Ponencia de José Schulman, en el Panel sobre “la flexibilización laboral y el rol del estado” de la Escuela de verano 1998, del ICAL.

Se dice fácil, pero, ¿cuál es el significado más profundo y mediato del hecho de que uno de cada dos trabajadores argentinos esté desocupado, o esté subocupado o trabaje en condiciones de precariedad extrema en las que ya no existe ni legislación laboral ni intermediación sindical frente a una patronal que, por poderío o debilidad, descarga cruelmente sobre sus espaldas la responsabilidad de “bajar costos” y lograr competitividad?.

La cultura obrera argentina, con todas sus límites y contradicciones, se forjó con un proletariado agrupado en fabricas, con bajo nivel de desocupación y un alto grado de homogeneidad lograda por la vía de los convenios colectivos de trabajo que acercaba (aunque sea por rama de la producción, es decir, por Federación Nacional de trabajadores) el nivel salarial, el grado de protección ante la prepotencia laboral y de derechos que tenían los trabajadores.

Se ha señalado que el peronismo, a cambio de la “renuncia” de la clase obrera a la lucha revolucionaria contra el capital, proporcionó una serie de mejoras económicas a las que se las caracteriza como el proceso de “ciudadanización obrera”:  Sin desdeñar las mejoras logradas[1] no siempre se valora suficientemente el cambio en la relación al interior de las unidades productivas que quedó signada durante décadas por el amplio poder que alcanzaron las comisiones internas y los cuerpos de delegados.  Esta fue una tendencia que siempre alarmó a la burguesía, y jugó un papel importante en la forma de la lucha de clases en el nivel «celular» cuya destrucción definitiva se encaró desde el aparato estatal después del golpe de estado de 1976[2]. Gino Germani consideraba el cambio en las relaciones intraempresa como una fuente de legitimidad para el peronismo, más importante que las mejoras económicas[3].

Y es aquí, en el interior de la empresa, donde se han dado los mayores cambios en la vida laboral no tanto por los cambios tecnológicos habidos (básicamente con la tendencia a la desaparición de la cadena de producción y su reemplazo por la fabricación altamente especializada de piezas únicas) sino sobre todo por la virtual desaparición del “obrero especializado” (cuyas obligaciones y derechos estaban meticulosamente desarrollados en el Convenio Colectivo) y su reemplazo por el obrero “polifuncional” así como por la imposición a sangre y fuego de ritmos, jornadas y formas de trabajo que rondan la superexplotación.

Una investigación academica realizada en la Univ. Nacional de Rosario sobre “la renovación tecnológica y la flexibilización laboral en las empresas” determinó que en la inmensa mayoría de los casos ésta fue una flexibilización “a la criolla” limitada a la expulsión de mano de obra y sobrecarga de trabajo y tiempo al personal que queda con lo que resultaron simples y vulgares ejemplos de aumento de la superexplotación de los trabajadores con el correspondiente aumento de plusvalía absoluta (la que surge de producir más unidades en una jornada de trabajo alargada).

Desde 1989, el Gobierno impulsó la flexibilización laboral, y los trabajadores perdieron casi todos los derechos adquiridos: indemnizaciones, aguinaldos, estabilidad salarial; tardaron solo siete años en demoler el complejo tramado de leyes y conquistas construidas a lo largo del siglo XX al calor del crecimiento de la clase asalariada.

El fantasma de la definitiva exclusión del mercado laboral presiona perversamente para que se acepten condiciones del trabajo propias del siglo pasado con el argumento, precisamente, de que esa es la única forma de absorber mano de obra.  ¿Cuál es el trabajador precario? Es aquél cuyas condiciones de trabajo se modificaron con el objetivo de hacer más barato el costo laboral. Salario, indemnización, estabilidad, vacaciones, aguinaldo; todo lo que siempre fue eterno, perdió solidez desde 1989, hasta convertirse en algo dudoso, sujeto a la poca buena voluntad del capital y la escasa fuerza de los trabajadores

Todo lo sólido se desvaneció en el aire. Esa reducción de costos supuestamente le permitiría a los empleadores contratar trabajadores sin temor a contraer gastos que excedan su capacidad. Pero no se cumplieron los pronósticos: cada nuevo paso flexibilizador aumentó la desocupación que ya “logró” 2.459.000 desocupados de tiempo completo, 1.812.000 subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales) y unos 3.643.110 trabajadores en negro.  Lógicamente que estos cambios han incidido en una baja sustancial de los indices de sindicalización que apenas llega hoy al 25% del total de los trabajadores (unos 2.5 millones).

La legislación laboral se construyó desde principios del siglo. En 1912 se aprobó la Ley de Accidentes de Trabajo (Ley Palacios) que fue liquidada en 1994.  Con Perón llegó casi al pleno empleo y los asalariados aumentaron su poder adquisitivo.   Hubo un importante desarrollo de las obras sociales y beneficios indirectos como la expansión de la salud y la educación públicas. La pérdida de derechos adquiridos que arrancó en 1989 tiene algunos ejemplos simbólicos demoledores, como por ejemplo, el de la eliminación de la gratuidad del “telegrama obrero”.

El golpe a los derechos adquiridos pegó primero a los empleados del Estado y de las PYMES, que en conjunto constituyen casi el 70% de la población ocupada. La ley de flexibilización laboral para las PYMES derogó a la 11.729, que todavía en 1993 consideraba  delito “el período de prueba a un trabajador”. El nuevo régimen no sólo introduce un período de prueba por cuatro meses, sino que permite condiciones laborales propias de los albores de la Revolución Industrial: jornadas de trabajo hasta doce horas corridas, vacaciones en cualquier momento del año, aguinaldo fraccionado, entre otras delicias.

Al primer golpe le siguieron otros como el decreto 340 de 1992 que incorpora la modalidad de las pasantías a ciertas áreas del mercado laboral, en reemplazo de mano de obra calificada. El pasante puede cobrar o no una suma de viáticos, no recibe ningún tipo de protección social y la empresa no tiene compromiso alguno con él.  El modelo “trabajo de fin de siglo” también llegó a la industria: el primer paso lo dio el SMATA, en el acuerdo con Fíat y Toyota aceptó que los operarios puedan ser transferidos de área, función u horario cuando la empresa lo disponga; que se elimine el comedor de la empresa y que las vacaciones se puedan fraccionar en dos.  En el mismo acuerdo, SMATA aceptó salarios entre un 39 y un 43% más bajo que en otras terminales.[4]

La  seguidilla de decretos y leyes, todos avalados y consensuados por la Confederación General del Trabajo, fueron los siguientes:

Decretos 1477 y 1478	1989	Cargas Sociales	Pago de hasta un 20% del salario en vales, sin cargas sociales. Origen de los tickets que Cavallo intentó gravar y desencadenó su renuncia.
Decretos 435 y 612	1990	Salario del Empleado Público	Salario máximo para todos los empleados públicos, exista o no convenio colectivo previo, o escalas salariales ya convencionadas.
Decreto 1894	1990	Salario Mínimo	Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 200. No aumentó desde entonces.
Decreto 2184	1990	Derecho de Huelga	Reglamenta el derecho para los llamados “servicios esenciales” para la comunidad. El Ministerio de Trabajo puede calificar de “servicios esenciales a los que crea convenientes en cada oportunidad
Ley  24.013- Ley Nacional de Empleo	1991	Contratos Flexibles y Temporales	Elimina la exigencia de que la contratación de personal temporario -que no recibe ni indemnización, ni tiene estabilidad laboral, responda a  “causas objetivas” ni que requiera conformidad sindical.
Decreto 1803	1992	Empresas Públicas Privatizadas	Suspende los derechos adquiridos de los trabajadores de empresas públicas privatizadas. Quedan expuestos a cambios de funciones, cargo, empleo u objeto de explotación , sin derecho a reclamar indemnización.
Decreto 470	1993	Aumento por Productividad	El “módulo particular” salarial puede ser modificado, aumentado o suprimido según el ritmo de la actividad económica. Atrás queda la “ajenidad del trabajador respecto del riesgo empresario”.
Ley 24.467- PYMES	1994	Flexibilidad Laboral	Reducción de indemnizaciones, fraccionamiento de aguinaldo, movilidad horaria, imposición de hasta 12  horas de trabajo continuo sin pago de horas extras, otorgamiento de vacaciones en cualquier momento del año.
Ley 24.028	1994	Accidentes Laborales	Se reduce de 100 a 65 el índice de cálculo indemnizatorio, con lo que se pierde el 35% del valor. Se establece una indemnización máxima de 55.000 pesos.
Decretos 770 y 771	1996	Asignaciones Familiares	Supresión de este derecho para  sueldos superiores a 500 pesos.
Decretos  1553 ,1554 y 1555[5]	1996	Flexibilidad laboral	Revocación de convenios: termina con el principio de ultra/actividad que determinaba continuidad de los Convenios Colectivos hasta la firma de uno nuevo.  Ahora al cumplirse términos, rige la Ley Contratos de Trabajo.  Arbitraje Min. Trabajo: establece el arbitraje automatico y obligatorio del Ministerio en caso de diferencia entre patrones y trabajadores.  Además puede revisar cualquier Convenio, aún los vigentes. Negociación directa de las Pymes con C.I y delegados sin autorización sindical. modifica la ley 24.447

Es llamativo que en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se ha comprometido solemnemente a concretar la flexibilización laboral, como si ésta estuviera por empezar y el atraso en instrumentarla fuera la causa de algunas dificultades no esperadas del plan económico.

Pues bien, esa ha sido la dinamica: avanzar en flexibilizar de hecho, chantajear con que si no se flexibliza habrá más problemas y legislar después. Despues de ocho años de sufrir este proceso creo que podemos sacar algunas conclusiones.

Sobre los objetivos: es evidente que la búsqueda de máxima ganancia ha estado en el fondo del proceso puesto que una burguesía que tiene que pagar altas tasas de interes (sin el cual no entran capitales para sostener la convertibilidad), en un país con un drenaje monstruoso de divisas por el pago de la deuda externa y la remesa de útilidades al capital imperial extranjero, en las condiciones de un mercado interno en continuo achicamiento en su segmento bajo y medio -que constituye el consumo popular- y con una carga impositiva alta al consumo (IVA y combustibles son la base de la piramide impositiva) irremediablemente utiliza el costo laboral como variable de ajuste.

Pero hay algo más que eso. Hay una búsqueda de mayor control y disciplinamiento de los trabajadores en la busqueda de un nuevo patrón de dominación clasista. Bien lo decía John Holloway al analizar los primeros pasos de la Thatcher contra los trabajadores ingleses: “La crisis capitalista nunca es otra cosa que esto, la ruptura de un patrón de dominación  de clase relativamente estable.   Aparece como una crisis económica que se expresa en una caída de la tasa de ganancia, pero su núcleo es el fracaso de un patrón de dominación establecido.  Desde el punto de vista del capital la crisis sólo puede ser resuelta mediante el establecimiento de nuevos patrones para imponerlos a la clase obrera.  Para el capitalismo la crisis solo puede ser resuelta a través de luchas, a través del restablecimiento de la autoridad y a través de una difícil búsqueda de nuevos patrones de dominación.”[6]

Sobre el discurso: El argumento central ha sido que la causa de la desocupación es la rígidez del mercado laboral argentino, y que la flexibilización del mismo permitiría que crezca el empleo, como ocurre en los E.E.U.U., este discurso se apoya -a su vez- en el prejuicio de que la globalización es un fenomeno natural, por causas tecnológicas y del simple devenir económico, al que hay que adaptarse o perecer en una lógica discursiva que se puede denominar “del colonizado” ya que busca la culpa del problema en el agredido y no en el agresor.

Solamente queremos remarcar la falacia de la rigidez del mercado laboral argentino, que a su vez suman argumentos a los que pretenden la existencia de un supuesto llamado Estado de Bienestar al servicio de los trabajadores.  Sin mencionar que la propiedad de los medios de producción nunca cambió de mano y que el estado argentino siguió estado al servicio del mantenimiento de un mismo sistema de poder y explotación, concretamente queremos señalar:

a) que los trabajadores argentinos nunca tuvieron garantía de estabilidad laboral; se permitía el despido injustificado con una indemnización insignificante en relación al capital y las ganancias de la empresa

b) el poder disciplinario de los patrones era ilimitado; los trabajadores -en el mejor de los casos-

podían opinar.

c) siempre hubo posibilidad de realizar contratos temporales, a plazo fijo y eventuales

d) siempre se fijaron turnos rotativos con el impacto negativo que tiene en la salud y la vida cotidiana de los trabajadores

e) se podía suspender sin pago de sueldos con causa en las dificultades empresarias, que nunca permitieron ni la participación en las ganancias ni siquiera proporcionar la información verídica sobre la marcha de la empresa

Sobre el sujeto del proceso flexibilizador: a contrapelo de la progonada “retirada del Estado de la regulación económica”; la nueva regulación de la economía, la llamada desregulación laboral, se impuso autoritariamente desde el Estado, principalmente desde su poder ejecutivo que no ahorró decreto y reglamentación.

Esta responsabilidad principal de la fuerza política conductora de la administración estatal, el menemismo, no ahorra responsabilidades ni a la llamada “oposición parlamentaria” y mucho menos a la burocracia sindical de la C.G.T. que acompañó todo el proceso con la única preocupación de salvar sus mezquinos intereses corporativos facciosos en el negocio sindical de la salud y mejorar su participación en los nuevos negocios: participación en las empresas privatizadas, holding de empresas, turismo, etc.

Es de consignar que la Alianza Frepaso / U.C.R. ha adelantado que no obstaculizará la aprobación de las leyes que legitimen el acuerdo gobierno C.G.T. con el que se reemplazarían los decretos de 1996 sin modificaciones esenciales

Las dimensiones de la flexibilización: Se pueden visualizar 4 dimensiones en las que se ha desplegado el proceso de flexibilización laboral

a) la flexibilización de las normas de contratación y despidos.

Han buscado eliminar indenmnizaciones, la estabilidad del empleo público e institucionalizar todo tipo de contrato temporal, “trabajo basura” se le llama,  y el libre juego de agencias de empleo.Esto explica, en parte, que la mayor resistencia haya sido desde el sector de los trabajadores públicos. Los nuvos acuerdos con el F.M.I. preanuncian una nueva ronda de ajuste en las provincias, que todavía conservan una tasa de empleo público por habitante altisima, de 3 a 20 por cada cien habitante, aunque con un salario por bajo de la media del empleo nacional.

b) la flexibilización del tiempo de trabajo.

Han eliminado la jornada de las 8 hs. de trabajo casi de cuajo, la discusión es si se paga o no horas extras.  Ahora buscan legitimar que el patrón disponga de una caja horaria (x cantidad de horas al año) que puede disponer a su antojo decretando por sí períodos de 12 o 14 hs. diarias y periodos de paro Es una de las causas principales del aumento del desempleo, ya que cada trabajador trabaja por varios. No existe más el tiempo libre y hay que recordar que Marx pensaba que la verdadera riqueza de una sociedad se mide por el tiempo libre de sus habitantes, y esto en el sentido del grado de liberación de la alienación que el trabajo, convertido en mercancía vendida en condiciones de explotación, produce en el hombre.  El diputado comunista Floreal Gorini ha presentado un proyecto de reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, con mantenimiento del sueldo, como una propuesta de emergencia ante la desocupación y la creciente flexibilización del trabajo.  Los niveles de proudctividad alcanzados por la economía argentina y la tasa de ganancia que exhiben impudicamente los grandes capitales favorecidos por la concentración, la centralización y la privatización estructural de la economía, así lo permiten.  Cincuenta de las empresas más grandes del país han tenido en 1995  cuatro mil millones de dólares de ganancia neta.  Cada una de estas empresas se han llevado a su bolsillo $500 dólares por mínuto mientras sumamos cada día más desocupados, trabajadores en negro o por su cuenta. Con razón, la C.T.A. ha levantado la consigna de que la desocupación es la principal ley de flexibilización laboral y que hay que concentrar allí las energías del combate por la dignidad de todos los trabajadores. Y es que si, como enseñaba Carlos Marx, “el ser social determina la conciencia social”, alguna importancia debe tener dejar de trabajar en una línea de producción de una fabrica para pasar a estar desocupado; de encuadrar su labor profesional en un Convenio y estar protegido por delegados, la Comisión Interna y el sindicato a trabajar a destajo bajo las ordenes autoritarias de un jefe de equipo que además incide  directamente en sus magros ingresos con su opinión.[7]

3) La flexibilización del salario

El centro del ataque ha sido la convención colectiva del trabajo y la determinación del salario por empresa, por sección, por trabajador aislado, sujetandolo a los niveles de rentabilidad de la empresa y bajando al mínimo (hoy es 200 pesos) el salario básico.

En ese proceso han ido elimando aportes patronales que constituían el llamado Salario indirecto (jubilación, obra social, vacaciones pagas) transformando cada una de esas prestaciones en una mercadería que se vende en el mercado y para lo cual transformaron los sindicatos en holdings empresarios como es el caso de la Federación de trabajadores d e Luz y Fuerza que así lo sancionó en sus estatutos: holding empresario.

4) La flexibilización funcional: la polifuncionalidad

Han eliminado las categorías y funciones que establecían las convenciones colectivas de trabajo y establecido que un mismo trabajador haga diversas tareas, de diversa calificación haciendo que esté a disposición del patrón tanto para manejar un proceso automatizado de producción compleja, como para barrer o regar las plantas del patio.

---

[1] acaso el dato más representativo de dichas mejoras sea el de la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional (riqueza nueva creada en un año) que llegó al  50 %. Compárese con la actual que ronda el 18%. Pero además es un momento de fuerte incremento del salario indirecto: vacaciones sociales, cobertura de salud, créditos blandos para la vivienda , etc.

 

[2] Esta peculiaridad es particularmente señalada y analizada  desde su incidencia en la lucha de clases por Gilly, Adolfo, «La anomalía argentina», en Pablo González Casanova (comp.), El Estado Latinoamericano, Teoría y Práctica,, , Siglo XXI, Méjico, 1990. citado por Daniel Campioni en “Estado, dirigencia sindical y clase obrera. Un vinculo conflictivo  1983-1994. ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Ciencias Políticas

[3] Estado y Sociedad en una época de transición, 1963. citado por Daniel Campioni. ídem

[4]Como señal esperanzadora de que no todo está perdido, tanta traición sindical no ha quedado impune.  Los trabajadores cordobeses de Fíat Auto protagonizaron una experiencia de democracia de base y autonomía que les  permitió elegir una Comisión Interna que efectivamente los representó en el combate contra los planes de la patronal y el sindicato. Ahora marchan, luego del intento -frustrado por José Rodríguez de constituir una seccional Smata de Ferreyra (por fuera de la seccional Córdoba)- a organizar una filial de la U.O.M. bajo su dirección.

[5] Al escribir estas líneas los decretos estabán cuestionados jurídicamente y se prevé su reemplazo por una legislación acordada con la C.G.T.

[6] John Holloway. “La rosa roja de Nissan”. Cuadernos del Sur Nº 7.

[7] en muchas empresas el salario tiene un componente móvil según la “calificación” que el jefe de al trabajador