En pleno siglo XXI, la opinión pública se ha vista conmovida por las recientes revelaciones sobre la existencia de trabajadores rurales que trabajan en condición de virtual esclavitud, explotados por poderosas empresas multinacionales que los acarrean a través de contratistas y capataces desde las Provincias del Norte y que los llevan engañados hasta las plantaciones en que deben trabajar, todo en una maniobra delictiva que incluye el tráfico de personas.
La explotación inhumana de la mano de obra campesina no debe tolerarse. Registra viejos antecedentes en nuestro país -recuérdese a “ La Forestal ” o el acarreo de indios la zafra tucumana-, pero ahora además contrasta con la declamada, “modernidad” que el campo enuncia, y viene obteniendo fabulosas ganancias (por las cuales se resiste a pagar impuestos) con el modelo sojero-exportador que se ha implantado y se sostiene; y que significa el despoblamiento rural, el desplazamiento y expulsión de pueblos y culturas enteras, el agotamiento de la tierra, el avance de la desertificación, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación masiva con los plaguicidas, agrotóxicos y otros venenos que utilizan, enfermando a la población, contaminando alimentos y productos, y comprometiendo seriamente la posibilidad de que las futuras generaciones puedan seguir trabajando la tierra y que el país pueda seguir contando con esos bienes, incluso perdiendo el tradicional valor de la renta diferencial.
Los casos descubiertos son sólo una mínima parte de lo existente, y que la explotación y esclavización de los trabajadores constituye una práctica extendida si no generalizada, provocada por la ambición sin límites de los empresarios agrarios -en particular las exportadoras tanto nacionales como multinacionales- como por la complacencia tanto de quienes deben ejercer los controles estatales cuanto por la complicidad de las organizaciones gremiales que debieran vigilar y denunciar las irregularidades, y de los poderes políticos y judiciales locales, como en el caso de la empresa Nuestra Huella, responsable de la muerte de Ezequiel Ferreyra a los seis años. que debieran haber impedido y sancionado las prácticas aberrantes de superexplotación, trabajo infantil, trata de personas y utilización de productos tóxicos, cancerígenos e ilegales, para aumentar su rentabilidad e índice de ganancias. Favorecido todo ello, además, por la continuidad del estatuto laboral del menemismo, que permite que se “bajen costos” a las empresas imponiendo condiciones indignas a los trabajadores rurales, todo acorde con la filosofía neoliberal.
Requerimos urgentes medidas para terminar con esta situación, exigiendo:
- A los empresarios que cumplan con la ley reconociendo y legalizando a sus trabajadores, ya que tienen “en negro” a un altísimo porcentaje, brindando, de esta manera, seguridad, higiene y trabajo digno a los trabajadores.
- A los Gobiernos Nacional y Provinciales para que a través de sus departamentos de Trabajo, Comercio, Industria, Agricultura y Producción tomen las medidas políticas, ordinativas, ejecutivas y de control de los casos.
- A las Centrales Sindicales para que defiendan con firmeza a esos trabajadores, hombres, mujeres y niños que son los más pobres y atrasados del país.
- A la Justicia para que castigue condignamente a los delincuentes, sus cómplices y favorecedores, que reclutan, reducen y explotan vilmente a los más necesitados.
Denunciamos que esta situación resulta afectatoria de los derechos humanos, ya que violentan los principios de libertad y dignidad de las personas y las norma básicas elementales del derecho y la justicia laboral, resultando intolerable y escandaloso que se dé a esta altura del siglo XXI y en el marco de la revalorización del pueblo trabajador como sujeto histórico de las transformaciones que se vienen operando en nuestro país y en la región.
Llamamos a denunciar con firmeza la violación de los derechos humanos en estos casos en particular ya mantener un estado de movilización permanente, en defensa de los derechos laborales y ambientales, la dignidad de las personas y la recuperación de los bienes y recursos naturales, en general.
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE. LADH
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA. SERPAJ
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS. APDH
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS. MEDH
INSTITUTO DE RELACIONES ECUMENICAS. IRE
CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UBA