A todos los compañeros
que al testimoniar en el
juicio contra Brusa y Cía.
reivindicaron su identidad política
Finalmente, venciendo toda clase de obstáculos jurídicos, políticos y culturales han comenzado los juicios contra el Terrorismo de Estado; y más allá de sus límites y carencias (de la que hemos escrito infinidad de veces como se puede consultar en el blog www.cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com) en el 2009 se sustanciaron una serie de juicios altamente simbólicos, donde se condenó a una lista no desdeñable de jefes militares, un juez federal y hasta la primer mujer represora.
Los juicios orales y las sentencias habilitan toda clase de debates jurídicos y políticos pero también las audiencias pueden leerse en clave cultural: como momento de confrontación de discursos, es decir de palabras, gestos, conductas y hechos prácticos.
Y eso es lo que intentaremos en estas notas.
El escenario visual sigue siendo el que crearan los antiguos: “Una mesa; detrás de ella, que distancia a los dos litigantes, los intermediarios que son los jueces; su posición indica primeramente que son neutros el uno en relación al otro; en segundo lugar implica que su juicio no está determinado de antemano, que va a establecerse después del interrogatorio, después de haber oído a las dos partes, en función de una determinada norma de verdad y de un cierto número de ideas sobre las dos partes, que pueden juzgarlas en función de ideas de justicia que son absolutamente válidas y que sus decisiones deben ser ejecutadas”[1].
Pero en estos juicios, todo adquiere cierta transparencia que bien le hubiera gustado, creo, al mismo Foucalt: de un lado, la fiscalía, los abogados de las querellas que representan al movimiento de derechos humanos y las víctimas, y los propios querellantes que no son otros que los detenidos desaparecidos por razones políticas, sometidos a las más brutales torturas y maltratos físicos y psíquicos que sobrevivieron y decidieron negar el “mandato” de sus victimarios de callar y ocultar lo ocurrido, habiendo hecho todo lo contrario por más de treinta años; del otro los defensores oficiales junto (que en este caso quiere decir integrados, hermanados en una causa infame) a los represores abogados de los represores y en algunos pocos momentos, los mismos represores.
Pocas veces la escena puede ser más transparente: de un lado la dignidad y la ética, la valentía y el coraje de una generación que decidió luchar por cambios profundos y verdaderos cueste lo que cueste y fue aniquilada como generación por eso y del otro los ejecutores de un plan de exterminio que no reparó en medios ni en límites morales de algún tipo en su decisión de salvar el orden existente, o sea, el capitalismo realmente existente, que para seguir funcionando necesitaba un nuevo modo de reproducción y valoración, impuesto a sangre y fuego, que ahora llamamos “neoliberal” pero que entonces era conocido como “el modo de vida occidental y cristiano”.
Los juicios en debate
No desconocemos que los juicios contra el Terrorismo de Estado son hoy interpelados en la sociedad argentina.
Desde la derecha, una escalada de exigencias de clausura se han escuchado en estos meses: Susana Giménez fue una de las primeras que se animó a “que la terminen con los derechos humanos” que era su modo de solidarizarse con los asesinos, pero luego siguieron políticos más respetados, algunos de los cuales hasta fueron víctimas de la represión u otros tuvieron algún compromiso con la causa de los derechos humanos: el diputado Diego Guelar, del equipo de Macri, la Dra. Lilita Carrió de la Coalición Cívica, el mismísimo Raúl Alfonsín Junior y finalmente, por el peso de su palabra, el ex presidente Eduardo Duhalde quienes intentan instalar como un valor necesario el de la reconciliación entre los argentinos, para lo cual debiera terminarse con la persecución a los militares y el espíritu de venganza que se trasunta de ellos.
El viejo truco de apelar a la unidad nacional para asegurar la dominación, nada nuevo bajo el sol aunque hoy este intento de roll back se inserta en una estrategia continental de contrainsurgencia sostenida por los mismos que en su momento impulsaron el Terrorismo de Estado, las dictaduras cívico militares y la Operación Cóndor: el gobierno de los EE.UU., sus agencias de inteligencia y fuerzas armadas y los grupos trasnacionales que se hicieron hegemónicos en la economía nacional desde la dictadura para aquí mediante la deuda externa, las privatizaciones, la flexibilización laboral y la desregulación de la economía.
Pero los juicios también son interpelados desde el campo popular, por razones opuestas que cuestionan sus límites y carencias.
Algunos compañeros nos preguntan: ¿para qué sirven juicios que llegan tan tarde y sólo alcanzan a una parte mínima de los ejecutores del Plan de Exterminio?
Juicios que no se televisan y que quedan, las más de las veces, encerrados entre las paredes de los recintos que la Justicia ha dispuesto para ello, silenciados por los medios hegemónicos de comunicación (que así confirman su complicidad con el Genocidio y su interés en la impunidad que defendieron más de treinta años con todo tipo de discurso “culto”); y que incluso, en algunos casos producen absoluciones asombrosas como la que dictó el Tribunal que trató la Masacre de Calamita y que dio por ciertas las explicaciones de dos Jefes Policiales (la fuerza que perpetró la masacre) que “no podían ser ellos los asesinos por estar de vacaciones” y dieron por verdadero un certificado que encontraron quién sabe donde.
“Que no murió, le mataron”
Pero a veces los juicios adquieren sentido para todos, iluminan la escena con alguna revelación notable, no por desconocida para nosotros, sino por ser admitida o asumida orgullosamente por los protagonistas verdaderos que no son otros que las víctimas sobrevivientes, sus familiares, los luchadores por los derechos humanos de un lado y los represores y sus abogados por el otro.
Que hubo en la Argentina delitos de lesa humanidad, treinta mil desaparecidos, cientos de miles de presos políticos y exiliados, millones privados de sus derechos individuales fundamentales, perseguidos, echados de sus trabajos y privados de ejercer sus profesiones o habilidades laborales, está fuera de discusión.
A lo máximo, se discute el número, si treinta mil o menos; pero más allá de lo perverso que algunas personalidades que alguna vez formaron parte del movimiento de derechos humanos, como Graciela Fernández Meijide, sostengan ese juego, aquí queremos hacer notar que ya nadie se atreve –al menos públicamente- a negar los desaparecidos y con ello, el Plan de Exterminio, las ordenes secretas y el mismo Genocidio.
Gabriel Celaya, el gran poeta español, escribió clandestinamente (en la España de Franco) un poema dedicado a Federico García Lorca que comienza con una aseveración contundente y necesaria entonces: “Que no murió, le mataron”; y si todavía en la vieja España, en el culto Viejo Continente Europeo, se sigue discutiendo si murieron o los mataron, nosotros podemos contar como uno de los grandes logros del movimiento popular que aquí la mayoría sabe o acepta que “Que no murió, le mataron”.
Así pues el debate se traslada al terreno de las razones: ¿hubo una guerra o un plan de exterminio, hubo una masacre indiscriminada, propia de locos asesinos o el intento de exterminar un grupo nacional definido por el Estado Argentino; y más en concreto: ¿el Golpe y la represión fue sólo contra los peronistas, sólo contra los que sostenían la lucha armada y si hubo algún otra víctima fue por contacto o equivocación o el sujeto victimizado era plural, fruto de más de cien años de cultura de rebeldía, tradiciones políticas anticapitalistas y prácticas que anticipaban la resistencia al modelo de país que la dictadura cívico militar planeaba imponer?
Las palabras de los genocidas
En las primeras audiencias del segundo juicio que se lleva adelante en Tucumán, los Generales Bussi y Menéndez, que ocuparon lugares de privilegio en la conducción del proceso terrorista no solo reivindicaron todas y cada una de sus acciones sino que explicaron el sentido, que para la Junta Militar, tenían dichas acciones.
Bussi afirmó «Fue una guerra declarada por un gobierno constitucional, en pleno ejercicio de sus facultades para eliminar al marxismo-leninismo” y Menéndez, por su parte leyó «No quiero prestarme al juego de los terroristas que ayer ponían bombas y asesinaban a traición para transformar el país en comunista y hoy pretenden ser y haber sido pacíficos ciudadanos democráticos. Quieren usurpar el poder para cambiar nuestro estilo de vida».
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y conocerse mejor la magnitud y calidad del genocidio nazi, Walter Benjamín, contradiciendo a los que calificaban el Holocausto como un acto de barbarie, propio de salvajes, demostró que era un fruto de la cultura alemana, la más fina y más compleja de la Europa de principios del Siglo XX.
Fue entonces que escribió cada documento de la cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie” o lo que es lo mismo, pienso yo, que cada documento de barbarie es al mismo tiempo de cultura
O sea, que los actos de barbarie tienen una construcción cultural por detrás.
Y es que si todo Genocidio, y todo acto represivo en general, requiere de un discurso justificatorio, una fuerza material apta para ejecutarlo y un orden jurídico que lo disponga, digamos de entrada que el Genocidio de los 70 del siglo XX tuvo en el anticomunismo el discurso justificatorio, en las Fuerzas Armadas su brazo ejecutor y se apoyó en un cuerpo jurídico represor de larga data, que activó y actualizó con la anuencia de la Corte Suprema y el Poder Judicial.
Por eso hablamos de Terrorismo de Estado, o sea que el Estado organizó el Terrorismo, tal como lo había hecho antes.
Digo antes que existiera el Estado Nación, y fuera el Estado Español, unificado tras la expulsión de los Moros de Granada y de los Judíos de toda España[2], quien invadiera el territorio habitado por los pueblos originarios que aniquiló, aludiendo al Rey de España y al Dios de los Europeos, con un discurso racista eurocentrista que dejaría su marca en la cultura nacional como veremos poco más abajo.
Y se sabe que esa invasión contó con una Bula Papal que la legitimara y todo un orden jurídico, las Leyes de Indias, que diera la ficción de legalidad que todo acto de conquista y dominación requiere.
La idea que los españoles, y sus descendientes, eran superiores a los pueblos originarios sería el discurso justificatorio del segundo genocidio, la Campaña del Desierto y la Guerra de la Triple Alianza, que podríamos simbolizar en la carta que Domingo Faustino Sarmiento, que había subtitulado “Civilización y Barbarie” su obra cumbre Facundo, le enviara al General Mitre en setiembre de 1861 “No trate de economizar sangre de gauchos… La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos». Y si repasamos el papel central que tendría el mismo Sarmiento en la organización de la educación pública, obligatoria, estatal y laica, no hace falta mucha imaginación para descubrir de qué modo se diseminó el discurso racista y eurocentrista por la nación argentina, constituida sobre la base de dos genocidios y una oleada de inmigración europea.
Paradójicamente, constituido el Estado nacional, una de las primeras leyes represoras, la 4144 constituirá simbólicamente un nuevo “otro” como encarnación del mal a erradicar para asegurar la “grandeza nacional”
Ya no van a ser los pueblos originarios (exterminados, esclavizados y “asimilados” forzadamente en su inmensa mayoría o sometidos a condiciones de degradación física, psíquica y cultural) sino los inmigrantes pobres que querían dejar de ser pobres[3]; es que el sueño de Alberdi de “poblar el desierto” con europeos cultos y ricos trocó en la realidad de una inmigración de otro tipo: campesinos sin tierra, obreros perseguidos por las monarquías y las democracias europeas, anarquistas y socialistas en busca de un espacio para difundir sus ideas, etc.
De allí en adelante, el proceso se irá entrelazando y potenciando con cada Golpe de Estado: 1930, 1943,1955, 1962, 1966 hasta llegar al de 1976 en que el Estado, heredero del estado español conquistador, ha mutado en un Estado Nación que ha construido largamente todos sus atributos y que en los 60 ha destacado una parte de si mismo como Estado paralelo, sustrayéndolo del cumplimiento del propio orden jurídico que el Estado proclama como base de la convivencia, y al que ha infectado sobradamente de leyes represoras; pero que para encarar la obra final de su larga marcha represora, necesita despojarse de cualquier límite jurídico o cultural.
El Estado paralelo
La investigadora norteamericana Patrice Mc Sherry ha reflexionado sobre el impacto de las guerras sobre la configuración del Estado y dice[4] “esta forma de guerra (la de contrainsurgencia. Nota del Autor) ha transformado la naturaleza del Estado y la sociedad de la misma manera en que la guerra convencional, “la guerra industrializada”, lo había hecho a principios del siglo XX. Omar Bartov define la “muerte de manera industrializada” que surgió por primera vez en la Primera Guerra Mundial como “la sostenida destrucción masiva de seres humanos, por medios mecánicos y de manera impersonal, que es organizada y sostenida por los Estados……La guerra contrainsurgente que se lleva a cabo a la sombra y utilizando fuerzas paramilitares y ejércitos secretos que operan fuera de las acciones legales del Estado, profundizó grandemente esta penetración y el control de la Sociedad, mediante la selección explícita de la población civil como blanco de ataque, más que para dirigirse a un ejercito opositor”.
Y culmina formulando hipótesis, la segunda de ellas es la siguiente: “vinculadas de manera intrínseca a la remodelación que la contrainsurgencia hizo del sistema de gobierno, estaban el establecimiento y la movilización de aparatos del Estado paralelos o en la sombra que se estructuraron para aplicar y ampliar el poder represivo del Estado con respecto a la sociedad. Se creo este aparato paralelo para poner en práctica políticas encubiertas o secretas, para evitar limitaciones legales y para sortear cualquier modalidad de rendimiento de cuentas; y la cuarta es que …”los militares de América Latina, que actuaron normalmente con el apoyo del gobierno de los EE.UU., derrocaron a gobiernos civiles y destruyeron otros centros de poder democrático (…) precisamente cuando la orientación de clase del Estado se encontraba a punto de cambiar o se encontraba en el proceso de cambios…Evitar tales transformaciones del Estado era uno de los objetivos clave de las élites de América Latina y los funcionarios de los Estados Unidos también lo consideraban como un interés de vital de la seguridad nacional”
Contra la pretensión dictatorial, ni las acciones represoras ni las medidas económicas sociales implementadas tendrían algo de nacional: eran parte de una vasta operación doble: de aplastamiento de la oleada liberadora iniciada por la victoria de la Revolución Cubana en 1959 y que todavía a mediados de los setenta mantenía la llama de la esperanza prendida y por otro lado, de reformulación profunda del sistema capitalista mundial para superar la crisis energética de 1973 (que entre otros resultados colaterales liberó una masa de capitales sobre los que se montó la deuda externa del Tercer Mundo) y el desafío de los pueblos que por entonces transitaban por caminos de superación del capitalismo.
Comunistas: todos los que luchan contra el capitalismo
Y toda esa vasta obra, como ahora reconocen los Generales Bussi y Menéndez tenía un único discurso justificatorio: aplastar el marxismo leninismo, impedir que el comunismo se apodere del país, defender el ser nacional, etc. etc. lo que los llevaba a considerar marxistas leninistas y comunistas a todos los que no encajaran en sus planes militares y proyectos económicos no importa que militaran en el peronismo o en la izquierda guevarista, que fueran obreros, sacerdotes, maestras o escritores, comunistas, trotskistas, socialistas, radicales o independientes.
Para la dictadura, y en eso paradójicamente se acercaban más a Carlos Marx y Federico Engels de lo que ellos jamás imaginaron, comunistas eran todos los que se oponían al capitalismo, del modo que sea.
Y hasta lo escribieron detalladamente: si uno revisa el “Plan del Ejercito (contribuyente al Plan de seguridad nacional)” firmado por Videla en febrero de 1976, precisamente en el anexo 2 de Inteligencia, se describe al grupo a eliminar según su identidad política y forma de organización social haciendo una caracterización minuciosa de la “determinación del oponente” y de la “caracterización del oponente” conformando un larguísimo listado totalmente heterodoxo de casi todas las organizaciones sociales, sindicales, culturales, religiosas y políticas del campo popular que anticipan la identidad de los treinta mil compañeros.
Juntar los pedacitos rotos del sueño
La guerra contrainsurgente generó todo tipo de contradicciones al interior mismo del ejercito y el estado represor: entre una ideología nacionalista extrema y la necesidad de articular con los gobiernos dictatoriales vecinos de Chile y Brasil, “enemigos” históricos de las FF.AA.; entre una proclamada identidad católica y la práctica de las más aberrantes formas de tortura y degradación humana o el robo de bebes previo al asesinato de sus madres; entre el neoliberalismo proclamado y la expansión del Estado a todo tipo de espacios económicos y sociales –recordar el Mundial de Futbol organizado por el Estado a cargo de las FF.AA., etc.
Y muchas otras contradicciones, que sumadas a la resistencia antidictatorial terminaron enredándola en sus desvaríos como fue el caso de la guerra de Malvinas (opuesta a la subordinación estratégica a los EE.UU.); pero a veces subestimamos las que se generaron en el campo popular y que todavía se verifican al momento de construir la memoria de la resistencia a la dictadura y la impunidad.
Al reiniciarse las sesiones parlamentarias tras la última dictadura militar, el diputado Alberto Melón del Partido Justicialista afirmó lo siguiente: “La historia de casi los últimos cuarenta años dice bien a las claras, que desde el 55, cada vez que hay un golpe en la Argentina el resto de los partidos pone las críticas, pero nosotros ponemos los presos, los torturados y los muertos”[5].
El mismísimo Menem utilizaría tal interpretación histórica para justificar los indultos a los Jefes militares condenados en el Juicio a la Junta de Comandantes en Jefe de las FF.AA.: “si nosotros fuimos las victimas, si nosotros pusimos los muertos, nosotros tenemos derecho a perdonar” era el discurso justificatorio de un momento clave en la continuidad de la dictadura por medio de la impunidad.
Y desde el 2003, esta interpretación antojadiza de la historia ha regresado en el discurso de algunos compañeros que, acaso sin saberlo, hacen suyo un discurso de la derecha peronista, la misma derecha peronista que amparó el accionar de la Triple A contra la izquierda peronista y no peronista, que apoyó el golpe del 76 y contribuyó de múltiples maneras, incluso con funcionarios en todos los niveles a la administración estatal del Genocidio.
Cierto es que la identidad peronista ha sido, y posiblemente siga siendo, mayoritaria en el campo popular; pero conviene recordar que esa identidad ha tenido diversos contenidos, incluso antagónicos por lo que hay un peronismo víctima y un peronismo victimario y ahora está claro, en el discurso de Bussi y Menéndez se aclara por si hacía falta, que para los represores (igual que para la derecha peronista, para López Rega, Luder, Rucci, Remus Tetu, Ivanisevich, etc.) eran reprimidos en tanto eran considerados parte del grupo nacional que ellos denominaban “marxistas leninistas” o “comunistas”, “agentes de la subversión internacional y el comunismo”.
Aunque algunos parecieran haberlo olvidado, tal cuestión era clara para compañeros como John William Cooke, que en debate con el mismo Che Guevara sobre la estrategia de la revolución en la Argentina, se permitía afirmar “los comunistas somos nosotros” disputando el lugar de la vanguardia revolucionaria con otras formaciones políticas, entre las que se encontraban el Partido Comunista, pero también otras fuerzas surgidas de su diáspora mucho antes del golpe del 76.
En el recien terminado juicio contra los represores que actuaban en el Centro Clandestino La Cuarta de la ciudad de Santa Fe se pudo ver esta contradicción en toda su extensión: de un lado de la sala, del lado de los querellantes, un conjunto de compañeras y compañeros que habían militado en la Jotape, en la Jup y en la Organización Política Militar Montoneros; y del otro, del lado de los represores el ex Jefe del Centro Clandestino, el comisario Mario Facino, que llegó a ser jefe comunal de Rincón por el Partido Justicialista, tanto como el Oficial de Inteligencia de la Policía Provincial y activo torturador, el Curro Eduardo Ramos, que armó una lista interna del Partido Justicialista y compitió por un lugar en las listas sin que el Partido Justicialista accediera nunca al reclamo de las compañeras peronistas a darle de baja de su padrón de afiliados. Es que la identidad es demasiado ambigua y permite la aparente contradicción de que sean peronistas todos: victimas y genocidas.
Hay un viejo adagio que indica del enemigo el consejo.
¿No será hora de comprender que si para el enemigo siempre fuimos parte de un único y mismo grupo nacional, es que efectivamente podemos serlo, podemos trascender las viejas identidades y –sin negarlas- fundar una nueva, capaz de contener a todas las tradiciones y culturas, con un rostro que funda en uno los rostros de todos y de todas las que han luchado por dejar atrás la prehistoria de la Argentina, esa que por siglos la escribieron los conquistadores y dominadores aprovechándose de nuestra división.
Si unidos resistimos la impunidad y conquistamos los juicios; si unidos enfrentamos otra vez a los represores en los Juicios, cara a cara con nuestros torturadores que libres e inocentes han estado por más de treinta años; si unidos golpeamos esa impunidad y otra vez hacemos que el Poder nos tenga miedo, tenga miedo de que los juicios lleguen hasta ellos y empiecen a desfilar por el banquillo de los acusados los dueños de Acindar y de la Ford, los de Mercedes Benz y la Banca Morgan, los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural y los intelectuales que escribieron la proclama del golpe del 66 y los que escribían en Clarín, La Nación y Gente que los “argentinos somos derechos humanos”[6]
Demasiadas veces nos lamemos en nuestras heridas y prestamos atención a nuestras debilidades, lo que es bueno, pero de tanto hacerlo podemos perder de vista que hemos construido algo más grande que nosotros mismos, que hemos empezado a reivindicar los compañeros y que podríamos hacer algo mucho más importante si fuéramos, como nos pedía el Che en aquel mayo del 65, capaces de unirnos.
[1] Foucault, Michel: «Sur la justice populaire. Debat ayee les maos», Les Tetnps Modernes, n° 310 bis, 1972. Págs. 335-366.
[2] los dos hechos en 1492, mismo año de la invasión a Nuestra América.
[3] como dice Eduardo Rosenzvaig en “Menos que un recuerdo”, editorial Cartago 2009, sobre el centro clandestino La Escuelita en Tucumán, a las ordenes del “valiente” General Bussi
[4] Los estados depredadores: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina. Patrice Mc Sherry. Ediciones de la Banda Oriental 2009. pgs. 38 y 39
[5] citado por Carlos Zamorano en su conferencia del 2 de marzo de 1984 Los comunistas y los derechos humanos editada en folleto por las comisiones de libertades y derechos humanos y de propaganda del Comité Capital del Partido Comunista
[6] “Cuando empezamos a desentrañar la trama de grupos mediáticos como “Clarín” o no mediáticos como el grupo Macri aparecen las vinculaciones con negocios provenientes de la última dictadura, personajes clave de las mafias policiales, etc. En esos círculos dominantes la marea creciente de procesos judiciales contra ex represores pudo ser vista tal vez en su comienzo hacia mediados de la década pasada como una concesión necesaria al clima izquierdizante heredado de los acontecimientos de 2001-2002 y que mantenida dentro de límites modestos no afectaría la buena marcha de sus negocios. Pero esa marea creció y creció hasta transformarse en una presión insoportable para esas elites”. Jorge Beinstein. El pantano argentino. El irresistible desarrollo de la crisis de gobernabilidad. 2010