Texto aportado a un seminario de militantes comunistas del movimiento obrero y territorial

Dice Foucalt que el Derecho produce verdad, al menos en la dimensión del sentido común imperante en una sociedad dada, y es por ello que toda nuestra labor en el campo de los derechos humanos, y más particularmente en la lucha por juzgar el Genocidio perpetrado en la Argentina procura aportar a una cuestión estratégica: construir la verdad sobre la historia de la dominación y la resistencia, sobre los ciclos de Poder y los ciclos de luchas populares, sus puntos fuertes y sus limitaciones.

En ese sentido, el caso Avellaneda, que ha tenido alguna amplificación social gracias a la labor de periodistas de Pagina 12 y la Gerencia de Noticias del Canal 7, no solo ilumina sobre la calaña de los militares, también aporta a comprender la historia del movimiento obrero y de la labor de los comunistas en ella.  Diremos algunas breves cosas sobre ello.

Floreal Avellaneda es un militante de toda la vida, hijo de una revolucionaria y miembro de una familia de militantes de esos que Brecht consideraba imprescindibles.  Lo buscaban por eso, por revolucionario comunista, pero también porque desplegaba esa militancia al interior de las grandes empresas metalúrgicas de la zona norte del Gran Buenos Aires.  Puntualmente ha sido probado que el Grupo de Tareas que asaltó su casa en abril de 1976 llevándose a Iris y Floreal, lo hacía como parte de un vasto operativo de arrasamiento con quienes habían sido delegados obreros de  Tensa, enfrentados a la burocracia sindical de la UOM de Vicente López, que ya estaba encabezada por el nefasto Gregorio Minguito.  Relata Floreal que en la empresa Tensa y más en general en el gremio metalúrgico de la zona se desarrollaba una labor de unidad de los revolucionarios: comunistas, peronistas revolucionarios, compañeros del P.R.T., del P.S.T. (el morenismo de la época)  y otras fuerzas de izquierda, que desató la furia de la burocracia sindical, la patronal y las fuerzas represivas.

En éste e infinidad de casos, acaso los de Acindar y Mercedes Benz, sean los más notables, está probado que aquello que Victorio Codovilla llamaba la Santísima Trinidad (burocracia sindical + patronales + fuerzas represivas) era algo más que un concepto de propaganda: era una realidad con historia y, como trataremos de probar, con un largo futuro que llega hasta nuestros días.

Si el movimiento obrero moderno (los sindicatos para el combate y no en el sentido gremial corporativo del periodo pre capitalista) nació en la Argentina con la fundación del Sindicato Gráfico en 1857, si la tradición comunista (la fusión de los grupos socialistas y anarquistas  con el movimiento sindical) nació en 1890 con el primer Primero de Mayo, la Santísima Trinidad nació con ellos y muy temprano gestó el basamento del edificio jurídico de un Estado represor como el nuestro: la Ley 4144 de 1902.

A veces se olvida que la primera huelga general de la clase obrera argentina fue en defensa de los derechos humanos, en repudio a la sanción de la Ley 4144 llamada de Residencia y vigente hasta 1957; la misma conducta: huelga general, asumirían los trabajadores de la Fora y la UGT en 1927 respondiendo al llamado a salvar la vida de los anarquistas Sacco y Vanzetti, finalmente asesinados por la Justicia norteamericana.  Del propio seno del movimiento obrero y comunista surgió la primera organización de lucha por los derechos humanos: el Socorro Rojo, sistemáticamente oculta por los historiadores, incluidos los progresistas y de izquierda trotskista, que organizó la solidaridad con los perseguidos de Irigoyen y la dictadura de Uriburu y Justo, entre otros los llamados mártires de Balcarce.

La vigencia de la 4144 por cincuenta y cinco años, aplicada por gobiernos militares y civiles, radicales y peronistas, es la prueba de que represión al movimiento obrero atraviesa las diferencias secundarias al interior del bloque de Poder y constituye uno de los factores de unidad permanente que les permite actuar como un bloque cuando se sienten amenazados: como en el 76 o el 2001.

Contra el mito liberal de que la “democracia” formal garantiza los derechos humanos y las dictaduras los violan, podemos rastrear la legislación antiobrera y represora por toda la historia argentina, incluyendo aquellos gobiernos nacional populistas como el de Perón en su primer etapa, demo liberales como el Illia o Frondizi, progresistas como el de la Alianza de De la Rúa y el Frepaso o el mismo de los Kirchner, de tercera vía.

En primer lugar, al interior de las fabricas, en el lugar mismo del trabajo, la dictadura no dejó nunca de existir.  Las conquistas que se habían logrado en el ciclo de luchas del 55 al 75 fueron borradas por la dictadura y consolidadas por la democracia formal.  Las nuevas tecnologías de gestión y relaciones laborales, el paso del Fordismo al Toyotismo y todas las innovaciones propias de la Sociología de Organización de los yanquis, han agravado al extremo la situación.  Los círculos de calidad, la asociación del ingreso individual al rendimiento colectivo, etc. han contribuido a gestar un mecanismo de control social formidable.

En segundo lugar, tal como ocurre desde 1945, más allá de diferencias puntuales y encontronazos circunstanciales, las patronales y el Estado siguen apostando al acuerdo con la burocracia sindical de origen peronistas articulada en la C.G.T.; en todo caso la actual división entre Moyano y Barrionuevo reproduce la conducta histórica de la burocracia ante las dictaduras: una CGT combativa y otra conciliadoras; ahora se invierte el sentido: la conciliadora es la que está más lejos de la derecha fascista y la combativa, más cerca pero no hay que perder de vista que es una conducta histórica donde los roles cambian con velocidad.

En tercer lugar, si para que se constituya un acto represivo se necesitan tres factores: un instrumento jurídico, una fuerza material y un discurso justificatorio, veamos que pasa con estos elementos en el ciclo kirchnerista.

Hemos denunciado infinidad de veces que la continuidad jurídica entre dictaduras y gobiernos constitucionales es la base del continuismo del PODER, digamos ahora que la negativa a volver atrás del arrasamiento de la legislación laboral menemista del 90 es la prueba del continuismo neoliberal en profundidad; pero no solo eso.  En los 90 se adaptó la legislación represiva para enfrentar los desafíos piqueteros y las huelgas salvajes: son más de cinco mil los compañeros procesados por participar en luchas sociales a quienes se les aplicaron los artículos 212 (“intimidación pública”) y/o 149 (“coacción agravada”) del Código Penal.  Cerca del fin de la primera década del siglo XXI, tales instrumentos jurídicos represivos se mantienen y aún más: conviene no olvidar la sanción de la llamada Ley antiterrorista que crea una nueva figura jurídica: asociación ilícita terrorista que podría calificar casi a cualquier organización popular que confronte con el estado en defensa de sus derechos. Las promesas de no aplicarlo quedaron al desnudo con la decisión del gobierno de Cristina de expulsar del país a los seis campesinos paraguayos sobre los que pesa la acusación de terroristas por parte de justicia paraguaya, continuista y stroesnerista.

Acaso la desaparición forzada de Julio López nos exima de cualquier otro comentario para demostrar que el aparato represivo no ha sido desmantelado sino reformulado y refuncionalizado.  Se le han dado más funciones represivas a Gendarmería y Prefectura, así como ha nacido un verdadero ejercito privado que se alimenta con lo que la Bonaerense va expulsando por “excesivamente” asesino y corrupto. La decisión de Scioli de restituir el Jefe de la fuerza a los oficiales de la maldita policía fue la señal de borrar todo vestigio de los intentos de Arslasnian y Cafiero por reformar la Bonaerense.  La decisión de Cristina de reincorporar cuatro mil efectivos para combatir “la inseguridad”, justamente esos policías apartados por la reforma Arslasnian, confirma ese rumbo que es leído  por las fuerzas de seguridad como un aval a sus reclamos de mano dura y gatillo fácil.

En 1918, en ocasión de la Semana Trágica, nació la Liga Patriótica Argentina, primer grupo de tareas para estatal, antecedente de la Alianza Libertadora Nacionalista, Tacuara, Guardia de Hierro y la Triple A.  Desde el 45 para acá, esos grupos para estatales siempre contaron con un componente sindical, y es en la dictadura donde esa alianza se potencia pero no desaparece en democracia.  De hecho, en los últimos años, la capacidad de acción de las patotas sindicales ha crecido y episodios como el enfrentamiento de la quinta de San Vicente (17/10/06), la represión a los trabajadores del Hospital Francés (26/10/06), del Subte o del Casino, muestra la presencia de un factor que no se puede subestimar y que en una dinámica de crecimiento de las luchas y de fortalecimiento de la derecha explícita (ya sea Macri ya sea Duhalde), tendrán más aliento

Y por último, más no por eso menos importante, conviene prestar atención al modo con que la derecha recuperó terreno en el plano simbólico: no fue por la reivindicación del neoliberalismo y el genocidio sino por la tangente de instalar el tema de la seguridad y recomponer en el imaginario colectivo un enemigo que ya no son los terroristas ni los narcotraficantes sino directamente los pobres y sobre todo los pobres jóvenes.  La aceptación por parte del progresismo (Zaffaroni) y la tercera Vía (Anibal y Cristina) de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores (aberración jurídica y humanitaria impropia del siglo XXI) muestra la penetración del discurso y la necesidad de confrontar con la derecha sin concesiones sobre el pasado y el presente.

Así se completa un circulo perverso que genera las condiciones para que actúen las patotas de Macri o los asesinos de Sobish, pero que nos desafían a pensar la cuestión de los derechos humanos no como una cuestión arqueológica o de especialistas, sino como algo central de la lucha de los comunistas en el movimiento obrero.

Tal como hicieron aquellos obreros que en 1902 enfrentaron la 4144 o los colectiveros que en 1975, bajo las balas de la Triple A se movilizaron contra el asesinato de Carlos Banilys, dirigente del transporte asesinado por la Santísima Trinidad cuya causa dueme en un cajón del juez Oyarbide, como la de casi todos los militantes obreros victimizados por el Terrorismo de Estado de los 70.