Se sabe que el ser humano es el único de los habitantes del planeta que tropieza dos veces con la misma piedra.
Agotado el ciclo de golpes de estado invocados bajo la doctrina de la “seguridad nacional” contra el comunismo subversivo y apátrida con el siglo XX; desde setiembre de 2001, las guerras declaradas y no declaradas, las invasiones explícitas y las guerras integrales como las que llevan contra Cuba y Venezuela se hacen en nombre de lucha contra el terrorismo.
Para eso sancionaron el Acta Patriótica y elaboraron la doctrina del Derecho del Enemigo que básicamente dice “al enemigo ni justicia”, para “los terroristas” no hay garantías de debido proceso ni presunción de inocencia ni nada. También le dicen lawfare.
En estos veinte años el discurso de la lucha contra el antiterrorismo ha presidido la guerra cultural de las derechas contra el resto del mundo.
Casi nadie en la izquierda lo discute, lo asombroso es que se lo siga convalidando desde los gobiernos que sufren esos ataques. El 24 de febrero de 2016, el oficialista Partido de los Trabajadores de Brasil logró en el Congreso la aprobación de la Ley Antiterrorista que le reclamaba EE.UU.; el 12 de mayo de ese mismo año, el mismo Congreso destituía a Dilma Rousseaf dando inicio al peor periodo institucional de Brasil, llevando al fascista Bolsonnaro al gobierno y el país a la catástrofe humanitaria. Todo en nombre de la lucha contra el comunismo y el terrorismo.
En Argentina el Kirchnerismo impulsó y logró la aprobación de dos leyes antiterroristas. La primera en 2007 y la segunda en 2011. Siguen vigentes.
El terrorismo no fue nunca definido en el Derecho latinoamericano, aunque de hecho en la Argentina se lo vincula a las supuestas acciones de países árabes contra la Embajada de Israel y la Amia. Montado en ese discurso se construyó la causa del Memorandum con Irán. La causa sigue vigente.
Es más ningún dirigente de las fuerzas del gobierno actual han presentado jamás una autocrítica y mucho menos un pedido de disculpas por la claudicación ética y el enorme error político de haber suministrado al enemigo argumentos para su batalla de odio contra el pueblo del calibre de las leyes antiterroristas que han tenido un efecto cultural demoledor, mucho más que cualquier bomba o causa judicial alguna.
A pesar de que ha sido un reclamo casi unánime de los organismos de derechos humanos desde 2007 en adelante, no se conoce ningún proyecto de derogación de una ley; ley que estipula en su Art. 213 ter: «Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (…)»
Hace pocos días, el quince de julio, en la sede del Congreso Nacional y con la presidencia del presidente del Congreso, Sergio Massa, asiduo concurrente de la Embajada de los EEUU, colaborador de la CIA como lo prueban los wikyleks, se realizó un nuevo Congreso contra el Terrorismo, esta vez motorizado por el sionismo encarnado en el llamado Congreso Judío Mundial de Latinoamérica, una organización de propaganda y defensa del Genocidio Israelí contra el pueblo palestino.
En sus resoluciones estamparon “El efectivo combate al terrorismo demanda la activa colaboración de cada Estado miembro de la comunidad internacional. Brindar apoyo a quienes planean, financian y ejecutan acciones terroristas constituye un acto de complicidad en violación al derecho internacional” o, continuaron: “Comprometemos nuestro esfuerzo para combatir al terrorismo internacional, asegurando marcos legales par…