Tiempo Argentino

OTRO CASO DE CONNIVENCIA ENTRE EL PODER ECONÓMICO Y LA REPRESIÓN ILEGAL DE LOS AÑOS SETENTA

Denuncian a Martínez de Hoz e Isabel por la represión en Acindar en 1975

Publicado el 29 de Diciembre de 2010

Por Hernán Cocchi

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre realizará hoy la presentación ante la justicia. Pedirán la extradición de la ex presidenta por el secuestro y asesinato de trabajadores de la fábrica metalúrgica de Villa Constitución.

A las “partes o ‘patas’ del esquema represivo que se comenzaba a institucionalizar debe agregarse la participación del sector empresarial que una y otra vez reclamaba a las autoridades ‘orden’ y represión de los conflictos sociales”. La frase corresponde a la denuncia que hoy presentarán a la justicia los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) junto a los dirigentes metalúrgicos de la localidad santafesina de Villa Constitución: Alberto José Piccinini, Carlos Antonio Sosa y Juan Jesús Actis. El escrito acusa por delitos de lesa humanidad al ex ministro de Economía y ex integrante del directorio de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, y la ex presidenta María Estela Martínez –de quien piden la extradición desde España– por la represión en la planta fabril y el  asesinato de más de 20 trabajadores en 1975.
El Operativo Serpiente Roja del Paraná comenzó cerca de las 4 de la mañana del 20 de marzo de ese año, cuando unos 105 Ford Falcon ocuparon militarmente la ciudad. Los represores revistaban en la Policía Federal y la provincial, en el grupo paramilitar Guardia Rural, en la Prefectura Naval, en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en la Gendarmería, en el Ministerio de Bienestar Social, en la Triple A y en las tres armas. Para el entonces delegado Juan Actis, la represión fue “una prueba piloto” de lo que vendría un año más tarde, el 24 de marzo de 1976.

José Schulman, integrante de la LADH, anticipó a Tiempo Argentino que harán otra presentación, esta vez contra el Centro Económico Argentino (CEA) que jugó un papel fundamental en la gestación del genocidio. “Los juicios tienen que empezar a perseguir al poder real de quienes se beneficiaron del genocidio”, afirmó.
Los abogados destacan en la denuncia la complicidad civil –y sobre todo empresarial– con la que contó el operativo. De hecho, los represores convirtieron al albergue de solteros de la fábrica en un centro clandestino de detención, tortura y asesinato de obreros que fueron perseguidos, no sólo dentro de la planta, sino en toda la ciudad. El periodista Carlos Del Frade precisó que en Acindar funcionó “el primer centro clandestino de detención del país”.
Schulman consideró que “Villa Constitución siempre concentró la historia argentina en un punto geográfico muy chico”, y que el objetivo del operativo fue “utilizar el Estado para transformar a Acindar en la empresa siderúrgica más grande de la Argentina, para luego estatizar deuda que la Argentina sigue pagando”. Además, consideró que se buscaba “terminar con una experiencia de organización sindical democrática que hubiera sido valiosa para la historia”.

Las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol celebraron el Operativo Serpiente Roja del Paraná. Años después, los rumores indicaban que en realidad el sonido se repetía golpe tras golpe para tapar los gritos de los torturados y los tiros. La pompa fue impartida por el cura local Samuel Martino, quien años más tarde figuraría en las listas de represores de la CONADEP.

La complicidad entre los ejecutivos de Acindar y las fuerzas represivas no sólo fue denunciada por los trabajadores y los organismos de Derechos Humanos. El policía Carlos Rampoldi declaró el 30 de agosto de 1984 ante la CONADEP de Villa Constitución: “En el año 1977, ingresé a la jefatura de policía de Villa Constitución con el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones; en ese momento, el grupo de ‘Los Pumas’ ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas”. “Los Pumas” era un cuerpo parapolicial organizado para la represión política. Como herederos de “Los Cardenales” –una milicia creada por la empresa inglesa La Forestal en los años veinte, que consiguió que el gobierno provincial de entonces le permitiera el uso de bandera nacional y uniforme–, que se encargaban de romper huelgas y perseguir a dirigentes gremiales.
El 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz asumió como ministro de Economía de la dictadura genocida y renunció a su puesto en Acindar. Su remplazo fue un viejo amigo: el general Alcides López Aufranc, encargado de la represión militar durante el Cordobazo. Por si quedaban dudas, en un cóctel de 1976, López Aufranc se jactó de que 23 delegados de base de Villa Constitución “ya no darían problemas”, porque estaban “bajo tierra”. Principio del formulario

Miércoles, 29 de diciembre de 2010

Pagina 12

por Adriana Meyer

ISABEL PERON Y MARTINEZ DE HOZ

Denuncia sobre Acindar

“Vamos por más, por todos los responsables del genocidio”, parece ser la consigna que motivó a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y a dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, que presentarán hoy una denuncia penal contra los responsables del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná, ocurrido el 20 de marzo de 1975 por orden de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete, y por expresa indicación del entonces presidente del directorio de la Empresa Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz.

Durante el procedimiento –realizado por policías federales, provinciales, una guardia rural, Prefectura, SIDE, Gendarmería, miembros de la Triple A y militares– detuvieron a trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la UOM, reconvirtieron el albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de detención y desaparecieron a veinte personas. El objetivo de la denuncia es “buscar la condena de todos los responsables del genocidio, sean éstos sus ejecutores materiales como los grupos económicos, políticos, intelectuales que se beneficiaron, y se orienta a probar la existencia de mecanismos de terrorismo estatal tendiente a disciplinar y desarticular el movimiento de lucha gremial y político previo al golpe del ’76”.