Reflexiones acerca del testimonio de los Avellaneda


Se necesitaron treinta y tres años y veintiséis días para que la Justicia escuche la denuncia de una familia arrasada por el Terrorismo de Estado.  En ese acto se condensa tanto el honor y la dignidad de una familia obrera constituida históricamente alrededor de la cultura comunista, la persistente perversidad de los genocidas y sus defensores así como la cómplice complacencia de una Justicia que sigue fingiendo juzgar lo que no juzga: el Genocidio. Conviene empezar por algunas obviedades: testimoniar es recordar, es volver a vivir y si se testimonia sobre el asalto armado de un Grupo de Tareas que ataca a mujeres, hombres, niñas y adolescentes, si se debe recordar el secuestro de una madre y su hijo, si se debe explicar en qué estado hallaron el cuerpo de Floreal o que Iris, al llegar a Olmos con treinta ocho años, fue bautizada La Vieja por el deterioro casi mortal que sufrió en el cautiverio, el testimonio es sencillamente un acto donde se actualiza lo vivido y lo sufrido, lo luchado y conseguido, lo agraviado y lo honrado.  De la valentía y entereza de nuestros compañeros y compañeras hemos hablado muchas veces, conviene hoy hablar un poco de la perversidad de la defensora de los Genocidas que al defender su Obra, asume su proyecto y su metodología de acción: ¿con qué frecuencia le pasaban la picana eléctrica por el cuerpo?, le preguntó a Iris, ¿por qué razón –en 1978!– no dijo lo que sabía a la Policía?, interrogó a Arsinoe.  Para algunos dogmáticos del derecho, estaría ejerciendo el legitimo derecho de defensa que la Constitución proclama como garantía universal para todos, pero esa mirada esconde el intento de borrar la excepcionalidad de la situación judicial en que nos encontramos: el “pequeño detalle” de que entre los hechos ocurridos y el Juicio Oral han pasado 33 años y 26 días, y que la falta de Justicia no es atribuible a las víctimas como pareció insinuar la Dra. Larrandart al intimar a Arsinoe que vuelva a describir por tercera vez al asesino de su sobrino “porque sin pruebas no puede haber Justicia” desconociendo que la materialidad de los hechos en debate han sido comprobados en la Causa 13 de 1984 donde, sin lugar a dudas, se dejó establecido que Floreal Avellaneda fue asesinado por torturas en la Comisaría de Villa Martelli bajo el mando operacional de Institutos Militares.  Pareciera que el Tribunal ni siquiera ha leído el fallo de la Causa contra la Junta de Comandantes donde se dejó establecido que lo ocurrido fue parte de un Plan de Exterminio organizado por el Estado de modo tal que se ocultaban los hechos al momento de cometer los delitos y que por lo tanto la Justicia solo cuenta como prueba para establecer la Verdad y castigar a los culpables con la palabra de los sobrevivientes al horror.  Y es eso lo que está en discusión: el valor de la palabra de los sobrevivientes (no solo de las víctimas directas, Iris en este caso, sino de todos los que vivieron y lucharon por la verdad: Floreal, Estela, Arsinoe y Azucena si hablamos de los Avellaneda).  Impedidos de hablar los tuvo la dictadura, encapuchada Iris, perseguido Floreal, obligadas  a decir lo mínimo necesario, las que gestionaban su libertad.  Silenciados los tuvo la democracia todos estos años al privarlos del Juicio Oral que reclamaban y ocultos por el monopolio mediático, que implacable sigue intentando esconder el Juicio a pesar de los esfuerzos del Canal Público por difundirlo. Subestimados y ninguneados los pretende una Justicia que obtusamente trata de presentar el asesinato de Floreal como una cuestión privada y personal y por eso le niega a Iris que aclare el contexto social y político que explican el Genocidio del que fueron víctimas.  Si la muerte del Negrito es una cuestión personal, el Terrorismo de Estado sería una enorme colección de crímenes personales y no la destrucción de un grupo nacional, constituido por quienes resistían la instalación de un modelo de país que aún persiste. Parecen cosas parecidas pero no lo son y lo dijo Floreal padre con una contundencia inigualable: “No vinieron a buscar a la familia Avellaneda, acá hubo una metodología para imponer un sistema neoliberal y esto llevó a destruir una generación”. Entre otras virtudes, que ya hemos resaltado anteriormente (valor de la persistencia de la lucha de la familia, de la Ladh y del Partido Comunista, aclaración de la verdad histórica sobre una cultura política, etc.) el juicio avanza en demostrar la razón fundamental del atraso en juzgar el Genocidio: la falta de correspondencia entre el fenómeno social que se debe investigar y el instrumento jurídico con que se pretende hacerlo. O para decirlo de un modo más directo, no se puede tratar al genocidio como al robo de un bicicleta. Ni a sus víctimas sobrevivientes, ni a los testigos que dan cuenta de él ni tampoco a los imputados que alegan principio de inocencia cuando han sido indultados o liberados por leyes de excepcionalidad como las dictadas por Alfonsín y Menem. La “normalidad” que pretenden para estos juicios, y que en gran parte la Justicia convalida, es fruto de la excepcionalidad del modo específico de perpetrar el Genocidio, el ocultamiento institucional de los hechos, y las políticas de impunidad del Estado Democrático articuladas por los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo esto se revela en el trato a los testigos: mantener separados a la Familia Avellaneda al momento de declarar para “que no se vulnere el secreto del testimonio” es ridículo, impedir la difusión pública de su palabra es convalidar la Obra del Terrorismo de Estado: silenciar una tradición política componente de una cultura de rebeldía que a pesar de todo sobrevivió y se hace oír en las calles y las paredes. Y con ellos habla el Negrito.

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