Crónicas del nuevo siglo

A Eduardo Luis Duhalde

que tuvo la rara virtud

de sostener desde el cargo

lo que pensaba en el llano

Luego de dos décadas de primacía de las democracias formales (restringidas, burguesas, de control de la dependencia, verdaderas “democraduras” al decir de Galeano) en la aplastante mayoría de países de América Latina, el debate sobre los orígenes y legitimidad de la violencia política popular, retorna de la mano de dos iniciativas aparentemente desligadas por completo en Argentina y Colombia.

El debate sobre la violencia política popular en la Argentina volvió de la mano  del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad contra una parte importante de la cadena de mandos y algunos de los responsables civiles del Terrorismo d/e Estado que perpetró un genocidio en la Argentina de los setenta del siglo pasado y de las reacciones que la derecha militar y civil consiguió articular luego de una década de derrotas parciales en el terreno jurídico y cultural.  Luego de un largo rodeo por los senderos de “la inseguridad”, el “garantismo” y la “falta de equilibrio” en el proceso de juicio y castigo, la derecha recuperó la palabra y salió a reivindicar el genocidio como una respuesta, exagerada acaso, desmesurada si se quiere, pero respuesta al fin a las provocaciones que la violencia popular, el otro terrorismo, el otro “demonio” en el lenguaje que los intelectuales retornados del exilio (y de vuelta de sus convicciones revolucionarias de los 70) al servicio del gobierno de Ricardo Alfonsín (1983/1989) popularizaron desde aquel famoso prologo que el escritor Ernesto Sábato estampara al informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), conocido por las palabras con que el fiscal Strassera cerró su alegato en el juicio a la Junta de Comandantes en Jefe (causa 13): Nunca Más!.

En cambio en Colombia, que sufre un conflicto social, político y militar ininterrumpido desde 1948, año del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán que desencadenó una serie de levantamientos y enfrentamientos armados que derivaron en un interminable conflicto entre los campesinos y la oligarquía que pretendía (pretende) apoderarse de todas sus tierras cultivables y/o susceptibles de explotación minera. De acciones de auto defensa primero por parte de los campesinos que no aceptaron el pacto de liberales y conservadores y sucesivas y crecientes acciones militares que obligaron a que una parte de los agredidos se organizara en fuerzas insurgentes se pasó a sucesivos planes de exterminio, con la supervisión, financiamiento e intromisión directa del Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que generaron la mayor tragedia latinoamericana del siglo XX y comienzos del siglo XXI.  Allí también los debates ha seguido las líneas de ascenso y descenso de las resistencias populares: cuando la hegemonía estatal y burguesa se torna ostensible y omnipresente, se impone el relato macartista, típico de la guerra fría, de que Colombia sufre un ataque despiadado de fuerzas terroristas, ayer títeres del imperialismo ruso hoy instrumentos del narco tráfico apátrida; pero cuando las relaciones de fuerzas cambian y se instalan escenarios de disputa política, como lo es claramente el proceso de diálogos entre las fuerzas insurgentes, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, aparece el mismo discurso de “equiparación de responsabilidades” entre dos bandos armados, que cometieron toda clase de tropelías, en un conflicto irracional que debe terminar ya!, aunque no se resuelvan los problemas económicos sociales en debate, “que podrán tratarse más luego”. Así como el presidente Santos trata de vestir las prestigiadas máscaras de la integración latinoamericana y del Mercosur para velar  su rol de conductor militar del último intento de aniquilación de la insurgencia[1], era el Ministro de Defensa de Uribe, así cambian los discursos con el tiempo.   Es que es en el terreno de las palabras, en las disputas por el sentido de las palabras es que primero se explicita la disputa por la hegemonía cultural, que no es otra cosa que uno de los modos principales en que se realiza la discusión por la direccionalidad de los proceso sociales tal como lo anticipaba Antonio Gramsci: “toda vez, que de una manera u otra aflora la cuestión de la lengua, significa que se está imponiendo una serie de otros problemas: la formación y  ampliación de la clase dirigente, la necesidad de establecer relaciones más intimas y seguras entre los grupos dirigentes y la masa popular nacional, es decir de reorganizar la hegemonía cultural.

En mi opinión, la teoría de los dos demonios es siempre la segunda opción del discurso del poder. Si fuera por ellos, utilizarían el discurso duro de los yankees contra el terrorismo, reacondicionado luego del 11S norteamericano con el Acta Patriótica y la ofensiva integral que llevó a la legitimación social de la tortura y el control casi absoluto de la vida de los ciudadanos so pretexto del peligro terrorista. Así ocurrió en el periodo de auge del dominio dictatorial en la Argentina (1976/1981) y en la borrachera exitista y sangrienta de Álvaro Uribe en el poder (2002/2010), prolongada en los primeros meses  del gobierno Santos, cuando estaban convencidos del aniquilamiento de las F.A.R.C. y la eliminación de toda forma de resistencia popular, pero cuando la impunidad tambalea y las sombras  de la Verdad, la Memoria y la Justicia se perfilan en el horizonte, invariablemente el Poder Real, apela a formas variadas de la teoría de los dos demonios. Pareciera, a la distancia pero desde el mismo territorio latinoamericano y la misma dinámica de confrontación entre la impunidad y la verdad, la memoria y la justicia que en Colombia se preserva como virginal la labor de exterminio del Ejercito (y sus aliados de EE.UU. e Israel) pero se demoniza a los paramilitares en contraposición de las fuerzas insurgentes. Así, no solo han sido “juzgados” (cierto que de un modo muy particular, siguiendo el esquema sudafricano de “canjear” supuesta información por un perdón casi Papal) sino que ahora reclaman ser parte de las conversaciones para concluir el conflicto, cuando una de las medidas imprescindibles para que el dialogo no sea burla es que sean finalmente desarticulados y no puedan “renacer” como lo hacen continuamente bajo nuevos nombres que designan a lo mismo de siempre.

En la Argentina, fueron los partidarios de Raúl Alfonsín los que sentaron las bases de la supuesta teoría: primero con dos decretos presidenciales por los que se ordenaba la captura de los jefes de las organizaciones guerrilleras PRT/ERP y Montoneros por un lado y de la Junta de Comandantes en Jefe por el otro (decretos 157/158) que luego el afamado escritor Ernesto Sábato, el mismo que se había entrevistado con el dictador Videla[2] sin reclamar por la vida de ninguno de los cientos de intelectuales desaparecidos, estampara con cierto brillo literario en el Prologo del Nunca Más: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada  por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda” para continuar  ”a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24/03/1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a los miles de seres humanos”. El discurso fue un justificativo ético y teórico para la claudicación moral y política de Alfonsín ante los genocidas que se alzaron en la Semana Santa de 1987 y obtuvieron las leyes de Punto Final y de Olvido que clausuraron la vía jurídica del reclamo, impunidad que  se pretendió remachar con los indultos presidenciales hacia los pocos condenados por el Juicio a la Junta. Vinieron entonces casi quince años de dura impunidad en que el discurso de los dos demonios se convirtió en hegemónico mientras se descalificaba a las víctimas que no se subordinaban al mandato de los aparentes vencedores y seguían reivindicando su identidad política revolucionaria y no abjuraban del pasado militante. Debe quedar claro que como parte de la resistencia al menemismo y las “relaciones carnales” con el imperialismo yanqui, hubo que combatir hasta derrotar la teoría de los dos demonios en los dos terrenos donde se había impuesto: el político cultural, que afectaba la resignificacíón del pasado reciente y el  jurídico.  Esa batalla cultural, que se dio en términos clásicos de las disputas culturales[3], no se resolvió en el terreno cultural sino en el terreno de la lucha de calles. Fue el Diciembre Popular Insurreccional contra De la Rúa, la Alianza con el FrePaSo (que expresaba la continuidad del posibilismo intelectual que había abrazado la teoría de los dos demonios) el que generó las condiciones –con el descalabro del neoliberalismo en el plano teórico y del gobierno de De la Rúa en el plano práctico- para la superación de la equiparación de victimas y victimarios.  Fue en el proceso de los juicios conquistados que se fue probando (y no solo con el testimonio de los sobrevivientes sino con documentos secretos de la Junta Militar que se iban consiguiendo) el Plan de Exterminio largamente preparado por una Doctrina de Seguridad Nacional que desde 1968 (mucho antes que comenzara cualquier forma de lucha armada de las organizaciones populares) ya preveía el aniquilamiento de los militantes, la tortura y la desaparición de los compañeros.   Esos avances fueron reflejados en dos documentos oficiales claves: el prologo que el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde[4] escribiera para la reedición del Nunca Más, como parte de la conmemoración del treinta aniversario del 24 de marzo y el dictamen que el entonces Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi[5] firmara en noviembre de 2007.   Decía Duhalde: “es inaceptable pretender justificar el Terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables. Por otra parte el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976 cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el status quo porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculdas”. [6]  Y agregaba Righi desde la perspectiva jurídica y la aplicación del Derecho Internacional:[7]  al hacer suyo un dictamen de los Dres. Pablo Parenti y Jorge Auat de la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad al analizar la causa abierta en la ciudad de Rosario por la muerte en 1975 del Tnte. Coronel Argentino Larrabure, atribuido al Ejercito Revolucionario del Pueblo  ” Estos antecedentes demuestran que el elemento de contexto, que distingue los delitos comunes de los crímenes contra la humanidad según la práctica existente hasta la década de 1970, se apoya en que los actos forman parte de una política del Estado.    Ello se desprende con claridad de la circunstancia de que los hechos a los que se aplicó esta categoría de delitos en todos los casos fueron crímenes cometidos a gran escala y con la participación o la tolerancia del Estado. En suma, los actos fueron cometidos por funcionarios del Estado o por agentes no estatales actuando de conformidad con la política de un Estado.” para agregar luego “Es claro que las categorías jurídicas pueden modificarse, pueden variar su alcance y también sus fundamentos. En cierta medida ello ha sucedido con la categoría de los crímenes contra la humanidad, especialmente a partir de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, pues se observa una tendencia a ampliarla hacia actores no estatales que, sin embargo, tienen un gran poder lesivo y pueden actuar a gran escala desplazando al poder del Estado. Uno de los supuestos que se han aceptado es el caso de organizaciones que ejercen de Jacto el poder en determinado territorio y, por ello, reemplazan de hecho al Estado. En este sentido puede citarse la definición de la categoría que realiza Alicia Gil Gil: «[s]on crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de Jacto» con la aclaración necesaria de Para Ambos y Wirth: «[e]n la actualidad no existe duda de que la entidad que opera tras la política no tiene que ser m Estado en el sentido del Derecho público internacional. Es suficiente con que sea una organización que ejerza de Jacto un poder en un territorio dado». Pero agregan, luego de mencionar la jurisprudencia del Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, que en la categoría de los crímenes contra la humanidad «[…] no están comprendidas organizaciones que, siendo capaces de ejercer cierto poder, no son la autoridad de Jacto sobre un territorio, en virtud de que existe una entidad mas elevada o mas poderosa que la domina. La autoridad en cuestión es más bien la que ejerce la autoridad más alta de Jacto en el territorio y puede, dentro de ciertos límites, dominar a todos los que tienen poder y a todos los individuos. Así, una organización criminal en un Estado que todavía ejerce el poder sobre el territorio (por ejemplo, mediante las fuerzas policíacas normales) donde está activa la organización, no entraría dentro de la categoría de la entidad que se oculta tras la política. Si tal organización, según sus planes, comete múltiples delitos, esto, como tal, no hará que tales crímenes lleguen a ser crímenes contra la humanidad, En relación con los últimos desarrollo de la figura debe decirse que la necesidad de un vínculo entre los actos y un contexto determinado fue expresamente contemplada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al momento de tipificarse la figura de los «crímenes de lesa  humanidad». En el artículo 7 del Estatuto se entiende por «crimen de lesa humanidad» cualquier acto de los enumerados en el párrafo 1 de esa norma (asesinato, tortura, desaparición forzada de personas, etc.) «cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Este es el particular contexto requerido para que cierta conducta pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad.  Ahora bien, el Estatuto introduce el llamado policy elementl al disponer que por »’ataque contra la población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política». Tal como se ha visto en este apartado la figura de los crímenes contra la humanidad aparece asociada a la criminalidad de Estado. De esta evolución surge claramente que a la fecha de los hechos de la causa no existía una práctica que avalara el ~empleo de la categoría de los crímenes contra la humanidad para hechos cometidos por organizaciones no vinculadas al Estado, como fue el caso del ERP.  Tampoco resultaría aplicable la categoría aún si se tomara su formulación posterior, que admite la intervención de organizaciones no estatales pero con un poder similar al del Estado o que de Jacto ejerzan el poder. Contrariamente a lo que se sostiene en el dictamen del Fiscal de Cámara de Rosario, no existen elementos para afirmar que el PRT-ERP o alguna otra organización armada de la década de 1970 haya tenido control territorial o un poder tal que pueda dar lugar al uso de la categoría de los crímenes contra la humanidad, ni siquiera tal como se la entendió a partir de la década de 1990 (cf. punto III -B-).    De todos modos, es evidente que la aplicación de una noción más amplia de los crímenes contra la humanidad surgida con posterioridad a los hechos del caso violaría la prohibición de retroactividad (nullum crimen sine lege praevia) dado que implicaría la adjudicación a estos delitos de una categoría que importa consecuencias penales más severas que las que acarreaban al momento de su comisión (imprescriptibilidad, por ejemplo).   Esto fue claramente señalado por la CSJN en el caso Lariz Iriondo. Allí se explicó que los hechos por los cuales se requería una extradición no podían ser considerados crímenes contra la humanidad al momento de su comisión. En ese fallo los jueces Maqueda y Zaffaroni afirmaron que «[…] esta Corte considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales también con anterioridad a las convenciones, pero no puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que antes de las convenciones respectivas no eran reconocidos en esa categoría ni con esas consecuencias en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario; pues en este último supuesto estaría haciendo aplicación retroactiva de la convención» Lo señalado por estos jueces plantea correctamente la cuestión atinente al principio de legalidad. Sabido es que el derecho penal internacional admite fuentes distintas que las exigidas tradicionalmente en el derecho penal común de raíz europeo-continental. Básicamente, en derecho penal internacional se admite el uso de la costumbre internacional  Sin embargo, ello no implica admitir la retroactividad. Por el contrario, en el derecho penal internacional también rige la exigencia de ¡expraevia, sólo que ley previa bien puede ser una norma consuetudinaria”.  El dictamen del Procurador General de la Nación fue receptado por la Cámara Federal de la Rosario en el fallo sobre Larrabure, Argentino del Valle s/su muerte (nº 18/07) y transformado en Instrucción General para los Fiscales que deberán utilizarlo como parámetro al momento de analizar situaciones similares y así contriburi a cerrar el paso a los recurrentes reclamos de equiparación en el juzgamiento de los crímenes de uno y otro bando que no dejan de realizar los genocidas, sus abogados e intelectuales.

En el ciclo de luchas populares abierto con el Diciembre Popular Insurreccional del 2001; en la nueva situación política e institucional que se genera con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno  y la conocida serie: entrada a la Esma, bajada de los cuadros del Colegio Militar, anulación de las leyes de impunidad por el Poder Legislativo primero y el Judicial después, la reapertura de los juicios y el consiguiente castigo a un número creciente de represores y asociados civiles, se fue consolidando una resignificacíón de la historia reciente que dio por tierra los fundamentos de la teoría de los dos demonios; pero en la medida que la derecha recuperó fuerzas y se decidió a reinstalar algunos de sus valores culturales fundamentales, también se volvió a cuestionar la legitimidad de los testimonios de los sobrevivientes y asoma en el horizonte un nuevo modo de la teoría de los dos demonios. Conviene prestar atención a dos hechos recientes: al escándalo mediático so motivo de la reedición del Nunca Más por la editorial universitaria Eudeba y a la media sanción legislativa (aprobada en Diputados, giró a Senadores y se tratará en el 2013) de un subsidio para familiares de víctimas de un combate entre el Ejercito y Montoneros en octubre de 1975 en Formosa, al noreste argentino, en la frontera con Paraguay[8].  En el primero, los medios hegemónicos (Clarín  y La Nación en primer lugar) destacaron de todos los modos posibles la contradicción existente entre el prologo de Ernesto Sábato y Eduardo Luis Duhalde, so pretexto de que en una reedición del libro se omitía la firma del prologo, tal como había ocurrido en todas las anteriores versiones dado que Sábato lo firmó a nombre de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y que Duhalde si lo firmó por ser una presentación de la reedición, lógicamente externo al Informe tantas veces publicado, puntualmente en el tema de los Dos Demonios, reeditando los argumentos justificativos del genocidio en la “culpa” de los terroristas de ayer, “hoy en el gobierno” según los medios citados.  La votación del subsidio es aún más perverso porque involucra a buena parte del oficialismo y de sectores que habían acompañado el proceso de Juicio y Castigo que sucumben ante la presión de la derecha o abjuran de sus principios en aras de un falso concepto de “gobernabilidad” que,. en cuanto se basa en acordar y conciliar con la derecha, se convierte en su contrario.

En los años 60, la Revolución Cubana, con su accionar liberador puso más de manifiesto el carácter reaccionario y deshumanizante de la dependencia de los pueblos hacia los Estados Unidos abriendo o profundizando todo tipo de debates, incluido el de la violencia. Pretender pensar aquellos años, y sus consecuencias mediatas al margen de aquellas discusiones no solo es metodológicamente incorrecto, sino básicamente erróneo. La propia Iglesia de Roma, conmovida por las tensiones desatadas convoca a un Concilio: el Vaticano II que transcurrió en cuatro sesiones realizadas entre 1960 a 1965, iniciada por un Papa y concluido por otro que en 1967 da a conocer la encíclica Popolurum Progressium donde estampa una frase que hoy causaría espanto en el Vaticano del siglo XXI (y también en las jerarquías eclesiales argentinas y colombianas):    «la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia».  Préstese atención al concepto de que “la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es  la llamada violencia estructural” lo que no pocos interpretaron como un asumir la posición desarrollada por Carlos Marx en colaboración con Federico Engels a fines del siglo XIX que se podría resumir en la sentencia contenida en el Antidhuring:  «el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin», sabiéndose que los fundadores del comunismo como corriente política y pensamiento filosófico sostenían que para conquistar la igualdad real, ya no la formal proclamada por la Revolución Francesa de 1789 en su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, reivindicaban la lucha de clases hasta logar el poder popular que acabe con las condiciones materiales que permiten “la ventaja económica” y por ende “el poder, la violencia” como medio de sostenimiento.

Entrevistado por la revista Marcha en 1965, el sacerdote colombiano Camilo Torres brindó su interpretación del surgimiento de las FARC que a la distancia nos resultan convincentes y coherentes con el pensamiento crítico de la época y de las nuevas ideas que crecían en la Iglesia Latinoamericana: “Las guerrillas en Colombia son mucho más que un problema policial o un problema político. Son un problema social que toca las raíces mismas del país. Por eso no sirven las calificaciones morales para condenar la lucha guerrillera. Es lo mismo que el ejército: no podemos aprobarlo o condenarlo con calificaciones morales abstractas. Hay que ver a qué fines sirven unos y otros, guerrillas y ejércitos. Cuando todos los canales de ascenso social parecían cerrados para el campesinado y la estructura opresora de la sociedad colombiana inconmovible, las guerrillas vinieron a abrir, bien o mal nuevos canales de ascenso, y a través de su existencia decenas y cientos de miles de campesinos adquirieron conciencia de seres humanos capaces de decidir en la historia de Colombia, por primera vez. Quienes en nombre de la conservación social condenan el fenómeno, deben antes explicar por qué las viejas estructuras no pudieron satisfacer esa necesidad”n  No pretendo en estas líneas recorrer el discurso descalificatorio que el Poder ha ensayado contra la insurgencia colombiana. En general, me animaría a afirmar que ha recorrido el camino que va de la metáfora de “instrumentos del comunismo internacional” a “narcotraficantes”, incluyendo la insinuación de que si alguna vez fuera legitima la lucha insurreccional en la Colombia de los 60/70, con la caída del Muro de Berlín, el fin de las ideologías y las utopías la guerrilla perdió razón de ser y se lumpenizó transformándose en una banda de delincuentes que solo buscan enriquecerse por medio delincuenciales.  Pienso que ese fue el discurso justificatorio de la etapa penúltima en que Uribe y Santos se empecinaron en el aniquilamiento total de las FARC invirtiendo millones de dólares, toneladas de explosivos y miles de hombres armados y equipados al más alto nivel mundial. Pero con el fracaso de los planes militares que prometían la “solución final”, en las condiciones en que Colombia no puede permanecer al margen del Mercosur (por estrictas y razonables intereses comerciales de la misma burguesía colombiana), frente a la ofensiva popular y el reacomodamiento táctico militar y político de las FARC que logró contactar y ser parte del proceso de reanimación del movimiento social y popular, se abrió paso un proceso de diálogos que ha declarado el objetivo de la solución del conflicto.  Es entonces que cobra nuevo sentido la insistencia en calificar a las FARC como terroristas:  para negar toda razón social y legitimidad a los reclamos sociales. Aunque muchos actores no lo perciban todavía, hay entre la descalificación ética y política de las luchas históricas de la insurgencia colombiana (y no solo de las Farc, también de las de Camilo Torres y el primer Ejercito de Liberación Nacional y otras experiencias similares) y el programa de reformas y exigencias éticas que levanta el movimiento social y popular colombiano una intima relación de hermandad en la que se juega buena parte del futuro del gran país fundado por Bolívar, cuyo derrotero es clave en el rumbo de toda nuestra América.

Porque, como bien decía George Orwell en su magnifico “1984”: “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado.” y claro que es el futuro de nuestros pueblos lo que está en juego cuando se discute sobre violencia popular, guerrillas, terrorismo de Estado, genocidios y demonios varios.

Que el sueño eterno de la libertad no se abrazó nunca a los monstruos de la razón, sino a los genios de la imaginación, bellos como la verdad, desde aquel Don Quijote de Cervantes que una y otra vez, contra toda razón y despertando la ira burguesa de la “normalidad” arremetía contra los molinos de viento.     Igual que nosotros.

Con el magnifico fallo emitido por el Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata, bajo la presidencia del Dr. Carlos Rosanzky (16 condenas a prisión perpetua en cárcel común y la caracterización de lo ocurrido como un Genocidio liso y llano, ya no “en el marco de un genocidio” como había sentenciado hasta ahora) el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad pega otro salto hacia adelante, fija un nuevo piso jurídico y confirma algunas de nuestras caracterizaciones que trataré de exponer sencilla y brevemente.

Uno. El proceso de Juicio y Castigo tiene un carácter histórico por la sencilla razón de que de los muchos genocidios sufridos (el cometido por el Imperio Español contra los pueblos originarios, el perpetrado por el naciente Ejercito del Estado Argentino contra la nación guaraní (exterminaron tres de cada cuatro paraguayos varones) y los pueblos originarios que habitaban al sur del Río Colorado en la llamada Campaña del Desierto y de los miles y miles de asesinados, torturados, encarcelados, perseguidos y discriminados de todos los modos y por todas las razones por las cuales el Poder persigue a sus oponentes, durante todo el siglo XX) esta es la vez primera en que se juzga de un modo sistemático, relativamente masivo, con una aproximación creciente a la verdad de lo ocurrido y en todo el territorio nacional, a quienes cometieron los crímenes que hoy conocemos como Terrorismo de Estado. Y son “históricos” porque nadie nos regaló nada y mucho menos el Poder Judicial que avaló el Genocidio en su momento y que acompañó todas las estrategias de impunidad que la sostuvieron desde el final de la dictadura hasta principios del siglo XXI, cuando la gran movilización popular del Diciembre del 2001 metió crisis a todas las formas de dominación, incluyendo de manera destacada a la impunidad de las democracias radical y peronista. Las incansables luchas por la Verdad, la Memoria y la Justicia lograron abrir los juicios que Alfonsín y Menem habían clausurado, rompieron los límites que todos habían imaginado para estos juicios y crearon una situación social tal que –como reconoció el mismísimo Presidente de la Corte Suprema- los juicios son irreversibles y no por decisión presidencial o de la Justicia, sino porque hoy forman parte del contrato social de los argentinos y por ello han fracasado todos los intentos por acotar los juicios a unos pocos juicios “paradigmáticos” o circunscribirlos a los militares y policías: jueces, curas, médicos y ahora un Ministro del gabinete de la provincia de Buenos Aires ya han sido condenados, y las puertas para juzgar a los poderosos empresarios que avalaron y se beneficiaron del Genocidio (los dueños de Ledesma, Ford, Acindar, Mercedes Benz, Papel Prensa, etc.) se vienen abriendo, y se terminarán abriendo. El proceso de reparación excede largamente a los agraviados directamente; como decía Foucault, estos juicios demuestran que “el derecho genera verdad” y por ello han ampliado la conciencia ciudadana, han resignificado la historia reciente como se puede verificar en el modo que fue cambiando la calificación del Golpe: interrupción del proceso democrático, golpe de estado militar, cívico militar y ahora se aprecia su costado empresarial, religioso y comunicacional. Y vamos por más, por la comprensión de que somos mucho más una sociedad post genocidio, que herederos de la Gesta de Mayo.

Dos. Acaso de un modo algo contradictoria, la Argentina aventaja a casi todos los países de la región en el proceso de Juicio y Castigo y en el de construcción de Memoria en contra del Olvido o la falsa Memoria que construyeron la dictadura primero con los “desaparecidos” y los radicales de Alfonsín y los peronistas de Menem con la teoría de los dos demonios. En tanto países como Brasil o Bolivia, con fuertes partidos populares y de raigambre progresista como el PT o el MAS  en el gobierno, han sepultado el pasado bajo un pesado manto de olvido u otros como Chile o Perú conocen muy acotados procesos judiciales donde el monto de la pena y el tipo de condena parecen ridículos al lado, por ejemplo, de las dieciséis condenas a perpetua que dictó el TOF de La Plata en la causa Circuito Camps, nuestro proceso aparece ejemplar y enfrentado tanto a las formas más duras de la impunidad, los casos de Colombia o Guatemala, como con el promocionado ejemplo sudafricano de “justicia transicional” basado en el concepto de canjear impunidad por “información”, apuesta que si alguna vez fue cierta, ha fracasado de manera escandalosa. Como dijera Fidel en las escalinatas de la Facultad de Derecho al valorar la lucha del pueblo contra el menemismo (“hundido en la fosa más profunda del Océano”), también en este tema nuestro ejemplo alienta la lucha de otros pueblos y golpea el valor central del sentido común donde se asienta la dominación: a los poderosos nunca les pasa nada. Esta vez, al menos a una parte y por algunos de sus crímenes, les pasa.

Tres. Hace casi justo un año, cuando se sancionó la oprobiosa Ley Antiterrorista, el fiscal Alagia reconoció en una columna publicada en Pagina 12 que se había equivocado al pensar que con el avance de estos juicios, esas cosas no podrían ocurrir. Sin embargo ocurren, y no solo leyes como la Antiterrorista o la vitalidad de las “reformas Blumberg” que instalaron la ideología de la mano dura en el Código Penal, con las consecuencias esperadas de criminalización de la pobreza y la transformación del sistema penitenciario en una maquina de destruir humanidad. También subsiste una cultura represora que produce cientos de casos de ejecuciones sumarias extrajudiciales, una pena de muerte criolla que nuestro Toto Zimerman bautizara como Gatillo Fácil cuando el caso Budge, o tortura en sede policial e incluso represión a los que luchan por derechos sociales o resisten la mega minería u otras injusticias. Los juicios no son inocuos, pero tampoco son mágicos. No resuelven lo que se debe resolver en el terreno de la política, de la construcción de poder popular, entendido como autonomía verdadera y proyecto político liberador con arraigo de masas populares suficiente, pero aportan en esa dirección. Por eso molestan al Poder Real, al que propuso y se benefició del Genocidio al que no le gusta para nada que sea puesto en la mira de cientos de miles de Argentinos que le pierden respeto y veneración. Los juicios son una especie de balance histórico de la lucha del pueblo contra el olvido y la impunidad, pero en la medida que la derecha se recompone encuentra modos de reinstalar su discurso. De la mano del alerta por la “inseguridad” colaron la idea de que el “garantismo” es la madre de todos los problemas, y un falso garantismo –según Mariano Grondona, lúcido pensador de las clases dominantes- hace que “solo” haya juicios para uno de los dos demonios y por eso una y otra vez vienen por los Dos Demonios: por la idea de que si hubo represión desmedida fue porque antes hubo violencia terrorista del lado popular, idea que “ingenua” o “perversamente” los diputados del oficialismo y la oposición progresista votaron o facilitaron la aprobación de un subsidio a los familiares de los militares fallecidos en ocasión del ataque montonero al Cuartel 29 de Formosa en 1975, equiparando de hecho las acciones, equivocadas o no, que no es lo que ahora se discute, de organizaciones populares que buscaban la liberación nacional y social con los actos de un Estado que no vaciló en exterminar miles de seres humanos del modo más cruel en defensa del status quo. Por ello, el fallo de La Plata llega en medio de vientos de derecha que comienzan a circular por el Parlamento y se cuelan en el lenguaje de oficialistas y opositores (solo en un día Cristina criticó el garantismo judicial que protege a los presos sociales del atropello judicial brutal y Micheli hablaba de impedir “infiltrados” en la marcha de la CTA como si pudiera ignorar lo que esa palabrita significa en la historia argentina).

Como activos sujetos de esta enorme batalla que viene ganando el pueblo contra el olvido y la impunidad, conscientes de sus límites, seguiremos esforzándonos para que la lucha por Verdad, Memoria y Justicia no se banalice ni se subestime, sino que enriquezca a todos los que luchan para volver al territorio de nuestros desaparecidos, que no era otro que el de la construcción de alternativa política verdadera; porque el verdadero nombre de los derechos humanos en el siglo XXI, en esta parte del mundo, se llama Socialismo

Entre las tantas consecuencias irreparables que produjo la larga impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado que sufrió el pueblo argentino en los 70, es que casi ningún dato es seguro.

Por eso, aunque hubo un juicio y una condena, no tenemos la rigurosa certeza de la fecha de la muerte de Alicia López Rodríguez de Garraham, maestra rural, militante de las Ligas Agrarias, apresada en la ciudad de Santa Fe y llevada al centro clandestino La Cuarta ubicado dentro de la seccional de la Policía Provincial de la calle Boulevard Zavalla y Tucumán alrededor del 16 de octubre de 1976.

En el juicio oral realizado en el año 2010 se dio por probado que Alicia murió en la misma seccional por las hemorragias causadas por el desgarramiento vaginal producto de las violaciones múltiples que los propios efectivos de la Seccional Policial, al mando del Comisario Mario Facino, le propinaron en el mismo patio de la Seccional, frente a las celdas  y calabozos donde estábamos el resto de secuestrados en dicho lugar aproximadamente para finales de noviembre.

Llegar al juicio oral no fue fácil para nadie, pero llegamos y aunque sólo se condenó a un represor (fallecido hace poco con dos condenas por delitos de lesa humanidad) como si fuera posible que el citado represor se las hubiera arreglado solo para secuestrarla en la calle, trasladarla a la Cuarta, custodiarla y sistemáticamente interrogarla en medio de torturas de todo tipo. Pero así es la Justicia argentina, cada milímetro de justicia es el resultado de años de lucha y esfuerzos populares.

No conocía a Alicia antes de aquel 16 de octubre de 1976.

No compartí militancia ni lecturas; ni siquiera pertenecíamos a la misma organización aunque eramos –sin ninguna duda- compañeros en el sentido más profundo del término.

Compañeros en eso de soñar y luchar por la liberación popular y social.

Compañeros en eso de ponerle el cuerpo a la vida, no importan las circunstancias que sean y aunque no puedo recordar mucho, por algo más de un mes –pared por medio, a veces con capucha y veces no- nos abrazamos en el aire y construimos palabras que quebraban la orden fascista del No hablarán entre si.

Por ello, es obvio que no tengo derecho alguno a reclamar nada en nombre suyo pero si tengo el deber de hacerlo y eso vengo a hacer con este texto.

No pido mucho.

Aunque creo que el crimen de Alicia fue ordenado y en beneficio de la burguesía santafecina conocida como “burguesía del litoral”, enriquecida primero con el trigo y luego con el quebracho del norte para volver al trigo y el maíz y mutar luego a la soja transgénica sobre la que basa su poderío económico y político; no vengo hoy a reclamar que se juzgue a los poderosos señores de la Sociedad Rural y de la Bolsa de Comercio.

Hoy no.

Aunque estoy convencido que la muerte de Alicia es el último resultado de una larga cadena de acciones de un sistema de estado para exterminar militantes populares, cadena de cómplices que se puede reconstruir siguiendo las cadenas de mando del Ejercito, la Policía y sus servicios de Inteligencia, no vengo a reclamar que se juzgue a todos y a todas las que participaron en el dispositivo que configuró, permitió y ejecutó la muerte de Alicia.

Hoy no.

Solo pido dos cosas que estoy casi seguro que hubieran agradado a Alicia.

Como dije es poco lo que recuerdo de aquellos días pero he aprendido mucho de lo que me contaron sus hijos y su compañero, sus sobrinas y nietos.

Por eso me atrevo a decir que es un deber para todos nosotros pedir que una escuela lleve su nombre, mejor sería una escuela rural, en el norte santafecino donde concurran niños con necesidades materiales y culturales que eran los que más le preocupaban a Alicia.

No pido mucho. Una escuela para Alicia es casi lo mínimo que podemos pedir y casi no le cuesta nada a nadie. Es más, es una práctica de relativa extensión en todo el país y yo mismo participé en el cambio de nombre de una escuela de Avellaneda (la de la provincia de Buenos Aires) que se llamaba Policía Federal y los niños votaron que cambie de nombre y ahora se llama Floreal Avellaneda, en honor a aquel militante de quince años asesinado por un grupo de tareas de Campo de Mayo en abril de 1977.

Y una cosa más.

Que se cumpla la ley y no haya presos sociales en la celda donde Alicia estuvo secuestrada en aquellos días terribles de 1976.

Uno entiende que hay crisis de capacidad de alojar a tantos presos porque tanta reforma Blumberg y tanto discurso de mano dura ha multiplicado varias veces la población carcelaria y se ha vuelto costumbre violar la ley y alojar los presos en las seccionales de Policía.

Pero en la Cuarta es como mucho.

En el 2009, en el primer reconocimiento judicial –en vísperas del juicio a Brusa, Ramos y Cía.- descubrí que en “mi” calabozo, ese que daba al patio donde mataron a Alicia, estaban alojados siete u ocho muchachos en una especie de “deja vu” del pasado de horror.

Como militante por los derechos humanos exijo que ya es hora de terminar con tratar a los presos sociales como basura y es hora de respetar sus derechos humanos; que ya es hora de terminar con una concepción del encierro carcelario que se funda en la larga tradición de inquinidad: desde el lejano modo en que la Inquisición trataba a sus presos hasta las condiciones que Mario Facino y sus cómplices imponían en aquella Cuarta del 76, pero como sobreviviente de la Cuarta y en nombre de Alicia López hoy solo pido por los presos de la Cuarta porque es una ofensa difícil de soportar que en el mismo lugar donde ella fuera mancillada en su dignidad, se aplasten los derechos humanos de otros seres, más o menos de su misma edad.

Hace años que hablamos de esto con los funcionarios provinciales.

A ellos les vuelvo a hacer el pedido, pero envío este mensaje como una botella al mar para que todas y todos los que compartan la idea de una escuela para Alicia, lo digan en voz alta, lo escriban a los legisladores y a las autoridades de los ministerio de educación y de justicia y de derechos humanos.

Ya se que no es mucho, que ni resolverá los problemas de la educación ni los de la corrupción policial, pero me parece que es una deuda con Alicia y que ella merece que la saldemos.

Conferencia en el Consejo Deliberante de Cinco Saltos, provincia de Río Negro

Derechos humanos y lucha a setenta y cinco años de la Liga

http://www.ivoox.com/derechos-humanos-lucha-audios-mp3_rf_1561340_1.html

Charla en la Facultad de Derecho de la UNL, Santa Fe, provincia de Santa Fe

Sobre el rol de la Liga en el debate sobre la cuestión de los derechos humanos y la dimensión jurídica de la lucha

http://www.ivoox.com/charla-derecho-santa-fe-audios-mp3_rf_1575539_1.html

Voy a decir unas pocas cosas para clausurar este seminario que ha funcionado durante dos días, bastante más de las seis horas que les habíamos dicho a la gente de la Legislatura, llevamos como doce horas de trabajo, y muy productivo. Hemos escuchado embajadores, obispos, ex presos políticos, abogados, historiadores, antropólogos, dirigentes de organismos y todos muy buenos militantes por los derechos humanos.

En realidad, yo había escrito un texto para leer en la ocasión, pero no los voy a mortificar desarrollándolo ahora. Porque honestamente, con toda franqueza, no es fácil después de todo lo que se ha dicho aquí, después de la historia que se ha desplegado, después del reconocimiento recibido por parte de los representantes de la Revolución Cubana, del pueblo saharaui y del pueblo colombiano, asumir la representación de un colectivo. Porque nosotros en la Liga en realidad  tenemos cargos formales porque así lo exige la Justicia, porque somos una asociación civil pero más allá de los cargos, nosotros somos un colectivo que va encontrando una manera de funcionar y de encontrar la manera de aprovechar de cada uno lo mejor. Y créanme que hoy es como que  uno asume de una manera distinta la responsabilidad que nos toca. Cuando empezaba el año y discutimos el plan del 75 aniversario, yo dije que había que combatir la idea –que anida en algunos compañeros por aquí y por allá- de que nosotros “somos” los dueños, que nosotros “somos” la Liga porque hay que asumir, como se demostró acá, que  la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es algo  más que un organismo de derechos humanos,  es un valor cultural del pueblo argentino. Y que debíamos seguir las enseñanzas de los Pueblos Originarios cuando dicen que a ellos les toca preservar la Tierra,  defender los derechos del medio ambiente para pasárselo a las generaciones futuras, y si me permiten la comparación, a  nosotros nos toca preservar este valor cultural del pueblo argentino, los valores de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para que todos nosotros, como proponía Miguel Monserrat estemos en los festejos del centenario de la Liga celebrando una historia de luchas, de coherencia, de compromiso, de solidaridad, entrega y de internacionalismo.

También quiero decirles que, como todos, uno no puede separar la historia personal de la historia de la lucha de los colectivos y es que hace exactamente 36 años y 6 días, 7 días, yo estaba secuestrado en una celda de un Centro que se llama La Cuarta, y el jefe de ese Centro Clandestino donde yo estaba se acercó adonde yo estaba, pisó con fuerza el suelo con su bota y me dijo, les hemos aplastado la cabeza para que nunca más las puedan levantar. Y yo estoy aquí con todos los compañeros, junto a los compañeros de la Revolución Cubana, del embajador de esa lucha maravillosa que es la del pueblo Saharaui, los compañeros Colombianos, los compañeros de la APDH, del MEDH y de todos los compañeros que están aquí:  y ese hombre, Mario Facino que era el jefe de aquel lugar, que presidió el asesinato de Alicia López, una compañera que estaba secuestrada con nosotros, y que murió por desgarro vaginal por violación múltiple en el patio al que daban nuestras celdas. Esa bestia acaba de morir. Pero el tema no es que murió porque nunca nos ha importado mucho si viven o si mueren;  lo que a mi me moviliza es que los vencidos vencimos y estamos aquí y ellos que se creían los vencedores, murieron en la más miserable soledad, despreciados por el pueblo, condenados por la justicia en este caso, aunque algunos no. Hay un verso de Gabriel Celaya sobre García Lorca que es maravilloso y que empieza diciendo: “Que no murió, le mataron”. Y a mi me gusta explicar el balance del movimiento de los derechos humanos  de veinte, treinta, cuarenta años de lucha en la Argentina con ese verso. Porque todavía de Federico se dice que murió, pero nadie en la Argentina  se anima a decir que Rodolfo Walsh murió, que el Negrito Avellaneda murió, que Paco Urondo murió, que el Roby Santucho murió, porque hemos demostrado que a todos ellos los mataron cobardemente, vilmente, no en un enfrentamiento sino cuando estaban desarmados y apelando a las técnicas más espeluznantes de destrucción del hombre.

Yo había anotado cuatro o cinco cosas de las que aprendimos en este Seminario de todo lo que se dijo, y las voy a decir muy rápido

La primera es que contra el mito liberal de que la violación de los derechos humanos y los Golpes de Estado, son algo así como un rayo en el cielo celeste, aquí se ha demostrado que  la violación de los derechos humanos acompaña  la historia nacional desde antes de que se constituya la Nación Argentina porque la violación de los derechos humanos es constitutiva de la Conquista de América por el Ejercito Imperial Español, porque la violación de los derechos humanos es constitutiva de la  República, la violación de los derechos humanos es constitutiva de la Argentina del Siglo XX y la violación de los derechos humanos es constitutiva del Modelo Agro Exportador del Capitalismo, es constitutiva del Modelo de Estado de Bienestar del Capitalismo y hemos dicho mil veces que el Terrorismo de Estado fundó el modelo neoliberal del cual estamos tratando de limpiar hasta sus últimas consecuencias y sus últimos rastros.

Hemos aprendido en este Seminario que no hay acto de violación de los derechos humanos que no tenga al menos una fuerza material, aparato represivo decíamos en los ochenta, un discurso justificador, una operación cultural que genera consensos como decía hace unos minutos Estela Calloni. Porque nosotros también tenemos mitos, y tenemos que superar los mitos, no sólo el mito de  la Argentina blanca de capas medias y progresista, sino también el mito de que nos inventamos que todo hecho de violación de los derechos humanos es antipopular y repudiado por el pueblo.  Porque todo acto de violación de los derechos humanos no solo tiene un brazo ejecutor sino que tiene una mente que construye un discurso y hoy ese discurso tiene una industria cultural a su servicio, inimaginada por nadie.

Marx en El Capital, dice que la ideología burguesa circula por los pastores evangélicos alemanes. Hernández Arregui  decía que la ideología burguesa circulaba por la educación primaria obligatoria. ¿Qué dirían, ellos, de los multimedios, de internet y de lo que conocemos?. Cuanto se puede moldear de la subjetividad y la voluntad de los seres humanos.

Y  toda violación de los derechos humanos tiene un instrumento jurídico que genera la ficción de legalidad aunque no tenga nunca legitimidad. Si lo pensamos así, la historia de la lucha por los derechos humanos es al mismo tiempo la historia de la dominación porque como se dijo aquí una y cien veces, nuestro pueblo nunca se rindió. Nunca.

No se rindieron los pueblos originarios, y entre tantas verdades ocultas casi nadie dice que Juan Chalimín -entre los años 1600 a 1634-  encabezó la sublevación Calchaquí que enfrentó al Imperio Español que tuvo que traer las reservas de su ejercito desde Lima porque no podían dominarlo y su cabeza está hundida en la Plaza de La Rioja.

Nuestro pueblo no se sometió nunca ni siquiera a los proyectos hegemonistas porteños de Mitre,  y casi nadie habla de Andresito Artigas y casi nadie sabe siquiera que la bandera de Felipe Varela decía Unidad Americana; nuestro pueblo, como explicaba  el lunes Alfredo Bauer, tampoco se subordinó a la ley 4144 ni a las leyes de seguridad nacional ni a la picana ni a la tortura de la Sección Especial de lucha contra el Comunismo.

Durante todo el siglo XX nuestro pueblo resistió como resisten los pueblos, como supo y como pudo. Muchas veces, derrotando al enemigo para regalar la victoria pero nunca dejó de luchar.

Se resistió como pudo, pero nunca dejó de luchar y es por eso que llegamos aquí, aquí. Nosotros decidimos venir a la Legislatura, porque es la primera vez que la Liga en setenta y cinco años entra aquí para hablar desde un micrófono y no para que nos interroguen en las mazmorras de la Policía o de la Sección Especial.  Y si hemos llegado aquí es por la larga lucha de todas y de todos. Y por eso lo decimos una vez más, nosotros somos los primeros en valorar los juicios y la Memoria, porque es la vez primera que los torturadores y asesinos van presos; porque hemos puesto sangre en cada uno de estos juicios.

Yo iba a decir algo cuando empecé y se me cruzó. ¿Porqué me conmueve tanto Fascino? Porque el día que lo condenamos a Facino por el asesinato de Alicia López murió Floreal Avellaneda; no, Floreal murió la noche antes del día que yo tenía que declarar en el  Juicio por Alicia. Floreal murió y yo pensé toda la noche si tenía que volver o si tenía que  declarar, si me quedaba o volvía al velorio y yo dije Floreal se  hubiera quedado a declarar porque eso es lo que nos enseñó el viejo Floreal, eso es lo que aprendimos del Chango, de Julio, de Toto, de nuestra historia. Y me quedé.

Nosotros creemos que para entender la historia de la lucha por los derechos humanos hay que entender la historia de la dominación. Pero no como un ejercicio intelectual que nos agregue conocimiento, porque para entender el modo de luchar por los derechos humanos  hoy en la Argentina hay que entender el modo de dominación del capitalismo  en la Argentina, por eso.

Porque hay un modo específico en que se ejerce la dominación en el siglo XXI, en el año 2012.  Y desde esa perspectiva uno puede salir de la trampa de  ser Kirchnerista o anti Kirchnerista y entender que esa fuerza material que llegó a América en los barcos invasores españoles, que se recicló en el Ejercito de Roca que liquidó al Ejército Libertador de San Martín; que creó la Policía Federal y la  Sección Especial; que creó a la Bonaerense que es mucho más hija de Etchecolatz que de las reformas de Arslanián. Esa fuerza material sigue existiendo en la Argentina; esa fuerza material tiene un discurso que es el discurso de la mano dura y lamentablemente esa fuerza material y ese discurso  cuentan todavía con leyes y  con jueces como los que acaban de condenar al compañero Esteche y a seis compañeros del movimiento Quebracho por coacción agravada y por resistencia a la autoridad por enfrentar al asesino intelectual de Fuentealba que está libre, como si fuera inocente, mientras nuestros compañeros en estos días, en esta semana han sido condenados por ser solidarios con la lucha del pueblo neuquino y con la lucha de los docentes.

En la Argentina hay un modo de represión específico de este siglo, de este tiempo, de este mundo.  Y cuando Estela decía presten atención a los sicarios, presten atención a los  mercenarios, y es que esa es la característica; no hay a quien enjuiciar en la guerra de Libia porque nadie tiene documentos verdaderos, porque actúan con nombre falso como los mercenarios que mataron a Mariano Ferreira, como el que acaba de asesinar en Santiago del Estero al campesino del Mocase. Pero detrás de esos sin nombre está la misma burguesía que montó el golpe de estado de 1976.

Que ya no es más la que mandó algunos de sus representantes a participar en la fundación de la Liga en 1937. No existe más esa burguesía.  Esta burguesía es hija de la dictadura y por eso es una burguesía mafiosa, es una burguesía corrupta. Es una burguesía que trafica con las prostitutas, con las niñas y con los niños, con las drogas y con las armas, que financia los robos de la mafia policial.

Por eso nosotros hemos venido a este Seminario a decirles que para nosotros, que hemos puesto sangre de nuestra sangre en los juicios, y la seguiremos poniendo.  Que hemos inscripto 14 abogados en el Juicio de la Esma para la querella unificada,  que no cobran un peso, porque no tenemos no porque seamos egoístas y porque no pedimos y porque no queremos; pero nosotros hemos decidido. Nosotros queremos que la generación contemporánea conozca de la Liga en tanto la Liga se construya así misma como la que más promueva la lucha contra el gatillo fácil y  la violencia institucional. Ayer estuve en el Colegio Nacional Buenos Aires con muchos compañeros del Centro de Estudiantes y les pregunté: ¿hay pena de muerte en la Argentina?, No,  me dijeron. Están equivocados. En la Argentina hay pena de muerte y es una ejecución sumaria extrajudicial, y saben que, les dije, los que están predestinados a la pena de muerte, a esta condena  extrajudicial son ustedes;  los muchachos entre 14 a 17 años. En la Argentina hay tortura en las sedes policiales y en las cárceles. Lo dice el informe de la ONU del 2010, lo  dice el informe 2012 de la  Comisión Provincial de la Memoria que dice que el 0,02 por ciento de los casos denunciados de tortura llegan a juicios.

Y en la Argentina  hay represión. No hemos dicho nunca que la Presidenta mandara a reprimir o a asesinar o a secuestrar a  Julio López. Pero en la Argentina hay represión y tenemos que discutir fraternalmente, francamente con nuestros amigos kirchneristas que es un error mezclar el federalismo con la conciliación con el mafioso, fascista del gobernador de Formosa. Que nada tiene que ver la tradición del federalismo en la Argentina con permitir que las policías provinciales sean lo que son.  Cuando dijimos en nuestro documento contra la violencia institucional que había que echar de las Policías a todos los que estuvieron vinculados al Terrorismo de Estado, con la trata, la droga, al gatillo fácil. Nos dijeron algunos compañeros que no se puede, pero resulta que esta semana se ha detenido por ser el jefe de la banda del narcotráfico en la provincia de Santa Fe al Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe. ¿Qué prefieren entonces? Esa es la discusión. Hay que discutir entre compañeros porque nadie está de acuerdo con la tortura pero hay que discutir con esta idea falsa  del Federalismo que impediría intervenir al gobierno nacional en estos temas. ¿Por qué?

Porqué no va a poder intervenir en Formosa, porque no va a poder intervenir en Santiago del Estero, porque no va a poder intervenir en la provincia de Buenos Aires.

Y la otra idea es la idea de gobernabilidad, que es lo que nos dijo Solá, cuando el movimiento  de derechos humanos le llevó las pruebas de que la desaparición de Julio López era obra de la Bonaerense y él  dijo: “Entre Julio López y la gobernabilidad me quedo con la gobernabilidad”. Y esa idea sigue circulando en el gobierno y en las fuerzas políticas que sostienen al gobierno. Es un error, es una falsa gobernabilidad.

Fíjense todo lo que nos dijeron de cuánto habían cambiado las fuerzas armadas, de que era hora que nos amigáramos, de que era hora de que  fuéramos y nos abrazáramos con los marinos y los prefectos y los gendarmes, con los del Ejercito. Y en la primera de cambio esta gente, casi toda la Prefectura, una parte de la Gendarmería y de la Marina y hasta del Ejercito, sin ninguna vergüenza reivindica que ellos no son negros de mierda para ir a las Villas, como los mandan, a convivir con los ladrones. La prefectura la gendarmería y parte de la marina levanta consignas como que “la Fuerza unida jamás será vencida”.

Para eso tantos cursos de derechos humanos. Veintinueve años de cursos de derechos humanos y no se convencen que la cultura represora no se cambia con cultura.

Una cultura represora se cambia con política, y esa es la discusión; no quien está contra la derecha o es funcional a la derecha; la discusión es como se derrota a la derecha que anida en las fuerzas con armas. Lo que hay que terminar es con la cultura represora pero no cometer, no reincidir en el error “ingenuo” o no ingenuo, de pensar que la supervivencia de la cultura represora se resuelve con medidas culturales. No. Para terminar con la cultura represora hay que echar de la Bonaerense, de la Santafecina, del Ejercito, la Marina, la Prefectura y la Gendarmería, del Servicio Penitenciario Federal y de todas las agencias de inteligencia y seguridad privada a todos los que hayan estado vinculados al terrorismo de Estado, al Gatillo Fácil, al trafico de armas, drogas y prostitutas, a los que administran las zonas liberadas para las mafias del delito. Si no se hace eso los primeros afectados van a ser los que nos dicen que no hagamos ruido para no afectar la gobernabilidad.  Nosotros, con estas propuestas creemos que somos los más serios defensores del gobierno nacional, de la democracia y las instituciones. Porque la democracia no se conquistó con medidas culturales y conciliación con la derecha. Los juicios no se conquistaron con Seminarios ni con consignas realistas, si algo aprendimos del movimiento de derechos humanos es que llegamos hasta aquí porque siempre planteamos lo imposible. Y  ese es el camino. Eso es lo que nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos que la lucha por los derechos humanos sólo es lucha si es del pueblo. A eso apostamos siempre y a eso apostaremos y para eso queremos la unidad de todo el movimiento de derechos humanos y para eso queremos la unidad  del movimiento popular. Y para ello hay que construir una alternativa popular que pueda plantearse el norte hoy utópico que lo que hay que conquistar son todos los derechos para todos.

De todo lo que tenia escrito para leer solo voy a leer un fragmento de un poema, que creo, resume lo que pensamos de nuestra historia, de nuestros setenta y cinco años de vida y de lucha. El poema es de Celaya y dice así

De cuanto fue nos nutrimos,
transformándonos crecemos
y así somos quienes somos

golpe a golpe y muerto a muerto.

¡A la calle! que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.

No reniego de mi origen
pero digo que seremos
mucho más que lo sabido,

los factores de un comienzo.