Repudiamos la represión a los trabajadores que luchan por sus derechos en Salta y  Córdoba por parte de las fuerzas policiales.  Exigimos que el poder político de cada provincia y los ámbitos estatales nacionales correspondientes asuman la responsabilidad de garantizar el derecho obrero y popular a expresarse, protestar, organizarse y luchar contra las injusticias cotidianas. Alertamos sobre el crecimiento de una tendencia a criminalizar las luchas y judicializar las protestas sociales por parte de los gobiernos de Salta, Formosa, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el silencio y la pasividad del gobierno nacional quien es responsable del cumplimiento de las leyes, disposiciones constitucionales y pactos internacionales que garantizan los derechos ciudadanos que hoy son avasallados en la Argentina.  La vida confirma una y otra vez lo que advertimos hace seis años: Sin Julio López, no hay Nunca Más.  La impunidad de ayer alimenta la represión de nuestros días.

 

Los últimos disparos de bala de goma fueron contra los trabajadores tabacaleros del Ingenio San Martín del Tabacal  que reclamaban por aumentos salariales y contra los despidos de sus compañeros; pero pocos días antes habían sido aporreados los trabajadores estatales de Córdoba y casi en simultaneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pretendía legalizar la delación macartista contra los trabajadores de la educación que impulsen un pensamiento críticos en sus educandos y busquen ampliar la perspectiva cultural en las aulas.  Los últimos hechos borraron de los medios la vergüenza de las fotos que ilustran sobre la tortura en las cárceles y seccionales policiales de casi todo el país.

No son hechos aislados ni casuales; ni tampoco se pueden atribuir exclusivamente a los gobiernos provinciales “feudales” y/o “derechistas”: las prácticas represivas y discriminatorias nunca cesaron del todo en ningún lugar de la geografía nacional  dado que hay una cultura represiva que no ha sido erradicada, persiste falta de conducción política de las fuerzas armadas (y no solo hablamos de las policías provinciales, también de la Federal, la Gendarmería y Prefectura, el Servicio Penitenciario y las Agencias Privadas que constituyen en su conjunto un enorme conjunto de personas armadas y con permiso para agredir a los ciudadanos argentinos) que presagia y prepara un salto en la limitación de los espacios democráticos que tanto le costó al pueblo argentino conquistar en su lucha contra la dictadura primero y contra los gobiernos neoliberales después.

Entendemos que no alcanza con repudiar los hechos puntuales: el movimiento de derechos humanos, el movimiento sindical y social, todas las organizaciones sociales y todas las fuerzas políticas que no desean que tal tendencia se concrete y genere una nueva frustración, deben abocarse a un debate sobre los caminos para terminar de una vez por todas con la represión y la persecución a los que luchan, empezando por exigir, en cada caso, que asuman responsabilidad sobre los hechos represivos las autoridades políticas que formalmente “conducen” las fuerzas de seguridad.

Lo primero, entendemos, es terminar con esta situación de grosera impunidad en que nadie responde por nada y el resto mira para otro lado como si la garantía de los derechos humanos de cada uno de los habitantes del suelo argentino no fuera la primera responsabilidad de todo gobernante, funcionario o legislador sea del ámbito que sea.

A casi seis años de la desaparición forzada de Julio López nos unimos a las voces que ayer y hoy dicen que sin Julio López no hay Nunca más.