Como una señal de la inalterable consecuencia de los radicales con la impunidad, la casualidad quiso que fuera el Ministro Jaunarena, aquel que acordó con los genocidas la impunidad en 1987, el que rechazara el pedido de extradición sobre 19 terroristas de estado, entre los cuales se encontraban el ex juez Víctor Brusa y la banda santafesina de la Cuarta y el G.I.R.

Las excusas son conocidas: como los delitos fueron cometidos en territorio argentino se niega a jueces de otros países el derecho a juzgarlos. A eso llaman “principio de territorialidad” como si no supieran que los delitos “de lesa humanidad” (torturas, desapariciones, genocidio, etc.) no admiten prescripción temporal ni exclusividad geográfica .

Acaso De la Rúa sume otro record a los conocidos del “riesgo país” o el de los cinco millones de votos perdidos en dos años: el fin del mito de que los radicales son gente comprometida con los derechos humanos, mito que no resiste el menor análisis histórico pero que ha persistido mucho tiempo en la Argentina y ha sido clave en esterilizar el pensamiento progresista.

El primer presidente radical, Don Hipolito Irigoyen consintió las masacres de la Patagonia Rebelde, de la Semana Trágica y de nuestra Forestal; el mismo Humberto Illia ordenó a sus fiscales que rechazarán la personería electoral de los comunistas alegando “falta de compromiso con la democracia” en marzo de 1966; su caudillo histórico Ricardo Balbín clamaba en 1975 por el aniquilamiento de la guerrilla fabril; en Córdoba cien intendentes del Chacal Menendez eran radicales; el Dr. Alfonsín  elaboró y construyó la política de impunidad en base a las leyes de Punto Final, las leyes del olvido y los acuerdos con Rico en Semana Santa.

El gobierno de la Alianza debutó matando a los compañeros en el puente de Corrientes para luego continuar matando piqueteros en Salta, practica la judicialización del conflicto social y el gatillo fácil con tanto entusiasmo como su antecesor menemista e igual que él, defiende sin vacilaciones la impunidad de los genocidas.

Durante la dura lucha por imponer la remoción de Brusa del cargo que tenía en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe fue otro radical, el diputado Tejerina, quien más bregó por salvar su investidura.

No se trata pues de traiciones o inconsecuencias, sino del hecho evidente de que no se puede escindir el modelo capitalista en curso: quien sostiene el pago de la deuda, las privatizaciones y el libre juego de narcos y especuladores, adhiere en el mismo acto a las “relaciones carnales” con los yanquis y los terroristas de estado.

La Argentina no avanza en ningún proceso de transición a la democracia más genuina, sino hacia una verdadera dictadura civil que prolongue –en las nuevas condiciones de perdida de consenso- la obra de genocidas, radicales, peronistas y aliancistas.

Si estas son las verdaderas razones de tan inalterable consecuencia con la impunidad; la nuestra con la justicia es también poderosa.

En 1977 denuncié a la banda de Ramos, González, Rebechi y Cabrera ante la Justicia de la ciudad de Santa Fe por apremios ilegales. Obviamente que en épocas de dictadura tal reclamo fue desconocido.

En 1984 reclamé junto a un cojunto de víctimas y organizaciones sociales y políticas, el juicio y castigo a los culpables.

En 1992 denuncié publicamente que Víctor Hermes Brusa, a punto de ser ascendido a Juez Federal de la Nación por el Senado, era un vil torturador.

En 1999 declaré ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en la causa que finalmente terminó con la destitución del Juez Víctor Brusa y también sume mi testimonio a la causa por genocidio que  instruye el Juzgado de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional de Madrid.

Hace unos días hemos apelado a la C.I.D.H. por la notoria violación argentina de sus compromisos internacionales en la materia.

Se podrá pensar que tantos años de denuncia han sido en vano. No compartimos tal balance.  Para nosotros el tema es la recuperación de la memoria histórica:  sin juicio y castigo a los que aniquilaron la ofensiva popular de los ’70, será dificil reinstalar en la agenda popular las banderas que animaron una generación.

Pues ese es el sentido de la recuperación de la memoria histórica para nosotros: recordar el cielo que veíamos en los ´70, aquel que simboilzamos en lo de la Patria Socialista, pero no para caminar hacia él, sino para inventarnos uno nuevo pero igual de hermoso: con una estrellita de liberación nacional, otra de dignidad y otra más de redistribución de la riqueza.