El Colegio de Abogados de Rosario excluyó de la matricula al represor Juan Amelong, ya condenado por delitos de lesa humanidad…..La Liga fue de las primeras denunciantes como antes había logrado la expulsión de Ramos y Facino del Pejota


Nuestra idea de lo que ocurrió es un genocidio, entendido como la eliminación de un grupo nacional para reorganizar radicalmente la sociedad.

Cuando hablamos de Terrorismo de Estado pensamos en el Estado en su conjunto que organiza el Terrorismo y nos gusta hablar de un bloque de poder para designar a quienes sostuvieron el Terrorismo de Estado donde empresarios, militares, políticos, periodistas, intelectuales, curas y otros grupos sociales actuaron articulados para sostener el Golpe y la impunidad.

Por todo ello no nos limitamos a la lucha jurídica contra la impunidad sino que impulsamos el debate sobre las tramas de impunidad que se tejieron en estos años.

En la provincia de Santa Fe hemos sido parte de los que lograron que el Pejota expulsara a los represores Eduardo Ramos y Mario Facino del Partido Justicialista y ahora al abogado Juan Amelong del Colegio de Abogados.

Llevamos setenta y tres años luchando por la libertad de los presos, por el castigo a los represores y procurando defender el acceso real de todos a todos los derechos humanos.

Somos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en la provincia de Santa Fe, la misma en la que militaron Guillerno Kehoe y Adolfo Trumper, los abogados que fueron parte de aquella movilización popular que logró la condena de los asesinos de Juan Ingalinella, secuestrado en junio de 1955 por la Policía Santafecina en castigo por su actividad contra los preparativos golpistas que triunfarían en setiembre del mismo año; la misma donde militaba Fidel Toniolli, uno de los más decididos luchadores contra la impunidad en el periodo de la dictadura a pleno, desde el histórico local de Cortada Ricardone 58, lugar de encuentro de todas y todos los que luchabamos contra la impunidad en el mismo momento que los crimenes se cometían

Y estamos orgullos de seguir siendo los mismos de entonces.

José Schulman

secretario nacional de la Liga, testigo en los juicios de la ciudad de Santa Fe,

militante de la Liga de Rosario entre enero de 1978 y diciembre de 1982

 

Diario La Capital de Rosario

Amelong fue expulsado de la matrícula de abogados

El Colegio de Abogados de Rosario decidió excluir de la matrícula profesional a Juan Daniel Amelong, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de la ciudad, por crímenes de lesa…

El Colegio de Abogados de Rosario decidió excluir de la matrícula profesional a Juan Daniel Amelong, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de la ciudad, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El directorio de la entidad debatió el pedido realizado por las letradas que patrocinan a las entidades Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh).

Amelong fue condenado en 2010 a cadena perpetua, en cárcel común, por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidios triplemente calificados durante la dictadura.

El ex oficial del Ejército fue juzgado en el marco de la causa Guerrieri por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Quinta de Funes, ex Fábrica de Armas Domingo Matheu, La Calamita, Escuela Magnasco y en la quinta La Intermedia, propiedad de la familia Amelong.

En el debate estuvieron 13 miembros del directorio (son 14 pero uno estaba fuera de la ciudad), de los cuales siete votaron por la exclusión de Amelong, y seis pidieron esperar a que la sentencia quedara firme —hay apelaciones del represor que aún no fueron resueltas—, aunque todos coincidieron en que los antecedentes de Amelong “aparecen objetivamente como negativos e incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado”.

La base legal para la exclusión de la matrícula de un abogado es el artículo 295 de la ley Orgánica de tribunales, que impide “formar parte” del Colegio a quienes “hubieren sido condenados a pena privativa de la libertad por delitos dolosos y de cumplimiento efectivo”, y habilita al directorio de la institución a “cancelar la matrícula sin substanciación alguna”.

Seis de los directores expresaron que sólo se podría cancelar la matrícula en los casos de sentencia firme y los otros siete expresaron en líneas generales que “la ley orgánica del Poder Judicial —sin perjuicio de la discusión sobre si el artículo 295 refiere o no a sentencia firme— y el estatuto del Colegio de Abogados establecen que la función esencial de la institución desde su creación es velar por el decoro del foro, garantizando al ciudadano que quien ejerce la profesión de abogado posee los valores éticos que se exigen para la actividad”.

Al término del encuentro, el presidente de la entidad, Ignacio Del Vecchio, declaró sentirse “orgulloso de pertenecer y formar parte de este directorio, ya que la madurez con que se abordó el tema habla a las claras de una admirable calidad institucional”. Añadió que “creemos sin lugar a dudas que con esta decisión estamos cumpliendo con la finalidad esencial que dispone nuestro estatuto: enaltecer el concepto público de la abogacía”.

Satisfacción de organismos. Por su parte, la abogada Gabriela Durruty, una de las firmantes del pedido, celebró la determinación del Colegio de Abogados, a la cual calificó de “histórica”, y apuntó que “no resistía ningún análisis que un genocida como Amelong ejerza la profesión”.

Además, señaló que la gravedad era mayúscula al recordar que Amelong “se autodefiende, se autorrepresenta, en una causa que tiene abierta en Paraná”, por la supresión de identidad a la hija de Raquel Negro —en ese momento secuestrada en poder de Amelong— y Tulio Valenzuela, hoy nieta recuperada.

El caso de “Pili” Rodríguez. La solicitud de Elida Luna, presidenta de Familiares, y Graciela Rosemblun, titular de la Ladh, incluía también al sindicado represor Pedro Pili Rodríguez.

La abogada Durruty recordó que “se encuentra procesado y elevado a juicio oral por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados, estando radicada la causa ante el TOF1, a la espera de fecha para la realización de la correspondiente audiencia”.

El Concejo municipal de San Lorenzo le impidió el año pasado a Rodríguez asumir una banca de edil por estar procesado por de crímenes de lesa humanidad.

CIUDAD › EL COLEGIO DE ABOGADOS CANCELO LA MATRICULA DE JUAN DANIEL AMELONG

El hombre sin ley no podrá litigar

En una votación dividida, se decidió por 7 votos contra 6 retirar la habilitación al condenado por terrorismo de estado.

 Por José Maggi

El Colegio de Abogados de Rosario le retiró ayer la matrícula al represor Juan Daniel Amelong, condenado por delitos de lesa humanidad e inscripto en el foro local. En un fallo dividido, por siete votos contra seis, se impuso la moción de cancelar la matrícula profesional al exmilitar condenado en 2010 a prisión perpetua por terrorismo de estado. La resolución llegó tras un intenso debate, promovido por Vildor Garavelli, uno de los catorce miembros del Directorio, de los cuales solo uno estuvo ausente, Martín Rosúa. Como había seis votos a favor y seis en contra llegó el desempate a manos del presidente del Colegio Ignacio Del Vecchio. La polémica se centró en que la condena del Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario aún no está firme.

“Mientras la mayoría de los directores contempló la Ley en su conjunto e invocó la función esencial del Colegio de Abogados de velar por el decoro del foro, garantizando que quieres ejercen la profesión reúnen los valores éticos necesarios, hubo otros integrantes que se centraron en la letra del artículo 295 y la necesidad de contar con una sentencia firme, para decidir la cancelación de la matrícula”, explicó Del Vecchio y resaltó que “esto es positivo y puede darse porque el organismo está compuesto por siete movimientos con distintas posiciones”.

“Hay que destacar la madurez y la calidad institucional con que se abordó en la reunión un tema tan difícil como éste y el hecho de que la mayoría de los integrantes del directorio evaluaron los antecedentes objetivos de Amelong como negativos para el ejercicio de la profesión”, señaló Del Vecchio.

Por su parte Vildor Garavelli explicó a Rosario/12 que “estando el colegiado Juan Amelong condenado por delitos dolosos con prisión efectiva se daban los extremos que pide el artículo 295 de la Ley Orgánica de Tribunales, que integra el Estatuto del Colegio de Abogados y en esas condiciones, teniendo en cuenta la calificación de delito de lesa humanidad por los que fue condenado, el Directorio del Colegio estaba habilitado para cancelarle la matrícula”.

La disparidad de opiniones dentro del organismo se debió a distintas interpretaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 295 alude a la necesidad de “sentencia firme”, requisito que seis colegiados entendieron que no se cumple en el caso de Amelong, ya que la misma fue apelada ante la Cámara Nacional de Casación.

A favor de retirarle la matrícula al exmilitar -�que podrá apelar la decisión del Colegio ante la Cámara de Apelaciones Penal-� se manifestaron Eduardo Martínez Pintado, Alejo Molina, Pedro Kasabián, Vildor Garavelli, Alberto Pessón, Pablo Saccone y el presidente, Ignacio Del Vecchio. El voto del titular del Colegio fue clave para desempatar.

En tanto, Mario Tettamanzi, Jorge Colombo Berra, Daniel Pellegrino, María Cristina Ferrada, María Laura Albornoz y Matilde Bouchardt consideraron que el artículo 295 no habilita al Directorio a la cancelación de la matrícula al ex militar.

En rigor, en la sesión de ayer nadie lo defendió, aunque se necesitaron cuatro reuniones para el acuerdo. Sin lugar a dudas, que un presidente del Colegio enrolado en las filas de Defensa Profesional –una agrupación ligada al peronismo de derecha, la Iglesia y los militares que desde hace años gobierna el Colegio– haya desempatado en contra de un condenado por terrorismo de estado es más que significativo.

La agrupación Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre festejó ayer el fallo: “La decisión del directorio es muy relevante. No pertenecemos al mismo colegio. No queremos genocidas en nuestra matrícula”, dice el texto del documento que rubricaron las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Jesica Pellegrini y Leticia Fascendini.

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