Finalmente, superando la resistencia más persistente de todas las que ejercen los represores –y es que la Marina mantiene en alto grado el “espíritu de cuerpo”- se logró arribar a una primera sentencia en la Mega Causa que investiga los crímenes cometidos en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada, el símbolo más perverso del Terrorismo de Estado y también el más famoso mundialmente.

Acaso la jugada más audaz había sido la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que en diciembre de 2008 ordenó la libertad del Tigre Acosta, Astiz y otros represores –so pretexto de garantizar sus derechos humanos “afectados” por el tiempo de detención sin juicio-  procurando desestabilizar todo el proceso de juicios en marcha.  Fue el movimiento de derechos humanos, una vez más, el que llevó propuestas de superación de la crisis y de allí surgió la Comisión Interpoderes y el compromiso de modificar el Tribunal Oral Federal Nº 5  para que dejara de ser una barrera de la impunidad.

La condena de los represores de la Esma consolida un proceso que ya ha alcanzado dimensiones históricas (es la vez primera en la historia nacional que los genocidas son juzgados) impactando de un modo potente sobre toda América Latina: poniendo de relieve la impunidad en Colombia o Guatemala o impulsando cambios progresistas como la reciente Ley uruguaya, que abre puertitas a la Justicia.

En un reciente acto, Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, reflexionaba sobre el carácter irreversible del proceso de juicios, y decía que ello era así porque constituían parte esencial del contrato social contemporáneo. Una investigación daba cuenta poco después que el 80% de los electores aprueba la política pública de juicios.

Conquistado este piso, fruto de más de treinta años de luchas de los cuales siempre hemos sido protagonistas de primera línea, la cuestión para los luchadores contra la impunidad es ¿cómo seguir?.

En 1992, Ricardo Molinas advertía con claridad premonitoria “La mayor debilidad del advenimiento democrático argentino, abierto con el juicio a las Juntas Militares, fue no sentar a ningún Juez, a ningún Ministro de Economía, a ninguna empresa nacional e internacional, junto a los Dictadores”. Han pasado ocho años desde la reapertura de los juicios, algún juez hemos condenado, también algún sacerdote y hasta algunos civiles, pero el verdadero poder, el Poder Económico, sigue impune y gozando de los bienes “mal habidos”.

Tal como han sido instruidas las causas judiciales, necesitaríamos decenas de años (en el hipotético caso de que nadie muera entre los imputados y los testigos) para llevar una y otra vez (Menéndez ya suma seis condenas a prisión perpetua) “solo” a los ejecutores de la  barbarie, pero no a sus inspiradores y beneficiarios.  De este modo se avanza en el objetivo de hacer justicia por la mayor cantidad de compañeros victimizados, pero se deja impune el genocidio como tal, como “destrucción de un grupo nacional para reorganizar radicalmente una sociedad”.

Es por ello que nuestra lucha debe estar apuntada a romper nuevos límites, e ir por el poder real, como procura la denuncia que presentamos contra el directorio de Acindar y su presidente Alfredo Martínez de Hoz por los actos terroristas, por supuesto, pero también por los otros actos, más “civilizados” pero no menos reprochables como el endeudamiento externo, el cambio de paradigmas laborales y la concentración de riquezas.

Como ocurre casi siempre, el éxito alcanzado será para algunos el punto de llegada; nuestra condición militante se pone a prueba en la exigencia de transformar las victorias colectivas en punto de apoyo para nuevas y más profundas batallas. La condena de los doce represores de la Esma, nos obliga en esa dirección.