mismo estado colombiano; b) que la violación de los derechos humanos constituyera una práctica sistemática, masiva y planificada por parte de la insurgencia; y ni aún el más delirante de los observadores podría probar tales hechos.
Concluyendo este apartado decimos que la paz es inconcebible sin un proceso de juicio y castigo de los crimenes del Estado y sus organizacones formales e informales, digo, incluidos todas las formas de existencia de los paramilitares; no hacerlo consagraría la impunidad y dejaría una bomba de tiempo que, me temo, estallará mucho más temprano que tarde en las manos de aquellos que pretendan ya no la paz verdadera sino también su versión claudicante de paz a todo precio, la pax romana contra la cual hace dos mil años se rebeló un tal Jesús de Galilea, un carpintero que muere todos los meses en el Cauca, en las calles de Calí o en la Cárcel La Picaleña de Ibagué en el departamento del Tolima donde mataron a nuestro hermano Juan Camilo Lizarazo por el metodo salvaje de tratar “secuelas de evento cerebro vascular (hemiplejia izquierda)” con ansioliticos.
Como pretender curar el cáncer con aspirinas, como pretender resolver un conflicto de más de sesenta años con una paz sin solución a los problemas populares. Aunque duras, las metaforas medicas conservan su fuerza argumental y por ello acudimos a ellas en esta ocasión
cuarto.
Dice Jorge Beinstein que la caotización del mundo periférico capitalista es una de las tendencias que trae la declinación decadente del imperio como civilización capitalista; lo que en los ochenta llamábamos la Libanización de los países en conflicto hoy aparece como un objetivo explicito y el resultado de una acción deliberada y planificada por el Imperio.
El conflicto colombiano en su versión más brutal y extendida es el sueño imperial para toda nuestra América.
Si Cuba y el Alba representan la tendencia a superar la crisis por el camino de la verdadera independencia, liberación nacional y desarrollo sustentable; Uribe y los paras representan el otro polo de la ecuación americana en disputa. La discusión entre los dos modos de entender la paz en Colombia no es una discusión “nacional”, en el sentido estrecho del término, sino claramente una discusión regional sobre el futuro de Nuestra América: liberación o dependencia decíamos en los 70; continuidad del capitalismo depredador y sus consecuencias caoticas y catastróficas o la Segunda y Defintiva Independencia, decimos ahora.
Cuando se dice que Colombia es el Israel de América Latina no solo se alude a la participación del Mossad en el conflicto o la presencia de capitales sionistas en la región, se indica que el Imperio busca transformar a Colombia en el gendarme displinador de nuestra América. Por eso las bases militares, por eso la ayuda militar yanqui a todo lo que sea guerra y por eso hay que deducir que el Imperio saboteará toda forma de paz o presionará severamente para que si es sea una pax romana, lo que ya dijimos que no es paz sino dominación con resignación popular
La paz en Colombia es una cuestión histórica, ética, moral, política, económica pero también una obligación legal para los gobiernos de la región puesto que luego del largo periodo de dominación terrorista y neoliberal, de esta región surgieron los reclamos para que la violación de los derechos humanos no sea una cuestión meramente nacional sino universal, y tuvimos éxito en esa batalla. Por eso la Causa por Genocidio cometido en Argentina que se abrió en la Audiencia Nacional Número Cinco de Madrid en España y su consecuencia más impactante en su momento: la detención de Pinochet en Londres, nada menos que en Londres, y a su hijo mimado, Pinochet.
Y por eso no solo los pueblos sino también los gobiernos de la región, en primer lugar los intengrantes de Unasur, deben actuar con pasión por una paz verdadera. Y por qué los del Unasur?
Porque aceptaron que Colombia se uniera y hasta pusieron a su canciller al frente del organismo regional con el discurso justificador que así se lo condicionaba para que se sume al ciclo democrático y progresista que vivimos en la región.
Porque en la declaración fundacional del Unasur, en su compromiso democrático se declara compromiso con los ddhh y su plena vigencia como causa común, tanto que es motivo de exclusión la violación de los mismos como ocurrió con Paraguay en el caso del golpe contra Lugo.
Leo solo el prologo del acta fundacional para fundar la pretensión que exponemos: “La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”
Resalto: “otorgando prioridad al diálogo político” para lograr “eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia” y porque el logro de esos objetivos se asume como un objetivo regional, explicitando que se busca superar la división impuesta por la oligarquía al momento de la derrota del sueño independentista de nuestros Bolivar y San Martín.
Porque en la lucha por la segunda y definitiva independencia es imperiosa la unidad de los pueblos, esa que soñó Bolivar al convocar el congreso anfictiónico de 1826 en Panamá y renovó Hugo Chávez en el siglo XXI y porque la unidad popular latinoamericana implica pensar en términos de región y no de país, en términos estratégicos y no coyunturales; y para todo ello, para la democracia verdadera y la liberación definitiva, hace falta paz verdadera en Colombia.
“No se angustien ni se acobarden” nos dijo Jesús al despedirse,
“¡Ánimo! Que para los hombres de coraje se han hecho las empresas” decía el General San Martín cuando convocaba a declarar la independencia nacional argentina
Y me gusta pensar que en todo eso pensaba nuestro comandante Guevara cuando desafiaba al Imperio en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1964 “Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.”
“Porque esta gran humanidad ha dicho «¡Basta!» y ha echado a andar. Y su marcha, de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez, inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.»
Crónicas del nuevo siglo 