La “normalidad procesal” y la impunidad de Brusa


Publicado en Rosario12 el 6 de junio de 2009 como columna de opinión

En diciembre de 1977, pocos días después de ser liberado de mi segundo secuestro en la Seccional Cuarta de la Policía, me presenté ante el Juez Iribas y denuncié los tormentos sufridos a manos del Grupo de Tareas compuesto por el Curro Ramos y otros (simulacros de fusilamientos, brutales golpes en el hígado, palos con clavos en las rodillas, etc.). A pesar de que el Dr. Orellana constató los daños sufridos y que la causa avanzó bastante; al final el caso quedó sin condena.

En agosto de 1992 denuncié que el Dr. Brusa era uno de los que participaba en las torturas, pero a pesar de que la denuncia fue amplificada por los diarios rosarinos (no así por El Litoral de Santa Fe) el Senado de la Nación, a iniciativa de los senadores de Reutemann lo hizo Juez Federal al miserable torturador. Hasta el año 2002 la Justicia no realizó ninguna investigación de las denuncias del 77, ni de las presentadas a la Conadep (que ya consideraba Centro Clandestino a la Cuarta en el 84) ni de las que presentamos ante Garzón en Madrid.

La causa se inició en mayo de 2002, luego de que De la Rúa rechazara el pedido de extradición y que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le pidiera al Procurador General de la Nación (Rosario/12 del 28/11/2001) que ordenara al Fiscal Freiler la apertura de la causa. El juez Rodríguez recepcionó rapidamente las testimoniales de los sobrevivientes (que ya habían declarado ante el Consejo de la Magistratura en el tramite que destituyó a Brusa en el 2000) pero luego congeló la causa hasta el 2005 en que los citó, detuvo y tomó indagatorias. Pero cometió un “error” procesal (los acusó de asociación ilícita sin interrogarlos) y la Cámara Federal de Rosario aprovechó para apartarlo y así enredar la causa que entró en un pantano jurídico del que solo emergió en febrero de 2008 al constituirse el Tribunal Oral Federal luego de un interminable desfile de jueces y abogados renunciantes que declaraban su admiración por Videla o su simpatía por Brusa. Al elevar la causa se decidió dejar de lado la desaparición forzada de Alicia López en octubre de 1976, que siempre denuncié y otros “detalles”.

Este 29 de mayo, siete años después de iniciada la causa, se ha convocado al Juicio Oral para el 1º de setiembre al tiempo que declaran inimputable al jefe Rolón y ordenan que solo dos abogados tengan voz en el Juicio. ¿Por qué? En aras de la normalidad procesal, contestan los miembros del Tribunal. ¿Cuál normalidad? ¿La que rechazó los habeas corpus que mi mamá presentó en el 76? ¿O la del Juez que desestimó mis denuncias de torturas de diciembre de 77? ¿O la del Senado que aceptó a Brusa? ¿O la del Juez Rodríguez que explicó la ausencia del secuestro de Alicia del auto de procesamiento por un “olvido”? ¿O la de este mismo Tribunal que tardó 450 días para “organizar” el Juicio Oral? Encapuchados nos tuvo la dictadura. Privados de justicia, invisibles, ninguneados, nos tuvo la democracia por veinticinco años. Ahora, pretenden silenciar nuestra voz en el juicio porque diremos que la “normalidad procesal” que reivindican es el modo de encubrir la “excepcionalidad” de un Estado que garantizó la impunidad de los represores. No lo permitiremos. La memoria es más larga que la traición.

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