Es por ello que lo primero que se restringe es el derecho de los pueblos a protestar, organizarse, movilizarse y reclamar por sus derechos; puesto que sin esta acción colectiva ni habrá proclamación de derechos ni habrá pleno acceso a éstos a pesar de que estén inscriptos en la ley.

Reprimir, como ocurrió ayer en Córdoba a los estudiantes que rechazan el oscurantismo en la educación(15 del 12), tal como lo marca la tradición de la Reforma Universitaria de 1918 o amenazar desde el acuerdo del gobierno nacional con el de Macri que los que luchan por la tierra jamás accederán a los planes de ayuda social se inscribe en una secuencia ascendente y amenazante:  Asesinatos de Mariano Ferreyra (20 del 10) y de Roberto López (23 del 11),  agresión a la comunidad qom de Formosa (desde el 23 del 11 hasta aquí)  y masacre del Parque Indoamericano (8, 9 y 10 del 12) que amenaza las conquistas de una década de luchas, en primer lugar el derecho a ocupar las calles y las rutas como medio de acceso a los derechos humanos.

La creación del Ministerio de Seguridad y las palabras de la Ministra Garré, designada para el cargo, prometen ir por otro sendero; pero los días últimos deberían ser ilustrativos para todos que la impunidad ni la represión se derrotan con gestos culturales o discursos progresistas sino con medidas que vayan al centro del problema y esten a la altura del desafío que hoy enfrenta la democracia argentina.

Urge la unidad popular para luchar contra la represión estatal y conquistar las demandas populares, porque son justas y porque son el único camino para fortalecer la democracia contra las derechas.