El juez Oyarbide: orfebre de la impunidad de la Triple A


 

“la investigacióndebe emprenderse con seriedad  y no

como una simple formalidad  condenada de antemano

 a ser infructuosa.   Debe tener un sentido  y ser

 asumida por el Estado como un deber jurídico propio

 y no como una simple gestión de intereses particulares.

”  Corte I.D.H.,  Caso Velásquez Rodríguez.

sentencia del 29 de julio de 1988,[1]

 

Hay entre los crímenes de la dictadura y los cometidos por la Triple A una diferencia fundamental: si los posteriores al 24 de marzo procuraban ser ocultos, disfrazados de enfrentamientos o directamente negados por la capucha, la figura del desaparecido, el centro clandestino y la negativa rigurosa de la Junta, los cometidos desde la Masacre de Ezeiza[2] en adelante,  pero sobre todo los cometidos explícitamente por la Triple A,  se hicieron a cara descubierta,  con obscena exhibición de los cadáveres (acaso el colmo sea la mutilación de los testículos del ex legislador radical rosarino  Agustín Rodríguez Araya para ser colocados en su boca cual una escena imaginada por el Dr. Lecter) o con la sobreactuación de los más de sesenta disparos de ametralladora Uzi sobre el cuerpo de nuestro compañero Carlos Banilys, asesinado delante de sus tres hijos y su compañera.

Sin embargo, paradójicamente, a pesar de los enormes avances en hacer visible lo oculto de los crímenes de la dictadura, incluso llevando a algunos de sus responsables a juicio oral en que se dictan magnificas condenas (como la última de la mega causa Campo de Mayo que  volvió  a ordenar prisión perpetua para los  Santiago Omar Riveros y Reinaldo Bignone, Generales del Genocidio)[3], los crímenes de la Triple A como tal, como la definiera el fiscal Taiano en su dictamen del 30/12/2008[4]: “…desde el gobierno, en colaboración con diversos actores provenientes de la dirigencia gremial, agrupaciones de derecha y de grupos pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad, se consolidó un brutal y sistemático aparato represivo, que con el nombre de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), buscó aplastar los conflictos sociales. Esta organización, digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, fue uno de los mecanismos empleados para disciplinar a la sociedad”.

“A esos fines no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad, procedente de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetradas contra locales partidarios, etcétera”. 

“…la federación, que agrupó a los diversos núcleos de la derecha peronista: CNU, Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), Alianza Nacionalista Argentina, Comando de Organización, Juventud Sindical Peronista, Agrupación 20 de Noviembre y Agrupación 17 de Octubre, fue impulsada por los nacionalistas de derecha, que actuaban en todos los grupos, de los que en algunos casos eran fundadores. El ministro López Rega promovió la organización, financió y armó la fuerza de choque que constituyeron la Triple A, pero la mayor parte de los recursos humanos fueron proporcionados por esa federación de grupos de actuación fascista, activos militantes de Tacuara, de la Guardia Restauradora Nacionalista, de la CNU, del Comando de Organización, que compartieron con la escoria de la Policía Federal a las órdenes de Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón la siniestra acción (…)”.

En todas las investigaciones realizadas, nombremos ahora las que hemos utilizado en este articulo: “La Triple A” de Ignacio González Janzen o en la de Inés Izaguirre. “Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina 1973 – 1983: antecedentes, desarrollo, complicidades”, se da por probado que la mayoría de los actos terroristas cometidos en la Argentina de Isabel y López Rega (según Izaguirre, es luego de la muerte de Perón que se perpetra el 94.6% de los asesinatos) fueron responsabilidad de esa “federación” de grupos fascistas = Triple A.

Adelantémonos a las polémicas con el Juez Oyarbide, cierto es que como él dice, muchos de los grupos que actuaron como Triple A tenían historia criminal previa, es decir que la Triple A es  el punto de llegada de la larga historia de grupos parapoliciales de extrema derecha cuya primera referencia acaso sea la Liga Patriótica creada en los salones del Jockey Club en 1919 para enfrentar a los obreros huelguistas de la metalúrgica Vasena, y cuyo accionar miserable es conocido como “Semana Trágica”.

Tras el primer golpe de Estado del Siglo XX estos mismos grupos se nuclearon en la denominada Legión Cívica continuadora de aquella. Poco más tarde la derecha nacionalista y pro fascista agregó el sustento ideológico de más de cuarenta grupos organizados entre los que se contaban Acción Nacionalista Argentina (ANA), Afirmación de Una Nueva Argentina (ADUNA) y la Alianza de la Juventud Nacionalista (AJN) encargadas de diseminar el fascismo a través de distintos órganos de prensa como Bandera Argentina y Crisol, primero y Cabildo, Clarinada y Pampero;  luego desarrollaron importantes campañas de propaganda contra liberales, socialistas, anarquistas y comunistas acusando a todos estos de ser parte de una “conspiración mundial contra la Nación Argentina” apelando siempre al “otro” como “agente portador de ideas foráneas” o “elemento disolvente”  en el discurso que replicaba  a los centros del poder y creación de la opinión pública, para dominar mediante los más aberrantes métodos que iban desde la intimidación y el terror a la tortura. Recordemos que desde 1902 regia la Ley 4144 de persecución a los inmigrantes que resistían el capitalismo, y podían ser extraditados sin juicio previo, por mero acto administrativo al cual la campaña daba legitimidad social, si cabe el termino.

La práctica renacería una y otra vez como Alianza Restauradora Nacionalista en la década del 40 o la propia Tacuara en los años 60 a la que se refiere el dictamen de Taiano con los mismos declarados objetivos y similares componentes, teniendo a gran cantidad de agentes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como sus integrantes.

También es cierto, como afirma el Dr. Oyarbide en sus considerandos, que muchos de los componentes de la Triple A pasarían a ser parte orgánica e indivisible de las “Fuerzas Armadas en Operaciones”, las que valoraron mucho su experiencia en asesinar, torturar o volar casas y su contundente ideología anticomunista y por ello los incorporó  a los Grupos de Tareas y a darles  rango militar honorario.    López Rega mantenía vínculos con el Almirante Emilio Massera y con el General Carlos Suárez Mason, dos personajes centrales de la dictadura y muchos militares en actividad,  como Mohamed Alí Seineldin, engrosaron sus filas.  Más conocido es el caso del grupo de Anibal Gordon que primero actuó en Villa Constitución y luego fue parte de la Operación Cóndor con asiento en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como Orletti, en el barrio porteño de Floresta.

Todo ello es cierto, así como antes del 24 de marzo las FF.AA. ya actuaban en Tucumán con el Operativo Independencia e Isabelita dictaba Decretos de Disposición del P.E.N. para compañeros de todas las culturas políticas; pero más cierto es que en los años aludidos, la Triple A funcionó  como un ámbito específico, con mando y financiamiento propio, con una doctrina extremadamente anticomunista, con un medio de comunicación propio, El Caudillo y con un grado de consenso en las derechas políticas, religiosas y académicas muy importante como se puede verificar con la Misión Ivanissevich en la Universidad,  el accionar de la Juventud Peronista de la República Argentina o la propia Juventud Sindical Peronista[5].

Oyarbide pretende ahora que la Triple A era solo un pequeño grupo alrededor de López Rega con un accionar muy acotado a la ciudad de Buenos Aires, en unos pocos casos, solo los que se asumieron en la causa abierta en 1975.  Pretende consumar la impunidad judicial que siempre protegió a  los miembros de la Triple A, que podríamos resumir del siguiente modo: en aquellos años (1975) se abrió una causa que nunca avanzó mucho; con el golpe de Estado, la causa entró en una larga hibernación de la que salió en 1986 con la detención de López Rega en su refugio dorado de los EE.UU. pero volvió a los cajones judiciales con su muerte en 1989 para volver a renacer con la detención de los oficiales de la Federal Morales y Almirón[6] el 23 de diciembre de 2006 y volver a desfallecer con su muerte en el 2007 y 2009, respectivamente.

Para finales del 2006, un conjunto de fuerzas políticas y sociales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, entre los que se encontraban la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista, elaboraron una presentación conjunta por más de seiscientos compañeros victimizados por la Triple A y fuimos recibidos por el Juez Oyarbide.

Allí se comprometió a hacer de la denuncia una “mega causa” que permitiera comprender los orígenes directos del terrorismo de estado dictatorial, pero los hechos han mostrado todo lo contrario: ha hecho todo lo posible para demorar la causa, ignorar las denuncias, rechazar los pedidos de prueba y en los últimos meses, ante el apercibimiento recibido de la Cámara Federal de Buenos Aires por su morosidad extrema en impulsar la causa ha seguido dos caminos: a) el “desguace” de la causa, enviando a juzgados del interior todos los casos posibles y b) el procesamiento de un grupo de fascistas de la Juventud Peronista de la Republica Argentina y del periódico fascista Caudillo por el delito de “asociación ilícita”, pero no por los atentados terroristas, torturas y asesinatos sufridos por los compañeros.  Digamos, por constituir y dirigir la Triple A, pero no por los crímenes de ésta; como si a Videla se lo acusara de dirigir el Plan de Exterminio, pero no por las desapariciones, crímenes, torturas y persecuciones que la aplicación del Plan produjo en un caso o “desguazando” la causa en decenas de “remitos” al Interior del país cuyos Tribunales pueden llegar a condenar a alguien por alguno de los compañeros pero borrando toda huella de la estructura unificada y nacional de la Triple A, de modo tal de desaparecer los pasos iniciales dados por el gobierno peronista y la paradoja de que el Peronismo en el Gobierno asesinó al Peronismo popular y militante (no solo a peronistas, pero si en un número decisivo).

En una reflexión sobre la elección del Papa Francisco, Mario Wainfeld dice idénticas palabras desde otra tradición cultural que la mía:  “la condición de peronista abarca demasiados significados y trayectorias. Peronistas fueron los presidentes Kirchner, Isabel Perón y Carlos Menem. Los dos ministros Taiana y Oscar Ivanissevich. José López Rega y John William Cooke. Carlos Ruckauf y el cura Carlos Mugica. Los que chocaron en Ezeiza. ¿Chicanea este escriba? Un poco, apenas, con fines ilustrativos. Pero sostiene que la garantía de calidad peronista peca de exceso de simplismo o fantasía. Y que durante la dictadura y el gobierno de Isabel, el peronismo estuvo en los dos extremos de la picana[7].

No es el caso de agotar aquí el debate jurídico,[8] que lo haremos en las instancias correspondientes, nacionales e internacionales, pero debe quedar claro  que el Juez Oyarbide hace todo lo posible para negar la existencia de la Triple A como organización autónoma, de existencia real y acciones criminales muy concretas en todo el territorio nacional. Según la investigación de Izaguirre ya mencionada, tendríamos un total identificado de 1035 ejecuciones sumarias extrajudiciales (brutales asesinatos), 752 compañeros que fueron secuestrados y continúan desaparecidos, y 54 compañeros que fueron secuestrados y liberados. Y a ello se debe  sumar  unos 2800 presos que permanecieron un tiempo prolongado a disposición del PEN puesto que muchos de ellos siguieron presos hasta la guerra de Malvinas en 1982 y los miles de atentados que sufrieron locales sindicales, partidarios y las propias casas donde habitaban los militantes que la Triple A perseguía en un número que nos lleva a no menos de 7.000 acciones represivas en unos veinte meses, 350 por mes, más de diez por día.

No es que Oyarbide se oponga de modo absoluto a que se investigue la muerte o desaparición  de un compañero,  a lo que se niega es a considerar los crímenes de la Triple A como un accionar nacional, premeditado, autónomo de las acciones previas y posteriores; por eso “desglosa” la causa remitiendo todo lo que se pueda a otros juzgados, tratando que sean considerados como acciones militares previas al Golpe o actos aislados que en todo caso nieguen el accionar unificado de la Triple A.

Vaya un ejemplo de esta voluntad del Poder Judicial: en Córdoba se investiga el asalto al local del Partido Comunista sufrido en 1974, como consecuencia del cual falleció la militante comunista Tita Clelia Hidalgo; entre la prueba ofrecida figuran fotos de las paredes del local,  tomadas apenas recuperado, donde se visualizan grandes letras formando el clásico A. A. A.;  sin embargo los investigadores cordobeses insisten en que el Comando Libertadores de América era un grupo que no tenía ninguna relación con la Triple A, contrariando la investigación de Janzen, asumida por el fiscal Taiano, acerca de su carácter de federación de grupos fascistas, entre los cuales se puede contar al citado Comando.

Si durante años, la Justicia trató de caratular los crímenes del terrorismo de Estado como una colección de crímenes aislados, para negar el Plan de Exterminio, la premeditación, el sentido profundo del terrorismo de Estado  que no era otro que imponer cambios profundos, raigales, a la sociedad argentina; el accionar del Juez Oyarbide busca tratar los crímenes de la Triple A como un conjunto de crímenes aislados, mero anticipo del Golpe perdiendo de vista su costado histórico, como punto de llegada de años y años de impunidad para los grupos de ultra derecha y las acciones de los servicios de inteligencia de todo tipo, anticipados por la mítica Sección de Lucha contra el Comunismo creada por la dictadura de Justo pero mantenida en funciones (aunque con diversos nombres) por todos los gobiernos militares y constitucionales.  Oyarbide quiere ignorar la Triple A para no asumir la historia previa de grupos fascista de todo tipo y la responsabilidad de los gobiernos de entonces en promover, financiar y sostener su accionar; y con ello borra un momento trascendente en la consolidación de la cultura represiva en el aparato estatal y la derecha de todo color: nacional, liberal, neoliberal o pseudo progresista.

Como lo muestra el crimen de Mariano Ferreyra o de los hermanos Qom en Formosa, las miles de ejecuciones sumarias extrajudiciales contra jóvenes pobres que hemos bautizado “gatillo fácil” y la práctica sistemática de tortura en cárceles y locales policiales, la cultura represora no ha muerto con la dictadura; sencillamente porque no nació con ella y porque no se termina con una cultura represora con “gestos” culturales, sino con actos judiciales y de depuración de todos los individuos que la perpetuán en un ciclo que puede ser interminable.

En otro articulo, “¿Quién está matando a los militantes populares en la Argentina?” [9] he examinado largamente la constitución de un nuevo espacio represivo que no ha dejado de expandirse de la mano de la burguesía mafiosa y las redes de caudillos provinciales, punteros barriales y líneas de mando de todas las fuerzas “de seguridad”; como en el huevo de la serpiente, bajo la imagen de normalidad constitucional y aún bajo un gobierno que ha apoyado institucionalmente la lucha por verdad, memoria y justicia como ninguno otro en Argentina o en el cono sur de nuestra América, se pueden ver todas las partículas de lo que  -bajo otras condiciones políticas- puede llegar a reconstituir esa federación de grupos fascistas que se propongan disciplinar socialmente lo que emergió a finales del siglo pasado y no han podido volver a poner en caja, a pesar de todo.

La invisibilidad de la Triple A, su impunidad jurídica,  la manifiesta indiferencia del gobierno al tema es funcional a esta sobrevida de la represión y la tortura; y una amenaza real de que de un modo u otro, aquella federación de grupos fascista vuelva a constituirse como no dejan de soñar los genocidas de ayer y los poderosos señores del dinero de hoy.

 


[1] las referencias a fallos y otros documentos judiciales son aporte del  Dr.  Olivier Reboursin, del equipo jurídico de la Ladh

[2] 20 de junio de 1973, Perón volvía al país y la derecha atacó brutalmente la movilización popular de la JoTaPe de las Regionales (Montoneros)

[5] el caso más difundido es el de Hugo Moyano, dirigente entonces de la JSP de Mar del Plata, pero una investigación rigurosa comprobaría que la CNU, la JSP, Guardia de Hierro y otras similares eran la pantalla desde donde actuaban los miembros de la Triple A

[6] Almirón llegó a ser jefe de la custodia del fascista Fraga Iribarne, jefe de gobierno de Galicia, y tuvo a su cargo la formación del primer grupo de seguridad del “socialista” Felipe González

[8] vale la pena leer el extenso párrafo de un informe de la CIDH, el informe sobre Guatemala número 30/96, caso 10897 del 16/10/1996 que dice  “ La jurisprudencia de la Corte confirma lo establecido en la legislación interna cuando se refiere a la obligación de los Estados, y en relación con lo expuesto en el punto anterior dice que “el Estado está en el deber jurídico de … investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.  (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 174).  Es decir, que el Estado nacional  no puede eludir bajo argumento alguno su deber de investigar un caso que involucre la violación de derechos humanos elementales.  La Corte así lo expresa cuando dice que la investigación “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa … de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.  (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 177).  El Estado Argentino tenía el deber irrenunciable e indelegable de llevar a cabo las investigaciones necesarias para dar con los responsables del hecho, indagarlos y procesarlos bajo la ley con las debidas garantías. El rol del Juez Oyarbide, consentido por el Poder Judicial y con la clara “tolerancia activa” del Poder Ejecutivo, ha sido todo lo contrario, y por ello, las partes afectadas deberían tener acceso al reclamo de justicia ante las instancias internacionales como la CIDH y  otras.

[9] https://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2012/01/24/quien-esta-matando-a-los-militantes-populares-en-la-argentina/:  allí se dice: “Un nuevo modo de reprimir está surgiendo en la Argentina:  un cierto modo de articulación de las fuerzas estatales directas y otras fuerzas (todas con capacidades militares aunque no estén encuadradas en las Fuerzas Armadas) que sirven al mismo objetivo aunque aparenten ser privadas o sindicales. Un nuevo modo de reprimir que tiene un estilo, un modo de ser que lo diferencia del Terrorismo de Estado de los 70, de la Triple A o los años del Plan Conintes de Frondizi aunque no deja de tener vínculos y parecidos con todos ellos.  Un nuevo modo de reprimir  que parece difuso, a veces casi anónimo (como en el último suceso de Rosario contra los militantes del Frente Darío Santillán), otras se presenta como exceso de las policías provinciales (en Formosa, Santa Cruz o Neuquén), etc. pero tan efectivo y mortal como las formas anteriores de existencia de la represión, esa función estatalque nació con Roca asesinando pueblos originarios y nunca cesó. Ni en gobiernos militares, ni civiles; ni en democracia formal ni en dictaduras terroristas; y que siempre contó con un discurso de justificación y un instrumento judicial que lo legitimaba. Por si alguno lo olvida, y a pesar de las “gárgaras” de fidelidad al pensamiento crítico, parece que algunos escribas lo olvidan, la Argentina es un país capitalista, fuertemente amarrado a los centros de poder mundial del Capitalismo como el G20, la ONU, el FMI y el GAFI.”

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