Con la condena (diferenciada y en algunos casos injustificadamente mínima) de los Generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, los militares Osvaldo García, César  Fragni y  Raúl Harsich y el policía Alberto Aneto, el número de represores llevados a juicio y condenados se aproxima al medio centenar. Pocos, si se piensa en el número de hombres y mujeres que participaron del Plan de Exterminio perpetrado desde bastante antes del 24 de marzo del 76 y cuyos consecuencias penales, culturales, económicas y socio/políticas, lejos están de ser superadas.  Muchos, si se piensa en la experiencia latinoamericana y mundial, si se considera la persistencia del mismo PODER que domina la Argentina desde finales del siglo XIX y la férrea voluntad del amo imperial en defender sus cipayos.

Por ello, proponemos superar el paradigma liberal y la posición, a veces, autocomplaciente de mirar la lucha de clases desde el lugar de “eternas víctimas” y pensar la cuestión de la impunidad y de los logros en la lucha por la justicia, la verdad y la memoria (así, en ese orden, pues sin Justicia, no hay Verdad y sin Verdad no hay Memoria) desde la perspectiva de la lucha de clases, la correlación de fuerzas y los proyectos políticos actuantes.

Cómo se mostró (una vez más), demostró y hasta se aceptó en la sentencia, el secuestro de Iris y Floreal Avellaneda cumplió todas las condiciones exigidas por el Mando Militar: secreto, clandestinidad, engaño, crueldad y perversión sin límites.  Todo ello al servicio de un objetivo: eliminar un grupo nacional compuesto por todos aquellos que resistieran o pudieran resistir la imposición de un modelo capitalista (más tarde llamado neoliberal y que desplegaría todos sus “detalles” en los 90).

En el “Plan del Ejercito (contribuyente al Plan de seguridad nacional)” firmado por Videla en febrero de 1976, precisamente en el anexo 2 de Inteligencia, se describe detalladamente al grupo a eliminar según su identidad política y forma de organización social haciendo una caracterización detallada de la “determinación del oponente” y de la “caracterización del oponente”; allí se caracteriza al Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como entidades a vigilar y castigar dentro de un largísimo listado. Cada lucha se da en condiciones concretas y la lucha contra la represión bajo la dictadura se hizo en las más duras de la larga historia de la lucha contra la represión nacional (recuérdese que ya en 1902 se sanciona la ley 4144 y comienza la persecución legal a los oponentes al capitalismo argentino), sólo así se explica que aquello más preciado por los militantes de los 70, su identidad política, debiera ser simulado y/o ocultado bajo el peligro cierto de la victimización de aquellos que la reivindicaran o señalaran.

Pero lo que bajo la dictadura se justificaba por necesidad se transformó luego en un mecanismo de ocultamiento de la identidad política de los desaparecidos, consumando uno de los objetivos de la dictadura: que se aceptara dividir las víctimas en “inocentes” y “culpables” o como dice Andrea Huyssen, analizando los modos de relacionamiento entre el olvido y la memoria: “para que la sociedad argentina aceptara que hubo un Genocidio y treinta mil desaparecidos hubo que borrar la identidad política de éstos”.  En el caso de los comunistas desaparecidos y/o asesinados por la Triple A y la dictadura, la maniobra fue más perversa: se les borraba la identidad a los compañeros mientras se demonizaba la identidad adjudicándole complicidades y claudicaciones inexistentes.

Tal cómo lo anunciaba el Plan del Ejercito de febrero del 76, los comunistas fuimos víctimas de la dictadura; y no solo eso: también fuimos una de las fuerzas políticas que contribuyeron a la resistencia dentro y fuera del país, por todos los medios de lucha (incluso los legales) como quedo ampliamente demostrado en este juicio por Iris y Floreal: es el comité barrial primero y regional después el que protege a Floreal padre en la clandestinidad, es el abogado comunista Julio Viaggio  (y todos los compañeros que lo acompañaban en su estudio jurídico y la Liga de la zona norte) quién diseña la estrategia que las comunistas Arsinoe y Azucena, protegidas por otros comunistas y militantes de la Liga, van a ejecutar visitando comisarías, despachos militares y gubernamentales, inscribiendo el nombre del Negrito en todas las solicitadas y listas que se presentaran aquí y en el exterior. La presentación del Habeas Corpus y el reclamo de la identificación de los restos en Uruguay revelan una organización que actúa en los límites de la legalidad/clandestinidad y por eso cuando Julio Viaggio concurre a Campo de Mayo, citado por Riveros ante sus reclamos, va acompañado por todo el Colegio de Abogados de San Isidro pero lleva puesto un sobretodo (en verano)  para decirle al General que está preparado para ir a las cárceles del Sur si ese es el precio por reclamar por Floreal y todos los desaparecidos.

Nuestra decisión de reclamar el rol de querellante para el Partido y la Federación Juvenil Comunista, no solo se basaba en la convicción de que si no pudimos evitar su muerte, estábamos obligados a bregar por la condena de sus victimarios; también apuntaba a señalar lo ausente (o poco resaltado) en los juicios por el Terrorismo de Estado: entre los desaparecidos no había inocentes, todos eran parte de la lucha por una Patria Socialista y cada uno de ellos lo hacía desde una organización política o social y con una identidad bien definida. Por eso el compañero Ernesto de Marco, convencido que lo liberan o lo fusilan, escribe DE MARCO PC, en el sótano de la Esma, como Marcos Osatinsky hubiera grabado Montoneros o el Roby Santucho la estrella de cinco puntas de su Ejercito Revolucionario del Pueblo.

Cuándo nos preparábamos para afrontar la batalla jurídica política, que presumíamos dura pero nunca tan dura como resultó, afirmamos que  ademàs de bregar por la condena judicial nosotros, los comunistas, íbamos al juicio por la reivindicación del Negrito Avellaneda; es decir, por el esclarecimiento del crimen pero sobre todo por el esclarecimiento de las razones (porque aún el crimen más monstruoso es obra de la razón, como bien lo dijo el General Auel en el juicio: la racionalidad estaba dada por la “funcionalidad” y puso cómo límite que nunca le pidieran torturar a su madre) de su muerte y sobre todo de las razones que llevaron a una generación a confrontar con un enemigo tan perverso y poderoso como el que enfrentamos.

Este fue un juicio peculiar, acaso en el que los testigos fueran como nunca revictimizados o donde los represores y sus “defensores” (nunca tan bien empleado el término para los profesionales que decidieron comprometerse con los genocidas) fueran tan lejos en la reivindicación del Terrorismo de Estado y la Tortura, pero también fue el primero en que el partido político al que pertenecían y pertenecen las víctimas reivindicó una cultura revolucionaria, no para afirmar su unicidad o primacía sobre otras sino para que no falte ninguna al momento de pensar la pluralidad de la cultura revolucionaria y su imprescindible unidad.

Porque como lo dice Juan Gelman en su poema sobre Rodolfo Walsh los compañeros “ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país hojitas caídas del fervor/la esperanza/la fe/ pedacitos que fueron alegría/combate/ confianza en sueños/sueños/sueños/ sueños/ y los pedacitos rotos del sueño/¿se juntarán  alguna vez? ¿se juntarán algún día/pedacitos? ¿están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿están diciendo que soñemos mejor?”. Y así fue, más allá de cualquier otra consideración jurídica o política, el juicio sirvió para juntar los pedacitos de los compañeros desparramados y para que más compañeros sueñen, y sueñen mejor. Y tengo la más intima convicción que eso es lo que más quería el Negrito.