Por Horacio Aranda Gamboa
El juez federal Norberto Oyarbide reconoció a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como parte querellante en la causa abierta por ese organismo contra el directorio de la empresa Acindar por su responsabilidad en la planificación, ejecución y beneficio del plan de exterminio establecido durante el operativo represivo desatado el 20 de marzo de 1975, denominado Serpiente Roja del Paraná, y el que, según la denuncia, fue el ensayo previo a la represión desatada tras el golpe de Estado.
En su resolución, Oyarbide estableció que “teniendo en cuenta que los hechos individuales que se investigan se enmarcan dentro de la participación o tolerancia del poder político gobernante y que ellos fueron considerados de lesa humanidad, tal característica autoriza a reconocer –tal como lo han hecho precedentes jurisprudenciales–, la condición de querellante de una asociación civil”.
En diciembre pasado, el organismo humanitario denunció penalmente ante el juzgado de Oyarbide, entre otros, a José Alfredo Martínez de Hoz, a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y a la totalidad de los miembros del directorio de la empresa Acindar S.A. por los episodios represivos desatados a partir del 20 de marzo de 1975 en la ciudad de Villa Constitución que dejaron un saldo de veinte muertos, y el que se extendería hasta el mismo día del golpe del 24 de marzo de 1976.
Por esos días, además, la siderúrgica instaló en su propia planta, en lo que denominaban “la residencia para solteros”, un centro clandestino de detención, en el que, entre otros, estuvieron detenidos el abogado Luis Tomasevich y la actual concejal de esa ciudad Analía Martín.
En comunicación con BAE, José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, señaló que “lo que pedimos es que nuestra denuncia se acople a la causa abierta contra Martínez de Hoz” por el secuestro de los empresarios Miguel y Federico Gutheim.
Schulman consideró que “junto con Papel Prensa, es la segunda denuncia de peso contra un grupo económico” porque “todas las otras son a raíz de la colaboración de las empresas en el armado de listados”, pero “en esta causa los estamos acusando de complotar contra el pueblo de Villa Constitución en un operativo represivo, y no ya de dar nombres, sino de inspirar el operativo, de tener un centro clandestino en su propia planta”, y además todo esto con la intencionalidad “de aprovecharse del Estado a través de un crédito externo avalado por el Banade, que no pagaron nunca”.
Por su parte, Olivier Reboursin, integrante de la comisión jurídica del organismo, señaló: “Pedimos la conexidad con la causa Gutheim” por los episodios represivos “que dejaron en su momento más de cien detenidos”.
Crónicas del nuevo siglo 