Sarmiento y la primera huelga docente de la Argentina


Con la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 cesó prácticamente toda acción pedagógica en la colonia ya que los franciscanos y los jesuitas eran los únicos en realizar alguna labor educativa.

El abandono era tan grande “que ha obligado a juntarse a varios  jóvenes y llegar a la puerta de la sala de acuerdo pidiéndoles con lamentables ecos, enseñanzas por el amor de Dios, o maestros que las den…”[1]; así surgió el primer nombramiento en La Rioja de un maestro de la escuela pública que registra la historia: se llamaba Sebastián Sotomayor, no está claro si era licenciado o religioso y se le fijo un sueldo de 300 pesos.

Pareciera ser que no era mucho el sueldo, porque al año renunció y fue reemplazado por Julián Espinosa quien ejerció el cargo por nueve años hasta que su casa fuera donada a los franciscanos para que abran una escuela, hecho que nunca ocurrió.

Y así La Rioja entró al “siglo de las luces” sin un solo maestro público. Todavía en 1830 no se registra ninguna escuela, y es recién en 1840 que aparecen las primeras dos escuelas en las estadísticas generales.

Pero la situación de La Rioja, con ser de extrema necesidad, acaso por ser la más pobre y abandonada del interior del país como la describiera el Virrey Sobremonte doscientos años después de su fundación, no era muy distinta que la del resto del país.

El patriota Gorriti apreciaba  “Nada era más descuidado que la escuela de primeras letras; los maestros, hombres indigentes, imbeciles, sin educación, ignorantes y las más de las veces viciosos, ebrios e inmorales, apenas sabían pintar las letras del alfabeto y algunas reglas de aritmética, y esto más por rutina que por principios”[2]

Por su parte el “Semanario de la Agricultura” expresaba por entonces: “Entregábamos los niños a maestros ignorantes, que apenas sabían más que leer y escribir y que los abatían con castigos viles e  ignominiosos”[3]

Pero la Revolución de Mayo encaró el problema y fueron sus mejores hombres quienes más se comprometieron con la educación popular.

Belgrano dona los 40.000 pesos ganados en las guerras de la independencia para fundar escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero que no contaban con escuela alguna a esa época.  Por cierto, pasaron más de 150 años para que la donación llegara a destino.

Sería recién en 1868 que el gobierno nacional iría en ayuda del gobierno riojano con un importante empréstito de 25. 000 pesos (adviértase que en 1871 la provincia recaudaba por todo concepto solo unos 15.000 pesos) para impulsar la educación riojana.

El decreto firmado por el presidente Sarmiento no tiene desperdicio. En la comunicación del ministro Nicolás Avellaneda al gobernador provisorio de La Rioja el Coronel Barrios, se desarrollan las siguientes ideas[4]:

a) el caudillismo primero (Juan Facundo Quiroga) y la montonera luego (el Chacho Peñaloza y Felipe Varela) son la causa de los males de La Rioja;

b) éstos, Quiroga, Peñaloza y Varela, constituyeron asimismo grave peligro para el resto del país amenazando “por dos veces hundir en la barbarie a la mejor parte de nuestro territorio” ;

c) la ignorancia y la miseria son causas graves de perturbación que puede alcanzar a toda la república.;

d) la educación es “el único acto eficaz” para combatir la ignorancia, miseria y perturbaciones, inclusive -º en primer lugar-  como auto defensa de los ilustrados;

e) es el gobierno provincial el encargado de “promover de un modo permanente la educación primaria”, pero la Nación le ayudará y le auxiliará siempre, porque “la República toda se halla interesada en que la educación se difunda en la parte menos civilizada de su territorio”;

f) esta contribución nacional es transitoria y las escuelas que se establecen serán entregadas a la provincia apenas esté asegurado su continuo funcionamiento; y

g) el gobierno nacional está convencido que cuesta más reprimir las rebeliones con ejércitos que propagar por medio de las escuelas públicas los conocimientos que dan al hombre la aptitud del trabajo inteligente y la capacidad de los derechos que nuestras leyes le confieren”

Aunque larga la cita es de una transparencia poca veces vista en la vinculación (tanta veces oculta tras invocaciones al bien común y esas cosas) del proyecto político de dominación y el rol asignado a la educación.

Si repasamos el decreto vamos a encontrar todo un compendio de argumentos justificatorios del discurso oficial sobre el interior al que pretenden responsable de su propia miseria cuando en realidad se debe hablar del interior empobrecido por el doble dominio de los grandes capitalistas porteños (aliados y sirvientes del capital imperialista) y las oligarquías regionales formadas por el criminal acto de saqueo al aborigen.

Cien años después, Alipio Eduardo Paoletti, un periodista admirable fundador del diario “El independiente”, entonces cooperativa y al servicio de las grandes causas populares y nacionales, publica en forma de separata un ensayo “Cien años de Colonia”[5] que demuele una a una las mentiras y falsedades del dúo Avellaneda/Sarmiento.  Sigamos su línea de razonamiento.

La historia oficial afirma que La Rioja ha sido siempre una provincia pobre, cuya presunta precaria economía fue destrozada por la rebelión..

Nada más erróneo: la rebelión montonera tiene su origen en la lucha contra la miseria, la ignorancia y la opresión.  Cuando en 1870 muere Varela, la “civilización” de la oligarquía porteña había derrumbado la economía del país interior, sometido a sus habitantes y cimentado las bases férreas para la marginación total  -social, política, económica- de las mayorías populares.

El principal detonante de las guerras civiles argentinas fue la lucha por el mercado interno entre las economías regionales del interior -abandonadas a su suerte y sin protección- y la burguesía mercantil porteña, agente del imperialismo británico.

Quiroga -como el Chacho, como Varela- sostenía el reparto de las rentas nacionales entre las provincias y una política proteccionista para las economías regionales.  Si en 1835, tras el asesinato de Facundo, Rosas condenó el tratado de Santiago del Estero por considerarlo preparatorio de la organización federal del país, en 1849 se opondrá a la explotación del mineral del Famatina.

En 1863, el mismo año que las tropas porteñas del presidente Mitre, bajo el mando de Sarmiento, asesinan al Chacho, la economía riojana era capaz de producir 49 mil barriles del mejor vino y 1.000 de aguardiente, 5.000 arrobas de pasas de uva y 2.000 de higos, 25.000 fanegas  de trigo y también maíz, legumbres, frutos, azafrán, y cochinillas para tinturas.

Según Horacio Giberti, en su “Historia económica de la ganadería argentina” la situación económica de La Rioja y Catamarca hacia 1810 era la siguiente: “ambas provincias constituían el principal centro proveedor de tejidos de lana y algodón con materia prima propia y sus vinos se distribuían por Córdoba, Tucumán y Santiago.  Poseía minas de plata, oro y cobre”.

Un viajero francés ocupado en preparar informes para inversionistas constata que el trigo riojano es de los mejores y que en Anillaco rinde 3,5 veces más que en España o en Francia, que se produce buen vino, olivos, naranjas, higos, y que es la primera provincia minera de la Confederación.

Es más, hace un análisis comparado entre las ganancias mineras de los Yacimientos de Famatina, de 120 a 150 mil pesos fuertes en 1857 y el presupuesto provincial: 21.570 pesos en 1858, 64 mil en 1870 y -el récord- 109 mil pesos en 1876.

Y se pregunta Paoletti “¿Cómo se explica la angustia del erario provincial ante tanta riqueza?” y se contesta en una reflexión que mira cien años de historia, y que sigue teniendo validez casi treinta años después de realizada: “Los dueños de la tierra, de las minas, no solo mal contribuyen a la renta provincial sino que, como en el caso de Vicente Almandos Almonacid, asociado a un francés Parchappe, otro agente comercial imperialista, disponía de los fondos provinciales para su propios negocios particulares”.

Si cambiamos algunos nombres se puede aplicar perfectamente a La Rioja y a todo el país:  el problema no es tanto el tamaño de la torta, sino el modo en que se distribuye.

Y finalmente termina Paoletti su “Cien años de Colonia” analizando el sentido del decreto de Sarmiento/Avellaneda que otorga el subsidio educativo a la provincia, que comentáramos más arriba.

“Aplastada la rebelión montonera, derrumbada la economía regional por el librecambio, con la minería en manos extranjeras y luego convertida en estratégica zona de reserva, la fiebre pedagógica de Sarmiento se convirtió en el arma más apropiada para quebrar el espíritu de rebeldía nacional, en el medio “científico” de reprimir: a los montoneros no había ya que asesinarlos, bastaba que se “educaran” para que durante casi un siglo  asistieran pedagógicamente al proceso secular de enajenación y opresión nacional”.

Y cita largamente el decreto en cuestión:  “El gobierno nacional -dice Nicolás Avellaneda- se halla así pronto para auxiliar a las provincias en estos trabajos, a fin de que la acción común se aplique a cegar la fuente del mal por un camino no solamente recto sino económico, porque cuesta más reprimir las rebeliones con ejércitos, que propagar por medio de la escuelas publicas los conocimientos que dan al hombre la aptitud del trabajo inteligente, y la capacidad de los derechos que nuestras leyes le confieren”

Y lo de “económico” tiene en el texto de Avellaneda un sentido literal: los gobiernos nacionales habían gastado en aplastar la rebelión de los caudillos riojanos la friolera de $ 5.832.436, 01 pesos fuertes, los $25.000 pesos fuertes (equivalentes al 70% del presupuesto provincial de entonces) eran efectivamente un ahorro importante.

Así pues, que la educación -y con ella, los maestros- llegaron a La Rioja por la convergencia y el choque de dos procesos casi antagónicos.

Por un lado se estaba dando respuesta a los reclamos populares, que venían desde lejos, de acceder “a las letras” para lograr ciertos niveles de igualdad y justicia social y concediendo el reconocimiento a los pueblos del interior que habían exigido los caudillos riojanos.

Pero por el otro –por el lado del estado y la política oficial-, la educación aparecía como parte orgánica de un proyecto de “socialización obligada y dirigida”, de verdadera dominación interna. Como complementando la ocupación territorial de lo que sería la Argentina y la importación masiva de inmigrantes europeos pobres para configurar  -en su conjunto- el proceso fundacional del capitalismo argentino llevado adelante por la llamada generación del ‘80.

Pero eso era algo que la mayoría de los maestros ni siquiera sospechaba.  Movidos por el amor a los niños y cultores de la tradición democrática de Mayo buena parte de ellos se hizo cargo del derecho popular a educarse y entablaron una larga lucha, a veces sorda, a veces abierta, por proporcionar a los pobres de la tierra riojana el acceso a las letras, la ciencia y la técnica. Pero iban a chocar persistentemente con la pobreza y el abandono por parte del gobierno.

No muy lejos de La Rioja, en la ciudad de San Luis, en el temprano año de 1881 se efectivizaría la primera huelga de los docentes argentinos, y sería por falta de pago (les mal pagaban tres de cada cuatro meses trabajados): “Nos hemos resignado muchos años, con la esperanza de que esto mejorase; más viendo las nuevas dificultades que se presentan para el pago, no nos queda otro recurso que suspender las tareas escolares hasta inter que el Excmo. Gobierno tome las medidas que crea el caso, apelando por nuestra parte ante el país entero  y la ilustración y sentido justiciero del señor Superitendente D. Domingo F. Sarmiento, a quien la Nación debe la fundación de su instrucción pública”

La historia registra [6]que fue la docente Enriqueta L. Lucero de Lallelment, directora de la Escuela Graduada y Superior de San Luis quien encabezara el reclamo al mismo Sarmiento.   El marido de Doña Enriqueta, Germán Avé Lallelment, geologo y marxista, sería uno de los principales precursores del movimiento obrero argentino y, concretamente, de la primera celebración del 1º de mayo, en 1890. Así se iban posicionando los diversos sectores ante la reivindicación popular de acceder a la educación.

No es casualidad entonces que por los mismos años correspondiera a la Policía la principal función “educativa”: hacer cumplir el nefasto Reglamento de la Policía de La Rioja de 1885 que decía nada menos que: “El patrón es un magistrado doméstico revestido de autoridad policial para hacer guardar el orden en su casa, haciendo que sus peones, sirvientes y oficiales de taller, cumplan puntualmente con su deber”  y que “el jornalero, sirviente y oficial de taller, debe a su patrón fidelidad, obediencia y respeto, ejecutando con diligencia las labores y ordenes que le imponga conforme al contrato, no siendo contrario a la moral y las leyes” en sus artículos 172 y 173[7]

Los verdaderos maestros tenían bastante más dificultades para cumplir su vocación de educar a los niños.

José Ernesto Schulman

marzo de 1998


[1] Probst Juan, La enseñanza primaria desde los orígenes hasta 1810 en Historia de la Nación Argentina, tomo IV

 

[2] Probst: obra citada

[3] Probst: obra citada

[4] Carlos A. Lanzilloto, Historia de la escuela pública, pag. 319 del Manual de Historia y geografía de La Rioja, tomo I

[5]el texto ha sido publicado por la A.M.P. en diciembre de 1997 bajo ese título

[6] revista de la CTERA, Canto Maestro, Nº 1, setiembre de 1990, pag.18, nota de Analf Zvik, “Gloria y honor, huelga sin par”.

[7] citado por Miguel Bravo Tedin en un articulo “La Rioja, cuna del sindicalismo argentino” publicado en la revista Encuentro, La Rioja, 1984.

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