La derecha está de fiestas. Desde el “descubrimiento” mediático del supuesto fraude perpetrado con los dineros estatales gestionados por la Fundación de la Asociación Madres, pareciera que una olla podrida se ha entreabierto y por allí se filtran los malos olores de los “derechos humanos”, como gustan decir los analfabetos políticos alimentados a Radio 10, TN y La Razón (vocero gratuito de Clarín). Con los escándalos denunciados en la Fundación y en el Inadi, con los resultados a la vista de la Causa Noble (cierto que no definitivos, pero con una contundencia que no es poca) han creído encontrar el clima propicio para reposicionar su discurso sobre los derechos humanos de un modo que no lo lograban desde los años del menemismo, cuando alentaban descaradamente la impunidad, la reconciliación entre torturadores y torturados y descalificaban a cualquiera que no aceptara aquellos parámetros. Despatarrados por el estallido del ideario neoliberal en diciembre de 2001, se vieron obligados a un largo rodeo: sobredimensionar los delitos que afectan la propiedad y la integridad física de los ciudadanos de modo tal que se instale como primaria la necesidad de “seguridad” para tratar de instalar una “respuesta” que se podría resumir –siguiendo a uno de los principales intelectuales orgánicos del status quo, el inveterado Mariano Grondona- en la secuencia: policía indefensa por efecto del discurso de los derechos humanos que los inhibe y facilita la labor de una delincuencia alimentada por la inmigración regional, los pobres y los jóvenes; los cuales en caso de ser detenidos son liberados por una justicia esterilizada por el “garantismo” que sólo es para los delincuentes porque no se aplica a los militares y policías “presos políticos” que de ser juzgados, y siempre recalcan el condicional “de ser”, deberían serlo al mismo tiempo que los “subversivos” que están en el gobierno y los organismos de derechos humanos.[1] Con ese catalogo alimentaron el fenómeno Blumberg, al comienzo del kirchnerismo (que se plegó claudicante ante tal chantaje y facilitó los votos para consumar regresiones jurídicas tales como las reformas al Código Penal, que lo caotizó irreversiblemente) y la oleada derechista del 2008 contra los intentos de gravar -en parte- las extraordinarias ganancias provenientes de la venta de la soja transgénica, que terminó reivindicando el genocidio y pidiendo –Susana dixit- “terminar con los derechos humanos”

De eso se trata ahora: de “terminar con los derechos humanos” instalando en el imaginario social la imagen de organismos de derechos humanos hundidos en el barro de la corrupción, disputando por dinero (pretendiendo convalidar una de las acusaciones reiteradas por los genocidas en los juicios: “que todo se hace para ´cobrar reparaciones económicas por parte de los testigos, familiares, sobrevivientes, etc.”), vendiendo su alma al Diablo (que vendría a ser el gobierno de los Kirchner, “lleno de Montoneros”, etc.) al punto tal de  perseguir a dos “pobres angelitos”, adoptados por la “virtuosa” señora de Herrera, como pago político por los favores monetarios recibidos del gobierno.  Y así sigue el discurso en varias formas y niveles de agresividad; algunos mostrando su congoja por lo que les “han hecho a las Madres” y otros directamente descalificando a todos y a toda la lucha por los derechos humanos. Y aún más, el periodista Alfredo Leuco muestra el ancho de espada en el juego de truco que nos proponen; dice en Perfil del domingo 17 de julio: “Otros creen que llegó la hora de reformular las entidades humanitarias o fundar otras que rescaten la honestidad intelectual y de la otra, que no se casen con ningún dirigente y que peleen por los derechos humanos de todos”. Conviene tomar nota de la campaña y no subestimar ningún peligro: ni el de la descalificación de los luchadores por los derechos humanos, ni el de la deslegitimación de los juicios contra el Terrorismo de Estado, ni el de la disputa misma del movimiento de derechos humanos; pero para todas y para cada una de estas disputas se requiere un diagnóstico correcto y una mirada precisa sobre la etapa y las tareas del movimiento de derechos humanos lo que exige pensar desde el lugar de la lucha por los derechos humanos superando cualquier tentación a la lógica de la “razón de estado”, que tanto daño hizo a los proceso de transformación revolucionaria del siglo XX. Nada puede justificar la corrupción, el robo o la mentira y sólo la verdad es revolucionaria, ética y digna de ser herramienta de la lucha por los derechos humanos.

 

La lucha por los derechos humanos (término muy del siglo XX, más precisamente del periodo post bélico de los 50) tiene una larga historia en la Argentina.  Con un movimiento socialista y obrero nacido en la década del noventa del siglo XIX, la represión y la resistencia constituyen parte imborrable de nuestra historia nacional.  Ya en 1902 los trabajadores organizados protagonizaron una de las primeras huelgas generales[2] en protesta por la sanción de la ley 4144 llamada “de residencia” porque permitía expulsar del país a los inmigrantes indeseables, aquellos que luchaban contra el capitalismo desde el anarquismo, el socialismo y otras culturas.  En aquellos primeros años la respuesta estatal a los reclamos y las luchas no era otra que la represión y por ende, la solidaridad con los presos, material y política, uno de los componentes naturales de las organizaciones obreras y populares que destacaban fuerzas para tales tareas, generalmente con la forma de comisiones de solidaridad apoyándose en los propios familiares de los represaliados.  En ese periodo jugó un rol trascendente el Socorro Rojo Internacional, una organización humanitaria fundada por la Tercera Internacional Comunista que tuvo fuerte base en el país.  Fue después del golpe del treinta,  cuando la represión se generalizó y amplió el objetivo, que se fueron constituyendo comisiones plurales de abogados defensores de presos políticos. En 1937, esos esfuerzos maduraron en la creación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (la Liga), auspiciada por un amplísimo marco de referentes políticos e intelectuales que iban de Arturo Frondizi a Deodoro Roca y de Alcira de la Peña a Lisandro de la Torre. Poco antes[3], se había fundado la Asociación de Abogados de Buenos Aires, organización gremial de los profesionales del derecho comprometidos con la lucha democrática y los derechos humanos. La Liga entendió siempre que su actividad de defensa de los presos políticos, las garantías constitucionales, los espacios y la cultura democrática, exigían plena autonomía del gobierno, de los poderes estatales, económicos y aún de los partidos políticos, a pesar de que mantenía con todos estos sectores relaciones de unidad y/o colaboración si las circunstancias y las definiciones así lo permitían.

No era la única, había organizaciones específicas de los anarquistas y de otras culturas políticas, pero sí era la mayor y la que perduró a través de décadas signadas por los golpes de estado que la condenaron a la ilegalidad y la clandestinidad las más de las veces.   Nunca fue gratuita ni cómoda la autonomía, requirió firmeza cuando la “política pública de derechos humanos” no era otra que la represión y alguna vez dijimos que se podría escribir la historia de la Liga con la enumeración  de los allanamientos a sus locales y los edictos de prohibición de sus actividades[4].  En 1975 su nombre figuraba en  la lista de objetivos a destruir por las Fuerzas Armadas en el anexo II del llamado Plan del Ejercito (contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) como Prioridad Uno, Oponente Activo[5], por lo que la desaparición forzada de sus abogados Baldomero Valera y Teresa Israel o la prisión de los también abogados Carlos Zamorano, Luis Tomasevich, Luis Reinaudi,  Salomón Gerchunof y Angel Bustelo entre muchos otros militantes represaliados, no resultaron casuales, sino recta aplicación de la directiva en cuestión. En los documentos desclasificados de la diplomacia yankee de aquellos días[6] se distingue entre las organizaciones que luchan por los derechos humanos para mejorar el sistema capitalista y las que no, poniendo como ejemplo de ello a la Liga, indicando un rumbo de hostilidad que no ha variado desde el poder; cuestión de la que estamos orgullosos: nada queremos del Imperio y sus fundaciones. Nuestra idea de la autonomía es en primer lugar del Imperios y sus fundaciones, de las agencias encubiertas de la CIA que disfrazadas de ONG reparten fondos por el mundo en procura de sostener un concepto de los derechos humanos que sea funcional a la estrategia de la “guerra contra el terrorismo”.

Y también requirió de mucha serenidad, reflexión y sensatez al momento de actuar bajo gobiernos constitucionales que tuvieron diversos  niveles de compromiso con la causa de los derechos humanos, o al menos con la memoria del terrorismo de Estado. Conviene aclarar que durante casi todo el siglo XX la represión o el “ninguneo” fue la norma y el respeto y la consideración la excepción, que en todo caso se potenciaba por la situación de casi absoluta soledad en que se debatía la Liga en el espacio de los derechos humanos.

 

Así fue hasta finales de los cincuenta en que el surgimiento de nuevas fuerzas políticas al interior del peronismo y al influjo de la Revolución Cubana generaron otras organizaciones, trágica y lamentablemente exterminadas por la represión y olvidadas por casi todos, incluso por algunos de quienes se reclaman herederos políticos de aquellas tradiciones, sobre todo el ERP y los Montoneros, quienes tuvieron respectivas  organizaciones de solidaridad con los presos y defensa de los espacios democráticos. Poco antes del golpe y durante la dictadura surgieron un conjunto de organizaciones, tanto de afectados familiarmente como de entidades que agruparon militantes políticos, religiosos y sociales que transformaron los organismos de derechos humanos en eficaces espacios para desplegar luchas de resistencia contra la dictadura. Con todos ellos tuvo relaciones la Liga, y muchas veces colaboró en su gestión y desarrollo, aunque algunos tengan corta memoria de aquellos días en que el local de Corrientes y Callao albergaba a tantos y tantas.

Es con Alfonsín que aparece de un modo nuevo la idea de legitimar y reconocer la lucha por los derechos humanos.  Como toda acción gubernamental progresista de una administración reformista, fue una concesión a las luchas y reclamos y al mismo tiempo una acción que buscaba cooptar para si los desafíos gestados en los años de resistencia a la dictadura. Bien se la puede pensar como una acción de construcción de hegemonía cultural y política coherente con el discurso electoral de contraponerse con el autoritarismo dictatorial.  Fue después de la presentación del informe conocido como Nunca Más que comenzó de verdad la historia de las llamadas “políticas públicas de derechos humanos” y de las Secretarías correspondientes, que no han dejado de expandir sus funciones, plantilla e influencia.  Es en democracia que el debate sobre autonomía se pone al rojo vivo, y no solo bajo los gobiernos “amigos” como el de Alfonsín o los Kirchner, también ocurrió con Menem, que puso a una sobreviviente de la Esma como Ministra de Educación y Cultura, Susana Decibe y con De la Rúa, que contaba con el apoyo de Graciela Fernández Meijide, quien había sido protagonista no menor de la Conadep y la lucha de los organismos en los ochenta.

Pero, a no dudarlo, es con los Kirchner que el tema cambia de calidad a partir de las valiosas definiciones, gestos y actos políticos oficiales en respaldo de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos (como el impulso a la bancada justicialista para que acompañe el reclamo de la izquierda de anular las leyes de impunidad, la modificación de la composición de la Corte Suprema, la orden de retirar el cuadro de los genocidas del Colegio Militar, el apoyo político a los juicios, etc.,) y del posicionamiento de algunos referentes y organismos, en primer lugar de quien hasta ahí había sido el paradigma de “la autonomía” y la distancia con el gobierno, la justicia y todo “lo institucional”: la Asociación Madres Plaza de Mayo y su titular, la compañera Hebe Bonafini quién decidió interrumpir la tradicional Marcha de la Resistencia[7] (los 10 de diciembre de cada año) dando a entender que se había alcanzado lo anhelado por años.   A partir de allí, se produce un acercamiento  inédito entre el gobierno nacional y  las Madres y algunos organismos de los así llamados “afectados”[8] al punto tal que se naturaliza su presencia en los actos oficiales y la participación de innumerables militantes provenientes de organismos de derechos humanos en reparticiones estatales.  Algunos organismos y algunos compañeros disminuyen su compromiso con la defensa de los derechos humanos en tiempo presente; y no solo en una dimensión amplia, de integralidad de los derechos humanos digamos en el respaldo a las luchas salariales, contra la desocupación y el hacinamiento habitacional, sino en cuestiones muy puntuales y contundentes para cualquier defensor de los derechos humanos como fue la desaparición de Julio López y Luciano Arruga o la represión a los trabajadores de Las Heras en Santa Cruz y otros lugares del país.  Los acontecimientos de finales del 2010: el asesinato de los López en Colonia Primavera en Formosa, la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano y el crimen del joven militante político Mariano Ferreyra, pusieron en evidencia un movimiento de derechos humanos dividido por la posición ante la represión actual, lo que es un modo de decir también sobre la noción de memoria.  Una memoria del pasado para iluminar el presente, como gusta repetir Adolfo Pérez Esquivel; o una memoria del pasado que oculte el presente. La memoria del Terrorismo del Estado, de la resistencia y de la lucha contra la impunidad, es también territorio de disputas culturales, y no solo con los nostálgicos del Genocidio.

 

Hace poco, en un acto realizado en la ex Esma[9] de debate sobre el caso Papel Prensa en el marco de un ciclo sobre Terrorismo de Estado y Empresas, organizado por la Liga, y en presencia del sub secretario de derechos humanos de la Nación, Luis Alen, dijimos textualmente: “Lo que hemos tratado de demostrar en base al análisis concreto de los cuatro casos analizados, Acindar, Ford, Mercedes Benz y Papel Prensa, que esas primeras medidas que denunciaba Walsh estaban al servicio de un proceso de reformulación integral del capitalismo que fundó una nueva Argentina que no conocía ni imaginábamos y que esa nueva Argentina sigue en pie, al menos en sus cimientos profundos y sistémicos, y es allí donde debe ponerse la mirada, para llevar a juicio a los grupos económicos que impulsaron, legitimaron, sostuvieron y se beneficiaron del Terrorismo de Estado y a eso nos comprometemos un conjunto de organizaciones de derechos humanos entre las que se cuentan la Liga, el Serpaj, la Apdh, la Asociación de Ex Desaparecidos  y muchas más; pero sobre todo para poner en el horizonte de la nueva generación que tan magníficamente se incorpora a la lucha, la consigna de la Segunda y Definitiva Independencia.   Por ello nosotros ponemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos al frente de nuestro programa de lucha por los derechos humanos a nivel americano; del mismo modo que defendemos –en toda circunstancia- el derecho de los pueblos a luchar por los derechos humanos, por todos los derechos para todos, por todo lo que le corresponde por derecho y por historia, y consideramos el derecho a luchar por los derechos humanos  como el primero de los derechos, aquel que como un termómetro señala la dimensión verdadera de la causa humanitaria, y es por ello, permítannos que lo digamos en este lugar tan simbólico, que nosotros seguimos entendiendo como desde hace setenta y tres años que el rol de los organismos de derechos humanos fue, es y será siempre el de esclarecer, difundir y contribuir a organizar la lucha popular por el acceso a sus derechos, con plena autonomía de todos los poderes, del Poder Judicial y del Poder Económico, del Poder Mediático pero también de los gobiernos de turno, por más simpáticos o cercanos que algunos de estos poderes sean o parezcan ser, porque sin autonomía verdadera –que no es indiferencia, que no es  neutralidad, que no es  apoliticismo- sino un pensar desde el lugar de los derechos humanos – los organismos pueden perder el rumbo y  perder eficacia al momento de aportar a conquistar la democracia verdadera, esa que tanto necesitamos, ahora y siempre.”

 

Quisiera insistir en el concepto de que la autonomía, al menos en nuestra comprensión, nada tiene que ver con la indiferencia, la neutralidad, la prescindencia del compromiso o el apoliticismo.  En estos años de administración kirchnerista hemos asumido una serie de conductas procurando adoptarnos a los nuevos tiempos, desafíos y oportunidades. En un breve recuento digamos que por vez primera en más de setenta años gestionamos nuestra personería jurídica para obtener el rol de querellantes en los juicios contra los represores, y que una vez logrado ese rol, en acuerdos varios (sobresale el de Justicia Ya! en la Capital y La Plata, pero no es el único, ya que en el interior del país existen otros) hemos participado en catorce juicios orales donde se condenó a cerca del cincuenta por ciento de los represores condenados en el país, unos doscientos veinte en total. Aceptamos la designación hecha por respectivas leyes y actas institucionales y nos incorporamos al directorio (u ámbito similar) del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los DDHH (Ex ESMA) y del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.  También  hemos asumido posturas activas de apoyo a diversos proyectos de ley como el de retenciones a las exportaciones agropecuarias conocido como la resolución 125, frustrado por la resistencia de la derecha y sectores del movimiento agrario comprometidos con el modelo sojero; el de Servicios de Comunicación Audiovisual que derogó una ley de la dictadura (de las que hay tantas en vigencia, como la de entidades financieras cuyo proyecto de derogación apoyamos) y mucho más. Tenemos también una mirada muy valorativa sobre el proceso de los juicios al terrorismo de Estado, al tiempo que mantenemos exigencias jurídicas y políticas como el de la unificación por centro clandestino, la calificación de Genocidio y sobre todo la investigación y castigo del rol de los grupos empresarios y los gobiernos extranjeros como el de los EE.UU. en la gestación, sostenimiento y beneficio del genocidio perpetrado. Pero, junto con todas estas políticas, que implican un posicionamiento coherente y razonado de impulsar las medidas y propuestas positivas que surjan del poder ejecutivo o legislativo, no hemos dejado de denunciar la persistencia del gatillo fácil y la práctica de tortura en sede policial y las cárceles, la lógica represora que se mantiene en todo el sistema de seguridad, la cultura de victimizar a un sector social que se manifiesta en el proyecto de baja de la edad para la imputación de delitos, la ausencia de políticas que amparen el derecho a la interrupción del embarazo, la custodia de los derechos sobre la tierra de los pueblos originarios y así de seguido como lo manifestamos sin vacilaciones en la triste secuencia de crímenes contra el pueblo: Mariano Ferreyra, los López de Colonia Primavera de Formosa y los hechos del Parque Indoamericano. Es más, ante los llamados de la nueva Ministra de Seguridad a discutir consensos sobre la “seguridad democrática” nos negamos a discutir el “cómo” debe ser la represión, puesto que nuestro rol es demandar del Estado el cumplimiento de los derechos humanos, garantizando su vigencia y el pleno acceso de todos a todos los derechos inscriptos en la Constitución Nacional, las Convenciones y Pactos Internacionales y los que surgen del devenir de las luchas populares. Siempre estaremos del lado del pueblo, acompañando sus luchas y demandas al Estado, que consideramos nuestras.

 

Creo que lo que está verdaderamente está en debate, al discutirse la cuestión de la autonomía de los organismos de derechos humanos, es la misma concepción de los derechos humanos.  ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?, ¿quién es el responsable de respetarlos, quién de defenderlos y luchar por su conquista y acceso para todos y sobre todo:  ¿Por qué solo el Estado puede violarlos?

Los derechos humanos no son “esencias” místicas de la naturaleza humana ni mucho menos concesiones graciosas del poder inscriptas en la Ley; no, para nada, son hitos del largo camino de lucha de la sociedad contra el poder omnímodo del Estado, de las clases subalternas contra las clases dominantes que han modelado el Estado y el Derecho en su beneficio y para la continuidad de su dominación y en su contenido actual se resumen casi todas las tradiciones y culturas políticas de Occidente.

• El Cristianismo primitivo y la Iglesia del Pueblo que propusieron la igualdad de todos los hombres al postular que todos somos Hijos de Dios y por ello, hermanos que debemos amarnos y poner la otra mejilla cuando somos agraviados y no responder con el Ojo por Ojo de la Ley del Talión.
• El Liberalismo, que desde la Carta Magna que los británicos arrancaron a su Graciosa Majestad en 1215 iniciaron un largo camino que pasa por la Revolución Francesa y llega a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 proclamada por los vencedores de la gesta antifascista en las Naciones Unidas de entonces.
• El Comunismo que desde 1848 intenta superar la formalidad de la igualdad proclamada por la burguesía, expresada en la concepción de igualdad de oportunidades –no importa que algunos tengan millones de dólares y otros centavos- conquistando una real igualdad basada en el pleno acceso a los medios de producción, a los medios de comunicación, la cultura y la educación y en general a todos los derechos proclamados, pero no cumplidos, por el orden jurídico internacional y nacional.
• Y aún debemos reconocer el impacto en la noción actual de los derechos humanos de la cultura de los Pueblos Originarios, sobre todo en el avance que tiene la propuesta de reconocerle derechos a la Pachamama, cesando las agresiones ambientales que –por ejemplo- el modelo sojero y extrativista de la Argentina, ocasionan cotidianamente.
• Desde otra perspectiva, se ha avanzado en una mayor comprensión del derecho a la pluralidad de opciones sexuales, la igualdad entre los sexos y el derecho a elegir el genero, y más en general la tolerancia ante las diferencias nacionales y de todo tipo.

 

Digamos también, que en el fondo de la discusión en curso entre nosotros, está presente la verdadera interpretación que tengamos de los hechos del Terrorismo de Estado: una mirada individualista de lo ocurrido, pensar que algo nos pasó individualmente y no como parte de un proyecto colectivo de transformación social, históricamente constituido, da paso a la noción de “afectados” y habilita una perspectiva sobre la reparación que puede agotarse en el castigo a los responsables directos del dolor ocasionado a la víctima (y por extensión y perversidad de la desaparición, a los familiares de los compañeros desaparecidos);  desde allí puede construirse una mirada simplista sobre los juicios y la fantasía de que con el castigo a los culpables de los hechos que sufrieron “mis familiares” o “yo mismo”, o aún menos, con la mera descalificación social de los represores sostenida en el discurso gubernamental, se puede clausurar la lucha por los derechos humanos, dado que se habría cumplido el sueño de justicia para los afectados.  Y si eso fuera así, los organismos podrían correrse del lugar de reclamantes para pasar al lugar de gestionar la labor estatal; dicho sencillamente, dejar de reclamar el acceso universal a una vivienda digna para todos, la interrupción de los desalojos rurales y de los pueblos originarios, el apoyo a las luchas contra los desalojos y por la vivienda, se libren estas luchas del modo que se libren que no somos Dios para juzgar como el pueblo defiende sus derechos, para pasar a administrar dineros del Estado destinados a planes de vivienda, adjudicando a esa acción el  rol fundamental en la solución del problema, invirtiendo la lógica histórica del accionar de los organismos que siempre fueron –y deben seguir siendo- reclamantes del Estado y no eslabones de la cadena administrativa de respuesta a las demandas..

En esa confusión de roles, es que se generan espacios para que algunos perpetren los actos denunciados en la Fundación Madres (que deberán ser investigados de un modo imparcial y hasta llegar a la verdad) y se crean las condiciones para la vertiginosa ofensiva de la derecha por detener la lucha contra la impunidad y por una democracia verdadera, que no se agote en el voto ni mucho menos en la delegación de la soberanía popular; sino que se piense a si misma como poder popular, como organización de los más, que no pueden ser  pensados como objeto de la “bondad” o la “generosidad estatal”, sino como activos constructores de su historia; único camino para que los derechos humanos sean realidad para todos que podría ser el otro nombre del sueño eterno de los pueblos de conquistar la libertad. Para todo ello, la autonomía de los organismos de derechos humanos es condición sine qua non.