Los hechos ocurridos en Bariloche, Rosario y algunas localidades del Gran Buenos Aires admiten muchas lecturas e interpretaciones, pero siempre que se parta de una verdad de Perogrullo: el país que fundaron los terroristas de Estado no murió del todo, ni siquiera con los juicios y las condenas contra muchos de sus ejecutores. Justamente, al sentenciar por Genocidio por primera vez en nuestra historia, el Tribunal Oral Federal de La Plata, insiste en proponer un debate sobre la profundidad de los cambios introducidos por la violencia estatal, dado que el concepto moderno de Genocidio lleva implícita la  idea de la destrucción de un grupo nacional como tal en aras de la reorganización radical de un país.  Y es así: en el país de las vacas y el trigo, en el país del crecimiento a tasas chinas, sigue habiendo pobreza y hambre, y los pobres de Bariloche ni siquiera tienen calefacción en el país del gas y el petróleo como ha reconocido su intendente.

El gobierno nacional  insiste  en la tesis de los “infiltrados” y las “conspiraciones” funcionales a los planes de la derecha,  de desestabilizar el gobierno para impedir que se avance en la ampliación de derechos y se cumplan algunas de las promesas de democratizar la palabra y combatir la pobreza, como se insinúa en la expropiación  del predio de la Rural; expropiación que apoyamos y proponemos extender a todos los activos empresarios mal habidos por operaciones vinculadas al Terrorismo de Estado como el patrimonio de Papel Prensa o la Planta Integrada de Acindar S.A.

Cierto es que el gobierno  deberá probar en sede judicial esta hipótesis, como cualquier otra acusación, pero aún si lograra probarlo, nadie puede armar conspiraciones si no hay una base propicia para ello, y esa base es indudablemente la existencia de amplios sectores con necesidades; y se sabe: donde hay una necesidad  hay un derecho. En estos días, el INDEC ha señalado que hay 4,4 millones de asalariados en negro y 1,3 millón de desocupados totales.  Pobres no faltan, lamentablemente.

No es con balas de goma y granadas de gas lacrimógeno que se resolverán los problemas sociales sino generando una verdadera distribución de la riqueza que siguen acumulando los grandes grupos económicos que monopolizan la producción y comercialización de la soja y los agro productos, la megaminería, el gas, el petróleo y las finanzas. Nos preocupa la liviandad con que se utilizan términos propios del discurso represor como “infiltrados” que nos retrotraen a épocas fatales para la democracia.

No auspiciamos los saqueos sino la organización popular y la unidad de los que queremos democracia verdadera y por ello proponemos distribuir la riqueza para democratizar la democracia.