Operativo Centinela, más y mejores policías, volver a imputar a los 14 años como hacía la dictadura, discutir sobre cómo controlar y/o reprimir a los que pretenden acceder a derechos sociales en vez de cumplir las leyes, los Pactos de derechos humanos y la Constitución Nacional que los prometen y supuestamente garantizan el acceso de todos los derechos para todos….

¿Y cuando discutimos sobre
la democracia en la Argentina?

 

Todo pasa: glorias, muertes,
desolaciones, tiranos,…
…hazañas, cruces, banderas,
maquinarias, tradiciones,
gritos, puños, sables, fechas,
ruegos, himnos…¡Todo pasa!
Todo pasa, el pueblo queda.
Alvaro Yunque

Las derechas (que hay muchas, que no son todas iguales, que están fuera y dentro del gobierno, que actúan desde los medios pero también desde la Academia y la Justicia y algo más) están librando una batalla decisiva en la disputa por el sentido común y con ello, creándose bases sólidas para su larga marcha en procura de revertir lo que no le gusta del proceso, abierto en el 2001 gracias a la sublevación popular que expulsó al gobierno progresista de la Alianza entre los radicales y el Frente Grande, que creó condiciones para el ciclo de gobierno de los Kirchner (2003 en adelante).
Están logrando reinstalar su discurso sobre la «seguridad» por encima del de los derechos humanos, su reclamo de «seguridad jurídica y calidad institucional» por encima de la cuestión de la autodeterminación nacional y la soberanía de los pueblos, su idea de la democracia minimalista, puramente formal reducida a un procedimiento de elección de administradores del capitalismo inmutable, por encima de la idea del poder popular, la democracia verdadera y cotidiana que penetre en las fábricas y los cuarteles, las escuelas y los hospitales hasta llegar a ser aquello de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que soñaba Abraham Lincoln en el siglo XIX.

La crisis del 2001 golpeó severamente las ideas principales de las derechas de los 90, construidas sobre los escombros del país devastado por el Terrorismo de Estado y la claudicación ética y filosófica de una camada de intelectuales que mutaron del compromiso social de los setenta por el desencanto con la revolución primero y la subordinación al pensamiento único, después.  Si alguien piensa en Beatriz Sarlo o en José Nun, piensa bien, seguramente por conocimiento de lo que escribieron en uno y otro periodo nacional.
El estallido del sistema financiero bancario, el desmoronamiento del producto bruto interno, la virtual desaparición de la moneda por meses y la consiguiente aparición de cuasi monedas retruchas (Patacón, Federal, etc.), la pérdida para millones del empleo fijo, la atención sanitaria y alguna forma de seguridad social, para nombrar solo algunos de los hechos de entonces, demolió el prestigio del Consenso de Washington impuesto por Menem pero convalidado por Chacho Alvarez y el progresismo cuando proclamó su amor por el neoliberalismo y su arrepentimiento por no haber apoyado antes la convertibilidad del uno a uno entre el peso y el dólar.
Con el derrumbe del prestigio de las ideas privatizadoras, “flexibilizadoras” del trabajo y desreguladoras de la economía por medio del Estado, también se afectaron los clichés sobre la democracia liberal basada en la transferencia de la soberanía popular a los “representantes” y el monopolio de la representación en los partidos políticos tradicionales con “capacidad de gestión” (el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, art. 22 de la C.N.).
Por algunos meses se discutió sobre la democracia en la Argentina como pocas veces en su historia. Porque no solo estuvo el “váyanse todos”, también se debatió sobre la autogestión y se ensayaron formas autónomas de organización para sobrevivir en medio de aquella verdadera catástrofe social.  Asambleas Populares, movimientos piquieteros, colectivos de trabajadores y otros  disputaron  al Estado diversas funciones y arrancar concesiones inimaginables poco antes como las Empresas recuperadas auto gestionadas por sus trabajadores, créditos para cooperativas de viviendas auto construidas por los trabajadores o la creación de instituciones educativas populares reconocidas por el sistema educativo formal se incorporaron a una experiencia histórica de democracia popular que nunca es en vano.

A veces se olvida que ese fermento es el que explica la anulación de las Leyes de Impunidad y la reanudación de los Juicios contra los Genocidas (interrumpido por Alfonsín en 1985) que avanzaron a pesar de todas las trabas que le puso “la Justicia” y la pasividad, a veces complaciente, de los otros poderes estatales incluyendo el Parlamento y el Gobierno Nacional que no aceptaron elaborar una estrategia unificada que impidiera la impunidad biológica (los últimos «grandes» que murieron así fueron Massera y Nicolaides, pero otros murieron impunes como el Coronel Juan Rolón, uno de los Jefes de la represión en la provincia de Santa Fe; sólo uno de los más de doscientos represores que lograron morir sin condena, técnicamente inocentes, tal como lo logró el mismo Pinochet en Chile) y mucho menos, ir por el Poder Real que impulsó, respaldo y se benefició del Genocidio tal como pide la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el caso Papel Prensa o la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en el caso Acindar/Martínez de Hoz.
Y los juicios golpearon fuerte la legitimidad social de algunos de los que habían mandado en la Argentina: los militares y los políticos que los acompañaron de un modo visible y en funciones de gobierno.

El bloque de poder se dividió fuertemente con la crisis del 2001.
Hubo un tiempo (¿entre diciembre de 2001 y mayo de 2003?) en que no podía definirse un grupo hegemónico en el bloque de poder; lo que no fue aprovechado por el movimiento popular por sus históricas divisiones, disputas de capilla, crisis de percepción de la oportunidad que devino en crisis de alternativa popular sin más.
Pero toda oportunidad pasa si no se aprovecha.
Y más que todo en política.
En el bloque de poder se diferenciaron dos grupos muy diferenciados.
Uno, al que luego conoceríamos como Kirchnerismo, emprendió un camino heterodoxo para sacar el país de la crisis económica y recuperar los atributos de poder que hacen a la “gobernabilidad” de un país, que no es otra cosa que la credibilidad popular no solo en el gobierno sino en los bancos, la Justicia, la Policía, los rectores universitarios y hasta los jueces deportivos. El otro, al que algunos denominan «la derecha», se retrajo temporalmente para emerger, prepotente y voraz  durante la crisis por la 125 y no deja de recomponer fuerzas para forzar un nuevo ciclo neoliberal y represor, más feroz que el del 90.
¿Fue para recuperar la gobernabilidad que los Kirchner se apartaron más y más de la herencia menemista y el camino trazado por Duhalde (su gran elector) o fue que apostaron a la gobernabilidad para emprender un nuevo proyecto desarrollista, peronista o neo keynesiano?
Eso lo dejo a elección del lector, porque a los efectos de mi reflexión tiene poca importancia.
Al discurso crítico del credo neoliberal, los Kirchner sumaron una valoración de la generación de los setenta como no había habido hasta entonces en ningún gobierno desde el 83, y la promesa de no reprimir la protesta social, a la cual se la reconocía como justa y necesaria.
Las derechas avalaron primero ese rumbo y hasta consintieron ese discurso, pensando –seguramente- que era el precio por la recuperación del ciclo de negocios capitalistas pero llegó un punto (¿el intento de compartir las mega ganancias sojeras con la 125?) en que se separaron radicalmente de los K y dieron paso a una confrontación casi irracional con un gobierno que no ha dejado de sostener el capitalismo como horizonte aunque apueste a la integración latinoamericana, respete la autodeterminación de los pueblos y todo lo que todos saben de respaldo a la lucha por la memoria y los juicios, la ampliación de la ciudadanía para los inmigrantes y los que no practican la sexualidad al modo que exige la Iglesia así como aquellas medidas como la Asignación Universal y la recuperación de algunas empresas privatizadas (y el listado es solo indicativo y no enumerativo que no es el objetivo del trabajo) que venían siendo reclamadas por el movimiento popular.
Para sorpresa de muchos, en las escaramuzas callejeras por la 125, se puso de manifiesto una solida cultura de derecha, con no pocos elementos fascistas, instalada en vastos sectores populares, incluidos capas medias bajas y sectores humildes: elitismo, clasismo, sexismo, racismo, odio a los pobres, repudio a los luchadores por los derechos humanos y hasta tímidas reivindicaciones de la dictadura emergieron de golpe para quedarse en el horizonte de las luchas sociales, como acabamos de comprobar en la secuencia de asesinatos políticos que van de Mariano Ferreyra al Parque Indoamericano pasando por la Colonia Primavera de los qom en Formosa.

¿De donde viene esta derecha y cómo llegó hasta aquí?
Empecemos por decir que derecha hubo siempre en la Argentina, y que la mayor parte de la historia nacional tuvo capacidad de dirección en el bloque de Poder, aunque no siempre logró construir una hegemonía cultural en el conjunto de la sociedad.
Para que se entienda, desde Roca en adelante los dueños de la tierra y del negocio agrario pampeano, los comerciantes e industriales de Buenos Aires y de las grandes urbes como Rosario, Córdoba, Mendoza, etc. y los grupos económicos extranjeros –primero ingleses y luego norteamericanos- asociados a éstos en situación dominante, se las arreglaron para modelar sistemas de dominación que garantizaran la reproducción ampliada del capital (con la cuota de súper ganancia agraria, industrial y financiera) y la continuidad del sistema capitalista.
Claro que con una peculiaridad, es acaso la vez primera que  la derecha hace su apuesta principal a constituirse en una fuerza política de masas, con discurso explícito y referentes sociales, haciendo eje de su acccionar más a los comunicadores sociales que a los políticos y militares que por más de cien años ejecutaron sus planes
Recordemos que los militares tomaron el gobierno en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 mediante Golpes de Estado cívico militares, sin contar los conatos de los 60 y otras “delicias” castrenses como la Semana Santa del 87.
Y  que cuándo había gobiernos electos por mecanismos constitucionales garantizaban su continuidad como Poder a través de los jefes políticos de los partidos políticos de raigambre popular  como el radicalismo y el peronismo, pero que siempre tuvieron hegemonías que terminaban concediendo o claudicando frente al chantaje militar (recordemos la negativa del entonces Coronel Perón a resistir el golpe del 55 a pesar de contar con una amplia mayoría social y aún militar o el abandono de la Unión Cívica Radical del Dr. Humberto Illia a la más rigurosa soledad política).
Si la alternancia entre gobiernos civiles y militares, explica la continuidad del sistema capitalista en casi todo el siglo XX, la alternancia entre radicales y peronistas, explica la dominación capitalista en el ciclo abierto en 1983.
La crisis del 2001 los alarmó porque luego del agotamiento de la opción militar por la Dictadura y la Guerra de Malvinas, le llegaba el turno al sistema político formateado por Menem y el neoliberalismo.

A veces se descuida que aquellos militares y políticos construyeron niveles de consenso social que actuaba en su apoyo, contrariando el mito de que la Argentina fue siempre “un país progresista, de capas medias blancas y cultas”.  Por el contrario, hubo una masa social reaccionaria que apoyó el golpe de 1976, como hubo una masa social enorme que le permitió a Menem ser electo y reelecto y aún ganar en primera vuelta las elecciones de 2003 en las que finalmente fuera electo presidente Kirchner en la segunda vuelta (cierto que no todos los que votaron a Menem son de esa masa social, siempre hay confundidos y muchos).
Esa masa social reaccionaria es la que ha estado inhibida desde el 2001 en adelante, y parece que ha decidido recuperar la palabra, y vaya si lo está haciendo!
Si la inhibición tuvo que ver con la catástrofe social provocada por el neoliberalismo, con la crisis de representatividad y la fisura en la dominación cultural que surgieron del Diciembre Popular de 2001, pareciera que la desinhibición tiene que ver con la gran ofensiva cultural imperial en respuesta a los pasos de autonomía dados por algunos gobiernos de Latinoamérica y con los procesos de cambio antiimperialistas que avanzan en la región, por un lado, y con el deterioro de la hegemonía al interior del bloque de Poder que ha sufrido el kirchnerismo producto en parte de sus “éxitos” en la recuperación de la gobernabilidad y el ciclo de negocios (fue el pánico a la catástrofe económica social lo que facilitó la opción por el kirchnerismo por parte de amplios sectores burgueses y de capas medias altas; es la tranquilidad que da la recuperación del ciclo de negocios capitalistas lo que facilita su alejamiento) y en parte como reacción frente algunas opciones tomadas por el kirchnerismo para abrirse paso: la apuesta a la integración latinoamericana, la construcción de hegemonía política desde el discurso de memoria, ciertos moderados límites al automatismo del mercado, etc.
Y no debieran desestimarse factores culturales de largo aliento como el odio a todo lo que el peronismo siempre representó como amenaza (más que como realidad): Evita, Cámpora, Atilio López, la Jotape y los Montoneros.
Claro que en esta desinhibición derechista de masas, también convendría anotar el efecto inverso de la maniobra del Tero.  Así como al tero le resulta efectivo poner el huevo en un lado y echar el grito en otro, porque confunde a sus enemigos, el hacer lo mismo en política causa otro efecto, muy paradójico.
La falta de coherencia entre un discurso de memoria y de promesas distribucionistas, con las políticas y las acciones reales, produce un efecto movilizador en la derecha (que se siente amenazada) y un efecto desmovilizador y desorganizador en el campo de lo popular (que está dividido entre sectores que ven frustradas sus ilusiones de cambio y en el «enojo» no perciben las reales intenciones de la “oposición sistemática” (como en el conflicto por la 125 o la votación por «super poderes») y otros sectores que si bien ven estas maniobras desestabilizadoras se sienten compelido a “defender el gobierno de las derechas  por encima de todo», abandonando su función reivindicatoria y limando su legitimidad social).
Sin subestimar otros enfoques proponemos incorporar éste, de desinhibición de la derecha e inhibición de lo popular, como una perspectiva que debiera sumarse al análisis del por qué “reapareció” la derecha en la escena publica con apoyo de masas, al menos desde una perspectiva de lucha por los derechos humanos.

La defensa del accionar represivo había casi desaparecido en los primeros años del siglo: junto con el gobierno de la Alianza, cesaron los discursos defensores de la teoría de los dos demonios (funcional y previa a la plena reivindicación de los genocidas) por lo que conviene prestar atención al modo en que se recompuso el discurso que hoy estalla en una avalancha de reclamos contra «los de los derechos humanos»
En el discurso hegemónico, primero se instaló la cuestión de la “inseguridad” para referirse al crecimiento de los robos, arrebatos y asesinatos sin ton ni son; luego la relacionaron con el supuesto “garantismo” excesivo del sistema judicial argentino, adjudicando tal deformación monstruosa a los “derechos humanos” (para decirlo en el lenguaje brutal de algunos actos públicos, como el de Palermo contra las retenciones agrarias o el de San Isidro por la “seguridad”) e imponer las reformas del Código Penal que exigía Blumberg, y la legitimación del “gatillo fácil” con el nombre de “mano dura” o “tolerancia cero”.
Hay, en el reclamo de “mano dura”, “baja de la edad de imputabilidad de los menores”, “mayor presencia de fuerzas represivas en las villas y las calles para recuperar el orden perdido” una relación implícita entre un modo de leer la sociedad argentina y la historia reciente, entre la mirada neoliberal de considerar “perdedores” y “fracasados” a los excluidos del sistema, culpables de su situación y culpables de ser reprimidos si se rebelan contra ella y la estigmatación de los luchadores sociales de hoy y de ayer que lleva al reclamo de Susana Giménez, hablando en nombre de sus millones de seguidores y seguidoras, de «basta de derechos humanos»!.
Acaso, fue el proverbial Mariano Grondona quién sentó las bases conceptuales para la ofensiva derechista con su teoría de “la falta de equilibrio al juzgar a los represores y no a los militantes populares”, como si no supiera  que los militantes populares fueron asesinados, torturados, desaparecidos, encarcelados, echados de sus trabajos y discriminados ideológicamente por décadas mientras los represores gozaban hasta ahora de una impunidad estatal contra todo derecho.
Es este discurso de “inequivalencia”, “espíritu de venganza”, “ilegitimidad de los juicios”, que repiten machaconamente los represores cada vez que hablan en un juicio, y los propios defensores de oficio que reciben ordenes del Ministerio Público de Defensa, con lo cual se consuma la esquizofrenia total: el Estado por medio de la Procuración General y la Secretaría de Derechos Humanos, actúa como acusador de los genocidas y el mismo Estado, por medio de este Ministerio Público, defiende los represores con un discurso fascista.
Esa misma contradicción comienza a apoderarse del discurso presidencial que un día habla del derecho a la identidad política de la izquierda (la mención de la remera del Che que acompañó el velatorio de su esposo Néstor) y al otro reclama que nunca más se vea un encapuchado en las calles; clama contra los grupos que quieren desestabilizarla para luego equiparar la patota sindical de Pedraza con la izquierda que impulsa el reclamo de los tercerizados, designa a Nilda Garré en Seguridad reivindicando la idea de no reprimir mientras firma un acuerdo con Macri que incluye la clausula de “quien ocupe un terreno o casa será excluido de toda ayuda social o plan de vivienda”.
En un mismo discurso afirmó dos ideas antagónicas: dijo que “discutir si 14 o 16 es desviar el problema” y  que “si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 (en la imputabilidad) parece lógico”.
¿En qué quedamos?  Por de pronto, el proyecto votado por la Cámara de Senadores y frenado en la de Diputados, que el oficialismo reclama aprobar urgente, incluye taxativamente la baja de la edad de imputabilidad, cierto que con otros recaudos que molestan a la derecha que quisiera no solo la “baja de la edad” sino permiso para matar sistemáticamente la infancia pobre, o esclavizarla a la vista de todos como es costumbre de las multinacionales en buena parte del Tercer Mundo.

El discurso del gobierno sobre los derechos humanos está en problemas y debe decidir su posición: ¿O hay un problema de vivienda no resuelto en la zona sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la Villa Soldatti en particular o hay un accionar de los grupos provocadores?.
¿O hay un reclamo justo de los trabajadores tercerizados que un día desemboca en el asesinato de Mariano Ferreyra y otro en la batahola de fin de año en Constitución o estamos ante una acción desestabilizadora fruto del acuerdo Duhalde/Altamira?
Acciones de provocación por parte de los Servicios de Inteligencia y errores de la izquierda en el cálculo de la correlación de fuerzas o en la evaluación del enemigo principal contra quien concentrar fuerzas ha habido siempre en la historia del movimiento popular, desde los reclamos obreros en San Petersburgo al Zar, que desembocaron en la llamada Revolución de 1905 en Rusia, que comenzaron por una marcha organizada por una organización sindical creada por la Policía Secreta  Rusa, la famosa Oxrana, y un agente llamado Gapón, que era cura de la Iglesia Ortodoxa, hasta el copamiento de la Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria en la Argentina de 1989.
La cuestión es separar lo principal de lo accesorio y la tradición cultural a la que adscribo siempre estuvo del lado de los que reclaman y luchan, más allá del modo de expresar su reclamo o de sus tácticas de lucha; en eso nos hemos inspirado en el mismo Carlos Marx que consideraba un error lanzar la revolución social en el París de 1871, pero que una vez comenzada, no dudo un instante de apoyarla sin límites ni condiciones; ni dejar de hacer todo lo posible para su triunfo.
O asumimos que la década del 90 victimizó a los pobres y entre ellos a los niños  y tenemos una conducta de reparación con la infancia pobre o aceptamos la lógica represora que nos lleva a la baja de la edad de  imputabilidad.
No hay ni habrá, en esto, ni Tercera Posición ni Tercera Vía.
Del lado de la infancia o de sus victimizadores.

Sinceramente creemos que el gobierno ha llegado a un punto de definición muy claro: o se democratiza la sociedad, incluyendo y comenzando por la democratización de la distribución de la riqueza que implica afectar el poder de los grandes grupos económicos que se beneficiaron del Genocidio y el Menemismo, como el grupo Clarín, pero también de los que se quedaron con Y.P.F., los Ferrocarriles, la energía eléctrica, la minería o las comunicaciones, incluyendo a los mismos grupos que se beneficiaron de la obra pública y todo tipo de favores oficiales como el grupo de Cristóbal López  que se apoderó del juego, terminales de ómnibus y hasta Paraná Metal en Villa Constitución, o se pierde toda expectativa de cambio verdadero, dependiendo su suerte de la capacidad de darle “gobernabilidad” al capitalismo real (no el prometido “humanizado”, “nacional” o “productivo”).
Y no es que pidamos «peras al olmo», sino que se desarrollen hasta el final algunos aspectos del discurso oficial con el cual podría construirse un programa de democratización de la sociedad, o al menos su comienzo.
A modo de ejercicio, y sin pretender agotar el tema, presentaremos cuatro propuetas desde esta lógica como muestra de que la cuestión radica en la voluntad política (ausente) del gobierno, y por ende, tarea del movimiento popular que deberá construir su programa de exigencias democráticas desde el debate de las experiencias de lucha de esta decada contra el neoliberalismo, la impunidad y el achicamiento de los espacios democráticos

Primer Propuesta de democratización de la Democracia.
Con la misma lógica con que se fundamentó la querella contra Papel Prensa, es decir, la ilegitimidad de todo acto surgido de un poder ilegitimo, debería fundamentarse la ilegitimidad de todo acto dictatorial, contrariando la lógica liberal de la Corte Suprema de 1930 que avaló el Golpe de Estado del seis de setiembre de aquel año  dando pie a un largo ciclo de golpes de Estado que se aprovecharon de la llamada “continuidad jurídica”: la aceptación por parte de los gobiernos constitucionales de los actos de gobierno de los dictatoriales.
Declarar ilegal e ilegitima la obra de la dictadura nos llevaría a un verdadero proceso de reivindicación de la generación de los 70, al afectar seriamente el modelo de país fundado sobre su sangre  y su sacrificio.
¿No es coherente este planteo con el conocido y valorado planteo de memoria de los Kirchner?
Y así, deberían anularse no solo las maniobras que permitieron al grupo Clarín apoderarse de Papel Prensa y la Ley de Comunicaciones correspondiente (como se hizo con la ley de comunicaciones que la derecha resiste desde el Poder Judicial), sino también la Deuda Externa y sus consecuencias, el sistema financiero surgido por imperio de ley dictatorial, y las reformas al sistema de derechos laborales que primero se recuperó parcialmente y luego, con el Menemismo, se pulverizó de tal modo que hoy parece “natural” que los niños trabajen, haya esclavos en los talleres textiles clandestinos y los establecimientos agrarios o que cerca de la mitad de la población sobreviva con changas mal pagas o en empleos precarizados sin encuadre legal alguno.
Con la misma lógica con que se denosta al menemismo, la década de los noventa, el neoliberalismo y los organismos internacionales de crédito, debería revertirse toda la reforma del Estado que se impuso bajo el imperio del Consenso de Washington y que todavía sigue vivita y coleando.
¿Por qué aceptar la continuidad de la obra administrativa de la dictadura y el menemismo?
La anulación de las leyes de impunidad, mostró que los cambios impuestos por leyes, se pueden revertir con nuevas leyes y que es posible recuperar el patrimonio nacional entregado a precio vil por la dictadura y el menemismo: petrolero, gas, acero, comunicaciones, transporte terrestre, ferroviario, aereo y fluvial al servicio de un proyecto nacional pareciera ser la continuidad lógica de lo mejor de la obra del primer gobierno peronista y del Plan Gelbard/Perón del 73´, más ahora que ese camino lo recorren numerosos países de América Latina.
¿Si se recuperó el control de las Privatizadas de la Jubilación, del Correo y de Aerolíneas, -acaso porque porque estaban al borde del colapso económico y financiero-, por qué no ir por YPF, las empresas del gas y la producción de energía eléctrica, las telefónicas, las ferroviarias, la flota fluvial y tutti cuanti nos robaron, incluyendo la deuda externa que ya pagamos más de una vez ?.
Si se reanudaron los juicios por delitos de “lesa humanidad”, aduciendo que dichos delitos son imprescriptibles y que la acción estatal que garantizó impunidad para los represores no puede ser invocada en beneficio de los que gozaron dicha impunidad, ¿por qué no cumplir de una vez por todas con el fallo Ballesteros que ordenaba al Parlamento investigar la Deuda Externa para determinar su parte ilegitima, entre la que se encuentra la deuda contraída por Acindar, con avales del Estado, que luego Cavallo transformó en deuda pública en 1981, Alfonsín respaldó dicha medida en 1984 y todavía hoy se sigue pagando cuando se negocia con el Club de París a pesar de su origen ilegal e ilegitimo; que nadie está obligado a pagar la deuda de un ladrón que nos invade y asume compromisos en nuestro nombre mientras nos tiene maniatados y bajo amenaza de tortura.

Segunda Propuesta de democratización de la Democracia.
Muchos coinciden en que hay que democratizar las fuerzas de seguridad y «meter mano» a la Federal, la Bonaerense y demás; pues bien proponemos tomar un pensamiento central de Evita “donde hay una necesidad, hay un derecho” como eje de la reorganización de las fuerzas de seguridad dado que en primer lugar la función del Estado y del gobierno es garantizar el acceso de la ciudadanía al conjunto de derechos humanos, por lo que es contrario a todo sentido democrático discutir cómo reprimir las luchas sociales: con más o menos control civil (como si los civiles no fueran tan o más fascistas que los uniformados), con balas de goma o de guerra, con la Gendarmería o la Federal.
Lo primero es dejar de reprimir al pueblo.
Impedir que la secuencia Mariano Ferreyra, los López de la Colonia Primavera en Formosa y los muertos del Parque Indoamericano en Villa Soldatti se transforme en un espiral de violencia institucional que arrase con todos y con todo. Conducir las fuerzas de seguridad para impedir que vuelvan a matar al pueblo es la primer tarea democrática que el gobierno debe garantizar más allá de toda razón de estado, política, electoral o ideológica.
Lo segundo es abandonar la lógica represora que llevó a subordinar el kirchnerismo a los planteos de Blumberg ayer y que hoy los lleva a algunos de ellos, Scioli en primer lugar pero no solo,  a asumir la bandera de la extrema derecha de criminalizar la infancia, como ayer los llevó a asumire el proyecto norteameriano de una Ley Antiterrorista (ley 26268 de 2007, a propuesta de Nestor Kirchner creó la figura penal de asociación ílicita terrorista y amplía facultades de la UIF que linkea con la lista antiterrista del gobierno de los EE.UU. para controlar transacciones financieras de entidades argentinas, ver http://200.123.148.177:8080/lut/Vista/List-of-terrorist.aspx)  hecha a imagen y semejanza del Acta Patriotica de los yankees del 2001.
Hace falta una reforma integral del Código Penal que lo limpie de las incrustraciones fascistas de la dictadura, el menemismo y las reformas Blumberg, y hay un proyecto para ello, pedido en su momento por el mismo gobierno a un grupo de expertos encabezados por el Doctor Baigun, y abandonado a su suerte ante el primer grito de Clarín de la derecha en el 2006 (leer en http://www.nuestrapropuesta.org.ar/Numerosanteriores/785/PAG11A.htm).
Lo tercero es cumplir, rigurosamente, con las recomendaciones del informe de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Argentina del año 2010 que contienen un vasto listado de recomendaciones que van desde las imprescindibles medidas para terminar con el gatillo fácil, la tortura en sede policial y las condiciones infra humanas de nuestras cárceles hasta la exigencia de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la maternidad terminando con el aborto clandestino para las pobres.
En sus recomendaciones y pedidos, la Comisión de DDHH de la ONU plantea las siguientes cuestiones:

• que hay notables diferencias territoriales en el respeto a los ddhh
• que se debe garantizar el juicio efectivo a los terroristas de Estado
• que se debe reglamentar y crear condiciones para que se cumpla ley de prevención y sanción de la violencia familiar
• que se debe sancionar una ley que asegure el derecho de las mujeres a evitar embarazos no deseados
• que se debe limitar las facultades policiales que permiten detenciones arbitrarias
• que se debe limitar la cantidad de personas en prisión preventiva (el 60% de la población penal en Buenos Aires)
• que se garanticen las condiciones mínimas para que las cárceles no sean inhumanas
• que se adopten medidas efectivas para detener la tortura en sede policial, su juzgamiento, la creación de un organismo de auditoria del tema y medidas educativas para frenar el fenómeno
• que se investigue en forma la desaparición forzada de Julio López, cuya gravedad se insiste
• que se reconozca a la CTA y se garantice la democracia sindical para todos
• que el encierro de los menores sea el último recurso y se sancione un Código Juvenil que garantice sus derechos, no que lo victimice
• que se respeten los derechos de los pueblos originarios, especialmente en cuanto a sus valores culturales y la propiedad comunitaria de la tierra; que cesen los desalojos

Sólo cumpliendo estos tres pasos de emergencia democrática, podrían crearse condiciones para un debate social en forma sobre el modo de terminar con la “maldita policía” y el modo de combatir el delito organizado por las mafias locales e internacionales que cuentan hasta hoy con el respaldo de las propias fuerzas de seguridad que se supone deben controlarlas, por lo que, sin una mínima democratización y conducción política de ellas, todo debate sobre las cuestiones llamadas de “seguridad” es inútil y sólo trae más inseguridad al pueblo por la vía de la restricción de los espacios democráticos.

Tercer propuesta de democratización de democratización de la Democracia
Desde la muerte de Néstor Kirchner se ha hablado insistentemente de la revalorización de la política y la militancia.  Coincidimos con la valoración y de hecho toda nuestra labor reivindicatoria de la memoria, en los juicios y fuera de ellos, apunta a recuperar un sentido de la vida que está en la militancia, en el darse sin pedir nada a cambio, a combatir la lógica mercantil que se abrió paso a través de la picana y los subsidios a los intelectuales.
En los noventa se contrapuso militancia con administración, lucha popular con acción mediatica, reclamo con gestión, asamblea popular con el saber burocrático y tecnocrático, la democracia de base con la delegativa.
Por ello, creemos necesario volver a aquella tradición de crítica a la democracia liberal por “delegativa” (el ya citado articulo 22 de la Constitución Nacional) que caracterizó a lo mejor del pensamiento nacionalista y popular, liberal democrático consecuente, marxista y socialista de diversas corrientes asumiendo los contemporaneos enfoques latinoamericanos, herederos de la mejor tradición comunitaria de los pueblos originarios y marchar hacia formas de democracia directa en todos los espacios de la vida económica, social, cultural y todas las empresas públicas?.
Proponemos abandonar la dimensión estatal como paradigma único e indiscutible de la gestión para asumir una dimensión de lo publico que eleve el protagonismo popular a los niveles de decisión en los tiempos de la vida cotidiana.
Y vale una pregunta que puede ser retorica para algunos e inocente para otros, pero que considero pertinente: ¿Por qué todos los que apoyan al gobierno por las mismas cosas que nosotros, aunque a veces no lo critican por lo que nosotros lo criticamos; por qué todos los que admiran la Reforma Constitucional de Venezuela y Bolivia o la investigación estatal sobre la deuda externa de Ecuador, no proponen lo mismo para la Argentina?.
¿Donde está la especificidad insuperable del proceso argentino que nos obliga a vivir bajo el formato de país diseñado por el Terrorismo de Estado y ejecutado por el Menemismo?
Si la Reforma Constitucional de 1994 es, de hecho, más allá del status que le asigne a los pactos sobre derechos humanos, la cristalización de los cambios que la dictadura impuso a sangre y fuego y que Menem desplegó hasta el absurdo del converso; ¿por qué no una Reforma Constitucional para revertir aquellos paradigmas y el dogma neoliberal de una sola forma de existencia de la democracia, la delegativa llamada “representativa” y abrir paso a un sistema de consultas populares vinculantes para los problemas principales de la política y la creación en todo lo que hoy es espacio estatal de mecanismos de decisión popular por medio de la creación de directorios con representación estatal y popular, al modo que la Reforma Universitaria de 1918 imaginó el gobierno de la educación superior?

Cuarta propuesta de democratización de democratización de la Democracia
Y una última propuesta, para abrir el debate sobre un programa posible de democratización radical de la Argentina, volvamos ya a la distribución de la renta nacional del cincuenta por ciento para los asalariados y el cincuenta por ciento para los empresarios.
Así solo sea en homenaje a Cámpora y a Perón, a los que lucharon desde el cincuenta y cinco hasta el 75 por conquistarlo y que fueron reprimidos por seguir luchando para seguir cambiando la matriz distributiva del ingreso.
Pero empezemos ya por el fifty fifty como dicen algunos estudiosos.
Cincuenta por ciento de la renta nacional para los trabajadores, que son como diez millones y cincuenta por ciento de la renta nacional para los empresarios, que son algunos «menos».  Eso no sería el socialismo ni mucho menos, pero democratizaría bastante la sociedad.
Con plata en el bolsillo, los trabajadores organizados podrían aprovechar las posibilidades que abre la nueva Ley de Comunicaciones para construir sus propios medios de comunicación.  Con dinero en casa, muchos podrían acceder a la televisión digital e internet por banda ancha para adquirir la ciudadanía tecnológica del nuevo siglo, así como con las jubilaciones, el aguinaldo y los convenios colectivos de los cincuenta y sesenta nuestros padres accedieron al teléfono, el cine, las vacaciones en Mar del Plata y las sierras de Córdoba,  las heladeras y las radios.
Sin democratizar la distribución de la riqueza todo debate sobre la democracia es estéril, formal y hasta hipocritica; seguramente por eso que en este país se habla de tantas cosas menos de la democracia.
No hace tanto que Fidel Castro fundamentaba que nadie puede defender lo que no tiene; por eso nosotros preferimos definirnos como luchadores por los derechos humanos y no como defensores de los derechos humanos; parece una cuestión semántica pero es una cuestión política.
El progresismo, y cada vez menos, a lo máximo que puede llegar es a convocar a “defender” la democracia, nunca a conquistar la verdadera y desarrollarla hasta su transformación en el imperio de los derechos humanos, todos para todos.
Y a doscientos años del Mayo independentista, frustrado y traicionado tantas veces, es hora de conquistar la verdadera democracia, esa que será parte indisoluble de la verdadera independencia, de la Segunda y Definitiva Independencia de nuestros pueblos que para ser deberá volver a pensarse como una batalla en toda nuestra América contra la dominación imperial yankee y sus aliados nativos tal como la pensaron los héroes de Mayo y aquel rosarino, boliviano, cubano y americano que nos convoca desde su ejemplo a luchar por la Segunda y Definitiva Independencia porque esa gran humanidad ha dicho basta y en su marcha de gigantes ya no se detendrá…
Hoy, como ayer, esta batalla por la Independencia tiene en la bandera de la conquista de la democracia verdadera, una de sus divisas centrales.  Si en los ochenta, los sandinistas provocaban el debate afirmando que quien quiera democracia verdadera deberá luchar contra la dependencia, no viene mal hoy en día afirmar que quien quiera la Segunda y Definitiva Independencia deberá luchar por la Democracia Verdadera, Cotidiana, con Protagonismo popular en la gestión de todas las cosas en todos los terrenos sociales para que los hombres y las mujeres sean los verdaderos protagonistas de la historia y no protagonistas privilegiados de un drama actuado por otros, pero que los afecta de un modo decisivo.