En la Argentina se vive una situación muy paradójica en el terreno del debate sobre los derechos humanos, venimos ganando la discusión sobre la memoria contra los defensores del olvido y la impunidad más rigurosa  , sobre lo que era y -en parte sobre lo que significaba- el Terrorismo de Estado, logrando condenas contra jefes militares, policiales, algunos civiles entre los que se cuentan hasta un cura y un juez federal, pero estamos perdiendo la batalla cultural sobre el significado de la cuestión de los derechos humanos en el presente.

Están logrando instalar su discurso sobre la “seguridad” por encima del de los derechos humanos; su reclamo de “seguridad jurídica” y “calidad institucional” por encima de la cuestión de la autodeterminación nacional y la soberanía de los pueblos; la idea de la democracia minimalista, puramente formal, reducida a un procedimiento de elección de administradores del capitalismo inmutable, por encima de la idea del poder popular, la democracia verdadera, sustantiva, protagónica y cotidiana que penetre en las fábricas y los cuarteles, las escuelas y los hospitales hasta llegar a ser aquello de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que soñaba Abraham Lincoln en el siglo XIX.

Este logro, que en verdad es un proceso de recuperación de valores vigentes en la sociedad en los 90, se suma y articula armónicamente con su gran conquista cultural de época (la iniciada por el Terrorismo de Estado): la instalación del criterio mercantil de que las necesidades humanas[1], no generan derechos humanos, sino la demanda de  bienes y servicios que deben ser adquiridos en el mercado, para lo cual se debe garantizar la “igualdad de oportunidades” para que todos compitan por acumular dinero, para pagar por el acceso a dichos bienes y servicios.

El mantenimiento de las empresas de comunicación, transporte y energía en manos privadas y el penoso estado  del sistema público de salud y  educación, así como la inacción estatal ante la crisis habitacional son la muestra del peso que tienen estas ideas en la sociedad y también en el gobierno, que siguen viendo este escándalo ético, inconcebible en la Argentina de los años  50´, de los 60 y de los 70, como algo “natural”[2].

Así, más allá de los discursos de memoria, que valoramos, se consiente la consolidación  de una lógica de los derechos humanos, en la que sería (nada menos!) el desarrollo del capitalismo  quien permitiría la satisfacción de las necesidades humanas;  y la represión sería un deber del Estado para que la actividad individual -en procura de la acumulación de dinero- no sea molestada por unos “pobres individuos, fracasados en la carrera por el éxito, que pretenden acceder a bienes y servicios sin pagar por ellos”[3] cuando toda la historia del capitalismo demuestra lo contrario: que son incompatibles derechos humanos y capitalismo[4].

La defensa del accionar represivo había casi desaparecido en los primeros años del siglo: junto con el gobierno de la Alianza, cesaron los discursos defensores de la teoría de los dos demonios (funcional y previa a la plena reivindicación de los genocidas) por lo que conviene prestar atención al modo en que se recompuso el discurso que hoy estalla en una avalancha de reclamos contra los juicios y por “mano dura” con los que protestan, se movilizan o simplemente “molestan” por ser pobres y no consumen.

En el discurso de la derecha, primero se instaló la cuestión de la “inseguridad” para referirse al crecimiento de los robos, arrebatos y asesinatos sin ton ni son; luego la relacionaron con el supuesto “garantismo” excesivo del sistema judicial argentino, adjudicando tal deformación monstruosa a los “derechos humanos” (para decirlo en el lenguaje brutal de algunos actos públicos, como el de Palermo[5] contra las retenciones agrarias o el de San Isidro por la “seguridad”[6]) e imponer las reformas del Código Penal que exigía Blumberg, y la legitimación del “gatillo fácil” con el nombre de “mano dura” o “tolerancia cero”.

Hay, en el reclamo de “mano dura”, “baja de la edad de imputabilidad de los menores”, “mayor presencia de fuerzas represivas en las villas y las calles para recuperar el orden perdido” una relación implícita entre un modo de leer la sociedad argentina y la historia reciente; entre la mirada neoliberal de considerar “perdedores” y “fracasados” a los excluidos del sistema, culpables de su situación y culpables de ser reprimidos si se rebelan contra ella y la estigmatización de los luchadores sociales de hoy y de ayer que lleva al reclamo de Susana Giménez, hablando en nombre de sus millones de seguidores y seguidoras, de basta de derechos humanos.

Acaso, fue el proverbial Mariano Grondona[7] quién sentó las bases conceptuales para la ofensiva derechista con su teoría de “la falta de equilibrio al juzgar a los represores y no a los militantes populares”, como si no supiera  que los militantes populares fueron asesinados, torturados, desaparecidos, encarcelados, echados de sus trabajos y discriminados ideológicamente por décadas, mientras los represores gozaban hasta ahora de una impunidad estatal contra todo derecho.

Es este discurso de “inequivalencia”, “espíritu de venganza”, “ilegitimidad de los juicios”, que repiten machaconamente los represores cada vez que hablan en un juicio, y los propios defensores de oficio que reciben ordenes del Ministerio Público de Defensa, con lo cual se consuma la esquizofrenia total: el Estado por medio de la Procuración General y la Secretaría de Derechos Humanos, actúa como acusador de los genocidas y el mismo Estado, por medio de este Ministerio Público, defiende los represores con un discurso fascista.

Esa misma contradicción comienza a apoderarse del “progresismo“ como se puede apreciar en el texto de Horacio Verbitsky “UN REGIMEN PENAL JUVENIL CONTRA LA ARBITRARIEDAD. Detrás de la histeria política y mediática”[8] donde luego de cuestionar una y cada una de las mentiras con que la derecha pretende instalar a los menores pobres como el “peligro”; luego de describir el carácter clasista y retrogrado del sistema judicial y la complicidad del Gobierno y la Policía Provincial con las maniobras en curso concluye….. proponiendo la sanción del Régimen Penal Juvenil (que ya cuenta con aprobación del Senado) y que incluye la baja de la imputabilidad de 16 a 14[9] años aduciendo que “La baja de la edad de imputabilidad no criminalizaría la pobreza: sólo pondría límites legales a la arbitrariedad absoluta que hoy convierte a los pibes pobres en rehenes de las redes de ilegalidad y mano de obra baratísima para el delito”.

Es decir, como estamos muy mal ahora, porque más allá de las leyes y convenios, más allá de los discursos y los gestos, en la práctica hay trabajo esclavo infantil, hay trata de niños y niñas y hay una política de exterminio de la infancia pobre por parte de las Policías, y todo esto con un régimen penal que declara inimputables a los menores de 16 años al cual jueces y policías dejan de lado, estimulados y aplaudidos por la derecha mediática y política, Horacio Verbitsky propone retroceder a la norma de la dictadura (fue Videla quien bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, baja que fue anulada al concluir la dictadura militar y es ahora que quiere reinstalarse) para lograr supuestas garantías procesales por el mismo Poder Judicial y la misma Policía que él demuestra que falsea los hechos, viola los códigos de procedimiento, tortura en sede policial y hasta desaparece adolescentes como el caso de Luciano Arruga (todas estas cuestiones, descriptas con la precisión a lo que nos tiene acostumbrado Verbitsky).

Entonces, la pregunta es sencilla: ¿por qué razón, luego de darles el trofeo de la baja de la imputabilidad, que la derecha dura persigue con ansía desde hace un tiempo (casi desde la campaña Blumberg por la mano dura que logró que kirchneristas y radicales aprueben sus propuestas desquiciando el Código Penal de un modo brutal), cambiarían sus conductas Jueces y Policías[10], dueños de medios de comunicación e intendentes del Cono Urbano, unidos todos en esta campaña de criminalización de la infancia?

Se equivoca Verbitsky en proponer la aprobación de la baja de la imputabilidad y ese error, creemos, se basa en un error conceptual más profundo: no es haciendo concesiones a la derecha que se la frena y derrota, sino enfrentándola en todos los terrenos, incluido el de la disputa cultural por el significado de la seguridad y los derechos humanos.

O asumimos que la década del 90 victimizó a los pobres y entre ellos, en primer lugar, a los niños  y tenemos una conducta de reparación con la infancia pobre o aceptamos la lógica represora que nos lleva a la baja de la edad de  imputabilidad.

No hay lugar para una tercera posición como pretende Horacio Verbitsky y el progresismo que respalda la idea de una “seguridad democrática” que quiere cambiar la agenda de debate del movimiento de derechos humanos y popular: no es ¿cómo reprimir?, si con balas de goma o de guerra, si con la Policía Federal o la Gendarmería, si se impiden las huelgas y las movilizaciones de un modo o de otro; sino cómo lograr el acceso pleno de todos los ciudadanos a todos los derechos humanos el debate que tenemos que instalar en la sociedad, para abrir paso una agenda de ampliación de derechos humanos y no de ampliación de la represión.

Según el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Cs. Sociales – UBA, criticando las propuestas de bajar la edad de imputabilidad: “Es falaz y perverso porque todos sabemos… y “ellos” también, que en un país con más del 49% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años bajo la Línea de Pobreza (LP), de los cuales el 20%, están bajo la línea de la indigencia, se pueda siquiera considerar que las garantías y el respeto a sus derechos recién se consumen una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”

Hace unos años, nuestro compañero León Zimerman, fundador de Correpi, abogado en cientos de causas por “gatillo fácil”, término que él popularizó en el caso Budge, cuándo se discutía sobre seguridad decía algo muy sencillo: “si en vez de poner la foto de cada víctima de algún delito en los noticieros, y mantenerla en pantalla hasta que aparezca una nueva foto de una nueva víctima; se pusiera la foto de cada niño con hambre y sin las necesidades básicas satisfechas, si se publicara la foto de cada uno de los bebes que mueren cada hora en la Argentina por causas evitables (en realidad mueren 25 bebes por día según el informe anual de la Unicef sobre la Infancia, 2008, que textualmente dice: “Más de 4.000 chicos se salvarían si se lograra reducir lo reducible”) el debate no sería sobre la seguridad, y la baja de la edad de imputabilidad, sino sobre el hambre de los niños en el país del pan, sobre el sistema sanitario y la lucha contra la mortalidad infantil.

No queremos presentar como fácil lo difícil, ni simplificar lo complejo y mucho menos banalisar un drama social como el de la infancia en la Argentina: lo que queremos decir es que el rol de los luchadores por los derechos humanos no es discutir cómo se reprime a los que luchan o los niños y adultos que buscan la supervivencia por fuera de lo que marca la ley, sino discutir cómo se resuelven las necesidades sociales que hacen a su condición humana.

De cual debate es el que se instale en la agenda social y política: si la satisfacción del derecho de todas y todos a todos los derechos humanos o el debate sobre cómo impedir los piquetes, ocupaciones  de terrenos y cortes de ruta (como los que costaron la vida de Mariano Ferreyra, los López en Formosa y la gente del Parque Indoamericano), depende la suerte de la democracia.

Hace unos años Fidel decía que nadie puede defender lo que no tiene, es por eso que no se trata de retroceder para mantener el ”presente dorado”, sino de actuar con audacia para hacer que la democracia no sea sólo un procedimiento de elección de autoridades y pase a ser el modo de terminar con la herencia del Terrorismo de Estado, llevada a su consumación por el Menemismo, y el comienzo de la construcción de una vida digna para todos. Comenzando, como corresponde, por la infancia y la adolescencia.

Hasta un presidente de los EE.UU., John F. Kennedy, comprendía que nada dice más de una sociedad que el modo que trata a los más débiles: los niños.

¿Y si  tanta nostalgia se siente por el primer peronismo, como la que hoy recorre al progresismo, nos acordaramos de aquello de los únicos privilegiados son los niños y nos dejamos de castigar, perseguir, encarcelar, matar de hambre y los protegemos, cuidamos, educamos, permitimos que vivan como niños sin trabajar ni prostituirse; si en vez de discutir un régimen penal con baja de la edad al momento de imputarlos penalmente, discutimos como acariciarlos, mimarlos y tratarlos como seres humanos?.

Es una cuestión ideológica, Verbitsky; o aceptamos la agenda de debates de la derecha o luchamos por instalar la propia.

Por eso, le proponemos aunar todas las fuerzas que podamos para instalar la nuestra: la agenda de  la de la memoria y  la justicia, la del hambre cero y la educación para todos, la de más y más derechos para todas y para todos, incluyendo a los niños y las niñas.

Que si pudimos vencer tantas barreras que impedían los Juicios contra los genocidas, podremos también conquistar el cielo que imaginaban los compañeros desaparecidos, que hoy, seguro, no estarían discutiendo cómo reprimir los niños pobres, sino luchando para terminar con la pobreza.