Señores Jueces, Legisladores y funcionarios que componen esta Comisión Interpoderes

Compañeras y compañeros de los organismos de derechos humanos con quienes venimos luchando desde hace décadas por Juicio y Castigo a todos los culpables del genocidio sufrido por nuestro pueblo

         

Volvemos a esta Comisión, creada como respuesta a nuestros reclamos del año 2008, por la falta de respuestas de los tres poderes a las demandas populares y los reclamos de organismos internacionales que han insistido en que es inadmisible un proceso judicial que finja justicia mientras mantiene, de los más diversos modos, incluso los formalmente legales y jurídicos, la impunidad de quienes saquearon un país y pretendieron exterminar una generación. 

Casi todos los reclamos del 2008 siguen vigente, o si se quiere ser rigurosos, el paso del tiempo ha hecho más vigentes las exigencias de terminar con las tres modalidades de impunidad: la biológica, que al demorar el juicio o la convalidación de las sentencias, permite que más y más genocidas mueran formalmente inocentes; la del poder económico que tiende un manto protector sobre los Massot, los Blaquier, los Acevedo o los dueños de la Ford, la Mercedes y otras grandes empresas imperiales cuyos sobrinos, hijos o nietos ocupan cargos relevantes en el gobierno nacional y la impunidad de los detenidos que gozan privilegios extraordinarios en las Cárceles y la mitad de ellos directamente está en sus residencias, casi sin control y gozando de un tipo de vida que hace irrelevante la “privación de la libertad” y tributa al proceso de banalización del proceso de Juicio y Castigo que sufrimos en carne propia cuando los funcionarios que debieran perseguir a los asesinos y violadores seriales reciben amistosamente a sus familiares y consienten que se deje trascender la preocupación por supuestas violaciones a sus derechos procesales, cuando justamente es todo lo contrario: desde 1974, año en que la Triple A inauguró el terrorismo de Estado que continuó Videla y la Junta militar, somos sus víctimas, los agraviados en todos nuestros derechos, incluido el de querellar y obtener justicia contra nuestros victimarios.

 

En nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de sus casi 79 años de lucha, en nombre de sus militantes desaparecidos o asesinados por luchar contra el autoritarismo y el fascismo; digo, en nombre de la abogada Teresa Israel desaparecida en marzo de 1977 o de Freddy Rojas militante juvenil asesinado en Monteros por los matones de Bussi en 1986, venimos a rechazar el régimen excepcional del que gozan los genocidas en la Cárcel de Marcos Paz y en casi todas las unidades penitenciarias donde se encuentran alojados puesto que en todas ellas gozan de privilegios doblemente agraviantes: nos agravia a las víctimas directas,  y agravian a los miles de personas privadas de su libertad que se encuentran hacinadas, maltratadas, torturadas, extorsionadas por un Servicio Penitenciario Federal que es blando y tierno con los genocidas y es duro y cruel con quienes no tienen ni el poder ni el dinero para comprar las prebendas que están disponibles en cada unidad.

Venimos a oponernos formalmente a que el beneficio de la eximición de prisión se extienda automáticamente a los represores que cumplen los 70 años, violando la propia ley que habla de que el juez “podrá” otorgarlo si se cumplen requisitos de salud, que en el caso de Echecolatz se comprobó fehacientemente que eran falsificadas por la asociación perversa de genocidas, jueces, médicos y funcionarios que se prestan a la farsa cotidiana.  Junto a todos los organismos apoyamos más rigor en los controles médicos y un mayor control de las condiciones en que se cumplen las “domiciliarias”. Pero nosotros vamos más allá. 

Tal como se dijo en la primer sentencia contra Echecolataz: por la característica de los delitos cometidos, por la fuerte presunción que muchos de esos delitos se siguen cometiendo, como el de la desaparición de personas o la negación de identidad y  por la peligrosidad demostrada por quienes siguen conspirando desde sus Bunkers de Marcos Paz o similares, los genocidas no pueden pasar un día fuera de la Cárcel.

 

Señores miembros de la Comisión Interpoderes.

Los genocidas no cometieron delitos de lesa humanidad a los sesenta años.  Casi todos ellos tenían menos de cuarenta en aquellos años y si llegan a las Cárceles cerca de los setenta es por la responsabilidad del estado que Uds.  representan, que los ha protegido ininterrumpidamente y hoy se pretende continuar y perpetuar esa impunidad, que ellos se empeñaron en construir desde el inicio.  No lo permitiremos.  Y Uds. son los responsables directos de impedirlo.

 

Termino con un caso reciente.

En 1975 un grupo de tareas de la Triple A asesinó a Graciela Pane, estudiante de la UTN en Avellaneda.  La investigación de entonces se archivó rápidamente

En el 2006 la Liga se presentó como querellante y  patrocinó a su familia que no dejó prueba sin aportar.  En julio de 2015 se detuvo a uno de los responsables del crimen: el profesor Carlos Polo.   Lo celebramos pero en agosto ya la Cámara Federal lo liberó entre otras razones por tener una familia bien constituida.

¿Se entiende?  Nada de convivencias informales o de parejas homosexuales. Bien constituida.

Reclamamos.  Llegamos hasta la Corte Suprema que la semana pasada confirmó la excarcelación del asesino de Graciela Pane con un certiorari, sin molestarse en fundarlo.

 

A Milagros Sala se la mantiene presa a pesar de que ni siquiera hubo juicio,  pero se entiende, la familia de Milagros no puede compararse a la de un asesino de la Triple A.    Una negrita cualquiera y un profesor.

El doble rasero entre Polo y Sala debe terminar, porque cuando hablamos de Memoria Verdad y Justicia también decimos todos los derechos para todas y para todos.