Los derechos humanos son conquista de la lucha de los pueblos.

A veces esas luchas duran siglos, como la todavía negada causa de los pueblos originarios; a veces duran años como la conquista del boleto estudiantil y hasta pueden ser luchas de semanas o meses, como aquellas que impiden el vaciamiento empresarial y ponen en marcha empresas recuperadas.

Pero algo es claro y contundente, siempre son exigencias del pueblo al gobierno, al aparato administrativo central o provincial, al poder judicial o legislativo, a una o todas las instancias de eso que se denomina ESTADO.

Puede creerse que el Estado es un aparato que equilibra las fuerzas sociales, o puede creerse que el Estado es al mismo tiempo instrumento de dominación, consejo superior de los negocios de las clases dominantes y el constructor de hegemonías culturales que aseguran la reproducción ampliada y eterna de las relaciones de dominación,  que el Estado convalida y consolida.

Pero siempre, siempre es la lucha del pueblo contra el Estado.

En contra de las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales llamadas gatillo fácil.

A favor de la humanización de los lugares de detención de las personas y el cese de las prácticas consideradas torturas.

En contra del uso de agro tóxicos que envenenan la población y a favor de que el Estado satisfaga el derecho a una alimentación sana, a una vivienda digna, a un empleo bien pago, a un sistema de salud gratuito y eficaz,

En estas horas se libra una aguda batalla cultural y política en torno a la ocupación, uso  y usufructo de las tierras ancestrales de los pueblos originarios, tierras reconocidas como  propiedad comunitaria por la reforma constitucional de 1994 y por  la ley 26160 del año 2006 que el Estado, de nuevo el Estado, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Estado han saboteado desde 1994 sin que los funcionarios dejen de hablar de los derechos de los pueblos originarios y hasta haya oficinas con nombres ambiciosos.

Pero la única verdad es la realidad.

Y la realidad es que la Ley no se cumple desde su promulgación en 2006, la realidad es que los gobiernos de Río Negro y Chubut sabotean descaradamente esta ley el derecho de los pueblos y el Poder Ejecutivo Nacional vuelve a mandar unidades especiales de hombres armados con armas de guerra, les llaman Gendarmes pero podrían ser prefectos o policía aeronáutica y tanto el Congreso como el Senado practican su deporte favorito: el silencio.

Cómo se originó la confusión que hay entre la lucha del pueblo contra el estado por la conquista de derechos humanos con el aparato administrativo creado por el Estado con el nombre de Secretaría de DDHH de la nación, de las provincias y hasta de Municipios.   Recordemos, la actual Secretaría de derechos humanos de la Nación fue creada por Alfonsín como Comisión Nacional de Desaparición de Personas, Conadep; como un espacio de recolección de testimonios sobre el pasado genocidio; y se mantuvo como espacio estatal a través del gobierno de Menem, Kirchner, Cristina, Macri y Alberto.  Hoy tiene no menos de mil quinientos empleados.

En primer lugar confundiendo memoria con derechos humanos, la parte no es el todo. 

En segundo lugar como parte de una práctica hegemonista estatal que pretende imponer desde el Estado programa y conducción al movimiento popular.

Desde 1937 hemos ejercido la plena autonomía del estado, de los grupos económicos y de los partidos políticos.  Sin concesiones.  Es por eso que no hay sitios de memoria que hablen de la Liga ni películas ni nada que venga del Estado.  Para el Estado Argentino, la Liga Argentina por los derechos humanos, casi que  no existe.

Pero si le preguntan a los refugiados políticos, a los migrantes, a los presos políticos de ayer y de hoy a las personas privadas de libertad, a las personas que exigen vivienda, salud, alimentos.  A los que pelean y han pasado por la represión y la tortura, ahí la cosa cambia.  Ahí sí que somos una fuerza existente en su historia y en su presente.

Aunque muchos no se den cuenta, la persistencia de los presos políticos, la continuidad del Lawfare, del hambre, de la concentración del Poder Económico, Judicial, Comunicacional viene desgastando el mito de que hay un Estado bueno que castiga al Estado malo. 

A dos años del gobierno de los Fernández, ¿de quién son los presos políticos?, ¿y la deuda externa?, ¿y las cárceles  donde se tortura?  ¿y el hambre de nuestro pueblo?.

A ochenta y cuatro años de nuestra existencia las condiciones constitutivas de la Liga se hacen cada vez más necesarias: autonomía, anticapitalismo, solidaridad incondicional con todas y todos, articulación de las acciones jurídicas con las políticas, amplitud y firmeza de principios.   Solidaridad con los pueblos que luchan, antimperialismo, Patria Grande.  

Somos la Liga, y como decía Gabriel Celaya no reniego de mi origen pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo