Después de treinta y tres años de los delitos cometidos en el Centro Clandestino que funcionaba en la Cuarta, Bv. Zavalla y Tucumán, ciudad de Santa Fe, un grupo de represores será juzgado por el Tribunal Oral Federal Número Uno de Santa Fe a partir del primero de Setiembre.  La causa se inició en el 2002, a nuestro pedido y tras la negativa de De la Rúa a cumplir con el Pacto de Extradición que el país tiene con el reino de España.  Entre los que serán juzgados se encuentra el ex Juez Federal Víctor Brusa y su condena será la primera que se dicte contra un funcionario judicial, y muy posiblemente, una de las pocas contra los civiles que fueron parte del plan de exterminio.

Brusa entró al Poder Judicial de la mano de su tío, un Juez Federal nombrado por el golpe gorila del 55 de apellido Wade y se asoció al equipo de otro Juez Federal, Mántaras, un fascista declarado que presidía Faeda (un organismo ultramontano de los 60, la Federación Argentina de entidades Anticomunistas).  Junto con Víctor Monti, el otro secretario del Juzgado, colaboraban con la tortura y eran considerados por la SIDE (según documento secreto de 1981 que obra en nuestro poder) “colaboradores en la lucha contra la subversión y amigos de la Fuerza”.  Desde su nombramiento en 1992, por iniciativa de los senadores santafesinos Luis Rubeo y la Gurdulich de Correa, por parte del Senado Nacional, denunciamos su pasado torturador y así logramos en el 2000 que se abriera un Jury de destitución a partir de una antigua denuncia del diputado Bravo, activada en el momento de la puesta en funciones del Consejo de la Magistratura.

Este había sido creado por la Reforma Constitucional de 1994, uno de los “regalos” que recibió Alfonsín a cambio de su aval a la reelección de Menem consagrado en el Pacto de Olivos, diciembre de 1993, pero hasta entonces no había sido implementado.  Desde antaño la labor de juzgamiento y destitución de los Jueces Federales recaía en el Poder Legislativo, o lo que es lo mismo decir, en la mayoría parlamentaria del momento.  Se trataba, se decía, de recortar el poder del gobierno de turno y de “democratizar” la justicia.  La composición del Consejo siempre fue corporativa: una cuota de consejeros para los colegios de abogados, otra para los jueces, otra para los legisladores y otra para la misma Corte Suprema.  El jurado de destitución era presidido por el miembro de la Corte. En el jury contra Brusa le tocó al vice de la Corte, Moliné O ´Connor, un menemista que sería luego destituido por corrupto.  Brusa tenía dos acusaciones: violar los derechos humanos y abandonar a un nadador por él atropellado en la laguna Setubal.  Así avanzó el Jury, con testimonios sobre los dos casos que se fueron probando de manera indiscutible.  No era fácil.  Brusa era todavía el único Juez Federal de la ciudad de Santa Fe y el obispo violador Storni, la familia judicial y la derecha de todo pelaje salió a bancarlo mediante una solicitada en la que consta hasta la firma de quien luego fuera ministro de Justicia de Kirchner, Iribarne. Pero la movilización popular se impuso y se llegó al momento del fallo con las acusaciones probadas largamente.  Catorce sobrevivientes de la Cuarta se presentaron a declarar y abundaron sobre el modus operandi de la Cuarta: tortura, intimación judicial y nueva tortura si no se firmaba la ficción de interrogatorio judicial que los Brusa o Monti presentaban.  Y ahí intervino Moliné O Connor: en una reunión del tribunal add hoc constituido para el Jury, planteó brutalmente que el único modo de destituir a Brusa era borrar los temas de derechos humanos y la mayoría aceptó el “canje” con la excusa posibilista de lograr “algo”.  El Dr. Nanno, en una postura ética que lo honra, presentó un voto en minoría en la que demuestró, no solo, el compromiso de Brusa con la tortura sino de todo el poder judicial con la dictadura.

Presidida por la Corte Suprema, el Consejo de los primeros años fue una pieza más del sostenimiento de la impunidad. El kirchnerismo se propuso cambiar algo pero no se animó a ir hasta el final: a cuestionar la “familia Judicial” con la que intentó acuerdos y negocios donde se mezclaba todo: algún intento de limpiar el poder judicial de los más retrógrados pero también el deseo de contar con “sus” jueces para tapar los negociados y corruptelas de sus cuadros.  Luego del 28 de junio, una ofensiva de tres patas se ha lanzado contra la composición actual del Consejo:  la familia Judicial que quiere recuperar la presidencia para la Corte, para volver a salvarlo a Brusa, es decir para garantizar el status quo reaccionario que hoy preside la justicia; la derecha política que se monta en el reclamo de la “familia” para golpear el gobierno desde los derechos humanos y los radicales que hacen su juego buscando cambiar la composición del Consejo para lograr su propia mayoría, pensando en un próximo gobierno propio o al menos consolidar “la Justicia” como territorio propio.

La composición actual del Consejo merece ser modificada pero no en la dirección que proponen la Corte, la derecha o los radicales, sino en una dirección contraria: hay que democratizar el Consejo metiendo pueblo en sus debates, dándole lugar a los organismos de derechos humanos, a los trabajadores judiciales y las centrales obreras, cambiando una lógica conservadora por una innovadora que se proponga un cambio de raíz en un Poder que desde 1930 en adelante fue funcional a todos los Golpes de Estado y que hoy es, sin duda, la principal traba al logro de la verdad y el castigo que buscamos para los genocidas de ayer y de hoy.

Si Brusa es el símbolo del compromiso de la Justicia con la dictadura, Moliné O Connor expresa la voluntad de impunidad que los anima.  En este tema, como en casi todos, o se avanza en una radicalización democrática o vendrá la restauración conservadora, y mucho antes que las elecciones del 2011.